La presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, aseguró que la violencia y el acoso en el trabajo “siguen siendo un problema”, por lo que en la Cámara de Senadores se buscan sinergias frente al reto de corregir y revertir estos desequilibrios sociales y laborales entre hombres y mujeres.
Asentó que el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, para prevenir la violencia y el acoso laboral, es un mecanismo muy eficaz para eliminar las barreras que no permiten la igualdad.
Sánchez Cordero informó que, con este propósito, le pedirán al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que envié al Senado de la República dicho instrumento internacional, para su ratificación.
Durante el conversatorio “Trabajando en unidad contra la violencia y el acoso en el trabajo: Ratificación del Convenio 190 de la OIT”, la senadora consideró indispensable derribar las barreras que impiden la igualdad, así como empoderar a niñas, adolescentes y mujeres.
Además, compartió la experiencia que enfrentó como Secretaria de Gobernación, para demostrar “que hasta en las más altas posiciones, una mujer sufre acoso y desvalorización de su trabajo, en forma permanente y constante”.
Reveló que, aunque el Presidente de la República la trató con respeto y consideración, algunas personas cercanas al titular del Ejecutivo desvalorizaron su trabajo, a pesar de que cumplía con su responsabilidad frente a una de las posiciones más importantes y difíciles del gobierno.
“Pareciera que esa desvalorización era como demostrar la superioridad y la alimentación de ese patriarcado, de ese machismo, obvia desigualdad y desequilibrio”, expresó.
Sánchez Cordero reafirmó el compromiso del Senado de la República para impulsar un régimen en el que la Ley sea aplicada a todas y todos por igual, y la justicia sea la vía para la solución de conflictos.
La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena, subrayó que el trabajo libre de violencia debe ser la actividad más respetable y segura para cualquier persona.
Acotó que el trabajo es un derecho fundamental del que depende la producción humana y el bien común, y por ninguna razón se debe recibir por esta actividad ningún tipo de violencia y acoso.
Micher Camarena consideró que el Estado debe entender que las mujeres enfrentan estos delitos con mayor frecuencia, por el simple hecho de ser mujeres y que, por esta condición de vida, también padecen injustamente violencia sexual en el trabajo; además, “somos más propensas a tolerarla por temor a ser acusadas de haberlo provocado”.
La presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, aseguró que la violencia y el acoso en el trabajo “siguen siendo un problema”, por lo que en la Cámara de Senadores se buscan sinergias frente al reto de corregir y revertir estos desequilibrios sociales y laborales entre hombres y mujeres.
Asentó que el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, para prevenir la violencia y el acoso laboral, es un mecanismo muy eficaz para eliminar las barreras que no permiten la igualdad.
Sánchez Cordero informó que, con este propósito, le pedirán al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que envié al Senado de la República dicho instrumento internacional, para su ratificación.
Durante el conversatorio “Trabajando en unidad contra la violencia y el acoso en el trabajo: Ratificación del Convenio 190 de la OIT”, la senadora consideró indispensable derribar las barreras que impiden la igualdad, así como empoderar a niñas, adolescentes y mujeres.
Además, compartió la experiencia que enfrentó como Secretaria de Gobernación, para demostrar “que hasta en las más altas posiciones, una mujer sufre acoso y desvalorización de su trabajo, en forma permanente y constante”.
Reveló que, aunque el Presidente de la República la trató con respeto y consideración, algunas personas cercanas al titular del Ejecutivo desvalorizaron su trabajo, a pesar de que cumplía con su responsabilidad frente a una de las posiciones más importantes y difíciles del gobierno.
“Pareciera que esa desvalorización era como demostrar la superioridad y la alimentación de ese patriarcado, de ese machismo, obvia desigualdad y desequilibrio”, expresó.
Sánchez Cordero reafirmó el compromiso del Senado de la República para impulsar un régimen en el que la Ley sea aplicada a todas y todos por igual, y la justicia sea la vía para la solución de conflictos.
La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena, subrayó que el trabajo libre de violencia debe ser la actividad más respetable y segura para cualquier persona.
Acotó que el trabajo es un derecho fundamental del que depende la producción humana y el bien común, y por ninguna razón se debe recibir por esta actividad ningún tipo de violencia y acoso.
Micher Camarena consideró que el Estado debe entender que las mujeres enfrentan estos delitos con mayor frecuencia, por el simple hecho de ser mujeres y que, por esta condición de vida, también padecen injustamente violencia sexual en el trabajo; además, “somos más propensas a tolerarla por temor a ser acusadas de haberlo provocado”.
Por su parte, el presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, destacó que, en México, 22.6 por ciento de las mujeres, laboralmente activas, han declarado haber sido víctimas de algún tipo de violencia laboral; de ese total, 19.3 por ciento, han sido víctimas de acoso.
