René Sánchez Juárez, secretario General de la FROC
El secretario General de la Federación Revolucionaria Obrero Campesina (FROC), René Sánchez Juárez celebró que las autoridades de Protección Civil Estatal, hayan evitado se realizara una asamblea irregular al interior de la empresa Mondeléz.
Misma que ponía en riesgo la salud de los trabajadores ya que no cumplía con el decreto establecido por el Gobierno del Estado y cuya intención era nombrar a representantes sindicales sin cumplir con la nueva Reforma Laboral.
Sánchez Juárez señaló que dicha reunión fue convocada por José Arturo Muñoz Lara, autonombrado representante común de los trabajadores, apoyado por el ex dirigente Ramiro Vázquez López, mismos que habrían amenazado a la base laboral para acudir a dicho mitin y en caso de no hacerlo descontarles de su salario.
El líder de la FROC hizo un llamado al departamento de Recursos Humanos de la fábrica de dulces y al ex dirigente sindical Ramiro Vázquez López a terminar con el acoso laboral hacia los trabajadores y la intervención en la vida sindical.
A poco más de tres meses del compromiso obrero-patronal ante el presidente Andrés Manuel López Obrador para encontrar un consenso sobre la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), el sector privado, sindicatos y gobierno federal acordaron topar a tres meses del salario del trabajador las Utilidades, con lo que “destrabaron” la reforma de outsourcing.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y los representantes patronales y obreros acordaron agregar al Artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) la Fracción VIII que fija el tope para la PTU, propuesta que sería llevada esta semana a Palacio Nacional, a fin de dar “luz verde” a la discusión de la reforma en materia de subcontratación en el Congreso.
La STPS y sindicatos rechazaron el planteamiento empresarial para topar el PTU a un mes de salario del trabajador.
El acuerdo se dio el pasado viernes en una reunión virtual que presidió la titular de STPS, Luisa María Alcalde, y en la que estuvieron presentes del sector empresarial Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios; José Manuel López Campos, presidente de Concanaco-Servytur; y Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Por parte del sector sindical participaron José Luis Carazo, Fernando Salgado y Tereso Medina de CTM; Isaías González, secretario general de la CROC; Rodolfo González, secretario general de la CROM, y Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM).
Utilidades en los sectores
Para la STPS este acuerdo deja “intocable” el derecho de los trabajadores a la PTU, esto de conformidad con el porcentaje que determinó la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas el pasado 9 de septiembre de 2020, que se ubica en 10 por ciento.
“Con la propuesta se busca beneficiar a todos los trabajadores remunerados y que las empresas contraten directamente sin emplear la figura de la subcontratación de personal”, expuso Alcalde.
Estimaciones de la STPS presentadas en la reunión proyectan que, con la propuesta, los trabajadores recibirán, en promedio, un PTU de 57 días de salario o 18 mil 557 pesos, es decir, 2.59 veces, o 154 por ciento más lo que reciben actualmente, que son 22 días pagados, con un monto promedio de 7 mil 301 pesos.
“Esto va a permitir que avance la reforma de subcontratación que envió el Ejecutivo. Tenemos que ir con el Presidente para decirle ‘este es el acuerdo’ y ahí se va a cerrar. Nos dijeron que posiblemente sería esta semana, no sabemos el día aún, pero ahí se va a confirmar lo que platicamos el viernes”, sostuvo Isaías González, líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).
Por su parte, Rodolfo González, dirigente de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), apuntó que “el acuerdo es para dejar a salvo los derechos de los trabajadores, principalmente, de trabajadores mineros que son los que han tenido más de tres meses de este beneficio… en la reunión el empresariado estuvo de acuerdo y pudimos avanzar en ese sentido, sí hubo un consenso”.
