Por: Estefanía López
Del total de los Contratos Colectivos de Trabajo en México, en 90 por ciento los agremiados no participan; son los patrones y líderes sindicales quienes ponen las reglas del juego, aseguró Arturo Alcalde, abogado laboral, especialista en asuntos gremiales.
En el marco de la conferencia “Perspectivas para el Mundo Laboral” celebrada en la Cámara de Diputados, dijo que esta nula participación de la base trabajadora en la negociación contractual provoca se den condiciones precarias hacia los agremiados como bajos salarios, basta, advirtió, ver los tabuladores de sueldos.
“El objetivo de conformar un Sindicato es de velar realmente por los intereses económicos y laborales de los trabajadores”, dijo Alcalde, padre de María Luisa Alcalde, próxima Secretaria del Trabajo en el Gobierno del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
Acusó que en el modelo laboral mexicano los trabajadores no les permite nombrar a sus líderes sindicales, porque todo es simulación.
“No hay manera. No hay mecanismos democráticos para lograrlo. Los actuales dirigentes sindicales tienen una visión de apropiación patrimonial de los diversos sindicatos, con un alto nivel de corrupción”, señaló.
El abogado laboral recordó que el nuevo capítulo del tratado comercial T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá es un instrumento jurídico que contiene 17 puntos.
“Van desde la definición de las reglas de operación, la obligación de los países de respetar la plataforma básica de la OIT, los derechos esenciales de los trabajadores, la protección de mujeres y niños, el derecho de asociación y contratación colectiva y la rendición de cuentas en el sector público y privado entre otros”, destacó.
Señaló que la reforma constitucional al sistema de justicia laboral que se aprobó en febrero del año pasado en el Congreso de la Unión, establece un paquete democrático en la que la vida sindical se tiene que regir a través de la elección de sus líderes por medio del voto libre, personal y secreto.
Alcalde reveló que se encuentra en análisis de los legisladores la reforma laboral la cual se pretende aprobar antes del 31 de diciembre del año en curso.
“Se incluirá un anexo laboral (Tratado Comercial México, EU y Canadá) que establece reglas en favor de la democracia y la transparencia, coherente a la reforma constitucional, para establecer mecanismos en la que los Contratos Colectivos deberán ser ratificados cada 4 cuatro años.
“Los trabajadores tendrán que ser consultados para saber si están de acuerdo con el Contrato Colectivo y la elección de sus líderes”, resaltó.
Categoría: Contratos Colectivos de Protección Patronal
3 de cada 4 contratos sindicales en México favorecen a las empresas: estudio
Los sectores donde se encuentran mayoritariamente este tipo de contratos son comercio, transportes, servicios, construcción, manufactura y agricultura.
ZENYAZEN FLORES @ElFinanciero_Mx20/11/2018
La investigadora Joyce Sadka, del ITAM, realizó un estudio para identificar contratos de protección patronal.Cuartoscuro
Tres de cada cuatro contratos sindicales en México se firman a espaldas de los trabajadores, es decir, se trata de contratos cuya finalidad no es proteger a los trabajadores, sino evitar que haya una sindicalización real y que el personal pelee mejores salarios y prestaciones, reveló un estudio.
Los sectores donde se encuentran mayoritariamente este tipo de contratos son comercio, transportes, servicios, construcción, manufactura y agricultura. Las centrales obreras con más contratos de protección firmados fueron la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).
La investigadora Joyce Sadka, del ITAM, realizó un estudio para identificar contratos de protección patronal. Para ello, seleccionó mil 400 contratos de forma aleatoria de los 19 mil Contratos Colectivos de Trabajo (CCT) depositados en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), a los que después se les aplicó una técnica estadística para determinar qué tan propensos son de ser de protección patronal.
El resultado fue que 76 por ciento son propensos a ser de protección patronal, tras analizar si cuentan con un padrón de trabajadores, beneficios adicionales a los de la Ley Federal del Trabajo (LFT) y si revisan cada año salarios y cada dos años el CCT.
Sadka dijo en entrevista que el estudio arrojó que sólo una tercera parte de los CCT han sido revisados desde el momento de su registro en la JFCA, incluso, hay contratos que tienen hasta 20 años sin revisión.
Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la CTM, consideró que los contratos de protección patronal “son un mito al que le han dado fuerza. En todos los contratos que se firman participa una comisión de revisión de contrato colectivo, no se les lleva a los trabajadores ‘con un cuchillo’ a que se afilien”.
Impacto a salarios
Para la académica de la UAM, Graciela Bensusán, un contrato de protección garantiza a la empresa la posibilidad de eludir por algún tiempo una exigencia real de negociación colectiva por parte de un sindicato verdaderamente representativo e impide el mejoramiento de las condiciones de trabajo de los trabajadores.
Carlos Ferrán, socio del área laboral del bufete Cuesta Campos, señaló que muchas empresas han optado por los contratos de protección como una medida para protegerse de sindicatos que se dedican a extorsionar; sin embargo, la principal implicación de este tipo de contratos es que los salarios se han mantenido estancados.