Gómez Urrutia señaló que es el turno de México para ubicarse en la lista de los pocos países que han aprobado el Convenio 190 de la OIT. Como senador de la República y sobre todo como dirigente sindical, expresó, sé de primera mano que la seguridad y la libertad son dos de los elementos más importantes que todo empleador debe garantizar a sus trabajadores y trabajadoras.
En este sentido, expuso que la ratificación del Convenio permitirá pasar a una nueva etapa de justicia laboral, libertad y democracia, para reordenar el mundo del trabajo con base en el respeto, justicia y dignidad para todos.
La senadora Patricia Mercado Castro, de Movimiento Ciudadano, precisó que los y las senadoras están listas para la ratificación del instrumento internacional, ya que desde la pasada Legislatura existe el compromiso con los derechos laborales y la democracia sindical.
Destacó que los casos de denuncias que se han hechos públicas en estos últimos años, han alentado a que cada día más personas reflexionen que no es ético, correcto ni legal que una persona ejerza acoso sobre otra en el ámbito laboral, mucho menos cuando existe una relación jerárquica.
En su oportunidad, Pedro Furtado de Oliveira, director de la Oficina de País de la OIT, para México y Cuba, agregó que, entre las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, se documentó un impacto diferenciado hacia la mujer que pone en riesgo los avances en equidad, por lo que es necesario tomar acciones contundentes para revertir estos efectos.
Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social asentó que con el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, se busca de garantizar ambientes laborales seguros y saludables para todas y todos, pero principalmente para las mujeres.
El titular de la Unidad de Trabajo Digno, de la STPS, Alejandro Salafranca Vázquez, subrayó que en el instrumento internacional existen competencias claras para prevenir la violencia en los espacios labores.
Al encuentro, también asistió el titular de la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales de la Secretaría del Trabajo, Alejando Encinas Nájera, quien fue moderador del encuentro.
Los senadores buscan reactivar la discusión en el pleno para incrementar los permisos de paternidad de cinco a veinte días y garantizar también este derecho por ley a los servidores públicos y al personal militar.
Un año después de una primera aprobación en comisiones, la reforma para ampliar los permisos de paternidad en la legislación laboral fue descongelada en el Senado de la República.
El proyecto que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria este martes busca otorgar un período de hasta cuatro semanas con goce de sueldo a papás trabajadores por el nacimiento o adopción de un hijo y fue aprobado en la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta desde el 18 de noviembre del 2020.
El dictamen contempla modificaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT), la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE) y la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas de México (LISSFAM) para que el período de cuatro semanas sea un derecho de los padres trabajadores tanto en el sector privado como el público, incluyendo el personal militar.
La senadora Patricia Mercado (MC), secretaria de la Comisión de Trabajo, afirmó que la reforma es un avance importante en la agenda de igualdad de género, porque tradicionalmente las leyes han asumido que el cuidado y crianza de hijas e hijos son responsabilidad de las mujeres.
Por otra parte, la legisladora indicó que el proyecto demoró en ser inscrito en la gaceta debido a diversas observaciones recibidas que llevaron a la comisión a realizar modificaciones al dictamen.
“Surgieron diferentes consideraciones de diferentes actores en el mundo del trabajo, de manera que se hicieron modificaciones hasta alcanzar un acuerdo”, expuso.
De acuerdo con un reporte difundido por el Instituto Belisario Domínguez, el propósito de la reforma es involucrar al padre en igualdad de circunstancias en el cuidado y responsabilidades que surgen en el nacimiento o adopción de las hijas e hijos, además de preservar la salud de la madre y el infante
Actualmente la legislación que regula las relaciones laborales en la Administración Pública Federal no contempla ningún permiso de esta naturaleza y en el caso de la LFT, sólo se establece un período de cinco días mismos que posicionan a México en condiciones similares a las de Ruanda o Uganda con licencias de cuatro días.
En el contexto internacional, México y Latinoamérica enfrentan una brecha importante en esta materia en comparación con economías desarrolladas. Entre los países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) el promedio de los permisos de paternidad es de ocho semanas, pero en Corea del Sur estos períodos llegan a ser de hasta 53 semanas más y en Noruega hasta 10 semanas por arriba de la media.
“El espíritu que se busca con estas iniciativas es el de refrendar y ampliar los derechos de los padres trabajadores, a efecto de otorgar a los hombres una licencia de paternidad, reconociendo la importancia de la responsabilidad compartida de padres y madres en la crianza, cuidado y atención del recién nacido, y la importancia de propiciar las condiciones para que los vínculos entre los miembros de la familia se fortalezcan”, se señala en el dictamen.
