Desde la Mañanera, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó en su nueva sección sobre los resultados económicos y sociales, que el sueldo promedio de los trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es de poco más de 13 mil pesos mensuales.
En Palacio Nacional, López Obrador mostró una gráfica donde mostró cómo se ha comportado el aumento en el salario mínimo desde el año 2001 hasta su actual administración en 2021. La remuneración mensual promedio de los empleados asegurados en el IMSS es de 13 mil 253 pesos, según estimaciones del gobierno federal.
El Jefe del Ejecutivo detalló que la cifra es el promedio del salario de los 20 millones 600 mil trabajadores que están registrados en el IMSS, “son como poco menos de tres salarios, porque ahora el salario mínimo está (alto), promedio, pero sí va creciendo”, afirmó el mandatario.
Recordó que el aumento al salario mínimo no se había hecho en más de 30 años como se hace ahora, dijo que eso es un “timbre de orgullo de nuestro gobierno”, y aseguró que ello se ve reflejado en tener un buen poder adquisitivo pese a la inflación.
¿Cuál es el sueldo del salario mínimo?
A finales del año pasado, el gobierno de México informó sobre el aumento al salario mínimo el cual entró en vigor desde este 1 de enero de 2022. El sueldo tuvo un incremento en 22 por ciento.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján indicó que el 22 por ciento de aumento pasó de 141 pesos a 172 pesos al día en el país, lo que significa en términos mensuales un incremento de 948 pesos adicionales.
Mientras que en el caso de la zona fronteriza el incremento al salario mínimo pasó de 213 pesos a 260 pesos diarios, un incremento mensual de mil 428 pesos adicionales.
En su momento, la titular de la Secretaría del Trabajo destacó que es el cuarto incremento del salario mínimo que se realiza en la presente administración del presidente López Obrador, por lo que se alcanza a recuperar 71 por ciento el poder adquisitivo.
A pesar de que uno de los principales índices macroeconómicos no pinte un futuro afable para la economía de los mexicanos y mexicanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que la inflación no afectará el poder adquisitivo de los habitantes del país.
El discurso del gobierno ha venido apuntalando la importancia del aumento del salario mínimo para evitar que las personas más vulnerables sufran los estragos de la inflación.
Es por ello que presidente reiteró durante la nueva sección de la mañanera que “ni la inflación ni la carestía se comerán el incremento al salario mínimo”.
“No estamos viendo que haya deterioro, no se ha comido la carestía el incremento al salario mínimo”, mencionó.
Añadió que el aumento al salario mínimo aprobado el año pasado, llegó a cifras históricas por lo que está protegido contra la inflación.
Salario mínimo en 2022
La secretaria del Trabajo y Previsión Social de México, Luisa María Alcalde Luján, anunció a inicios de diciembre que 6.3 millones de trabajadoras y trabajadores del país serían beneficiados con el nuevo incremento a partir del 1 de enero de 2022.
El monto mínimo pasó de 141.70 a 172.87 pesos diarios, mientras que en la zona libre de la frontera norte subió de 213 a 260.34 pesos diarios.
De acuerdo con datos de la secretaria, el aumento del salario mínimo implica una recuperación del 71 por ciento del poder adquisitivo de los trabajadores de la mayor parte del país mientras que en la zona libre de la frontera norte es del 160 por ciento.
Inflación de más del 7 por ciento
El indicador se colocó este noviembre en 7.37 por ciento, su nivel más alto en dos décadas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En la primera quincena de diciembre desaceleró hasta llegar a un 7.45 por ciento anual luego del 7.7 por ciento de la quincena previa.
El banco central estimó que la inflación cerrará el año en 7.1 por ciento mientras que analistas consultados por Citibanamex lo situaron en 7.5 por ciento.
Este viernes el INEGI dará a conocer el dato de inflación de diciembre de 2021.
La pandemia cambió todo a su paso, incluso la situación laboral de muchas personas. No obstante, solo al 16% le hicieron adecuaciones en sus contratos con la regulación al teletrabajo, reveló un estudio de OCC Mundial.
