Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral Informa:
Suspende Senado consultas ciudadanas pese a que en la OIT representantes del gobierno dijeron que sería el paso siguiente en el proceso de atender las observaciones en materia de libertad y democracia sindical y para terminar con los Contratos Colectivos de Protección Patronal.
Por: Alfonso Bouzas Ortiz
Estimados colegas del OBSERVATORIO CIUDADANO DE LA REFORMA LABORAL.
De las cuatro consultas ciudadanas que se dijo se realizarían por parte del Senado de la República, respecto del proyecto de reforma a la Ley Federal del Trabajo que en lo fundamental era el proyecto que presentara la CTM y la CROC, la primera, que tenía que llevarse a efecto la semana pasada no se realizó y ni siquiera se preparo. Fuimos varios los que preguntamos donde teníamos que anotarnos y no existió respuesta. Oficialmente ya se informó que fueron pospuestas, pese a que en la OIT los representantes del gobierno fueron a decir, en estos días, que sería el paso siguiente en el proceso de atender las observaciones que a México se le habían hecho en materia de libertad y democracia sindical y para terminar con los Contratos Colectivos de Protección Patronal.
En estas condiciones creo que tenemos tiempo para pensar y elaborar un proyecto de reforma reglamentaria del 123 que recoja los importantes aportes que en lustros hemos hecho, materializados en proyectos que han sido del sindicalismo independiente presentados por los voceros parlamentarios que en su momento fueron el conducto de nuestra voz.
De ésos proyectos ahora tenemos que centrarnos en los espacios limitados por la reforma constitucional, sin lugar a duda, de primordial importancia: Democracia Sindical, Contratación Colectiva, Centro de Conciliación y Registro de Contratos Colectivos y Sindicatos, Centros de Conciliación Estatales, Conciliación Previa y obligatoria, paso de la Justicia Laboral al Poder Judicial y también de las disposiciones transitorias de la reforma constitucional, de manera que garanticen tutela de los derechos laborales de los trabajadores que vivan un conflicto laboral en este período de vacacatio legis de hecho y debemos ocuparnos también de los derechos laborales de los compañeros que hasta ahora y que por un tiempo continúen manteniendo el trabajo de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
En mi opinión personal, la conciliación previa y la forma como se pretende reeditar el tripartismo en la reforma reglamentaria, son los temas más perversos de la iniciativa que ya no se presentó al pleno y menos se conoció y discutió por la sociedad.
En esas condiciones y con ese temario que me permito, a título individual, poner a su consideración, les propongo diferir nuestra próxima reunión con la finalidad de que no nos desgastemos en reuniones y trabajemos en el paso siguiente que daremos.
La anterior invitación, de ninguna manera implica el que dejemos de realizar seminarios y asambleas en las que hagamos del conocimiento de nuestros compañeros el proyecto de reforma a la LFT que las Comisiones presentaron al Senado el último día de sesiones ordinarias y la sesión que la semana pasada realizó la OIT tocando particularmente los pasos que en México se vienen dando para resolver este importante problema. De ser necesario, les recuerdo que a todos los documentos pueden acceder a través del observatorio y si por alguna razón no los pueden obtener, con gusto se los remitiremos a solicitud.
Autor: ReformaLaboralMX
Utilizan el populismo para asustar a la gente: AMLO
El candidato presidencial aclaró que el objetivo que persigue su coalición es el de garantizar la justicia laboral.
REDACCIÓN @ElFinanciero_Mx 30/05/2018
Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial Fuente: Reuters
El candidato presidencial Andrés Manuel López Obradoraseguró este miércoles que el término ‘populismo’ se está utilizando para asustar a la gente, cuando lo que su coalición busca, dijo, es la justicia laboral.
“Eso del populismo es el sonsonete que agarran para todo, ni saben qué cosa es lo del populismo, pero lo utilizan para asustar a la gente. Lo que estamos planteando es que haya justicia laboral”, expresó este miércoles en Salina Cruz, Oaxaca.
El martes, durante su gira por Veracruz, el candidato de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ pidió a Germán Larrea, presidente de Grupo México, que no asuste a la gente, luego que el empresario envió una carta a trabajadores de dicha compañía en la que advertía sobre los riesgos de elegir “un modelo populista”.
“No me importa que digan los de la mafia del poder y sus voceros que esto es populismo. Si el populismo es bajar el sueldo de los de arriba y subir el sueldo de los de abajo, que me apunten en la lista”, afirmó el tabasqueño.
En su visita a Oaxaca, López Obrador reiteró sus propuestas de llevar a cabo un proyecto integral de rescate del Istmo de Tehuantepec, en las que se incluye la construcción de un tren de carga que permita trasladar mercancías hacia los Estados Unidos desde el Pacífico mexicano.
El presidenciable aseguró que de ganar el próximo 1 de julio dará facilidades para que los campesinos sean socios del proyectoy se instalen fábricas en la región, además de que ampliará los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos y modernizará las refinerías de Salina Cruz y Minatitlán.
http://www.elfinanciero.com.mx/elecciones-2018/utilizan-el-populismo-para-asustar-a-la-gente-amlo
Cercano el derrumbe del PRI
Su testamento es la reforma laboral que presentó la CTM, la CROC y el PRI contra los trabajadores de la nación
Posted by Óscar Alzaga
Date: junio 11, 2018
Una aclaración previa: no hablamos aquí de todos los militantes del PRI, solo de los traidores de la Revolución de 1910, la Constitución de 1917, la obra del cardenismo de 1934 a 1940 y de la CTM de 1936. Nos referimos solo a los neoliberales del PRI, los que destruyeron esos principios y esas enormes obras. Aquel México no fue perfecto, pero fue el mejor que hemos tenido en los últimos 5 siglos.
¡Vaya! Ni siquiera nos referimos a los militantes del PRI de la época antidemocrática de Echeverría y de la CTM de Fidel Velázquez, que se opusieron a la privatización del Pemex, CFE, Luz y Fuerza y a la destrucción de la Ley Federal del Trabajo (LFT).
Hablamos de aquellos que traicionaron la Revolución, la Constitución y destruyeron la obra cardenista: Pemex y CFE. Y hoy buscan destruir los derechos laborales de la LFT, con el proyecto en el Senado del 7 de diciembre de 2017, que abiertamente apoyan a los empresarios nacionales y extranjeros, en contra todos los trabajadores de México: los traidores de la CTM, CROC y PRI. Traidores los llamó Aceves del Olmo, pero 5 meses después.
