Certificación de trabajo justo, inserción digna de los migrantes mexicanos y plataforma digital para el empleo, entre otros objetivos.
María Del Pilar Martínez
10 de julio de 2018, 00:48
El próximo gobierno que encabezará el candidato ganador en las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, contiene como ejes fundamentales de la política laboral aspectos como: la formación profesional y capacitación para el trabajo; aumento del salario mínimo; facilitar negociación colectiva; recuperar la inspección de trabajo; plataforma digital para el empleo; certificación de trabajo justo; inserción digna de los migrantes mexicanos, y programa de certificación de competencias y habilidades para el trabajo.
Plasmados en el Proyecto 18, los ocho ejes están encaminados a recuperar las condiciones de trabajo, en donde el salario sea digno y haya transparencia en la contratación colectiva y la libertad sindical.
Respecto al salario mínimo, dado el diagnóstico en el que después de 35 años se ha perdido el poder adquisitivo 75, y 67% de la población ocupada percibe menos de tres salarios mínimos. se pretende transitar hacia un proceso de recuperación del salario mínimo de manera paulatina.
En el proyecto se explica que el incremento “sería en una primera etapa, superar la línea de bienestar mínimo establecido por el Coneval, con el fin de que este proceso sea compatible con la nueva política económica”.
Así, la propuesta consiste en un impulso al salario mínimo mediante un incremento anual de 15.6% más inflación, para llegar al fin de sexenio a la cifra de 171 pesos diarios más la inflación que se haya generado en el periodo. También se incluye el salario mínimo profesional que también se vería mejorado.
Tomando como base la reforma constitucional que realizó el presidente Enrique Peña Nieto, en febrero del 2017, el próximo gobierno buscará crear una nueva instancia que promueva y fortalezca la negociación colectiva.
Lo anterior, debido a que en el país sólo 10% de los trabajadores cuenta con un sindicato y de éstos se calcula que 90% se encuentra sujeto a contratos de protección; es decir, contratos que se firman sin el consentimiento de los trabajadores, y esta situación ha llevado a que se deterioren los salarios y condiciones de trabajo. Para ello se realizará una amplia inspección en el trabajo, lo que permitirá realizar diagnósticos, cuyo fin es corregir y recuperar las mejores condiciones laborales.
En este sentido, el próximo gobierno pretende aumentar el número de inspectores, pues parte de la problemática que tiene el sector laboral es que hay incumplimiento en buena medida de las normas en el mercado laboral, lo que ha permitido que avance la subcontratación ilegal o el subregistro de los trabajadores en el Seguro Social y la ausencia en el pago de utilidades.
Asimismo, hay un señalamiento por parte de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre nuestro país con el menor número de inspectores, frente a su población trabajadora. Para ello se integrarán 500 inspectores, para llegar a 1,500, para que al final del sexenio se cumpla con 50% que recomienda la OIT.
“Por muchos años se ha denunciado la existencia de los contratos de protección, organismos como la OIT han pedido a nuestro país que informe qué se ha hecho para reducir esta actividad, que incluso llegó a las negociaciones como el TLC, es momento de que se revisen”, afirmó Alfonso Bouzas, abogado laboral de la UNAM.
Empresas certificadas por dar trabajo justo
Como parte de la política laboral, se incluye el concepto de “trabajo justo”, por ello se creará la Certificación de Trabajo Justo, y será un reconocimiento a firmas que otorguen salarios justos, ello sería “previamente determinado por un grupo de expertos, académicos y miembros de la sociedad civil, entendiendo por salarios los inscritos en el IMSS”. Ricardo Martínez Rojas, abogado laboral de De la Vega & Martínez, comentó que “es importante que se avance con las leyes secundarias sobre la reforma a la justicia laboral, en gran medida ahí se tocan temas de interés que van a corregir parte de las preocupaciones que hay en materia laboral en el país”.
Actual gobierno dejará pendiente actualización del salario mínimo: Campa
El titular de la Secretaria de Trabajo, Roberto Campa, indicó que la administración actual dejará pendientes la actualización del ingreso mínimo y la reforma laboral.
