Eduardo Miranda exhortó a las empresas a trabajar con sus empleados y sindicatos para evitar casos como el de General Motors sobre el mal manejo de legitimación.
“Si los sindicatos de México no nos alineamos por la reforma laboral mexicana, pero también con el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) y además de los convenios 97 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), si los sindicatos no nos alineamos y hacemos lo que tenemos que hacer en favor de los trabajadores, que los trabajadores sepan lo que se está haciendo y que lo estamos haciendo correctamente, junto con la participación de los trabajadores, pues estas denuncias pueden estarse masificando”, sentenció ante la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).
En conferencia de prensa virtual entre la Concamin y la AMSDE, donde participó la CROC, el secretario general del sindicato que representa al sector automotriz exhortó a las empresas a trabajar con sus empleados y sindicatos para evitar casos como el de General Motors sobre el mal manejo de legitimación.
“Si en algún momento no hicimos lo correcto, hoy tenemos que hacerlo, porque si no los trabajadores nos van a desconocer y tendrían toda la razón del mundo si no le satisfacemos sus necesidades y no les rendimos cuentas”, acotó.
Eduardo Miranda hizo alusión al refrán: “cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”, pues agregó que los sindicatos que no cumplan con las nuevas reglas laborales de democracia, libertad y legitimación, “van a estar enfrentando una situación» como la que hay en la planta de General Motors en Silao, Guanajuato.
Ciudad de México. A partir de este miércoles la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) apoyará al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) en las acciones de verificación de procedimientos de democracia sindical, consultas sobre la legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo y convenios de revisión contractual.
Lo anterior, tras la firma de un convenio de colaboración publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cual establece compromisos entre ambas instituciones para una coordinación permanente, en la que inspectores federales de la STPS apoyarán, cuando sea necesario, al Centro Federal Laboral en la atención y respuesta a solicitudes de verificaciones de consultas a los trabajadores.
“Los inspectores federales del trabajo podrán auxiliar al Centro efectuando las diligencias que le sean solicitadas, incluso aquellas en las que derivado de la naturaleza y urgencia de las mismas tengan que practicarse en días y horas inhábiles”, precisa el acuerdo.
Con ello, ambas dependencias dan cumplimiento a las reformas a la Ley Federal del Trabajo que garantizan libertad de negociación colectiva, y a los compromisos establecidos en el anexo laboral del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual establece disposiciones en materia laboral para garantizar y fortalecer el ejercicio de diversas libertades y derechos de los trabajadores, entre los que destaca la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.
El acuerdo establece que cuando se requiera, el CFCRL notificará con anticipación a la Secretaría del Trabajo, respecto de las fechas, horarios, número de trabajadores, domicilios y toda la información necesaria de las diligencias de verificación de los procesos de democracia sindical.
Sobre el tema, la STPS informó que comisionó a la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo a los inspectores federales que “estime necesarios para el desahogo de los procedimientos de verificación de consultas”.
El convenio suscrito entre ambas instituciones tiene una vigencia indefinida y hasta en tanto el CFCRL cuente con la infraestructura necesaria para asumir, de manera integral en todo el país, sus funciones.
Cabe señalar que el Centro Federal Laboral cuenta hasta ahora con oficinas estatales en ocho estados del territorio nacional, y será en octubre de este año cuando se incorporen 13 entidades más, como parte de la segunda etapa de la puesta en marcha de la reforma laboral de 2019.
La secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, informó que el pasado 7 de abril, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitió un laudo para que la empresa dueña de la mina de Cananea pague 54 millones de dólares a mil 097 trabajadores.
El movimiento obrero de Matamoros, Tamaulipas, de 2019 no ha terminado. Luego de la represión policial, la persecución política y la fabricación de delitos contra sus líderes más visibles, lo que consiguieron autoridades, sindicatos y empresas fue justamente lo que buscaba esa disidencia: “Evidenciar la precariedad de las relaciones obrero patronales en la industria maquiladora”, dice irónica la abogada Susana Prieto.
Otro de los resultados fue el apoyo de organizaciones sindicales y congresistas estadounidenses, señala la activista vía telefónica. Este lunes, el sindicato que surgió de aquella huelga masiva en 28 maquiladoras, apoyado por otros de Estados Unidos, interpusieron una queja contra la compañía Tridonex. Se han valido del Mecanismo de Respuesta Rápida que contempla el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La solicitud se ha hecho desde el otro lado de la frontera. La firman el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias, Movimiento 20/32 (SNITIS), formado en Matamoros en 2019, así como la Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO). Igualmente, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) y la organización Public Citizen.