“Los contratos de protección han sido un mal necesario de los empresarios para conservar la fuente de empleo, no son buenos estos contratos pero han sido una alternativa, lo negativo es que este tipo de contratos impacta en el salario de los trabajadores y ha impactado también en su bolsillo”, expuso.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/3-de-cada-4-contratos-sindicales-en-mexico-favorecen-a-las-empresas-estudio
Evidencian a sindicatos
Reforma | Lunes 29 Octubre 2018
Reforma /
Ciudad de México— La simulación sobre la vida sindical al interior de las empresas que operan en México ha salido a flote.
Lo anterior se derivó de la inclusión de un capítulo laboral en el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la aprobación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Bajo la figura de contrato de protección operan los llamados sindicatos blancos, que son aquellos que supuestamente se encuentran inscritos, pero no representan a los trabajadores ni presentan actividad.
También propician que asociaciones que se dicen sindicatos hallen una forma de negocio a través de la extorsión, como ocurre en la construcción, donde amenazan con huelgas si se niega una contribución.
«Se está rompiendo el paradigma y la opinión casi generalizada de que cómo estábamos, estábamos muy bien. Que la paz social se garantiza con el tipo de sindicalismo que tenemos, por un lado un sindicalismo tradicional cada vez más débil, lo que se llamaba sindicalismo corporativo, que cada vez agrupa a menos gente, y otro sindicalismo de papel que tiene muchos contratos colectivos de trabajo y no tiene trabajadores, que son los de protección», describió Pablo Franco.
El secretario general de Asuntos Colectivos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) dijo que se calcula que más del 90 por ciento de los contratos en el País son de protección.
Advirtió que no se tiene certeza de cuántos de ellos existen, ya que se encuentran dispersos en las Juntas Locales de Conciliación.
Además que el sindicato de protección es un modelo de negocio controlado cada vez más por abogados patronales.
Según el capítulo laboral del T-MEC, hay disposiciones específicas para México como garantizar el derecho de los trabajadores a participar en actividades de negociación colectiva y a formar o afiliarse al sindicato que elijan.
También establecer órganos independientes e imparciales para registrar elecciones sindicales y resolver disputas relacionadas con contratos colectivos y garantizar la transparencia de los mismos, entre otros.
Abogados advierten que el capítulo laboral del T-MEC reproduce el contenido incluido en el TPP, el cual es acorde con los cambios constitucionales hechos en México, pero aún falta cambiar la legislación secundaria.
Ricardo Martínez, abogado laboral, consideró necesario que las empresas mexicanas lleven a cabo un análisis de su estrategia sindical, sobre todo aquellas que cuentan con un contrato colectivo de trabajo «no activo» o de protección.
Lo anterior se derivó de la inclusión de un capítulo laboral en el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la aprobación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Bajo la figura de contrato de protección operan los llamados sindicatos blancos, que son aquellos que supuestamente se encuentran inscritos, pero no representan a los trabajadores ni presentan actividad.
También propician que asociaciones que se dicen sindicatos hallen una forma de negocio a través de la extorsión, como ocurre en la construcción, donde amenazan con huelgas si se niega una contribución.
«Se está rompiendo el paradigma y la opinión casi generalizada de que cómo estábamos, estábamos muy bien. Que la paz social se garantiza con el tipo de sindicalismo que tenemos, por un lado un sindicalismo tradicional cada vez más débil, lo que se llamaba sindicalismo corporativo, que cada vez agrupa a menos gente, y otro sindicalismo de papel que tiene muchos contratos colectivos de trabajo y no tiene trabajadores, que son los de protección», describió Pablo Franco.
El secretario general de Asuntos Colectivos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) dijo que se calcula que más del 90 por ciento de los contratos en el País son de protección.
Advirtió que no se tiene certeza de cuántos de ellos existen, ya que se encuentran dispersos en las Juntas Locales de Conciliación.
Además que el sindicato de protección es un modelo de negocio controlado cada vez más por abogados patronales.
Según el capítulo laboral del T-MEC, hay disposiciones específicas para México como garantizar el derecho de los trabajadores a participar en actividades de negociación colectiva y a formar o afiliarse al sindicato que elijan.
También establecer órganos independientes e imparciales para registrar elecciones sindicales y resolver disputas relacionadas con contratos colectivos y garantizar la transparencia de los mismos, entre otros.
Abogados advierten que el capítulo laboral del T-MEC reproduce el contenido incluido en el TPP, el cual es acorde con los cambios constitucionales hechos en México, pero aún falta cambiar la legislación secundaria.
Ricardo Martínez, abogado laboral, consideró necesario que las empresas mexicanas lleven a cabo un análisis de su estrategia sindical, sobre todo aquellas que cuentan con un contrato colectivo de trabajo «no activo» o de protección.
https://diario.mx/Economia/2018-10-29_5eefe0e8/evidencian-a-sindicatos/?fbclid=IwAR1vsAiC-R-jDKeXOLkWlXUhOxcgzRqdrrLNPPcaxYvWF5EvJmJeH6gYVDI
Observatorio Ciudadano verificará contratos colectivos para detectar contratos de protección patronal
El Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, que trabaja en la redacción de las leyes secundarias de la Ley Federal del Trabajo, incluirá un “filtro” para verificar si los contratos colectivos de trabajo son reales o son de protección patronal.
María Del Pilar Martínez
16 de octubre de 2018, 19:22
Foto: EE: Archivo
El Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, que trabaja en la redacción de las leyes secundarias de la Ley Federal del Trabajo, incluirá un “filtro” para verificar si los contratos colectivos de trabajo son reales o son de protección patronal, para lo cual establecerán un año a fin de que los trabajadores tengan oportunidad de verificarlo.
