Autor: ReformaLaboralMX

22 ABRIL, 2019
Jennifer Gordon
En la presente y muy acalorada discusión sobre la reforma laboral hay un elemento que podría ser decisivo para generar en México una realidad laboral justa y que, sin embargo, no aparece en el panorama: la migración centroamericana. Si este gobierno logra integrar a los y las migrantes en el mercado laboral mexicano respetando sus derechos humanos y su dignidad como trabajadores, será un ejemplo internacional de cómo un país puede promover trabajos decentes, tanto para los recién llegados como para sus ciudadanos.
Como sabemos, México es un país de origen, tránsito, retorno y, cada vez más, destino final de migrantes. El compromiso que ha hecho Andrés Manuel López Obrador para proteger a las personas migrantes y garantizar su derecho al trabajo reconoce el rol fundamental que tienen las oportunidades económicas en este proceso. Sin embargo, si el Estado no interviene, se corre el riesgo de que los migrantes y sus necesidades económicas sean usados para aumentar la precarización laboral generalizada en México. 

Ilustración: Víctor Solís
Este riesgo es particularmente notorio en el caso de la industria maquiladora. Las plantas de manufactura de Reynosa a Tijuana y de ahí a Nogales están extendiendo invitaciones inéditas a centroamericanos recién llegados para integrarse a su fuerza laboral. Desde el principio del fenómeno de la globalización moderna las grandes empresas transnacionales han ubicado sus cadenas de suministro en los países con los sueldos más bajos, y ahora sus subcontratistas dentro de estos mismos países buscan contratar a migrantes y/o refugiados con la lógica de reducir sus costos a un nivel mayor. 
Considerando que la política nacional relacionada con el ámbito laboral y la migración de esta administración está en formación, vale la pena recordar dos experiencias extranjeras en las que se hizo un compromiso formal para emplear legalmente a migrantes y refugiados en la industria: Etiopía y Jordania.
Ante la emergencia detonada por Siria, junto con el Banco Mundial y otros actores, la Unión Europea acordó con Jordania en 2016  que el gobierno de este país se comprometiera a crear 200 mil nuevos trabajos para sirios refugiados, principalmente en las zonas donde se ubica la industria textil maquiladora, a cambio de apoyo monetario en forma de becas, préstamos y reducciones en tarifas de exportación. Para los europeos el propósito era persuadir a refugiados a permanecer en la región de Medio Oriente.  El mismo año se negoció un acuerdo parecido, pero más pequeño, con el gobierno de Etiopía, que prometió emplear a 30 mil eritreos, sudaneses y somalíes en su industria textil maquiladora en desarrollo.  Lo que ha pasado desde entonces con ambas propuestas ofrece algunas lecciones a México.
En Jordania el número de sirios y sirias que trabajan en fábricas de costura para la exportación no ha rebasado algunos miles, lo que significa una fracción insignificante de la meta original. Únicamente 50 mil han conseguido los permisos de trabajo prometidos —el 25% de la cantidad prevista—y en cambio muchos de ellos siguen trabajando en los sectores informales de construcción, servicios y agricultura donde se empleaban antes de firmar el acuerdo. No queda claro si el hecho de tener un permiso haya mejorado su salario o combatido la inseguridad en las condiciones de trabajo que caracterizan a estas industrias.
Una razón importante por la cual las maquiladoras no han atraído a sirios, ni tampoco a sus contrapartes jordanos, es que pagan demasiado poco para sobrevivir y mantener a una familia con el alto costo de vida en Jordania. Así, el país importa a migrantes de países más pobres para su industria textil maquiladora, principalmente de Bangladesh y otros del sur de Asia. Una vez que expiran las visas, los trabajadores son regresados a sus países de origen.
En Etiopía todo indica que la propuesta tampoco funcionará. Antes de implementar el acuerdo, el Banco Mundial encuestó a refugiados y descubrió que ellos no veían el trabajo en las maquilas como una opción económicamente viable porque los sueldos equivalían a unos 25-30 pesos diarios. En 2018 se renegoció el acuerdo con el gobierno reemplazando la referencia a las maquilas por “oportunidades económicas formales” sin mayor especificidad.
Desde luego, la experiencia de México con la migración proveniente de Centroamérica es diferente. Jordania y Etiopía son países anfitriones de refugiados, mientras que el gobierno mexicano y el estadounidense prefieren tratar a la mayoría de quienes llegan como migrantes económicos para evitar las obligaciones legales que implica el refugio. Sin embargo, lo que es importante tomar en cuenta de los casos citados son las implicaciones del libre comercio al momento de querer establecer políticas de empleo.
No es coincidencia que en Jordania, Etiopía y México los bajos salarios de la industria maquiladora sean una constante. Esto es resultado de las cadenas de suministro globales cuyos eslabones finales son las fábricas en zonas de libre comercio. En lo que de hecho son subastas globales, las marcas transnacionales eligen a los subcontratistas que ofrecen manufacturar sus productos lo más rápidamente y por el menor costo posible. El resultado es una presión fuerte para disminuir los salarios y prestaciones de los y las trabajadoras.
