Legisladores de EU expresaron su preocupación sobre supuesta intimidación a empleados antes de la votación en General Motors en Silao.
Tres legisladores de Estados Unidos instaron el viernes a General Motors (GM) y al gobierno mexicano a salvaguardar los derechos de los trabajadores antes de una elección sindical la próxima semana en una planta de camionetas pick-up en el centro del país.
El miembro de la Cámara de Representante Earl Blumenauer, quien preside un subcomité clave sobre comercio, y sus colegas Bill Pascrell y Dan Kildee expresaron su preocupación sobre informes de supuesta intimidación a empleados antes de la votación en la planta de GM en Silao, donde se fabrica la Silverado.
“Es imperativo que GM y la autoridad laboral de México aseguren que cada trabajador pueda emitir su voto secreto libremente y sin intimidación”, reclamaron los legisladores.
La firma automotriz estadounidense dijo que ha estado “absolutamente comprometida a trabajar con las autoridades mexicanas, la fuerza laboral, los observadores electorales y todos los socios, incluida la Administración (Biden) y el Congreso de Estados Unidos”.
Por su parte, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de México, que organiza la votación, informó que inspeccionó la planta para garantizar acceso a los votantes y que esta semana abrió una cuenta de correo electrónico para recibir posibles quejas de trabajadores, aunque hasta ahora no se ha presentado ninguna.
El Centro agregó que casi 6,300 trabajadores son elegibles para votar el 1 y 2 de febrero en cinco áreas diferentes de la planta en Silao donde se eligen cuatro nuevos sindicatos, en línea con una reforma laboral mexicana destinada a salvaguardar la libertad de asociación, principio clave del nuevo acuerdo comercial con Canadá y Estados Unidos, TMEC.
El año pasado, una votación sobre el contrato colectivo, que abrió la puerta a elegir un nuevo sindicato, se vio inicialmente empañada por irregularidades, incluidas boletas destruidas, lo que llevó a Washington a exigir un mayor escrutinio en una queja formal en virtud del TMEC.
Funcionarios estadounidenses cerraron en septiembre la queja de GM sobre aquellos incidentes, pero el Departamento de Trabajo y la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos aún están rastreando el problema, según un reciente informe de un comité laboral del gobierno de la nación vecina.
United Auto Workers (UAW), que representa a los trabajadores de GM en los Estados Unidos dijo la semana pasada que también pidió un escrutinio más estricto sobre las elecciones, que cuantificó inicialmente con 7,000 votantes.
El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) informó que será hasta después de las 21:00 horas cuando se podrán conocer las tendencias de resultados del candidato ganador para ocupar la dirigencia nacional del gremio.
Andrés Olivas, de comunicación social del STPRM, señaló que la jornada electoral concluye a las 19:00 horas, pero habrá que esperar a que el sistema electrónico Sirvolab cierre en los estados del norte del país donde existen diferencia de horarios y hasta “entonces se podrá contabilizar”.
Por su parte, después de 15 horas de votaciones a nivel nacional, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) ha recibido, hasta el momento, más de 70 denuncias o quejas en contra del proceso electoral para elegir al secretario general del STPRM, cargo que durante 26 años ocupó Carlos Romero Deschamps.
Desde el pasado martes 11 de enero hasta el día de hoy en que se lleva a cabo la jornada electoral, que inició a las 00:01 horas, la autoridad laboral reporta 74 denuncias.
El 26 de enero pasado, el CFCRL habilitó el correo electrónico inconformidades.pemex@centrolaboral.gob.mx, en el que recibirá las quejas de los trabajadores petroleros sobre todo el proceso de elección del STPRM.
El CFCRL es la autoridad encargada de la vigilancia de las etapas del proceso, atenderá denuncias y tiene la facultad de calificar la elección.
En tanto, la Comisión Nacional Electoral (CNE), es la instancia responsable del proceso hasta el cómputo final de los sufragios. La jornada electoral concluirá a las 19:00 horas y este mismo día se conocerá quién de los 25 candidatos será el nuevo secretario general para el periodo 2022-2024.
Candidatos a la Secretaría General, como la senadora Cecilia Sánchez, señalan que la elección se desarrolla con “terrorismo sindical”.