La denuncia es porque “durante dos años, los obreros de Tridonex han sido acosados y despedidos por tratar de sindicalizarse con el SNITIS” y dejar de pertenecer al “sindicato corrupto ‘de protección patronal’”, ha informado la AFL-CIO en un comunicado. Son más de 600 trabajadoras y trabajadores, afirma Susana Prieto, quien asesoró a las y los huelguistas.
Por esa labor, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, “quien se opone a la reforma laboral, la encarceló con acusaciones inventadas durante un mes en una penitenciaría estatal plagada de covid-19”, señala el comunicado. “Creían que apagaban, que acorralaban el movimiento, que todo terminaba ahí”, repasa la defensora de derechos humanos. Pero parece que avivaron el fuego.
Salarios 10 veces peores
“Utilizamos los mecanismos que ofrece el T-MEC para defender los derechos de las y los trabajadores mexicanos”, explica Ben Davis, director de asuntos internacionales del sindicato United Steelworkers. Aun después de las huelgas de 2019 en las que exigían mejoras de salario y condiciones laborales, los sindicatos democráticos no son titulares de los contratos, apunta. El personal de las maquiladoras en México gana “la décima parte de lo que nuestros trabajadores en Estados Unidos por hacer el mismo trabajo”, dice.
Los sindicatos que aglutinan a la plantilla laboral pertenecen a la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Los dirigentes de esa central obrera han pertenecido a la cúpula del PRI, el partido que gobernó el país por más de 70 años. Uno de sus líderes, Fidel Velázquez, estuvo medio siglo al frente de esa organización. El senador Carlos Aceves del Olmo es actualmente el secretario general desde 2016.
La queja se presentó ante un comité formado por el Departamento del Trabajo estadounidense y la Oficina del Representante Comercial. Tienen 30 días para evaluar la petición, “si deciden seguir adelante empieza el momento de consulta, que puede durar 45 días”, comparte Ben Davis.
Es la segunda denuncia vía el T-MEC por violaciones laborales entre México y Estados Unidos. La primera la interpusieron en marzo jornaleras mexicanas contra el gobierno estadounidense por discriminación y agresiones sexuales en el programa de trabajo temporal de visas H2A.
Esta otra es en contra de una empresa, Tridonex, por incumplir la libertad sindical. “Es el primer caso, no hay antecedentes. No sabemos cómo lo va a manejar primero el gobierno acá y luego, si llega a México, cómo será esa segunda parte”, aclara.
Los obstáculos del proceso
Para Susana Prieto, abogada del SNITIS, el cual es dirigido por Jaime Guarderos, con el movimiento 20/32 y esta queja en el marco del T-MEC están visibilizando la corrupción de las empresas. “Se habla mucho de la corrupción de los sindicatos charros alimentados por el sistema político, pero a las empresas nunca nadie las había tocado”.
Tridonex, la denunciada, es una subsidiaria de Cardone Industries Inc., con sede en Filadelfia. En ella fabrican partes automotrices, “de las cuales una importante porción es para el mercado de Estados Unidos”. Según la AFL-CIO, no ha atendido la petición de quienes ya no quieren aportar más cuotas de su salario “al sindicato de protección patronal”.
Para Ben Davis, el gobierno de México “está comprometido con las reformas no sólo en el papel, sino en concreto”. Y las autoridades en Estados Unidos también “han mostrado mucho compromiso. Seguramente lo analizarán bien”.
Sin embargo, habrá obstáculos: la resistencia de las empresas porque no quieren pagar más es la primera. “Es una lástima, una de las razones por las que no hay mucho consumo en México es por los bajos salarios”, comenta.
La segunda: “La CTM, los viejos sindicatos, en Matamoros tienen sus intereses y han estado en contra de esos cambios”. También esto es una pena, “porque el líder de un sindicato no debe tener miedo de la democracia. Pero es la realidad que enfrentamos hoy”.
Y la tercera: “Hay algunos políticos que se resisten al plan” democratizador en materia laboral del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Susana Prieto resalta una ventaja: “Hay muchas mujeres, en ese orden, mujeres y hombres que han estado en la primera línea de batalla para acabar con la corrupción de sindicatos blancos, lideres charros y empresas”.
