por Redacción
febrero 7, 2018
En la renegociación del Tratado de Libre Comercio el tema más humillante es el apartado laboral y las enormes diferencias salariales.
En la renegociación del Tratado de Libre Comercio el tema más humillante es el apartado laboral y las enormes diferencias salariales entre los tres países que lo conforman.
En Canadá el Salario Mínimo por día es 1 mil 672 pesos, para Estados Unidos 1 mil 102, pero para México sólo 88.36 pesos.
En esta comparación es más que evidente que las y los trabajadores de México son los que tienen los salarios más bajos. Un salario insignificante e insuficiente para todas las personas que viven de un ingreso fijo.
Debido a la desigualdad de género de las mujeres trabajadoras, éstas tienen un salario todavía menor y se está provocando una grave situación de violencia y pobreza, a nivel nacional.
Como se aprecia en la gráfica, la evolución de los salarios femeninos (más de 5 salarios mínimos), es decreciente. Se tomaron las cifras de la Ciudad de México porque es un mercado laboral más feminizado; aquí están los salarios más altos y porque esto releva cómo ha decrecido la participación de las mujeres en los mandos medios y superiores, tanto en el Gobierno Federal como en la Iniciativa Privada.
Conforme a la información generada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en los últimos diez años (2005-2015) el salario promedio real mensual cayó 12 por ciento, la peor evolución para un país de la región Latinoamericana en ese período.
Adicionalmente, el reporte de ese organismo internacional menciona que en términos generales, los ajustes de los salarios reales regionales guardaron relación con la productividad.
Sin embargo, en los países de América Central y México los ajustes salariales fueron menores a los observados en la productividad.
Pero en el discurso oficial –sobre todo de las autoridades laborales- se afirma que los salarios del país no aumentan porque no crece la productividad, cosa que es totalmente falsa.
En 2005, un millón 241 mil mujeres ganaban más de 5 Salarios Mínimos. Para 2017 el número de trabajadoras con este nivel de ingreso (más de 12 mil pesos), se redujo a 731 mil 666, una caída de 69.6 por ciento (ver gráfica).
Desde luego esto implica un acelerado empobrecimiento de las mujeres y confirma los datos de la OIT y del Acuerdo Laboral del TLCAN.
En este escenario, el 7 de diciembre de 2017, el gobierno federal formuló una propuesta laboral que prácticamente arrasa con los derechos laborales, pero que también afecta al salario en forma muy importante.
Esta iniciativa de Ley Reglamentaria de la Reforma Laboral en materia de justicia, fue presentada por los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Isaías González Cuevas y Tereso Medina; dirigentes de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
La realizó la Secretaría del Trabajo con su entonces Secretario Alfonso Navarrete, en lo oscurito y sin consultar a los Sindicatos Independientes. La consulta se redujo a algunos abogados empresariales, que los hay. Y por supuesto se consultó a los sindicatos empresariales más importantes.
Principales características de esta reforma y su impacto en las trabajadoras:
Inestabilidad laboral
Derechos laborales: seguridad social
Riesgos de trabajo
Derecho de libertad sindical y negociación colectiva
Violencia laboral . Imposibilidad de Denuncia y su impacto.
La desprotección jurídica y las cifras del silencio ante la violencia laboral
Si en la contrarreforma laboral de 2012 medianamente se contuvo –por lo menos formalmente- la subcontratación, outsourcing o terciarización; que elimina los derechos laborales de las trabajadoras como la seguridad social, ahora con esta “nueva” propuesta, se le da carta libre a la subcontratación y ya nadie tendrá seguridad social ni derechos laborales.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) al tercer trimestre de 2017 muestran que prácticamente 44 por ciento de las trabajadoras subordinadas y remuneradas (con patrón), no cuentan con acceso a los servicios de salud; uno de los efectos más nocivos de la carencia de derechos laborales.
