En materia laboral, las políticas implementadas deben generar condiciones de certeza a la inversión e incentivos legales para los empleadores que cumplen con las obligaciones de ley.
Foto: Cortesía Aaron Thomas en Unsplash
Por Jaime Oscar Bustamante Miranda*
La incertidumbre natural que acompaña al cambio de administración en México puede combatirse con medidas certeras y oportunas que ofrezcan rumbo y seguridad, a los mexicanos en general y a los inversionistas, para que podamos enfocarnos en trabajar y aumentar nuestro nivel de competitividad, independientemente de la orientación política del liderazgo en turno.
En materia laboral, las políticas implementadas deben generar condiciones de certeza a la inversión e incentivos legales para los empleadores que cumplen con las obligaciones que las leyes aplicables les imponen, de modo que:
- Los empleadores puedan crecer, creando a su vez más empleos formales y sustentables.
- Los empleados obtengan salarios y prestaciones dignos, competitivos a nivel internacional, con cargas de seguridad social cubiertas sin simulaciones.
- El Gobierno ingrese una mayor recaudación y registre un aumento en la base de afiliados al Seguro Social.
Este esquema, que establece beneficios financieros para todos los actores involucrados, se conoce en los negocios como ganar – ganar.
Por otra parte, los incrementos aprobados en diciembre pasado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) y que entraron en vigor a partir del 1 de enero del año en curso, deberán contribuir a detonar un mayor crecimiento.
El salario mínimo se ajustó gradualmente durante los últimos tres años, de manera responsable, a partir de un diálogo tripartita y atendiendo a las recomendaciones de Banco de México y SHCP, para mantener un equilibrio económico y evitar efectos contraproducentes en la inflación.
Sin embargo, este acuerdo tripartito marca un parteaguas al lograr alcanzar la línea de bienestar que establece el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Esta línea de bienestar se calcula sobre la base de que dicho salario mínimo general tenga el poder adquisitivo para acceder a la canasta básica popular.
Adicionalmente, en el acuerdo se resolvió que -acorde a la propuesta del Gobierno Federal-, para la zona de la frontera norte con los Estados Unidos, se establezca una nueva zona económica especial en la que se otorgó un incremento al salario mínimo general equivalente al 100% respecto del que se venía aplicando en 2018. Esta medida busca generar una mayor competencia y retención de trabajadores mexicanos o migrantes dentro del mercado de trabajo de nuestro país, aportando su talento y esfuerzo sin sufrir los embates de políticas restrictivas a la migración.
Quienes conformamos parte del Comité de Capital Humano y Asuntos Laborales de American Chamber/Mexico confiamos en que este acuerdo ayudará a combatir el rezago en el poder adquisitivo de las familias; a cubrir sus necesidades, incentivar la formalidad y propiciar el desarrollo social y económico de México. Adicionalmente, es fundamental que la política salarial vaya acompañada de medidas efectivas para combatir la informalidad, incentivar la formalidad, y aumentar el nivel de productividad y competitividad en las empresas.
Como medida paralela adicional e imprescindible, está la pendiente aprobación a la Reforma a la Ley Federal del Trabajo, cuyas implicaciones expondré en mi siguiente entrega.
*Vicepresidente de Asuntos Laborales del Comité de Capital Humano y Asuntos Laborales de American Chamber/México.
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.
