Luego de los estragos ocasionados por la pandemia del COVID-19, que llevó a 12.6 millones de personas a salir de la Población Económicamente Activa (PEA), el mercado laboral en México se recuperó en su totalidad, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la PEA suma un total de 12.7 millones de personas de mayo de 2020 a abril de 2021, 78 mil 590 personas activas más respecto a abril de 2020.
Durante el cuarto mes de 2021, la PEA suma un total de 57.5 millones de personas.
Por otra parte, la población ocupada muestra una recuperación de 93 por ciento o 12.1 millones de mayo de 2020 a marzo de 2021, de las casi 13 millones de personas que perdieron su empleo durante abril del año pasado.
Por actividad económica, la población ocupada en los servicios presenta el mayor rezago con 1.04 millones por debajo de los niveles de abril del 2020. En su interior, el comercio es uno de los de mayor lastre con una pérdida de 450 mil 236.
En este mismo sentido, la industria muestra una pérdida de 81 mil 85 para el mismo periodo. De manera desagregada, la construcción presenta la recuperación más lenta pues aún le falta por crear 152 mil 9 puestos de trabajo.Mientras que el sector de agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca muestra una recuperación de 234 mil 647 respecto a abril del 2020.
Por su parte, la población No Económicamente Activa (PNEA) disponible para trabajar, es decir, población que no trabajó ni buscó trabajo pero que aceptaría un trabajo si se lo ofrecieran, ha disminuido 10.34 millones.
En el mes de referencia, la población desocupada se estableció en 2.7 millones de personas e implicó una tasa de 4.7 por ciento de la PEA. Respecto al mes de abril de 2020, la población desocupada creció en 574 mil personas y la tasa de desocupación (TD) se mantuvo sin variación.
La población ocupada en la informalidad laboral se ubicó en 30.5 millones de personas en el mes en cuestión y la tasa correspondiente fue de 55.6 por ciento de la población ocupada, proporción superior en 7.7 puntos porcentuales a la de abril del año pasado.
Organizaciones gremiales de México y Canadá convocaron a una conferencia de prensa para hablar sobre el caso de General Motors y señalar violaciones a la libertad sindical.
El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ha dado pie a una mayor participación de sindicatos de estas últimas dos naciones en asuntos gremiales en nuestro país. Muchos de ellos habían mantenido contacto desde hace años con diferentes organizaciones laborales mexicanas, sin embargo, los mecanismos de este nuevo acuerdo comercial les han permitido tener mayor influencia.
Tan sólo en este mes impulsaron una queja contra la maquiladora estadounidense Tridonex, en Matamoros, Tamaulipas. También promovieron la queja directa que el gobierno de Estados Unidos presentó, en el marco del T-MEC, para que las autoridades mexicanas revisen lo que sucedió en la planta de General Motors (GM) de Silao, Guanajuato. En ambos casos denuncian violaciones a los derechos sindicales.
Este jueves, Jerry Días, presidente de Unifor, el sindicato más grande de Canadá, señaló que los gobiernos de Estados Unidos y de su país “han trabajado mucho por esta causa”, la de las personas trabajadoras en México. El líder de la principal agrupación promovente de la queja contra GM participó, vía remota, en una conferencia de prensa en la Ciudad de México.
El encuentro fue convocado por la Federación de Sindicatos Independientes de las Industrias Automotriz, Autopartes, Aeroespacial y del Neumático (FESIIAAAN), para hablar sobre el caso de Silao.
“Desde las negociaciones del T-MEC estuvimos presentes para asegurarnos que la Confederación de Trabajadores de México (CTM) dejara de explotar a los trabajadores, como lo ha estado haciendo”, declaró. Para terminar con las antiguas formas no democráticas de los viejos sindicatos en este país es mejor hacerlo desde el ámbito internacional, “es como vamos a tener un mayor efecto”, agregó.
Un problema con nombre y apellido
A finales de abril pasado el sindicato “Miguel Trujillo López”, liderado por Tereso Medina, convocó a votaciones para legitimar el contrato colectivo de trabajo (CCT), como lo exige la reforma laboral de 2019. Sin embargo, el proceso no pudo terminar, pues trabajadoras y trabajadores denunciaron presión de la empresa y de la dirigencia sindical para avalar el CCT, así como falsificación de votos por el “Sí”.
