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Autor: ReformaLaboralMX

Justicia Laboral

Senadores perfilan acabar con juntas de Conciliación

 

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, se reunió ayer en el Senado con la bancada del PAN, e informó que el sector privado está de acuerdo con gran parte de la iniciativa laboral que se discute. (ALEJANDRO ACOSTA. EL UNIV)
Se reúnen con Consejo Coordinador Empresarial; avanzan en revisión de iniciativa de reformas
Senadores del sector obrero del PRI y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) avanzan en la revisión de la iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo en materia de justicia laboral, con el propósito de que sea aprobada en el actual periodo ordinario de sesiones, confirmó el senador Isaías González Cuevas, líder de la CROC, e impulsor del proyecto que reglamenta terminar con las juntas de Conciliación y Arbitraje, como lo ordena la Constitución.
El dirigente sindical remarcó que el tema de las reglas para el trabajo llamado outsourcing, como se designa a la subcontratación de partes en el proceso productivo, se había propuesto en general y se modifica para que se aplique en algunas industrias y en áreas del sector terciario.
Tras la revisión que se lleva a cabo con el CCE, cuyo presidente, Juan Pablo Castañón, se reunió ayer en el Senado con la bancada del PAN, informó que su sector está de acuerdo con gran parte del proyecto de los priístas.
Abogados patronales revisan el proyecto junto con representantes de los sindicatos, a hn de estar de acuerdo en la iniciativa, dijo González Cuevas, lo cual reprobó el senador Luis Humberto Fernández Fuentes (PT) en entrevista, y reclamó que se informe de lo que son actos de cabildeo sin transparencia.
“Estamos frente a una atrocidad, pues la parte patronal no vino a negociar, sino a dar instrucciones”, aseguró Fernández Fuentes.
La panista Adriana Dávila lamentó que se incurriera en una falta de respeto a los integrantes de la Comisión de Trabajo, dictaminadora de la propuesta, al no informarle de la revisión del tema con el sector privado.
Tereso Medina, senador de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), junto con González Cuevas, presentaron una iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo en materia de justicia laboral, que instrumenta la aplicación de la reforma constitucional de febrero de 2017.
En ese sentido, la iniciativa presentada por los senadores y líderes sindicales plantea la creación de un instituto federal de conciliación y registro laboral, que será un organismo público descentralizado, que dispondrá de autonomía técnica, operativa, presupuestal y de gestión.
El senador Ernesto Ruffo dijo que en la reunión con los panistas, Castañón explicó que se llegó a acuerdos con los senadores priístas que impulsan el proyecto. El sector privado, en general, está de acuerdo.
Uno de los temas que se incluyeron en la iniciativa que firmaron Tereso Medina e Isaías González se regere al trabajo outsourcing, y al respecto Ruffo Appel indicó que éste no se abordó específicamente.
Castañón, al referirse al outsourcing en lo general, señaló que había “algunos detalles” que considera se deben de incorporar.
González Cuevas afirmó que le pidió a Medina que en el tema outsourcing “todo quedara como está en la ley vigente, para que esta modalidad no sea general”, y refirió que se ocupa en la industria automotriz, con las autopartes, y en empresas terciarias.
Lo esencial en la iniciativa es terminar con las juntas de Conciliación y Arbitraje, y al efecto se han reunido representantes del CCE, senadores y autoridades laborales, y la conclusión es sacar la reforma sólo para terminar con las juntas de Conciliación y Arbitraje, y que la justicia pase al Poder Judicial. El plazo establecido concluye el próximo 28 de febrero.