En entrevista Alfonso Bouzas, integrante del Observatorio, afirmó que en el país 90% de la contratación está bajo un contrato de protección patronal, por lo que se ha discutido y se ha acordado, incluir “un filtro” que permita a los trabajadores decidir si quieren ese contrato, con ese sindicato o si deciden modificarlo,o cambiarlo; para lo cual, utilizarán como proceso el recuento (nueva votación interna).
Tras la reunión, integrantes del Observatorio, determinaron concluir la propuesta de reforma secundaria para mediados de noviembre, ya que deben cumplirse con los compromisos que se asumieron con el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá (USMCA).
“Estamos trabajando en un proyecto único, inobjetable, incluso, para que el sector empresarial lo avale o cuando menos acepte, pues contendrá los parámetros de la reforma Constitucional que se aprobó en febrero de 2017 y prevé crear el Centro Federal de Conciliación y Registro; crear los juzgados de lo laboral y el tema de democracia sindical traducido a la votación libre y secreta y por su puesto desarticular los Contratos Colectivos de Protección”, detalló Bouzas en entrevista, luego del encuentro con los representantes del Observatorio Laboral de diferentes estados de la República .
Cabe recordar que en 2017 se aprobó la reforma Constitucional al Artículo 123 que busca: modificar la impartición de justicia, eliminar los contratos de protección, y terminar con el corporativismo sindical.
Respecto a la creación de juzgados laborales, Bouzas expuso que hay contradicciones en la manera en la que entrarán en funciones, pues “en el Art.3 se dice que se mantendrán las Juntas de Conciliación y Arbitraje hasta que concluyan con los juicios que tienen pendiente; pero, en el Art.6 se entiende que en el momento en que empiecen a funcionar los tribunales, se remitirá todo a los juzgados”.
Instrumentación por etapas
De acuerdo con el también especialista laboral de la UNAM, las leyes secundarias deberán estar listas en este año por los compromisos que se adquirieron en la firma del USMCA; ello implica que para enero ya se tiene que poner en funcionamiento el nuevo sistema jurídico laboral, así quedó estipulado.
“Si es un problema serio porque sí se puede reformar la ley reglamentaria del Artículo 123, pero la instrumentación tiene que ser por etapas, no vamos amanecer con un nuevo tribunal de trabajo que funcione adecuadamente. Tiene que abrirse un espacio de 5 años para poder cerrar las Juntas de Conciliación y que funcionen perfectamente los juzgados de manera oral y también esté en funcionamiento el Centro de Conciliación para abatir el rezago de expedientes”, indicó.
https://www.eleconomista.com.mx/gestion/Observatorio-Ciudadano-verificara-contratos-colectivos-para-detectar-contratos-de-proteccion-patronal-20181016-0120.html
Acusa CTM a Junta de Conciliación de fomentar el sindicalismo blanco
Rebelión del corporativismo sindical... Sindicatos confederados adheridos a la CTM en Sonora denunciaron que autoridades de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) en el estado solapan la presencia del sindicalismo blanco al registrar contratos de protección que favorecen a malos patrones de empresas e industrias asentadas en la capital y otras ciudades del estado.
Fernando Gutiérrez R. Dossier Politico
Dia de publicación: 2018-10-13
El presidente de Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Gobierno del Estado, Jorge Emilio Claussen Marín, es acusado por sindicatos cetemistas como responsable de manipular la ley a favor de la empresa de sacrificio porcino “Riser de Hermosillo”.
Lo anterior, luego que el funcionario dispuso reconocer y registrar en los libros de gobierno del tribunal laboral un nuevo Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) que la patronal presentó, previamente convenido con un sindicato independiente desconocido por la mayoría de los trabajadores y en contra de su voluntad.
Desde el pasado 19 de septiembre de este 2018 la planta de sacrificio porcino Riser se encuentra paralizada por un conflicto antisindical derivado de un juicio laboral encauzado por la CTM, mediante el cual, buscan disputar legalmente la titularidad del CCT que a ese momento administraba con la patronal un gremio independiente al que, aseguran, rechaza la base trabajadora.
La organización cetemista exigió por ese motivo el recuento sindical para que sean los trabajadores quienes definan mediante su voto libre, secreto y directo, que gremio los represente y los defienda de los abusos del patrón y jurídicamente ante la autoridad laboral.
Desde el 16 de agosto de este 2018 se presentó la demanda laboral por titularidad de CCT en la empresa de sacrificio porcino Riser asentada en el parque industrial de la capital sonorense.
Aun cuando el juicio laboral se radicó en tiempo y forma, la Junta local de Conciliación y Arbitraje omitió darle el curso legal que dicta la Ley Federal del Trabajo, además de negar la notificación al sindicato emplazado; tampoco procedió a acordar con las partes la fecha para el recuento sindical, ni convocó para tal efecto a todos los trabajadores de la fuente de trabajo.