Ricardo Martínez Rojas, socio fundador de la firma De La Vega & Martínez Rojas, refirió que “el gobierno había ofrecido estos tres meses, pero es mucho porque es el 20 por ciento del salario anual del trabajador, no va a haber empresas que puedan pagarlo, están fuera de foco, y luego con la pandemia y el desempleo pues no es el momento de subir costos”.
El sector privado mantiene en la mesa con la STPS otros temas relacionados con la prohibición de la subcontratación, como es la fecha de inicio de vigencia, temporalidad de subcontratación de personal en sectores agrícola y azucarero y una clara definición de “actividad preponderante”.
Los procesos de impugnaciones contra la legitimación de contratos colectivos de trabajo no paralizan su revisión, informó Alfredo Domínguez Marrufo, director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, quien instó a las agrupaciones sindicales y empresas a llevar a cabo ese procedimiento.
Como parte de la guía de Legitimación de contratos colectivos de trabajo ante empresas de la industria maquiladora y manufacturera de exportación (Index), emitida el mes pasado, esa instancia federal explicó que en las leyes laborales anteriores se permitía que se firmaran contratos llamados de protección, los cuales eran desconocidos por los propios trabajadores y se concretaban sin su participación ni aprobación expresa.
Para revertir eso, y como parte de la reforma laboral avalada hace casi dos años, se estableció la obligación de legitimar contratos bajo las nuevas reglas de participación sindical.
Domínguez Marrufo instó a realizar este proceso, que será aplicado sólo por una vez, y subrayó que “no debe dolernos y no causa afectación a la productividad de una empresa o estabilidad de un sindicato”.
Al participar en la cuarta mesa de trabajo con sectores obrero-patronales, el funcionario explicó que los procesos de legitimación significan que existe el respaldo de los trabajadores por medio del voto personal, libre, directo y secreto.
Debido a ello, cualquier impugnación que presente algún integrante de un sindicato será evaluada y valorada, aunque aclaró que no se detiene el proceso, sino que el centro de conciliación garantizará que todos los trabajadores intervengan en la vida sindical y se analizará si la denuncia corresponde a “hechos aislados” o si procede una anulación de la consulta.
La legitimación de contratos colectivos es un proceso que garantiza que nuestro país deje atrás el modelo de desarrollo de los anteriores gobiernos, que permitieron la firma de contratos a espaldas de los trabajadores; los sindicatos de representación simulada; la extorsión y chantaje a las empresas, y que negó a los trabajadores la posibilidad de tener verdaderos representantes en las negociaciones colectivas, dijo Luisa María Alcalde, Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Destacó que la legitimación es un proceso que garantiza la existencia de contratos vivos y legitimados en México; que da cuenta del respaldo de los trabajadores a sus sindicatos, que garantiza también la libertad y democracia sindical, sobre todo, es la llave a la negociación colectiva auténtica, dijo en un video mensaje durante la cuarta mesa de trabajo con sectores obrero – patronal sobre la Legitimación de Contratos Colectivos, celebrada en coordinación con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFRCL).
Alcalde subrayó que la reforma del 1 de mayo tuvo como antecedente la necesidad histórica de contar con herramientas para transitar hacia otro modelo laboral más equitativo y justo, producto de la reforma constitucional y del T-MEC. Por ello, es obligatorio que todos los contratos colectivos en nuestro país, cerca de medio millón, deben pasar por el proceso de consulta.
“Si bien la pandemia ha traído dificultades para cumplir con este proceso que debe realizarse antes de dos años, podemos avanzar de acuerdo a los semáforos y atendiendo a todas las medidas de salud y seguridad, por lo que muchas organizaciones y empresas que podían ya avanzar en este proceso, lo han hecho”, dijo.
Finalmente, llamó a los participantes a “no perder la responsabilidad histórica en la implementación de una de las reformas más importantes de las últimas décadas, que nos va a traer un mundo del trabajo con libertad, democracia y justicia”.
En la reunión vía remota participaron autoridades laborales, representantes empresariales y sindicales de los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.
