Categoría: Reforma Laboral
El T-MEC y reformas laborales: una oportunidad para sindicatos jornaleros
Las recientes reformas laborales en México tienen implicaciones para el crecimiento de las organizaciones laborales y políticas de las personas jornaleras del campo. Sin embargo, faltan andamiajes institucionales y espacios concretos donde los y las trabajadoras del campo puedan fortalecer su poder y sus organizaciones de cara al modelo productivo dominante
Por Diego Macías Woitrin*
Desde hace décadas, activistas y sindicatos han exigido que los regímenes comerciales entre países se integren a los regímenes laborales estipulados por organismos internacionales. En lugar de una “carrera hacia el fondo”, las partes se verían así forzadas a mejorar sus marcos regulatorios y beneficiarse de manera más equitativa del comercio internacional. Esta es una de las premisas centrales detrás del complejo entretejido que forman las reformas laborales de México de 2015, 2017 y 2019, con el capítulo laboral negociado como parte del renovado tratado de libre comercio (TLC) entre Canadá, Estados Unidos y México (T-MEC).
Estos cambios tienen como trasfondo una discusión más amplia—si bien todavía incompleta—sobre cómo regular las cadenas globales de valor. Si las exportadoras de hortalizas se preocupan por cumplir con los estándares internacionales de inocuidad, calidad e higiene de los productos, no hay razón para que no hagan lo mismo con los derechos de sus trabajadoras y trabajadores. Después de todo, México es responsable de alrededor de la mitad de las frutas y verduras importadas por EU, y en el proceso se emplean millones de personas jornaleras cada año.
Por ello, las reformas tienen implicaciones específicas para el trabajo asalariado en la agricultura mexicana, tocando temas de trabajo forzoso, discriminación de género, origen étnico o edad, libertad sindical, firma de contratos colectivos y seguridad social. Por su parte, el capítulo laboral del T-MEC (plasmados en los anexos 21-A y 31-A del tratado) prevé mecanismos institucionales multilaterales tanto para monitorear el cumplimiento de las leyes laborales entre las partes, como para detener flujos comerciales hasta que la parte responsable no remedie el incumplimiento al régimen laboral vigente. Estos esquemas son el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida y el Comité Laboral Interinstitucional para el Monitoreo y la Aplicación de las normativas del T-MEC y de las reformas laborales mexicanas. Una situación sin precedente para México, quien no acostumbra negociar capítulos laborales en sus TLCs (este es sólo el segundo de 18 firmados desde 1994 que incluye uno).
Un propósito central tanto del T-MEC como de las reformas laborales (en especial la de 2019) es garantizar la democracia y transparencia sindicales. Esto es crucial, pues el campo es uno de los sectores donde más difícil ha sido crear y mantener organizaciones independientes. Ahora, México cuenta con un marco regulatorio más preciso para la formación de sindicatos independientes y para la firma de contratos colectivos. Esto puede mejorar la representación efectiva de los y las trabajadoras jornaleras, quienes podrán votar para revocar un contrato colectivo existente y elegir que un sindicato distinto al habitual firme uno nuevo. También se simplifica la resolución de conflictos laborales con la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, dominadas por la patronal y el charrismo sindical. Finalmente, la reforma instruyó la clasificación de “jornalero agrícola” como nueva categoría para los salarios mínimos profesionales.
Otros aciertos puntuales de la reforma son las directrices para contabilizar y registrar la antigüedad de trabajadores estacionales (característica frecuente del trabajo agrícola) con efectos claros en la garantía de prestaciones como aguinaldos y pensiones. O la inclusión del artículo 283, que obliga a las compañías a brindar habitaciones dignas e higiénicas a sus trabajadores, con agua potable y piso firme. Éstas deben contar con protocolos para prevenir discriminaciones de todo tipo, con particular atención a la violencia y el acoso sexuales.
Reconociendo los avances, hace falta recalcar los límites de las reformas laborales y de los mecanismos del T-MEC. En primer lugar, éstas son insuficientes para enfrentar los problemas estructurales del trabajo en México y, en general, de los desequilibrios de la economía global. Las reformas y el T-MEC no ofrecen soluciones para revertir las dinámicas de crecimiento de la productividad muy por encima de las remuneraciones. La introducción de la agricultura protegida y otras tecnologías en la producción de jitomate, espárragos, chiles y berries, entre otros, ha disparado la productividad del trabajo sin que los sueldos crezcan de la misma manera. Esta desconexión entre la tendencia homogeneizadora de la productividad entre países y la creciente desigualdad entre los salarios y las condiciones de trabajo es sintomática de las estructuras de la economía global, y los TLCs han contribuido a la profundización de esta brecha.
