Laura Gómez Flores
lunes 19 de enero de 2018
Ciudad de México. La reglamentación de la reforma laboral representa grandes riesgos al no considerar los recursos para operar, plantear la terciarización de los servicios para hacer informal el trabajo formal y considerar menores indemnizaciones para los empleados cuando sean despedidos, afirmó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Nashieli Ramírez.
La iniciativa, que se discute en el Senado de la República y que entraría en vigor el 24 de febrero, es un “monstruo, pues tiene características de incongruencia, irresponsabilidad, ilegalidad, falta de conocimiento, no considera la división de poderes y coloca a los trabajadores en una situación que mucho se parece a la esclavitud”, afirmó Alfonzo Bouzas.
El coordinador del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral señaló que se creará un instituto que será un pre-juicio que llevará a los trabajadores a poner en la mesa todos sus argumentos de defensa y a aceptar la negociación que la política de Estado determine, y colocarlos a como estaban atrás de 1917, en materia laboral.
Se trata de una iniciativa que atenta contra la paz social, al desestimular las demandas de los trabajadores, poniéndoles todos los obstáculos posibles para que puedan reclamar a un patrón, ahondando las desigualdades sociales, advirtió a su vez Enrique Larios, presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la UNAM.
Las nuevas instituciones contempladas en la iniciativa, explicó, tienen un objetivo: encapsular los contratos colectivos de protección patronal en un centro denominado de conciliación y de registro de contratos colectivos y todo lo que concierne al mundo sindical, para conservar los privilegios del sector sindical y patronal “charros”.
Así como cerrar el acceso a la justicia evitando que algún asunto laboral llegue a tribunales, con lo cual se hará más tediosa y larga, a fin de “asfixiar a una de las clases de la sociedad, la trabajadora y si eso pasa en el Congreso de la Unión, deben saber perfectamente que el PRI lo ha enviado directamente, y perderá votos; así como los partidos que la apoyen”, dijo.
En el foro de análisis del proyecto de Reglamentación a la Reforma Constitucional Laboral de 2017, la presidenta de la CDHDF explicó que el primer riesgo que enfrenta la iniciativa es que no cuenta con presupuesto, está endeble para operar y, el segundo, la terciarización de los servicios como una norma, la parte del outsourcing.
Con ello, los patrones quedan sin las responsabilidades que tienen, pues los trabajadores no tienen seguridad social, ni los mismos derechos de quienes están en las instituciones y con una dirección laboral directa, a lo cual se suma el tema de las indemnizaciones con una unidad de medida diferente al salario, que va en contra del empleado, indicó.
Hasta el momento, comentó, los trabajadores de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje no han venido a presentar una queja en contra de la iniciativa, porque todavía no opera, pero si se aprueba de esa manera, seguramente vamos a tener varias, porque no hay presupuesto ni recursos para operarla.
Su aprobación corresponde al Congreso de la Unión, no existe otro camino al cual acudir para impedir que pase, por lo cual pedimos una prórroga y un debate abierto, antes del 25 de febrero, cuando tendría que publicar esta reglamentación, propuso la ombudspersona, petición a la cual se sumó la academia y el Observatorio Ciudadano.
Enrique Larios planteó que el nuevo presidente del país decida sobre la reforma, pues “nos despierta graves sospechas de que hay algo encerrado ahí y no huele muy bien”, a fin de abrir una discusión ordenada y democrática para toda la República; y evitar que por “la vía de facto”, las organizaciones se hagan escuchar, rompiendo el orden y la paz social.
Bouzas Ortiz también se sumó a esa petición de prórroga, para “ser prudentes por el bien de la sociedad y de un estado de derecho, pues no es una exageración decir que las nuevas condiciones en que se coloca al trabajo, se parecen mucho a las de la esclavitud”.
Autor: ReformaLaboralMX
San Luis Potosí: Por saturación justicia laboral es lenta: STPS
Daniela Aranda Martes 20 de febrero de 2018
“Hoy en día tenemos una justicia laboral que es muy lenta en donde hay una saturación de asuntos en las juntas locales, es decir que se promueve mucho el litigio, lo ven como un fondo de ahorro y no es eso”.
