Saúl Escobar Toledo
Los trabajadores mexicanos viven una situación particularmente difícil: desde hace varias décadas, debido al avance de las políticas neoliberales, se ha impuesto la llamada flexibilización del trabajo. Ello ha provocado una mayor inseguridad laboral; diversas formas de contratación que permiten evadir los derechos laborales como la seguridad social y la contratación colectiva; y una política salarial que ha devaluado los ingresos de los trabajadores.
Esta situación se ha generalizado en diversas partes del mundo, tanto en los países desarrollados como en aquellos que lo están en menor grado. En México, sin embargo, los trabajadores sufren dificultades adicionales. Fundamentalmente: un sistema de justicia laboral que dista mucho de ser imparcial, transparente y expedito; la casi inexistencia de sindicatos democráticos y representativos; y, derivado de lo anterior, la proliferación de contratos de protección patronal[1].
En estas condiciones, la inmensa mayoría de los trabajadores mexicanos se encuentra inerme y desamparado en sus relaciones laborales: no tiene una organización que lo defienda frente al patrón; el acceso a la justicia es deficiente y corrompido; y las autoridades laborales protegen un sistema ficticio de bilateralidad contractual.
Además, los programas de fomento y protección al empleo son escasos y con un financiamiento casi nulo, de tal manera que los mercados laborales han generalizado el trabajo precario, la informalidad, y con ello, las desigualdades y la pobreza.
A todo ello, habría que agregar otra triste realidad: los partidos políticos, incluyendo aquellos que se dicen de izquierda, hablan y comprenden poco los problemas de los trabajadores como lo demuestra la actual campaña electoral.
Ni en los discursos ni en los debates se han tratado temas directamente relacionados con la condición de trabajador o trabajadora, como el salario, el empleo, las condiciones laborales, la seguridad social o las pensiones. O el trabajo informal y la precarización del trabajo. El interés parece haberse desplazado hacia otros asuntos, sobre todo, la corrupción y la inseguridad. Lo anterior refleja el deterioro que ha sufrido el país y sus instituciones. Es entendible el cambio de énfasis, pero también lo es que, como señala la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, “el trabajo decente (o digno)” es una “condición previa necesaria” para poner fin a la pobreza y para aspirar a una mayor igualdad social. Y que sin buenos empleos, no puede haber prosperidad ni, por lo tanto, posibilidades de construir una democracia sólida y una paz social perdurable.
Quizás los temas laborales surjan posteriormente en las campañas. Mientras tanto, revisamos las plataformas electorales de las coaliciones y los partidos entregadas al INE[2], en lo que se refiere a algunos temas relacionados con el mundo del trabajo. Algunas conclusiones son las siguientes:
En las plataformas electorales no encontramos el término “trabajo digno o decente”^[3]. Algunos partidos (aunque no sus coaliciones), el PT, el PRD y en menor medida MC, mencionan algunas de sus características pero no lo retoman de manera completa y sistemática, tal y como lo definen la OIT y la Ley Federal del Trabajo (LFT). Lo anterior pude reflejar desconocimiento o discrepancia. En cualquier caso, revelaría que no pretenden emprender acciones para que se cumpla la ley o no consideran relevante un conjunto de políticas de fomento al empleo que permitirían abatir eficazmente la desigualdad y la pobreza.
Repasemos otros temas:
Marco institucional: ningún partido o coalición hace referencia a la reforma constitucional de 2017 ni a la necesidad de adaptar la LFT[4] en congruencia con esas modificaciones. De nuevo encontramos aquí, o bien un preocupante desconocimiento del estado actual de la legislación laboral, o una falta de compromiso para responder a los retos y problemas más urgentes e ineludibles.
Seguro de Desempleo: Únicamente el PRD propone “instaurar” el seguro del desempleo. Los demás ignoraron esta propuesta que se debatió en el Congreso de la Unión hace algunos años y que sigue siendo altamente recomendada por la OIT. No contamos con el espacio suficiente para explicar la importancia de este tema, pero valga señalar que, como ha demostrado la experiencia, particularmente en la Ciudad de México, se trata de un instrumento indispensable de la política laboral para mitigar los efectos del desempleo, alentar la reincorporación al mercado de trabajo, y facilitar la capacitación.
Pensiones y jubilaciones: se trata también de un asunto de gran importancia sobre todo cuando expertos de todos los ámbitos han advertido que México enfrentará en unos años una grave crisis debido al pobre desempeño del modelo contributivo que se impuso en 1995 (bajo administración privada, con aportaciones individuales y rendimientos inciertos). Hay dos enfoques. Las coaliciones “Juntos” y “Todos” coinciden en la universalización de las pensiones, bajo una modalidad no contributiva para los adultos mayores (de 65 años). En cambio, la coalición “Al Frente” parece inclinarse por revisar y reparar el sistema contributivo vigente, mediante diversas medidas[5]. Debe reiterarse, sin embargo, que con o sin pensión universal, resultará ineludible encontrar soluciones al sistema de jubilaciones imperante, debido al riesgo que correrán millones de trabajadores, que aportaron por más de veinte años parte de su salario, de obtener, al final de sus vida laboral, una ingreso insuficiente o nulo.
Renta básica universal: Esta propuesta sólo la sostiene la Coalición “Al Frente”. Su redacción es lacónica: “proponemos una renta básica universal que atienda las necesidades de las personas y garantice su libertad”. La plataforma no abunda en las fuentes de financiamiento ni en sus modalidades ni plazos. Ello hace suponer que no está debidamente sustentada ni se ha estudiado a fondo. Por su lado, el PVEM propone una modalidad: renta mínima básica[6]. Ésta, sin embargo, no fue retomada por la coalición que pactó este partido con sus otros dos aliados.