ZENYAZEN FLORES @ElFinanciero_Mx10/07/2018Actualización 10/07/2018 – 19:38
El salario mínimo ha registrado una recuperación de poder adquisitivo de 18.5 por ciento en términos reales.Fuente: Bloomberg
Aunque en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto el salario mínimo tuvo un aumento en términos reales, quedará pendiente su actualización, señalóel secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Roberto Campa.
«Hay un tema que deberá resolverse que tiene que ver con la actualización del salario mínimo», apuntó el funcionario en entrevista, luego de inaugurar el Curso de Inspectores Federales para la detección y canalización de víctimas de trata de personas en centros de trabajos.
No obstante, Campa aseguró quedurante el sexenio actual ha habido un incremento «sin precedente» del salario mínimo, ya que arrancó en 2012 en 60 pesos y con tres regiones geográficas, mientras que en 2018 el salario es de 88.36 pesos diarios y hay una sola zona geográfica.
«Lo que hemos dicho es que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) planteará la pertinencia de que se revise el alza al salario en cuanto sea prudente para tratar de llevarlo a la Línea de Bienestar Urbano de Coneval«, subrayó.
En lo que va del sexenio de Peña Nieto, el salario mínimo también ha registrado una recuperación de poder adquisitivo de 18.5 por ciento en términos reales.
Sin embargo, el salario mínimo mensual, que es de 2 mil 650 pesos, aún está por debajo de la Línea de Bienestar urbano, que conjuga la canasta alimentaria y canasta no alimentaria, y que en mayo se ubicó en 2 mil 946.52 pesos mensuales por persona, de acuerdo con el más reciente dato disponible de la Coneval.
Un segundo tema pendiente que dejará la STPS es la reforma en materia de justicia laboral.
«Está pendiente la conclusión, el proceso de conclusión de la legislación secundaria que, como hemos dicho, este es un asunto que deberá revisarse con las autoridades que resultaron electas y confiamos en que se tendrá a la brevedad una resolución».
Campa dijo que en el tema de la reforma laboral, este gobierno hizo la primera parte que fue la reforma constitucional, que consiste en llevar la justicia laboral de las juntas locales y federales de conciliación a los tribunales.
Adelantó que la STPS realizará en las próximas semanas un foro sobre el cambio tecnológico y el mundo laboral.
«Queremos dejar (a la próxima administración) sembrado el sentido de urgencia de este cambio tecnológico que está sucediendo en el empleo», argumentó.
Finalmente, comentó que la STPS atiende el proceso de transición y que la dependencia estará en funciones hasta el último día del actual sexenio.
«Estamos preparando una entrega que facilite el relevo, preparamos la información para que la nueva administración arranque con todos los elementos desde el primer día», añadió.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/actualizar-el-salario-minimo-le-tocara-a-la-siguiente-administracion-campa
Cooperaremos con el nuevo gobierno: CTM
El dirigente de la CTM Carlos Aceves del Olmo hizo un llamado a los sindicatos del país en sumarse para construir una propuesta para la política laboral que tomará la siguiente administración federal.
María Del Pilar Martínez
09 de julio de 2018, 16:26
Sin temor por “una posible cacería en contra de los sindicatos corporativos” y sí con un tono conciliador, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y el Congreso del Trabajo, en voz de su dirigente, Carlo Aceves del Olmo, ve la posibilidad de “cooperar con el nuevo gobierno”, siendo muy cuidadosos de las medidas que se pretendan adoptar en la política laboral.
Después de un encuentro entre los dirigentes sindicales de todos los estados y tras entablar una reunión con el dirigente del PRI, René Juárez Cisneros, el dirigente de la CTM afirmó que “estamos con la conciencia tranquila” y en la búsqueda de una reunión con el candidato ganador en las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, una vez que tome posesión. Aceves del Olmo hizo un llamado para que, en este momento, se sumen todos los sindicatos —los corporativos y los independientes—, para hacer una propuesta que defina la política laboral en el país.