“La Junta de Conciliación del Gobierno del estado no solo omitió el procedimiento legal que debe seguir toda demanda por titularidad como la radicada por la CTM, sino que, dos semanas después del emplazamiento fallido, sucedió lo peor:
Violando la ley, la autoridad laboral recibió y sancionó como válido un convenio presentado por el patrón y el sindicato independiente emplazado para la terminación del Contrato Colectivo materia del juicio por titularidad. Acto seguido, registró un nuevo Contrato Colectivo con otro sindicado ‘patito´ a espaldas y contra la voluntad de la mayoría de los trabajadores de la planta Riser”, manifiesta en el escrito de protesta el cetemio sonorense.
La CTM recrimina al Secretario del Trabajo en el estado, Horacio Valenzuela Ibarra, el hecho de que días atrás hiciera un llamado a los trabajadores en paro para que se reincorporaran a las labores, a lo que accedió el total de noventa inconformes paristas.
Para su sorpresa, su reincorporación a la producción solo sirvió para que los 90 paristas fueran notificados del despido de la fuente de trabajo de manera unilateral por el patrón, lo que es visto por la CTM como una flagrante violación a la libertad sindical y el derecho a la libre manifestación con la intromisión de la autoridad para dicho fin antijurídico.
El inicio del conflicto deriva de no pocas quejas de trabajadores del rastro Riser de Hermosillo que denuncian que algunos son obligados por el patrón a laborar dos horas y media posterior a la conclusión de la jornada convenida sin recibir el pago de tiempo extra correspondiente.
Los empleados denuncian a la empresa por negarles reiteradamente el pago por concepto de bono de productividad en jornadas a destajo y cuando el patrón opta por pagar tal prestación, lo hace con un monto menor al que merece el trabajador, han dicho los trabajadores.
Además, es reiterada la queja sobre las condiciones de higiene y seguridad en la planta de sacrificio, considerada como insoportables y riesgosas para la salud del personal.
Señalan, por ejemplo, que el patrón no proporciona mascarillas al personal durante la aplicación de productos tóxicos en labores de limpia de canales y que transitan con riesgo constante de accidente por la mala calidad del piso, además que el establecimiento carece de salidas de emergencia ante cualquier contingencia.
Según la CTM, las plantas laborales prefieren a esta central para que los defienda de los abusos del patrón, pero los gobiernos del estado a través de las autoridades laborales manifiestan un inocultable favoritismo hacia un sindicato blanco que claramente es afín a los intereses de la empresa por encima de los derechos del trabajador que dice representar.
Para el cetemio esta postura de la autoridad laboral del gobierno del estado resulta una incongruencia en el México actual, sobre todo, cuando en el mundo del trabajo están surgiendo nuevos criterios en defensa del trabajador, sobre todo, de la Suprema Corte y organismos internacionales que tutelan los derechos y obligaciones del capital y el trabajo en igualdad de condiciones.
Destacan la libertad sindical que tutela el derecho del trabajador a elegir libremente el gremio al que desean pertenecer y quien los represente ante el patrón y la autoridad laboral.
Dossier ha documentado recientemente algunos avances en materia jurisdiccional y en el ámbito del derecho internacional, particularmente el 21 de septiembre de este 2018, cuando el senado de la república aprobó por unanimidad la ratificación del convenio de México con la Organización Internacional del Trabajo.
Mediante firma del presidente Enrique Peña Nieto en el tratado con la OIT y ratificado por unanimidad por el senado de mayoría de Morena, el estado mexicano se compromete a la observancia plena de todos los principios y dictados de la ONU tendientes a preservar el derecho que le asiste a todo trabajador a la libre sindicación y negociación colectiva en las ramas de industria, comercio y servicios.
Esto, a decir de la presidencia de la república y el senado, generará en el país una nueva política laboral, con mejores condiciones de seguridad y bienestar para el trabajador.
ver nota:
http://www.dossierpolitico.com/vernoticiasanteriores.php?artid=209466&relacion=&tipo=Noticias&categoria=1
A partir de la firma de este tratado con la OIT, en el ámbito federal o en las entidades federativas cualquier política laboral o acto de autoridad de funcionarios o servidores públicos que atenten contra la libre sindicación o el proceso de contratación colectiva, podrá ser denunciado ante la Organización Internacional del Trabajo y esta organización, tras investigar el asunto, podría solicitar la separación del cargo y a la autoridad superior someta al imperio al vulnerador y sea enjuiciado por delitos de servidores públicos y violencia sobre derechos fundamentales del trabajador.
Lo anterior, sin menoscabo del derecho que le asiste al trabajador de recurrir a la instancia que considere pertinente para denunciar cualquier arbitrariedad que atente o vulnere flagrantemente sus derechos tutelados en tratados internacionales y en la ley suprema general, cuya fuente de violación provenga de algún acto u omisión de alguna autoridad, gobierno o funcionario al servicio de este.
Cabe la anotación que los principios plasmados en los tratados internacionales a los que México está suscrito adquieren -por este solo hecho- la categoría igual o superior a los plasmados en la Ley general que rige en el país miembro.
De igual forma, todas las autoridades jurisdiccionales o administrativas que invoquen o le sean invocados los principios y dictados plasmados en los tratados internacionales en negocios judiciales o administrativos donde se litiguen derechos del gobernado, en su observancia plena tales ordenamientos internacionales tendrán un valor igual o superior al rango de la Constitución que rige en el estado suscribiente del acuerdo.
