Luisa María Alcalde, futura secretaria del Trabajo. Foto: Miguel Dimayuga
Por Rosalía Vergara , 5 septiembre, 2018
Logrado el entendimiento comercial entre las delegaciones de México y Estados Unidos, la próxima titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, adelanta que su proyecto de política laboral estriba en que se respeten los derechos en la materia; en suma, velar porque prevalezca el estado de derecho. Una de sus tareas es la promoción del empleo y dar vida al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, consistente en darles las oportunidades que hasta ahora se les han negado. Sin embargo, aclara, el cambio vendrá con el proyecto de nación en su conjunto.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Luisa María Alcalde Luján –propuesta por Andrés Manuel López Obrador para que ocupe la Secretaría del Trabajo y Previsión Social durante su administración– confía en que el capítulo laboral del entendimiento comercial alcanzado por los gobiernos de México y Estados Unidos sea compatible con la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
Ese capítulo, puntualiza, debe de ser empático con la ley de justicia laboral cotidiana, vigente en México desde febrero de 2017 y cuyas leyes secundarias se discutirán en la LXIV Legislatura, que se instaló el sábado 1.
“Se debe garantizar la democracia sindical, como lo señala nuestra Constitución. Estamos muy animados porque tenemos la posibilidad de construir un nuevo escenario en el mundo laboral”, comenta la exdiputada federal de Morena.
En entrevista con Proceso, habla de la necesidad de una reforma al artículo 123 constitucional y de varias leyes secundarias que sean coherentes con la Constitución, así como de mejoras al salario mínimo. Confía en que el Senado ratifique el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la expectativa que genera el capítulo laboral del nuevo entendimiento comercial.
Lo deseable, dice, es que “impulse los principios básicos de la OIT, en especial el fortalecimiento de la contratación colectiva decente, como un medio de diálogo social y productivo que mejore las condiciones laborales de los hombres y mujeres que viven de su trabajo y se reduzca así la desigualdad y la pobreza”.
De acuerdo con lo publicado por la consultoría Grupo Estrategia Política, el capítulo laboral del TLCAN incluye un anexo sobre la representación de los trabajadores en la negociación colectiva en México, en el cual el gobierno se compromete, con acciones legislativas específicas, a garantizar el reconocimiento efectivo de este derecho.
La presión de Estados Unidos
En febrero de 2016, la adhesión de México al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés) puso en la mira internacional las condiciones en que laboran los obreros mexicanos. Washington presionó al gobierno mexicano para que acabara con las dos mayores injusticias para la clase trabajadora: la parcialidad de las juntas de Conciliación y Arbitraje y los contratos de protección patronal (Proceso 2050).
Semanas después, el 28 de abril, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado dos iniciativas de reforma: una a la ley laboral y otra a la Constitución. En tanto, los sindicatos canadienses se sumaron a la presión de los estadunidenses. El gobierno de Peña Nieto tuvo que cumplir las demandas históricas del sector laboral, opositor a las políticas gubernamentales en la materia.
La primera iniciativa, concretada en febrero de 2017, plantea la creación de una instancia autónoma que registre contratos y sindicatos, garantice la autenticidad y publicidad de los mismos, replantee el esquema que regula el depósito y registro de los contratos colectivos de trabajo y promueva la conciliación.
El propósito de esta instancia autónoma es erradicar los contratos de protección patronal. Ahora es necesario consultar el voto personal, libre y secreto, antes de que se firme un contrato colectivo; antes, era el patrón quien imponía el sindicato a los trabajadores.
Con la segunda iniciativa se reformó la Constitución para desaparecer las juntas de Conciliación y Arbitraje a fin de que “la justicia laboral sea impartida en lo sucesivo por órganos del Poder Judicial de la federación o de los poderes judiciales locales, según corresponda”, señala Alcalde.
Resalta que su función conciliatoria estaría a cargo de Centros de Conciliación descentralizados, especializados, imparciales, dotados de personalidad jurídica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.
Líderes “charros”, un peligro
Todo iba bien hasta que Donald Trump llegó a la Casa Blanca y anunció la salida de Estados Unidos del TPP.
El 10 de diciembre de 2017, los senadores Isaías González, de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, y Tereso Medina, de la Confederación de Trabajadores de México, presentaron su iniciativa de ley reglamentaria para la reforma de justicia laboral, en vigor desde el 25 de febrero de 2017.
Su intención era abrir la puerta al sindicalismo propatronal y echar atrás la autonomía del organismo y la desaparición de las juntas de Conciliación y Arbitraje. La propuesta se desvaneció ante el insólito triunfo de Morena en los comicios presidenciales del 1 de julio pasado.
Sin embargo, queda pendiente la aprobación de las leyes secundarias en materia laboral.
–¿Puede decirse que está cancelada la propuesta de echar para atrás las reformas constitucionales? –se le pregunta a Alcalde.
–Primero, nuestro marco debe estar sustentado en la Constitución. Para ello necesitamos garantizar la transición ordenada de las juntas federales de Conciliación y Arbitraje, que los nuevos juicios se vayan al Poder Judicial, a los tribunales laborales. Debemos resolver el gran rezago en las juntas locales y federales, lo cual requiere de la colaboración de todos.