“Nosotros estamos curados de espanto con las cacerías de brujas, porque tratamos de conservar todo lo que hicieron los ancestros y, ahora que manejamos nosotros la central, la cuidamos más, estamos con la conciencia tranquila”. Dijo que “no creo que tengan materia para hacer una cacería de brujas, con la ley en la mano que nos demuestren si tenemos algo que pagar”, sentenció.
El dirigente espera una buena relación con quien podría ocupar el cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa Alcalde, con quien trabajó en la reforma del 2012, y pidió que el padre de la futura secretaria, el abogado Arturo Alcalde, “no vaya a asesorarla”; cabe señalar que estos sindicatos han sido fuertemente criticados por impedir la existencia de un mayor numero de sindicatos y la votación libre y secreta.
Prefieren el tripartismo
Del Olmo explicó que las reformas secundarias que están en discusión en el Senado, y que permitirían cumplir con la reforma constitucional para desaparecer las juntas de Conciliación y Arbitraje, se han detenido, “no queremos ser un escalón para terminar con el tripartismo”. Dijo que, en caso de desaparecer, “perderíamos la representación en las juntas de Conciliación y Arbitraje”.
Vale la pena destacar que la CTM junto con organizaciones sindicales como la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos han tenido por más de siete décadas la representación tripartita en organismos como el Infonavit, el IMSS y Conasami.
pmartinez@eleconomista.com.mx
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Cooperaremos-con-el-nuevo-gobierno-CTM-20180709-0043.html
UNT busca pronto encuentro con AMLO
La UNT, que agrupa a más de 200 organizaciones sindicales en el país, ve en el triunfo de AMLO “una ventana de oportunidad” para impulsar los cambios que se necesitan en el país, y en política laboral, en donde el respeto a la libertad sindical y a la contratación colectiva sea real.
María Del Pilar Martínez
08 de julio de 2018, 23:09
La Unión Nacional de Trabajadores (UNT), que agrupa a más de 200 organizaciones sindicales en el país, ve en el triunfo de Andrés Manuel López Obrador “una ventana de oportunidad” para impulsar los cambios que se necesitan en el país, y en política laboral, en donde el respeto a la libertad sindical y a la contratación colectiva sea real.
Francisco Hernández Juárez, líder del sindicato de Telefonistas y presidente colegiado de la UNT, explicó en entrevista que “si queremos que los trabajadores, el trabajo y sus posibilidades de mejora sean reales, la única manera es que haya libertad y democracia sindical, si queremos que haya mejores condiciones de vida de los trabajadores, sólo a través de la fortaleza del sindicalismo democrático, independiente y representativo se puede avanzar en esa dirección”.
Afirmó que es importante mantener una comunicación de respeto con la próxima administración que encabezará López Obrador, pero también de firmeza, pues “ésa es una cuestión básica que se tiene que modificar; primero debemos caminar en que se garantice la libertad sindical, a pesar de que se encuentra ya en la Constitución”.
Sostuvo que buscarán reunirse lo más pronto posible con la futura titular de la STPS y abordar los cambios a la ley secundaria en materia de justicia laboral que aún está pendiente y que no fueron aprobados en el periodo ordinario de sesiones en el Senado de la República.
Por otra parte, organizaciones sindicales como el Sindicato de Ferrocarrileros, el de Comisión Federal de Electricidad, de sectores como automotriz, alimentos, fijarán este lunes su postura de cara al nuevo gobierno.
En reunión plenaria en la sede de la Confederación de Trabajadores de México, se dictarán las nuevas directrices que habrán de tomar en la relación con el nuevo gobierno. Carlos Aceves del Olmo, quien también preside el Congreso del Trabajo llamó al encuentro después de haber sostenido una reunión con la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional.
pmartinez@eleconomista.com.mx
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/UNT-busca-pronto-encuentro-con-AMLO-20180708-0103.html
Los ocho ejes de la política laboral del gobierno electo
Mejores condiciones de trabajo, salarios dignos y transparencia en la contratación colectiva y libertad sindical son algunas de las ideas rectoras de la política en materia de política laboral del gobierno de Andrés Manual López Obrador que tomará posesión en diciembre.