En estas condiciones una iniciativa laboral como la que se pretende aprobar en este mes sería desastrosa para la salud de las trabajadoras y de sus familias.
Otro efecto muy negativo de la subcontratación es que prácticamente representa un cáncer para los Sindicatos y los contratos colectivos porque los elimina.
También fortalece los Contratos de Protección o sindicatos fantasmas que permiten y han permitido mantener los salarios tan bajos como están actualmente. Al respecto la mayor central sindical de Estados Unidos y la Unión Central de Trabajadores interpusieron una queja en contra de México
El contrato de protección, advirtieron, es un “contrato colectivo de trabajo” firmado entre un empleador y un sindicato dominado por el patrón sin la participación, o incluso sin el conocimiento de los trabajadores a los que el sindicato supuestamente representa.
El abogado laborista Manuel Fuentes, publicó en La Silla Rota el 31 de enero, la forma en que reduce el salario (todavía más) esta contrarreforma empresarial al desaparecer el concepto de Salario, ya que pretende que las indemnizaciones previstas en la Ley Federal del Trabajo (LFT), se paguen en cantidades calculadas en la Unidad de Medida y Actualización (U.M.A.), que es menor al Salario Mínimo vigente.
Implica que las trabajadoras recibirían aproximadamente 9.05 por ciento menos y en los casos de salario integrado la afectación podría llegar hasta 50 por ciento. Todo un desastre para la economía de las trabajadoras y también para el país.
Ante esta “avanzada” de la derecha contra las y los trabajadores, el Sindicalismo Independiente se plantea recurrir a las instancias internacionales para interponer una queja de agravio a los más elementales derechos laborales y Derechos Humanos en defensa de la supervivencia sindical, económica, e incluso física de las personas trabajadoras. (Carmen R. Ponce Meléndez)
* Economista especializada en temas de género
twitter @ramonaponce
Autor: ReformaLaboralMX
Las trampas de una iniciativa laboral
Por: Graciela Bensusán
La reforma al artículo 123 constitucional del 24 de febrero de 2017 fue una estrella fugaz. Prometió el fin del tripartismo en el sistema de justicia laboral, un esquema que por décadas fue el soporte del régimen corporativo-estatista que, en el contexto del modelo exportador, generó pocos ganadores y muchos perdedores, y entregó a un órgano nacional autónomo el registro de los sindicatos y los contratos colectivos, terminando con la ineficiente distribución de competencias entre los ámbitos federal y local.
Fue precisamente en el ámbito local donde hubo mayor inequidad entre las organizaciones sindicales contendientes y la influencia de los gobernadores en los conflictos laborales frustró el acceso a la justicia para los trabajadores y sindicatos independientes. La medida legislativa parecía una excelente noticia.
Más tardamos en asimilar la importancia de estos cambios para transitar por fin al siglo XXI, que sus oponentes en diseñar una iniciativa de ley reglamentaria que amenaza con llevarnos al siglo XIX, cuando la unilateralidad patronal decidía las condiciones de trabajo.
Como ha venido sucediendo en las últimas cuatro décadas bajo los imperativos de un modelo económico probadamente fallido, el viejo sindicalismo reclama seguir beneficiándose de un arreglo que obliga a pagar el precio de su complicidad y corrupción para facilitar la más extrema flexibilidad laboral y los salarios más bajos de la región.
A su vez, gran parte del sector empresarial sigue resistiéndose a aceptar un derecho humano fundamental: la libertad sindical y de negociación colectiva. Ni qué decir que el gobierno actual cobija estos intereses ilegítimos en un juego tramposo en el que después de dar un paso adelante con la reforma constitucional, busca la complicidad del sindicalismo para dar dos pasos atrás.