Nos referimos al PRI neoliberal, que llegó en 1982 con de la Madrid y con Salinas en 1988 quiso privatizar las estatales estratégicas, pero el mismo PRI de 1992 -en el XV Asamblea Nacional- lo frenó. Así, de 1988 a 2012, el PRI se opuso a la reforma laboral, hasta que los traidores se juntaron en el “Pacto por México” el 2 de diciembre de 2012. Dos días después de aprobar la reforma laboral y a un día de la toma de posesión de Peña Nieto. En realidad, todas las reformas del presente sexenio fueron pactadas -junto con el fraude electoral de 2012- entre el PRI, el PAN y el PRD.
Menos la reforma laboral del PRI de 2017-18, por el pleito entre Anaya y Meade por el segundo lugar de los candidatos, no por diferencias ni principios –que no conocen- sino por medrar sus intereses.
¿Qué es el fraude electoral? Sino todas las trampas e ilegalidades que cometen con la jauría mediática, la jauría jurídica (Margarita, Bronco), la compra de votos, las campañas sucias, etc. Pero todo tiene un límite: la ventaja de Andrés Manuel López Obrador sobre sus rivales no es menor del 8% que predijo la prensa norteamericana, es mucho mayor y, conforme se acerca el 1 de julio, crece más. El pueblo no resistiría otro fraude electoral, sobre una ventaja mayor al 8%. El desprestigio del PRI y el PAN están a la vista, y el PRD a la cola.
¿Cuándo empezó la caída del PRI?
Conservadores, reacción, derecha o neoliberales, siempre están al acecho para imponer sus intereses y poder. Apenas iniciaba la Revolución, cuando en 1913 con el “Pacto de la Embajada” yanqui se mandó asesinar a Madero y Pino Suarez, candidatos del pueblo, en realidad un Golpe de Estado de William H. Taft, presidente de Estados Unidos (EU), al que servían Huerta y la oligarquía nativa.
La Revolución estuvo llena de contradicciones, pero qué duda cabe que la batalla de Zacatecas de 1914 destruyó al ejército de Díaz, el principal sostén de la dictadura, y que con la Constitución de 1917 se levantó el mejor proyecto social de nación. Que ya para 1928 traicionaban Obregón al reelegirse y en 1929 Calles al erigirse como “Jefe Máximo”, un dictador que ponía y quitaba presidentes. Hasta la llegada en 1934 de Lázaro Cárdenas, cuando renace la revolución convertida en una intensa lucha de clases, principalmente de huelgas, para dar cumplimiento al proyecto social de la nación. La obra pública cardenista estuvo precedida de la iniciativa y de la lucha obrera.
Contra Cárdenas afilaron sus garras la oligarquía extranjera y sus voceros locales, en Estados Unidos levantaron una jauría mediática tildando de “comunista” al Presidente de México y a su gobierno, por rescatar la industria petrolera, los ferrocarriles, por crear la CFE, el IPN e impulsar la reforma agraria más importante de América, pero más, por cumplir y hacer cumplir los derechos laborales colectivos: de huelga, libre negociación colectiva y formación de sindicatos. Así, de 300 mil trabajadores sindicalizados en 1934 pasaron a 900 mil en 1940 y las cooperativas sociales crecen en los mismos años, de 778 a 21,762 y los cooperativistas de 1,715 a 163,501. Nunca hubo más huelgas que de 1935 a 1938 y de 1943 a 1944.
Pero con Manuel Ávila Camacho (1940-46) inició el cambio a la derecha y culminó con Miguel Alemán (1946-52), vuelven la oligarquía extranjera y nacional y reinserta a México a la economía y poder de EU, al grado de ser repetidor del anticomunismo yanqui como política nacional. Nunca fueron más golpeados los grandes sindicatos y las luchas obreras que en ese sexenio: a los 20 días de llegar Alemán reprime a los petroleros con el primer “charrazo”, sin orden judicial mete a la cárcel al comité ejecutivo y nombra a otro, usa al ejército y toma las instalaciones petroleras. Luego seguiría una larga lista de actos violentos iguales, contra textiles, cañeros, ferroviarios, petroleros (de nuevo), mineros, maestros, actores y otros. Todos esos actos fueron ilegales y debilitaron los sindicatos: la primera defensa obrera.
Cambió el rumbo del sindicalismo nacional, pero hubo importantes espacios de recuperación de 1956 a 1962 con las luchas de maestros, ferroviarios, telegrafistas, petroleros, telefonistas, etc. Luego vendría el movimiento estudiantil de 1968 y 1971, y otro gran momento de recuperación sindical de 1975 a 1988 con electricistas, telefonistas, maestros, mineros, ferroviarios, textiles y otros.
En el contexto internacional los gobiernos de Reagan y Thatcher impulsan el neoliberalismo, al debilitarse y caer el socialismo en los años 80, culminando en 1989 con la desaparición de la URSS. En ese mismo año surge el “Consenso de Washington”, con sus lineamientos neoliberales obligatorios para los políticos subordinados, como los nuestros del PRI y PAN. Que llevan a la práctica con el TLCAN y otros tratados, con una visión de subdesarrollada y dependiente, al ofrecer tan solo mano de obra barata e insumos baratos.
El PRI se divide en 1987: los neoliberales en el poder, encabezados por Salinas y, por otro lado, la corriente democrática, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas. El segundo apoyado por el pueblo y una débil organización; el primero abusa del poder, apoyado por la oligarquía y el gobierno de EU, impone el fraude electoral.
El 10 de enero de 1998 Salinas ejecuta el “quinazo”, un charrazo para que todos sepan quien lleva el mando. Y amenaza a Fidel Velázquez para que entregue al secretario general del Sindicato Petrolero o entra al ejército al edificio de la CTM a sacarlo, Fidel lo entrega. Pero no aprueba la reforma laboral de Salinas ni de Zedillo.
La crisis política del PRI fue profunda, liquidan con un asesino solitario a su candidato presidencial Luis Donaldo Colosio y al líder del PRI Ruiz Massieu, sin aclarar nada, guardan todo como secreto de Estado. Y el triunfante sexenio neoliberal de Salinas, termina degradando toda la vida política nacional. Un respiro: el levantamiento del EZLN.
Los sexenios del PAN del 2000 al 2012, estuvieron pactados con el PRI y sellados con la muerte de Clouthier en 1989, que no reconoció el triunfo de Salinas. Como sí lo hizo el PAN oficial, que fue el rescate del PRI. Para mantener la misma política neoliberal. Al PAN le bastó 12 años su desprestigio con el pueblo, lo que al PRI le llevó 50.
El último acto degradante del PRI fue modificar sus estatutos al iniciar el gobierno de Peña en 2013, para quitar la prohibición de privatizar Pemex, hasta quedar solo el esqueleto de su pasado. Hoy llega a su final con una campaña electoral mediocre, pletórica de mentiras y miedosa al gobierno de Trump.