María Del Pilar Martínez
08 de julio de 2018, 17:59
El próximo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador tiene como ejes fundamentales de la política laboral: la formación profesional y capacitaciónpara el trabajo; aumento del salario mínimo; facilitar negociación colectiva; recuperar lainspección de trabajo; plataforma digital para el empleo; certificación de trabajo justo; insercióndigna de los migrantes mexicanos, y programa de certificación de competenciasy habilidades para el trabajo.
Plasmados en elProyecto 18, los 8 ejes están encaminados a recuperar las condiciones de trabajo, con un salario sea digno y transparencia en la contratación colectiva y la libertad sindical.
Respecto al salario mínimo, dado el diagnóstico según el cual después de 35 años los trabajadores han perdido un 75 por ciento del el poder adquisitivoy el 67 por ciento de la población ocupada percibe menos de 3 salarios mínimos, el nuevo gobierno pretende transitar hacia un proceso de recuperación del salario mínimo de manera paulatina.
Superar la línea del bienestar mínimo
En su proyecto, el Movimiento por la Regeneración Nacional explica que el incremento “sería en una primera etapa, superar la línea de bienestar mínimoestablecido por el CONEVAL, con el fin de que este proceso sea compatible con la nueva política económica”.
Así, la propuesta consiste en unimpulso al salario mínimo mediante un incremento anual del 15.6 por ciento más inflación, para llegar al fin de sexenio a la cifra de 171 pesos diarios más la inflación que se haya generado en el periodo.
Los planes también incluyen un aumento del salario mínimo profesional y se elaborará un listado de profesiones considerando el mercado de trabajo y a los jornaleros agrícolas. Todo ello servirá de base para que, mediante el impulso de una negociación colectiva auténtica, se mejoren el resto de los salarios.
Tomando como base la reforma constitucional que realizó el presidente Enrique Peña Nieto, en febrero de 2017, el próximo gobierno buscará crear una nueva instancia que promueva y fortalezca la negociación colectiva.
Eliminar contratos de protección
Esta medida se fundamenta en en el hecho de que en el país sólo 10 por ciento de los trabajadores cuenten con un sindicato y de estos se calcula que el 90 por ciento están sujetos a contratos de protección, que se firman sin el consentimiento de los trabajadores. Esta situación ha llevado a que se deterioren los salarios y condiciones de trabajo.
“Por muchos años se ha denunciado la existencia de los contratos de protección. Organismos como la OIT han pedido a nuestro país que informa qué se ha hecho para reducir esta actividad, que incluso llegó a las negociaciones como el TLC, es momento de que se revisen”, afirmó a Factor Capital Humano Alfonso Bouzas, abogado laboral de la UNAM.
Por este motivo, el nuevo gobierno pretenderá realizar aumentar las inspecciones de trabajo. Esto que permitirá realizar diagnósticos, cuyo fin, es corregir y recuperar las mejores condiciones laborales.
En este sentido, el próximo gobierno pretende aumentar el número de inspectores, porque según el diagnóstico de Morena, parte del problema es que se incumplen las normales laborales existentes,lo que ha permitido que avance la subcontratación ilegal o el subregistro de los trabajadores en el Seguro Social y la ausencia en el pago de utilidades.
Asimismo, la Organización Internacional de Trabajo ha señalado que nuestro país tiene un numero muy bajo de inspectores, frente a su población trabajadora. Para ello se integrarán 500 inspectores y llegar asi a 1,500 para que al final del sexenio se cumpla con el incremento del 50 por ciento del número actual que recomienda la OIT.
Certificación de empresas por dar trabajo justo
Como parte de la política laboral, el nuevo gobierno pretende incluir el concepto de “trabajo justo”y por ello, se creará la “Certificación de Trabajo Justo”, que será un reconocimiento a empresas que otorguen salarios justos, según criterios “previamente determinados por un grupo de expertos, académicos y miembros de la sociedad civil, entendiendo por salarios los inscritos en el IMSS”.
