El líder sindical aseveró que hoy la 4T le ha dado libertad al sindicalismo, aunque reconoció que en décadas anteriores, eran un «foco» para los partidos políticos
Veracruz, Ver.- Contrario a otros procesos electorales en que se exigía el voto corporativo hacia determinado partido político, el dirigente del Sindicato Nacional Unidad y Progreso “SNUP” de TAMSA, Cándido Canseco Aguilar, aseguró que en esta ocasión los obreros de esta factoría tendrán plena libertad para emitir su voto a favor de quien consideren la mejor opción.
“Definitivamente cuando uno tiene este puesto, debe ser institucional, respetar a los trabajadores que de una u otra manera tengan también su libertad de expresar y participar como quieran”, manifestó.
En entrevista en conocido café del Puerto, el líder sindical aseveró que hoy la Cuarta Transformación le ha dado libertad al sindicalismo, aunque reconoció que en décadas anteriores, el sindicato a su cargo representó un «foco» para los partidos políticos.
Canseco Aguilar reportó que en la actualidad ya no se han presentado problemas laborales en esta importante empresa transnacional y es por tal motivo, que con la finalidad de no polarizar los ánimos en estas elecciones, ha instruido respetar la libertad de expresión de los trabajadores.
En ese sentido, espera que la jornada electoral del próximo 6 de junio se desarrolle en un clima de paz y civilidad en términos generales.
Cuestionado sobre las afectaciones que han provocado los apagones que se han registrado en Veracruz en los últimos meses, el dirigente del SNUP, manifestó que las «pequeñas» fallas no han provocado que se detenga la producción en la empresa.
Por fortuna existe buena relación con la Comisión Federal de Electricidad y con Pemex, por lo que, reiteró que tanto la producción como la exportación de tubos de acero, sigue caminando conforme a lo planeado.
«Hemos tenido algunos pequeños, fallas, con el suministro de energía, y gas; Tamsa consume mucha energía, gas, y si ha habido alguna reducción y Tamsa sale adelante, hemos tenido el apoyo de CFE y Pemex y vamos caminando«, dijo.
Uno de los cambios que vendrán con la reforma en materia de outsourcing es la inspección laboral, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) desde 2012 y hasta 2018 nunca se inspeccionaron empresas para detectar las malas prácticas por outsourcing; por lo que será un aspecto que pretende fortalecer la iniciativa.
De acuerdo con el dictamen que elaboraron las comisiones de Trabajo y Previsión Social y Hacienda, en el artículo 1004-A se establece que el patrón que no permita la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo ordenen en su establecimiento, será notificada de que tiene que presentar toda la información requerida y se le hará de su conocimiento que en caso de no hacerlo se dará por sentado que no cuenta con ella.
«Con independencia de lo anterior, el hecho de no permitir el desahogo de la inspección lo hará acreedor de una multa de 250 a 5,000 veces la Unidad de Medida y Actualización”, indica el artículo en la iniciativa de ley.
De acuerdo con Pablo Franco, presidente de la Unión de Juristas de México, este es un avance para evitar que los empleadores impidan las inspecciones “considero que se deben cerrar todas las posibilidades que pueda tener la patronal para eludir la inspección, justamente en el dictamen ya se toman medidas en la legislación laboral y fiscal; creo que haría falta tomarlas también en materia penal, para garantizar que no haya posibilidad de eludir la inspección sin una sanción tanto al patrón , como quienes pudieran ser cómplices en la negativa, oposición y/o elusión a la diligencia”.
Por su parte Fernando Yllanes, presidente la Comisión de Seguridad Social y Recursos Humanos de la Concamin, comentó que ha existido en la ley laboral las sanciones por negarse a una inspección; pero “ahora con la reforma se enfatiza en las inspecciones vinculadas a la subcontratación; se debe saber que con estos cambios si llega una denuncia anónima se atiende y si la parte patronal no muestra los documentos puede hacerse acreedor de una multa”.
Yllanes, detalló que con esta nueva redacción se pretende desalentar que las empresas utilicen malas prácticas, es más, dijo, “la información que tiene el IMSS, ahora también será compartida con la Secretaría de Trabajo, es decir que de cualquier manera la autoridad tendrá que los datos de las empresas que tienen trabajadores con esquemas de subcontratación, la cual sí está permitida, pero sólo especializada”.
Recordó que en el Padrón Nacional solo se registran las empresas tercerizadoras; no así los contratos; “quien reporta los contratos es la empresa, la que sí tiene una relación patronal, y son esos datos los que ahora serán compartidos entre autoridades”.
En tanto, Héctor de la Cruz, del despacho DMAbogados, comentó que “el hecho de no permitir la inspección y no presentar la documentación o evidencia requerida hace presumir que se incumplieron las normas de trabajo que se pretendían verificar a través de la inspección, por esa razón además de la multa por no permitir realizarla se hará acreedora a las multas por el incumplimiento, con violación de los derechos de los trabajadores”.
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados realizará ajustes al proyecto de dictamen de la reforma de subcontratación, por lo que la votación del documento, junto con la Comisión del Trabajo, se suspendió este jueves y se pospuso para la próxima semana.