Otro documento relativo al tema aquí tratado publicado por Dossier es el de fecha 10 de octubre de este 2018 donde se documenta a detalle la tesis jurisprudencial del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobada por mayoría de votos, mediante la cual, los ministros reconocen a plenitud el derecho de todo trabajador de cobrar como tiempo extraordinario a la jornada laboral los minutos o fracción de tiempo que el patrón le haga permanecer en la fuente de trabajo, siempre y cuando se encuentre realizando tareas específicas y cuyo pago será computable a la semana en la figura de horas laboradas completadas por fracciones del tiempo acumulado.
http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=210465&categoria=1#.W8KvbXgxG9I.facebook
Fin a sindicatos blancos o de protección con ratificación de Convenio OIT
jueves 20 de septiembre de 2018
Patricia Carrasco
Con la ratificación del convenio 98 nuestro país se comprometerá formalmente ante la ONU a garantizar el derecho a la negociación salarial colectiva y se pretende terminar con los llamados “contratos de protección” que han manejado a discreción dirigentes empresariales junto con algunos sindicatos. El tema generó confrontación entre el sector empresarial y sindical.
En entrevistas por separado, abogados laborales y especialistas en el tema laboral manifestaron sus puntos de vista sobre esta ratificación.
El abogado Oscar de La Vega, socio director de La Vega & Martínez explicó que a consecuencia de la ratificación de este Convenio será necesario modificar la Ley Federal del Trabajo eliminando su artículo 395 que actualmente reglamenta la Cláusula de Exclusión por Ingreso y modernizando el proceso de Huelga.
Recordó que los trabajadores deberán gozar de una absoluta libertad para adherirse o no a un sindicato, o dejar de pertenecer al mismo, pues no podrá ser condición para su empleo el estar afiliados a una organización sindical.
Por ello, los sindicatos enfrentarán un reto de reinventarse para convencer a los trabajadores de su libre decisión de afiliación.
Asimismo, deberán estar libres de cualquier injerencia de los patrones en sus actividades, incluyendo el pago de cuotas sindicales.
Además, destacó que los patrones no podrán organizar a los sindicatos y se considera injerencia, el que los patrones sostengan económicamente a los sindicatos. Estos solo deberán sostenerse con las cuotas de sus agremiados.
Este convenio es un tratado internacional por lo que sus disposiciones son de carácter vinculatorio para los Estados que los han ratificado y de acuerdo con nuestra Constitución son parte de nuestro Derecho Positivo.
México firmó su adhesión al Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo al derecho de sindicación y contratación colectiva, pero estaba pendiente su ratificación por el Senado.
El Convenio se refiere al derecho a la libre sindicación y al derecho a la libre contratación colectiva; data de 1949,
Tanto la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) como la CTM
están de acuerdo con su ratificación. Ya es necesario modernizar al sindicalismo y las relaciones laborales.
El dirigente de la cetemista, Carlos Aceves del Olmo dijo estar de acuerdo con su ratificación siempre y cuando se hiciera conforme a la ley.
Pues la iniciativa presentada ante el senado conllevó omisiones fundamentales para la ratificación.
Pues debió realizarse una consulta previa tripartita a esta discusión.
https://www.la-prensa.com.mx/mexico/349686-fin-a-sindicatos-blancos-o-de-proteccion-con-ratificacion-de-convenio-oit
El presidente electo de México prepara una reforma laboral para empoderar a los trabajadores
No más acuerdos secretos entre los dirigentes sindicales y los empleadores, dice la futura Secretaria de Trabajo
Por Juan Montes
The Wall Street Journal, 11 de septiembre de 2018 6:17 p.m. ET
El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, está preparando una legislación para reformar el sistema de negociación colectiva del país para mejorar los salarios y ayudar a México a cumplir con las disposiciones sobre derechos laborales de un reciente acuerdo comercial con los EE. UU.
El Sr. López Obrador busca prohibir efectivamente los llamados contratos de protección, o contratos colectivos firmados por líderes sindicales y empleadores sin el consentimiento de los trabajadores, al requerir que los sindicatos demuestren que cuentan con el respaldo de al menos 30% de los trabajadores antes de firmar un contrato, dijo Luisa María Alcalde, quien ha sido nombrada Secretaria de Trabajo cuando el Sr. López Obrador asuma su cargo el 1 de diciembre.
«Esos contratos están podridos desde el principio,» dijo en una entrevista. «Es hora de que los trabajadores mexicanos decidan por sí mismos quién debería representarlos».
Tal vez tan importante como esto, la Sra. Alcalde dijo que los contratos de protección existentes también deberían ser legitimados en los próximos años por medio de votos secretos entre los trabajadores. Nueve de cada 10 contratos colectivos de trabajo suscritos en México se acuerdan sin el consentimiento, y en ocasiones sin el conocimiento, de los trabajadores de una empresa, estiman los expertos.
López Obrador, un izquierdista que ganó las elecciones presidenciales del 1 de julio por un deslizamiento de tierra, hizo campaña con la promesa de mejorar la situación de los trabajadores en México, donde los salarios mensuales promedio rondan los 315 dólares [6,067 pesos].
La administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también ha insistido en que un renovado Tratado de Libre Comercio de América del Norte incluya medidas para aumentar los bajos salarios de México, que Trump considera una competencia desleal.