La certificación se hará pública para que se conozcan a las empresas que otorguen salarios justos y cumplan con los derechos laborales, y “promoverá la vigilancia ciudadana y será considerada para las licitaciones públicas”.
Por otra parte, Ricardo Martínez Rojas, abogado laboral del despacho De la Vega & Martínez, comentó que “si bien hay temas pendientes, es importante que se avance con las leyes secundarias sobre la reforma a la justicia laboral, en gran medida ahí se tocan temas de interés que van a corregir parte de las preocupaciones que hay en materia laboral en el país”.
https://www.eleconomista.com.mx/gestion/Los-ocho-ejes-de-la-politica-laboral-del-gobierno-electo-20180708-0033.html
Nueva política laboral…pero «aguas»
Lunes 9 de julio de 2018
La política laboral cambiará. Será un comenzar de nuevo. Basta ver el perfil de la que será la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, para entender que muchas cosas no serán como antes.
Mujer de izquierda, egresada de la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de México, con maestría en políticas públicas en la Universidad Californiana de Berkeley en Estados Unidos.
Es hija del afamado abogado laboral de las “causas difíciles” Arturo Alcalde, asesor de múltiples sindicatos, enemigo de las políticas laborales de corte empresarial.
Habrá una fuerte inclinación hacia todo aquello que beneficie al trabajador. De entrada, la reforma a la justicia laboral será modificada; la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos vive sus últimos meses; los cacicazgos sindicales desaparecerán y apretarán a los gremios para que democraticen sus procesos internos.
Los trabajadores encontrarán un aliado en el próximo Gobierno, que buscará al precio que sea, una cascada de beneficios sociales, aunque apriete de más las finanzas públicas del país.
Durante los Gobiernos priistas y panistas las acciones en el campo laboral priorizaron siempre las variables macroeconómicas y el bienestar empresarial perjudicando a la base trabajadora al ofertarle empleos precarios y con poca estabilidad.
Ahora, nos iremos al otro extremo. Irán al rescate del trabajador oprimido sin encontrar un punto medio.
DE SALIDA AL CHECADOR
Los extremos generan crisis. Valdría la pena irnos con calma.
Sin estudio serio de por medio, sin los recursos ya en la mano, se ha prometido a 2.6 millones de estudiantes obtener un salario de 3,400 pesos mensuales para que dejen de ser ninis y puedan trabajar y estudiar. Además, de ofrecer apoyos económicos de por vida a discapacitados y pensiones al doble.
Loable es mejorar la realidad de los mexicanos, pero sin “romper el cochinito” porque corremos el riesgo de quedarnos sin recursos. Que no se busque cobijar la cabeza descobijando los pies.
http://www.elpulsolaboral.com.mx/columnas/14270/horas-extras
Deberán garantizar modelo eficaz en materia laboral: investigador
Redacción/Quadratín | 06 de julio de 2018
Morelia, Mich., 6 de julio de 2018.- La reforma constitucional en materia laboral aprobada en 2017, plantea diversos retos que se deberán afrontar para garantizar los derechos de los trabajadores, pues existen diversos rubros cuya interpretación es ambigua coincidieron los investigadores Vanessa de Jesús Guzmán y Eduardo Rodríguez Chávez, al impartir la conferencia “Reforma Laboral en Materia Constitucional 2017”.
Señala un comunicado de prensa, lo anterior, en el marco de la quinta sesión del Seminario “Práctica Parlamentaria”, organizado por el Instituto de Investigaciones y estudios Legislativos del Congreso del Estado (IEEL), en coordinación con la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Durante su ponencia los disertantes hablaron de los retos que enfrentará el Congreso local, al tener la obligación de homologar la norma constitucional federal con la estatal, en la que se establece la implementación de un nuevo modelo de justicia laboral, en la cual se pondera la conciliación como mecanismo fundamental para la resolución de conflictos.