A casi un año de haber entrado en vigor el T-MEC, la abogada Susana Prieto, consideró que el Gobierno Federal no ha trabajado en la ruta adecuada para que los compromisos laborales se cumplan.
Durante los últimos dos años, los trabajadores de Tridonex han sido acosados y despedidos por intentar organizarse,
La primera demanda laboral bajo el Mecanismo de Respuesta Rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en contra de la empresa Tridonex, “debe cimbrar al país para que las autoridades mexicanas analicen si la reforma laboral es realmente aplicable o solo es letra muerta”, señaló en entrevista la abogada Susana Prieto.
La activista apuntó que en colaboración con la AFL-CIO, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios (SNITIS) y la organización Public Citizen buscarán probar si las reformas laborales de México y el T-MEC pueden dar resultados a los trabajadores mexicanos a los que se les niega su derecho de organizarse y negociar mejores salarios y condiciones laborales dignas.
“Estamos luchando por la libertad y democratización sindical de los obreros que actualmente no tienen salida para librarse de los sindicatos y contratos de protección patronal, además de todas las injusticias de las que ha sido objetivo durante años”, expresó Susana Prieto.
Agregó que durante los últimos dos años, los trabajadores de Tridonex han sido acosados y despedidos por intentar organizarse, e incluso, la empresa ha despedido a más de 600 trabajadores simpatizantes del SNITIS, sindicato al que asesora.
Tras esta queja laboral bajo el amparo del T-MEC, el Gobierno de México deberá investigar el caso y ofrecer pruebas para defenderse o actuar en consecuencia.
“El acuerdo es muy claro, de resultar culpable, la empresa Tridonex podría recibir importantes sanciones por violar los derechos de libertad y democratización sindical, viene en el capítulo 23 del T-MEC, esto les afectaría ya que ellos gozan de bastantes beneficios arancelarios a través del T-MEC, los cuales se les podrían retirar”, subrayó.
La empresa Tridonex es una subsidiaria de Cardone Industries Inc., con sede en Filadelfia y se dedican a la fabricación de autopartes.
A casi un año de haber entrado en vigor el T-MEC, la abogada consideró que el Gobierno Federal no ha trabajado en la ruta adecuada para que los compromisos laborales se cumplan.
Destacó que no es un accidente que los estados del norte sean los últimos que gozarán de los beneficios de la reforma laboral a través de la conformación de nuevos organismos y juzgados laborales, ya que es una región donde prevalece el maltrato y explotación de los trabajadores.
La implementación de la reforma laboral en México se ha realizado por etapas. La primera de ellas inició en 2020, con Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco, Zacatecas e Hidalgo.
En la segunda etapa se incluirán Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, e Hidalgo de manera local.
Crearán partido político para defender a los obreros en 2022
En el segundo semestre de 2022, la abogada Susana Prieto adelantó que impulsará la creación de un partido político que defienda los intereses de los obreros tamaulipecos.
“La organización de la clase obrera y jornalera del país debe surgir desde abajo, actualmente, acepté una candidatura a diputada por el partido de Morena, pero soy una candidata externa, no pertenezco al partido, necesitamos una voz en el Congreso y no ser juguetes ni títeres de nadie, si ganamos, vamos a plantear lo que le hace falta a la clase obrera del país”, apuntó.
La Unifor, el sindicato más grande del sector privado de Canadá, hizo un llamado al gobierno de México para que atienda las violaciones que se están llevando a cabo en el proceso de legitimación del contrato colectivo de trabajadores de GM en Silao.
La legitimación de contrato colectivo de trabajo en Silao, Guanajuato -suspendida por la destrucción de votos- llegó al corporativo General Motors, luego de que Jerry Dias, presidente de la Unifor, el sindicato más grande del sector privado de Canadá, enviara un comunicado a Mark Reuss, presidente de la trasnacional automotriz, para comunicarle “la alteración de votos y ajuste de boletas” que se presentaron en la organización sindical de México.
Dias expuso que “los trabajadores automotrices mexicanos tienen derecho a ejercer una negociación colectiva libre y justa. Durante décadas, este derecho se les ha negado en forma sistemática a través de los así llamados “contratos de protección patronal” y los sindicatos formados ilegalmente”. En la misiva que también fue enviada a la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, se detalla el proceso de votación que se realizó el pasado 20, 21 y 22 de abril a cargo del sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) “Miguel Trujillo López”; el cual se encuentra suspendido por la autoridad laboral.