Aseguró tener pruebas de amenazas a los trabajadores para “obligarlos a hacer proselitismo en las instalaciones” del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), “la mayoría de ellos transitorios les prometen planta para que voten por Aldana, ¡no son representación sindical, son un cartel!”.
En otro mensaje en sus redes sociales escribió: “¿No que no se podría tomar pantallazo LuisaAlcalde? ¿Donde está el blindaje del que habló el Presidente? Y aparte la planilla no conserva el mismo orden, ¡eso solo crea confusión entre los trabajadores y facilidad a coaccionar el voto!”.
El tuit anterior va acompañado de la captura de pantalla de la plataforma Sirvolab donde se puede observar al candidato a elegir palomeado en color verde.
A pesar de que la disidencia sindical ha crecido en los últimos años al interior de las secciones, eso no impidió que se presentara a las elecciones uno de los hombres fuertes de Carlos Romero Deschamps, Ricardo Aldana, quien encabeza la lista de candidatos.
Miles de trabajadores de Pemex elegirán hoy por primera vez de manera directa a su dirigencia nacional. Y aunque en varias de las 36 secciones creció la disidencia, en diferentes entidades, personal y aspirantes denuncian que las reminiscencias del poderío del exlíder Carlos Romero Deschamps siguen presentes.
Los históricos comicios para elegir a quien encabezará el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) llegan cuando el PRI perdió su enorme peso político en el país, pero no en esa organización. También cuando el gobierno federal tiene ambiciosos planes para Pemex, además de la meta de dejar un legado de transformación sindical.
Estas elecciones, obligadas por la reforma laboral a que sean personales, secretas y directas, y no a través de delegados, “le importan mucho a la 4T. Pero para que se vea que el cambio es real, de ninguna manera nuestro objetivo es construir una fuerza electoral o revivir el corporativismo hacia el gobierno. No es ésa la intención”, asegura el diputado Manuel Baldenebro (Morena)
“Lo que buscamos, desde que reformamos la Ley Federal del Trabajo (LFT) es que todas las organizaciones sindicales se democraticen”. Por supuesto, “los ojos están puestos en estas elecciones, son de suma importancia por todo lo que implica Pemex y su historia”, reconoce el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja.
El sindicato petrolero ha sido importante para la historia política del país desde su creación en 1935. Lo que sucede en este organismo ha sido sustancial para cada administración “en términos de la política laboral”, señala Héctor de la Cueva, coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS).
Además, durante la hegemonía priísta de más de 70 años, los votos asegurados de este gremio le eran necesarios. El dinero del sindicato, también. Y en la era panista, necesitaron su apoyo para que las reformas estructurales a Pemex no causaran conflictos laborales.
“Ha sido siempre factor clave en la relación política del Estado y para la vida política nacional por la importancia de la industria petrolera”. Por lo tanto, no es de sorprender que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador “ponga en juego parte de su política laboral en el STPRM”, dice Héctor de la Cueva.
“Hay que reconocer la importancia que tiene la elección del STPRM para el sindicalismo en México, para el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y para la política a nivel federal y local”, señala Cirila Quintero, especialista en movimientos sindicales del Colegio de la Frontera Norte.
La académica hace hincapié en el “poder fuera de lo sindical” que el STPRM llegó a tener. La participación de líderes en la política a nivel local también ha sido una constante. De hecho, así comenzó el poder de muchos de los que ahora están en la dirigencia nacional.
El STPRM tiene casi 90,000 agremiados a nivel nacional que, según el cálculo solicitado a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), otorgan como cuota a la dirigencia del 2.5% de su sueldo. Según el analítico de plazas y remuneraciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los salarios son de 7,058 pesos en promedio.
Por lo tanto, las cuotas sindicales suman, como mínimo, 154 millones de pesos anuales. Este monto equivale a la suma de las cuotas que aportan los sindicalizados de la UNAM, los electricistas, telefonistas, del servicio postal y de minería, según los registros de cada organismo sindical.
Además de las cuotas de trabajadores y trabajadoras, la empresa tiene obligaciones con el sindicato que sólo en tres años sumaron 1,312 millones de pesos gastados en viáticos, celebraciones, becas y hasta en bandas musicales.