Al respecto, Eduardo Rodríguez Chávez destacó que con la reforma constitucional en materia laboral publicada el 24 de febrero del 2017 en el Periódico Oficial de la Federación, los congresos tienen la obligación de homologar sus legislaciones con la norma federal, ejerciendo la rectoría en la materia y dejando poco margen a las entidades federativas, para que sean adecuadas a sus propias necesidades y características.
Agregó que con su aprobación, el legislador trato de equilibrar las relaciones obrero-patronales, de una manera ambiciosa pero ambigua; por un lado, protege los derechos de los trabajadores, al tiempo que cambia y se ajusta a los estándares internacionales en la materia para dar certeza a los inversionistas.
En este sentido, la mayor novedad es la creación de tribunales laborales integrados al Poder Judicial de la Federación y a los poderes judiciales de las entidades federativas. De esta forma se extinguen las juntas de conciliación y arbitraje, las cuales tienen hasta ahora una integración tripartita, al ser representadas por los trabajadores, la parte patronal y el gobierno. Este modelo fue rebasado por la carga excesiva de trabajo de las juntas de conciliación, que se traduce en conflictos largos y costosos, y mediante el cual, el Estado ejerce directamente mecanismos de control en materia laboral, indicó.
Por su parte, Vanessa de Jesús Guzmán refirió que el decreto de reforma ordena que en cada entidad federativa se deberán crear Centros de Conciliación, que deberán actuar bajo los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad y transparencia, que estarán bajo la rectoría del Estado, y en los que se espera dirimir la mayor parte de conflictos de manera rápida, para evitar que los procesos se judicialicen.
Sin embargo, no explica que pasará con los trabajadores de las juntas de conciliación, ni con el presupuesto que deberá otorgarse al Poder Judicial para este propósito. Por lo tanto, el Congreso de Michoacán deberá estar atento a todos los aspectos de la reforma, para salvaguardar las ambigüedades y un garantizar un modelo eficaz y justo.
https://www.quadratin.com.mx/politica/Deberán+garantizar+modelo+eficaz+en+materia+laboral%3A+investigador
Michoacán: Investigadores exponen retos a afrontar para garantizar modelo eficaz en materia laboral
06 de julio de 2018-07-08
Morelia; Michoacán.- A través de un comunicado oficial, se informó que los investigadores Vanessa de Jesús Guzmán y Eduardo Rodríguez Chávez, en la conferencia que impartieron, “Reforma Laboral en Materia Constitucional 2017”, expresaron que dicha reforma plantea diversos retos que se deberán afrontar para garantizar los derechos de los trabajadores, pues existen diversos rubros cuya interpretación es ambigua.
Lo anterior, en el marco de la quinta sesión del Seminario “Práctica Parlamentaria”, organizado por el Instituto de Investigaciones y estudios Legislativos del Congreso del Estado (IEEL), en coordinación con la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Durante su ponencia los disertantes hablaron de los retos que enfrentará el Congreso local, al tener la obligación de homologar la norma constitucional federal con la estatal, en la que se establece la implementación de un nuevo modelo de justicia laboral, en la cual se pondera la conciliación como mecanismo fundamental para la resolución de conflictos.
Al respecto, Eduardo Rodríguez Chávez destacó que con la reforma constitucional en materia laboral publicada el 24 de febrero del 2017 en el Periódico Oficial de la Federación, los congresos tienen la obligación de homologar sus legislaciones con la norma federal, ejerciendo la rectoría en la materia y dejando poco margen a las entidades federativas, para que sean adecuadas a sus propias necesidades y características.
Agregó que con su aprobación, el legislador trato de equilibrar las relaciones obrero-patronales, de una manera ambiciosa pero ambigua; por un lado, protege los derechos de los trabajadores, al tiempo que cambia y se ajusta a los estándares internacionales en la materia para dar certeza a los inversionistas.
En este sentido, la mayor novedad es la creación de tribunales laborales integrados al Poder Judicial de la Federación y a los poderes judiciales de las entidades federativas. De esta forma se extinguen las juntas de conciliación y arbitraje, las cuales tienen hasta ahora una integración tripartita, al ser representadas por los trabajadores, la parte patronal y el gobierno. Este modelo fue rebasado por la carga excesiva de trabajo de las juntas de conciliación, que se traduce en conflictos largos y costosos, y mediante el cual, el Estado ejerce directamente mecanismos de control en materia laboral, indicó.