La iniciativa reglamentaria del 123 constitucional –presentada por dos conspicuos senadores de la CTM y la CROC el 7 de diciembre último, en medio de conflictos entre ambas centrales por intereses internos, ajenos a los de los trabajadores– está plagada de reglas que transgreden los principios constitucionales. Incluso eliminan los avances que la reforma de la Ley Federal del Trabajo (LFT) de 2012 impuso a favor de los trabajadores al restringir la libertad patronal de subcontratación.
Entre los más graves retrocesos está la pretensión de eliminar el recuento previo del voto de los trabajadores para negociar colectivamente, reservado en la iniciativa a los casos en que la demanda se tramite vía el emplazamiento a huelga. Como hasta ahora, bastaría el acuerdo con el empleador para que el sindicato acredite su representatividad con la pura documentación, sin consulta a sus agremiados, lo que dará nueva vida a los contratos colectivos de protección al empleador.
Es igualmente inaceptable incluir la representación de sindicatos y empleadores en el órgano autónomo encargado del registro de los sindicatos y contratos colectivos a nivel nacional, así como de conciliar los conflictos laborales a nivel federal, a la par que se otorga a un órgano administrativo competencias jurisdiccionales en la resolución de conflictos colectivos que corresponden al Poder Judicial. En la respuesta del gobierno de México a la queja que la Confederación Sindical Internacional (CSI) presentó a la Organización Internacional del Trabajo, se aclara que “esta propuesta no tiene identificación de organización sindical alguna para esta integración (por lo que) la participación en su órgano de gobierno se determina a partir de un criterio de representatividad numérica, de la cual se tiene certeza a partir de los registros sindicales con que cuenta la autoridad”.
Esta respuesta merece tres comentarios. Primero, permitir que la representación de los sindicatos y de los empleadores tenga voz en el órgano que resuelve el registro de sindicatos y contratos colectivos es llevar al órgano de nueva creación un conflicto de interés que estuvo históricamente presente en las juntas locales de Conciliación y Arbitraje.
En segundo lugar, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), que firmó la respuesta a la CSI, quiere hacernos creer que la representatividad numérica de las organizaciones sindicales, de acuerdo con sus registros o los de las juntas locales de conciliación, goza de alguna credibilidad, cuando se trata de mayorías artificiales. La autonomía del nuevo órgano y el voto de los trabajadores son los que ayudarían a legitimar, si se quiere de manera gradual, a la representación sindical.
Por último, otorgar a un órgano administrativo así integrado funciones que van más allá de la conciliación y competen a la justicia laboral en temas de contratación colectiva y derecho de huelga, anularía los aciertos de la reforma constitucional al trasladar los conflictos laborales a un ámbito independiente con las garantías del debido proceso.
La recomendación, aparentemente girada desde la STPS, para que las legislaturas locales adopten leyes que establezcan la estructura tripartita de los órganos locales de conciliación y regulen su operación, ignorando que constitucionalmente ésta es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, es preocupante. El único apoyo jurídico sería una disposición transitoria en el artículo 123 que ordena que las legislaturas de los estados hagan las adecuaciones necesarias para cumplir con dicho precepto. ¿De verdad se quiere otorgar a las legislaturas locales competencia para legislar en materia de trabajo o es una estratagema de dudosa constitucionalidad para salir del paso ante las objeciones a la reforma?
Un escenario como el actual, en donde un muy competido y polarizado proceso electoral opaca temas cruciales de la agenda nacional, aunado al poco interés que el devenir de la institucionalidad laboral genera en diversos sectores de la sociedad, abre el paso a estas maniobras. Parecería que sólo la presión externa, que llevó al gobierno a presentar la iniciativa de reforma en el marco de las negociaciones del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), logrando en menos de 10 meses las mayorías necesarias para su aprobación, podría obligar a desandar este sinuoso camino. Sin embargo, reglamentar los principios constitucionales en este contexto es desaconsejable. La reforma de la LFT de 2012 se logró después del proceso electoral de ese año y resultó del acuerdo entre el presidente saliente y el candidato ganador, apoyado por legisladores de los tres partidos políticos mayoritarios. Cualquier reglamentación regresiva carecerá hoy de legitimidad y, más que resolver, complicará la urgente necesidad de incluir a los trabajadores entre los beneficiarios del proceso económico, toda vez que el mercado laboral es el principal generador de pobreza y desigualdad y, por ende, una traba para el crecimiento y el desarrollo.