Reconoció lo anterior el delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Edgar Durón Puente, quien aseveró que con las nuevas modificaciones a la Reforma Laboral se verán resultados positivos para San Luis Potosí en cuanto a la solución de asuntos de trabajo. Indicó que en la actualidad, en promedio se tardan de tres a tres años y medio en resolver los asuntos laborales pues se tienen que abarcar todas las instancias involucradas, y en cuanto a la conciliación comentó que ésta no es obligatoria.
Ante esto señaló que uno de las modificaciones que más destacan con esta Reforma Laboral es que los periodos de los juicios serán más cortos, pues la conciliación que se lleve será de carácter obligatorio; también que habrá procedimientos especiales para los temas de seguridad, es decir todo lo que esté relacionado con accidentes de trabajo, enfermedades, declaraciones de beneficiarios en caso de fallecimiento de un trabajador, etc., todo con la finalidad de darles una respuesta pronta para cada situación.
“Son buenos los beneficios porque así le damos certeza al trabajador y le aminoramos los tiempos de solución, pues como se sabe es un derecho social; y ya que el trabajador vive al día entre más pronto se le resuelva mayor certidumbre le daremos”, añadió.
Numeralia:
-La delegación de la STPS atiende más de mil problemas laborales al año.
-80 por ciento de las quejas son dirigidas al Seguro Social.
-De tres a tres años y medio tarda en resolverse un asunto laboral.
Durón Puente manifestó que la idea es que con la nueva Reforma los asuntos laborales se resuelvan en un promedio de seis meses, el objetivo es que estos procesos no se tarden más de un año en lograr una solución completa y eficaz.
“El espíritu de la reforma es respetar los derechos laborales pero cuando haya conflicto hay que resolverlo de manera pronta, y en caso de que haya controversia irse a un juicio o sumario que se llevará a cabo ante los tribunales de justicia y que puedan ser castigados algunos temas de resignación de contrato o alguna corresponsabilidad patronal”, explicó.
Así mismo, informó que anualmente la delegación atiende más de mil asuntos de trabajo, de los cuales el 80 por ciento de las demandas son dirigidas al Seguro Social, seguido del ISSSTE y un 12 por ciento corresponde a conflictos labores reales, esto significa que hay más problemas relacionados con el tema de la salud, como son los dictámenes médicos, incapacidad laboral, evaluaciones, etc.
Finalmente, recordó que la iniciativa de la Reforma Laboral sigue en discusión en el Senado de la República y que no se suspende, así como también sigue en pie la iniciativa de la creación del organismo autónomo que es el Órgano de Conciliación y Registro Sindical, y se tiene proyectado que esto se discuta a más tardar para el mes de marzo.
https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/por-saturacion-justicia-laboral-es-lenta-stps
Guanajuato: Cerca, nuevo sistema de justicia laboral en la entidad
Saraí Vargas Prieto Lunes 19 de febrero de 2018
Avanza Guanajuato en el tema del nuevo sistema de justicia laboral, en coordinación con el Poder Judicial se viene trabajando para que la transición sea lo más “tersa” posible.
Lo anterior informó el secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, quien en entrevista mencionó que conforme a los artículos transitorios de la reforma laboral, este mismo año el Poder Judicial tiene que hacerse cargo del nuevo sistema.
El tema de justicia laboral viene de una reforma constitucional y hay que armonizarla en Guanajuato, por lo que se ha venido trabajando con el Poder Judicial.
Existe una discusión a nivel federal sobre la etapa en la que los juicios pasarán a un juzgado laboral y se quedarán en las Juntas de Conciliación y Arbitraje (Julca).
La discusión que aún no está resuelta es si los expedientes que ya están en las Julcas se quedan para terminarlos ahí o pasan a los tribunales y jueces laborales a través de una unidad conciliatoria que primero se tiene que conformar.
