Se han recuperado más de 263 millones 745 mil pesos para los trabajadores.
Toluca, Estado de México. Con el propósito de dar resolución jurídica y certidumbre a la impartición de justicia laboral burocrática, durante el último año, en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México se implementaron una serie de estrategias encaminadas a mejorar el servicio que se brinda a los trabajadores mexiquenses, expresó Gerardo Becker Ania, Presidente titular del organismo. En sesión de Pleno, donde se contó con la presencia de la Secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón, Gerardo Becker informó que entre las estrategias que se implementaron se buscó solucionar la mayor cantidad de demandas a través de pláticas con representantes de los Ayuntamientos y organismos descentralizados, jornadas conciliatorias, así como el programa de abatimiento al rezago procesal.
Para lograrlo, dijo que en total se citaron a los representantes de 86 Ayuntamientos y 24 dependencias estatales para revisar sus juicios laborales. “Con base en el diálogo y la conciliación se logró reducir en más de 60 por ciento el número de demandas recibidas para el año 2018, siendo la meta programada un total de 3 mil 412, y únicamente se han recibido mil 186 demandas”, resaltó. Al tener a la “conciliación” como una estrategia eficaz en la solución de conflictos, indicó que se operó un programa de Jornadas Conciliatorias, que permitió realizar más de 2 mil convenios, con y sin juicio. Derivado de ellos, se han pagado más de 263 millones 745 mil pesos en convenios en beneficio de los servidores públicos mexiquenses. Para disminuir la carga de trabajo que se ha acumulado a lo largo de los años, el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje señaló que se implementó un programa de Abatimiento al Rezago Procesal. “Gracias al trabajo realizado para disminuir el rezago, de 2 mil 293 solicitudes rezagadas, se han acordado mil 834 documentos, lo que equivale a un avance anual del 80 por ciento sobre la meta total de 2 mil 293 documentos rezagados”, precisó. Becker Ania resaltó que uno de los objetivos era detectar irregularidades en el proceso laboral de ejecución, por lo que él ha revisado personalmente más de 160 diligencias de requerimiento de pago y embargo a partir de agosto 2018. Al respecto, la Secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón, reiteró que una de las prioridades es atender a todas las instancias que soliciten ayuda, con el fin de elevar la calidad del servicio de la justicia laboral burocrática. “Se continuará reforzando las acciones y programas con las que contamos en la Secretaría, para brindar un mejor servicio en tiempo y forma a las y los trabajadores de nuestra entidad y así mantener la paz laboral”, finalizó.
La ventaja del nuevo sistema es que racionaliza los conflictos como de derecho y no de equilibrio entre los factores de la producción, plantea el ministro de la Suprema corte de justicia de la nación.
Geert Rombaut
En el nuevo sistema de justicia laboral, el Poder Judicial tratará los conflictos laborales como conflictos de derecho y no como el sistema actual, donde el Estado desempeña un papel tutelar en lo que originalmente se consideraban conflictos de producción. El análisis es del ministro José Ramón Cossío Díaz, a quien le quedan apenas algunas semanas como miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La visión del ministro sobre el nuevo sistema de justicia laboral es moderadamente optimista, aunque advierte que el cambio enfrenta grandes retos: medición de capacidad, planificación de medios materiales y humanos, capacitación de jueces, personal y abogados y, quizás lo más importante, una gran labor de divulgación. “Si se hace una adecuada depuración de los casos que hoy están en las juntas de conciliación y arbitraje, si se migran bien estos casos a los nuevos tribunales, si la transformación se planea bien, si se capacita muy bien a abogados y jueces, puede ser un sistema ventajoso. Si no, puede generar más conflictividad social”, manifestó. Según el ministro, la ventaja del nuevo sistema es que racionaliza los conflictos como de derecho y no de equilibrio entre los factores de la producción. “El razonamiento será: si usted tiene derecho a que le paguen las horas extras, pues se le pagan, usted tiene derecho a despedir a un trabajador por determinado motivo, pues lo ejerce”. Para Cossío Díaz, uno de los principales defectos del sistema actual es su incapacidad de conciliar, que acabó por generar toda una industria de litigio laboral donde los abogados laborales tenían todo el interés de alargar los procesos durante años. Otro desafío es explicar muy bien a toda la sociedad en qué consisten los cambios, crear una cultura jurídica. Cossío Díaz traza un paralelo con la reforma de la justicia penal: “A nadie se le explicó que una persona acusada de cometer un delito iba a enfrentar el proceso en libertad”. La gente dice de repente: “¿Por qué el tipo que me agredió y me causó un daño está en libertad? Esto nunca se explicó y esta falta de educación y de cultura jurídica ha generado mucha oposición”. El ministro de la Suprema Corte considera que con la implementación del nuevo sistema de justicia laboral puede ocurrir algo semejante y pone como ejemplo la aplicación del principio de suplencia de la queja. “Parte de la racionalidad del nuevo sistema es que el trabajador ya no es este sujeto desprotegido históricamente, sino un sujeto con derechos y obligaciones que se planta en un juicio. Si esto no se explica bien, si no se hace cultura jurídica, a los trabajadores les resultará difícil entender por qué han perdido la protección que tenían antes”, dijo.