En un comunicado la STPS informó que en el recuento habrían de participar 6,494 trabajadores; por lo que se puso a disposición a 16 inspectores de la dependencia y 7 observadores del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; quienes detectaron que había material de votación destruido en el local sindical, donde estaba bajo resguardo, y pese a pedirle al Sindicato cetemista hacerse cargo de la documentación, estos se negaron a entregarla.
Por lo anterior, la STPS informó que se había suspendido el proceso de votación, que en el primer día contó 3,435 votos; dado que no había condiciones para su desarrollo e interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General del estado de Guanajuato para que se deslinde a los responsables de los hechos ocurridos.
Cabe señalar que bajo el acuerdo comercial de México con Estados Unidos y Canadá, se exige que los contratos de trabajo existentes sean avalados por los trabajadores, mediante votación; como también existen mecanismos de denuncia para los casos en los que se incumpla con el derecho de los trabajadores sobre la libertad sindical.
La Unifor hizo un llamado al gobierno de México para que tome cartas en este asunto de inmediato. A su vez, la Unifor solicitó a General Motors que denuncie las acciones realizadas por representantes de la CTM y que colaboren con las autoridades mexicanas tomando medidas proactivas para dar lugar a un voto libre, justo y secreto que sea dirigido por los trabajadores. Por lo anterior, en una misiva el pasado 7 de mayo, Mark Reuss, presidente de General Motors, respondió a los sindicalistas que la compañía condenaba las violaciones de los derechos laborales.
En 23 meses se ha legitimado el 0.98% de los contratos colectivos de trabajo existentes, con una participación sindical de 683 organizaciones que se han registrado en la plataforma de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
En 23 meses se ha legitimado el 0.98% de los contratos colectivos de trabajo existentes, con una participación sindical de 683 organizaciones que se han registrado en la plataforma de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS). A ese ritmo, no se cumplirá con la esta obligación que concluye en mayo de 2023, afirmaron dirigentes sindicales.
Reunidos en el conversatorio «El futuro del sindicalismo a la luz de la conmemoración del día del Trabajo», expusieron que será prácticamente imposible que se cumpla con la obligación que se estableció como parte del Capítulo 23 del T-MEC, “será necesario que se piense en una prórroga”, apuntó Rodolfo González, secretario general de la CROM.
Claudia Esqueda, integrante de la Barra Mexicana de Abogados, afirmó que “la realidad es que no hemos avanzado en dos años ni en 1%, y ante todos estos tropiezos, y los cambios en el protocolo que se la han venido poniendo nuevas imposiciones, y que hoy lo retoma el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el balance no es bueno, no dejará fortalecido al movimiento obrero. Tenemos un largo proceso para caminar”.
Agregó que si la reforma laboral buscaba, en aras de fortalecer a la industria y evitar extorsiones que provocan los contratos de protección que son un círculo vicioso, “creo que lejos de tener un beneficio tendremos una menor fuerza del sindicalismo”.
Ricardo Espinoza, destacó que “los sindicatos internacionales tienen interés en involucrarse en México; es más el gobierno mexicano lo sabe y provoca que sucedan cosas; una cosa es que el sindicalismo se internacionalice, y otra la intromisión sindical, no es igual. Sólo debe haber acuerdos y solidaridad, el gobierno sabe porque los sindicatos democráticos americanos están muy atentos de lo que hacemos”.
Los representantes sindicales, en el que también estuvo el cetemista Tereso Medina, coincidieron en que es indispensable buscar unidad de los trabajadores; pues el sindicalismo tiene que transformarse.
Cabe destacar que algunas de las razones por las que los sindicatos no han cumplido con el proceso de legitimación, entre otras razones, está que es complicado; porque se esperaba la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para no tener que hacer dos veces el trámite -a pesar de que la autoridad dijo que no sería así- y hay quienes ven en la pandemia un obstáculo para realizar la votación directa, libre de los trabajadores.
Desde el 1 de mayo, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tomó el control de las legitimaciones y publicó los lineamientos, entre los puntos que se destacan son: que la STPS pasará todos los contratos legitimados al Centro; y concluirá con los procesos que iniciaron, previo al 1 mayo de 2021. Las autoridades laborales estiman que hay más de 500,000 contratos a legitimar.
Isaías González Cuevas, líder de la CROC. Foto: EE Archivo.