En segundo lugar, son iniciativas “desde arriba”. Fueron pocas las iniciativas de consulta a grupos de trabajadoras y sus organizaciones—en especial las independientes—, mientras que las federaciones charras, enquistadas en dinámicas corporativistas y autoritarias, mantienen un lugar en espacios institucionales como el Comité Laboral Interinstitucional para el Monitoreo y la Aplicación de las reformas y el T-MEC. Hubo cierta atención a las demandas hechas por el movimiento jornalero de 2015 en San Quintín, Baja Califormia, en materia de castigo al acoso sexual y la discriminación con base en el género o el origen étnico. Por otro lado, no se legisló una mayor participación de los y las trabajadoras en los procesos de ejecución de las nuevas reglas, ni en la toma de decisiones acerca de la producción en las empresas.
Desde luego que los esquemas regulatorios del T-MEC contribuyen a ciertos cambios muy bienvenidos. Por ejemplo, en octubre de 2021, una orden de los Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP en inglés) bloqueó el ingreso de jitomates a EU provenientes de las productoras potosinas Agropecuarios Tom y sus subsidiarias. CBP adujo tener información que indicaba el uso de trabajo forzado, incluyendo situaciones de vulnerabilidad, engaño, retención de sueldos y servidumbre por deudas. Aunque el bloqueo no resultó directamente de un lanzamiento de alerta en el marco del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC, la CBP reconoció que el T-MEC “proveía de un sólido marco institucional para reforzar las capacidades de la CBP y responder eficazmente al trabajo forzado en las cadenas de valor de la región”. México había ya amonestado a la empresa en Octubre de 2020, mostrando su compromiso con sus reformas laborales y los capítulos laborales del T-MEC. Como respuesta, los grandes agroexportadores mexicanos aceleraron un proceso de estandardización de normativas laborales a las exigencias del tratado.
Por ejemplo, AHIFORES (una iniciativa de diversos agroexportadores por consolidar esfuerzos para solucionar temas laborales y sociales en el sector hortofrutícola mexicano) ha diseñado minuciosos esquemas de certificación para que sus asociados implementen y monitoreen los cambios necesarios en cuestión de condiciones laborales, factores de riesgo, discriminación, libertad sindical y trabajo infantil y forzado. La alianza ha producido materiales para empleadores y trabajadores del campo explicando las novedades de las reformas laborales y los mecanismos a seguir para el registro del contrato colectivo, el pago de aguinaldos y la afiliación al IMSS, entre muchos otros temas.
Los nuevos marcos regulatorios pueden surtir algunos efectos positivos en un sector caracterizado por bajas tasas de afiliación sindical, alta movilidad y marginación de los y las trabajadoras e histórica inoperancia de los actores estatales de supervisión laboral. Pero las reformas aportarán bien poco si no se acompañan con una presencia real de las instituciones del Estado para supervisar los nuevos marcos regulatorios. Una cosa es legislar para definir regímenes de ingresos y de seguridad social, y otra es reforzar el andamiaje institucional necesario para realmente garantizar tales derechos.
Para garantizar la organización sindical libre y democrática deben existir las bases para el fortalecimiento del poder de los y las trabajadoras. Es importante que surjan y se solidifiquen movimientos y organizaciones “desde abajo” que pongan en tela de juicio los procesos productivos mismos, contribuyendo a una disminución de la intensidad de las tareas y las jornadas laborales y, en consecuencia, a una mejora de la calidad del trabajo y de vida.
Además, tales movimientos y organizaciones deben poder participar “desde abajo”, consolidando mecanismos de acción colectiva, en el monitoreo y mejora continua de los nuevos marcos legales e institucionales. Sólo así se podrá presionar al Estado para que combata con todo su peso las prácticas corporativas y los abusos estructurales, echando mano a las herramientas que el nuevo marco legal ofrece.
*Consultor para Oxfam México / Alianza Campo Justo.