Por su parte, Vanessa de Jesús Guzmán refirió que el decreto de reforma ordena que en cada entidad federativa se deberán crear Centros de Conciliación, que deberán actuar bajo los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad y transparencia, que estarán bajo la rectoría del Estado, y en los que se espera dirimir la mayor parte de conflictos de manera rápida, para evitar que los procesos se judicialicen.
Sin embargo, no explica que pasará con los trabajadores de las juntas de conciliación, ni con el presupuesto que deberá otorgarse al Poder Judicial para este propósito. Por lo tanto, el Congreso de Michoacán deberá estar atento a todos los aspectos de la reforma, para salvaguardar las ambigüedades y un garantizar un modelo eficaz y justo.
https://www.monitorexpresso.com/investigadores-exponen-retos-a-afrontar-para-garantizar-modelo-eficaz-en-materia-laboral-en-michoacan/
Quintana Roo: Servidores Públicos capacitados en Juicio Labora para brindar la mejor atención a la ciudadanía
Con el objetivo de impulsar la sensibilización del uso de la mediación y conciliación en el previo al Juicio Laboral, este viernes seis de julio del presente año, se realizó la ponencia “El Juicio Laboral, Previa Conciliación y Mediación”.
por LaVerdad
07 de Julio 2018 · 13:47 hs
Con el objetivo de impulsar la sensibilización del uso de la mediación y conciliación en el previo al Juicio Laboral, este viernes seis de julio del presente año, se realizó la ponencia “El Juicio Laboral, Previa Conciliación y Mediación”, la cual busca ofrecer a los participantes el conocimiento de los diversos mecanismos y habilidades de búsqueda de consenso para que puedan ayudar a las partes a resolver conflictos laborales y lograr resultados mutuamente beneficiosos que satisfagan las necesidades y preocupaciones subyacentes sin recurrir al Sistema Judicial.
Esta ponencia fue impartida por la maestra Silvana Millán, abogada y reconocida mediadora certificada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, formadora de Mediadores y Conciliadores Laborales, Especialista en Resolución y Conflictos, Escritora, Investigadora y Catedrática Internacional de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, Catalina Portillo Navarro mencionó durante su intervención al inaugurar este ciclo de conferencias, que gran parte del éxito en la implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral, dependerá de que el personal responsable de operar el procedimiento en los juzgados y Centros de Conciliación, tenga los conocimientos teóricos, técnicos y prácticos de cada etapa del proceso, de tal forma que no se vea trastocado el principio de justicia pronta y expedita.
“El ciclo de conferencias en materia laboral que hoy inicia, nos ayudará sin duda, a tener la sensibilización y comprensión de los diversos mecanismos o habilidades, para la búsqueda de consenso, que pueda favorecer a las partes a resolver sus conflictos laborales”
“Cada uno de los aquí presentes, desde el ámbito de sus funciones, obtendrá los conocimientos necesarios para brindar un mejor servicio a la ciudadanía, dar respuesta oportuna y ágil a la demanda de acceso a la justicia con mayor certeza, confianza y seguridad jurídica para los quintanarroenses”. Finalizó Portillo Navarro.
https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Servidores-Publicos-capacitados-en–Juicio-Labora-para-brindar-la-mejor-atencion-a-la-ciudadania-20180707-0051.html
Los retos laborales
Arturo Alcalde Justiniani
La nueva composición del Congreso de la Unión brinda la oportunidad de que en todos los ámbitos y temas de la agenda pendiente contemos con mejores leyes. Una de ellas, que es fundamental para el país, es la reforma laboral.