Los datos del gobierno mexicano muestran que los trabajadores manufactureros en México ganan 2.30 dólares por hora [413 pesos por día] en promedio, mientras que los trabajadores de fábricas de Estados Unidos ganan alrededor de 21.50 dólares por hora [3,865 pesos por día].
El acuerdo comercial preliminar alcanzado entre los EE.UU. Y México a fines de agosto, que servirá como base para un nuevo Nafta si Canadá y los EE.UU. se ponen de acuerdo sobre sus términos, incluye disposiciones laborales exigibles.
Una disposición permitiría a los EE.UU. imponer sanciones comerciales si México no promulga reformas laborales que garanticen los derechos básicos de los trabajadores, como el acceso efectivo a la negociación colectiva, según dos personas con conocimiento del acuerdo. México también acordó aprobar una nueva legislación laboral consistente con el acuerdo comercial.
«Esta es una reforma revolucionaria. Los contratos de protección son una carga enorme para el país, y la representación [del trabajador] traerá una mejor distribución de la riqueza «, dijo Álvaro Altamirano, un abogado laboralista que trabajó para Volkswagen y Audi en México.
Un sistema de negociación colectiva disfuncional en México ha mantenido los salarios deprimidos durante décadas, y las condiciones laborales no han mejorado significativamente para millones de trabajadores, según los expertos.
Las leyes actuales no requieren que los sindicatos demuestren que representan a los trabajadores antes de firmar un contrato colectiva de trabajo. Las firmas del empleador y del líder sindical son suficientes si un acuerdo está debidamente registrado ante las autoridades laborales.
La legislación planificada complementaría una enmienda constitucional que se promulgó en febrero de 2017 pero que no ha entrado en vigor debido a leyes secundarias pendientes. Los legisladores dicen que la legislación sería aprobada antes de fin de año. El partido Morena del señor López Obrador y sus aliados tienen mayoría en ambas cámaras del Congreso.
La Sra. Alcalde, con 31 años, la hija de un prominente abogado laboral de izquierda, tiene una maestría en leyes de la Universidad de California, Berkeley, así como un título en derecho mexicano. Además de la necesidad de que los demuestran que representan al menos el 30% de los trabajadores para firmar un contrato en virtud de la nueva ley, dijo que requeriría la aprobación de la mayoría si dos o más sindicatos luchan por un contrato. Los líderes sindicales también deberán ser elegidos mediante votación secreta.
Las leyes propuestas, si son implementadas completamente, aumentarán los salarios mexicanos, mejorarán las condiciones laborales y ayudarán a aumentar la productividad de las empresas, dijo la Sra. Alcalde. Algunos líderes empresariales están preocupados, sin embargo, de que el nuevo modelo pueda aumentar los conflictos laborales y desalentar la inversión.
La legislación crearía un organismo independiente para garantizar que los trabajadores estén efectivamente representados. Las copias de los contratos estarán disponibles en internet por primera vez.
Durante años, muchas empresas favorecieron los contratos de protección porque mantienen los salarios bajos y los márgenes de ganancias altos, al tiempo que evitan las huelgas costosas. También ayudan a proteger a las empresas contra las amenazas de huelga. Tales amenazas, comunes en México, a menudo han servido como un medio de extorsión por parte de sindicatos falsos que no representan a sus trabajadores, dicen los abogados del trabajo.
Escribir a Juan Montes en juan.montes@wsj.com
https://www.wsj.com/articles/mexicos-president-elect-prepares-labor-overhaul-to-empower-workers-1536704229
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1490211&urlredirect=https://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1490211
Terminar con la simulación en sindicatos, contratos y salarios, prioridad de la política laboral
En una reunión privada con los integrantes de la Barra Mexicana de Abogados, la próxima STPS, Luisa Alcalde Luján, presentó las 5 líneas de acción que impulsará el nuevo gobierno en materia laboral.
María Del Pilar Martínez
30 de agosto de 2018, 20:13
En una reunión privada con los integrantes de la Barra Mexicana de Abogados, la próximasecretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa Alcalde Luján, presentó las 5 líneas de acción que impulsará el nuevo gobierno en materia laboral y en el que destaca atención especial a la extorsión sindical; el sub registro el IMSS (reporte de salarios menores a los reales); la subcontratación; la transparencia sindical y la erradicación de los contratos de protección patronal.
Reunidos en la ciudad de México, dijo que las 5 prioridades en las que se enfocarán en la política laboral, forman parte de del proyecto de nación que impulsa el presidente electo Andrés Manuel López Obrador “para el fortalecimiento del mercado interno que tiene como finalidad integrar los aspectos sociales, laborales y económicos”.
Ante los abogados, Alcalde Lujan presentó como el gran proyecto el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, que pretende romper las inercias sociales de pobreza, violencia y desempleo en el mediano plazo; con impacto en 2 millones 300,000 jóvenes en el país; y quienes se verían beneficiados con una beca para estudiar la Universidad y otros, desean se incorporen a las empresas.
Como siguiente punto plateó llevar adelante la “Recuperación Salarial”, que sería de manera responsable, paulatina y evitando generar inflación. El fin, dijo, es elevar los salarios de los trabajadores, por lo que ya han tenido reuniones con el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para determinar, una estrategia de mediano plazo.