Su testamento es la reforma laboral que presentó la CTM, la CROC y el PRI contra los trabajadores de la nación. Así, de 1929 cuando se creó el PNR, de 1938 transformado en PRM y de 1946 que nace el PRI, lo que encontramos ahora son cenizas, “polvos de aquellos lodos”, que se empeñaron en forjar los neoliberales desde 1983 a la fecha actual, los responsables de la caída del PRI
http://ljz.mx/2018/06/11/cercano-el-derrumbe-del-pri/http://ljz.mx/2018/06/11/cercano-el-derrumbe-del-pri/
Los formidables retos laborales en la tierra nuestra
La Jornada Zacatecas
junio 12, 2018
in: Editorial, Principales
La aspiración de desarrollo social en México se ha cristalizado en las legislaciones laborales que hemos producido en México. Producto de la Revolución Mexicana se establecieron ideales de igualdad y justicia social, que se concretaron en la primera Ley Federal del Trabajo en 1931, que no sufrió modificaciones hasta 1970, donde se alteró para mejorar las expectativas de los trabajadores: se incluyeron los derechos al aguinaldo, primas de antigüedad y primas vacacionales. Ahora es un México ciertamente diferente: urbano, con más de 52 millones de trabajadores y frente a economías digitales y del conocimiento, además de competencia mundial selvática.
Retos esenciales como superar los 23 millones de trabajadores que laboran en la informalidad, y con ello, excluidos de seguridad social. Aunque es de hacerse notar que, tanto los analistas del tema como los propios motivos de la llamada Reforma Laboral aceptan que el objetivo es pasar a un mercado de trabajo formal, porque eso elevaría (según cálculos estandarizados) hasta un 16 por ciento más de ingresos por vía de las prestaciones que generan la formalidad, debemos poner dudas al respecto, porque todo el sistema de seguridad social en México atraviesa por una enorme crisis. Así, si el objetivo es hacer formales los empleos porque con ello consiguen seguridad social, y esta última está en estado de pulverización, muy poca esperanza genera esa estrategia. El sistema de pensiones y jubilaciones, la atención de salud y las posibilidades de créditos de vivienda, todos están pasando por caminos aciagos. Queda el ingreso, pero las ventajas de la formalización no están por ese lado, al contrario, los impuestos a la renta lo hacen poco atractivo.
El ingreso es una variable de la productividad, que depende de la agregación tecnológica y el conocimiento integrado en los procesos productivos. Pero no vemos que existan políticas para impulsar políticas de innovación propias. Más bien, observamos cómo se orientan a la dependencia tecnológica a través de la inversión extranjera. Otros retos están pendientes, aun cuando se anuncian pequeños avances, los cuales son insignificantes dada la magnitud de los retos: equidad de género en empleos e ingresos, trabajo infantil, nuevos puestos para jóvenes, acceso a personas con discapacidad, trabajo peligroso y toda el área de justicia laboral. En todo estamos atrasados.
Quisiéramos que las autoridades federales que vienen revisen este tema, el cual sigue estando (junto a la seguridad) entre las prioridades de los mexicanos. Y como no: somos un país con enormes brechas de injusticias salariales, las cuales se convierten en los pivotes de expulsión de miles de mexicanos al extranjero. Pensar desde el interior y poniendo las prioridades en los mexicanos. La relación comercial conflictiva con USA debe hacer reaccionar a los gobernantes mexicanos a crear estrategias económicas para que los mexicanos disfrutemos empleos decentes, pero en esta tierra nuestra.
http://ljz.mx/2018/06/12/los-formidables-retos-laborales-en-la-tierra-nuestra/
Veracruz: Fin a las juntas de conciliación, les quedan 6 años
11 junio 2018
Con la reforma laboral, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, local y federal, tendrán hasta 6 años para resolver todos los expedientes que tengan y posteriormente desaparecer, informó Jonathan Cortés Vargas, presidente de la junta especial número 22 de la federal de conciliación
Y arbitraje con sede en Xalapa.
Esto se debe a que la justicia laboral estará en manos de los Centros de Conciliación especializados imparciales y autónomos que buscarán mediar entre los trabajadores y empresas, en caso de no llegar a un acuerdo pasarán a los poderes judiciales de cada estado, quienes ahora resolverán las disputas laborales.
http://www.laopinion.net/fin-a-las-juntas-de-conciliacion-les-quedan-6-anos/
Los salarios mexicanos se quedan atrás
La joven Jazmín, en el techo de su casa de Ecatepec, frente las vías por las que pasa La Bestia. TERESA DE MIGUEL
El sueldo medio en México está, según los especialistas, muy por debajo de lo que le correspondería al sexto país más rico de América Latina
Ignacio Fariza
México 12 JUN 2018 – 02:55 CEST
A sus 18 años Jazmín J. ya sufre en carne propia la dura realidad del mercado laboral mexicano. Desde hace dos meses compatibiliza las clases de último año Preparatoria (Bachillerato) con un trabajo a tiempo parcial en una conocida cadena de supermercados por el que recibe apenas 1.000 pesos (54 dólares) quincenales por cuatro horas de trabajo diarias. Lo bueno: tiene acceso al seguro social del IMSS y trabajar cerca de su casa, en Ecatepec, una de las zonas más deprimidas del Valle de México, le evita tener que invertir horas sus desplazamientos diarios. Lo malo: casi todo lo demás. Sus ingresos apenas le dan para echar una mano a sus padres, que a duras penas ingresan 12.000 pesos mensuales en total -él, como operador de grúa, ella en trabajos esporádicos de limpieza-, y su hermana de 11 años. Muchos meses, la familia tiene que aceptar la ayuda de la ONG Techo para cubrir lo más básico en su hogar, una construcción de cemento con techo de uralita a un lado de las vías por el que pasa La Bestia, el tren de mercancías que muchos migrantes utilizan en su ruta hacia Estados Unidos.
Un paseo cualquiera por una calle cualquiera de la delegación Cuauhtémoc, en el corazón de la Ciudad de México. Es la hora del almuerzo y los locales de comida corrida están a reventar: consomés, tacos, sopes, tlacoyos y quesadillas dan color y sabor a las mesas. En la puerta de los restaurantes, un común denominador: carteles en los que se solicitan meseros o personal de cocina. El patrón se repite a la entrada de los supermercados y tiendas de ropa: hay ofertas de trabajo por doquier. “Cuando algún familiar o amigo busca empleo, lo encuentra”, apunta la joven Jazmín. “Pero el salario siempre es bajo y muchos prefieren irse a la informalidad, donde pueden ganar hasta tres veces más”. Bienvenidos al mercado laboral mexicano del siglo XXI.