En ese sentido, los legisladores consideran que la reforma ayudará a superar la mala creencia de que las mamás son las únicas responsables del cuidado de los hijos en los primeros años y, por el contrario, promover un rol más activo de los hombres en la atención de las niñas y niños.
La senadora Patricia Mercado opinó que las modificaciones legales eventualmente ayudarán a que más mujeres se incorporen al mercado de trabajo, pero sobre todo ayudarán a que haya un piso parejo en las tareas de cuidado en la primera infancia.
Flexibilidad laboral, el otro beneficio
Además del aumento de las licencias de paternidad, el proyecto contempla que los empleadores permitan un esquema laboral 100% remoto o híbrido para madres y padres trabajadores durante los primeros cuatro años de vida del hijo o la hija. Este derecho se aplicaría tanto en el sector privado como en el público.
Sin embargo, en caso de que el puesto de trabajo no esté sujeto a desempeñarse en teletrabajo, las modificaciones legales establecerían la obligación de los patrones, incluyendo las dependencias del gobierno federal y el ejército, de reacomodar a las personas en otros roles o bien, realizar ajustes en horarios o duración de la jornada.
Patricia Mercado aseguró que de esta manera, el marco legal permitirá a las personas trabajadoras contar con una mejor conciliación entre trabajo y familia en los primeros cuatro años posteriores al nacimiento de un hijo o hija.
La reforma también plantea que en caso de no haber un acuerdo para flexibilizar el trabajo, las personas podrán acudir a las autoridades competentes para hacer valer este derecho.
El camino de la reforma
El dictamen fue aprobado por la Comisión de Trabajo en noviembre del año pasado, pero en septiembre de este año la Comisión de Estudios Legislativos no lo avaló debido a una propuesta de uno de sus integrantes para modificar una parte de la redacción.
El proyecto se regresó a la Comisión de Trabajo con la propuesta de usar una redacción que considerara otras alternativas de flexibilidad laboral para las personas que no aspiran a realizar teletrabajo por la naturaleza de las funciones que desempeñan, esto debido a que el proyecto original planteaba únicamente la posibilidad de hacer home office.
A la par de esa modificación, la comisión agregó a la reforma el marco regulatorio del servicio público y el ejército para ampliar el derecho de permisos de paternidad a los burócratas y el personal militar, pues el primer dictamen sólo planteaba modificaciones a la Ley Federal del Trabajo.
Esta extensión de la reforma a los ordenamientos legales que regulan las relaciones laborales en el gobierno federal y el ejército estuvo influida por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de otorgar a su personal de base y confianza permisos de paternidad por tres meses.
Mujeres trabajan en una fábrica de uniformes médicos en la Ciudad de México /Foto: Laura Lovera
De acuerdo con cuatro semáforos económicos, las mujeres están más expuestas a la informalidad y a la pobreza laboral.
Los proyectos prioritarios del Gobierno federal, como la refinería de Dos Bocas en Tabasco, han incrementado aún más la brecha de género que existe en el país en materia de igualdad laboral, según reveló un informe de la Organización Civil, México, ¿Cómo vamos? (MCV).
Tras el impacto de la pandemia en la economía y el mercado laboral, Tabasco es la entidad que ha mostrado mayor recuperación en puestos de trabajo formales, con un crecimiento de casi 16 por ciento a tasa anual al cierre de junio, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), situación que ha beneficiado más a los hombres.
La construcción de la refinería de Dos Bocas ha impulsado la recuperación del mercado laboral en la entidad sureña, pero de forma inequitativa. De acuerdo con MCV, al cierre del primer trimestre la tasa de crecimiento anual del empleo formal registrado ante el IMSS para hombres en la entidad fue de 9.8 por ciento, mientras que para los puestos de trabajo formales ocupados por mujeres hubo una disminución de uno por ciento.
“Tabasco es la entidad federativa del país con mayor desigualdad entre hombres y mujeres: por cada tres mujeres con un trabajo asegurado hay siete puestos de trabajo de hombres registrados ante el IMSS”, señala el reporte de cuatro semáforos económicos por sexo que se publica este jueves y al que tuvo acceso El Sol de México.
Pero ese estado no es el único con desigualdad laboral por género. Durante el primer trimestre de este año, en 21 de las 32 entidades federativas del país el desempeño del empleo formal ha sido peor para las mujeres que para los hombres.
“Al revisar este semáforo por sexo en los últimos 10 años vemos que la creación de empleos formales entre mujeres y hombres es dispar, a pesar de que en general la dinámica del marcado laboral formal en México es insuficiente”, señala el documento.
Añade que al cierre de mayo, a nivel nacional por cada tres mujeres que contaban con un empleo formal registrado ante el IMSS había cerca de cinco hombres.
