La cancelación del proceso de legitimación del contrato colectivo de trabajo (CCT) en General Motors por la destrucción de material electoral “no debe sentar un precedente” en la aplicación nacional de la nueva reforma laboral para democratizar y ratificar a las dirigencias sindicales, señaló la Federación de Sindicatos Independientes de las Industrias Automotriz, Autopartes, Aeroespacial y del Neumático (Fesiiaaan).
El pasado jueves, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) suspendió la consulta con la que se buscaba legitimar el CCT, entre el sindicato Miguel Trujillo López, de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la trasnacional, en la planta de Silao, Guanajuato.
Lo anterior, informaron las autoridades laborales, se debió a que los inspectores de la dependencia detectaron boletas “destruidas en el local sindical”, donde estaba resguardado el material electoral.
Ante esos hechos, la Fesiiaaan –integrada por siete organizaciones independientes del sector, entre ellas de Volkswagen y Audi, y que aglutinan a más de 50 mil trabajadores– indicó que si bien la reforma laboral de 2019 “abre una promisoria expectativa” para la legitimación del CCT, “no garantiza nada por sí misma”, pues el protocolo para la legitimación del contrato, además de “no contemplar mecanismos de verificación antes, durante y después” de una votación, “se vuelve letra muerta cuando persiste la perversa complicidad de empresas con el corrupto aparato del sindicalismo corporativo”.
También exigieron “respeto irrestricto” a los 6 mil 494 trabajadores de la planta para que “ejerzan de manera libre y democrática su voto para la legitimación o rechazo” del CCT que rige las relaciones laborales, cuyo procedimiento debe enmarcarse en el protocolo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio de 2019.
La Secretaría de Trabajo informó que interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de Guanajuato para que se deslinde a los responsables de los hechos ocurridos en la votación que realizaron trabajadores sindicalizados de General Motors, ya que fue destruido el material para la votación en el primer día del proceso.
La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General del estado de Guanajuato para que se deslinde a los responsables de los hechos ocurridos en la votación que realizaron trabajadores sindicalizados de la armadora General Motors, ya que fue destruido el material para la votación en el primer día del proceso.
Cabe señalar que el Sindicato, de la CTM, de trabajadores de la Industria Metal Mecánica Siderometalúrgica Automotriz y Proveedores de Autopartes “Miguel Trujillo López”, notificó la celebración de la votación ante la autoridad laboral, con un registro de 6,494; de los cuáles sólo acudieron a votar 3,435 trabajadores.
Por ello, la Secretaría del Trabajo en colaboración con la subsecretaría de Trabajo del Estado de Guanajuato dispuso la presencia de 16 inspectores del trabajo, así como de siete observadores del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y de la propia Secretaría del Trabajo para que verificaran el adecuado desarrollo de la consulta.
El 21 de abril acudieron los inspectores para continuar con la verificación de la consulta “se percataron que el local donde el propio Sindicato, que lidera Tereso Medina, tenía bajo resguardo el material electoral, las boletas para dar continuidad a la consulta, estaban destruidas, por lo cual no era posible continuar con la votación”.
Cabe señalar que los inspectores del trabajo solicitaron a los representantes del Sindicato la entrega de la documentación de las votaciones ya realizadas para salvaguardar los votos emitidos; no obstante el Sindicato se opuso lo cual fue asentado.
La autoridad laboral lamentó los sucesos, pues “es una grave vulneración al derecho de los y las trabajadores a decidir libremente si respaldan o no el contrato de sus colectivos de trabajo; también a las nuevas reglas de la democracia sindical que establece la reforma laboral”.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma para garantizar la libertad sindical de las personas que laboran para el Estado. La modificación elimina la exclusividad de representación gremial que desde la ley se le concedía a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y abre la puerta para organizaciones disidentes.
La iniciativa de la diputada Anita Sánchez Castro (Morena) deroga también diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE) con la cuales sólo podía existir un sindicato por dependencia. La minuta será enviada al Senado para continuar con el proceso legislativo.
Con 409 a favor, 42 en contra y 2 abstenciones, el pleno avaló sustituir en la ley la palabra “federación” por “federaciones o confederaciones”. En este momento sólo existe una, señaló la legisladora Anita Sánchez, en referencia a la FSTSE, “que ha actuado de forma unilateral en los derechos laborales”.
Por ejemplo, detalló la legisladora, las plazas laborales en el sector salud no se han distribuido equitativamente, “no se respetan los movimientos escalafonarios, sino a modo entre el patrón y un solo sindicato”.