«Con la implementación del home office o modalidad híbrida, el 44% de los encuestados mencionó que no hubo modificaciones en sus contratos aún con la regulación al teletrabajo, en contraste con el 16% que dijo que sí se hicieron adecuaciones como la implementación del teletrabajo (51%), ajustes al sueldo (29%), cláusulas de confidencialidad (26%), proporcionar equipo y material adecuado (26%), ajustes al horario laboral y desconexión laboral (23%) y cláusulas de ciberseguridad (13%)», destacó.
El Centro de Carrera Profesional de la firma realizó una encuesta donde descubrió que aunque siete de cada 10 empleados en México conocen el tipo de contrato bajo el que se encuentran trabajando, un 17% no sabe cómo está contratado y un 11% más ni siquiera tiene firmado ningún tipo de contrato.
Asimismo, el 71% de quienes sí conocen el tipo de contrato que tienen indicó que este es por tiempo indeterminado, un 14% por obra o tiempo determinado, un 9% por un periodo de prueba, un 2% está por temporada (becario, honorarios, entre otros), y un 5% cuenta con otro tipo de contrato, pero, ¿qué otras especificaciones tenían dichos documentos?, los encuestados dijeron lo siguiente:
monto de salario (81%)
horario laboral (74%)
tipo de contrato (65%)
prestaciones (63%)
forma de pago (53%)
servicios por los que se contrata (49%)
modalidad de trabajo -presencial, remota, híbrida- (38%)
día y lugar del pago (33%)
capacitación (16%)
La encuesta realizada por OCC en noviembre y diciembre de 2021 a 900 profesionistas mostró que al menos 33.33% de los profesionales vieron que su salario disminuyó por la pandemia, aunque un 84.78% enfatizó en que su horario laboral se mantuvo igual y para la mitad cambio su modalidad de trabajo, ya sea de manera presencial, remota o híbrida.
A partir de este sábado uno de enero entró en vigor el nuevo salario mínimo general en México, el cual tuvo un aumento del 22 por ciento, al pasar de 141.70 a 172.87 pesos diarios, lo que significa un incremento de 948 pesos adicionales al mes.
En la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), la remuneración mínima pasó de 213.39 a 260.34 pesos al día, esto de acuerdo al documento publicado en el Diario Oficial de la Federación.
El incremento en los salarios mínimos generales se integra a partir del salario mínimo vigente en 2021, más la suma de un Monto Independiente de Recuperación (MIR) de 25.45 pesos para la frontera y de 16.90 pesos para el resto del país, además de un incremento por fijación de 9 por ciento.
El MIR, que se aplicó por primera vez en la fijación de los salarios mínimos vigentes en 2017, es un mecanismo cuya única finalidad es la recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos y es una cantidad absoluta en pesos, que no debe ser utilizada como referente para fijar otros salarios vigentes como los contractuales, federales, estatales, ni municipales.
En diciembre pasado, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, indicó que el incremento al salario beneficia a 6.3 millones de trabajadores, el 30 por ciento de los registrados ante el IMSS.
Con este aumento, México asciende 13 posiciones a nivel internacional en cuanto ingresos recibidos por la base laboral, colocándose en el lugar 67 de 135 países, lo que lo sitúa por arriba de Colombia, Guinea Ecuatorial, Perú y Ucrania.
Las proyecciones para el cierre de 2021 auguran una recaudación anual de más 381,500 millones de pesos. Es decir, 31,700 millones de pesos más que lo registrado en 2020.
En noviembre pasado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) logró la mayor recaudación de cuotas obrero-patronales de las que se tiene registro, al llegar a 348,724 millones de pesos, informó el organismo en un comunicado. En gran medida, esta cifra se alcanzó por una adecuada fiscalización a las empresas de subcontratación luego de la reforma en la materia, señaló.
Destacó que esas asignaciones son vitales para su funcionamiento, pues 93 de cada 100 pesos de los ingresos del instituto “provienen del cobro de las cuotas y se utilizan para cubrir las prestaciones asociadas a la seguridad social de los derechohabientes”.
Con ese monto, el IMSS reporta un “superávit superior a los 7,500 millones de pesos, obteniendo ingresos superiores en 28,245 millones de pesos más que lo registrado en el mismo periodo de 2020”, cuando la recaudación fue de 320,479 millones de pesos. Es decir, el crecimiento nominal fue de 8.8% y real, de 3.1 por ciento.