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/senadores-perfilan-acabar-con-juntas-de-conciliacion

 

Justicia Laboral

Sonora: Aprueban comisiones proyectos y renuncias

Redacción
Nuevo Día/Hermosillo, Sonora
Los diputados de la Comisión de Gobernación y Puntos Constituciona-les y de Asuntos del Trabajo, en forma unida, aprobaron el proyecto de dictamen de la iniciativa de Decreto que reforma la Constitución Política del Estado de Sonora en materia de justicia laboral, presentada por la titular del Poder Ejecutivo.
Los diputados de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobaron cuatro proyectos de dictamen de iniciativas de Decreto de reforma al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, y de Decreto de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia Política-Electoral, y las renuncias de regidores de los municipios de Nácori Chico y Banámichi.
La Diputada Lisette López Godínez, Presidenta de referida Comisión, sometió a consideración la iniciativa, que señaló tiene como objetivo adecuar el marco jurídico local de conformidad al decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones constitucionales publicada en el Diario Oficial de la Federación en materia de justicia laboral, el día 24 de febrero de 2017; para ello, propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora.
Detalló que a través de la reforma se faculta al Congreso del Estado para expedir leyes y reglamentos que faciliten la recta aplicación de la Ley Federal del Trabajo, así como para regular la creación del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora, con el que el Poder Ejecutivo podrá prestar el servicio de conciliación en esa materia.
Faculta, dijo, al titular del Ejecutivo para nombrar y remover al titular del referido Centro de Conciliación; otorga al Poder Judicial del Estado de Sonora la facultad de dirimir las controversias o los conflictos entre trabajadores y patrones; y precisa que los trabajadores y patrones, antes de acudir al Poder Judicial del Estado para la solución de un conflicto laboral entre los mismos, deben agotar primeramente la etapa conciliatoria.
Una vez aprobado el primer asunto del orden del día, los diputados de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales continuaron la reunión y la diputada López Godínez sometió a consideración el proyecto de dictamen de iniciativa de Decreto que reforma del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, presentada por la Gobernadora, misma que permite eficientar y agilizar la impartición de justicia por parte de los juzgados del Estado, específicamente los juzgados familiares.
Posteriormente, la Diputada López Godínez puso a consideración el proyecto de dictamen del escrito del Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el cual contiene Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo décimo sexto transitorio del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia Política-Electoral”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.
La aprobación de la minuta constituye una acción legislativa, dijo la Diputada López Godínez, que viene a consolidar la autonomía que tendrá la Fiscalía General de la República en el desempeño de sus funciones y, por otra parte, garantiza a los mexicanos que la designación del nuevo fiscal sea una persona que cuente con el perfil profesional necesario para realizar su labor constitucional de procurar la justicia.
Asimismo, la reforma al artículo transitorio que es materia de la reforma constitucional, garantiza que prevalezca la autonomía constitucional que tendrá dicha fiscalía frente a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado.
En este tema, la Diputada López Godínez, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional celebró que se dieran los consensos para eliminar el pase automático del Fiscal General de la República y con ello evitar la desacreditación del naciente órgano.
Precisó que fueron organizaciones de la sociedad civil quienes impulsaron en mayor medida esta propuesta y que celebra que el Congreso del Estado de Sonora se sumara a través de la ratificación.
De acuerdo al orden del día, la diputada puso a consideración el escrito del Ayuntamiento de Nácori Chico, mediante el cual informa a este Poder Legislativo la renuncia con carácter de irrevocable del Regidor Propietario Andrés Martínez Gracia, razón por la cual hace del conocimiento del Ciudadano Antonio de Jesús Fuentes García, Regidor Suplente, de la resolución a efecto de que rinda la protesta de Ley.
Por último, sometió a consideración el escrito del Ayuntamiento de Banámichi, dirigido a este Poder Legislativo, mediante el cual hacen constar de la renuncia del Regidor Propietario Alejandro Molina Salazar, razón por la cual hace del conocimiento del ciudadano Rafael Morales Bermudes, Regidor Suplente, del contenido de la presente resolución, a efecto de que rinda la protesta de Ley.
A la reunión asistieron los diputados Célida Teresa López Cárdenas, Ramón Antonio Díaz Nieblas, Javier Villarreal Gámez, Jorge Luis Márquez Cázares, Flor Ayala Robles Linares, Brenda Elizabeth Jaime Montoya, José Armando Gutiérrez Jiménez, Sandra Mercedes Hernández Barajas, Moisés Gómez Reyna y José Ángel Rochín López.
Los proyectos de dictamen serán enviados a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política para que se incluyan en el orden del día de una próxima sesión de Pleno.