Revista PROCESO
3 de febrero de 2018
*Profesora de la UAM-Xochimilco
Outsourcing fuera de debate en ley secundaria de reforma laboral: Campa
POR ROSALÍA VERGARA , 6 FEBRERO, 2018ECONOMÍA
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Trabajo y Previsión Social (STPS), Roberto Campa Cifrián, dijo este martes que el tema del outsourcing, que ha provocado división, se excluirá de la discusión de la iniciativa de ley secundaria de la reforma laboral en el Senado, la cual deberá realizarse antes del lunes 26.
Campa Cifrián dio a conocer que esta propuesta sufrirá cambios sustantivos, y que ya se está hablando con organizaciones sindicales, abogados laboralistas, empresarios y senadores, e indicó que el tema que ha provocado más controversia es el de la subcontratación.
El funcionario dijo en rueda de prensa que la discusión ahora está en la cancha del Legislativo, y que la STPS considera que el contenido de la propuesta incumple con el objetivo que se planteaba.
Al menos, acotó, se deberían mantener las tres condiciones establecidas en la ley laboral de 2012.
Otro de los temas que se quedarán en la iniciativa que se discute en comisiones es el del tripartismo en los nuevos tribunales laborales, pues esta figura ha dado resultados importantes, aunque el órgano de gobierno no tendrá responsabilidad sustantiva, sino solamente en el patrimonio de la institución.
De igual modo sostuvo que “es una ley de avanzada porque hemos hablado mucho con el sector obrero y garantiza los derechos de los trabajadores”.
Sin embargo, admitió que en el caso de la subcontratación hay abusos y se tienen que corregir.
“Se tiene que cumplir con las disposiciones fiscales y de la ley”, subrayó el encargado de la política laboral del país.
Incluso, puntualizó que la desaparición de las juntas de Conciliación y Arbitraje se llevará a cabo en un plazo de cuatro años, en lo que se desahogan todos los casos pendientes de solución. En tanto, los nuevos tribunales laborales empezarán de cero.
Por otro lado, afirmó que el capítulo laboral no será un elemento que dificulte la negociación del Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pese a las acusaciones que desde Canadá y Estados Unidos se hacen a nuestro país por los bajos salarios.
Campa Cifrián aclaró que los negociadores mexicanos llevan esa discusión en la mesa y no en declaraciones de autoridad frente a posiciones de sindicatos, por más validez que tengan.
“En la mesa es donde México ha expuesto las condiciones y los márgenes”, acotó.
También advirtió que “la racionalidad va a imperar sobre la estridencia en las pláticas del TLCAN”.
Igual dijo que los tres países terminarán ratificando el acuerdo comercial, pues los beneficios son mutuos, según destacó Notimex este día.
Por último, hizo notar que las inversiones a nuestro país siguen fluyendo, y un ejemplo de ello es el sector automotriz, “en el que los indicadores de exportaciones nos señalan que tenemos un récord, y eso sin firmar aún el tratado México, Estados Unidos y Canadá”.
http://www.proceso.com.mx/521518/outsourcing-fuera-de-debate-en-ley-secundaria-de-reforma-laboral-campa
El debate sobre el outsourcing
Editorial del periódico La Jornada
En el contexto de la aprobación de la ley reglamentaria de la reforma laboral implantada a finales de 2012, uno de los temas más delicados es el de la regulación de la subcontratación o outsourcing, práctica económica de contratar servicios a terceras empresas que, a su vez, reclutan al personal. De esta manera, compañías e instituciones evitan contraer obligaciones laborales y el costo que significa.