Por: Pie de Pagina
Fuente: https://piedepagina.mx/el-t-mec-y-reformas-laborales-una-oportunidad-para-sindicatos-jornaleros/
PODER JUDICIAL CAPACITA A FUTUROS CONCILIADORES LABORALES DEL CENTRO DE JUSTICIA
Lo anterior como parte del trabajo coordinado con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el tema de la Reforma Laboral
La capacitación se realizó a través del Instituto de la Judicatura y el Centro Estatal de Justicia Alternativa del PJBC a solicitud de la dependencia estatal.
MEXICALI.-El Poder Judicial del Estado a través del Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA) y del Instituto de la Judicatura, capacitó a los aspirantes a conciliadores que se integrarán el Centro de Justicia Laboral del Estado como parte de la coordinación entre Poderes del Estado.
Personal especializado del CEJA participó como instructores en los siete módulos realizados de manera simultánea en Mexicali, Tijuana y Ensenada, a través de una capacitación tanto presencial como en línea. Además de compartir temas de justicia laboral, acciones y prescripción, normatividad, procedimiento y casos prácticos.
Lo anterior con el propósito de fortalecer la conciliación y la mediación en el ejercicio cotidiano que tendrá el Sistema de Justicia Laboral, mismo que se caracteriza por el diálogo asistido para llegar a un acuerdo entre las partes involucradas.
Dicho curso que inicio el 21 de diciembre del año pasado en el marco de la convocatoria que emitió la Secretaria del Trabajo Estatal para seleccionar a los conciliadores que formarán parte del Centro de Conciliación Laboral Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal. La capacitación se brindó a 87 aspirantes a conciliadores y mediadores quienes participaron en la convocatoria lanzada en su momento por la Secretaría del Trabajo Estatal.
En el contexto de la Reforma Laboral, el Poder Judicial del Estado, cuenta con el personal jurisdiccional (Jueces y Secretarios Instructores) seleccionados que integrarán los juzgados laborales una vez que entré en vigor el sistema laboral.
Por: Periodismo negro
Denuncian despido masivo en Centro de Conciliación Laboral en Coatzacoalcos
El edificio que alberga las Juntas de Conciliación y Arbitraje 14, 15 y 16 así como el Centro de Conciliación Laboral en el municipio de Coatzacolcos carece de energía eléctrica, además la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) despidió al 70 por ciento de los trabajadores, lo que ha retrasado la atención a los ciudadanos, señalaron las abogadas Jessica Sagrario Palafox Torres y Consuelo Valentín Jiménez.
La energía eléctrica fue suspendida desde hace tres semanas, y con el calor característico de Coatzacoalcos los empleados y ciudadanos no pueden estar adentro del edificio porque no hay clima, ni luz para las computadoras, por lo que suspendieron el servicio.
Expusieron que se presume la intención del gobierno de Veracruz de eliminar las Juntas de Conciliación y Arbitraje de Coatzacoalcos, lo que afectará a los ciudadanos con necesidad de denunciar o les resuelvan los trámites, además de que hay 30 mil expedientes acumulados.
“Estamos hablando que ninguna de las dependencias da el servicio. Estamos hablando que son 80 audiencias agendadas en cada una de las Juntas, haga la cuenta 80 X 3 ¿Cuántos expedientes se quedan sin atender? Que de por si están rezagados y en el olvido, desde hace tres semanas no hay luz” señalaron.
De este problema tiene conocimiento la titular de la STPSyP, Dorheny García Cayetano, pero no ha resuelto la problemática, y se desconoce qué motivó a que los edificios se quedaran sin energía eléctrica.
“Estamos hablando que este problema afecta a 300 abogados que ahí hacemos trámites, afecta a los empleados, afecta a los ciudadanos, y hasta ahora la secretaría Dorheny, su secretaría no ha dado la cara, no sabemos si es por falta de pagos, si hay problemas con el arrendador del edificio” señalaron las abogadas en Xalapa provenientes de Coatzacoalcos.
Refirieron que desde que se aplicó el Nuevo Sistema de Justicia Laboral, las Juntas de Conciliación quedaron rezagadas, y más del 70 por ciento de los empleados fueron despedidos, por lo que hay una carencia de personal para atender las audiencias.