http://nuevodia.com.mx/2018/02/08/aprueban-comisiones-proyectos-y-renuncias/
Justicia Laboral

ASPA defiende derechos laborales


Desbalance
09 febrero 2017
Todo parece indicar que en los próximos días se verán muy activos los miembros de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA). Nos comentan que los pilotos participan en las movilizaciones en contra la reforma al artículo 388 de la Ley Federal del Trabajo. El capitán Mario González Aguilera, secretario general de ASPA, también es presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores y nos reportan que considera que la reforma al artículo 123 constitucional llevada a cabo en 2017 avanzó en desmantelar el sistema de control corporativo sobre la clase trabajadora. Sin embargo, la iniciativa de reglamentación secundaria presentada por dos senadores príistas de la CTM y la CROC actual, contradice el espíritu de esa reforma constitucional y se excede al imponer procedimientos y principios legales que fortalecen el control corporativo sobre los trabajadores, nulificando derechos laborales esenciales. Nos dicen que ASPA considera que la propuesta que se pretende aprobar el 24 de febrero no representa los intereses de la clase trabajadora.

http://www.eluniversal.com.mx/columna/desbalance/cartera/no-ven-la-luz-sobre-tarifas
Justicia Laboral

Priístas y CCE negocian cambios en lo oscurito a la ley del trabajo


Es una falta de respeto al Senado: Adriana Dávila
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Jueves 8 de febrero de 2018, p. 14
Sin consultarlo con los integrantes de las comisiones dictaminadoras, los senadores del PRI Isaías González Cuevas y Tereso Medina negociaron directamente con el gobierno y con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, las modificaciones a la ley reglamentaria de la reforma laboral en materia de procuración de justicia.
Llegamos a un entendimiento con ellos, comentó el dirigente del CCE a los senadores del PAN, con los que se reunió ayer en privado, antes de la sesión. De acuerdo con legisladores del blanquiazul, entre ellos Ernesto Ruffo, el representante de la cúpula empresarial les pidió aprobar a la brevedad esa reforma.
En entrevista por separado, el priísta González Cuevas, dirigente de la Confederación Regional de Obreros y Campesinos (CROC), confirmó las negociaciones con Castañón. Explicó que hubo encuentros con los abogados de la CCE y también con autoridades de la Secretaría del Trabajo para avanzar en la ley secundaria que se requiere para que entre en operación el nuevo sistema de impartición de justicia y dejar fuera todo lo que se refiere al outsourcing.
Al respecto, los senadores Adriana Dávila, del PAN, y Luis Humberto Fernández, del PT-Morena, dijeron que no se les informó de las negociaciones con los empresarios, a pesar de formar parte de la comisión de trabajo, que es la responsable de dictaminar la ley reglamentaria sobre justicia laboral.
“Es una vergüenza que líderes obreros como González Cuevas y Medina primero impulsen una reforma que deja sin prestaciones sociales a millones de trabajadores y luego negocien en lo oscurito con los representantes patronales”, recalcó Fernández, secretario de la Comisión del Trabajo y Previsión Social.
Agregó que los priístas tienen que explicar qué fue lo que acordaron con el CCE. En igual sentido, la senadora Dávila resaltó que es una falta de respeto al Senado como institución, pero es la forma de operar del PRI y el gobierno, que no debe ya permitirse.
Ambos coincidieron en que no permitirán ningún cambio a la ley que vulnere derechos adquiridos por los trabajadores, como el de la contratación colectiva.
Entrevistado por separado, González Cuevas dijo que acordaron con el gobierno federal y con el CCE sacar lo concerniente al outsourcing de esa ley y dejar lo relacionado con la eliminación de las juntas de conciliación y arbitraje para que la resolución de conflictos quede en el Poder Judicial. Aunque la iniciativa la presentó conjuntamente con el cetemista Tereso Medina, “le quitamos todo lo que le habían metido sobre outsourcing”.