Necesaria, una amplia labor de capacitación
Después de casi 15 años en la Corte, Cossío Díaz cree que, a veces, los factores culturales generan más problemas que las cuestiones técnicas. En la misma línea, está por ver cómo se van a definir las cargas probatorias en el nuevo código. En el derecho ordinario, la máxima es que el que afirma algo está obligado a probarlo. Sin embargo, en el derecho laboral actual existe una diferencia considerable a favor del trabajador. Cossío Díaz se pregunta: “Ahora, en el nuevo sistema, ¿yo afirmo simplemente que trabajé 1,000 horas extras y mi patrón tiene que acreditar que no las trabajé o tendré que demostrar que las trabajé? Esto será uno de los elementos más importantes de la discusión”. Sobre la independencia del nuevo organismo federal descentralizado encargado del registro de contratos colectivos y sindicatos, Cossío Díaz señala que desconoce cómo el nuevo gobierno piensa garantizar su independencia: “Con la ratificación del Convenio 98 de la OIT y todos los anuncios a favor de la libertad sindical, me parece que si el órgano no queda bien integrado y no asume estrictamente una posición técnica y no política a favor de una u otra parte, puede generarse conflictividad”. Para que el proceso de implementación del nuevo sistema de justicia laboral se haga bien, se necesitarán, según el ministro Cossío Díaz, unos cuatro años, porque la tarea del gobierno federal y de los estados es inmensa, sobre todo en materia de capacitación. “La migración al sistema oral es un cambio importante y habrá que hacer un enorme esfuerzo para capacitar a jueces, abogados y los trabajadores de los nuevos órganos de justicia. Si disminuye el sentido de la suplencia y de las cargas probatorias, los abogados de los trabajadores van a tener que estar muy bien preparados, si no los van a machacar en los tribunales”, explicó. La preparación y motivación de los jueces de los órganos de conciliación también serán fundamentales en el éxito del nuevo sistema. “Necesitamos jueces asertivos que realmente propongan soluciones y que rompan con las dinámicas de abogados que todos estos años se han arreglado entre ellos para alargar los procesos. De esta manera, se pueden evitar muchos litigios y esto quitaría mucha presión al sistema”. Lo mismo aplica para los jueces de los tribunales laborales. El ministro afirma: “Para las audiencias orales hacen falta jueces bien preparados, que no sean jugadores pasivos sino que disciplinen a las partes si presentan demandas absurdas o argumentos irrelevantes”. Aún no se sabe cómo y en qué medida los trabajadores y cuadros de las juntas serán incorporados al poder judicial, tanto desde una perspectiva organizacional como financiera, ya que los sueldos del personal del poder judicial son bastante más altos que los de sus contrapartes en las juntas. Este punto lleva a Cossío Díaz a insistir en la importancia de medir y hacer proyecciones de las necesidades materiales y de capital humano de los nuevos juzgados. “Habrá que tener en cuenta que el sistema oral es más lento, porque la preparación y la celebración de las audiencias toman mucho más tiempo. Habrá que calcular muy bien y más cuando este gobierno quiere reducir la burocracia y los sueldos de los funcionarios”.
México entrará en un proceso de cambio en política laboral, el cual podría traer un creciente número de emplazamientos a huelga.
María Del Pilar Martínez
Aun cuando México busca transitar a la transparencia sindical y a la contratación colectiva efectiva, pasando por un mejor uso del outsourcing e incremento en los salarios, tal y como lo prevé el Capítulo Laboral del Tratado entre México, EU y Canadá (T-MEC), lo cierto es que sólo podrá cumplir a medias, afirmó Hugo Hernández, socio de Hogan Lovells México. El escenario que prevé el especialista laboral es que nuestro país entrará en un proceso de cambio en la política laboral, en el que traerá un creciente número de emplazamientos a huelga, debido a que un mayor número de sindicatos buscarán obtener la representación de los trabajadores. “La transparencia total no llegará, tal y como lo pide el acuerdo (T-MEC). Además, el voto libre y secreto que debe haber en las organizaciones no garantiza transparencia”, ni que sea la mejor solución para cambiar a los líderes que actualmente representan al mayor número de trabajadores. Entre los temas laborales que inquietan a las empresas también se encuentra la contratación colectiva, que, de acuerdo con la Constitución mexicana y los nuevos compromisos que ha adquirido México, debe ser real y no de protección. A este tema se suman la incertidumbre generalizada que hay en todos los sectores, entre ellos el energético, por los cambios que se pueden dar en los contratos y en la reforma; así como en la decisión final que se tomará para la construcción del nuevo aeropuerto. Reunidos en el marco de los 70 años de la firma de abogados, Juan Francisco Torres, director general de Hogan Lovells en México, afirmó que México necesita garantizar “el Estado de Derecho, el valor de las instituciones, la rendición de cuentas, si no tenemos esos tres componentes y no apostamos como país y gobierno a fortalecer esos tres pilares, no podremos tener los resultados que se demandan”. Asimismo, dijo que el hecho de que haya capacidad para legislar “con aplanadora” no es suficiente para garantizar que los cambios logren el estado deseado, “si no logramos consolidar el hecho de que abatamos impunidad y que reconozcamos que hay una obligación de los funcionarios que deben cumplir, difícilmente habrá un mejor país”. En ese sentido, expuso que la decisión sobre el aeropuerto, más allá de si se puede recuperar la inversión o si se puede acudir a algún tipo de arbitraje o a los acuerdos recíprocos —que buscan dar certidumbre—, “es importante que se tomen las decisiones correctas para que México mantenga su atractivo de inversión extranjera”.
El gobernador del Estado de México tomó protesta a los Comités Ejecutivos del Congreso del Trabajo, Delegación Estado de México, y del Congreso Laboral del Estado de México.
REDACCIÓN @ElFinanciero_Mx
24/10/2018
TLALNEPANTLA.- El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, reiteró el compromiso de trabajar de manera coordinada y en unidad con los sindicatos que tienen presencia en la entidad, privilegiando el diálogo y entendimiento, pue se trata de un pilar pare el desarrollo económico de la entidad.
Este martes, el mandatario tomó protesta a los Comités Ejecutivos de los Congresos Laboral y del Trabajo del Estado de México 2018-2020.
“Hoy que toman protesta los Comités Ejecutivos del Congreso del Trabajo, Delegación Estado de México, y del Congreso Laboral del Estado de México para el periodo 2018-2020, mi gobierno refrenda su compromiso con el sindicalismo mexiquense”, afirmó.
Señaló que la entidad cuenta con instituciones sindicales sólidas que garantizan la defensa de los derechos laborales de los trabajadores, e hizo un llamado para seguir sumando esfuerzos y estrechando los lazos de cooperación con el gremio laboral, para enfrentar el complejo entorno económico internacional que se vive actualmente.
Por ello, dijo, se requiere incrementar la competitividad de las empresas y la productividad de la fuerza laboral, mediante la especialización de funciones, la flexibilidad de contratación, la vinculación entre empresas y universidades, así como a través de la tecnificación del conocimiento.
En este sentido, dijo, se creó la Agenda Laboral del Estado de México, para ordenar los compromisos y lineamientos que deben de soportar la política de empleo del Estado de México que tenga un rostro humano, bajo los principios del trabajo digno, la inclusión, la no discriminación laboral y el respeto al derecho a la salud.