“Es humanamente imposible que dos personas atiendas tantas audiencias en un día, por eso hay tanto expediente rezagado, no hay atención, y nadie da la cara, ni dice qué está pasando ahí” finalizaron. /XEU
Por: El Pulso Laboral
Aplaude OCDE cambios sindicales y fortalecimiento de la justicia laboral en México
Las reformas (laborales) para mejorar la resolución de conflictos, la representación de los trabajadores y la negociación colectiva prometen facilitar la resolución de conflictos laborales y el cumplimiento de los derechos de los trabajadores, asegura la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Se están llevando a cabo reformas importantes en las regulaciones del mercado laboral y las pensiones», destaca.
“La reforma del sistema de pensiones, acordada con el sector privado, atiende algunas de sus debilidades, como los bajos beneficios y la cobertura limitada”, destaca el organismo internacional.
Sin embargo, advierte que hay pendientes a resolver en materia laboral.
Por ejemplo, afirma que el 55 por ciento del empleo en el país descanse en la informalidad es muy elevada y es a la vez causa y consecuencia de la baja productividad.
“Se necesita una estrategia integral para reducir la informalidad, con acciones necesarias en varias áreas de política. Mejorar las regulaciones comerciales a nivel estatal y municipal, que en algunos casos siguen siendo costosas y complejas, debería ser un componente clave de esa estrategia”, recomienda.
También señala que México ha progresado mucho en la mejora de la representación política femenina, pero la participación en la fuerza laboral está por debajo del promedio de la OCDE y otros países de América Latina.
“Las responsabilidades de cuidado recaen de manera desproporcionada sobre las mujeres, lo que dificulta sus perspectivas de completar la educación o estar en la fuerza laboral. La reducción de las desigualdades de género impulsaría significativamente el crecimiento y el bienestar.
“Las mujeres se han visto particularmente afectadas por la pandemia, ya que se vieron particularmente afectadas por los largos cierres de escuelas y estaban empleadas más predominantemente en sectores que requieren trabajo en persona”, concluye.
Por: Arturo Rivero/ El Pulso Laboral
Pese a la reforma laboral, persisten los contratos y sindicatos de protección: CIT
A pesar de la nueva reforma laboral, en México persisten los sindicatos y contratos de protección, que se estima constituyen 80 por ciento de los que existen en el país, advirtió la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT) en el contexto de las reuniones de la Conferencia Internacional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En su informe 2022, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) del organismo, analiza casos relativos a la libertad sindical, negociación colectiva y la reforma constitucional en materia de justicia laboral.
La CIT –central que aglutina a más de un millón de trabajadores de organizaciones minero-metalúrgicas– destacó las dificultades de poner en práctica las reformas, en un contexto en el que “el sindicalismo independiente es minoritario, y la mayoría de los contratos colectivos no han sido legitimados”.
También advirtió que las juntas de Conciliación y Arbitraje “tardarán mucho” en ser sustituidas y continúan siendo un “obstáculo” para la libertad sindical.
Uno de los propósitos de la legitimación de los contratos colectivos de trabajo es que los obreros conozcan el contenido de los mismos y la depuración de “contratos de protección”, que son los que se firmaron entre un sindicato y una empresa sin el consentimiento de los trabajadores.
De acuerdo con datos oficiales, a la fecha 3 mil 225 contratos colectivos han sido avalados por los trabajadores, de un universo de 500 mil documentos que se estima existen a escala nacional.
En el documento de la Comisión de Expertos, la IndustriALL Global Union –federación sindical mundial que representa a más de 50 millones de trabajadores el sector minero, energético e industrial en 140 países–, señaló que las “prácticas limitadoras de la libertad sindical se perpetúan”, particularmente en los estados fuera de la capital federal, y denunció que “las empresas y sindicatos corporativos siguen controlando las juntas”.
Además, añadió, existe la proliferación y firma por autoridades públicas de contratos de protección; aludió a casos concretos que ilustran su operación (por ejemplo, en una empresa trasnacional de automóviles o en el sector de las gasolineras); denunció la represión a la acción sindical reivindicativa (con algunos casos en la industria electrónica en Jalisco), y destacó los importantes retos en la práctica para garantizar que los procesos de legitimación respeten la libertad sindical (citando ejemplos de incumplimiento de resultados que no favorecieron al sindicato de protección o trabas al registro de organizaciones independientes).