Agregó que el dictamen lo presentará el también senador del PRI Miguel Ángel Chico Herrera, presidente de la comisión del trabajo, y él decidirá cuándo convoca a reunión. Tienen hasta el 28 de este mes para aprobar la ley. http://www.jornada.unam.mx/2018/02/08/politica/014n1pol

 

Justicia Laboral

Peligro de traición histórica en la reforma laboral


Napoleón Gómez Urrutia
México se encuentra ante una gran encrucijada: el Senado de la República y la Cámara de Diputados aprobarán o rechazarán el peor proyecto de reforma laboral en la historia del país, el cual pretende anular derechos de los trabajadores como la contratación colectiva, el recurso de huelga como último instrumento de presión para evitar la explotación e injusticias, así como la libertad sindical en el más amplio sentido del término.
Esta iniciativa, elaborada por los más reaccionarios abogados de la Coparmex y de otras cámaras empresariales, no fue propuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto directamente, quizás para evitar el costo político que podría tener sobre la campaña del PRI a la Presidencia de la República y a otros cargos y responsabilidades, sino que se la asignaron a dos dirigentes sindicales oportunistas, abyectos y sometidos vergonzosamente por los señores del poder y del dinero: los senadores Tereso Medina, de la CTM, e Isaías González Cuevas, de la CROC, considerados como traidores por la clase trabajadora consciente y responsable de México.
Atrás de ellos está un grupo de diputados y senadores que estudiaron en el ITAM (Instituto Tecnológico Autónomo de México), creado y patrocinado por Alberto Bailleres, del Grupo Peñoles y Palacio de Hierro, a quien sus legisladores, en un acto de aparente agradecimiento, le regalaron la medalla Belisario Domínguez. Esta ha sido una de las más discutidas y bochornosas ceremonias que se han producido desde que ese alto honor se instauró, antes se había entregado a algún distinguido personaje nacional que hubiera aportado transformaciones humanistas, culturales o heroicas importantes para la mayoría de los mexicanos y no, como en este caso, a un empresario cuya trayectoria ética y moral en los negocios deja mucho que desear.
Al presentar el proyecto de reforma laboral se conjugaron un interés individual con la ambición empresarial de obtener cada vez mayores ganancias, al costo de la explotación y la pobreza crecientes no sólo de los trabajadores, sino de la gran mayoría de la población. La insensibilidad, ignorancia y la carencia de visión no permiten a esos políticos darse cuenta de que los sindicatos han sido un factor fundamental de estabilidad y paz social en el país, y que el día que de-saparecieran se generaría un caos y una revuelta que nadie podría controlar, ya que la pérdida de los derechos laborales y humanos crearía una crisis grave de consecuencias incalculables.
Los sindicatos democráticos, progresistas e independientes deben, hoy más que nunca, fortalecer la unidad y ejercer todo su poder y fuerza para oponerse a esa retrógrada reforma laboral. Se requiere de una mayor acción jurídica y política basada en la experiencia acumulada, porque ese conocimiento nos ha enseñado que los partidos políticos más conservadores son financiados principalmente por las grandes corporaciones y que sus accionistas han acumulado una enorme riqueza, pero nunca lo han hecho para proteger o promover los intereses de la población trabajadora.
Los gobiernos, por su parte, tampoco han promovido en México una legislación que mejore el bienestar de las comunidades y de los centros de trabajo. Por eso se requiere crear una mayor conciencia de participación política de parte de los líderes, para frenar esas reformas negativas que podrían, de aprobarse, crear un daño más grave del que la miopía de los inversionistas y sus directivos y empleados pueden vislumbrar. De ahí que sea necesario aprender las lecciones importantes de nuestra historia, para evitar repetir los errores del pasado.
La reaccionaria reforma laboral propuesta por la CTM y la CROC excluye algunos aspectos fundamentales en la democracia y la lucha histórica de las organizaciones sindicales, ya que:

  1. a) Conserva intacto el reconocimiento oficial a través de la toma de nota, con el objeto de mantener el control de los sindicatos y de sus líderes.
  2. b) No establece sanciones a los incumplimientos de la ley.
  3. c) Deja en libertad a las empresas para la subcontratación del personal a través del outsourcing, así como los despidos injustificados sin ninguna responsabilidad ni obligación para accionistas y directores.
  4. d) Para sustituir a las juntas de conciliación y arbitraje, crea un instituto de registros de contratos y sindicatos, integrado en forma tripartita por tres para las centrales obreras (CTM, CROC y CROM), tres para el sector empresarial representado por la Coparmex, Concamin y Concanaco, y tres para el gobierno, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Hacienda y Secretaría de Economía, además de un presidente con voto de calidad designado por la autoridad, según consigna el laboralista Arturo Alcalde Justiniani.
  5. e) Al mismo tiempo, la Cámara de Senadores se ha negado a ratificar el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el derecho a la sindicalización y la contratación colectiva, por instrucciones seguramente del propio gobierno y la opinión también negativa del sector empresarial y en contra de la presión internacional.
  6. f) Se impide a los trabajadores abandonar el sindicato impuesto por la empresa, cuando ese es un derecho universal de ellos.
  7. g) Se niega la contratación colectiva en las medianas y pequeñas empresas, que son la inmensa mayoría en el país y donde los trabajadores sufren más violaciones a sus derechos laborales.

Muchas empresas nacionales y extranjeras violan hoy la Ley Federal del Trabajo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los convenios internacionales, porque las autoridades estatales y federales se los permiten, aun sin la aprobación de la reforma laboral. Podríamos pensar, al igual que con la Ley de Seguridad Interior, que si eso hacen sin fundamento legal, qué sucedería si se llegara a aprobar en sus términos ese proyecto fascista de reforma laboral.
En resumen, esta propuesta debe ser rechazada y obligar al presente gobierno, antes de que termine su mandato, a respetar la democracia, la integridad y la libertad sindicales, previo a finalizar su responsabilidad, y no dejar una herencia funesta y negativa, cuyas consecuencias las pagarán estos mismos políticos y empresarios pero desgraciadamente también el país entero.

http://www.jornada.unam.mx/2018/02/08/opinion/014a1pol
Justicia Laboral

Hidalgo: Justicia Laboral se incorpora al Poder Judicial

  • Jorge Luis Pérez Miércoles 7 de febrero de 2018 en Local

Pachuca, Hidalgo.- Enfrentará retos titánicos, este año, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo.
Incorporará la Justicia Laboral a sus quehaceres y, además, la oralidad en materia civil, mercantil y familiar.
Carece de salas de oralidad y de jueces preparados para ambas necesidades, y requiere al menos de 400 millones de pesos para levantar obras y equiparlas, además de 160 millones de pesos para gasto anual de operación y sueldos.
La magistrada Blanca Sánchez Martínez, representante del Poder Judicial, señala: “Esas obligaciones constitucionales nos agarran al cuarto para la hora”.
A más tardar el seis de noviembre deberá comenzarse a trabajar la justicia laboral. Para ello se reformaron la Constitución Política del Estado de Hidalgo y la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Señala que deben apurarse a crear por lo menos uno o dos juzgados y capacitar al personal.
Los juicios de oralidad primero en los procedimientos mercantiles, luego en los civiles y familiares, materias que van al alza en cuanto a recurrencia de casos en esta entidad.
Se avecina la entrada en vigor de un Código Único de Procedimientos Civiles y Familiares para todo el país.
“En Hidalgo, a excepción del Nuevo Sistema de Justicia Penal, ningún juzgado civil o familiar tiene sala de oralidad. Por eso ya estamos analizando, primero, qué lugares son propiedad del Tribunal Superior de Justicia o dónde rentamos para así acondicionar las salas”, agregó.