Desde el inicio del sexenio, el presidente López Obrador anunció su plan de rescate de Pemex, en el que incluye mayor inversión y la construcción de la refinería en Dos Bocas. Por ello también le convendría que las elecciones se lleven a cabo en paz y con transparencia, opina Héctor de la Cueva.
Pero, sobre todo, en esta elección “se juega ante la opinión pública la eficacia de la aplicación de la reforma laboral y su propósito de democratizar el mundo del trabajo”. Por ello invitó a candidatos y candidatas a la conferencia, dice.
“La reforma laboral que aprobamos en materia de libertad sindical en 2019 será puesta a prueba” con esta elección, dice Baldenebro. “Aun quedan muchos pendientes para consolidarla”, pero se requiere tiempo, madurez de los sindicatos y sanciones a líderes corruptos, añade.
Símbolo histórico de corrupción
El sindicato de Pemex “es símbolo de corrupción, de opacidad, de corporativismo y antidemocracia”, señala el coordinador de CILAS. Para que el gobierno cumpla su cometido de limpiar la vida laboral, sindical y, general, la vida pública del país, como lo ha señalado el presidente López Obrador, “evidentemente el STPRM es un bastión”.
Quizá el periodo de mayor corrupción de esa organización haya ocurrido en el largo periodo de Carlos Romero Deschamps (1993-2019), originario de Tampico, miembro del PRI desde 1961 y legislador en cinco ocasiones distintas.
El exlíder prefirió renunciar cuando en esta administración la Fiscalía General de la República (FGR) inició investigaciones en su contra por lavado de dinero. Hasta ahora, Romero, quien participó en la Comisión de Energía del Senado durante la votación de la reforma energética del 2013, no había sido tocado por ningún gobierno.
En 1989, el influyente líder Joaquín Hernández Galicia, La Quina, fue condenado a 35 años de prisión por posesión de armamento. “El quinazo fue orquestado por Carlos Salinas de Gortari”, recuerda De la Cueva. El petrolero había apoyado la campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas. Con ese movimiento, Salinas tomó el control del sindicato.
Otra muestra de poder del PRI en el STPRM, y del sindicato mismo, es que generalmente tenían representantes en el Congreso. En esta LXV Legislatura no tienen a nadie. La senadora Cecilia Sánchez, candidata a la dirigencia, es militante de Morena. En ese sentido, de ganar Ricardo Aldana, actual tesorero y mano derecha de Romero, garantizarían la continuidad del PRI al frente del organismo.
Ricardo Aldana, tesorero del STPRM, encabeza la lista de candidatos. Foto: Especial
La sombra de Romero Deschamps
“En el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) estamos siendo pioneros de este tipo de ejercicio democrático”, dice orgullosa Lida Ruiz, trabajadora de la sección 47, en Playa del Carmen, Campeche.
Pero volviendo a la realidad que pinta el panorama, si Ricardo Aldana, tesorero de Romero Deschamps e implicado en el desvío de dinero del sindicato a la campaña presidencial de Francisco Labastida (Pemexgate), ganara “eso no le quitará que son las elecciones sindicales más grandes del sexenio”, reflexiona.
La semana pasada, candidatas y candidatos a encabezar el STPRM aprovecharon el espacio cedido en la conferencia matutina diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador más que para presentar propuestas, para denunciar que Aldana y otros comisionados, “abusando de la posición que ocupan, nos quieren dejar en total desventaja a nosotros los verdaderos trabajadores”, señaló Cristina Alonso, una de las contendientes.
“El poder (que el grupo hegemónico) logró al interior del sindicato radicó en manejar el mercado laboral de Pemex”, dice Cirila Quintero. No todas las personas trabajan en las mejores condiciones, ya sea por su contrato eventual o por falta de mantenimiento en las instalaciones, y ambas situaciones las permitió el sindicato en los últimos 20 años, señala. “Hay gente que lleva años esperando una plaza y no la ha obtenido”.
Si bien desde hace años existe la disidencia, ha sido en la última década cuando ésta más ha crecido, especialmente en el sur del país. “Los trabajadores nos hartamos de no ser atendidos, de que nos les importen nuestros derechos, de la venta de plazas y de todo el dinero que se roban, todo es negocio para ellos (en la dirigencia)”, dice Lida Hernández.