Previo a esos días, trabajadores organizados conformaron el grupo Generando Movimiento. Esta disidencia, encabezada por Israel Cervantes Córdova, había exigido desde hace algunos años la democratización del sindicato “Miguel Trujillo López”, el cual pertenece a la CTM y es el que tiene la titularidad de su contrato colectivo. Sin embargo, en 2019 él y otros 17 compañeros fueron despedidos.
“En más de 10 años (el sindicato) no ha hecho una asamblea para decirnos en qué se gasta nuestras cuotas sindicales. Hay compañeras que han denunciado acoso sexual y laboral” y a ninguna han defendido, dijo Israel Cervantes, también vía remota, desde Guanajuato.
“Esto tiene nombre y apellido: Tereso Medina, de la CTM”, señaló enfático Víctor Martínez, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de General Tire en San Luis Potosí. Es necesario eliminar “el corporativismo charro”, el cual daña a los derechos humanos y laborales. Agradeció el apoyo de los sindicatos internacionales, pero agregó la importancia de que se reconozca que en Estados Unidos y Canadá también hay personas trabajadoras “en condiciones precarias”, principalmente las migrantes.
No es una guerra, aunque parezca
La unión de sindicatos internacionales y los nacionales que se nombran a sí mismos independientes no es una guerra contra las grandes centrales obreras mexicanas, aseguró Jerry Días. Irónico, el canadiense lo descartó porque, simplemente, “la CTM no es un sindicato”. No al menos uno que se preocupe por sus trabajadores, recompuso.
Oscar Alzaga, abogado del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, recordó que la CTM ha perdido más de 500 amparos que solicitó contra las obligaciones en materia de libertad sindical que le impone la Ley Federal del Trabajo (LFT). Visto de manera optimista, esta embestida judicial permitió que “surgieran 12 jurisprudencias” que protegen este derecho.
“No es una guerra”, insistió Jesús Abundes, secretario general del Sindicato Independiente de Nissan Mexicana en Cuernavaca. “Es dejar constancia de cómo se vive la democracia, la transparencia y libertad en un sindicato independiente y cómo lo viven en un sindicato cetemista”. Lo más evidente son los derechos y logros adquiridos en los CCT de los primeros, en comparación con los segundos, sostuvo.
“La CTM es un sindicato de protección patronal”, comentó Jerry Días. “Ha sido uno de los problemas más grandes en México durante los últimos 27 años”, ha sido en realidad un brazo de los anteriores gobiernos y de las empresas. Por eso no es una guerra, porque aquel “no es uno real”, y los que integran la FESIIAAAN sí lo son, afirmó.
Especialistas llamaron a denunciar ante la STPS las violaciones a los derechos laborales que se den a través de esta figura para que los jueces vayan creando criterios jurídicos al respecto.
Para eliminar la subcontratación que viola derechos y evade leyes es necesaria una inspección laboral eficiente, no como la que se tuvo en administraciones pasadas. Pero también, que las personas trabajadoras denuncien a las empresas que no respeten las nuevas normas y que estos asuntos lleguen a los tribunales, pues hasta ahora en los juzgados no se cuenta con criterios jurídicos en esta materia, coincidieron abogados especialistas en el tema.
“En lugar de evitar que lleguen los asuntos (a los tribunales), que lleguen, para que nos podamos pronunciar”, dijo el magistrado laboral Héctor Arturo Mercado López. Hasta ahora, las empresas de outsourcingse habían encargado de que los conflictos no se judicializaran, para que el Poder Judicial no generara criterios y antecedentes para otros casos, apuntó.
El titular del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito participó en el foro virtual La reforma de subcontratación laboral: El papel de la inspección laboral. El evento fue organizado por la Red de Mujeres Sindicalistas y la Fundación Friedrich Ebert, y también contó con la presencia del abogado Germán Reyes Gaytán.
En abril pasado, el Congreso modificó la Ley Federal del Trabajo (LFT) para regular la subcontratación. Ahora ha quedado prohibido que una empresa ponga a su personal a disposición de otra para que esta segunda evada sus responsabilidades patronales. Pero se permite la tercerización de servicios o ejecución de obras especializadas.
De acuerdo con el nuevo artículo 13 de la LFT, estas actividades subcontratadas no deben formar parte “del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria”.
Sin embargo, en opinión del magistrado, esas dos opciones no fueron bien definidas en la ley y darán pie a controversias. “Son materia de análisis” para el cual no hay antecedentes porque la industria de la tercerización lo había estado evitando.