https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/justicia-laboral-se-incorpora-al-poder-judicial

 

Outsourcing

Proyecto de norma que regula empresas de outsourcing, estancado desde 2016


Ocho de cada diez compañías dedicadas a la subcontratación violan la ley
Firmas reconocidas del mismo sector buscan terminar con la competencia desleal
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Jueves 8 de febrero de 2018, p. 15
Ocho de cada 10 empresas de outsourcing en México no cumplen con sus obligaciones fiscales ni laborales, no pagan cuotas al Seguro Social, Infonavit ni al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), contratan sin dar seguridad social a sus empleados ni prestaciones.
A raíz de esas irregularidades se elaboró el proyecto de norma PROY-NMX-R-086-SCFI2016 servicios de empresas de subcontratación para regular la actuación de estas compañías en el país. Sin embargo, está detenido en la Secretaría de Economía, no se ha publicado ni puesto en operación.
La Asociación Mexicana de Capital Humano (Amech) indicó que ante el crecimiento sin par de este tipo de empresas en el país “se debe fomentar un sano desarrollo económico y social de la industria de la terciarización de personal”. Esto es porque firmas del sector del outsourcing consideran que hay una competencia desleal por compañías de esta rama que no pagan impuestos ni cumplen con la ley laboral.
Incluso la Amech, GinGroup (que es una de las firmas de outsourcing más grandes del país), Manpower, Consultoría de Guadalajara, Rolling Personnel, Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y Escuela Libre de Derecho, entre muchos otros actores, son promotores de la referida reforma, para que se legalice a las empresas y aunque este ordenamiento está listo desde finales de 2016, todavía no ha sido publicado.
Una copia de la referida norma señala que a pesar del incremento en el número de empresas de subcontratación, México no cuenta con una regulación técnica que establezca los lineamientos, prácticas y acciones que deben cumplir.
En el documento se establece que dichas compañías deben contar con registro patronal ante el IMSS, constitución legal, contratos individuales de trabajo donde consten las condiciones laborales y pagar impuestos. Además, según esta norma, deben cumplir con sus responsabilidades fiscales ante el Seguro Social, Infonavit y Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).
A pesar de que las propias compañías del sector que sí operan en la legalidad han empujado el ordenamiento, así como diversas instancias gubernamentales, éste no se publicó. En cambio, el tema se introdujo en las iniciativas de leyes secundarias de la reforma laboral, donde incluso se le quitaban candadosy se liberalizaba más su actuación.
Incluso se plantea en dicha iniciativa que las compañías que tuvieran empleados a través del esquema outsourcing no pueden ser emplazadas a huelga porque no cuentan con trabajadores propios.

http://www.jornada.unam.mx/2018/02/08/politica/015n1pol
Justicia Laboral

¿Cumplirá México la promesa de reforma a la justicia laboral?