Impulso a las Leyes Secundarias
De acuerdo con el proyecto del próximo gobierno, se presentará la iniciativa sobre las leyes secundarias a la reforma constitucional que se realizó en febrero de 2017, entre los temas que destacó Alcalde Luján se encuentran: Libertad sindical autentica; voto libre y secreto para elegir sindicato; eliminación de CCT de protección; contratación colectiva auténtica; transparencia de los sindicatos y de sus líderes; y sólo “será en relación con la justicia laboral”.
En este mismo tenor ya se está elaborando un plan para que, Poder Judicial cuente con los recursos para recibir los juicios laborales nuevos, mientras que las actuales Juntas de Conciliación y Arbitraje, terminen con los juicios que se encuentran en proceso, en ese sentido, reconoció que será una tarea complicada.
Asimismo, dejó de manifiesto que el nuevo órgano que habrá de crearse pare el registro de sindicatos y de Contratos Colectivos, “será autónomo, la STPS no será juez y parte, se respetará su autonomía para evitar corrupción como sucede actualmente”.
Asimismo, se buscará el “Fortalecimiento de la Inspección Federal a Empresas”, y será el instrumento principal para combatir la simulación de las relaciones de trabajo. “Ahora las inspecciones serán más exhaustivas, más a detalle”.
Añadió, que como se ha realizado en los últimos años, las inspecciones se harán de manera coordinada con el SAT y el IMSS para cruzar información de la empresa a revisar y evitar los engaños en pago de cuotas, salarios y pagos reportados, tipo de contratación y permanencia de trabajadores.
Con el fortalecimiento de la Inspección a empresas, se busca combatir, dijo ante los abogados, el subregistro” ante el IMSS, (pago al trabajador superior al reportado al IMSS para pagar menos cuotas); la informalidad dentro de la empresa formal; la subcontratación (outsourcing); la contratación temporal no justificada y los esquemas ilegales de contratación que disfrazan una relación de trabajo.
En la última acción de gobierno, quien ocupará el cargo de la STPS, dijo que habrá “Diálogo Social”, con diferentes audiencias desde jornaleros, grupos vulnerables y minorías, hasta con ONG’s.
En este punto, se refirió a los cuestionamientos de OIT y de la Asociación Sindical Internacional por las prácticas sindicales que prevalecen al margen de la ley; es decir, la simulación sindical y los contratos de proyección; por lo que buscarán ratificar el Convenio 98 de OIT.
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Terminar-con-la-simulacion-en-sindicatos-contratos-y-salarios-prioridad-de-la-politica-laboral–20180830-0101.html
Capítulo laboral deja de ser paralelo; busca poner fin a los contratos de protección
Como parte del acuerdo que lograron México y Estados Unidos, en el marco del TLCAN, se incluyó un nuevo Capítulo Laboral que dejó de ser paralelo, y será muy similar al que existe en el TPP y que adopta los principios fundamentales de la OIT.
María Del Pilar Martínez
29 de agosto de 2018, 18:25
- Como parte del acuerdo que lograron México y Estados Unidos, en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLCAN), se incluyó un nuevo Capítulo Laboral que dejó de ser paralelo, y será muy similar al que existe en el TPP y que adopta los principios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En entrevista Oscar de la Vega, socio de la firma De la Vega & Martínez, explicó que “la existencia de un Capitulo Laboral da mayor compromiso de los gobiernos al cumplimento de las normas, de lo contrario se incumple el tratado comercial”.
Así, agregó, “diferencia del TLCAN en el que se trataba de un Acuerdo Paralelo (buenas intenciones), ahora se introduce un Capítulo Laboral como parte integrante del Tratado, muy similar al Capítulo 19 del TPP, en el que las partes se comprometen a aplicar los rubros relativos a la libertad de asociación; derecho a la libre contratación colectiva; acceso a una justicia laboral independiente; condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos; horas de trabajo y seguridad social y ocupacional; prohibición del trabajo Infantil y prohibición del trabajo forzoso u obligatorio”.
Lo anterior, significa que cambiarán de estatus, pues esas normas ahora “vinculantes y forman parte del Tratado y se establecen mecanismos para su observancia y cumplimiento”; lo que significa que estarán bajo supervisión y deben ser cumplidas.
Para el especialista laboral internacional, el nuevo Capitulo Laboral “sin duda buscará los llamados contratos de protección, que en muchas ocasiones, se tratan de contratos inactivos”.
Según Alfonso Bouzas,especialista laboral de la UNAM, en México el 90% de los contratos son de protección, lo que derivó, hace ya una década, una campaña intensa para su erradicación, la cual llegó a instancias internacionales como la propia OIT.
De la Vega comentó que si bien se trata de un entendimiento que deberá ser plasmado en el texto final del tratado, el cual deberá ser ratificado por los Poderes Legislativos de cada país, conforme a sus reglas internas, “se trata de un logro importante que tendrá implicaciones laborales para México; sabemos que algunas implicaciones van al sector automotriz, pues con el cambio en las reglas de origen, para disfrutar de un arancel tasa cero, los automóviles deberán ser fabricados, en un 40%, en zonas donde el salario por hora no sea inferior a 16 dólares, esto con el propósito de tener un piso más parejo.”