En su contrato colectivo de trabajo gozan de muchos beneficios, pero “no hemos tenido una sola revisión como tal desde hace años. La conquista de mejoras se detuvo hace mucho”, apunta.
Por ello, la sindicalista hace un llamado al voto. Sin embargo, hasta el fin de semana, menos del 60% del padrón se había anotado. “Lo primero es la democracia representativa”, si los resultados colocan a Aldana en la secretaría general “habrá que seguir pugnando” para pasar a la democracia participativa.
A los trabajadores de Petróleos Mexicanos les llegó la hora de decidir quién va a defender sus intereses laborales desde la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).
Este 31 de enero de 2022 es la fecha.
Desde a las 00:00 de este lunes, se abrió la plataforma Sirvolab. Todas y todos los trabajadores debieron recibir en sus teléfonos celulares a través de un mensaje de texto lo siguiente:
«Vota en Sirvolab, liga personal de acceso, token, y deberán acceder a dicha liga y ahí introducir el token, la contraseña, 1, 2, 3, 4 y entrar.
«Oprimirán ‘entrar’…se verán todas las candidatas y candidatos, imagen y nombre. Una vez que se ubique el candidato que elija el trabajador se oprime… saltará la pregunta «confirmar a esta persona», y se «confirma»… se envía el voto.
El uso del voto electrónico en una elección sindical es confiable y la aspiración es usarla en elecciones de otros sindicatos, reveló Luisa María Alcalde, Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS).
“El sistema electrónico es confiable, lo realizó, lo programó, lo llevó a cabo la Secretaría del Trabajo y lo puso a disposición en este momento del Sindicato de Pemex para que pueda utilizar la herramienta para la elección.
“La aspiración es que no se utilice solamente para esta elección, sino que la Secretaría del Trabajo pueda ponerla a disposición de cualquier sindicato que determine a través de sus convocatorias llevar a cabo la votación electrónica. Creemos que es un procedimiento confiable”, aseguró la responsable de la política laboral del país.
Insistió en defender el uso de la tecnología en una votación en el ámbito sindical.
Recordó lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador:
“El Presidente decía aquí que cada uno vote por quien le dice la conciencia (sindicato petrolero), en lo individual, nada de llamar en colectivo y todos votamos juntos, para que no haya violencia, para que no haya acarreos, para que no haya todas estas prácticas que conocemos muy bien. El voto electrónico es un mecanismo confiable”, destacó.
Alcalde, dijo, que, sin embargo, el Centro Laboral está para determinar si existen o no, dudas razonables en los procesos de votación en el terreno sindical, si se cumplió o no, con la libertad y democracia sindical, si es así, se puede llamar a una nueva elección.
El Estado de México, la entidad más poblada del país, con casi 17 millones de personas, fue de las primeras en poner en marcha el nuevo modelo de justicia laboral a finales de 2020; cuenta con 100 conciliadores y conciliadoras.
Es entendible la prórroga solicitada por 12 entidades federativas para poner en marcha el nuevo modelo de justicia del trabajo, pues hay una serie de retos para su implementación, señala Rosa María Nava Acuña, directora general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México. Esa entidad es la más poblada del país y donde ya se inició el modelo conciliador que estipula la reforma laboral.
Desde noviembre de 2020, ha logrado acuerdos económicos para los trabajadores y trabajadoras por un monto total de más de 806 millones de pesos, informa en entrevista. “Por ser los primeros a nivel federal, tuvimos varios retos”, pero, a un año y dos meses del funcionamiento del centro, “somos un referente”, asegura. “Le hemos dado acompañamiento y asesoría a 22 entidades federativas”.
En el Estado de México habitan casi 17 millones de personas y existen más de 800,000 unidades económicas que emplean a millones de trabajadoras y trabajadores, para los que hay 100 conciliadores y conciliadoras. Es el centro con más personal especializado.
El pasado 18 de enero, el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral (CCIRSJL) acordó pedirle al Congreso una prórroga para que los centros de conciliación y tribunales laborales locales en los 12 estados del país que están pendientes de sumarse al nuevo modelo entren en funciones el 3 de octubre y no el 1 de mayo de 2022, como estaba previsto. El retraso se debe a la falta de presupuesto para infraestructura y operatividad de estos organismos.