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Las buenas cifras de empleo del sexenio han llevado el triunfalismo al discurso oficial en plena campaña electoral: 3,6 millones de nuevos puestos de trabajo formales; el segundo mejor mes de mayo para el empleo de la última década y una de las tasas de paro más bajas de la OCDE. Pero, ajenos a la realidad macro, el día a día de la mayoría de trabajadores mexicanos dista mucho de ser de vino y rosas. El poder adquisitivo no despega, el empleo eventual sigue al alza y la pobreza laboral afecta ya a casi cuatro de cada 10 mexicanos: casi 49 millones de personas que no pueden satisfacer sus necesidades básicas con los ingresos procedentes del trabajo. Son 722.000 más que hace un año.
El problema de los salarios bajos se remonta a casi cuatro décadas atrás. Desde entonces, la remuneración de los trabajadores ha pasado de representar casi el 45% del ingreso total mexicano a poco más del 25%: el resto son rentas del capital, fundamentalmente utilidades empresariales y réditos de inversiones financieras. La pérdida de peso de los sueldos sobre el PIB refleja, en fin, un problema triple de depresión de las clases medias -en su mayoría asalariados-, informalidad y desigualdad en la segunda mayor economía de América Latina.
México no es, ni mucho menos, el único país en el que las rentas del trabajo han perdido paulatinamente peso desde mediados de los años ochenta, una tendencia común a casi todo Occidente que muchos economistas achacan a la globalización, las nuevas formas de trabajo autónomo, el impulso desregulador y el progresivo desmantelamiento de las políticas con las que los Estados trataban de conciliar los intereses del trabajo y del capital. El caso mexicano, sin embargo, “es especialmente grave”, subraya Julio Boltvinik, de El Colegio de México. “Al no crecer los salarios, mucha gente se ve empujada a crear pequeñas empresas -changarros, en la jerga local- y a la informalidad, lo que reduce a su vez la productividad”, una variable que se sitúa en el origen del bajo nivel salarial. La pescadilla que se muerde la cola.
“A partir de 1982 se impuso la retirada del Estado mexicano, con la idea de que no interfiriera en el mercado laboral, y a eso se sumó la liberalización económica casi total con la entrada al GATT [hoy Organización Mundial del Comercio] y, luego, al TLC [el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que une a EE UU, México y Canadá desde 1994]. Se desmantelaron muchos de los mecanismos de protección a sectores enteros, como la agricultura, y se desestimuló aún más la sindicalización”, relata Alicia Puyana, investigadora de Flacso. “Fue letal para los trabajadores, que todavía sufren las consecuencias”, apunta Puyana.
El desembarco, de golpe, en el mercado internacional, fue muy beneficioso para muchas industrias mexicanas, como la automotriz. Pero también se convirtió en un argumento de peso para contener artificialmente los sueldos y así competir con el resto del mundo. “Lo único que pudo ofrecer México fue mano de obra barata”, constata Miguel Reyes, director del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana de Puebla. “¿Cómo hicieron? Asegurando que los sueldos no crecerían por encima de la inflación”. La estrategia de contención artificial se ha seguido tan a rajatabla, subraya Reyes, que el salario medio mexicano en muchos sectores ya está por debajo del que se paga en China y otros países del Asia emergente.
Los salarios reales en el México de hoy son, de acuerdo con los cálculos de Boltvinik, del Colmex, incluso inferiores que en los años setenta. Todo, a pesar del crecimiento -muy lento, pero constante en términos históricos- de la sacrosanta productividad. El Banco de México, erigido no solo en guardián de la política monetaria mexicana sino también de la contención salarial, reconoce en un reciente informeel desacoplamiento de la productividad y el coste laboral medio: mientras la primera ha crecido un 4% en el último lustro, el segundo ha caído un 7,5% en el mismo periodo. “La productividad laboral de la industria manufacturera”, completa Reyes, “ha crecido un 18% en 10 años y el salario medio real ha caído un 10%. Esto solo quiere decir una cosa: que al capital le ha tocado su parte, pero al trabajador no. Y solo hay una forma de cambiar esta situación: que las ganancias de PIB y productividad se repartan equitativamente entre patrones y trabajadores. Que los primeros no se lleven todo el pastel”, agrega el jefe del Observatorio de Salarios de la Ibero.
Muchos mexicanos parecen resignados ante esta disfunción del mercado de trabajo. Pero los extranjeros, por más tiempo que lleven en el país latinoamericano, no salen de su asombro por la falta de relación entre la riqueza nacional y salarios. “Se mire por donde se mire”, decía esta semana un alto cargo de un organismo internacional en México bajo condición de anonimato, “los sueldos mexicanos son muy bajos en relación al PIB”. Sustentaba su sorpresa con cifras duras: siendo el sexto país con mayor ingreso per cápita de América Latina, su salario medio viaja en el vagón de cola de la región. “No tiene ningún sentido”, agregaba. Pese a la mezcla de pasmo e indignación de este alto funcionario, el tema salarial apenas ha entrado en la campaña electoral para las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio. “Es un problema muy serio; bestial: no solo por la situación de los trabajadores, sino también porque impide el desarrollo del mercado interno”, valora Carlos Tello, ex director general del Banco de México y ex secretario (ministro) de Programación y Presupuesto. “Pero todos los candidatos han sido muy tímidos”.
La vara medir utilizada para tomar el pulso a la contención salarial -o represión, como la catalogan los autores más críticos- siempre ha sido el salario mínimo, también entre los más bajos de Latinoamérica. El pavor a otra escalada inflacionaria en un país tristemente golpeado por varios choques de precios en la segunda mitad del siglo XX ha convertido en “la gran obsesión mexicana” la estabilidad de los salarios “como ancla de los precios”, agregan, al unísono, Reyes y Boltvinik. “Ni se comprende el problema ni hay voluntad para solucionarlo”. La informalidad tampoco ayuda: que más de la mitad de los trabajadores mexicanos estén empleados fuera de los cauces formales constituye, en palabras de Tello -tirando de la terminología marxista- un “enorme ejército de reserva” que mantiene estable el salario real.
SINDICATOS BLANCOS E INCUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS LABORALES
En este cóctel de causas faltan dos factores, quizá los menos explorados académica y mediáticamente: la ausencia de una sindicalización real y el incumplimiento de la ley, sobre el papel bastante garantista con el trabajador. “Las fallas en el sistema educativo hace que los trabajadores sean menos productivos, no digo que no”, dice Joyce Sadka, profesora del ITAM que lleva más de una década estudiando el mercado laboral mexicano. “Pero el gran problema es que el entorno es muy hostil para la estabilidad en el trabajo, la adquisición de capital humano y, en general, para cualquier aumento salarial”. Esa hostilidad se plasma en una sindicalización sui generis en un país ya de por sí poco sindicalizado: apenas uno de cada 10 empleados tiene una organización que lo proteja. Un reciente estudio de Sadka concluye que las tres cuartas partes de los convenios colectivos son de protección patronal. Es decir, acuerdos “simulados” en los que realmente los sindicatos no surgen de la base real de trabajadores, sino que son creados en connivencia con los dueños de la compañía. Son los llamados sindicatos blancos o charros.