El dirigente de la CROC, Isaías González Cuevas, explicó que no hay razones aparentes para que los sindicatos no cumplan con esta obligación, pues cifras de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social estiman que no se ha logrado ni el 1% de la legitimación de los contratos colectivos de trabajo existentes en el país.
Más de 7,000 trabajadores de la armadora Hyundai presentaron su voto como parte del proceso de legitimación de su contrato colectivo de trabajo y esta semana corresponde a las empresas de autopartes y a las maquiladoras, de esta manera la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) mete el acelerador para dar cumplimineto con la obligación que marca la reforma laboral, y que busca terminar con los contratos de protección.
En entrevista, el dirigente de la CROC, Isaías González Cuevas, explicó que no hay razones aparentes para que los sindicatos no cumplan con esta obligación, pues cifras de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social estiman que no se ha logrado ni el 1% de la legitimación de los contratos colectivos de trabajo existentes en el país.
“Algunos sindicatos metieron recursos de amparo, pero una vez que la Suprema Corte avaló la reforma laboral, es claro que los sindicatos tienen que cumplir con este proceso; nosotros estamos trabajando en ello, pues ya inició sus funciones plenas para llevar a cabo las legitimaciones el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral”, explicó C¡González Cuevas.
El líder sindical apuntó que hay dos sectores clave que no sólo le interesan a la autoridad laboral de nuestro país, sino al gobierno de Estados Unidos que sigue puntualmente el desarrollo e implementación de la reforma laboral, “hay dos sectores que les preocupa mucho para estar avanzando en la legitimación que es el de automotriz y el de maquila justamente; por lo menos en CROC ya estamos avanzando, así que seguramente sumaremos al sector de autopartes que también es del automotriz se va legitimar, no sé si este mes, pero se está trabajando en eso y nos interesa más que nada”.
Vigilaremos cumplimiento de subcontratación
El líder de la CROC, quien además es diputado del PRI, se refirió a la reciente reforma de subcontratación aprobada por el Congreso de la Unión, de la que dijo “los sindicatos estaremos vigilando que se cumpla la ley, que haya trabajadores contratados por una empresa, ya se acabó, se tiene que dar ese cambio y si no el patrón -aparte de que tiene sanciones en el 1004 A, 1004 C- también el que no lo haga el cambio tiene sanciones en el Código Fiscal, entonces no es fácil que lo evada, lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer; y a cierran su negocio tendrán que liquidar conforme a la Ley”.
En ese sentido, “ya no se va a estar simulando, ahora si se van a regularizar todos los trabajadores, y va a aumentar el número de afiliados al seguro social porque no todos gozan de la seguridad social. Por eso estimamos que un millón de trabajadores podrán beneficiarse, incluso para ser sindicalizados”, apuntó.
En Michoacán los sindicatos han sido entes masculinos donde la participación relevante de las mujeres es más un accidente que una realidad que se debe garantizar.
Morelia, Michoacán. La paridad de género es una urgencia dentro de los puestos de dirección de los sindicatos que pesar de apelar a la democracia sindical y ampliar los derechos de los trabajadores, en sus filas hay una agenda feminista pendiente que rompa con los roles tradicionalmente asignados, así como derrumbar estigmas sobre las capacidades de liderazgo.
Particularmente en Michoacán, los sindicatos han sido ‘entes masculinos’ dominados por plantillas en donde la participación relevante de una mujer es más un accidente que una realidad continua. Y contrario a otros aspectos, como lo han sido en el gobierno y en lo empresarial, los gremios carecen de voluntad política para abrir espacios y se carecen de medidas de acción positiva que permitan, por lo menos a la fuerza, a que mujeres ocupen puestos relevantes.
En prácticamente todos los gremios sucede lo mismo: educación, salud, gobierno, seguridad, y unas pocas mujeres confirman la excepción a la regla. En entrevista tres sindicalistas que desempeñan o han desempeñado puestos de dirección consideran que, sumado a toda esta problemática, el que las mujeres no pueden ampliar su participación se debe en gran medida también a que se tienen que dividir entre su trabajo y tareas del hogar, lógicas patriarcales que persisten y que bloquean el tiempo que podrían dedicarle a una agenda gremial.
Es importante señalar que en el panorama sindical del estado son pocos los liderazgos sindicales femeninos, a pesar de que incluso en algunos gremios la proporción de mujeres es igual o un poco mayor que de hombres, particularmente en el sector educativo y salud. Específicamente en el de Educación, que desde hace casi 40 años ensalza mediante la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) valores progresistas y la lucha por conquistas sociales, la aparición de la mujer en puestos de liderazgo es meramente anecdótica.