José Luis Montalvo (PT) afirmó en tribuna que éste es un “momento histórico. En el que se termina con el andamiaje institucional que permitió el corporativismo sindical de los regímenes autoritarios del PRI y del PAN”. Ese modelo “perpetuó a los líderes sindicales en sus dirigencias a cambio de respaldar a los gobiernos en turno, incluso si este apoyo implicaba ir en detrimento de los intereses de los trabajadores al servicio del Estado”.
Múltiples sindicatos por dependencia
En la reforma laboral de 2019 la libertad sindical fue uno de los cambios más importantes. Sin embargo, las modificaciones legales sólo abarcaron de manera plena al personal que labora para la iniciativa privada. Por lo que esta iniciativa tiene como finalidad “garantizar los derechos laborales y sindicales de los trabajadores pertenecientes al apartado B del artículo 123 Constitucional”, se especifica en el dictamen avalado por la Cámara Baja.
Dicho artículo de la Constitución rige los derechos laborales. El apartado A se refiere a quienes trabajan para las empresas y el apartado B, para quienes lo hacen para el Poder Ejecutivo federal, estatal o municipal.
Además de cambios a cuatro artículos de la LFTSE, se deroga uno de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del apartado B del artículo 123 constitucional. Con ello:
Los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado y de la banca de desarrollo podrán constituir otras federaciones y confederaciones.
Se armoniza la libertad sindical de los burócratas con la que se reconoció al personal de la iniciativa privada.
El país cumple con los convenios 198 y 81 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre libertad sindical y derecho a la negociación colectiva.
Uno de los principales cambios se hizo en el artículo 72 de la LFTSE. En ese apartado se establece la obligación de los sindicatos a registrarse en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA). La redacción todavía vigente señala que para que obtengan la inscripción, el TFCA comprobará “que no existe otra asociación sindical dentro de la dependencia”.
La iniciativa de la diputada Anita Sánchez elimina ese requisito. Además, establece que, si en 60 días esa autoridad no emite una resolución, “se tendrá por hecho el registro” y le deberá expedir la constancia a más tardar en tres días una vez concluido el primer plazo de dos meses.
Conformación del TFCA y fijación de salarios
El artículo 85 de la LFTSE, también modificado, es otro ejemplo de que la ley contemplaba la existencia de una sola agrupación de representación de todos los sindicatos de las personas trabajadoras del Estado. Habla acerca de los conflictos que puedan darse entre estas dos organizaciones.
Las disputas que “surjan entre la Federación y los sindicatos” serán resueltos por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, señala el texto vigente. Con la reforma aprobada se podrá leer “entre las federaciones y confederaciones”, en plural.
Derivado de esta modificación habrá un cambio en la conformación del TFCA. Sus diferentes salas se constituyen por tres magistradas o magistrados. Una de esas personas es designada por el gobierno federal, la segunda la definía la FSTSE y ambos designaban a una tercera. Ahora, la federación o confederación que tenga la mayor representación de los trabajadores será quien decida quién ocupa la silla de representación correspondiente.
También la Secretaría de la Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá tomar en cuenta a “las federaciones”, y no solo a una, cuando fije los salarios de los funcionarios públicos de base.
Por último, con la reforma se elimina el artículo 23 de la ley reglamentaria del apartado B, que expresamente señala que la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios es la “única central reconocida” para personas trabajadoras de dicho sector.
“En la FSTSE se practica la democracia”
La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) se creó en 1938 con 12 organizaciones sindicales. Actualmente integra a 82 sindicatos. Desde 1998, hace 23 años, Joel Ayala Almeida, es el secretario general.
El dirigente, miembro del PRI, fue secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSS). Ha sido senador de la República y diputado federal en diversas ocasiones.
Su partido votó en contra de la reforma. El diputado Alfredo Villegas (PRI), quien ha sido legislador suplente de Ayala Almeida, indicó que el proyecto no fue consensuado con los demás partidos y que no se escuchó a los trabajadores para saber si estaban de acuerdo con que haya más de una federación.
La FSTSE, defendió, no es una limitante a la libre asociación, pues más bien esa federación tiene las “estructuras, la fortaleza, la unidad y la fuerza suficiente para encabezar demandas muy sentidas” de las trabajadoras y de los trabajadores.
En esa agrupación el voto ha sido libre y secreto para la elección de sus dirigentes, aseguró el diputado desde la tribuna. Ahí “se practica la democracia, se acata la ley, se tiene un tribunal que dirime controversias”. Es más, agregó, el dirigente “fue electo democráticamente por unanimidad en una reunión de los 82 sindicatos”.