En 2018 la recaudación anual de las cuotas obrero patronales representaron el 1.38% del Producto Interno Bruto (PIB). Para 2021, ese porcentaje ha incrementado a 1.54%, o sea, 0.16 puntos porcentuales. Para poner en perspectiva este dato, subraya el instituto, de 2006 a 2018, el crecimiento fue de 0.13 puntos porcentuales. Es decir, en los últimos dos años la recaudación aumentó más que en el periodo previo de 12 años.
El IMSS estima “cerrar el 2021 con una recaudación acumulada por cuotas-obrero patronales de 381,500 millones de pesos. Es decir, 31,700 millones de pesos más que lo registrado en 2020. Lo que llevaría a alcanzar un superávit de 9,000 millones de pesos.
“Es resultado directo de las estrategias y mejoras en los actos de autoridad, así como a la evolución favorable de los indicadores de empleo y salario registrados en el IMSS”, explicó el instituto. Noviembre también ha sido el mes con la mayor cifra de puestos de trabajo, para ese mes el instituto reportó 20 millones 933,050 empleos formales, “lo cual generó ingresos por 5.1 mil millones de pesos”.
La política de incrementos a los salarios mínimos aumenta las cuotas, pero “por sí misma no constituye la razón principal” en la mejora de recaudación, señaló. De acuerdo con el organismo, menos del 1% de trabajadores afiliados están registrados con un salario mínimo.
Han sido el fortalecimiento a la fiscalización y la cobranza, “de la mano con el acompañamiento estrecho con el sector patronal para orientar en la correcta interpretación del marco normativo” en lo referente a la reforma de subcontratación laboral, lo que permitió “ingresos históricos y por encima de las expectativas económicas”, a pesar de la crisis derivada de la pandemia de Covid-19″, asegura el organismo.
Otro elemento importante ha sido “la ampliación de la base de asegurados” a través de los programas pilotos para personas trabajadoras del hogar y trabajadoras independientes. Ambos esquemas benefician actualmente a más de 50,000 personas, inlcuyendo a sus familias. La recaudación mensual generada por estos medios ha superado los 60 millones de pesos, según el instituto.
Aumentos salariales de dos dígitos, es decir, de más de 10 por ciento, buscarán negociar las representaciones sindicales en Puebla de diferentes sectores productivos, en las revisiones del primer trimestre de 2022 con el objetivo de resarcir los efectos inflacionarios y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. René Sánchez Juárez, secretario general de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos- Consejo Nacional Laboral (Froc-Conlabor) en Puebla, destacó que, durante el primer trimestre de 2022, se realizarán alrededor de 100 emplazamientos a huelga.
Destacó que en las negociaciones se buscarán mejorar las condiciones salariales y laborales de más de 40 mil trabajadores que están adheridos a los gremios que forman parte de la Froc-Conlabor. Destacó que la meta para el nuevo año consiste en que los patrones otorguen incrementos por arriba del índice inflacionario, que en la primera quincena de diciembre se ubicó en 7.27 por ciento. “En enero iniciarán los emplazamientos para revisión de aumento salarial y para revisión contractual. En el primer trimestre se realicen alrededor de 100 revisiones con relación al tabulador salarial y en las clausulas de revisión contractual”, comentó.
Reconoció que las negociaciones se prevén complicadas debido al contexto económico por los estragos de la pandemia de covid-19, así como por la situación que enfrenta la industria en general por la escasez de insumos, lo que, en el caso de empresas proveedoras del sector automotriz implicó paros de labores.
Comentó que entre las principales negociaciones se realizará la revisión salarial y contractual de empresas del sector automotriz, así como de las instituciones que forman parte del sistema de universidades tecnológicas, entre ellas, la Universidad Tecnológica de Puebla, de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo, de la Universidad Tecnológica de Oriental, de la Universidad Tecnológica de Tehuacán, de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco y de la Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez.
Por su parte, la representación de la Federación de Trabajadores del Estado de Puebla, adherida a la Confederación de Trabajadores de México (FTP-CTM) dio a conocer que las primeras revisiones correspondientes a 2022 iniciaron con un incremento directo al salario de dos dígitos por ciento, así como bonos económicos y mejoras en prestaciones.