Lo mismo sucede en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), donde el espíritu nicolaita no ha podido recaer en este sentido hacia sus sindicatos, y las mujeres con cierta participación reciben las carteras menos relevantes al interior de cada organismo.
La paridad de género es un tema que no se aborda ni por error en la construcción de sindicatos, pero queda mucho más evidenciado en aquellos del sector educativo.
EL ESTIGMA DEL LIDERAZGO
Marilú Peña Guevara, exdirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Intercultural Indígena (SITUIIM), comentó a esta casa editorial que es difícil para las mujeres desempeñar roles de liderazgo, no por falta de capacidad, sino por consideraciones machistas que persisten en los gremios y en las representaciones de la patronal.
Explicó que su experiencia hace algunos años al frente de un sindicato fue enriquecedora, empero chocó con actitudes condescendientes o el fenómeno conocido como ‘mansplaining’, donde consideraban que no sabía cosas en lo correspondiente al mundo sindical, a pesar de su formación académica y política.
“No tenía mucho en el estado, desconocía algunas cosas específicas de Michoacán, pero acaba de terminar mi maestría y tenía experiencia política, aun así, muchos intentaban hablar por mí”, dijo.
Detalló Marilú Peña que tenía que imponerse ante estas actitudes de sus compañeros varones, incluso con funcionarios que creían que por ser mujer tenían ventaja ante una supuesta debilidad o hasta insinuaciones de carácter sexual como parte de la negociación; “como mujer debes distinguir esas actitudes de cómo hablan o incluso te tocan”.
Expuso que el trabajo que realizó fue más llevadero, debido a que en ese momento era soltera y no tenía ninguna responsabilidad como son los hijos, tema que limita a las trabajadoras en asumir más responsabilidades.
PROBLEMÁTICA SE DA HASTA EN LO ACADÉMICO
María Luisa Sáenz Gallegos, líder interina del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM), coincidió en que los roles socialmente asignados a las mujeres en contexto patriarcal, limitan el desarrollo de las mujeres.
Cabe señalar que es la primera lideresa del SPUM y que fue electa en medio del conflicto interno en torno a la representación sindical con el otro comité ejecutivo.
“Como en la Universidad, en el ámbito de la investigación las compañeras enfrentan desafíos en desarrollar sus proyectos porque además se hacen cargo de las tareas del hogar y la crianza de los hijos”, opinó.
Sáenz Gallegos expuso que, de igual forma, como en el ámbito de la investigación ahora se pide tomar en cuenta estos factores para evaluar el trabajo de las mujeres, el cual realizan en escenario de desigualdades frente a sus pares masculinos, lo mismo debe evaluarse en los sindicatos.
La docente universitaria consideró que se debe tomar en cuenta la paridad de género, para atender la problemática de exclusión que se presenta, asimismo romper con estos roles socialmente asignados.
Manifestó María Luisa Sáenz que en su caso cuenta con red de apoyo familiar, que le brinda el soporte para desarrollar las actividades académicas y ahora sindicales que algo con lo que deben contar las mujeres.
Apuntó que las mujeres llevan mucho tiempo participando en la vida sindical: “tenemos compañeras que recuerdan a sus mamás, participando en el sindicato, pero que no pudieron participar en la dirigencia”.
Sin embargo, reconoció que también persiste la idea en los propios sindicalistas que sus compañeras no pueden asumir ese rol, lo cual habla de que perviven este tipo de fenómenos de machismo en las filas de los gremios.
Reiteró la necesidad de que se hagan valer estos planteamientos de equidad y el acceso a los puestos de dirección para las mujeres que son tan capaces como sus pares masculinos, pero que enfrentan contexto más complicados.
ROLES DE GÉNERO Y ACOSO: FRENOS PARA MUJERES
Por su parte, la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Michoacán (SUTASPJEM), Julie Mariela Álvarez Guzmán coincidió con las sindicalistas en torno al hecho de que las tareas del hogar y de cuidados de hijos o padres de la tercera edad, impiden la participación más activa.
“Las compañeras, nos comentan, tengo que ir a preparar la comida o por los hijos, cuando no tienen la colaboración de sus parejas o familias es difícil que desarrollen la parte sindical”, dijo.