Derivado de la reforma laboral de 2019, las juntas locales de Conciliación y Arbitraje irán desapareciendo, para dar paso a centros en los que se busque un acuerdo entre las partes y, una vez agotado ese trámite y si no se resuelve el caso en esa instancia, avanzarían a un tribunal.
Dicho cambio de tal magnitud ha requerido que se realice en tres etapas. La primera inició en 2020, en ocho entidades. La segunda se ejecutó en 2021, en 12 estados y la última se llevará a cabo en este 2022 en 12 estados.
Conciliadores privados, el próximo proyecto
Para el primer año de funciones, el centro recibió 84 millones de pesos, 40 millones de dicho monto provinieron de la federación y 44 millones del presupuesto estatal. Con esos recursos se dio inicio “a la parte patrimonial, las oficinas, el acondicionamiento, el equipo, el reclutamiento del personal y la capacitación”, entre otros gastos.
“Para 2022 todavía no está autorizado, pero hemos solicitado 83 millones de pesos, para seguir consolidando la conciliación en todos los factores de producción”.
Con ese presupuesto también pretenden comenzar el proyecto de la red de conciliadores privados. Se trata de un “servicio externo” de personal privado, “vamos a darles la capacidad a los particulares de llevar la conciliación a los centros de trabajo, a los sindicatos, pero siempre con un control” desde el organismo.
Quienes quieran formar parte de esa red deberán certificarse en el estándar de competencia EC1250, para la conciliación de conflictos en materia laboral, que otorga el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer).
El centro de conciliación seguirá siendo quien tenga “la capacidad de control”, explica, por lo que llevará el registro de quienes integren esa red privada y se encargará de su evaluación. Los convenios que celebren esos particulares “estarán avalados por el centro”.
De acuerdo con la funcionaria, ya cuentan con el anteproyecto de reforma a Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México y de su reglamento para ser presentado al Congreso local.
La voluntad, la máxima de la conciliación
Hasta ahora, el centro de conciliación del Estado de México ha recibido 40,684 solicitudes de conciliación. El incumplimiento de contrato, el despido injustificado y la falta del pago del finiquito son los tres principales conflictos que les llegan.
De acuerdo con el artículo 685 Ter de la Ley Federal del Trabajo (LFT), los casos de discriminación por embarazo, razones de sexo, orientación sexual, raza, religión, origen étnico, condición social o acoso u hostigamiento sexual queda exentos de ser conciliados, pueden ir directamente a tribunales.
“Sin embargo, hemos tenido casos de trabajadoras embarazadas que se acercan para pedir una conciliación”. En la dirección de Tlalnepantla mediaron el caso de una empleada que fue despedida por ese motivo, pero ella prefirió terminar el conflicto en esa instancia y no demandar en un tribunal.
“Tenemos la obligación de salvaguardar los derechos laborales y fundamentales y nos apegamos al principio de la conciliación, que es el de buena fe e imparcialidad, ser neutrales, pero sumamente sensibles a esos temas”.
La gran diferencia entre las juntas de Conciliación y estos centros es que este modelo “es totalmente autocompositivo. Eso significa que el trabajador o la trabajadora, como el propio patrón, al acudir a los centros tendrán un proceso ágil, flexible, gratuito y, sobre todo, imparcial, en el que puedan obtener la resolución de sus controversias en un plazo no mayor de 45 días”.
Al acordar un convenio de conciliación “estamos dando certeza jurídica a las partes y exaltamos su voluntariedad, que es la máxima del procedimiento”, puntualiza.
El Gobierno de Estados Unidos ampliará la ayuda económica para que continúe la implementación de la reforma laboral en México.
A través de su Departamento del Trabajo pretende echar andar nuevos proyectos que en conjunto sumarán 70 millones de dólares, mismos que se suman a los 70 millones de dólares que dio con anterioridad.
Según el «Informe sobre supervisión y fiscalización laboral en el T-MEC», que elaboró el Comité Laboral Interinstitucional de Seguimiento y Fiscalización, uno de los proyectos recibirá 10 millones de dólares para desarrollar la capacidad de inspección del trabajo y dicho plan será anunciado próximamente.