Ayer, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Roberto Campa Cifrián, dijo que, en aras de construir consensos, el polémico asunto de la subcontratación quedará al margen del proyecto de dictamen que se presentará al Senado de la República y se dejará el asunto tal como se establece en la la Ley Federal del Trabajo (LFT), en su versión vigente desde 2012: Se permite la subcontratación sólo para actividades no esenciales de las empresas, como la vigilancia y la limpieza de los locales.
De ser aprobada con su redacción actual, elaborada en el Senado, la iniciativa de ley secundaria –que deberá estar avalada por ambas cámaras legislativas de aquí al 26 de febrero– permitiría cubrir la totalidad de los requerimientos de personal por medio de outsourcing.
Como se sabe, esta práctica suele usarse como mecanismo de simulación que permite a empleadores eludir contratos colectivos, pagos de seguridad social, prestaciones, impuestos sobre nómina y otras obligaciones. Las empresas dedicadas a reclutar y aportar personal, por su parte, suelen generar empleos sumamente precarios, inestables y mal pagados, y sus utilidades proceden precisamente de su carácter de intermediarios y de la supresión fáctica de derechos laborales que la LFT tiene por irrenunciables.
La actividad se presenta también en otra modalidad: la de los llamados sindicatos blancos, que no sirven a sus agremia- dos sino a los patrones y se encargan de resolver en favor de estos últimos cualquier diferendo laboral y, en los hechos, anulan los derechos de los trabajadores.
Por otra parte, es innegable que las realidades económicas y productivas contemporáneas hacen impensable que una entidad o empresa se haga cargo de la totalidad de los procesos de producción y operación, por lo que sería impensable prohibir legalmente toda forma de subcontratación.
Resulta necesario, pues, encontrar una fórmula legal equilibrada que garantice la vigencia de los derechos laborales, que otorgue flexibilidad a los empleadores para contratar servicios no esenciales y regule y fiscalice a las compañías dedicadas al outsourcingpara asegurar que no incurran en abusos ni en regímenes de sobrexplotación de la fuerza laboral. Y, así sea con la premura imperante en el proceso legislativo, sería deseable abrir y ampliar el debate de este delicado asunto que de una u otra manera afecta a incontables trabajadores y a buena parte de los empleadores.
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/07/opinion/002a1edi
Queja de sindicatos de EU y México por tema laboral no afecta TLCAN 2.0: Campa
Fuente: Cuartoscuro
El secretario de Trabajo, Roberto Campa, explicó que los cuestionamientos de grupos como la AFL-CIO y la UNT aún no llegan a la mesa de renegociación.
Zenyazen Flores @ElFinanciero_Mx06/02/2018Actualización 06/02/2018 – 13:15
El secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Roberto Campa, aseguró este martes que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no tiene dificultad a partir de la queja laboral presentada por sindicatos estadounidenses y mexicanos ante el Departamento de Trabajo de Estados Unidos sobre violación de estándares laborales en México.
En conferencia de prensa, consideró que los posicionamientos de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés) y de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) son declaraciones que como tal no llegan a la mesa de renegociación del tratado.
“Creemos que esa discusión se está dando en la mesa de negociación y no en declaraciones frente a posiciones de sindicatos con un interés específico. Ha sido en la mesa donde México ha expuesto cuáles son las condiciones y los márgenes y confiamos en que no será un elemento que dificulte la negociación”, afirmó.
En enero, la AFL-CIO y la UNT presentaron una queja formal ante la oficina en Estados Unidos que supervisa el acuerdo laboral asociado al TLCAN en el sentido de que las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia de justicia podrían violar el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte.
“Por lo que hace a la discusión del TLCAN, hemos atendido y escuchado los cuestionamientos sobre todo a partir de la visión de los sindicatos en Estados Unidos a partir de la diferencia de los salarios. Nosotros manifestamos nuestra posición en la mesa de negociación y avanzará a partir de elementos de racionalidad”, apuntó Campa.