Expuso que en el caso de ella también enfrentó obstáculo para acceder al liderazgo, ya que en tres ocasiones buscó dirigir al gremio, en el cual participa desde que ingresó a laborar al Poder Judicial hace más de 20 años, “persiste la idea de que tener un liderazgo femenino es signo de debilidad, incluso en la misma parte patronal”.
Aclaró que las capacidades para la negociación con autoridades y la defensa de los derechos de los trabajadores no son exclusivas de un género, por lo cual son ideas con las que se tiene romper.
“En el caso de nuestro sindicato. un fenómeno muy recurrente con las trabajadoras es el acoso laboral, a no contar con todo el personal necesario la presión para las compañeras y compañeros para sacar el trabajo es muy fuerte, que para una trabajadora que es madre de familia y responsable de un hogar puede ser muy pesado”.
La dirigente expuso que actualmente las mujeres han alzado la voz para exigir este trato igualitario y visibilizar las injusticias que se comenten contra las mismas, por ello es importante impulsar un cambio cultural que posibilite el normalizar que las mujeres no solo en el ámbito sindical, sino en otros rubros puedan ocupar cargos de dirección.
‘NO ES LA LEY DEL MÁS FUERTE’
Las sindicalistas apuntaron que es necesario romper con esta idea de que son hombres los que tienen que dirigir la vida sindical porque son “fuertes” o “capaces”, para enfrentarse a los patrones cuando no es verdad.
A pregunta expresa, Marilú Peña, exdirigente del SITUIIM, aseveró que a pesar de que se cree que los hombres son los que se agarran “guamazos”, la realidad es que muy pocas veces se ven escenarios de ese tipo en los gremios o dicho contexto a obedece a condiciones muy particulares, por lo que el argumento de la fuerza o destreza física queda rebasado.
María Luisa Sáenz Gallegos, lideresa del SPUM, consideró que es necesario revisar incluso incorporar normativas y propuestas como las que indica la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia de equidad de género.
Las sindicalistas señalaron la necesidad de transformar a las organizaciones para que ofrezcan más espacio a las mujeres entendiendo los escenarios que enfrentan, ya que las mismas participan activamente desde siempre, pero continúan siendo relegadas a espacios con poca incidencia.
A la vieja usanza realiza chantaje para obtener beneficio económico del contrato en poder de la CTM en perjuicio del desarrollo de la entidad. “Esto constituye un delito por lo que ya se presentó la denuncia”, revela Meliton Rangel, líder de la Unión de Sindicatos del Transporte de la CTM.
Integrantes de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) bloquearon el arranque de la construcción de la nueva vía alterna a la zona industrial de San Luis Potosí al colocar unidades en la zona de trabajos en el sector sur de la capital potosina.
El motivo: Buscan “una tajada” del contrato colectivo de trabajo que tienen en su poder transportistas de la CTM.
“Es un chantaje, una vil extorsión, que en el pasado operaba por lagunas en la Ley Federal del Trabajo, pero con la reciente reforma laboral eso se acabó, y ahora no tiene sustento jurídico y constituye un delito”, declaró Melitón Rangel Monsivais, líder de la Unión de Sindicatos de Transporte de la CTM quien informó que presentó denuncia penal contra las personas que mantiene el bloqueo por los delitos de secuestro y ataque a las vías de comunicación.
“El crecimiento de San Luis Potosí no está a merced de extorsionadores, ni de sujetos que pretenden obtener beneficios económicos actuando al margen de la ley por lo que solicito a las autoridades que actúen conforme a Derecho y sancionen a quienes atenten con el desarrollo de la zona metropolitana”.
Rangel Monsivais expuso que la CATEM no tiene la infraestructura, ni las unidades para afrontar una responsabilidad como la construcción de la nueva Vía Alterna, “colocaron todas sus unidades, unas cinco para bloquear la zona de obra y tuvieron que emplear además vehículos particulares para obstaculizar”.
El líder de la Unión de Sindicatos de Transporte de la CTM precisó que esperarán la actuación de las autoridades para comenzar con los trabajos “para que además se tenga un antecedentes de que esos tiempos de extorsión y chantaje se acabaron en San Luis Potosí, o lo contrario actuaremos por voluntad propia para defender lo que legal y jurídicamente nos pertenece”.
La CTM de San Luis Potosí aglutina a alrededor de 5,000 transportistas de la construcción en la entidad.
Por: Daniela Aranda / El Sol de San Luis 28/04/2021