Rodríguez Junquera dijo que están previendo que en el proceso de transición las Juntas de Conciliación terminen sus expedientes para dar paso a los juzgados laborales a partir de noviembre, pasando por la unidad de conciliación.
Otro de los temas que no han sido definidos es el del personal, aún no se sabe si serán despedidos, reubicados o integrados al nuevo sistema.
“Estamos viendo esas cuestiones” porque hay varios trabajadores que podrían “bien” pasar al Poder Judicial y otros tantos pasar a la unidad conciliatoria que será el primer paso antes de que los juzgados laborales conozcan un conflicto entre trabajador y patrón.
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/cerca-nuevo-sistema-de-justicia-laboral-en-la-entidad
Sonora: Enfrenta desafíos nuevo Sistema de Justicia Laboral
Por: Eduardo López | 19/02/2018 6:55
HERMOSILLO, Sonora(GH)
La aplicación en Sonora del Nuevo Sistema de Justicia Laboral enfrenta varios desafíos que de no superarlos podrían dificultar su operación a partir de noviembre de 2018, destacaron los actores involucrados en su implementación y expertos laborales.
Hasta ahora el único avance, coincidieron, es la armonización de la Constitución Política del Estado de Sonora a la Carta Magna Federal, con lo que está en facultad de que se le realicen modificaciones para aplicar nuevos reglamentos en materia de justicia laboral.
Pero prevén que en la discusión de la ley secundaria, que es la Ley Federal del Trabajo, donde se dictará la forma en que se desarrollarán los procedimientos para impartir justicia, es donde podría empantanarse el proceso por ser un año electoral.
El Nuevo Sistema de Justicia Laboral forma parte de las reformas estructurales planteadas por el Gobierno que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, con lo que las demandas de patrones y trabajadores ahora serán del orden judicial y no administrativo, como ocurre hasta ahora.
Esta nueva modalidad de impartir justicia busca poner a la conciliación antes que las demandas judiciales, por lo que un sistema parecido a la mediación será obligatorio, antes de que un juez de lo laboral conozca de los casos.
Alejandro Barrientos Garza, abogado especialista en materia laboral, resumió en cuatro puntos principales la reforma laboral: El primero es la sustitución de las juntas de Conciliación y Arbitraje por jueces o tribunales laborales.
Un segundo punto es la creación de centros de conciliación y arbitraje, que es la parte que será administrativa, y la instauración de un proceso conciliatorio obligatorio; así como un centro de registros colectivos de trabajo, que ahora dependerá del Gobierno federal.
Como cuarto punto figura que, la empresa que requiera conformar un sindicato, deberá contar con la aprobación del 30% de los empleados y no sólo la firma del líder sindical, como pasa actualmente.
«Jurídicamente esto está interesante porque tiene una cuestión política de trasfondo porque ya le estás quitando como Federación a los estados la facultad de registrar o hacer sindicatos, una vez que nazca la reforma, sólo va a poder autorizar sindicatos la Federación», expresó.
CONCILIACIÓN OBLIGATORIA
La conciliación es uno de los puntos más importantes de esta reforma, consideró Barrientos Garza, ya que supondrá que quienes actúen como conciliadores entre patrones y trabajadores sean personas capacitadas, con capacidad de negociación.
«La conciliación va a ser obligatoria, porque ahorita si alguien no quiere negociar pues no concilia, si un trabajador llega y dice que no quiere conciliar, que se quiere ir a juicio, hasta que tope y si no lo convencen pues se sigue (la demanda), no hay obligación de conciliar», explicó.
Actualmente un trabajador tiene a su favor la figura de un procurador que defiende sus derechos, apuntó, que es un defensor de oficio que lleva el asunto de manera administrativa, mientras que con el nuevo sistema ambas partes, luego del proceso de conciliación, estarán ante un juez que resolverá el caso.
El especialista consideró que la reforma es positiva porque resolverá vicios que tiene la forma actual de procurar justicia para los trabajadores y patrones.
«Es muy conveniente. En mi opinión uno de los grandes males en el derecho del trabajo es el coyotaje, hay muchas demandas de gente que no quería demandar, de gente que nadie conoce, demandas que entran porque no hay un impedimento que impida que entren.