Argumentó que esta federación “encabeza la lucha” para revertir la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la que puso un límite a las pensiones de la burocracia con un cálculo en Unidad de Medida de Actualización (UMA) y no en salarios mínimos.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social debe garantizar el proceso para la elección de la nueva o nuevo Secretario General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, con base en los principios de democracia y libertad sindical contenidos en la reciente la reforma laboral, consideró la senadora Cecilia Sánchez García.
La legisladora de Morena insistió en que el Comité Ejecutivo General del STPRM tiene que convocar a dicha elección, en un plazo no mayor a dos meses, contando a partir del 31 de marzo de 2021, conforme a lo establecido en la Ley General del Trabajo.
Tras la renuncia de Carlos Romero Deschamps a la dirigencia de este Sindicato, el 17 octubre de 2019, el cargo quedó vacante y, con ello, cerca de 92 mil 666 trabajadores de planta se han visto vulnerados en su derecho a tener una representación que defienda sus intereses ante patrones y autoridades.
Por ello -agregó Sánchez García- es necesario garantizar que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana esté en condiciones de negociar un contrato colectivo de trabajo, que vele y mejore las condiciones laborales de sus agremiados.
“Este nuevo Secretario o Secretaria General debe surgir de un ejercicio democrático, transparente, libre y a la brevedad, toda vez que la representación actual está ocupada por un personaje sin legitimidad para ejercer tal compromiso”, enfatizó la legisladora.
Destacó que, desde el 11 de diciembre de 2019, la organización cuenta con la constancia de modificaciones de los estatutos, expedida por la Dirección General de Registro de Asociaciones, por lo que está en condiciones para llevar a cabo la elección.
“Se deben buscar mecanismos seguros bajo las condiciones de la nueva normalidad, a fin de realizar dicho proceso, como se hará con las elecciones constitucionales federales y locales de este año, asentó en un punto de acuerdo que fue turnado a la comisión de Trabajo y Previsión Social.
También estimó que el proceso requerirá de entre 211 y 470 casillas, ya que se contempla la participación de 92 mil 666 agremiados que conforman las 36 secciones y los 470 centros de trabajo, de acuerdo con la titular de la STPS, quién ha tenido acercamiento con el sindicato para tatar el tema.
Los Sindicatos del Instituto de Investigaciones Agrícolas, Forestales y Pecuarias (INIFAP), el Colegio de Posgraduados (COLPOS), el Instituto Nacional de Capacitación Rural (INCA) y de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) emplazaron a huelga para para exigir sus derechos laborales y fortalecimiento de estos sindicatos ligados a la Secretaría de Desarrollo Rural (Sader).
En conferencia de prensa virtual, dirigentes de los sindicatos de trabajadores y trabajadores académicos explicaron que desde hace por lo menos tres sexenios se han trucado de forma severa las investigaciones en beneficio del campo debido a los problemas económicos por recortes presupuestales por parte del gobierno.
“En el sector de la educación media superior, superior e institutos de investigación, pero en particular las instituciones del sector agropecuario hemos vivido una ofensiva particular en contra de los derechos laborales y el desmantelamiento de nuestras instituciones. Se continúa con la política de imponer topes salariales que en esta ocasión es un aumento de 3.4 por ciento en salario y 1.8 por ciento de las prestaciones”, detalló.
Ante el panorama, el Sindicato de del Instituto de Investigaciones Agrícolas, Forestales y Pecuarias (INIFAP) emplazó a huelga a sus agremiados para el próximo 6 de mayo y 12 de mayo, Reactivar proyectos de investigación 2017, suspendidos debido a falta de presupuesto y la ejecución de laudo por amparo para cumplir el compromiso de agosto de 2018, de otorgar 1.78 millones de pesos a un proyecto de cebada maltera, así como el cumplimiento del convenio firmado en mayo de 2019, para apoyar proyectos de investigación con 52.5 millones de pesos y el Pliego Petitorio de Revisión de Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).
Acusan una política de desmantelamiento que fue promovida por los gobiernos neoliberales, priistas y panistas, en diversas formas tales como subejercicios sistemáticos del presupuesto asignado, falta de financiamiento a los proyectos de investigación, contención salarial y toda clase de arbitrariedades laborales. Los Sindicatos de Trabajadores Académicos y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Chapingo emplazaron a huelga el 23 de abril y 31 de mayo respectivamente, así como movilizaciones para exigir ambos el incremento salarial de 4.2 por ciento.