En el plano más micro, las cosas no son mucho mejores. “La normativa laboral debería aplicar a todos, formales e informales”, apunta la profesora del ITAM. Y no es así: tras 13 años de trabajo en este campo, Sadka concluye que solo la mitad de las sentencias laborales favorables al empleado se cumplen por una mezcla de informalidad, corrupción, debilidad de las instituciones. “Aunque la ley parece muy favorable al trabajador”, cierra la profesora del ITAM, “se ha configurado un equilibrio en el que los trabajadores y, muy especialmente, los que tienen con menos formación, menos contactos y peores abogados, son los grandes perjudicados. Eso explica que los salarios en los puestos de la parte baja hayan sido los que peor han evolucionado”. Las malas instituciones son un impuesto regresivo y México es el vivo ejemplo de ello.
https://elpais.com/economia/2018/06/09/actualidad/1528568535_268646.html
UNT lleva ante la OIT el tema de la reforma en materia de justicia laboral
Foto: Cortesía UNT
107ª. Reunión, Ginebra, mayo-junio de 2018
Comisión de Aplicación de Normas
En el marco de la 107ª. Conferencia Internacional del Trabajo
Reunión, efectuada en Ginebra, Suiza, el gobierno de México dio respuesta a los señalamientos de la reforma constitucional en materia de justicia laboral, así como a otros tres en relación a libertades publicas y derechos sindicales; representatividad sindical y transparencia; y disposiciones legislativas y medidas prácticas observadas por la CEACR.
Esta 107ª. Conferencia Internacional del Trabajo, da cuenta de la respuesta en el siguiente sentido:
Parte 2. reforma en materia de justicia laboral El presente apartado atiende lo señalado por la CEACR en su documento de observaciones al Gobierno de México, respecto de: i) la comunicación de la CSI, recibida el 1.º de septiembre de 2017, en la que señala que la reforma constitucional fue aprobada sin realizar consultas de algún tipo con las partes sociales; ii) la consulta tripartita del desarrollo legislativo para implementar la reforma constitucional; iii) evolución respecto a la legislación secundaria para aplicar la reforma constitucional, y iv) impacto de la reforma constitucional y de la creación del órgano descentralizado.
- i) Consulta de la reforma constitucional. El Gobierno de México informa que la reforma constitucional fue presentada por el Presidente de la República como resultado del diagnóstico «Diálogos por la Justicia Cotidiana. Diagnósticos conjuntos y soluciones» 1, elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, uno de los centros de investigación de mayor prestigio en el país. Para su elaboración, se integraron nueve mesas de trabajo, incluida la laboral, y participaron más de 200 especialistas y 26 instituciones, a lo largo de catorce semanas, en las que se realizaron 123 sesiones.
La citada reforma constitucional fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Senadores; mientras que en la Cámara de Diputados fue aprobada con 377 votos a favor y sólo dos sufragios en contra, lo que representa una aprobación del 99,5 por ciento del total de la votación emitida.
- ii) Consulta tripartita para el desarrollo legislativo de la reforma. Durante el presente año, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha tenido 91 reuniones con representantes de trabajadores, empleadores, académicos, barras y colegios de abogados, a fin de encontrar el consenso requerido para la aprobación de la reforma. Asimismo, las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República acordaron el 27 de abril de 2018, la celebración de audiencias públicas para conocer las sugerencias, observaciones y propuestas de trabajadores, empleadores, académicos y organizaciones de la sociedad civil sobre el anteproyecto de dictamen de la legislación secundaria. Estas audiencias públicas serán realizadas en cuatro sedes regionales donde concurran los actores del sector laboral del país.
iii) Evolución respecto a la legislación secundaria. Durante el período transcurrido entre la aprobación de la reforma constitucional a la fecha, se han presentado en el Senado de la República cuatro iniciativas 2 de reforma a la legislación secundaria en materia de justicia laboral: la primera fue presentada el 7 de diciembre de 2017 por los Senadores Tereso Medina e Isaías González, del Partido Revolucionario Institucional; la segunda fue presentada el 14 de diciembre de 2017 por el Senador Luis Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática; la tercera fue presentada el 22 de febrero de 2018, por la Senadora M. del Pilar Ortega, del Partido Acción Nacional; la cuarta fue presentada el 24 de abril de 2018 por el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, sin partido.
Las iniciativas fueron turnadas a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, para continuar con el proceso legislativo, en el que se realizarán las audiencias públicas antes mencionadas para su discusión y posterior aprobación.
En el orden local, nueve entidades federativas han modificado su Constitución para armonizarla con lo dispuesto por la Constitución Federal: i) Campeche; ii) Chiapas; iii) Estado de México; iv) Guanajuato; v) Hidalgo; vi) Morelos; vii) Nuevo León; viii) Quintana Roo, y ix) Sonora. Asimismo, dos entidades federativas han aprobado las leyes de creación de sus Centros de Conciliación: Chihuahua e Hidalgo.
- iv) Impacto de la reforma constitucional y de la creación del Órgano Descentralizado. Se trata de una Reforma histórica en materia laboral, mediante la cual se transforma el sistema de impartición de justicia laboral vigente por más de cien años.
Respecto de la creación del Organismo Público Descentralizado para la conciliación de conflictos de jurisdicción federal y el registro nacional de organizaciones sindicales y contratos colectivos de trabajo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha preparado diversas herramientas administrativas, organizacionales, tecnológicas y logísticas para su puesta en marcha.
Por su parte, para la creación de los Tribunales Laborales, el Poder Judicial de la Federación ha determinado la creación de la Unidad de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral y cuenta para tales efectos con un presupuesto de 324 millones de pesos. En el orden local, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores y Supremos de Justicia, acordó, en mayo de 2017, la instalación de una Comisión Laboral para dar seguimiento a los trabajos de implementación de la reforma.
Descarga el documento completo en:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—relconf/documents/meetingdocument/wcms_631415.pdf
México informa ante OIT la aplicación del Convenio 87 y la reforma de justicia laboral
Información del Gobierno de México sobre la aplicación del Convenio núm. 87 para el examen de caso individual ante la Comisión de Aplicación de Normas
México Convenio núm. 87 México
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87)
El Gobierno de México ha dado debido cumplimiento al Convenio núm. 87 y ha informado oportunamente de ello a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) mediante las memorias de cumplimiento. Asimismo, ha respondido a las solicitudes de información del Comité de Libertad Sindical.