Se detalló que una de las primeras negociaciones está relacionada con una empresa de la rama automotriz, con plantas en Puebla y Tlaxcala, en la que se alcanzó un aumento de 13 por ciento para una plantilla aproximada de cinco mil trabajadores. De acuerdo con la organización cetemista, las negociaciones se regirán conforme lo establece la Reforma Laboral, es decir, con la participación directa de los trabajadores, en un ejercicio democrático.
La secretaria del Trabajo y Previsión Social federal afirmó que la estrategia del gobierno federal del aumento al salario mínimo se ha hecho de manera paulatina desde 2018.
La secretaria del Trabajo y Previsión Social federal, Luisa María Alcalde Luján afirmó que la estrategia del gobierno federal del aumento al salario mínimo que se ha hecho de manera paulatina desde 2018, ha permitido recuperar un 75 por ciento el poder adquisitivo del salario.
Durante su participación en el desayuno informativo La implementación de la reforma laboral» que en la entidad, entrará en vigor en mayo de 2022, Alcalde Luján destacó que la Cuarta Transformación ha logrado aspectos relevantes que dan idea de la reforma próxima.
Ejemplificó que el modelo del outsorsing se ha atacado con la aprobación de la reforma para prohibir la subcontratación.
En este sentido dijo que a nivel nacional se ha logrado regular a 3 millones de trabajadores en el país.
La funcionaria afirmó que aún falta regularizar otros aspectos, pero destacó el avance logrado desde 2018.
En el desayuno se contó con la presencia de abogados laboralistas así como personalidades de dependencias estatales y federales y el Tribunal Superior de Justicia.
Advertidos están las empresas y los sindicatos: «El aumento del salario mínimo para el 2022 no es eje de referencia para revisiones salariales y contractuales», señala la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami).
«El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos enfatiza que el incremento otorgado a los salarios mínimos generales y profesionales de 172.87 pesos diarios no deberá ser piso ni tope para las revisiones salariales o contractuales a celebrarse en 2022.
«Éstas últimas deberán celebrarse bajo la más absoluta libertad de las partes que en ellas intervienen», apunta.
Esta posición se da ante un oleaje de señalamientos de especialistas laborales y economistas que el incremento al mínimo será una referencia inevitable para los aumentos que se den durante el 2022.
Esto después de que en las últimas semanas la inflación en México se ha disparado.
Sin embargo, la Conasami alerta que dicha alza no será base de ningún tipo de negociación de salario o de Contrato Colectivo de Trabajo.
Unos servidores públicos del Estado de México fueron despedidos y demandaron por despido injustificado su reinstalación de inmediato o una indemnización legal, más el pago de salarios vencidos integrando al cálculo de este último el componente salarial del aguinaldo, a pesar de que la Ley dicta que no.
En el párrafo segundo del artículo 96 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México establece que “no se considera en el pago de salarios vencidos los aguinaldos e incrementos que se otorguen en el salario de los servidores públicos, mientras dure el proceso para objeto de las indemnizaciones”.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desacredita esta disposición.
“Esta porción normativa debe inaplicarse, pues si bien es cierto que del artículo 123 de la Constitución no se advierte que de manera accesoria a la indemnización o reinstalación proceda el pago de salarios caídos, también lo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado ese tema en el sentido de que basta que la parte trabajadora ejerza cualquiera de las dos acciones señaladas y prospere, para que tenga derecho a que se le otorguen en forma concomitante los salarios vencidos”, explica.
En tales condiciones, dice, si jurisprudencialmente el Alto Tribunal reconoció que en el pago de los salarios caídos deben incluirse todas las prestaciones que ordinariamente percibía el trabajador por sus servicios, entonces, la restricción contenida en el segundo párrafo del artículo 96 aludido constituye un menoscabo a sus derechos, al excluir de la integración salarial el aguinaldo, sin que exista una justificación constitucional para ello; de ahí, que debe tomarse en cuenta para la cuantificación de aquéllos.
En el Valle de México, que incluye el Estado de México y Ciudad de México, la región más próspera del país, sólo 1 millón 192 mil personas tienen trabajo digno; es decir, un empleo con ingreso suficiente para sostener a una familia y con seguridad social, el resto de las personas en edad y en condiciones de trabajar están excluida del mercado laboral (5 millones 551 mil) o laboran en condiciones precarias, con ingresos que no alcanza para adquirir 2 canastas básicas o sin seguridad social (7 millones 528 mil personas).