Además de un fondo de salud para atender los efectos de la pandemia entre sus agremiados y otros incentivos económicos que aseguraron por ley les corresponden. “La problemática de los derechos laborales de los trabajadores tiene varios frentes por un lado la reforma laboral del 1 mayo y la reforma educativa del 15 de mayo del 2019. Otra faceta es la seguridad social que tiene sus aspectos más críticos en las pensiones, jubilaciones, el nuevo Instituto de Salud del Bienestar (INSABI), la aplicación de la Ley UMA a las pensiones”, detallaron.
En tanto el Sindicato Independiente del Colegio de Postgraduados, informó que no llamarán a emplazamiento, pero realizarán una demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para hacer valer los acuerdos firmados durante su última huelga.
Explicaron que los sindicatos de trabajadores de instituciones ligadas a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) se presentan situaciones inaceptables debido a que violentan los derechos laborales como el derecho de huelga, la contratación colectiva, la autonomía y libertad sindicales.
Moviliza CTM a trabajadores del Hard Rock para protestar contra la CROC para defender su contrato colectivo
CHETUMAL.- Un grupo de 100 personas, quienes aseguraron ser trabajadores de los hoteles Hard Rock Riviera Maya y Hard Rock Cancún, protagonizaron una manifestación hoy en la Junta de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, para defender su contrato colectivo con la Confederación de Trabajadores de México (CTM), y rechazar al intento de la CROC de afiliarlos a su sindicato.
Los supuestos trabajadores, con playeras de estos hoteles y cartulinas en contra del sindicato rival, coreaban “¡CTM Hard Rock!” y “¡Fuera Croc!”, mientras esperaban que iniciara la audiencia para definir qué sindicato se quedará con las 900 plazas sindicalizadas del Hard Rock Riviera Maya y las 400 del Hard Rock Cancún.
Lideraban esta manifestación los delegados cetemistas de ambos hoteles, Luis Toribio Clavel, del Riviera Maya, y Norberto Rнo Rojas, del Cancún.
El primero aseguró que la CROC presentó documentación “ficticia” ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para exigir el contrato colectivo, a pesar que la CTM acababa de ratificar el suyo hace apenas un mes, con la aprobación del 95% de la planilla trabajadora.
“Lo que quieren es desplazarnos del trabajo que hemos hecho”, se quejó. “No lo permitiremos”.
Los inconformes quedaron en espera del resultado de la audiencia, con jurídicos de ambos sindicatos.
“Aún es bastante difícil que haya liderazgo femenino, una cosa es que podamos avanzar en las leyes y políticas establecidas formalmente, y otra es la realidad, la realidad en el ámbito laboral es una realidad muy patriarcal», dijo Aleida Hernández Cervantes.
La Ley Federal del Trabajo tuvo cambios importantes en 2019, pero aún no se ven reflejados todos en la realidad, como es el caso de los liderazgos en las organizaciones sindicales, a pesar de que hay más mujeres sindicalizadas, aún no logran ocupar las secretarías generales.
En entrevista, Aleida Hernández Cervantes, autora del análisis “T-MEC, Reforma Laboral e Igualdad de Género. Apuesta por el adelanto de las trabajadoras”, comentó que aún la realidad en los sindicatos es lejana, aunque un avance con la reforma laboral es que los sindicatos están obligados a modificar sus estatutos con igualdad de género.
“Aún es bastante difícil que haya liderazgo femenino, una cosa es que podamos avanzar en las leyes y políticas establecidas formalmente, y otra es la realidad, la realidad en el ámbito laboral es una realidad muy patriarcal. En el tema del sindicalismo en México, tenemos todo un espacio que ha sido corporativo y de protección patronal, los sindicatos blancos, charros y corporativos, pero también por el otro lado tenemos sindicatos que han sido democráticos, independientes, pero que siguen siendo patriarcales entonces es otro espacio que nos cuesta mucho trabajo que se logre digerir, entender y que hay muchas resistencias en ese espacio”, explicó la especialista en la materia.
Aleida Hernández explicó que al interior de los sindicatos aún es difícil que acepten las cuotas de género y de porqué la necesidad de que existan, “las cuotas de género tienen el propósito de obligar al cambio en la realidad, eso en principio; pero es más, hasta podríamos decir que hay gaslighting sindical, es decir, esas formas patriarcales que te minimizan, te invisibilizan; si está en la ley que puedes ser líder, pero no tienes peso pues y pierdes la confianza”.