«Gente que tiene dos o tres demandas al mismo tiempo, caminando al mismo tiempo contra dos o tres empresas distintas. Con poner una instancia previa a conciliar esos vicios se tienen que acabar», expresó el litigante.
CARGA CERO
Para el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Francisco Gutiérrez Rodríguez, uno de los puntos en los que han insistido desde el Poder Judicial es en comenzar con carga cero en cuanto a la justicia laboral, es decir, no llevarse ni un solo caso de los que actualmente estén en proceso en las juntas de conciliación.
Agregó que también, el Poder Judicial debería crecer en instalaciones y personal para dar una buena atención en la procuración de justicia laboral, para no caer en el problema que actualmente tienen las juntas, que es el rezago.
«No quiero meterme en asuntos del secretario del Trabajo, pero creo que hay más de 30 mil asuntos en Sonora, y de esos, más de 15 mil están en Hermosillo», apuntó, «imagínense, un juzgado laboral no debe recibir más de 660 asuntos al año para solventarlos en tiempo razonable».
Enfatizó que otro problema es la falta de personal para integrar el nuevo sistema, ya que por las medidas de austeridad aplicadas en el Gobierno del Estado, no será posible la ocupación de nuevas plazas, por lo que a medida que se cierren los juzgados penales, incorporarán a ese personal a los juzgados laborales.
Si bien es honroso que se haya pensado en el Poder Judicial para impartir la justicia laboral, apuntó Gutiérrez Rodríguez, había otras soluciones para superar los problemas que actualmente se presentan en las juntas de conciliación.
«No quiero que se malinterprete y quiero subrayarlo, el problema no ha sido quién está al frente, sino el mismo sistema de justicia laboral, que yo creo que sí es necesario comenzar de cero y no irlo parchando, ir parchando no es deseable», refirió.
El Poder Judicial lo que garantiza con este cambio es que habrá suelo parejo, añadió, porque los jueces tienen que resolver en base a la ley y no en base a simpatías.
«Aquí hay un andamiaje de normas, hay un andamiaje jurídico, el juez no puede decir: Creo que tiene la razón porque así lo siento, no, tiene que haber pruebas, tiene que resolver en base a la ley y no con base en quién le simpatiza más o algo así», sostuvo.
SERÍA UNA SOLUCIÓN
Jorge Emilio Claussen Marín, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Sonora, consideró que, de funcionar, la mediación obligatoria podría solucionar gran parte de los problemas entre patrones y trabajadores.
Detalló que la pretensión es pasar cargas procesales que ahorita le corresponden a la autoridad administrativa a la autoridad judicial, con la idea de que los procesos caminen y se resuelvan con prontitud.
El funcionario expresó su desacuerdo con los cambios en la justicia laboral por considerar que no eran necesarios.
«Yo sostengo que no era necesario, yo creo que otorgándole más recursos materiales, humanos y financieros a las juntas de Conciliación, y dándoles más autonomía», puntualizó, «pudimos haber resuelto a nivel nacional el problema a la par de un cambio en la Ley Federal del Trabajo».
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Sonora/19022018/1309898-Enfrenta-desafios-nuevo-Sistema-de-Justicia-Laboral.html
Sonora: Están rezagados más de 35 mil casos en espera de justicia laboral
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Por: Eduardo López | 19/02/2018 6:27
HERMOSILLO, Sonora(GH)
Un rezago estimado entre 35 mil y 38 mil procesos laborales no concluidos que obran en las juntas de Conciliación y Arbitraje de Sonora, avizoran difícil el cierre de estos centros de justicia laboral en cuatro años, coincidieron expertos.
Además señalaron que la falta de presupuesto estatal y federal para arrancar con el Nuevo Sistema de Justicia Laboral en noviembre de 2018, podría dificultar la operación de dos sistemas de justicia laboral paralelos.
A estas complicaciones, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Francisco Rodríguez Gutiérrez, sumó uno más: El año electoral y los cambios la Presidencia de la República, alcaldías y legislaturas.