Judicializar estos conflictos trae riesgos, “sí, pero es importante y es el único camino. En tanto no nos pronunciemos los tribunales o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la relatividad de los conceptos será aplicada a cada segmento de acuerdo con los intereses que cada quien tenga”, advirtió.
Inspección laboral y la denuncia, buena dupla
El cumplimiento de la reforma de subcontratación pasa por crear tres instituciones muy poderosas, dijo Héctor Mercado. Son las única que pueden dar “una verdadera batalla” por abatir los esquemas abusivos. La primera son los sindicatos, “se debe promover profundamente el sindicalismo”.
Y no se trata de que los sindicatos existentes se ajusten a las nuevas normas, “sino que ayuden a sus compañeros de la misma rama industrial a sindicalizarse”. Que su trabajo de defensa de los derechos laborales no se limite a la gente de su empresa.
El segundo es un sistema de justicia laboral autónomo, el cual está en vías de conformarse. A nivel federal no hay mayor complicación, estimó. Pero el gran problema se encuentra en las juntas locales, donde acude “el obrero desconocido”. En su opinión, los casos federales y locales deberían englobarse en una sola competencia.
En tercer lugar, la inspección del trabajo. “Debería ser una sola, hacienda, seguridad social y el mundo laboral deben fusionarse en una sola inspección para que cuando llegue un inspector vea todos los aspectos y no sólo uno”. Por eso es también necesario que se les doten de más facultades a quienes realizan esta labora de vigilancia de la ley.
La inspección laboral también debería activarse ante denuncias anónimas, dijo. Que, de manera obligatoria, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) investigue a las empresas acusadas de violar derechos laborales básicos como la estabilidad laboral, la cual es vulnerada por la subcontratación ilegal.
El actual gobierno federal se interesó en terminar con este esquema que atentaba contra los trabajadores, apuntó Germán Reyes. La subcontratación, como era permitida en sexenios anteriores ofrecía beneficios económicos a las empresas y disminuía sus costos, por ejemplo, ahorrándoles el reparto de utilidades. A la par de eso había una autoridad laboral ausente para detectar la tercerización “abusiva e ilegal”.
Para crear empleos dignos, mercados de trabajo que le provean ingresos decentes a las personas, e incluso para que las empresas cuenten con asistencia técnica cuando no sepan cómo adecuarse a la normatividad, es necesaria la inspección laboral, indicó. En suma, esta vigilancia eleva la productividad.
Sin embargo, consideró, “la autoridad, por sí misma, no podrá cambiar las relaciones laborales”. Esa cultura del incumplimiento de la ley será abatida con la participación de las trabajadoras y los trabajadores, para ello deben denunciar, insistió.
La secretaria de Trabajo destacó los avances y desafíos que conlleva la transformación del modelo laboral y recordó que hay plazos que se deben cumplir
En San Luis Potosí, donde ya opera el nuevo modelo laboral, se resuelve el 85% de los conflictos laborales a través de la conciliación, según constató la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján.
Y reconoció que es la entidad, de las ocho que forman parte de la primera etapa e implementación de la Reforma Laboral, donde se tienen las tasas de conciliación más altas, esto es por acuerdo entre las partes, con apoyo de la autoridad.
Asimismo, destacó los avances y desafíos que conlleva la transformación del modelo laboral y recordó que hay plazos que se deben cumplir, ya que antes del 1ro de mayo de 2023, todos los sindicatos tienen que legitimar sus contratos colectivos de trabajo, a través de la consulta a los trabajadores mediante el voto personal, libre, directo y secreto.
Y llamó a los sindicatos locales a cumplir cuanto antes, con la obligación de legitimar sus contratos colectivos y a modificar sus estatus, para incluir en sus reglas internas la equidad de género en las directivas sindicales, además de los conceptos de rendición de cuentas y transparencia frente a sus agremiados.
Durante esta visita a la entidad potosina, se reunió con el gobernador Juan Manuel Carreras López; el secretario del Trabajo y Previsión Social, Manuel Lozano Nieto; la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Olga Regina García López y el director general del Centro de Conciliación Laboral estatal, Miguel Cardoza Mora.
A este encuentro de trabajo también asistieron Marath Baruch Bolaños, subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, de la STPS y Esteban Martínez Mejía, titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral.