“Únicamente hay 7.7 millones de puestos de trabajo registrados de mujeres en el IMSS, frente a 12.3 millones de puestos de trabajo registrados de hombres en la misma institución”, refirió.
En entrevista con El Sol de México, Sofía Ramírez, directora de México ¿Cómo vamos?, señaló que el principal objetivo del estudio es evidenciar las brechas entre hombres y mujeres, con el fin de que se impulsen acciones que rompan con la desigualdad laboral.
Informalidad
La directora de MCV dijo este diario que la idea de poner al alcance los datos que revelan que la percepción de seguridad de las mujeres es persistentemente menor que a la del sexo masculino o que la informalidad laboral es superior en el género femenino, es para que las mexicanas tomen acciones para cambiar el contexto.
“Que las mujeres puedan dimensionar la historia que respalda la narrativa de las desigualdades. No es una cuestión de ‘hacerse la víctima’, realmente hay un problema y es mucho más fácil sentirse empoderada cuando ves que no es una locura, sino que son las circunstancias”.
El segundo de los semáforos económicos que presenta la organización civil es de informalidad laboral, en donde 27 de entidades tienen una tasa de informalidad laboral mayor para las mujeres que para los hombres.
El reporte destaca que entre los 10 estados con mayor informalidad femenina están nuevamente Tabasco, además de Chiapas, Campeche y Yucatán, entidades por donde atravesará el Tren Maya.
En el primer trimestre de 2021, poco más de la mitad de los trabajadores mexicanos ocupados en labores no agropecuarias, que representan 90 por ciento de las plazas en el país, tuvieron un trabajo informal. Sólo en cinco estados la tasa de informalidad masculina supera a la de las mujeres.
La pobreza laboral, situación en la que están 50.1 millones de mexicanos, es otro de los semáforos presentados por MCV, en el que destaca que en el primer trimestre del año hubo una disminución respecto al cierre de 2020, al pasar de 40.7 por ciento a 39.4 por ciento de los mexicanos.
La maestra en economía por el ITAM agregó que tras un análisis de datos, la pandemia por Covid-19 afectó en mayor medida a las mujeres mexicanas, pues detalló que 41 de cada 100 mujeres con empleo están en pobreza laboral, mientras que la proporción en los hombres es de 37.4 por ciento.
MCV destaca que los niveles de pobreza laboral por sexo a nivel estatal reflejan que en al menos en 16 entidades federativas hay inequidad de género, donde al menos hay 1.2 mujeres por cada hombre en esta situación.
Estado de Derecho
El último de los semáforos se refiere al Estado de derecho, que mide la percepción de la población sobre la seguridad pública, y cuya meta es que al menos la mitad de la población se sienta segura.
Datos del Inegi señalan que al cierre del primer trimestre del año cerca de 40 por ciento de los hombres mayores a 18 años consideró seguro su ciudad, mientras que alcanzó a tres de cada 10 mujeres.
“La percepción de seguridad de las mujeres es persistentemente menor al indicador agregado, mostrando la afectación en la calidad de vida de las mujeres y la nula atención a mejorar la percepción de la seguridad de las mujeres en nuestras ciudades”, indica el reporte.
Los semáforos de MCV reflejan la precariedad del mercado laboral de las mujeres en México antes de la pandemia, la cual fue agravada con el cierre de establecimientos y del sector servicios, además de la desigualdad en el trabajo del hogar.
Al primer trimestre de 2021, las mujeres destinaron en promedio 44 horas a la semana en tareas del hogar y cuidados no remunerados, mientras que los hombres dedican 19 horas a la semana, de acuerdo con datos del Inegi.
“Las tareas de cuidados en el hogar requiere una política pública agresiva que sea capaz de insertar a más mujeres en el mercado laboral formal”, señala el reporte de la ONG.
De acuerdo con MCV, a través de estos cuatro semáforos es posible caracterizar las brechas no sólo económicas, sino también sociales que determinan una menor calidad de vida de las mujeres.
Recordó que el Banco Mundial, en su publicación La participación laboral de la mujer en México, 2020, encontró que no atender las brechas económicas entre mujeres y hombres está deteniendo el desarrollo de todo el país.
“Si las mujeres tuvieran la misma tasa de participación laboral que los hombres, el ingreso per cápita de México sería 22 por ciento más alto”, apuntó el reporte del organismo internacional.
Para MCV no basta con la creación de empleos, sino que es necesario generar una serie de políticas públicas que garanticen un acceso equitativo para hombres y mujeres a puestos laborales.