El nuevo sistema de procuración de justicia laboral para patrones y trabajadores en México, es parte de la reforma laboral emprendida por el presidente Enrique Peña Nieto, con el que este tipo de justicia pasa de ser un acto administrativo a uno judicial.
Jorge Emilio Claussen Marín, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en la entidad, expuso que es incierto decir que cuatro años serán suficientes para concluir con la cantidad de trámites actuales en proceso.
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Sonora/19022018/1309878-Estan-rezagados-mas-de-35-mil-casos-en-espera-de-justicia-laboral.html
San Luis Potosí: Postergarían Reforma Laboral
Mayra Tristán Lunes 19 de febrero de 2018
Se atrasará la entrada en vigor de la reforma laboral
Sería hasta noviembre cuando entre en vigor la reforma laboral que marca la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje y el surgimiento de los juzgados laborales, indicó Juan Paulo Almazán Cué, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).
A pesar de que la reforma promulgada en febrero de 2017 marcaba como fecha el 24 de febrero de 2018 para su entrada en vigor, el presidente del Poder Judicial en el estado señaló que “es un hecho que se va a aplazar, se habla de noviembre donde posiblemente entre en vigor este tema de justicia laboral”.
Y es que para la desaparición de las juntas de conciliación y el surgimiento de los juzgados laborales, hacen falta las leyes secundarias en las que se espera, se plasmen los detalles sobre la transición entre estos dos órganos.
“Lo que ha hecho el Poder Judicial es recabar todos los datos de los asuntos que se tienen en trámite en la Junta Local de Conciliación” Juan Paulo Almazán Cué, Presidente del STJE
En ese sentido, Almazán Cué señaló que por el momento continúa la misma incertidumbre respecto a lo que va a suceder en este tema.
Manifestó que por lo pronto, “lo que ha hecho el Poder Judicial es recabar todos los datos de los asuntos que se tienen en trámite en la Junta Local de Conciliación”, y con ello se van a recabar estadísticas que ayuden a perfilar lo que será necesario para que el STJE asuma los asuntos laborales que se generen en el estado.
“Estamos recabando estadísticas que en su momento nos va a generar tener los datos más concretos para poder establecer cuántos órganos de justicia laboral tendrán que surgir”, señaló.
De acuerdo a la reforma, con la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje surgirá un centro de conciliación en donde se atenderán los asuntos laborales en primera instancia, y en caso de que no haya un acuerdo en ellos, pasarán a manos del Poder Judicial.
Con este cambio se busca agilizar la justicia laboral, ya que de acuerdo a estimaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los asuntos tardan un promedio de tres años en resolverse.
https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/postergarian-reforma-laboral
La propuesta de incorporar la Unidad de Medida y Actualización en la Normativa Laboral, constituye un riesgo al derecho laboral
Boletín 19/2018
9 de febrero de 2018
Preocupa a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) que en la Reglamentación de la Reforma Constitucional en materia laboral se contemplen disposiciones que representan una afectación a las indemnizaciones de las y los trabajadores, de sus familiares y/o de las personas beneficiarias; cuando se encuentren en condiciones de vulnerabilidad.
Cabe destacar que la iniciativa pretende implementar la Unidad de Medida y Actualización (UMA) sustituyendo con esto el salario como base para su cálculo, no obstante estar fijado en un monto inferior.
Este Organismo hace un llamado al Senado de la República para que se discutan dichas propuestas que conllevan un retroceso a lo que en la actualidad dispone la Ley Federal del Trabajo (LFT) respecto a la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo (Artículo 427 LFT), terminación colectiva de las relaciones de trabajo (Artículos 434 y 436 LFT), en los casos de reajuste de personal por la implantación de maquinaria o de procedimientos de trabajo nuevos (Artículo 439), y por riesgos de trabajo, incapacidad permanente total, y muerte (Artículos 485, 495 y 500 LFT).