La agenda se promoverán visitas a los centros de empleo, para mejorar las condiciones de seguridad e higiene, se impulsará la política de formalización laboral, se concentrarán en el ICATI todos los programas de capacitación de la Secretaría del Trabajo, entre otras acciones.
Además, anunció que se va a diseñar el Plan Estatal de Empleo, para tomar decisiones en esta materia y cumplir con los objetivos estatales planteados por su administración para este rubro, donde se tomará en cuenta la participación de los organismos patronales, instituciones académicas y la sociedad civil.
Del Mazo Maza manifestó que a través de la reforma constitucional de 2017, se crearán los Tribunales Laborales del Poder Judicial federales y estatales, para que las funciones administrativas y procedimentales de las Juntas de Conciliación, pasen al Poder Judicial.
También se crearán los Centros de Conciliación Laboral estatales, que tienen como objetivo consolidar la justicia cotidiana en este rubro, con mecanismos alternativos para la solución de desacuerdos, lo que a su vez permitirá reducir la carga de trabajo de los Tribunales Laborales.
Puntualizó que con la entrada en vigor de esta reforma las Juntas de Conciliación continuarán en funcionamiento mientras concluyen sus asuntos pendientes.
Por último, el gobernador invitó también a los organismos gremiales a sumarse al Protocolo para Evitar Casos de Violencia Laboral, así como al Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción al Hostigamiento y Acoso Sexual en la Administración Pública Estatal.
De 2013 a 2018 se crearon 4 millones 676 mil 314 empleos con un salario de uno a dos salarios mínimos. En el mismo periodo se perdieron 2 millones 348 mil 898 empleos que ofrecían mínimo más de dos salarios mínimos y hasta más de cinco salarios mínimos, según el informe “El sexenio del empleo precario y los bajos salarios”, elaborado por el Instituto de Investigación para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, y del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y de Puebla. Estas cifras publicadas en la recta final de la administración del Presidente Peña Nieto son consideradas el balance final del primer sexenio en que se puso a prueba la Reforma Laboral.
El grupo de investigadores de esas instituciones coincidieron en que se crearon empleos precarios y se perdieron los mejor remunerados, lo que indica que no solo se afectó a la población con menor nivel educativo, sino que la flexibilidad laboral y la oferta al extranjero de mano de obra barata, también terminó por afectar a la población con mejor preparación académica.
El estudio realizado a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), muestra que los empleos que ofrecen un sueldo de un salario mínimo, ubicado en 2018 en 88.36 pesos, crecieron 1 millón 486 mil 566; los que ofrecen más de uno y hasta dos, lo hicieron en 3 millones 189 mil 748. Luego viene la disparidad en las cifras: hubo 251 mil 520 menos empleos que ofrecían más de dos y hasta tres salarios mínimos; 1 millón 058 mil 065 menos empleos de más de tres y hasta cinco salarios mínimos y 1 millón 039 mil 213 menos empleos de más de cinco salarios mínimos. “El 60 por ciento de los trabajadores asalariados viven en condiciones de precariedad: no tienen seguridad social, prestaciones de ley, contratación definitiva, laboran más de 8 horas y reciben remuneraciones debajo de la línea de pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)”, señala el estudio. Y seis años después, la Reforma Laboral sería uno de los elementos clave en la persistencia de la pobreza, ya que el 64 por ciento de los trabajadores perciben entre 1 y 3 salarios mínimos, cuando de acuerdo al Coneval, se requieren de 4 salarios mínimos para que un hogar promedio de cuatro personas no caiga debajo de la línea de pobreza monetaria. “La política laboral de este sexenio viene con la inercia de la inclusión de México en el mercado internacional como país de bajos salarios. La Reforma Laboral fortaleció la contratación y el despido a bajo costo e incluyó el outsourcing como un mecanismo central. Le quitó derechos a los trabajadores y es un desastre en materia de desarrollo. Lo único que ha generado es la persistencia de grandes capas de población trabajadora en la situación de pobreza: outsourcing, Reforma Laboral, el mercado internacional, son una bomba atómica que aplicó el gobierno de Peña Nieto: generación de empleos precarios, cuyo resultado es la persistencia de la pobreza y la desigualdad en el México del siglo XXI”, comentó Miguel Reyes Hernández, director del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana.
El informe se centra en que los empleos que se están creando son de mini salarios y los empleos que han disminuido son los de la parte media hacia arriba.
La promesa inicial del gobierno de Peña Nieto fue la creación de 500 mil nuevos empleos cada año. En su más reciente tanda de spots con motivo del on motivo de su sexto y último Informe de Gobierno, el Presidente habló de los “logros alcanzados” con la Reforma Laboral. “Sin duda, éste ha sido el sexenio del empleo”, dijo y presumió que en su administración se crearon 4 millones de empleos. Según los números del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en lo que va del sexenio de Peña Nieto, se generaron 3.5 millones de nuevos empleos, pero no se sabe si cada afiliación al IMSS representa un nuevo empleo o la formalización de uno ya existente, además de que la mayoría de esos empleos creados ofrecen salarios de entre uno y tres salarios mínimos. Datos de México ¿Cómo vamos? señalan que la informalidad en el país es más alta que en otras regiones con PIB per cápita similar; incluso hay menos informalidad en Venezuela, Chile, Brasil y México está casi al nivel de Colombia y El Salvador. Por esta razón, el crecimiento de afiliados al IMSS, parece “atípico” si se compara con el crecimiento del PIB real. Y con los nuevos datos, lo que se pone en duda es la calidad de esos empleos creados. ¿Qué es lo que hace un gobierno para que el resultado sea ese? De acuerdo con Reyes Hernández, en el sexenio de Peña se conjuntaron varias cosas. Primero, la inercia que ya venía arrastrando de los sexenios anteriores con la inserción de México al mercado internacional con la oferta de los bajos salarios, es decir, cuando se decide que la principal arma de competitividad será la mano de obra barata, “no la inversión en tecnología ni infraestructura, sino las bajas remuneraciones”, explicó el investigador. Eso marcó la tendencia de los “nuevos empleos” o de la demanda de empleos. Éstos sería en la manufacturera, la construcción, el comercio, en servicios y el sector primario –como jornalero agrícola, en comercios y restaurantes, en servicios de recolección de basura y limpieza–. Esos empleos son de baja remuneración y no requieren que el personal sea altamente calificado, que tenga maestría y doctorado. México se ubica en el último lugar de los 35 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) donde la mano de obra fue la peor pagada durante 2016, ya que se paga