Asimismo, intervinieron el director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Alfredo Domínguez Marrufo, el titular de la Unidad de Enlace para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, Esteban Martínez, así como el titular de la Unidad de Trabajo Digno, Alejandro Salafranca Vázquez.
De acuerdo con la propuesta que presentó la secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, a los representantes empresariales expuso que “con la propuestas se busca beneficiar a todos los trabajadores remunerados y que las empresas contraten directamente sin emplear la figura de subcontratación de personal”.
Las mesas de diálogo entre el gobierno federal y la iniciativa privada concluyeron el pasado viernes –después de tres meses– con el acuerdo de topar la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las empresas (PTU) a tres meses, para lo que se propondrán modificar el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo agregando la fracción VIII.
Con dicho acuerdo podrá avanzar la discusión de la iniciativa de reforma en materia de subcontratación que envió el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados el pasado 12 de noviembre de 2020, y que pretende aprobarse antes de que concluya el actual periodo de sesiones.
De acuerdo con la propuesta que presentó la secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, a los representantes empresariales expuso que “con la propuestas se busca beneficiar a todos los trabajadores remunerados y que las empresas contraten directamente sin emplear la figura de subcontratación de personal”.
De tal manera que la modificación a la Ley Federal del Trabajo en el artículo 127 Fracción VIII establecería que “el monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años; se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador”.
Los análisis que presentó la dependencia indican que con la propuesta los trabajadores recibirán en promedio 57 días de salario; lo que representa aproximadamente 18,557 pesos; “es 2.59 veces más de lo que reciben actualmente”.
En la reunión se dijo a los representantes empresariales que “la propuesta facilitará la aplicación de la ley y dará un trato igualitario a todos los sectores… y en donde habría más beneficio a aquellos que pagaban PTU muy por debajo del promedio nacional y evita la discrecionalidad en el pago”.
STPS da claridad sobre nuevas reglas
Al respecto, Óscar de la Vega, socio de la firma DMAbogados, expuso que “esta es una solución práctica que le da un respiro a la competitividad del país; no obstante, tendremos que analizar el fundamento jurídico, ya que esto es facultad de la Comisión para la fijación del porcentaje que se nombra cada 10 años y la Sexta Comisión ya lo fijó en 10%, que es sobre la utilidad repartible de acuerdo a la fracción IX del artículo 123”.
Germán de la Garza de Vecchi, socio líder de Servicios Laborales en Deloitte México, dijo que “es claro que la Secretaría del Trabajo y la Cámara de Diputados buscarán sacar adelante la reforma en subcontratación; me parece que en la medida que se vayan dando señales sobre cómo será, ayudará disipar la incertidumbre que se ha generado, y eso es positivo”.
En tanto, Ricardo Martínez Rojas, del despacho de la De Vega y Martínez advirtió que la medida anunciada es exagerada, ya que la pequeña y mediana empresa no pueden, financieramente, soportar una medida de esta naturaleza, a la gran empresa se le elevarán los costos. «Considerando 3 meses de salario es un aumento salarial del 20% anual. Las empresas formales ya no pueden con los costos laborales, IMSS, Infonavit, Impuesto Sobre Nómina, Teletrabajo, prohibición de subcontratación, esto va a generar más desempleo, en medio de una grave crisis económica provocada por el Covid”.
Hasta el mes de marzo, se tienen 5 mil 24 conflictos individuales atendidos por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) a través de sus oficinas de los 8 estados que forman parte de la primera etapa de la Reforma Laboral y sus oficinas centrales en la Ciudad de México; 741 convenios derivados de procedimientos de conciliación, y mil 61 acuerdos que ha sancionado el Centro, es decir, que han sido ya pactados entre empleador y trabajador.
Alfredo Domínguez Marrufo, director general del (CFCRL) dijo que también se tienen contabilizadas 292 solicitudes de Constancias de Representatividad por parte de organizaciones sindicales, quienes se están habituando a las plataformas que el Centro ha puesto en operación para agilizar los servicios que ofrece.