Al reasumir el Senado mexicano el 1º de febrero, la RSM ha publicado una Actualización sobre el debate cada vez más intenso entre dos proyectos de ley contradictorios que definirán si, y hasta dónde, la Reforma Constitucional al sistema de justicia laboral será implementada.
La Actualización compara y contrasta los dos proyectos, delinea el cronograma de la eventual aprobación de la versión final de la legislación secundaria, y describe el posible impacto de las negociaciones del TLCAN en el proceso de reforma de la justicia laboral.
El 27 de diciembre de 2017, dos senadores del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México, presentó un proyecto de ley al Senado que, de aprobarse, socavaría, y hasta podría anular, los avances más importantes en la Reforma Constitucional del sistema de justicia laboral del país que se convirtió en ley en febrero de ese año.
Estos dos senadores son líderes de “sindicatos oficiales” corruptos, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), notorias por firmar contratos de protección del empleador sin conocimiento ni consentimiento de las trabajadoras(es). Se cree que los proyectos se originaron en la rama ejecutiva del gobierno y el sector privado.
Un segundo proyecto, presentado por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y presentado al Senado por un senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), incluye varias disposiciones que reforzarían la Reforma Constitucional.
Los sindicatos independientes y defensoras(es) de los derechos laborales en México ya han cuestionado los proyectos y se movilizan en su contra. También se oponen sindicatos en Canadá y los EE.UU., y los sindicatos globales. Antes de la presentación de los proyectos, el Consejo General de la Confederación Sindical Internacional (CSI) había votado expulsar a la CTM y la CROC por su práctica de firmar contratos de protección del empleador.
En la RSM, seguimos trabajando con nuestros socios en México para monitorear desarrollos relacionados con las reformas a la justicia laboral y promover la discusión y el debate sobre los temas de la reforma y su implementación.
En julio de 2017, la RSM publicó un Documento Informativo titulado Reforma a la Justicia Laboral en México. Basado en investigaciones propias de la RSM y entrevistas en profundidad con 16 expertos en derechos laborales mexicanos e internacionales, analiza la Reforma Constitucional del gobierno mexicano de febrero de 2017 y plantea interrogantes y preocupaciones sobre cómo sería implementada. Muchas de estas preocupaciones tienen ahora mayor importancia dado el contenido problemático del proyecto de la CTM/CROC.

http://www.maquilasolidarity.org/es/una-propuesta-de-ley-que-puede-afectar-la-reforma-la-justicia-laboral-de-mexico
Justicia Laboral

Capítulo laboral no frena renegociación del TLCAN


El titular de la STPS, Roberto Campa, expuso que México tiene sus propios tiempos en cuanto a revisión del aumento al salario.
María Del Pilar Martínez
07 de febrero de 2018, 00:47

  • El secretario de Trabajo y Previsión Social (STPS), Roberto Campa Cifrián, afirmó que el capítulo laboral “no será un elemento que dificulte la negociación del Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)”, pese a las acusaciones que se hacen, desde Canadá y Estados Unidos, en contra de nuestro país por el pago de bajos salarios.