Sofía Ramírez señaló que proponer y trabajar en cerrar las brechas género es del interés de todos, por lo que llamó al Gobierno y a la Iniciativa Privada a impulsar e incorporar a las mujeres al mercado laboral.
“Necesitamos fomentar la creación de fuentes de ingreso que permitan que la gente sea autosuficiente y en esa discusión tendremos que hablar de la sensibilidad de crear empleos con mayor dignidad”, dijo.
Organizaciones sociales, personas empleadoras y trabajadoras domésticas reconocieron que todavía hay mucho camino por recorrer para garantizar el respeto pleno de los derechos laborales de este sector.
El Estado mexicano ratificó el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las empleadas del hogar, y éste entró en vigor en el país el pasado 3 de julio, “pero hasta ahora su acción continúa siendo mínima” para implementarlo, señaló Marcelina Bautista, defensora de los derechos de esa población.
Que la afiliación a la seguridad social sea obligatoria e incluyente, la inspección laboral y una legislación clara para proteger a las trabajadoras de 15 a 18 años de edad son algunos de los principales retos para el cumplimiento del convenio, indicaron funcionarias, legisladoras y activistas.
La senadora Patricia Mercado informó que la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta presentó una iniciativa para que la afiliación de las trabajadoras del hogar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sea obligatoria.
Al estar firmada por todos los integrantes de ese órgano legislativo, la dictaminación sería prácticamente un hecho una vez que inicie la próxima legislatura en septiembre, dijo. Sin embargo, debido a que trabajadoras del hogar y organizaciones sociales no están de acuerdo con algunos puntos de la propuesta, adelantó que convocarán un parlamento abierto.
Una de las principales inconformidades es el requisito de laborar mínimo 20 días para tener el derecho a la seguridad social el mes completo siguiente, como actualmente opera la segunda fase del programa piloto del IMSS.
Geraldina González de la Vega, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) de la Ciudad de México, e Indra Rubio, del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), coincidieron en señalar este requisito como un posible obstáculo para incluir a la mayoría de las trabajadoras.
Indra Rubio presentó varias recomendaciones para el programa piloto. Una de ellas es el “ajuste de la cobertura para las trabajadoras que no cuentan con los 20 días laborales o el salario mínimo mensual. Las trabajadoras tienen varios patrones o deben completar esta actividad con otros empleos”, esto hace que las trabajadoras sólo reciban atención los días que trabajan.
De acuerdo con la activista, este tema “es el más recurrente de queja o de molestia de parte también de las personas empleadoras”.
Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, explicó que el instituto inició un programa piloto en 2019 “sin saber las características que imperaban en el sector”, pues no había suficiente información al respecto. “La prueba piloto nos abrió el panorama para saber cómo teníamos que tratar a este colectivo, con qué flexibilidades”.
Contrario a lo que suele ocurrir, que el Congreso legisla y el Instituto lo implementa y, en la medida de lo posible lo flexibiliza, “acá fue al revés, el programa piloto dio los insumos para legislar”, indicó.
Cultura discriminatoria, el gran reto El Convenio 189 se creó en 2009, pero fueron más de 30 años de trabajo para lograr el acuerdo, indicó Pedro Américo Furtado, director de la Oficina de País de la OIT para México y Cuba. Ya 31 países lo han ratificado, 14 de ellos son de América Latina, México entre ellos, agregó.
Sin embargo, “la entrada en vigor del Convenio 189 no salda la deuda histórica con las personas trabajadoras del hogar, sino que sólo abre el camino para comenzar a restituir sus derechos”, apuntó Marcelina Bautista, líder de ese movimiento laboral.
En 2019, el Congreso aprobó varias reformas para reconocer esos derechos antes incluso de ratificar el convenio, mencionó la senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano. Pero uno de los retos es la regulación e implementación de la inspección laboral. También el acceso a la vivienda.
Otro gran desafío es que este tema tenga un espacio en la agenda legislativa, reconoció. Producto de la diversidad e intereses de las fracciones parlamentarias y de los propios temas que propone el gobierno federal, “el Congreso se satura”.
En la legislatura de la paridad, con diputadas y senadoras feministas, es que estas reformas pudieron lograrse. Pero el desdén que se sigue teniendo de él dentro de las Cámaras quizá tenga que ver con algo que Geraldina González de la Vega mencionó: entre 2013 y 2021 el Copred solamente ha recibido 57 quejas de trabajadoras del hogar, “pero el número de casos es mucho mayor”.
En un sistema racista, sexista, clasista, montado en privilegios, difícilmente puede haber avances significativos, dijo, “por más que hagamos cambios en las instituciones, mientras sigamos con esa cultura, será como una mesa que cojea de una pata”.
Una iniciativa a la Ley Federal del Trabajo que busca profundizar en los problemas de la violencia y el acoso para las mujeres en el ámbito laboral.