Por ello, la CEACR “alienta al gobierno de México a tomar las medidas adicionales necesarias para asegurar que los procesos de legitimación de contratos colectivos, tanto en sus normas como en su aplicación práctica, aseguren el pleno y oportuno respeto de la libertad sindical”.
Por: Jared Laureles / La Jornada
Reforma Laboral disminuirá corrupción y extorsión en juicios
La reforma laboral evitará la corrupción y la extorsión en los juicios laborales ya que la nueva normatividad contempla la videograbación de estos, para lo cual, las autoridades judiciales deberán adaptar espacios adecuados para su desarrollo, expuso Carlos Moran Escobar, Vicepresidente del Colegio de Abogados Laboralistas de Baja California Sur y ponente del Tercer Foro en materia Laboral ofrecido por la Comisión de Asuntos Laborales y de Previsión Social de la XVI Legislatura del Congreso del Estado, que preside la diputada María Luisa Trejo Piñuelas.
En esta ocasión el tercer foro se efectuó en Cabo San Lucas donde también la Subsecretaria del Trabajo estatal Amalia Camacho Álvarez impartió la ponencia sobre las “Nuevas obligaciones patronales de inspección a la Ley federal de Trabajo”.
Al impartir el tema del “Procedimiento de Conciliación Prejudicial”, Moran Escobar explicó que los juicios serán transparentes, ya que la participación de todas las partes de los juicios serán grabados: trabajador, la parte patronal, testigos, absolventes, etcétera; consideró que si se sigue el modelo que hace años aplica Argentina, los espacios deberán ser normados en longitud, clima, color, aspectos que de no ser los adecuados pueden influir en el desarrollo y sentencias de los mismos, por lo que también previó que se pudieran generar amparos en todo México.
Sobre los beneficios de la reforma laboral expuso que, fortalece la agenda de género y de protección a los derechos humanos laborales; se fortalece el estado de derecho y la negociación como medio privilegiado para la solución de conflictos, se recupera la vigencia de los derechos colectivos; impulsa la concertación social y productiva y la legitimación de la negociación colectiva autentica; obstaculiza corrupción y extorsión y agiliza los juicios sin menoscabo de los principios sociales del derecho del trabajo.
En tanto que los objetivos de la implementación son la transparencia y democracia sindical; el fortalecimiento de facultades normativas de las autoridades del trabajo; la equidad de género, inclusión y no discriminación en las relaciones laborales; a modernización de la justicia laboral, y la judicialización de las autoridades laborales.
“Todos debemos trabajar para que funcione el nuevo sistema de justicia laboral: los tres poderes, la Federación, el Estado, los Ayuntamientos y sociedad civil nos tenemos que coordinar, si no, no se va dar la implementación del nuevo sistema de justicia laboral; es momento de que reconozcamos y de que haya una autoridad que debe de funcionar como debe de ser”, afirmó.
Por: Tribuna de la Paz
Fuente: https://tribunadelapaz.com/disminuira-corrupcion-juicios/
Positivo, balance sobre reforma laboral: Archundia Becerril
El 40 por ciento de casos en Centro de Conciliación Laboral se ha resuelto mediante convenios; otros asuntos están en curso.
El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos ha recibido alrededor de 500 solicitudes de atención, de las cuales el 40 por ciento se ha resuelto mediante convenios formales.
Consideró que con esta cifra el balance sobre el progreso de la reforma laboral en la entidad es positivo, puesto que llegaron medio millar de solicitudes y el progreso es de cerca del 40 por ciento. Otros casos están en curso y algunos más llegaron a los tribunales, aunque no precisó esta última cifra.
El funcionario estatal comentó que la mayoría de los asuntos están relacionados con despidos, que abarcan alrededor del 30 por ciento.
El resto tiene que ver con el impago de prestaciones como aguinaldo, prima vacacional y eventualmente reinstalaciones.
Recordó que la competencia de esta instancia comprende al sector laboral de servicios.
Pascual Archundia consideró que el número de atenciones está dentro de lo esperado: “se está cumpliendo con el objetivo, también con el flujo de solicitudes. No hemos cerrado centros, no obstante el tema de la pandemia”, anotó.
Por otro lado, explicó que el Centro Estatal de Conciliación Laboral sólo participó con asesoramiento a los trabajadores de la empresa Nissan en el proceso de liquidación, a petición de la compañía y del sindicato. Apuntó que el asunto es de competencia directamente federal, pero la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo decidió apoyar con la orientación a los trabajadores para que ellos conocieran el monto de indemnización que les corresponde conforme a derecho y para que despejaran sus dudas.