Uno de los temas en disputa con respecto a la reforma laboral de este gobierno es justamente el outsourcing, el cual resulta de la misma dinámica: el trabajador es contratado por una compañía pero es otra, que se encuentra más arriba en la cadena de suministro, la que realmente decide sus condiciones de trabajo y de remuneración. Es urgente que los legisladores mexicanos regulan el outsourcing como parte de la reforma actual.  De otro modo, estas empresas serán las primeras en buscar la mano de obra migrante, aumentando aún más la precarización.
Pero los dueños de maquilas en el norte de México no han sido los únicos que se han propuesto como potenciales empleadores de migrantes. El propio gobierno ha sugerido la industria maquiladora y la agroindustria —ambas dominadas por marcas globales— como fuentes de empleo junto con los llamados “proyectos de desarrollo” al sur del país como el Corredor Transístmico y el Tren Maya.
Estos son, sin embargo, sectores que ofrecen empleos con malas condiciones incluso para los trabajadores mexicanos. De hecho, los primeros meses de 2019 vieron a miles de trabajadores en fábricas de producción de Matamoros declararse en huelga después de descubrir que sus empleadores iban a aplicar el aumento al salario mínimo anunciado por el gobierno de forma inconsistente con sus contractos colectivos. Si bien muchos de ellos regresaron a sus empleos después de ver satisfechas sus demandas de un aumento salarial del 20% y un bono anual de 32 mil pesos, más de 4 mil de ellos fueron despedidos.
Finalmente, lo que se gana en las maquilas mexicanas muchas veces es menor a lo que paga el mismo trabajo en Centroamérica. Por ello parecería poco probable que los migrantes quisieran trabajar en estas condiciones, sobre todo después de invertir tanto en un viaje largo y peligroso que busca seguridad y una mejor vida.
Algunas de las consecuencias de permitir que las fábricas empleen a personas migrantes en sustitución de trabajadores y trabajadoras mexicanos se empiezan a observar. Elena Villafuerte, coordinadora del área de análisis e incidencia del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), reporta que esta organización de derechos humanos ha entrado en contacto con mujeres salvadoreñas y hondureñas en Tijuana que han sido contratadas para trabajar en las maquilas durante el día, y mientras baja el sol, son depositadas en la calle con un mínimo pago en efectivo o algunas veces sin ninguna compensación, usando el argumento que no son mexicanas.
En México no existe aún una política clara sobre el acceso al trabajo de los migrantes y en el vacío rige la confusión, no solamente en cuanto a los derechos laborales sino al mismo derecho a trabajar. Cuando el número de migrantes aumentó en 2014 durante el sexenio de Peña Nieto, el gobierno mexicano implementó el Programa Frontera Sur bajo presión del gobierno de Estados Unidos. La idea central del programa giraba en torno a la “seguridad” y se basó en detenciones y deportaciones, negándoles a la gran mayoría de los migrantes centroamericanos el derecho a pasar por México en su camino a los Estados Unidos, y, como consecuencia, también el derecho a trabajar en el país. En la coyuntura de las caravanas en el 2018, sin embargo, se amplió un programa del gobierno mexicano que ofrece visas humanitarias de un año a través del Instituto Nacional de Migración que permiten realizar actividades remuneradas. Desde enero del 2019 los anuncios de parte del gobierno con respecto a las mismas han sido confusos: primero de expansión y después de cancelación del programa.
Lo que la experiencia de países como Jordania y Etiopía nos enseña es que otorgar empleo no resuelve nada si el trabajo no es en condiciones decentes. No basta prometer que México ofrecerá empleo a migrantes cuando se les deja a merced de un mercado que de por sí no está regulado y que hasta ahora no parece tener planes de regular.
Además de que sería inconsistente con los compromisos que ha adoptado internacionalmente en la materia, incluso a través del Compacto Mundial sobre Migración, si el gobierno mexicano no desarrolla una estrategia de protección laboral frente a la presencia y necesidad de miles de migrantes está abriendo la puerta a los empleadores para que los utilicen y socaven los salarios y condiciones de trabajo en general en México. Para evitarlo, el gobierno tiene que involucrar a todos los sectores relevantes. El reto de México en este momento es identificar las complejas dinámicas transnacionales que empujan al país a precarizar su fuerza laboral y traducir este análisis en un modelo operativo a nivel nacional acorde a su marco jurídico y de política pública.
Jennifer Gordon 
Profesora de Derecho en la Universidad de Fordham, Nueva York. Sus investigaciones se enfocan en propuestas innovadoras para mejorar las condiciones laborales para trabajadores de bajo ingreso en la economía global.

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