México, julio (SEMlac).- Una iniciativa a la Ley Federal del Trabajo que busca profundizar en los problemas de la violencia y el acoso para las mujeres en el ámbito laboral, los protocolos que deben crearse, las políticas de reparación, el daño y el cuidado será presentada en la próxima legislatura, a iniciarse en septiembre, por académicas, sindicalistas y abogadas feministas.
La investigadora Aleida Hernández, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, junto con las abogadas feministas Andrea Medina y Dafne Anaya presentará esta iniciativa que profundiza la reforma laboral de 2019 contra la violencia de género en el trabajo.
Como parte de un paquete de reformas legislativas que presentaran el Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral (OCRL) y la Red de Mujeres Sindicalistas (RMS), uno de los principales cambios que plantean es incorporar a la Ley Federal del Trabajo los conceptos de violencia y acoso, como lo señala el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El artículo Uno de dicho convenio indica que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo designan un conjunto de comportamientos y prácticas “que causen, o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico”.
Indica que las agresiones pueden suceder en el lugar de trabajo, los desplazamientos de casa a trabajo y viceversa, los eventos y viajes sociales y de formación relacionados con funciones laborales.
Añade que deben ser considerados como violencia laboral, y que además no solo contempla el acoso presencial, sino el que perpetúan por las comunicaciones digitales.
Consideran importante que la Ley Federal del Trabajo (LFT) lo tenga especificado, porque hasta ahora esos lugares donde ocurre la violencia han quedado sin cobertura, refiere Aleida Hernández.
La reforma laboral del 2019 establece en el Artículo 132 de la LFT que las empresas deben crear un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual.
Sin embargo, las abogadas feministas desconocen si le Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tienen un registro sobre los centros de trabajo que ya cuentan con un protocolo.
Consideran que faltaría precisar también los puntos básicos que debe incluir ese protocolo para prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, qué instancias o qué persona dará seguimiento a los casos o cuáles sanciones se aplicarán, además de las medidas que tomarán para garantizar que eso no volverá a ocurrir.
Consideran que el “Modelo de Protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral en los centros de trabajo” publicado por la Secretaría del Trabajo en el año 2020, es una sugerencia y como punto de partida está bien, pero sería mejor que se incluyera una serie de criterios mínimos dentro de la Ley Federal del Trabajo.
Evalúan de importante prohibir explícitamente que la conciliación no se puede llevar a cabo en casos de acoso sexual o violencia, porque eso va contra los estándares internacionales.
También mencionan que el numeral XII del Artículo 648E de la LFT dice que, para denuncias de acoso sexual, discriminación u otros actos de violencia de la víctima, la autoridad conciliatoria no reunirá a la víctima con quien perpetró las agresiones, sin con el representante o el apoderado.
Señalan que la víctima no se reunirá con el agresor, pero de cualquier manera se plantea un arreglo conciliatorio, lo cual va contra los estándares internacionales. “La conciliación no se puede llevar en casos de acoso sexual o violencia”.
Las abogadas buscarán que la ley del trabajo incorpore el concepto de “garantía de reparación del daño”.
Han retomado la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso González y otras vs. México, conocido como “Caso campo algodonero”, el cual introdujo al país estándares de desagravio que hasta entonces no eran implementados.
Cabe señalar que la abogada Andrea Medina Rosas formó parte del equipo del caso de Campo Algodonero.
El fallo de la CIDH de 2009 tomó en cuenta la responsabilidad internacional del Estado mexicano por no investigar la desaparición y los feminicidios de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monarrez en Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurridos en la década de los 90.
La Ley General de Víctimas ya lo contempla, sin embargo, señala Aleida Hernández, cuesta mucho que se comprenda en el mundo del trabajo. La reparación del daño no solo es económica, también se trata de que la persona ubique los problemas de conducta en los que incurrió y pida perdón por ello.
El centro de trabajo debe asumir su responsabilidad, ofrecer acompañamiento psicológico, económico y laboral. Solemos concentrarnos en las autoridades y está bien, pero las empresas y los sindicatos también tienen que asumir su responsabilidad hasta donde lleguen sus competencias.
La LFT debe establecer la obligatoriedad para empresa y sindicatos de implementar programas de formación, capacitación y sensibilización sobre la violencia y el acoso y la discriminación. Estas estrategias deben incluir un tipo de medición y seguimiento, cuyos resultados tendrán que ser de acceso público.
Otro tema que integran las especialistas es el de las políticas de cuidado, un asunto que hasta ahora se ha visto como del ámbito íntimo. Pero las leyes, los centros de trabajo y los sindicatos deben entender que está vinculada con lo laboral, así que deben crear mecanismos para que ese trabajo no se recargue en las mujeres.