Otro más, de 7 millones de dólares, será para reducir el trabajo infantil y otras formas de explotación laboral en la siembra de chile y tomate, el cual se pretende adjudicar este mes.
Para febrero se dará a conocer otro proyecto por 5 millones de dólares para que el País cumpla con lo expresado en el capítulo laboral del T-MEC (Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá) y exista rendición de cuentas en lo relativo al trabajo infantil y forzoso en las cadenas de suministro de tomate y chile.
Asimismo, el Departamento del Trabajo tiene un acuerdo de colaboración por 18 millones de dólares, para los próximos dos años, con la Organización Internacional del Trabajo, para un proyecto de asistencia técnica titulado «Construyendo un Enfoque Integral del gobierno para combatir el trabajo infantil y trabajo forzoso en México».
Para los próximos 3 años se espera una ampliación de 30 millones de dólares para el Centro Americano para la Solidaridad Laboral Internacional, el cuál apoyará a organizaciones sindicales democráticas.
En el informe se hizo una relatoría del avance de la implementación de la reforma laboral en el País, y recordó que este año debe quedar puesta en marcha la tercera fase de la misma con el establecimiento de los Centros de Conciliación Locales y juzgados laborales en los estados donde existe una mayor conflictividad, como Ciudad de México.
Inicialmente, la tercera fase estaba contemplada para mayo de 2022, pero la Secretaría del Trabajo pidió una ampliación para octubre de este mismo año.
Una de las preocupaciones que se externaron en el informe es el ritmo de legitimación de los contratos colectivos de trabajo, que se calcula existen más de 500 mil en el País, pero destaca que pocos han pasado por el proceso de validación.
Añadió que hay preocupación por actos de intimidación y coerción por parte de empleadores y sindicatos durante las legitimaciones.
«El ritmo de legitimaciones aumentó durante el periodo del informe, pero hay preocupación de que un aumento en las solicitudes de legitimación justo antes al 1 de mayo de 2023, fecha en la que los contratos colectivos quedan sin efecto si aún no han sido legitimados, dificultaría la capacidad de las autoridades gubernamentales para llevar a cabo una supervisión efectiva de los votos», advirtió el texto.
El magistrado Luis Villegas Montes, encargado de poner en marcha la reforma laboral en Chihuahua, observó como positiva una prórroga para que su implementación sea en octubre y no en mayo, como se tenía previsto.
El aplazamiento lo impulsa la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján.
Villegas Montes dijo que un nuevo plazo ‘’ayuda de mucho’’.
«Nos da tiempo para sacar adelante la implementación, en la parte técnica, de manera más sencilla y sin atropellarnos», comentó
Fue durante la reunión del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, donde Alcalde Luján informó que solicitaría una prórroga al Congreso de la Unión.
El nuevo plazo será de hasta cinco meses (contados a partir de mayo) debido a que los estados no cuentan con recursos suficientes para atender este mandato, exteriorizó.
Se esperaba que el 1 de mayo, un total de 12 entidades federativas que conforman el bloque de la tercera y última etapa de la implementación de la reforma laboral, arrancaran con el nuevo esquema.
Prórroga permitirá implementación ordenada
La secretaria federal defendió que el plazo brindará tiempos razonables para lograr una implementación ordenada y simultánea del nuevo modelo laboral en todo el país.
Reconoció que los calendarios presupuestales y de obra impedían a las entidades reunir las condiciones materiales y financieras necesarias; esto, para la adecuación, equipamiento, habilitación e inicio de funciones de sus nuevas instituciones locales.
Pese a lo anterior, el procurador federal del Trabajo en Chihuahua, Juan Pablo Delgado, destacó que no hay nada oficial en cuanto a una prórroga.
«Es que la armonía de la reforma es local y se tiene que pronunciar el Tribunal Superior de Justicia; pero de la Secretaría del Trabajo no hay nada todavía oficial.
Por su parte, Israel Hernández, vocero del Tribunal Superior de Justicia, refirió que «la ampliación obedece a la empatía con el resto de los estados que están en la situación de entrar en el proceso en mayo primero, y que por el momento las condiciones no les da para poder arrancar en esas fechas».
Cabe mencionar que en el caso de Chihuahua se autorizaron 84 millones 34 mil 542 pesos para el primer año de operaciones de la reforma.