Por lo anterior, resulta imprescindible realizar una discusión y análisis a fondo, tomando en consideración la obligación del Estado para legislar con un enfoque garantista que proteja el derecho de las y los trabajadores a percibir un salario justo y adecuado como indemnización en los casos antes señalados, a fin de satisfacer sus necesidades; de lo contrario, la aprobación en los actuales términos de dicha iniciativa se traduce en una violación a derechos humanos al restringir u obstaculizar el derecho al trabajo decente.
http://cdhdf.org.mx/2018/02/la-propuesta-de-incorporar-la-unidad-de-medida-y-actualizacion-en-la-normativa-laboral-constituye-un-riesgo-al-derecho-laboral/
CDHDF: No al Outsourcing en la reglamentación de la Reforma Constitucional en materia laboral
Boletín 18/2018
7 de febrero de 2018
En unos días, el Senado de la República estará discutiendo la Reglamentación de la Reforma Constitucional respecto de los Artículos 107 y 123 en materia de justicia laboral. Dicha Reforma tiene como puntos principales la transferencia al Poder Judicial de la impartición de justicia en la materia -sustituyendo a las Juntas de Conciliación y Arbitraje-, el fortalecimiento de la conciliación a través de los denominados centros de conciliación (teniendo en el ámbito federal el organismo descentralizado la responsabilidad del registro de los contratos colectivos y de las organizaciones sindicales), así como garantizar el voto personal, libre y secreto de las y los trabajadores para la elección de sus dirigentes y la resolución de conflictos inter sindicales.
En la iniciativa presentada se contemplan, entre otros temas, la liberalización del outsourcing que es una forma de contratación que tiene como resultado la precarización de las condiciones laborales de las y los trabajadores al trasladar la responsabilidad de los patrones que reciben sus servicios a un tercero, que por lo general no garantizan el cumplimiento de las obligaciones derivadas de dicha relación.
Por tal motivo es necesario que no se norme esta forma de relación triangular de trabajo, para preservar el carácter tutelar de la normativa laboral en nuestro país y evitar los abusos que se presentan con este mecanismo de contratación.
Esta figura contractual no debe permanecer en la Ley Federal del Trabajo para reestablecer los principios fundamentales contemplados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de la materia, que plantean como uno de los derechos humanos laborales fundamentales la estabilidad en el empleo como parte del trabajo decente, que es el concepto que ha venido a englobar el conjunto de condiciones que permiten, a quienes viven de la venta de su fuerza de trabajo, una vida digna.
El Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, que está integrado por representantes de organizaciones de las y los trabajadores y estudiosos de la materia, ha señalado que la iniciativa conforme a su contenido plantea un nuevo modelo laboral que puede constituir, de ser aprobado en sus términos, una regresión de derechos al facilitar el despido, reducir indemnizaciones, obstaculizar la libertad sindical y negociación colectiva, restringir el derecho de huelga, poner en riesgo la autonomía del Instituto Federal de Conciliación y Registro y suprimir avances en transparencia sindical.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) continúa dando seguimiento al proceso legislativo y hace un llamado para que sean escuchadas las voces de las organizaciones representativas de los sectores obrero y patronal, las y los especialistas en la materia, academia e investigadores a fin de atender sus planteamientos y reconducir la propuesta hacia el respeto y garantía de los derechos humanos laborales y que ésta se ajuste a su propósito que es el mantenimiento del Estado de Derecho.
http://cdhdf.org.mx/2018/02/no-al-outsourcing-en-la-reglamentacion-de-la-reforma-constitucional-en-materia-laboral/
Cómo fastidiar a México hasta el final
POR JESÚS CANTÚ , 18 FEBRERO, 2018ANÁLISIS
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CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En un esfuerzo final para que las grandes empresas tengan todavía más oportunidades de seguirse beneficiando de los recursos naturales del subsuelo y de los bajísimos salarios de los trabajadores mexicanos, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto impulsa la aprobación fast track de la Ley General de Aguas y una nueva legislación en materia laboral.