un promedio de 14.63 dólares (la media es de 50.21 dólares). Esa es una inercia que viene de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón; Peña no la modifica. “En donde sí hay un punto que le agrega Peña y que es la razón por la que registra una creación de empleos elevada, es que con él se aplica la Reforma Laboral. Con la inserción al mercado laboral, se empieza a contratar personal temporal bajo esa nueva ley que permite ahorrar en los costos de contratación y despido. Ahí es donde viene el boom: yo te contrato con uno o dos salarios mínimos y te pago por fuera –esto tendría que revisarlo el SAT– con outsourcing o en efectivo, una compensación mayor. Yo te contrato con uno o dos salarios mínimos y si es un trabajo un poco más calificado, te pago por outsourcing lo demás o en efectivo o en honorarios”, sostuvo Reyes. Este es un tipo de “formalización”, que se generó. Las empresas registran a los empleados con uno o dos salarios para cotizar más bajo en el Seguro Social y por otro lado pagan con outsourcing o en efectivo para que compense lo que realmente debería ganar un empleado. “Esa irregularidad, tendría la nueva administración como reto, identificar quiénes o qué empresas están bajo esa modalidad simulando pagar uno o dos salarios mínimos cuando realmente lo que se debe pagar son cuatro o cinco. Hacer eso le evita al empleador pagar ahorros para el retiro, la seguridad social por una cotización de cinco salarios. Están ocurriendo fenómenos que la autoridad que entra deberá de investigar. Esa aplicación de la Reforma Laboral es la que se está abusando del outsourcing y de los contratos por honorarios. Así se evitan pagar tanto contribuciones a la seguridad social, el ahorro para el retiro e impuestos”, agregó el investigador. La población joven de entre 15 a 29 años se encuentra en el grupo más vulnerable de trabajadores en México. De acuerdo con el Observatorio, el 81 por ciento de ellos no tiene un salario digno, suficiente y mínimo que garantice el cumplimiento del Artículo 123 Constitucional. Respecto a la seguridad social, 8 millones 795 mil 702 jóvenes, el 59.8 por ciento, no cuenta con ella; mientras que 4 millones 507 mil 233, el 30.2 por ciento, sí goza de esta prestación de Ley. Sobre las prestaciones mínimas de ley y más, el 40.3 por ciento de la población trabajadora mayor de 15 años cuenta con algún beneficio laboral, superior al 37.4 por ciento que mostraban en 2005. Los trabajadores sin prestación alguna que para 2005 eran el 45.5 por ciento, en 2017 fue de 42.4 por ciento. En cuanto a los jóvenes, ocurre una situación similar a la de la seguridad social, donde ser joven es garante de no contar con derechos. Sólo el 31.9 por ciento de los jóvenes cuentan con las prestaciones mínimas de ley y el 50.6 por ciento no tiene prestación alguna. El outsourcing está permitido, lo que no es la simulación, recalcó Reyes. Si al trabajador se le va a pagar cinco salarios, no se le tiene que registrar un salario mínimo en el seguro social registrándolo legalmente y darle el resto del dinero por otra vía, “es una simulación y se están evadiendo impuestos y contribuciones a la seguridad social. Eso sí es algo ilegal y debe haber sanción para esas empresas que recurren a este tipo de prácticas”. Esas prácticas también tienen implicaciones en la pobreza, ya que el Coneval identifica a la población en situación de pobreza si alguien no tiene por lo menos tres de los derechos sociales y está debajo del nivel de los ingresos. Ese tipo de contratación de outsourcing priva a los trabajadores de ciertos derechos mínimos. “Entonces la precariedad laboral es la que está abonando a que la pobreza en México no se resuelva, que sea persistente. Estas prácticas no solo afectaron a la población que percibe salarios bajos por su preparación académica, sino que también arrastró a los de mayor preparación. De acuerdo con el informe, en el centro y norte del país, donde las actividades económicas exigen más calificación en comparación con el sur del país, se registró una reducción salarial proporcionalmente mayor al promedio nacional. Reyes señaló que eso se dio en las actividades donde se demanda trabajo con más educación y en las plazas con más antigüedad. En las plazas en las que se podía ganar seis salarios mínimos, se cambiaron a outsorucing con cuatro salarios y sin antigüedad. “En el norte, con la entrada del outsourcing hubo una reconfiguración de todo el empleo y una pérdida de capacidad de negociación de los trabajadores al no haber sindicatos fuertes e independientes en estas empresas, ubicadas en el centro y norte del país en las zonas industriales”, concluyó./Sin Embargo
La Reforma Laboral entró en vigor a principios del sexenio de Enrique Peña Nieto, sin embargo, a seis años de su entrada en vigor, los resultados han sido de todo menos positivos de acuerdo con una investigación realizada por la Universidad Iberoamericana.
Una reforma precarizadora.
El empleo precario es un problema real en el mercado laboral mexicano. Los bajos salarios y la simulación salarial son problemas omnipresentes en la contratación y la Reforma Laboral de 2012 parece haber sido un combustible para este tipo de prácticas. A pesar de que la Reforma Laboral fue aprobada durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, el responsable de implementarla fue Enrique Peña Nieto. Durante los seis años que ha estado en vigor, los empleos bien remunerados han disminuido y los mal remunerados van en aumento. Lo anterior de acuerdo con el estudio denominado “El sexenio del empleo precario y los bajos salarios” elaborado por el Instituto de Investigación para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) de la Universidad Iberoamericana y el Observatorio de Salarios de la misma de la Ciudad de México y Puebla. El estudio fue realizado con base en la información proporcionada por las Encuestas Nacionales de Ocupación y Empleo (ENOE) elaborada anualmente por el INEGI. En los datos recabados se pudo constatar que el número de empleos que ofrecen un salario mínimo y de uno a dos, crecieron en el sexenio de Peña Nieto en 1 millón 486 mil 566 y 3 millones 189 mil 748, respectivamente. Por otro lado, los salarios entre dos y tres salarios mínimos, de tres a cinco y más de cinco, se redujeron en el mismo periodo. 251 mil 520 menos de dos a tres, 1 millón 058 mil 065 de tres a cinco y 1 millón 039 mil de más de cinco. En general, el 64% de los trabajadores ganan entre 1 y 3 salarios mínimos, por debajo de la línea de bienestar establecida por el CONEVAL. El problema de los empleos que se están creando en la actualidad es que estos son de bajos ingresos o al menos eso es lo que reportan al Seguro Social. De acuerdo con estimaciones del propio gobierno, durante el sexenio de Peña Nieto se han creado más de 4 millones de empleos en seis años, sin embargo, esta es una cifra engañosa. Esto debido a que la cifra se calcula basado en el número de afiliaciones al IMSS lo que no necesariamente significa la creación de nuevos puestos, sino que también podría significar la formalización del mismo.