Bajan el piano…
Apenas en diciembre, la responsable nacional de la política laboral, Luisa María Alcalde Luján, mostró su aval para que la reforma iniciara en mayo.
Lo anterior, durante un mensaje pronunciado con motivo de la reunión anual de abogados laboralistas de Chihuahua.
Al abordar las ventajas de la reforma, comentó que ésta plantea un cambio de fondo en materia de conciliación, impartición de justicia y registro de sindicatos.
Además, una reestructuración donde las instancias en mención defiendan los derechos de los trabajadores, expuso.
Luisa Alcalde hizo hincapié en la importancia de fortalecer un nuevo pacto social que atienda las necesidades del futuro del trabajo; «poniendo en primer lugar el bienestar de la clase trabajadora».
«Que existan más equilibrios, más libertad y más democracia; que los trabajadores decidan si quieren o no pertenecer a un sindicato», comentó.
Asimismo, dijo que los litigios laborales se llevarán con bienestar para las partes.
¿En qué consiste la reforma?
La parte medular de la Reforma Laboral consiste en la desaparición paulatina de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Sin embargo, éstas continuarán en funcionamiento solamente para finalizar el rezago existente.
En diciembre, el Congreso autorizó la entrega al Tribunal Superior de Justicia, de un total de 84 millones 34 mil 542 pesos para el primer año de operaciones de la reforma.
Por rubros, el costo más alto para la implementación es el de compra de tecnología, con un total de 47 millones 410 mil 900 pesos; incluidos gastos de operación por un millón 106 mil 603 pesos.
Además, se solicitaron 24 millones 100 mil 208 pesos para pagar salarios a 200 personas que encabecen las diversas áreas.
Para capacitación de los operadores se requieren 6 millones 334 mil pesos.
Sin embargo, antes de su contratación, deberá darse un concurso, para el cual están solicitando un millón de pesos.
Para adecuaciones de oficina y compra de mobiliario se pidieron 3 millones 396 mil 836 pesos; 938 mil 377 pesos y 2 millones 457 mil 449, respectivamente.
Además, para gastos de operación, durante el primer año, se requerirá de un millón 793 mil 500 pesos.
Implementar el nuevo esquema de justicia laboral hasta su última fase, proyectada para mayo del 2022, alcanzaría un presupuesto total de 9,631 millones de pesos. Sin embargo, las entidades federativas que conforman la última etapa han solicitado prórroga para implementar este modelo argumentando no tener los recursos suficientes.
La tercera y última etapa de la implementación de la reforma laboral es también la más costosa. Las entidades federativas que conforman esta etapa solicitaron prorrogar, hasta cinco meses, su entrada en vigor prevista para el primero de mayo de 2022, debido a que no cuentan con los recursos suficientes para atender este mandato.
Las entidades que esperan la prórroga son: Ciudad de México, Coahuila, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán.
En el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) la elección de su Secretario General se llevaba a cabo a través de intermediarios que a su vez votaban por su dirigente nacional a mano alzada, eso se acabo”, dijo Luisa María Alcalde, Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
“Estamos viviendo este proceso de transformación y cuando realmente son procesos de transformación son complejos, son complicados, sobre todo cuando tenemos una historia en el proceso de democratización, de libertad y democracia sindical difícil en nuestro país. Por eso nos da mucho gusto que estén aquí, que participen.
“Es la primera vez en la historia que los trabajadores petroleros van a elegir a través del voto personal, libre, directo y secreto a su dirigente nacional.¿Qué sucedía en el pasado? Era a través de intermediarios que a su vez votaban por su dirigente nacional y el uso de la mano alzada, que eso generaba por supuesto condiciones muy limitadas de poder ejercer el voto con libertad”, explicó.
Recordó que se amplió el proceso de registro de trabajadores con derecho a votar durante la elección.
“Todavía quedan algunos trabajadores que no se han registrado para poder ejercer su derecho a voto para que puedan elegir con libertad.
“Hacemos un llamado para que puedan registrarse hoy, mañana, el jueves. Y recodar que estamos en el proceso de campaña, arrancaron el viernes, van a concluir el sábado, el domingo hay veda electoral y la elección será el 31 de enero, el próximo lunes”, concluyó.
La tercera y última etapa de la implementación de la 