Los empleados protestaron afuera de la Embajada de Estados Unidos en México para obtener mejores condiciones laborales.
Alrededor de 300 trabajadores de la empresa Hard Rock afectados en diferentes hoteles y restaurantes de todo el país protestan en la Embajada de Estados Unidos en México, ubicada en Paseo de la Reforma y Río Danubio, en la colonia Cuauhtémoc, para denunciar acoso laboral.
Entre los afectados, se encuentran trabajadores del estado de Baja California (meseros, cocineros, hostess), quienes explicaron que reciben propina correspondiente y refieren que no pueden trabajar con salarios mínimos porque afecta su economía. Durante la protesta, pidieron hablar con autoridades de la Embajada para que les den una solución inmediata. Integrantes de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) se sumaron a la protesta en apoyo a los trabajadores y, como forma de presión, realizaron un bloqueo en carriles centrales y laterales de Paseo de la Reforma desde la Glorieta de la Palma al Ángel de la Independencia. «Básicamente, los compañeros que están aquí son de los hoteles, y se manifiestan porque se dan cuenta de que los están explotando en Baja California, en el hotel Hard Rock (…) Piden que haya una liberación sindical, que se les paguen sus propinas», expresó Aldaín Durán, integrante de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. Elementos de la policía capitalina reforzaron el cerco de seguridad y colocaron vallas metálicas para impedir que los manifestantes traten de llegar al acceso principal de la Embajada, pues pretenden entregar un pliego petitorio.
Las mujeres que pierden su empleo por estar embarazadas deben ser reinstaladas sí o sí, sin importar si son de base o de confianza, además, de recibir salarios caídos, dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Las mujeres que son despedidas por razón de su embarazo tienen derecho a la reinstalación y al pago de los salarios caídos, sin importar si son trabajadoras de confianza o de base”, sentencia.
EL Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y posteriormente un tribunal colegiado en materia laboral reconocieron que la trabajadora embarazada había sido despedida de modo injustificado, por lo que ordenaron, entre otras cuestiones, una indemnización ante despido discriminatorio.
Sin embargo, no le otorgaron la reinstalación en el empleo porque desempeñaba funciones de confianza. Con ello, interpretaron de manera limitativa la protección a la maternidad y restringieron sus derechos laborales.
La Sala concluyó que no existe prohibición constitucional para reinstalar a las mujeres despedidas por su condición de embarazo, a pesar de que desempeñen funciones de confianza pues, aunque la Constitución prevé como regla general que los trabajadores de confianza carecen de estabilidad en el empleo, el artículo 123 hace una excepción a esta regla dirigida a las trabajadoras embarazadas, sin distinguir entre nombramientos de base y de confianza.
La propuesta que será presentada a los legisladores actualizaría los conceptos de acoso y violencia de acuerdo con los lineamientos de la OIT y le adjudicaría mayores responsabilidades a las empresas, no sólo a las autoridades.
Académicas, mujeres sindicalistas y laboralistas presentarán al Congreso una iniciativa para “profundizar la reforma laboral de 2019” contra la violencia de género en el trabajo. Su propuesta aborda el problema del acoso, los protocolos que deben crear las empresas, las políticas de cuidado y la reparación del daño, entre otros temas.
De enero a marzo de este 2021, casi 26,390 personas dejaron su trabajo por motivos de acoso o discriminación. De ellas, el 64% es mujer y 36%, hombre, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
Hay varios aspectos de la reforma a la Ley Federal del Trabajo “que se deben afinar”, sostiene en entrevista Aleida Hernández Cervantes, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Ella, junto con la laboralista Dafne Anaya y la abogada feminista Andrea Medina Rosas, reconocida por su trabajo en favor de las mujeres y por ser parte del equipo jurídico del caso “Campo algodonero”, han construido esta iniciativa. Forma parte de un proyecto de seis propuestas que surgieron desde el Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral (OCRL) y la Red de Mujeres Sindicalistas.
Uno de los principales cambios que plantean es incorporar a la LFT los conceptos de violencia y acoso como los señala el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El artículo 1 de ese convenio, que México no ha ratificado, indica que violencia y acoso en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas “que causen, o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico”. Esto puede ocurrir una sola vez o de manera repetida.
Además de esa noción, las abogadas feministas retoman otras herramientas novedosas de dicho convenio. Por ejemplo, “que se enuncie dónde se puede configurar un acto de acoso y violencia”, explica la doctora en derecho Aleida Hernández.