La primera pretende privatizar el manejo y comercialización del agua, y la segunda, condenar a la mayoría de los trabajadores a la precariedad. Tal como sucedió con la Ley de Seguridad Interior, al Ejecutivo lo único que le interesa es que se aprueben sus proyectos de
La Ley General de Aguas (Proceso 2153) contempla el otorgamiento de concesiones a perpetuidad y, aunque pone un límite máximo de 30 años, permite las renovaciones ilimitadas. Además, autoriza la transmisión de las mismas, aunque el cambio de titular implique también el cambio de uso del líquido, por ejemplo, de uso para fines agrícolas a industriales.
También contempla, de acuerdo con un análisis desarrollado por la Coordinadora Nacional de Agua para Todos, que las tarifas del agua se determinen tomando en cuenta los costos, la inflación y la utilidad que debe lograr el operador.
Los expertos entrevistados en el reportaje de Jesusa Cervantes también hacen hincapié en que el proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo, a través de Ignacio Pichardo Lechuga, impulsaría el uso de fracking para la producción de gas y aceite, dado que dicho proceso requiere de gran cantidad de agua; así, la propuesta de nueva legislación es el complemento ideal para la reforma energética.
Mientras tanto, en lo referente a la propuesta de legislación laboral (Proceso 2153) ésta trasgrede los principios constitucionales promulgados en la reforma de febrero del año pasado, pues en lugar de crear Centros de Conciliación en los estados, y el organismo descentralizado con plena autonomía, prácticamente revive el formato de las Juntas de Conciliación al recrear instancias tripartitas: trabajadores, empresarios y gobierno. Lo que da al traste con una de las principales intenciones de la reforma.
También revierte el voto libre y secreto como requisito previo para cualquier negociación colectiva, al reservarlo únicamente para los casos en los que se emplace a huelga, con lo cual abre la puerta para los llamados contratos de protección.
Mención aparte merece la liberalización del llamado outsourcing, que es una de las vías más socorridas para evadir responsabilidades laborales y precarizar el trabajo en México, al eliminar las restricciones de la actual legislación que limita el mismo a actividades accesorias, como limpieza y vigilancia, e impide que se otorguen a terceros la realización de las tareas centrales del negocio. Aunque el nuevo titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa, ya se manifestó contrario a esta propuesta, es un hecho que el proyecto que se discute en la Cámara de Diputados sí lo contempla.
Como bien señala Arturo Alcalde en un artículo publicado en La Jornada el sábado 3 de febrero, el proyecto de ley da al traste con los dos principales objetivos de la reforma constitucional: recuperar la vigencia del estado de derecho y dejar en manos de tribunales adscritos al Poder Judicial la impartición de justicia en materia laboral; y “recuperar el papel de la negociación colectiva como medio de concertación productiva y así suprimir los contratos colectivos de protección patronal celebrados a espaldas de los trabajadores”.
Estas dos iniciativas de ley, aunque nunca se contemplaron en el llamado Pacto por México, forman parte del paquete de reformas estructurales que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha impulsado incluso desde antes de llegar al poder, como fue el caso de la reforma laboral aprobada todavía durante el gobierno de Felipe Calderón, pero ya consensuada con el entonces presidente electo.
Todas las reformas (con la única excepción de la llamada reforma fiscal, aunque en realidad fue un aumento de impuestos indispensable para que las finanzas públicas federales no empeoraran) establecen condiciones muy favorables para que los grandes empresarios (en muchos casos de la mano de exsecretarios de Estado, ya muy bien señalados) exploten los recursos naturales y humanos del país.
Algunas de las primeras consecuencias negativas de la reforma energética ya están presentes con el encarecimiento de los combustibles y la debacle de las refinerías mexicanas; pero donde éstas son todavía más alarmantes es en el ámbito de la reforma laboral, pues entre 2013 –el inicio del sexenio y cuando apenas entraba en vigor la reforma laboral– y 2016 el número de personas empleadas que ganan más de cinco salarios mínimos se redujo en 700 mil; y, en contrapartida, el de personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos se incrementó en 3 millones 200 mil. Y, por si esto fuera poco, también hay cerca de 7 millones 200 mil personas que laboran menos de 35 horas por razones ajenas a su voluntad o reciben menos de un salario mínimo.