Parte 1. Libertades públicas y derechos sindicales
Respecto de los alegatos de la CSI e IndustriALL sobre violencia contra sindicalistas en el contexto de un conflicto colectivo
en el sector de la educación en Oaxaca
El Gobierno de México lamenta y condena los hechos ocurridos, pero niega categóricamente que constituyan actos de violencia contra sindicalistas — y mucho menos — que signifiquen una violación al Convenio núm. 87 de la Organización Internacional del Trabajo.
Para respaldar nuestro posicionamiento, ponemos a la disposición de este Comité, los informes que — sobre el caso Nochixtlán — elaboraron una Comisión Especial del Senado de la República — como Poder Soberano y Autónomo al Gobierno de México —; y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos — Órgano Constitucional Autónomo —, los cuales se hicieron públicos el 31 de agosto de 2016 y el 17 de octubre de 2017, respectivamente.
Ambos documentos coinciden en que se trata de un conflicto de naturaleza sociopolítica y de uso excesivo de la fuerza, que ha sido reconocido y atendido por el Estado mexicano.
Expresamos nuestra preocupación por el hecho de que este tipo de casos, a pesar de no tener indicio alguno de estar relacionados con violaciones a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, sean utilizados con el fin de dar un matiz de gravedad por un supuesto incumplimiento al Convenio núm. 87.
Parte 2. reforma en materia de justicia laboral El presente apartado atiende lo señalado por la CEACR en su documento de observaciones al Gobierno de México, respecto de: i) la comunicación de la CSI, recibida el 1.º de septiembre de 2017, en la que señala que la reforma constitucional fue aprobada sin realizar consultas de algún tipo con las partes sociales; ii) la consulta tripartita del desarrollo legislativo para implementar la reforma constitucional; iii) evolución respecto a la legislación secundaria para aplicar la reforma constitucional, y iv) impacto de la reforma constitucional y de la creación del órgano descentralizado.
- i) Consulta de la reforma constitucional. El Gobierno de México informa que la reforma constitucional fue presentada por el Presidente de la República como resultado del diagnóstico «Diálogos por la Justicia Cotidiana. Diagnósticos conjuntos y soluciones» 1, elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, uno de los centros de investigación de mayor prestigio en el país. Para su elaboración, se integraron nueve mesas de trabajo, incluida la laboral, y participaron más de 200 especialistas y 26 instituciones, a lo largo de catorce semanas, en las que se realizaron 123 sesiones.
La citada reforma constitucional fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Senadores; mientras que en la Cámara de Diputados fue aprobada con 377 votos a favor y sólo dos sufragios en contra, lo que representa una aprobación del 99,5 por ciento del total de la votación emitida.
- ii) Consulta tripartita para el desarrollo legislativo de la reforma. Durante el presente año, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha tenido 91 reuniones con representantes de trabajadores, empleadores, académicos, barras y colegios de abogados, a fin de encontrar el consenso requerido para la aprobación de la reforma. Asimismo, las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República acordaron el 27 de abril de 2018, la celebración de audiencias públicas para conocer las sugerencias, observaciones y propuestas de trabajadores, empleadores, académicos y organizaciones de la sociedad civil sobre el anteproyecto de dictamen de la legislación secundaria. Estas audiencias públicas serán realizadas en cuatro sedes regionales donde concurran los actores del sector laboral del país.
iii) Evolución respecto a la legislación secundaria. Durante el período transcurrido entre la aprobación de la reforma constitucional a la fecha, se han presentado en el Senado de la República cuatro iniciativas 2 de reforma a la legislación secundaria en materia de justicia laboral: la primera fue presentada el 7 de diciembre de 2017 por los Senadores Tereso Medina e Isaías González, del Partido Revolucionario Institucional; la segunda fue presentada el 14 de diciembre de 2017 por el Senador Luis Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática; la tercera fue presentada el 22 de febrero de 2018, por la Senadora M. del Pilar Ortega, del Partido Acción Nacional; la cuarta fue presentada el 24 de abril de 2018 por el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, sin partido.
Las iniciativas fueron turnadas a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, para continuar con el proceso legislativo, en el que se realizarán las audiencias públicas antes mencionadas para su discusión y posterior aprobación.
En el orden local, nueve entidades federativas han modificado su Constitución para armonizarla con lo dispuesto por la Constitución Federal: i) Campeche; ii) Chiapas; iii) Estado de México; iv) Guanajuato; v) Hidalgo; vi) Morelos; vii) Nuevo León; viii) Quintana Roo, y ix) Sonora. Asimismo, dos entidades federativas han aprobado las leyes de creación de sus Centros de Conciliación: Chihuahua e Hidalgo.
- iv) Impacto de la reforma constitucional y de la creación del Órgano Descentralizado. Se trata de una Reforma histórica en materia laboral, mediante la cual se transforma el sistema de impartición de justicia laboral vigente por más de cien años.
Respecto de la creación del Organismo Público Descentralizado para la conciliación de conflictos de jurisdicción federal y el registro nacional de organizaciones sindicales y contratos colectivos de trabajo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha preparado diversas herramientas administrativas, organizacionales, tecnológicas y logísticas para su puesta en marcha.
Por su parte, para la creación de los Tribunales Laborales, el Poder Judicial de la Federación ha determinado la creación de la Unidad de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral y cuenta para tales efectos con un presupuesto de 324 millones de pesos. En el orden local, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores y Supremos de Justicia, acordó, en mayo de 2017, la instalación de una Comisión Laboral para dar seguimiento a los trabajos de implementación de la reforma.
Parte 3. Representatividad sindical y transparencia
El presente apartado atiende lo señalado por la CEACR en su documento de observaciones y en la solicitud directa al Gobierno de México, respecto de la comunicación de la CSI, recibida el 1.o de septiembre de 2017, en la que señala: i) un alto número de contratos de protección patronal y la complicidad de las autoridades laborales en el registro de dichos contratos, ii) medidas legislativas y prácticas para solucionar lo que la CSI denomina «fenómeno de los sindicatos de protección y contratos de protección», incluido en relación al registro de sindicatos, iii) publicación de registros y estatutos sindicales, y iv) aplicación del protocolo de inspección del trabajo sobre la libre contratación colectiva.
- i) «Contratos de protección patronal». Reiteramos nuestra preocupación por el hecho de que se emitan observaciones con base en alegatos genéricos que no aluden a casos concretos, ni aportan elementos objetivos para presumir la existencia de una práctica «habitual» que menoscabe la libertad sindical y la negociación colectiva, mucho menos para presumir que existe complicidad del Gobierno para fomentarla.