El funcionario consideró que los sindicatos de Estados Unidos “están en lo suyo que es la defensa de las fuentes de trabajo en los países, los posicionamientos son a partir de la defensa de sus intereses porque ciertamente muchos de los empleos creados están creados con esa ventaja (salarial)”.
Refuerzan alianza AFL-CIO y UNT
En entrevista por separado, el presidente colegiado de la UNT, Mario González Aguilera, aseguró que están en contacto permanente con miembros de la AFL-CIO y también de sindicalistas canadienses, a fin de que se incorpore un capítulo laboral en el TLCAN para establecer los derechos de los trabajadores en el contexto del acuerdo.
“Nuestro objetivo principal de todo el movimiento obrero es que no prospere una iniciativa de reforma laboral de senadores del PRI que no respeta el espíritu original de la reforma constitucional que avanzaba hacia un esquema donde la impartición de justicia sería de forma independiente y sin el modelo del tripartismo”, dijo.
El también secretario general de ASPA explicó que esperan que en los próximos días el Departamento de Trabajo estadounidense haga un posicionamiento respecto a la queja laboral enviada en días pasados, ya que ello influiría para que en la próxima ronda de negociaciones del pacto comercial se aborde la inclusión del capítulo laboral.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/queja-de-sindicatos-de-eu-y-mexico-por-tema-laboral-no-afecta-tlcan-2-0-campa
Capítulo laboral no será una traba en el TLCAN, asegura Campa Cifrián
por Luciano fFanco
El secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Roberto Campa Cifrián, mantuvo la promesa de sentarse este mismo mes con empresarios y trabajadores del país, para revisar las condiciones de la economía y el empleo y, a partir de ello, determinar si es factible otorgar un aumento al salario mínimo en marzo próximo.
El planteamiento lo hizo su antecesor en el cargo, Alfonso Navarrete Prida —actual secretario de Gobernación—, y ahora fue ratificado por Roberto Campa, quien recordó que el salario mínimo ha crecido en casi 20 por ciento en términos reales en lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, ya que en 2012 era de 60.53 pesos diarios y ahora está en 88.36 pesos.
Al reunirse con reporteros, el funcionario rechazó que los empleos que se han creado en la presente administración sean “precarizados”, es decir, que sean temporales y mal pagados, y sostuvo que, por el contrario, esas fuentes de trabajo cuentan con seguridad y crédito sociales.
De igual forma, Campa Cifrián aseguró que el capítulo laboral “no será un elemento que dificulte la negociación del Tratado del Libre Comercio (TLCAN)”, no obstante, las acusaciones que hacen Estados Unidos y Canadá por los bajos salarios que se pagan en México.
Sostuvo que los negociadores de la parte mexicana “están llevando esa discusión en la mesa, no en declaraciones de autoridad frente a posiciones de sindicatos de grupo de interés, por más validez que tengan”.
El pasado mes de enero, la Federación Americana del Trabajo–Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) se quejaron formalmente ante la oficina en Estados Unidos que supervisa el acuerdo laboral asociado al TLCAN, porque las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia de justicia podrían violar el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte.
El funcionario, por otra parte, presentó los ejes de la política laboral, en la que se concentrará lo que resta del sexenio, para impulsar la generación de empleo formal, a fin de cumplir con la meta de 4 millones de empleos inscritos en el Seguro Social, así como establecer compromisos para reducir la informalidad y avanzar en la justicia laboral.
Dentro de esos ejes, resaltó que la economía informal es poco productiva y en 2015 representó el 24 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), de modo que el 76 por ciento lo generó el sector formal, con 42 por ciento de la población ocupada en la formalidad.