Para dar una idea de esta precariedad del empleo en México, en una encuesta levantada en Nuevo León entre septiembre y noviembre del año pasado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, para el proyecto Cómo Vamos, Nuevo León, muestra que 51.1% de los encuestados manifestó percepciones menores a 9 mil 900 pesos mensuales, en ese entonces equivalente a cuatro salarios mínimos y, únicamente 1.6%, más de 24 mil 800 pesos mensuales, es decir más de 10 salarios mínimos.
En resumen, como resultado de la reforma laboral se ha incrementado el número de empleos, pero de muy mala calidad y, en contrapartida, se ha reducido el número de empleos bien pagados.
Es muy evidente que, hasta el momento, las reformas estructurales han beneficiado a muy pocos y perjudicado a la mayoría de los mexicanos; lo cual es claramente percibido por la población, pues en la última encuesta de Latinobarómetro 2017, 90% de la población consideraba que “el país está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio”.
Y, no conforme con esto, Peña está empeñado en concluir su compromiso (con esos grupos poderosos que lo llevaron a la Presidencia) de reformas estructurales, sin importar los resultados que produzcan para el país. Parece que, aunque lo niegue, hasta el último día de su mandato se despertará pensando “en cómo joder a México”.
Este análisis se publicó el 11 de febrero de 2018 en la edición 2154 de la revista Proceso.
http://www.proceso.com.mx/522878/como-fastidiar-mexico-hasta-el-final
Edo. de México: Atienden Edomex y CDMX el 60% de los asuntos laborales del país
El Poder Judicial requerirá más presupuesto para la justicia laboral: Medina Peñaloza
Medina Peñaloza dijo se avanza en la planeación y en otras áreas.
Adriana García
Toluca, México.- La entidad y la Ciudad de México atienden cerca del 60% de los asuntos laborales del país, por lo que la transición de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje requieren de un presupuesto específico para atender la demanda, señaló el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), Sergio Javier Medina Peñaloza.
Al tener como plazo noviembre del presente año para que dichos organismos laborales pasen del Poder Ejecutivo al Judicial, Medina Peñaloza reconoció que se requerirá de mayor personal para dar cauce a los asuntos y dijo que en una primera etapa podrían ser 20 jueces especializados en el tema.
El titular del TSJEM consideró que además se necesitarán más recursos económicos para destinarlos en varios rubros, es el caso de sueldos, prestaciones, condiciones laborales para los jueces y demás personal, así como para infraestructura y salas de juicios.
El también titular a nivel nacional de dichos Tribunales precisó que actualmente el Poder Judicial mexiquense labora con un presupuesto en donde no se contempló el rubro para la justicia laboral.
No obstante, agregó, confían será una cuestión a nivel nacional la que determine un monto específico para que todos los poderes judiciales del país manejemos el tema.
“El estado de México tiene una carga muy fuerte con solo la Ciudad de México y la entidad cumplimos casi el 60 por ciento, de asunto laborales de todo el país hay estados no requerirán gran presupuesto de corte laboral”.
Destacó que en la zona centro de la República es en donde existe una gran cantidad de industrias y unidades económicas, lo cual representa un fuerte peso en materia laboral.
Reiteró que la justicia en general requiere de una estructura sólida para atender a la ciudadanía como se merece, de inicio se necesitarían 20 jueces especializados.
Explicó que el Tribunal sostiene contacto directo con la Secretaria del Trabajo mexiquense que es la instancia a la cual dependen dichas Juntas para coordinar el proceso de migración de un poder a otro.
A la fecha, dijo se efectúan varias acciones, y en breve comenzará el proceso de capacitación de personal a fin contar con los mejores perfiles pues por disposición legal en noviembre próximo es el plazo límite para operar la justicia laboral por parte del poder Judicial.
Es de mencionar que la entidad cuenta con Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje en el Valle de Toluca y Valle Cuautitlán-Texcoco.