“Número dos: estamos por la independencia del órgano. Pedimos que se encargue de los registros sindicales y de los contratos colectivos; número tres: pugnamos porque se garantice el voto personal, libre y secreto, tanto para la elección de dirigentes como para la representatividad de los trabajadores, previo a la firma del contrato colectivo.”
–¿Qué papel jugaría la Secretaría del Trabajo en este asunto, toda vez que en la actualidad es juez y parte?
–La Constitución establece, por un lado, la creación de un órgano autónomo, independiente, que se encargue de los registros sindicales y los contratos colectivos. El papel de la secretaría es hacer respetar el estado de derecho y promover los valores constitucionales. Esto conlleva una nueva etapa en el mundo del trabajo.
“No apoyaremos la simulación ni la corrupción. Confiamos en el diálogo auténtico, informado, como la mejor vía para lograr el trabajo decente y un verdadero desarrollo productivo. El sector empresarial sabe que un sindicato decente es un excelente aliado para sus fines.
“La apuesta de la secretaría es que la política laboral, incluyendo la participación responsable de los actores, sea un verdadero instrumento de justicia social, de pacificación y de crecimiento del empleo digno y formal. Eso traerá mejor seguridad social, cumplimiento de las obligaciones fiscales, así como un impulso al mercado interno y al tránsito hacia un nuevo modelo de desarrollo.”
–¿Podemos decirle adiós al tripartismo?
–Una cosa es el tripartismo auténtico y otra la simulación; en materia de impartición de justicia, conforme a la división de poderes, eso le corresponde al Poder Judicial, en cuanto al órgano descentralizado autónomo. Sus decisiones no pueden ser afectadas por intereses gremiales y políticos; por ello no podría ser tripartito, ya que debe preservarse estrictamente su carácter autónomo.
La democracia sindical
Después de ganar la elección presidencial, López Obrador se comprometió a respetar la autonomía y la democracia sindicales, lo que creó expectativas entre los trabajadores de vocación democrática para deshacerse de los controles del sindicalismo charro.
Alcalde afirma: “Nosotros no queremos involucrarnos en la vida interna de los sindicatos. Lo que buscamos es que el estado de derecho tenga vigencia real; es decir, libertad de asociación, trabajo decente y una negociación colectiva auténtica. Significa que los trabajadores tienen derecho a conducir sus sindicatos; significa rendición de cuentas; significa no consentir a los extorsionadores de empresas. En pocas palabras, que todos tomemos en serio el cumplimiento de la ley. Es la mejor vía para vivir mejor, tener mejores salarios y paz social.”
–¿Qué pasará con los sindicatos blancos o corporativos que tienen la toma de nota para las empresas terciarizadoras del mundo laboral?
–Parte de lo que establece la reforma constitucional es la garantía. Eso vamos a tomarlo muy en serio. Los trabajadores son quienes deben decidir de manera libre, sin ataduras ni obstáculos. Entonces, si otras mayorías se generan, ellos tienen todas las posibilidades de demandar la titularidad de los contratos.
“El gobierno no tiene por qué meterse, pues se trata de asuntos de los sindicatos, de quienes representan a la mayoría y de quienes deberían tener la titularidad de los contratos.”
–¿Y en el caso de las denuncias penales que están detenidas?
–En eso sí. En todas las denuncias, todas las extorsiones, todo lo que involucra actividades delictivas, nos vamos a meter de fondo. Lo haremos de la mano de la Secretaría de Seguridad Pública. La idea de la no impunidad es para todos los ámbitos de la vida pública, incluido el de los sindicatos. Los sindicatos de trabajadores fueron creados para su representación, no como mecanismos de extorsión o de control que acaban perjudicando, no sólo a los trabajadores, sino a los empresarios y al Estado en su conjunto.
Las reglas del cambio
Respecto a los salarios mínimos, se incrementarán de manera paulatina en una primera etapa, afirma Alcalde. El plan es llegar por encima de los 100 pesos diarios; después aumentarán conforme al diálogo con los sectores productivos y la política financiera del Estado. Tendremos un diálogo constante con el Banco de México y las autoridades hacendarias y, obviamente, con la representación de los trabajadores y los empresarios. La recuperación salarial es un compromiso fundamental del nuevo gobierno.
–¿Qué van a hacer con el outsourcing?
–En estos casos estamos pensando en fortalecer la inspección como un mecanismo para garantizar el cumplimiento de la ley. En la Ley Federal del Trabajo se establece la subcontratación, pero el problema está cuando se utiliza de manera abusiva. Ahí es en lo que vamos a trabajar, porque no se vale que se utilice como un mecanismo para precarizar el empleo y evadir responsabilidades.
“La apuesta es que se respete el estado de derecho y los derechos laborales. Eso no es tarea exclusiva de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El cambio vendrá con el proyecto de nación en su conjunto.”
–¿Cómo se aplicará el plan de austeridad de López Obrador en la secretaría que usted encabezará?
–Nos reduciremos a dos subsecretarías: la del Trabajo y la de Empleo. La primera sufrirá transformaciones cuando se implementen las reformas laborales secundarias, especialmente en materia de justicia, conciliación y registro de asociaciones. La segunda tendrá como tarea fundamental promover el empleo y dar vida al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro.
Esta apuesta, dice la entrevistada, coadyuvará a la pacificación del país al brindar oportunidades a los jóvenes que hasta ahora se les han negado.
Esta entrevista se publicó el 2 de septiembre de 2018 en la edición 2183 de la revista Proceso.