Simulación salarial y el uso indebido del outsourcing.
De acuerdo con Miguel Reyes Hernández el número de puestos de trabajo creados podría ser a razón de la inserción de México en el mercado de los países de bajos salarios. El país le apostó a la mano de obra barata antes que a la innovación indicó. Esto evidentemente impactó en el tiempo de empleos que se crearon y el ingreso medio por los mismos. La mayoría de los empleos creados en este sexenio corresponden a aquellos en la manufactura, construcción, comercial y el sector agrícola; estos son empleos usualmente con salarios sustancialmente bajos. Adicionalmente, son empleos que no requieren de habilidades especiales o calificación. La paga promedio al día en México es de 14.63 dólares, la más baja de la OCDE cuyo promedio es de 50.21 dólares.
En donde sí hay un punto que le agrega Peña y que es la razón por la que registra una creación de empleos elevada, es que con él se aplica la Reforma Laboral. Con la inserción al mercado laboral, se empieza a contratar personal temporal bajo esa nueva ley que permite ahorrar en los costos de contratación y despido. Ahí es donde viene el boom: yo te contrato con uno o dos salarios mínimos y te pago por fuera –esto tendría que revisarlo el SAT– con outsourcing o en efectivo, una compensación mayor. Yo te contrato con uno o dos salarios mínimos y si es un trabajo un poco más calificado, te pago por outsourcing lo demás o en efectivo o en honorarios.
Bajo este esquema las empresas registran a sus trabajadores con sueldos menores a los que realmente perciben a fin de reducir sus contribuciones al IMSS. De igual manera han recurrido al outsourcing para pulverizar puestos de trabajo con sueldos y prestaciones menores. En definitiva, esto es violatorio del 123 constitucional y de lo depuesto en la Ley Federal del Trabajo respecto a las regulaciones del outsourcing.
Esa irregularidad, tendría la nueva administración como reto, identificar quiénes o qué empresas están bajo esa modalidad simulando pagar uno o dos salarios mínimos cuando realmente lo que se debe pagar son cuatro o cinco. Hacer eso le evita al empleador pagar ahorros para el retiro, la seguridad social por una cotización de cinco salarios. Están ocurriendo fenómenos que la autoridad que entra deberá de investigar. Esa aplicación de la Reforma Laboral es la que se está abusando del outsourcing y de los contratos por honorarios. Así se evitan pagar tantas contribuciones a la seguridad social, el ahorro para el retiro e impuestos.
Los jóvenes son los más vulnerables.
Sin embargo la mayor vulnerabilidad se concentra en la población jovenque trabaja, es decir, aquella en el rango entre los 15 y 29 años. La investigación señala que el 81% de ellos no ingresan lo que podría considerarse un salario digno. 59.8% o 8 millones 795 mil 702, no cuentan con seguridad social. En lo que respecta a las prestaciones sociales, sólo el 31.9% tiene acceso a las mínimas que garantiza la ley, mientras el 50.6% no cuentan con una sola prestación. En el caso de la población económicamente activa mayor de 15 años en general, el 40.3% cuenta con algún beneficio laboral, un incremento en comparación con 2005 cuándo se reportaba un 37.4%. El número de trabajadores que no cuentan con alguna prestación social se eleva al 42.4% contra 45.5% de 2005.
(Posta) La población jóven es una de las más afectadas por la simulación salarial y el outsourcing.
De acuerdo con el CONEVAL, si una persona carece de tres derechos sociales y sus ingresos se encuentran por debajo del umbral de bienestar, esta se puede considerar pobre. Esquemas como el outsourcing y la simulación ante el IMSS son mecanismos que han ayudado a incrementar las carencias en el sector laboral y por lo tanto incrementando su vulnerabilidad a la pobreza.
También acabó con los salarios mejor remunerados de los profesionistas.
De acuerdo con el informe, la entrada en vigor de la Reforma Laboral no sólo afectó a la calidad de los trabajos en general, sino que también pulverizó el sueldo de los mejor preparados. Se señala que en el centro y norte del país donde abundan aquellos puestos que requieren mayor preparación académica, los sueldos se redujeron considerablemente. Los trabajos más afectados fueron aquellos que requieren mayor educacióny en dónde se acumulaba mayor antigüedad. En el norte, con la entrada del outsourcing hubo una reconfiguración de todo el empleo y una pérdida de capacidad de negociación de los trabajadores al no haber sindicatos fuertes e independientes en estas empresas, ubicadas en el centro y norte del país en las zonas industriales. En su momento el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador dijo que se buscará la manera de modificar o derogar la reforma laboral. Esta reforma fue aprobada en 2012 durante la LXI legislatura, meses antes de la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia. La reforma tuvo como fin flexibilizar la contratación y despido de trabajadores y regular figuras como el outsourcing, sin embargo, muchos han criticado que, al regular dichas figuras, lo único que se procedió a hacer, fue a legalizarlas.