Finalmente, el titular de la STPS señaló que, a diciembre de 2017, se rebasó el número de puestos de trabajo creados en cada una de las últimas cinco administraciones: En este sexenio se han creado 3 millones 123 mil 519 empleos, mientras que en las dos anteriores administraciones panistas, es decir, de 2000 a 2012, se crearon 3 millones 517 mil 422 empleos.
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1064187.html
Votarán ley secundaria de la reforma laboral
Tendrá que ser votada en el Senado antes del próximo 26 de febrero
7 de febrero, 2018 Daniela Wachauf
El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Roberto Campa Cifrián, comentó que la iniciativa de ley secundaria de la reforma laboral tendrá que ser votada en el Senado antes del próximo 26 de febrero y que se sacará del proyecto el tema del outsourcing que ha provocado división.
En su primera conferencia de prensa, el funcionario federal comentó que la desaparición de las actuales Juntas de Conciliación y Arbitraje, se realizará en un plazo de cuatro años, en lo que desahogan todos los casos que tienen pendientes de solución, mientras que los nuevos tribunales laborales empezarán de cero.
Por otra parte señaló que el presidente Enrique Peña Nietocumplirá con la meta que se estableció de generar cuatro millones de empleos dignos al término de su gestión, que es medio millón más que los dos sexenios anteriores juntos.
http://www.24-horas.mx/2018/02/07/votaran-ley-secundaria-la-reforma-laboral/
Chiapas: Poder Judicial y Secretaría del Trabajo, unidos para impulsar la justicia laboral
febrero 6, 2018 Adilene Concilco Chiapas Hoy
- Definirán estrategia para dar a conocer los cambios jurídico-laborales que involucran a los órganos judiciales.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 05 de febrero de 2018.- Luego de las reformas a la Constitución Política del estado de Chiapas en materia laboral, el Poder Judicial y la Secretaría del Trabajo estatal, darán inicio a una serie de actividades cuyo objetivo es consolidar lo que también se conoce como justicia cotidiana.
En este sentido, el magistrado presidente Juan Óscar Trinidad Palacios sostuvo una reunión con el titular de la dependencia en la entidad, Francisco Javier Zorrilla Ravelo, para definir la estrategia que permita generar y dar a conocer todas las disposiciones a la normativa local que competan al Poder Judicial y se cumpla con la reforma, que implicará mejoras a la conciliación laboral.
“Hay que hacer de esto noticia, empezar un proceso de difusión para no confundir a la sociedad con tantas reformas; analizar cada paso que iremos aterrizando con la práctica cotidiana porque no podemos darnos el lujo de experimentar, la prioridad es el reconocimiento y respeto a los derechos laborales y el patrimonio de la gente”, aseveró Trinidad Palacios.
Acompañado de magistrados del Tribunal Constitucional y consejeros de la Judicatura, Trinidad Palacios consideró la necesidad de establecer comunicación con abogados, sindicatos, empresarios y académicos, a través de reuniones regionales, para dar información sobre los cambios jurídicos laborales que entrarán en vigor y que involucran específicamente al Poder Judicial.
Por su parte, el secretario del Trabajo se congratuló por el trabajo conjunto y la conformación de un equipo fuerte que privilegie la salvaguarda de los derechos de las y los trabajadores.
Cabe destacar que Chiapas es el segundo estado de la República Mexicana, después de Hidalgo, que aprobó reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado en materia laboral, homologándola así con la ley federal.
Estuvieron presentes los magistrados Ulises Coello Nuño, José Manuel Mantecón Vázquez, los consejeros de la Judicatura María de Lourdes Hernández Bonilla y Salvatore Costanzo Ceballos, así como el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, Carlos Enrique Martínez Vázquez.
Chiapas Hoy/MdR
http://www.chiapashoy.com.mx/notashoy/chiapas/poder-judicial-y-secretaria-del-trabajo-unidos-para-impulsar-la-justicia-laboral/
Guanajuato: Discutirán juristas temas de derecho
- Saraí Vargas Prieto Martes 6 de febrero de 2018 en Local
- Temas como la protección de datos personales para el sector público y privado, la propiedad intelectual ante el TLCAN y la Ley de Seguridad Interior, entre otros de suma importancia para el país, serán analizados y discutidos en el Congreso Internacional de Derecho “José Ramón Cossío Díaz”.