Respecto a si nuestro país podría cumplir con el nuevo capítulo, De la Vega destacó que “nuestro país ya ha adecuado su marco constitucional desde febrero del 2016, en la que se garantizan estos principios, aunque está pendiente la preparación y aprobación por el Congreso, de la ley secundaria necesaria para su aplicación”.
En ese sentido, se ha informado en diversos foros nacionales, que ya se trabaja en una nueva propuesta, pues de las tres iniciativas -leyes secundarias- que se hay en el Senado, ninguna logró ser aprobada por la legislatura que acaba de concluir.
Cabe recordar que la iniciativa central, presentada por el PRI, contemplaba los plazos para desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje; crear un nuevo organismo autónomo para el registro de los contratos colectivos de trabajo, así como los plazos de la conciliación; sin embargo, no había claridad en los emplazamientos a huelga y a la manera en la que se debe transparentar la elección de los líderes sindicales.
Vienen cambios en la relaciones laborales
De la Vega, dijo que “estos cambios serán trascendentales para las relaciones de trabajo de las empresas y requieren se haga de inmediato un análisis de las cuestiones colectivas al interior de la empresa, con el fin de garantizar el respeto de los derechos laborales colectivos y evitar así consecuencias negativas para las operaciones de las empresas, cualquier que sea la industria en la que se encuentren”.
En ese sentido, recomendó que es necesario modificar la legislación secundaria, “ésta debe ser una oportunidad para asegurar la libertad de asociación, eliminando la cláusula de exclusión, aprovechar la ratificación del Convenio 98 de la OIT y legislar sobre la libre contratación colectiva para eliminar extorsiones y los contratos colectivos de trabajo de protección, revisar y modernizar el derecho de huelga, mismo que en su regulación actual resulta engorroso y rígido, en detrimento tanto de los trabajadores como de las empresas”.
“Legislar sobre la libre contratación no sólo beneficia a los trabajadores, también a los patrones, quienes en muchas ocasiones se ven afectados por la extorsión. Hay empresas que solo anuncian que realizaran una inversión y de manera inmediata les cae un emplazamiento a huelga; los cuales por cierto, también tienen que ser revisados”, dijo De la Vega.
Añadió que está claro que, tanto Estados Unidos y Canadá, buscan que México mejore sus salarios que son muy bajos, “nos critican y para hacer negocio con EU y Canadá tenemos que incrementar sustancialmente los salarios. La industria automotriz, va a ser desplazada, no se puede pagar lo que proponen, sería pagar a un operador arriba de 70,000 pesos mensuales, es prácticamente imposible”.
De la Vega dijo que aún faltan detalles por revisar del acuerdo, pero en lo que respecta a la libertad laboral habría presión.
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Capitulo-laboral-deja-de-ser-paralelo-busca-poner-fin-a-los-contratos-de-proteccion-20180829-0080.html
Espera CROC cumpla Andrés Manuel con eliminación de protección patronal
Fátima Alfaro/Quadratín | 13 de agosto de 2018 | 15:34
MORELIA, Mich., 13 de agosto de 2018.- Expectativa de eliminación de los contratos de protección patronal mantienen trabajadores del país ante el compromiso de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, de retirar esta figura, refirió Isaías González Cuevas, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y campesinos (CROC).
Previo a su participación en el mitin en la plaza De Armas con que el Sindicato de Trabajadores del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Stooapas) concluyera la movilización emprendida el lunes 12 de agosto para reclamar el respeto a su contrato colectivo de trabajo, González Cuevas expuso que Luisa Alcalde, propuesta por López Obrador para encabezar a partir del próximo 1 de diciembre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), ha planteado terminar con los contratos de protección laboral en la república, por considerarlos lesivos para los empleados.
Los contratos de protección, documentos signados por empleadores y sindicatos fantasma, sin agremiados o con personal que desconoce su adscripción a una organización, fueron incluidos entre los aspectos que serían eliminados por la reforma laboral de 2012, son que se concretara este propósito.
Agregó que se prevé la existencia de una relación institucional con la Federación a partir de la toma de posesión de Andrés Manuel López como presidente de México, en beneficio para la clase trabajadora, obreros y campesinos.
Asimismo, rechazó que la propuesta de López Obrador de reducir los salarios y las prestaciones de empleados gubernamentales pueda afectar a personal de base, ya que éste cuenta con ingresos que “apenas permiten adquirir la canasta básica y solventar las necesidades de una familia”.
Ismael González precisó que el señalamiento del presidente electo del país se orienta a la alta burocracia y los mandos superiores de las dependencias públicas, donde sí se prevé un recorte de sueldos y beneficios laborales.
Consideró que los salarios y las prestaciones recibidos por los trabajadores basificados en México, con inclusión de los adscritos al Stooapas, “no son exagerados”, por lo que no deberán ser objeto de ajustes a la baja.
Soberbia de administración municipal en Morelia agudizó crisis en OOAPAS El secretario general de la CROC mencionó que en el caso de la huelga que el Stooapas estallara el pasado 18 de junio, ha sido la “soberbia” de las autoridades locales la principal responsable de que la movilización persista.
Tras asegurar que la CROC se ha solidarizado con el gremio y sus “demandas justas”, estimó un arreglo pronto, si bien no con el gobierno municipal en funciones, “ya que no ha mostrado voluntad para esto”, sino con la siguiente administración municipal, que “ha dado indicios de que será un gobierno con sensibilidad”.