Comenzó en el segundo semestre la actualización de los padrones de todas las organizaciones
Vinicio Limón, secretario general de la CTM en Morelos
Israel Mariano Al final de este año las organizaciones sindicales que no presenten la documentación que los acredite con padrones de afiliados, tomas de nota, y que no cuenten con la fiscalización de la Secretaria de Hacienda, quedarán en la ilegalidad, advirtió Vinicio Limón Rivera secretario general de la CTM en Morelos, según el convenio 98 de la OIT, y como parte de las reformas a la ley federal del trabajo. Con esto muchas de las supuestas representaciones gremiales de protección en Morelos desaparecerán, anticipó. Por eso la CTM en la entidad, avala estos requisitos que deben cumplir los sindicatos y así sea el inicio para «limpiar» de una vez por todos aquellos contratos de protección donde los únicos que gana son algunas familias y vividores». La federación a su cargo, observó, se ha estado adelantando, y comenzó desde la mitad de este año la actualización de los padrones de todas las organizaciones y regularización tomas de nota con el fin de tener dentro de la legalidad a toda la estructura de la organización, con todo esto, hay una segunda fase que es la transparencia y la rendición de cuentas». Es decir, que desde el orden institucional debe gestionarse ante la SHyCP los registros federales de causantes de cada uno de los sindicatos, y que la base trabajadora se le pueda entregar cuentas claras, y la misma autoridad pueda sancionar esto por medio del INAI. Adicionalmente existirá como obligación que se garantice el voto secreto y directo de los trabajadores para elegir a sus dirigentes. Lo decimos sin dudar, la CTM va adelante de todos, porque todo esto lo venimos haciendo durante muchos años y fuimos la primera federación del país que se dio de alta en la SHyCP, aquí lo interesante es que otros sindicatos en Morelos están de alta en hacienda, quién tiene sus padrones, y como saben los trabajadores que están representados por un sindicato, entonces la mayoría de los que tengan contrato de protección van a desaparecer Y va ocurrir no porque lo diga la CTM, sino porque la autoridad va a realizar una revisión si están legalmente constituidos, toda vez que para firmar un contrato colectivo de trabajo una organización debe tener el 60 por ciento de firmas de los trabajadores que sean parte de ese contrato. Finalmente, auguró, Limón Rivera que probablemente aquellos que se hacen llamar sindicatos no sabrán como comprobar ante la autoridad ni cumplir con los requisitos, mientras que la CTM esta ya certificada ante el INAI en los temas de competencia y transparencia; pero otras se han organizado de forma rudimentaria y por su desconocimiento de la ley y la legislación laboral serán exhibidos como vividores.
Aunque fue creada y aprobada bajo la Presidencia del panista Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), con el fin de la administración de Enrique Peña Nieto, la Reforma Laboral cumple seis años de estar en vigor.
Fueron seis años de implementación y los resultados son claros: hubo beneficio para los empresarios, pero para el grueso de la población, del norte y del sur, con o sin estudios, se tradujo en pobreza, de acuerdo con un estudio de la Universidad Iberoamericana. Este periodo de prueba de seis años deja retos para la siguiente administración, que deberá investigar los vicios que se crearon bajo el amparo de la flexibilidad laboral y la inserción de México al mercado global.
Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- La administración de Enrique Peña Nieto es la que se encargó de implementar la Reforma Laboral que heredó de Felipe Calderón Hinojosa. El saldo es claro: el 63 por ciento de la población asalariada de México gana de uno a tres salarios mínimos. De 2013 a 2018 se crearon 4 millones 676 mil 314 empleos con un salario de uno a dos salarios mínimos. En el mismo periodo se perdieron 2 millones 348 mil 898 empleos que ofrecían mínimo más de dos salarios mínimos y hasta más de cinco salarios mínimos, según el informe “El sexenio del empleo precario y los bajos salarios”, elaborado por el Instituto de Investigación para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, y del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y de Puebla. Estas cifras publicadas en la recta final de la administración del Presidente Peña Nieto son consideradas el balance final del primer sexenio en que se puso a prueba la Reforma Laboral.
El grupo de investigadores de esas instituciones coincidieron en que se crearon empleos precarios y se perdieron los mejor remunerados, lo que indica que no solo se afectó a la población con menor nivel educativo, sino que la flexibilidad laboral y la oferta al extranjero de mano de obra barata, también terminó por afectar a la población con mejor preparación académica.
El estudio realizado a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), muestra que los empleos que ofrecen un sueldo de un salario mínimo, ubicado en 2018 en 88.36 pesos, crecieron 1 millón 486 mil 566; los que ofrecen más de uno y hasta dos, lo hicieron en 3 millones 189 mil 748. Luego viene la disparidad en las cifras: hubo 251 mil 520 menos empleos que ofrecían más de dos y hasta tres salarios mínimos; 1 millón 058 mil 065 menos empleos de más de tres y hasta cinco salarios mínimos y 1 millón 039 mil 213 menos empleos de más de cinco salarios mínimos.
“El 60 por ciento de los trabajadores asalariados viven en condiciones de precariedad: no tienen seguridad social, prestaciones de ley, contratación definitiva, laboran más de 8 horas y reciben remuneraciones debajo de la línea de pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)”, señala el estudio.
Y seis años después, la Reforma Laboral sería uno de los elementos clave en la persistencia de la pobreza, ya que el 64 por ciento de los trabajadores perciben entre 1 y 3 salarios mínimos, cuando de acuerdo al Coneval, se requieren de 4 salarios mínimos para que un hogar promedio de cuatro personas no caiga debajo de la línea de pobreza monetaria. “La política laboral de este sexenio viene con la inercia de la inclusión de México en el mercado internacional como país de bajos salarios. La Reforma Laboral fortaleció la contratación y el despido a bajo costo e incluyó el outsourcing como un mecanismo central. Le quitó derechos a los trabajadores y es un desastre en materia de desarrollo. Lo único que ha generado es la persistencia de grandes capas de población trabajadora en la situación de pobreza: outsourcing, Reforma Laboral, el mercado internacional, son una bomba atómica que aplicó el gobierno de Peña Nieto: generación de empleos precarios, cuyo resultado es la persistencia de la pobreza y la desigualdad en el México del siglo XXI”, comentó Miguel Reyes Hernández, director del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana. EL ALTO COSTO DE LA REFORMA El informe se centra en que los empleos que se están creando son de mini salarios y los empleos que han disminuido son los de la parte media hacia arriba. La promesa inicial del gobierno de Peña Nieto fue la creación de 500 mil nuevos empleos cada año. En su más reciente tanda de spots con motivo del on motivo de su sexto y último Informe de Gobierno, el Presidente habló de los “logros alcanzados” con la Reforma Laboral. “Sin duda, éste ha sido el sexenio del empleo”, dijo y presumió que en su administración se crearon 4 millones de empleos.
