Este lunes se dio a conocer que el gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, junto con representantes del sector empresarial, acordaron un plazo de tres meses para regular la subcontratación de empleados en empresas y que éstos pasen a formar parte de la nomina del patrón real.
Con esta decisión quedaría prohibido el esquema de outsourcing. De igual forma, además de la prohibición, se busca regular la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa.
Ante este acontecimiento protagonizado por gobierno y empresarios, las corporaciones deberán registrarse ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para crear un padrón público de empresas de subcontratación de servicios y obras especializadas.
Respecto al reparto de utilidades, gobierno y empresariado acordó dos modalidades para el cálculo del reparto, con lo que se elimina la discrecionalidad y se lograría un incremento del 156 por ciento en el monto del reparto de utilidades a los trabajadores.
Ambas partes explicaron que los acuerdos se entregarán a la Cámara de Diputados para que sean aprobados por los legisladores en los próximos días.
En el 2020, el presidente López Obrador habló de su intención de prohibir el llamado “outsourcing”. Este esquema permite a las empresas contratar personal a través de otras empresas. Una de las consecuencias de este tipo de contratos laborales es que “el patrón puede controlar la cantidad de utilidades que le quiera pagar a los trabajadores”, puesto que el trato que hace no es directo con sus empleados, sino con la empresa que los provee.
La propuesta fue controversial por los reclamos de los empresarios que defendían este tipo de esquema legal de contratación y de los partidos políticos de oposición. Incluso se le llegó a reclamar a la administración de López Obrador que el propio gobierno tiene empleados por subcontratación.
El pasado 27 de octubre, durante la conferencia matutina de AMLO, María Luis Alcalde, titular de la STPS, reveló que en México existen cerca de 4.5 millones de personas que están bajo un esquema de subcontratación y alrededor de 3 millones de personas son subcontratadas de manera ilegal.
De darse una eliminación de la figura del outsourcing, casi tres millones de empleos se perderían, pues son “personas que las empresas no necesitarían”, según especialistas consultados por Infobae México. Aunado a la poca posibilidad de solventar gastos y responsabilidades de las empresas de origen, ya que esos pesos los acarrean las empresas de subcontratación.
Una situación más viable, que podría generar ventajas tanto para trabajadores, empresarios y el gobierno es buscar una nueva regulación basada en los pilares que ha mencionado Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, las cuales son:
De acuerdo con la Secretaría del Trabajo, el Nuevo Modelo de Inspección Laboral ha tenido buenos resultados durante la gestión de López Obrador, pues el porcentaje de inspecciones aumentó de un 57% en 2018 a un 82% durante 2019, lo cual ha reducido el ejercicio de outsourcings ilegales.
En este sentido, si se lograra perfeccionar el Modelo, y con él se eliminaran las ilegalidades, no se perderían esos casi 3 millones de empleos, además de que se buscaría una dignificación de las condiciones laborales.
De acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, las empresas outsourcing presentan una evasión fiscal de aproximadamente 21 millones de pesos, y esto lo logran al tener gastos que son deducibles para cumplir con sus obligaciones patronales. /// INFOBAE
Por: INFOBAE 07/04/2021