Recordemos que en febrero de 2017 se llevó a cabo una profunda reforma constitucional en esta materia. Atendiendo a su exposición de motivos fue considerada la más importante en los últimos 100 años, porque implica un cambio radical en el sistema de justicia. Por ejemplo, se ordena la supresión de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, encargando sus funciones a los poderes judiciales federal y locales, se crean nuevas instituciones para impulsar la conciliación y se establece un paquete de reglas democráticas especialmente orientadas a rescatar la negociación colectiva de las prácticas de simulación y corrupción vigentes para convertirla en un espacio de concertación social y productiva, como opera en los países más desarrollados del mundo. La representación auténtica de los trabajadores en estos procesos podrá superar la actual política de contención salarial y esto generaría un efecto muy positivo en el cambio de modelo económico que la población reclama.
Para dar cumplimiento al mandato constitucional y lograr el éxito de la reforma laboral deberán alcanzarse dos condiciones: la primera, lograr el acuerdo legislativo sobre los cambios en el procedimiento laboral y el papel de los nuevos jueces, creando reglas que puedan cumplirse con prontitud tanto en temas individuales como colectivos para beneficio y seguridad jurídica de patrones y trabajadores; la segunda es llevar a cabo una adecuada transición entre las Juntas de Conciliación y Arbritaje y los nuevos tribunales laborales. De este tránsito se habla poco, sin embargo tiene una gran importancia práctica y presupuestal. El punto de partida es reconocer que esta reforma laboral es un renglón fundamental de la política social que el nuevo gobierno deberá impulsar.
Conforme a la reforma constitucional, las leyes reglamentarias debieron haberse aprobado en el término de un año. También se mandató que los procedimientos, expedientes y documentación debían transferirse a los nuevos tribunales laborales, (estamos hablando de alrededor de 1 millón a nivel nacional). Ningún aspecto se ha cumplido en el plazo ordenado.
Esta transición se ha enfrentado al hecho de que los poderes judiciales carecen de las condiciones para la recepción de tantos asuntos y, por otro lado, en el seno de las propias Juntas de Conciliación y Arbitraje se ha generado un proceso de precariedad que impide superar un añejo rezago, tema al que los gobiernos le han dado la vuelta, llegando al extremo de impedir el avance de la reforma.
A medida que se entra al detalle de la transición se exhibe un conjunto de dificultades que deberán superarse. Por lo que se refiere a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el panorama es francamente desolador, producto en parte del abandono presupuestal incrementado en los tres sexenios recientes. La política de los gobiernos y sus secretarías de Hacienda se han empeñado en reducir plazas y prácticamente ahogar la impartición de justicia laboral. Estas restricciones ocasionan que los cuellos de botella se incrementen y los plazos para concluir un juicio se amplíen. Las pilas de expedientes crecen día con día, los procedimientos suelen durar hasta cinco años, y al llegar a la dictaminación suelen agregarse otros cinco años, sin contar con el tiempo para ejecutar el juicio.
Durante 17 años se ha mantenido por parte de las autoridades hacendarias un criminal congelamiento salarial. Hay por ejemplo juntas con 30 mil expedientes con un solo actuario que gana alrededor de 8 mil pesos mensuales. Se trata de un funcionario clave en el procedimiento, al cual se le ha privado de apoyos básicos para realizar su labor. El abandono gubernamental a los tribunales laborales es parte de una política de segregación, frente al lugar que se otorga a otras ramas del derecho.
Esta condición precaria no es exclusiva de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, las dificultades se agravan por la política de las entidades públicas empleadoras, entre ellas, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que genera la mayoría de los juicios y obstaculiza su solución. En los juicios de seguridad social, que ascienden a un cuarto de millón, también existe una gran lentitud, provocando un daño incalculable a los beneficiarios y a la propia autoridad laboral. En el ámbito burocrático existe la misma política de cerrar los ojos ante la realidad y dejar que los daños se acumulen, basta señalar que hay delegaciones de Ciudad de México que tienen adeudos laborales en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje mayores que la totalidad de su presupuesto anual. Y mientras tanto, los salarios caídos suben y la justicia no llega.
Más allá de reformas legales que son obligatorias, urge voltear los ojos al drama que hoy vive la justicia laboral en nuestro país.