Algunos de esos sitios son los lugares donde se paga, los desplazamientos de casa al trabajo o del trabajo a casa, los eventos y viajes sociales y de formación relacionados con el trabajo. “Es importante que la Ley Federal del Trabajo lo tenga especificado, porque hasta ahora esos lugares donde ocurre la violencia han quedado sin cobertura”.
Con la reforma laboral de 2019 quedó establecido en el artículo 132 de la LFT que las empresas deben crear un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual. Éste debe ser implementado en acuerdo con el personal.
“Es una obligación, pero no sabemos si está funcionando”, apunta Aleida Hernández, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (Ceiich) de la UNAM. “No sabemos si la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tiene un registro sobre los centros de trabajo que ya cuentan con uno”.
También hace falta indicar los puntos básicos que debe incluir ese protocolo para prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, qué instancia o qué persona dará seguimiento a los casos o qué sanciones se aplicarán, además de las medidas que se tomarán para garantizar que eso no volverá a ocurrir.
En marzo de 2020, la STPS publicó el Modelo de Protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral en los centros de trabajo. Como punto de partida, está bien, señala la investigadora del Ceiich. “Pero es una sugerencia nada más, sería mejor que una serie de criterios mínimos quedaran dentro de la ley federal”.
Otro aspecto de gran relevancia es prohibir explícitamente que la conciliación no se puede llevar a cabo en casos de acoso sexual o violencia; “eso va en contra de los estándares internacionales”.
El numeral XII del artículo 684E de la LFT dice que para denuncias de acoso sexual, discriminación u otros actos de violencia la víctima la autoridad conciliatoria no reunirá a la víctima con quien perpetró las agresiones. “En estos casos el procedimiento de conciliación se llevará con el representante o apoderado del citado”. Es decir, la víctima no se reunirá con la persona agresora, pero de cualquier manera la ley plantea un arreglo conciliatorio.
Reparación del daño
Aleida Hernández, Dafne Anaya y Andrea Medina también buscarán que la ley del trabajo incorpore el concepto de garantía de reparación del daño. Las feministas han retomado la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Caso González y otras vs. México, conocido como “Caso campo algodonero”, el cual introdujo al país estándares de desagravio que hasta entonces no eran implementados.
El fallo de la CIDH, de 2009, tomó en cuenta la responsabilidad internacional del Estado mexicano por no investigar la desaparición y los feminicidios de Claudia Ivette Gonzáles, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez en Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurridos en la década de los 90.
La Ley General del Víctimas ya lo contempla, comenta Aleida Hernández, “pero cuesta mucho que se comprenda que en el mundo del trabajo también debemos integrarlo”. La reparación del daño no sólo es económica, también se trata de “que la persona ubique los problemas de conducta en los que incurrió y pida perdón por ello”.
Además, el centro de trabajo debe asumir su responsabilidad, ofrecer acompañamiento psicológico, económico y laboral. “Solemos concentrarnos en las autoridades y está bien, pero las empresas y los sindicatos también tiene que asumir su responsabilidad hasta donde lleguen sus competencias”, apunta Aleida Hernández.
Por ello, también consideran que la LFT debe establecer la obligatoriedad, para empresas y sindicatos, de implementar programas de formación, capacitación y sensibilización sobre la violencia, el acoso y la discriminación. Esas estrategias deben incluir un tipo de medición y seguimiento, cuyos resultados tendrán que ser de acceso público.
Implementación de acuerdos de trabajo flexible; apoyo a los padres y madres que trabajan con opciones seguras y apropiadas para el cuidado de la niñez en el contexto de Covid-19 y permitir a trabajadoras ausentarse del trabajo para atender la protección de un miembro de la familia, son acciones que se deben darse para evitar la injusticia laboral sobre las mujeres, afirma la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“El cierre de escuelas, el trabajo doméstico intensivo y las necesidades de cuidado están aumentando las injusticias sobre las mujeres en el mercado laboral”, señala.
Afirma que la crisis por el Covid-19 está visibilizando la importancia y necesidad de los cuidados de personas dependientes; el conflicto entre compaginar el trabajo y los cuidados de las personas dependientes y las laborales domésticas y las tareas de cuidado la realizan de forma mayoritaria y desigual las mujeres.
Para enfrentar estos escenarios, la OIT dice que se requiere de una mayor corresponsabilidad en dos sentidos.
“A nivel de sociedad se requiere de una redistribución de las responsabilidades entre las familias, los mercados y el Estado.
“Por otra parte, entre hombres y mujeres es necesaria una redistribución de las tareas reproductivas tal como ya ha ocurrido con el trabajo productivo”, apunta.
La OIT asegura que las empresas pueden ser parte de la solución con un abordaje de conducta empresarial responsable.
“Las personas trabajadoras pueden contribuir enormemente a cambiar actitudes y comportamientos”, concluye.