La plataforma del PRI está basada en la necesidad de mantener el modelo económico y social vigente bajo el supuesto de que dará resultados en un futuro indeterminado. Sus ideas son, por lo tanto, escasas y muy limitadas. Frente a este proyecto continuista, las coaliciones y partidos opositores se han pronunciado en favor de un conjunto de cambios. Sin embargo, sus propuestas para fomentar y proteger empleos dignos, mejorar los ingresos de los trabajadores y sus condiciones laborales, tal y como están contenidas en las plataformas entregadas al INE, son, en general, insuficientes, dispersas, vagas y omisas.
Este ejercicio pretende subrayar que los partidos políticos le han dado poca importancia a los problemas laborales. Es un reflejo del bajo nivel de organización sindical que existe en México y de un perfil ideológico y programático de las izquierdas que se ha venido diluyendo cada vez más.
De ahí la necesidad de plantear, gane quien gane las próximas elecciones, el impulso a las organizaciones sociales independientes, particularmente las relacionados con el mundo del trabajo, y la reorganización de las izquierdas. De otro modo, los trabajadores mexicanos seguirán padeciendo pobreza, inseguridad y desamparo. Y nadie se preocupará por estos asuntos.
Ciudad de México, 26 de abril de 2018
[1] Los contratos colectivos de protección patronal son instrumentos jurídicos que se pactan sin el conocimiento de los trabajadores entre un sindicato legalmente registrado y el patrón o representante de la empresa. Contienen las prestaciones y derechos mínimos que marca la ley y nunca son negociados con los representantes legítimos de los trabajadores. Estos contratos simulan cumplir los ordenamientos vigentes bajo la apariencia de que existe una organización representativa de los trabajadores. Según algunos investigadores, 90 por ciento de los trabajadores asalariados están contratados bajo este esquema ficticio
[2] Revisamos las correspondientes a las coaliciones “Juntos haremos historia” (Morena, PT, PES, en adelante “Juntos”); “Por México al Frente” (PAN, PRD, MC, en adelante “Al Frente”); y la que encabeza el PRI, “Todos por México” (de la que también forman parte el PVEM y Nueva Alianza, en adelante “Todos”). Asimismo, las entregadas por los partidos Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), PT (Partido del Trabajo), PES (Partido Encuentro Social), PAN (Partido Acción Nacional), PRD (Partido de la Revolución Democrática), MC (Movimiento Ciudadano), PRI (Partido Revolucionario Institucional), PVEM (Partido Verde Ecologista de México) y NA (Nueva Alianza). Nos limitamos a consultar estos documentos porque consideramos que son los compromisos públicos que asumen legalmente los partidos ante la sociedad. Existen, desde luego, otros estudios y pronunciamientos elaborados por los actores políticos. López Obrador, por ejemplo, dio a conocer en noviembre del año pasado un documento muy amplio llamado Proyecto 18. Algunas observaciones expresadas en este trabajo podrían considerarse subsanadas o definidas de manera más amplia en estos documentos. Sin embargo, consideramos que las plataformas registradas ante la autoridad competente resumen (o deberían hacerlo) las prioridades y la orientación fundamental de sus objetivos en el gobierno y en el Congreso.
[3] El término aludido, definido por la OIT, es parte no sólo de los convenios que ha firmado México con esa organización: también aparece en la Ley Federal del Trabajo desde 2012. Expresamente el artículo segundo de este ordenamiento dice:
“Las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales” Asimismo expresa que: “Se entiende por trabajo digno o decente aquel en el que se respeta la dignidad del trabajador, no existe discriminación por origen étnico o nacional, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo”. Y agrega que: “El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva”. En razón de lo anterior, se podría suponer que el término señalado debería ser asumido por los partidos y candidatos como punto de partida para delinear sus propuestas en materia laboral.
[4] Las reformas al artículo 123 (febrero de 2017) han sido consideradas como las más importantes desde 1917 pues se decretó una nueva justicia laboral mediante la creación de juzgados laborales adscritos al poder judicial, terminando así con las Juntas (locales y federales) de Conciliación y Arbitraje. Asimismo, la instalación de un órgano independiente encargado de la conciliación entre empleados y empleadores y del registro de contratos colectivos y sindicatos, responsabilidades que recaen hasta ahora en las Juntas o en la Secretaria del Trabajo. Y, finalmente, el voto secreto para elegir a sus dirigentes sindicales y los términos de la contratación colectiva. Sin embargo, la reforma constitucional ha quedado inconclusa pues no se ha reformado consecuentemente la LFT, provocando incluso una “vacatio legis” pues los plazos para esta adecuación están vencidos. De ahí la importancia de que las coaliciones y partidos se pronunciaran sobre este asunto pues de ello depende la posibilidad de acceder a una mejor justicia laboral y de construir un nuevo sindicalismo basado en la democracia y la libertad de asociación. Algunos partidos (PT, PRD, MC y NA), aunque no las coaliciones en las que participan, se refieren a la necesidad de nuevas reformas laborales, pero no discuten la que se hizo en 2017 ni sobre los cambios que ella supone en la LFT.
[5] El PAN específicamente propone: incrementar las aportaciones para el fondo de retiro; reducir las comisiones de las Afores; y fusionar o hacer intercambiables para el derechohabiente los fondos de vivienda y pensiones. MC se pronuncia por mejorar la supervisión y control de los sistemas de pensiones de reparto de los estados y municipios.
[6] Según este partido la diferencia entre una renta universal básica y una renta mínima básica se refiere a los beneficiarios. La primera abarcaría a todas las personas; la segunda sólo aquéllas que no cuenten al menos con un ingreso mínimo básico, es decir, sería un programa focalizado. El partido se inclina por segunda modalidad y sostiene que existen recursos suficientes, bajo las condiciones actuales,  para financiar este programa.