Según los números del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en lo que va del sexenio de Peña Nieto, se generaron 3.5 millones de nuevos empleos, pero no se sabe si cada afiliación al IMSS representa un nuevo empleo o la formalización de uno ya existente, además de que la mayoría de esos empleos creados ofrecen salarios de entre uno y tres salarios mínimos.
Datos de México ¿Cómo vamos? señalan que la informalidad en el país es más alta que en otras regiones con PIB per cápita similar; incluso hay menos informalidad en Venezuela, Chile, Brasil y México está casi al nivel de Colombia y El Salvador. Por esta razón, el crecimiento de afiliados al IMSS, parece “atípico” si se compara con el crecimiento del PIB real. Y con los nuevos datos, lo que se pone en duda es la calidad de esos empleos creados. ¿Qué es lo que hace un gobierno para que el resultado sea ese?
De acuerdo con Reyes Hernández, en el sexenio de Peña se conjuntaron varias cosas. Primero, la inercia que ya venía arrastrando de los sexenios anteriores con la inserción de México al mercado internacional con la oferta de los bajos salarios, es decir, cuando se decide que la principal arma de competitividad será la mano de obra barata, “no la inversión en tecnología ni infraestructura, sino las bajas remuneraciones”, explicó el investigador.
Eso marcó la tendencia de los “nuevos empleos” o de la demanda de empleos. Éstos sería en la manufacturera, la construcción, el comercio, en servicios y el sector primario –como jornalero agrícola, en comercios y restaurantes, en servicios de recolección de basura y limpieza–. Esos empleos son de baja remuneración y no requieren que el personal sea altamente calificado, que tenga maestría y doctorado.
México se ubica en el último lugar de los 35 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) donde la mano de obra fue la peor pagada durante 2016, ya que se paga un promedio de 14.63 dólares (la media es de 50.21 dólares). Esa es una inercia que viene de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón; Peña no la modifica.
“En donde sí hay un punto que le agrega Peña y que es la razón por la que registra una creación de empleos elevada, es que con él se aplica la Reforma Laboral. Con la inserción al mercado laboral, se empieza a contratar personal temporal bajo esa nueva ley que permite ahorrar en los costos de contratación y despido. Ahí es donde viene el boom: yo te contrato con uno o dos salarios mínimos y te pago por fuera –esto tendría que revisarlo el SAT– con outsourcing o en efectivo, una compensación mayor. Yo te contrato con uno o dos salarios mínimos y si es un trabajo un poco más calificado, te pago por outsourcing lo demás o en efectivo o en honorarios”, sostuvo Reyes.
Este es un tipo de “formalización”, que se generó. Las empresas registran a los empleados con uno o dos salarios para cotizar más bajo en el Seguro Social y por otro lado pagan con outsourcing o en efectivo para que compense lo que realmente debería ganar un empleado. “Esa irregularidad, tendría la nueva administración como reto, identificar quiénes o qué empresas están bajo esa modalidad simulando pagar uno o dos salarios mínimos cuando realmente lo que se debe pagar son cuatro o cinco. Hacer eso le evita al empleador pagar ahorros para el retiro, la seguridad social por una cotización de cinco salarios. Están ocurriendo fenómenos que la autoridad que entra deberá de investigar. Esa aplicación de la Reforma Laboral es la que se está abusando del outsourcing y de los contratos por honorarios. Así se evitan pagar tanto contribuciones a la seguridad social, el ahorro para el retiro e impuestos”, agregó el investigador. La población joven de entre 15 a 29 años se encuentra en el grupo más vulnerable de trabajadores en México. De acuerdo con el Observatorio, el 81 por ciento de ellos no tiene un salario digno, suficiente y mínimo que garantice el cumplimiento del Artículo 123 Constitucional. Respecto a la seguridad social, 8 millones 795 mil 702 jóvenes, el 59.8 por ciento, no cuenta con ella; mientras que 4 millones 507 mil 233, el 30.2 por ciento, sí goza de esta prestación de Ley. Sobre las prestaciones mínimas de ley y más, el 40.3 por ciento de la población trabajadora mayor de 15 años cuenta con algún beneficio laboral, superior al 37.4 por ciento que mostraban en 2005. Los trabajadores sin prestación alguna que para 2005 eran el 45.5 por ciento, en 2017 fue de 42.4 por ciento. En cuanto a los jóvenes, ocurre una situación similar a la de la seguridad social, donde ser joven es garante de no contar con derechos. Sólo el 31.9 por ciento de los jóvenes cuentan con las prestaciones mínimas de ley y el 50.6 por ciento no tiene prestación alguna.
El outsourcing está permitido, lo que no es la simulación, recalcó Reyes. Si al trabajador se le va a pagar cinco salarios, no se le tiene que registrar un salario mínimo en el seguro social registrándolo legalmente y darle el resto del dinero por otra vía, “es una simulación y se están evadiendo impuestos y contribuciones a la seguridad social. Eso sí es algo ilegal y debe haber sanción para esas empresas que recurren a este tipo de prácticas”.
Esas prácticas también tienen implicaciones en la pobreza, ya que el Coneval identifica a la población en situación de pobreza si alguien no tiene por lo menos tres de los derechos sociales y está debajo del nivel de los ingresos. Ese tipo de contratación de outsourcing priva a los trabajadores de ciertos derechos mínimos. “Entonces la precariedad laboral es la que está abonando a que la pobreza en México no se resuelva, que sea persistente.
Estas prácticas no solo afectaron a la población que percibe salarios bajos por su preparación académica, sino que también arrastró a los de mayor preparación. De acuerdo con el informe, en el centro y norte del país, donde las actividades económicas exigen más calificación en comparación con el sur del país, se registró una reducción salarial proporcionalmente mayor al promedio nacional. Reyes señaló que eso se dio en las actividades donde se demanda trabajo con más educación y en las plazas con más antigüedad. En las plazas en las que se podía ganar seis salarios mínimos, se cambiaron a outsorucing con cuatro salarios y sin antigüedad. “En el norte, con la entrada del outsourcing hubo una reconfiguración de todo el empleo y una pérdida de capacidad de negociación de los trabajadores al no haber sindicatos fuertes e independientes en estas empresas, ubicadas en el centro y norte del país en las zonas industriales”, concluyó.