«Existen pocos avances porque todavía los sindicatos están en el proceso de aprendizaje de cómo se manejan las plataformas de registro; por este medio pueden realizar registros sindicales, solicitar una toma de nota, modificación o adecuación de estatutos, y de igual manera realizar solicitudes de conciliación individuales y colectivas», enfatizó.
Un grupo disidente de trabajadores petroleros solicitaron la revisión de la Toma de Nota, así como de los procesos interpuestos ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; situación, que indicó la STPS a la solicitud de la Nulidad de la elección de 2018 para Secretario Nacional del Sindicato, “actualmente el juicio se encuentra en la fase de desahogo de pruebas”.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) emitió un reporte sobre la situación legítima del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM) del que señaló cuenta con la Toma de Nota vigente, y hasta el 2024, y en el único proceso pendiente es la legitimación de los contratos colectivos que sustenta como organización sindical.
“La toma de nota de la directiva de dicho Sindicato fue expedida durante la administración anterior, el 29 de agosto de 2018 y comprende su vigencia hasta noviembre de 2024. Conforme a dicha constancia el Sindicato en alusión es presidido por Víctor Félix Flores. Morales como su Secretario Nacional, cargo equivalente al de Secretario General”, informó la dependencia.
Cabe recordar que un grupo disidente de trabajadores ferrocarrileros solicitaron la revisión de la Toma de Nota, así como de los procesos interpuestos ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; situación, que indicó la STPS a la solicitud de la Nulidad de la elección de 2018 para Secretario Nacional del Sindicato, “actualmente el juicio se encuentra en la fase de desahogo de pruebas”.
Asimismo, la dependencia detalló que en 2020, sólo existe una constancia expedida por la STPS a dicho Sindicato y corresponde a las modificaciones estatutarias que derivan de la obligatoriedad establecida con la Reforma Laboral de mayo de 2019 para adecuar los estatutos y así los trabajadores elijan a sus directivas sindicales a través del voto personal, libre, directo y secreto; para garantizar la proporcionalidad por razón de género en las directivas sindicales y para transparentar el uso de las cuotas sindicales.
Lo que destacó la autoridad laboral es que no se ha cumplido con el proceso de legitimación de contratos, pesea a que, de acuerdo a la Reforma Laboral, la totalidad de los contratos colectivos de trabajo que tiene celebrados el Sindicato, tendrán que ser legitimados por los trabajadores mediante voto personal, libre, directo y secreto antes de mayo de 2023.
La Secretaría del Trabajo en Tamaulipas realizará la digitalización de 918 contratos colectivos, lo cual forma parte de la implementación de la reforma laboral, mismo que pasarán al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, como parte de las nuevas disposiciones en la materia, El titular de la dependencia estatal, Miguel Villarreal Ongay, mencionó que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el estado prepara los expedientes colectivos para su traslado, ante el arranque de operación programado para el 1 de mayo del 2022. También se agregan 730 reglamentos.
“Tenemos un avance del 75 por ciento. Trabajamos a marchas forzadas para cumplir de acuerdo a las fechas pautadas con el nuevo sistema de administración de justicia”, dijo Villarreal Ongay.
El funcionario declaró que por el momento, se llama a las organizaciones sindicales para que realicen el procedimiento de legitimación de sus contratos colectivos de trabajo, pues dichos documentos tienen que validarse mediante mecanismos que establece la propia ley, y tienen como fecha límite el 1 de mayo del 2023.
A su vez, el secretario señaló que de no realizarse esta función, los contratos colectivos se tendrán por terminados, conservándose en beneficio de los trabajadores las prestaciones y condiciones de trabajo pactadas en el mismo que sean superiores a las establecidas en la ley.