El Gobierno de México ha informado de manera continua respecto a las acciones concretas que se han llevado a cabo para garantizar la representatividad sindical. Dentro de estas acciones se encuentra la reforma constitucional de 2017, recibida con satisfacción por la CEACR, y su futura implementación, los acuerdos emitidos por Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo (CONASETRA), la expedición y aplicación del Protocolo del operativo sobre libre contratación colectiva, medidas que el Gobierno de México ha informado con toda oportunidad.
Es importante reconocer que, en los casos en que se han señalado situaciones concretas de presuntas violaciones relativas a la existencia de los denominados «Contratos de Protección», el Gobierno de México siempre ha proporcionado información de manera puntual y oportuna, llevando a cabo las investigaciones pertinentes y ofrecido la información que contribuya a procurar justicia laboral. Este tema, es objeto de análisis en el marco del Comité de Libertad Sindical, en específico en relación al caso núm. 2694.
Al respecto, el Comité de Libertad Sindical, en su 382.o informe de junio de 2017 (párrafos 128-130), decidió no proseguir con el examen del alegato sobre una extendida práctica de contratos colectivos de protección patronal. El Comité de Libertad Sindical decidió, por el contrario, avocarse exclusivamente al análisis de alegatos concretos relativos a sectores o sindicatos específicos y de situaciones concretas en que se alega la presunta existencia de contratos de protección.
Medidas legislativas y prácticas para solucionar el «fenómeno de los sindicatos de protección y contratos de protección». Con el propósito de detectar prácticas de simulación de contratos; así como verificar que los trabajadores conozcan del contrato colectivo en sus centros de trabajo, se implementa, desde 2016, el Protocolo de inspección laboral sobre libre contratación colectiva. El Protocolo permite que los inspectores de trabajo, verifiquen la publicidad del contrato colectivo y que la relación de trabajo se preste en los términos y condiciones pactadas.
En materia legislativa, debe destacarse que en virtud de la reforma constitucional en materia de justicia laboral se adicionó un párrafo a la fracción XVIII del artículo 123, apartado A, en virtud del cual se tutela la representación de los trabajadores.
Asimismo, se agregó una fracción XXII bis al citado artículo para garantizar los principios de representatividad de las organizaciones sindicales, y certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo. Mediante esta disposición se asegura que el voto de los trabajadores será personal, libre y secreto para la resolución de conflictos entre sindicatos, la solicitud de celebración de un contrato colectivo de trabajo y la elección de dirigentes sindicales.
Publicación de registros y estatutos sindicales. Como un avance, se informa que al 30 de abril del presente año se han publicado en el «Sistema de Consulta de Organizaciones Sindicales» la información de las 3 422 organizaciones sindicales (sindicatos, federaciones y confederaciones) registradas de competencia federal. A la fecha, el sistema ha reportado 254 512 consultas.
Respecto a los registros del ámbito local, se destaca que las Juntas de Conciliación y Arbitraje dan cumplimiento a sus obligaciones en materia de transparencia a través de los diversos mecanismos contemplados por el artículo 124, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Dichas obligaciones recaerán en el Organismo Público Descentralizado tras la aprobación y entrada en vigor de la legislación secundaria, observando lo dispuesto por la reforma constitucional respecto a que su actuación se regirá, entre otros, por los principios de transparencia y publicidad.
Aplicación del protocolo de inspección del trabajo sobre la libre contratación colectiva. Se informa que, desde la fecha en que el protocolo inició su vigencia, hasta el mes de abril del año 2018, se han practicado 196 inspecciones derivando 528 medidas técnicas, beneficiando a 68 285 trabajadores.
Disposiciones legislativas y medidas prácticas observadas por la CEACR
El presente apartado atiende lo señalado por la CEACR en su documento de observaciones al Gobierno de México, respecto de: i) pluralismo sindical y reelección de dirigentes sindicales; ii) medidas para modificar la fracción II del artículo 372 de la Ley Federal del Trabajo; iii) información sobre la participación de extranjeros en las directivas de sindicatos.
- i) En materia de Pluralismo Sindical en las dependencias del Estado y posibilidad de Reelección de Dirigentes Sindicales, el Gobierno de México informa que, de 2013 a la fecha, se han presentado al Congreso de la Unión, cinco iniciativas de reforma en materia de pluralismo sindical; y dos más relativas a la reelección de dirigentes sindicales en organizaciones de trabajadores al servicio del Estado, sin que a la fecha hayan sido dictaminadas. No obstante, es necesario precisar que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, garantizando la autonomía sindical, ha otorgado invariablemente la toma de nota respectiva, cuando se hace de su conocimiento algún cambio de directiva.
- ii) En relación a la observación que propone modificar el artículo 372 de la Ley Federal del Trabajo, el Gobierno de México reitera, que la prohibición de que los extranjeros formen parte de la directiva de los sindicatos no se aplica en la práctica. Además, no se ha verificado ningún caso concreto en este sentido y no se conoce de queja o reclamo sobre este asunto. Al contrario, algunos estatutos sindicales reconocen expresamente la posibilidad de que los extranjeros participen en la directiva de los sindicatos.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—relconf/documents/meetingdocument/wcms_631415.pdf
La CONTUA lleva a la OIT el caso del Convenio 87 y la reforma de justicia laboral en México
Intervención de la CONTUA dentro de la Comisión de Aplicación de Normas, en el marco de la 107a. Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT. Caso individual México por convenio 87.
Ginebra, Suiza a 5 de junio de 2018.
En representación de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades (CONTUA) habló José Olvera Salinas su Coordinador General.
Es pertinente la presente réplica en virtud de las persistentes prácticas y graves disposiciones del Gobierno de México que contravienen el Convenio 87. Desde 2015 la Comisión recordó al Gobierno mexicano su compromiso para solucionar el fenómeno de los sindicatos de protección, además le pidió que incluyera en dichas discusiones a los actores sociales involucrados. Derivado de ello y por la evidente reiteración, en el año 2017 la Comisión pidió nuevamente al Gobierno mexicano realizara las consultas con los interlocutores sociales, pues existe una grave preocupación por la opacidad en las medidas implementadas para erradicar este grave fenómeno que atenta contra la libertad sindical y contratación colectiva auténticas.
Tanto es así que, hoy de nueva cuenta el Gobierno mexicano debe brindar explicaciones a esta Comisión por la omisión reiterada de realizar consultas tripartitas auténticas, institucionalizadas y permanentes en el marco del proceso de transición con motivo de la reforma constitucional en materia de justicia laboral, particularmente en la elaboración de una legislación que el sindicalismo independiente y democrático de México califica de oscura y alejada de las normas fundamentales de la OIT, pues incluso contraviene el convenio 144, entrañando tal grado de injusticia, miseria y privaciones para los trabajadores mexicanos, que propicia el empleo precario y atípico.