Una de las precisiones, la más “grave”, señaló en entrevista la diputada Patricia Terrazas (PAN), presidenta de la Comisión de Hacienda, tiene que ver con el plazo de tres meses que se les da a las empresas para transferir al personal subcontratado a su propia nómina.
“Da la impresión de que la parte laboral entra en vigor al día siguiente” de la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF) “y no a los tres meses, y es por una redacción desafortunada”, advirtió en entrevista el abogado Jorge Sales Boyoli, presidente del comité de Capital Humano del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
El artículo cuarto transitorio del nuevo proyecto de reforma indica que no es obligatorio que las compañías de subcontratación transfieran los bienes objeto de la empresa en un plazo de tres meses, siempre y cuando transfiera a la compañía beneficiaria “a los trabajadores de que se trate en dicho plazo”.
Es decir, no señala claramente que las organizaciones tienen un tiempo permitido de tres meses para incluir en sus nóminas a las personas trabajadoras que laboran en sus instalaciones o para su beneficio, pero que están contratadas por otra razón social, práctica conocida como insourcing.
“Son precisiones mínimas, pequeños detalles. Pero es mejor dejar todo muy claro”, comenta Patricia Terrazas. La legisladora federal, quien han sido vicepresidenta nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), también reconoció “lo que yo quiero es ganar tiempo para que se puedan hacer las cosas bien. Porque si no, habría irregularidades fiscales y laborales, y se queda mucha gente en el limbo”.
“Que lo estudien”
En noviembre, cuando llegó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obradir, “querían votarla fast track”, apunta. Pero con la convocatoria a un parlamento abierto, el tercero que se realizaba sobre el tema y en el que se incluyó a un mayor número de abogados empresariales y representantes de la iniciativa privada, la diputada logró ganar el tiempo que dice.
En otro frente, en diciembre, los sindicatos empresariales consiguieron llegar a un acuerdo con el Ejecutivo federal y pausar la discusión hasta el siguiente periodo de sesiones. Es decir, después de febrero. “Han habido conversaciones y diálogos y las empresas han tenido tiempo de ir regularizando su situación”, acepta la legisladora.
El periodo de tres meses no era el que pedían. Las empresas querían que la entrada en vigor fuera hasta el 2022. Pero de noviembre a agosto —considerando que se publique en mayo— han tenido un buen plazo, dice Patricia Terrazas.
Sin embargo, según señala la legisladora, la Comisión del Trabajo no le notificó que convocaba a una reunión con la Comisión de Hacienda. Dicha instancia legislativa es presidida por el diputado Manuel Baldenebro (PES), una de las fracciones aliadas de Morena. La iniciativa fue turnada a ambas comisiones, por lo que se deben poner de acuerdo para dictaminarla en conjunto.
“Cometieron un error, porque no me habían avisado, así esto no podía transitar”. Hasta la noche del miércoles Manuel Baldenebro se comunicó con la diputada para ponerla al tanto, según comenta. “Le indiqué que no sabía en qué condiciones iban a sesionar ni con qué documentos. Yo apenas lo estaba recibiendo y no lo había leído. El presidente respondió que él tampoco, pero que lo veíamos mañana. Le dije que no”.
Este viernes, vía zoom, reinstalarán la sesión de las comisiones unidas para circular el proyecto de dictamen de manera formal. “Que tengan más de 48 horas para estudiarlo, espero que lo estudien, y que la siguiente semana lo someteremos a votación”, puntualiza Patricia Terrazas.///
Los sindicatos en Aguascalientes han cumplido con sus obligaciones de transparencia
Sindicatos estatales son considerados sujetos obligados desde el 2014
Todo miembro de un sindicato tiene derecho a conocer en qué se ejercen las aportaciones voluntarias que se hacen a estos organismos. Los sindicatos estatales han cumplido cabalmente ante el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA)
La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó con las impugnaciones que presentaron sindicatos y avaló los principios en la democracia sindical, negociación colectiva, la transparencia y rendición de cuentas. Con esta acción se da paso firme con lo establecido en el decreto del primero de mayo con las reformas laborales.
Respecto a la transparencia, los sindicatos en Aguascalientes son reconocidos como sujetos obligados desde el 2014, quienes han sido verificados desde hace tres años por parte del ITEA.
El sindicato de Trabajadores del Hospital de Psiquiatría Dr. Gustavo León Mujica, de Trabajadores del Instituto Cultural de Aguascalientes, el Único de Trabajadores del Hospital Hidalgo y el Único de Trabajadores Estatales y Municipales de Aguascalientes son algunos de los sujetos obligados en el estado, debido a que ejercen recursos públicos. La mayoría del resto de sindicatos al ser de índole nacional deben de transparentar ante el INAI.
El comisionado presidente del ITEA, Marcos Javier Tachiquín Ruvalcaba, informó que no ha habido multas aplicadas a los sindicatos porque han cumplido en materia de transparencia.
“Es importante distinguir la transparencia de los recursos públicos y otra la aportación de la cuota voluntaria. Es el mismo aportante que tiene la facultad de exigir que se aclare en qué se utiliza la cuota, estamos hablando no solo del derecho de transparencia, sino también del derecho como integrante del sindicato que aporta una cantidad económica”, comentó.