En conferencia de prensa, el funcionario de la STPS aseguró que ésta “es una discusión que el gobierno de México está dando en la mesa de negociación y no en declaraciones de autoridad frente a posiciones de sindicatos de grupos de interés, por más validez que éstos tengan. Ha sido en la mesa donde México ha expuesto cuáles son las condiciones y los márgenes y confiamos que éste no será un elemento que dificulte la renegociación”.
Agregó que la renegociación del Tratado “avanzará a partir de elementos de racionalidad y que tendremos pronto un tratado convenido por las tres partes”.
Cabe señalar que en días pasados, senadores demócratas enviaron una carta al presidente Donald Trump, en donde expresaban la necesidad de tener reglas más estrictas en materia ambiental y también en lo relacionado a los derechos laborales en donde México, incluso, ha reducido los salarios manufactureros.
De cara a la séptima ronda de negociaciones, misma que se desarrollará en la Ciudad de México a finales de este mes, el titular de la política laboral expuso que nuestro país tiene sus propios tiempos de revisión al salario, y en esa materia habrá de realizarse una nueva convocatoria, en marzo, para analizar un posible incremento.
Asimismo, agregó que las quejas que presentaron organizaciones sindicales de México y de Estados Unidos respecto a las posibles violaciones laborales que traería la reforma laboral no afectan las negociaciones del TLCAN.
EJES DE POLÍTICA LABORAL
Campa Cifrián presentó los ejes de la política laboral, de cara a lo que resta del sexenio, en donde se impulsará la generación de empleo formal, “para cumplir con la meta de 4 millones de empleos” inscritos en el Seguro Social, así como establecer compromisos para reducir la informalidad y avanzar en la justicia laboral.
Además, indicó que lejos de reportar afectaciones por las acusaciones provenientes de Estados Unidos, “los indicadores de empleo y los indicadores de exportaciones son muy positivos, tenemos cifras récords en industrias que han sido particularmente objetivo de estridencias como la automotriz. Creo que la información que tenemos hasta ahora es positiva, yo recibí aquí hace unos días a representantes de la industria automotriz y a representantes de los trabajadores y lo que vinieron a traer son anuncios de inversión, son anuncios para mejorar las plantas para generar empleos”.
AFINAN DETALLES PARA LEYES SECUNDARIAS
Reforma laboral mantendrá candado en la subcontratación
El texto final de las leyes secundarias que darán cumplimiento a la reforma constitucional en materia de justicia laboral estará listo para la fecha prevista del 25 de febrero, para lo cual el secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Roberto Campa Cifrián, trabaja de manera cercana con senadores y representantes de los factores de la producción.
En ese sentido, afirmó que hay temas que claramente tendrán que salir de la discusión, como es el caso de la subcontratación porque “no cumple con el fin” que fue propuesto y requiere de una revisión profunda.
“La STPS considera que el contenido que está hoy en la iniciativa no cumple con los objetivos que se plantearon, y naturalmente estamos a favor de que se mantengan, por lo menos, las tres condiciones incluidas en la reforma del 2012”, enfatizó.
En la contratación a través de outsourcing, “claramente hay abusos en este esquema de contratación y es algo que hemos discutido con los líderes obreros, pero también con los dirigentes de los empleadores, y creo que ellos también tienen la convicción de que esto tiene que corregirse por dos vías. Una es la laboral, a nosotros nos corresponde garantizar que se cumpla con las tres condiciones que marca la ley, y la otra es la fiscal”.
Cabe señalar que desde el Ejecutivo se presentará, el 26 de febrero, la terna para elegir a la persona que se encargará de presidir el nuevo Instituto de Conciliación y Registro.
El titular del Trabajo dijo que la creación de un nuevo organismo, en el que haya una presencia tripartita, no desvía el objetivo de la reforma —desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje y crear tribunales laborales— “en el contenido judicial, lo primero que conviene recordar es que la parte principal de la reforma ya está resuelta”.
Agregó que las juntas tanto federales como local seguirán recibiendo asuntos hasta noviembre, fecha en la que entrarán en operación los tribunales que comienzan con carga cero.
pmartinez@eleconomista.com.mx

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Capitulo-laboral-no-frena-renegociacion-del-TLCAN-20180207-0012.html
Justicia Laboral

Sinaloa: Reforma laboral ha causado impacto negativo 

El presidente de Adecem, Julio César Silvas, precisó que es necesario que sea revisado el marco normativo
Por: Edith Andrade 07 de Febrero 2018
Incluso, durante el 2017, los precios de productos básicos tuvieron un incremento promedio de 8.1 por ciento, superior a la inflación. En lo que respecta al incremento acumulado, el año pasado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que fue de 211 pesos.

Reforma Laboral

Para mejorar las condiciones de vida de las familias, el gobierno federal implementó la reforma laboral, que en cinco años ha dejado empleos con bajos salarios, un mayor crecimiento de puestos temporales y una reducción marginal de la informalidad.
En este sentido, el presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (Adecem), Julio César Silvas Inzunza, aseveró que los bajos salarios generan afectaciones a las empresas debido a que al no tener los ingresos suficientes el consumo se contrae:
Nosotros como empresarios nos unimos para que el incremento al salario fuera de 10 pesos, pero no se consiguió, y eso nos perjudicó, señaló. 
Aunado a esto, consideró que es necesario que la reforma laboral se someta a una revisión, ya que no ha generado lo que esperaban.
Dadas las condiciones, los empresarios no cuentan con los ingresos debido a los incrementos de los insumos, lo que eleva sus gastos operativo y reduce sus utilidades.
https://www.debate.com.mx/culiacan/Reforma-laboral-ha-causado-impacto-negativo—20180207-0031.html