Tal obligación es imputable al Gobierno mexicano y, en consecuencia no podrá alegar su derecho interno para justificar su incumplimiento a las disposiciones del convenio 87, ya que tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. En el mismo sentido, no podrá alegar consulta alguna tendiente al establecimiento de un supuesto diálogo social con las organizaciones de trabajadores más representativas, pues se recuerda la habitual, persistente y reiterada práctica sindical corporativa y antidemocrática contraria a los intereses de los trabajadores, por lo que una consulta en ese sentido es virtualmente inexistente al no reflejar la realidad laboral mexicana.
Es pertinente puntualizar que las audiencias públicas debían realizarse en los meses de mayo y junio del presente año según la Gaceta Oficial del Senado de la República, pero se destaca que el Gobierno mexicano no refleja la realidad, pues en la misma no se contempla la realización de las supuestas audiencias públicas en las cuatro sedes regionales; además de que tales audiencias únicamente versarían respecto de la iniciativa presentada por el Gobierno de México el 7 de diciembre de 2017, por conducto de las centrales sindicales CTM y CROC, sin referir las tres iniciativas de ley restantes que también fueron presentadas, sin que hasta hoy se haya realizado una convocatoria oficial.
Prueba de las prácticas de simulación llevadas a cabo por el Estado mexicano, es el caso de la solicitud realizada por el Presidente Colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), quien el 4 de mayo de 2018, solicitó al Senado de la República, le indicara lugar, fecha y hora para la celebración de una audiencia pública para manifestar nuestras opiniones sobre el anteproyecto de dictamen en materia de Justicia Laboral, sin que hasta el momento haya recibido respuesta a tal petición.
La iniciativa revivirá el falso tripartismo, ya que se propone la creación del Instituto Federal de Conciliación y Registro Laborales, en donde la integración del órgano de gobierno será de doce miembros en los siguientes términos: 4 integrantes del Gobierno, 4 del Sector Obrero y 4 del Sector Patronal, reiterándose un control corporativo total, ya que el mecanismo antes dicho establece que 4 de los 12 integrantes serán de las organizaciones nacionales de trabajadores, pero únicamente de aquellas “más representativas”, es decir, hay un persistente fortalecimiento por parte del Gobierno mexicano hacia el sindicalismo proteccionista y antidemocrático, privilegiando esos sectores y excluyendo otras representaciones, lo que es contrario a los principios fundamentales de la OIT y particularmente a los contenidos en el convenio 87, pues tal persistencia enarbola un régimen contrario al bienestar de los trabajadores mexicanos, propiciando con el respaldo de la ley, prácticas violatorias a la libertad sindical, promoviendo y tolerando tácitamente la existencia de falsos sindicatos y contratación colectiva simulada.
Del mismo modo, urgimos por la inmediata ratificación del convenio 98, pues desde el año 2012 el Estado mexicano ha dilatado su ratificación, sin justificación alguna.
Por lo anterior Señor Presidente, demandamos de la OIT una intervención más enérgica de requerimiento al Gobierno Mexicano.
Gracias Presidente.
UNT lleva a la 107 Conferencia de la OIT caso de violaciones a la libertad sindical en México
Por Héctor Barba García
Ginebra, Suiza a 05 de julio de 2018
Intervención de Héctor Barba García en la Comisión de Normas de la 107 Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, respecto del Caso México de violaciones a la libertad sindical, expuesta como delegado de la Confederación Sindical Mundial y a nombre de la UNT,
Observaciones de la Confederación Sindical Internacional CSI a las memorias del Gobierno Federal Mexicano presentadas a la OIT sobre el cumplimiento al Convenio 87, presentada por conducto de Héctor Barba García, asesor jurídico de la Unión Nacional de Trabajadores, caso 22, 5 de junio de 2018.
En febrero de 2017 se publicó un decreto de reformas al artículo 123 constitucional en materia de justicia laboral, la más importante en cien años de vigencia de Constitución.
La 105 Conferencia Internacional del Trabajo de 2016 ofreció asistencia técnica y solicitó al gobierno federal que ya promulgada, entablara el diálogo social previo para preparar la legislación secundaria complementaria.
El gobierno fue omiso en promoverlo y en solicitar a la OIT la ofrecida asistencia técnica y ello dio lugar a que senadores de la CTM y de la CROC promovieran iniciativas de reformas secundarias claramente inconstitucionales porque se omite reglamentar todos y cada uno de temas de la reforma constitucional en materia de justicia laboral y en cambio se incurre en planteamientos inconstitucionales como la restitución del falso tripartismo que por más de siete décadas actuó en la juntas de conciliación y arbitraje como juez y parte, el otorgamiento de facultades jurisdiccionales a los citados organismos descentralizados administrativos que solo corresponden a los tribunales laborales de los poderes judiciales que deberán substituirlas, como conocer de la huelga que conforme a la fracción XX del artículo 123 compete exclusivamente a los tribunales laborales y otros planteamientos inconstitucionales que en conjunto implicarían la derogación del derecho social laboral mexicano.
El Estado Mexicano ha sido reiterativamente omiso y está fallando gravemente ya que la Cámara de Senadores emitió recientemente un proyecto de dictamen de decreto que pretende convalidar dicha inictiva y al convocar apenas la semana pasada, en forma subrepticia y selectiva a supuestos actores sociales para que opinen exclusivamente sobre ese dictamen, con el agravante de que omite considerar y hasta mencionar otras iniciativas promovidas por otros senadores para la debida instauración de los tribunales laborales y las adecuaciones a la Ley Federal del Trabajo con objeto de reglamentar congruentemente las reformas constitucionales en materia de justicia laboral, sustituyéndose las tripartitas juntas de conciliación y arbitraje por tribunales laborales de los poderes judiciales Federal y de la entidades federativas; instaurándose los centros de conciliación en los estados que facilitarán la conciliación prejudicial de casos individuales, así como el organismo público y descentralizado federal que se encargara de facilitar dicha conciliación prejudicial en el orden federal y del registro público de todos los sindicatos y de todos los sindicatos; estableciéndose la votación personal, libre y secreta de los trabajadores para validar la contratación colectiva, elegir las directivas sindicales y elegir al sindicato en los juicios de titularidad contractual, así como de condicionar que en los emplazamientos de huelga el sindicato emplazante acredite que representa a los trabajadores, para impedir las huelgas de chantaje a los empleadores e impedir también que se firmen los conocidos contratos colectivos de trabajo de protección patronal, a espaldas de los trabajadores concernidos.
Por todo ello es imperativo que se reponga el viciado proceso legislativo de las reformas secundarias en que está incurriendo el Estado Mexicano, como imperativo en México de justicia y paz sociales.