En una conferencia virtual, Rogelio Gómez Hermosillo, Coordinador de Acción Ciudadana frente a la Pobreza, afirmó que el empleo y el salario en esta región del país se encuentra en semáforo rojo. La precariedad laboral afecta a una de cada dos personas que integran la fuerza laboral de la región.
Citó que, en la Ciudad de México, sólo un poco más de medio millones de personas (523 mil) tienen trabajo digno; 2 millones 521 mil trabajan en condiciones precarias, y 1 millón 898 mil están desocupadas y disponibles para trabajar o no disponibles para trabajar porque están ocupadas en labores del hogar y de cuidados, de ellas el 91% son mujeres.
En la capital mexicana, de cada 10 que tienen un trabajo formal, 48 personas no lo tienen o tienen trabajo precario o no lo tienen, no cuentan con seguridad social, para salir de la pobreza. Las personas con trabajo formal son menos del 10% del total de la población económicamente activa.
Resaltó que una de cada tres personas es excluida del trabajo en el Valle de México. Por cada persona que tiene un empleo formal en condiciones mínimas hay más de 6 personas que no lo tienen.
El activista destacó que la capital del país concentra 5 millones 589 mil personas en edad y en condiciones de trabajar. Mientras que en el Estado de México viven 10 millones de personas en edad productiva, sin considerar a estudiantes, jubilados ni personas con discapacidad.
En el Edomex es el estado con mayor número de personas en pobreza. Ahí mientras que solo 670 mil personas tienen trabajo digno, hay 5 millones trabajando en condiciones precarias y 3 millones 653 mil personas excluidas del mercado laboral.
Al dar a conocer el Semáforo de Trabajo Digno realizado a partir del análisis de los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que levanta INEGI resaltó que en el caso de la exclusión del mercado laboral por estar ocupadas en quehaceres domésticos y de cuidados, el 94 por ciento de los casi 3 millones de personas en esa condición, son mujeres, en su mayoría mujeres jóvenes.
Recordó que a nivel nacional, el trabajo digno solo beneficia a 9 millones de personas, esto es: menos de la quinta parte de las personas ocupadas en México, mientras que 35.3 millones trabajan sin alcanzar un salario suficiente y/o ingresar a la seguridad social, en tanto que 24.6 millones de personas quedan fuera del mercado laboral por desempleo o por estar impedidas de buscar trabajo remunerado por sus quehaceres de cuidados o del hogar, de esta última cifra, la gran mayoría son mujeres (95%).
Frente a la Pobreza construyó el semáforo de Trabajo Digno para visibilizar la situación que es insostenible si se aspira a tener una economía en crecimiento con un mercado interno sólido que reduzca la dependencia de las exportaciones, aumente la recaudación fiscal para que el Estado puede financiar las transformaciones que se requieren, y sobre todo que se haga justicia, garantizando el acceso a la salud y al trabajo en condiciones de dignidad a todas y todos los mexicanos.
Gómez Hermosillo argumentó que en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza pretende contribuir al debate nacional sobre la urgencia de poner los derechos laborales en el centro del modelo económico, a partir de un conjunto de propuestas escalonadas y de mediano y largo plazo.
La ruta parte del aumento al salario mínimo hasta fijarlo por arriba del costo de dos canastas básicas, con datos actuales, arriba de 7 mil pesos mensuales. Acelerar la puesta en práctica de la reforma laboral para favorecer la elección democrática de líderes sindicales que defiendan los derechos de los trabajadores, la legitimación de los contratos colectivos y la erradicación del outsourcing abusivo; fortalecer el apoyo a la capacitación y empleo de los jóvenes; promover la adopción voluntaria de nuevos estándares laborales en las empresas.
Finalmente señaló que la pandemia de Covid-19 solo agravó una situación que ya era insostenible. La pobreza en el país aumentó en 12 millones de personas; 3 millones más se quedaron sin empleo; 2.6 millones de personas quedaron subocupadas, y, entre los empleos perdidos, se perdieron 2. 3 millones de trabajos que tenían ingreso suficiente, es decir salarios por arriba del costo de la canasta familiar. /// La Prensa