“Son 720 contratos colectivos de trabajo vigentes de los últimos dos años para legitimarse”, aclaró. Aunado a este proceso, comentó, se está por iniciar la etapa para convocar a quienes estarán al frente del Centro de Conciliación y el Tribunal Superior de Justicia, hace lo propio.
El titular declaró que Tamaulipas avanza en la implementación del nuevo modelo de justicia laboral en tiempo y forma, con el que se pretende disminuir los juicios y el número de conflictos entre patrones y empleados.
La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, subrayó que la pandemia trajo dificultades, “pero ya podemos avanzar de acuerdo a los semáforos»
La reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) del 1 de mayo de 2019, fue la necesidad histórica de contar con herramientas que llevan a otro modelo laboral más equitativo y justo, que es producto de la modificación constitucional y del tratado comercial T-MEC.
Por eso es obligatorio que todos los contratos colectivos en el país, cerca de medio millón, deben pasar por el proceso de consulta. Este proceso que debe hacerse en 4 años, se inició hace dos, manifestó la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján.
Subrayó que la pandemia trajo dificultades, “pero ya podemos avanzar de acuerdo a los semáforos y las medidas de salud y seguridad. No queremos que se nos junte en el último tramo de 2023. Creemos que hay muchas organizaciones y empresas que pueden ya avanzar en este proceso”.
Dijo que la legitimación de contratos colectivos es un proceso que garantiza que el país deje atrás el modelo de desarrollo de los anteriores gobiernos que permitió la firma de contratos a espadas de los trabajadores, la aparición de sindicatos de protección, la extorsión y el chantaje a empresas.
Además, inhibió la posibilidad de tener verdaderos representantes de los trabajadores en las negociaciones colectivas, afirmó, en un video mensaje.
Ante la tercera mesa de trabajo con sectores obrero-patronal sobre la Legitimación de los Contratos Colectivos, que se celebró en coordinación con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), dijo además que la legitimación es un proceso que garantiza que en el país existan contratos vivos y legitimados.
Esto es una garantía de que tienen el respaldo de los trabajadores; de libertad y democracia sindical y también es la llave a la negociación colectiva auténtica.
En esta reunión remota donde participaron autoridades laborales, representantes empresariales y sindicales de los Estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, la titular de la STPS, llamó además:
“A los participantes a no perder la tarea, la responsabilidad histórica de que nos toca la implementación de una de las reformas más importantes de las últimas décadas, que nos va a traer un mundo del trabajo de libertad, democracia y justicia”. También participaron en este evento, el director general del CFCRL, Alfredo Domínguez Marrufo y el titular de la Unidad de Enlace para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, Esteban Martínez.
Avión de Aeromar aterriza en el AICM, el de junio de 2020. Foto Roberto García Ortiz/Archivo
Ciudad de México. En víspera de vencer el plazo para el estallamiento de la huelga fijada para el primer minuto de este 19 de marzo, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) de México y Aeromar llegaron a un acuerdo, el cual establece aceptar los convenios de pago de deudos que la empresa tiene con los trabajadores por tiempo extra, primas vacacionales, compensaciones a asesores e instructores, Infonavit, bono de cultural y deportivo, los cuales se pagarán partir de este mes y durante todo el 2021.
Además, la revisión salarial se aplazó para el 31 de agosto del próximo año, debido a la crisis ocasionada por la pandemia del Covid-19 y que afecto al sector aéreo.
La ASSA señaló que luego de celebrar una asamblea este jueves, la mayoría de los sindicalizados aceptaron el convenio con Aeromar. “Los sobrecargos contribuimos una vez más al engrandecimiento y a la conservación de nuestra fuente de empleo señaló la organización gremial.
Asimismo, agradecieron la mediación del presidente Andrés Manuel López Obrador, a la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, así como al titular de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganís Díaz Leal, “por todo su apoyo e intervención en favor siempre de nuestros compañeros y de nuestra aerolínea”, añadieron.