Al respecto, el presidente del órgano colegiado, Jorge Marcelino Trejo Ortiz, informó que para este evento se tendrá la participación de magistrados federales, juristas y expertos en la materia, como panelistas y conferencistas.
Dijo Trejo Ortiz que entre los participantes, está precisamente el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Diaz, que tendrá a su cargo la conferencia magistral.
También estará el presidente de la Academia Mexicana de Derecho Informativo, el maestro Joel Gómez Treviño, con la ponencia “Protección de Datos Personales para el sector público y privado”.
Con el tema la Propiedad Intelectual ante el TLCAN intervendrá el maestro Miguel Muñoz, socio fundador de Muñoz-Lopez & Associates de la ciudad de Nueva York.
En tanto que el análisis sobre la Ley de Seguridad Interior, estará a cargo del doctor Mario Ignacio Álvarez Ledesma, director del Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal.
Jorge Marcelino Trejo informó que se tendrá la ponencia: El Nuevo Sistema de Justicia Laboral, con la doctora Ángela Quiroga, titular de la Unidad de Enlace de la Reforma del Sistema de Justicia Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Habrá el conversatorio con el tema “Retos en la implementación del sistema de justicia penal”, en el que participarán el consejero de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza; el magistrado del Primer Tribunal Colegiado en materia penal del Segundo Circuito, Rubén Arturo Sánchez Valencia.
A este evento, agregó Trejo Ortiz, se ha invitado a abogados, estudiantes de Derecho y público en general.
Dijo que en el Congreso Internacional de Derecho se revisarán temas que son importantes para el país como el TLCAN en materia de Propiedad Intelectual, en el caso de México, impulsó la promulgación de nuevas leyes, tanto en materia de Propiedad Industrial, como la Ley Federal del Derecho de Autor.
Añadió que en los más de 20 años que han transcurrido desde el inicio de vigencia del TLCAN, son múltiples los avances que en el mundo se han producido en el campo de las leyes de Propiedad Intelectual, con el desarrollo de nuevas figuras, así como el progreso en múltiples conceptos que han dotado a la materia de elementos de mayor envergadura.
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/discutiran-juristas-temas-de-derecho
Capítulo laboral no frena negociación del TLCAN: STPS
Foto: Reuters
El secretario de Trabajo aseguró que los negociadores de México “están llevando esa discusión en la mesa y no en declaraciones de autoridad frente a posiciones de sindicatos de grupo de interés por más validez que tengan.
María Del Pilar Martínez
06 de febrero de 2018, 11:51
El secretario de Trabajo y Previsión Social (STPS) Roberto Campa Cifrián, afirmó que el capítulo laboral “no será un elemento que dificulte la negociación del Tratado del Libre Comercio (TLCAN)”, pese a las acusaciones que se hacen a nuestro país por los bajos salarios desde Canadá y Estados Unidos.
En conferencia de prensa, el funcionario de la STPS, aseguró que los negociadores de México “están llevando esa discusión en la mesa y no en declaraciones de autoridad frente a posiciones de sindicatos de grupo de interés por más validez que tengan, esto ha sido en la mesa en donde México ha expuesto cuáles son las condiciones y los márgenes”.
Campa Cifrián presentó los ejes de la política laboral, en la que se concentrará lo que resta del sexenio, impulsando la generación de empleo formal, “para cumplir con la meta de 4 millones de empleos” inscritos en el Seguro Social, así como establecer compromisos para reducir la informalidad y avanzar en la justicia laboral.
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Capitulo-laboral-no-frena-negociacion-del-TLCAN-STPS-20180206-0043.html