Las reformas que vienen deben considerar normar los procesos electorales para que impere la equidad y transparencia entre los contendientes. | Manuel Fuentes
Las recientes eleccionesen 11 de las 36 secciones sindicales del Sindicato Petrolerodejan al desnudo el débil andamiaje que tienen las estructuras de la democracia sindical en México, además de evidenciarse que el voto secreto, por sí solo, no es suficiente para lograr la participación libre de los trabajadores sindicalizados en los procesos de cambio de dirigentes. ¿Qué hace falta para lograrlo? No basta la buena voluntad de ratificar el Convenio 98de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que protege la libertad de sindicación y de negociación colectiva. Tampoco la ratificación del Convenio 87del OIT (incorporado a nuestra legislación desde el 1º de abril de 1950) que se enfoca en proteger la libertad sindical en todas sus formas. Tampoco es suficiente la reforma al artículo 123 Constitucional del febrero 24 de 2017 que reconoció por primera vez, después de 100 años de existenciael voto secreto. ¿Qué hace falta entonces?
Los caciques como un fenómeno sindical
Las direcciones sindicales, que tienen caciques a la cabeza, desdeñan la voluntad de los trabajadores, para ellos son masas y objetos como cualquiera. Son camarillas que controlan a su antojo los bienes y dineros sindicales, los procesos electorales y hasta las voluntades de los trabajadores, bajo la amenaza de mandarlos a la calle, con una simple petición al patrón para que no se les recontrate o se les separe con cualquier pretexto o se les suspende en sus derechos sindicales o se les destituyesin juicio previo. A la par se valen de amenazas, golpes y hasta de asesinatos. En ocasiones los caciques sindicales llegan a controlar las instituciones en las que mantienen relaciones laborales sus agremiados. El patrón o los funcionarios actúan como empleados del cacique, acatan sus órdenes y hasta solapan todas sus fechorías. Se llegan a convertir en socios y uno y otro se encubre. Controlan con personal de confianza del cacique las áreas de Recursos Humanos, Finanzas compras, vigilancia y otras donde les genere recursos y control. Los caciques sindicalesson seres felices. Tienen amigos por doquier por los favores que reparte. Son o se sienten dueños de plazas de trabajo, de mejoras salariales y de jugosas licencias de tiempo completo con sueldo y prestaciones sin límite. Tienen cientos de compadres y reciben muchos abrazos día a día por el poder que comparten. Cuando vienen las elecciones un equipo de confianza pone todo a su servicio. Se preparan firmas con anticipación, se simulan asambleas y se presentan las notificaciones a las autoridades laborales para que todo transite sin problema. Obtienen la Toma de Nota, hasta con muchos meses de anticipación de su proceso electoral. Es el mundo feliz. En los procesos electorales preparan con toda anticipación, con la planilla a modo del cacique, todos los requisitos que puedan cumplir sus incondicionales para presentar su documentación apenas se inicie el registro sin problema alguno. Por el contrario, a sus opositores les ponen sin fin de requisitos para obstruir su registro. Les dan pocas horas para que cumplan con todos ellos. Les exigen papeles, constancias certificadas o notariadas, cientos o miles de firmas que sólo se pueden recabar en varios días, que sean presentadas en tamaño oficio o carta y otras sandeces. En el periodo siguiente, los representantes del cacique cambian las reglas para siempre tener el control, con facultades plenipotenciarias, para que a su antojo registre o no a las planillas opositoras. En el caso del sindicato petrolero en nueve secciones, de las once, quedaron inscritas planillas únicas, las del cacique por supuesto.
Reformas laborales
Las reformas que vienen deben considerar normar los procesos electorales para que impere la equidad y transparencia entre los contendientes, los tiempos de registros; requisitos que sean los previstos en los estatutosúnicamente y no los que saquen del sombrero del mago cada año los comités electorales. Que impere y se reconozca el voto directo (aún no previsto) y secreto en todos los procesos sindicales y que éste sea intransferible. No basta, como se impuso en la última reforma al artículo 123 constitucional de febrero de 2017, el voto personal, libre y secreto, en una democracia sindical que aún no llega. Por lo pronto los caciques sindicales caminan felices por la vida. Los ministros de la Corte no usan escoba @Manuel_FuentesM | @OpinionLSR | @lasillarota
La futura secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, afirmó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador enfrentará una tarea “titánica” para asegurar que se cumplan los derechos de los trabajadores del país. México.- En entrevista a la agencia Reuters, la morenista destacó que México es el país con el salario mínimo más bajo y más horas laboradas entre todos los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por lo que deberán implementar medidas inmediatas para mejorar la situación. Sin embargo, la abogada de 31 años de edad recalcó que un sexenio es suficiente “para hacer un cambio profundo, para rescatar al país”. “Es titánico todo el contexto que estamos enfrentando en el mundo laboral y, en general, en términos de pobreza, desigualdad y violencia, que están totalmente vinculados con el mundo laboral (…) es titánico pero también hay enormes posibilidades”, apuntó. Alcalde Luján agregó que Morena impulsará en el Congreso de la Unión una serie de leyes secundarias para poner en marcha la reforma laboral aprobada a principios de 2017, con unas cámaras de mayoría priista. “Esperamos presentarlas próximamente, en las próximas semanas (para) garantizar que sea auténtica la representación de los trabajadores, que haya un verdadero diálogo social”, precisó. Entre otras medidas, el próximo gobierno pretende eliminar los contratos de protección. “No importa de qué sindicato, de qué empleador o de qué empresa se trate, será una regla general que habrá que respetar”, advirtió. Además, se promoverá la democracia al interior de los sindicatos con elecciones libres y secretas, pues en la actualidad muchos procesos son ‘a mano alzada’ o la boleta cuenta con el número del trabajador, inhibiendo la independencia en la toma de decisiones. Finalmente, adelantó que harán lo que esté en sus manos para llevar el salario mínimo a 3 mil 120 pesos mensuales, una cifra que, de todos modos, mantendría a México como uno delos países con el salario mínimo más bajo de Latinoamérica. “Ningún hombre o mujer que viva de su trabajo puede vivir con el salario mínimo y es algo que no podemos seguir sosteniendo”, dijo. “Iremos año con año evaluando todas las posibilidades para que no haya ningún tipo de riesgo a la inflación”. Con información de Reuters y SDP Noticias
Se han recuperado más de 263 millones 745 mil pesos para los trabajadores.