Por: La Unión de Morelos
Instalarán Centros de Conciliación y Justicia Laboral con Reforma en Coahuila
Estará lista la entidad para atender las 10 mil demandas laborales que en promedio se tienen por año
Como parte de la Reforma Laboral, partir del 3 de octubre Coahuila contará con seis Centros de Justicia Laboral e igual número Centros de Conciliación y 14 jueces que atendrán las demandas de los trabajadores que lleguen a juicio, señaló el Magistrado Miguel Mery Ayup.
Así, comentó el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el estado estará listo para atender, primero por la vía conciliatoria a los más de 10 mil demandas laborales que en promedio se tienen en Coahuila en un año, donde en Torreón se presentan unas 3 mil 500
Subrayó que dentro de esta preparación para que la justicia laboral se atienda por medio del TSJ, es el dejar cero rezago en las hasta hora Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Recordó que cuando se da un acuerdo conciliatorio, donde se busca que sea del 80 % de los mismos, se evitará que los juicios laborales no lleguen a los tribunales en el ramo.
“De no llegar a un acuerdo en un período de 45 días, que es lo que se estima más o menos, se emitirá una constancia de no conciliación para que con esa constancia es obligatoria para presentar una demanda de carácter laboral en tribunales del Poder Judicial”, explicó.
“A partir del día 3 será una justicia de mucha oralidad en un juicio muy rápido, se estima que puedan tener una duración en promedio de 6 meses en que podamos atender en la etapa conciliatoria los asuntos”, dijo.
Resaltó que hay experiencia en el tema por lo que en los próximos meses se emitirá una convocatoria para hombres y mujeres especialistas en justicia laboral para conformar estos juzgados.
Detalló que se tendrán cuatro jueces en Saltillo, cuatro en Torreón, dos en la Región Centro , uno en la Carbonífera, uno en Piedras Negras y otro más en Acuña.
Por: El Sol de la Laguna
Falta de conciliadores atrasa aplicación de la reforma laboral en el país
A más de un año del arranque de la reforma laboral, no se ha podido concluir la primera de tres etapas previstas, pues dos de los ocho estados que ya deberían estar resolviendo conflictos sin necesidad de juicio son rebasados por el “exceso de demandas” ante la falta de personal conciliador.
El consejo de coordinación para la aplicación de la reforma al Sistema de Justicia Laboral admite esa carencia de personal en el acta de su primera sesión del año, en la cual establece que en los 13 estados incluidos en la segunda etapa de la reforma en la materia hay que esperar un trimestre para evaluar las cargas de trabajo.
La ley establece como plazo máximo 45 días naturales para agotar la etapa de conciliación, de lo contrario, los casos se van a juicios ante un tribunal laboral.
Sin embargo, según los datos reportados por los centros estatales de conciliación, en Tabasco hay “déficit de personal en relación con sus cargas de trabajo generado por el exceso de demandas, rebasando así los límites máximos de 75 días”.
Otro caso similar es el de San Luis Potosí, donde se rebasan los 45 días, aunque esta entidad es la que tiene mayor eficiencia de conciliación, con 89.4 por ciento. Ambos estados son parte de la primera etapa de la reforma laboral que empezó el 18 de noviembre de 2020.
Al 30 de noviembre de 2021, los centros de conciliación locales han admitido 93 mil 590 solicitudes para acuerdos y han cerrado 80 mil 821 (83.7 por ciento), de las cuales, 19 mil 464 concluyeron con convenio entre las partes, 35 mil fueron ratificaciones y 14 mil 547 no finalizaron.
En la presentación del informe, el titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), Alfredo Domínguez Marrufo, señaló que al 10 de enero de 2022, ha otorgado 240 tomas de nota y emitido 500 constancias de representatividad, documento indispensable para que los sindicatos negocien un nuevo contrato colectivo.
Asimismo, dijo, se registraron 944 convenios de revisión salarial y se realizaron 511 sustituciones patronales, además de 700 registros de reglamentos interiores de trabajo.
Añadió que en las primeras dos etapas de la reforma laboral –que ya opera en 21 estados–, en materia de conciliación individual se han celebrado 17 mil 804 convenios.
Por: La Jornada