Destacó que una vez que ese cambio se da, “ya no necesitaremos las cuotas. Las cuotas puede ser temporales, todo el tiempo le hemos insistido, deben ser transitorias para cuando ya no haya necesidad de que sea obligatoria, entonces claro que estamos lejos porque en el ámbito laboral es muy patriarcal, muy de hombres, muy de ciertas estructuras verticales, en donde les ha costado mucho a las mujeres sindicalistas tener espacios en la toma de decisiones”.
Con estos impulsos, comentó Hernández Cervantes, primero en la Ley Federal del Trabajo, y luego en el marco además de otros países, ya no es que sólo lo pueda decir con las estructuras del propio país, si no con lo que te comprometes hacia afuera.
“Considero que esta ola feminista en la que estamos tiene que impulsar cambios en todos los ámbitos y hay muchos en los que todavía estamos y que van a pasar muchos años, yo no creo que sea de la noche a la mañana pero es estar todo el tiempo insistiendo allí en que las mujeres tiene que tener representación en la toma de decisiones sindicales”, dijo.
Concaem firmó un convenio de colaboración con el Poder Judicial y la Secretaría del Trabajo local, en el que se generarán dos herramientas que permitirán mantener una comunicación clara con los empleadores.
Con el objetivo de que haya mayor certeza jurídica y crecimiento económico, el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem) firmó un convenio de colaboración con el Poder Judicial estatal y la Secretaría del Trabajo local en materia de conciliación, capacitación y comunicación en torno a la solución de conflictos laborales.
Gilberto Javier Sauza Martínez, presidente de Concaem, informó que con esta firma se podrán generar dos herramientas que permitirán mantener una comunicación clara con los empleadores, éstas consisten en la creación de un Registro Voluntario de Empleadores y el Buzón Electrónico Judicial.
A partir de ambos, indicó, se harán notificaciones a los empresarios o personas físicas ante la posibilidad de conflicto, y de esta manera privilegiar su solución a través de la conciliación.
Debido al convenio también se ofrecerán una serie de capacitaciones que iniciarán el próximo 8 de mayo de manera virtual, con temas relacionados a la reforma laboral, procesos jurídicos y conciliatorios.
“El último año ha sido más que desafiante para el sector productivo, por lo que tener bases fuertes y sólidas para el operar de las empresas, en un ambiente de conciliación y buena voluntad, es indispensable en el camino de la recuperación económica del país”, reiteró Sauza Martínez.
“Las prioridades del sector productivo nunca incluyen llegar a un tribunal laboral, y hoy tener una herramienta como ésta, que de manera eficiente y transparente nos permita conocer de la existencia de algún procedimiento, recibir información y llegar a acuerdos, es sin duda un gran apoyo y una herramienta clave”, agregó el líder empresarial mexiquense.
Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar, aseguró que con estas nuevas herramientas se podrán prevenir litigios, capacitar a los empleadores y evitar conflictos, “lo que se traducirá en empleos más competitivos y generadores de riqueza a nivel estatal”.
Estado de derecho
Puntualizó que este convenio de colaboración busca evitar procedimientos que violenten la ley, que se establezcan simulaciones, fraudes y juicios interminables.
El magistrado precisó que los patrones podrán ofrecer de manera voluntaria su información para ser localizados ante una situación de orden judicial, “con lo que los procesos se podrán llevar a cabo de manera mucho más clara y expedita”.
“Las instituciones se deben al estado de derecho y también (deben) crear un ambiente propicio para que se generen empleos, se produzca riqueza, se paguen contribuciones y el estado prospere en todos los sentidos, un estado próspero, rico se debe a la persistencia, la tenacidad y la perseverancia de su sector empresarial”, ahondó.
Los sindicatos en Aguascalientes han cumplido con sus obligaciones de transparencia
Sindicatos estatales son considerados sujetos obligados desde el 2014
Todo miembro de un sindicato tiene derecho a conocer en qué se ejercen las aportaciones voluntarias que se hacen a estos organismos. Los sindicatos estatales han cumplido cabalmente ante el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA)
La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó con las impugnaciones que presentaron sindicatos y avaló los principios en la democracia sindical, negociación colectiva, la transparencia y rendición de cuentas. Con esta acción se da paso firme con lo establecido en el decreto del primero de mayo con las reformas laborales.
Respecto a la transparencia, los sindicatos en Aguascalientes son reconocidos como sujetos obligados desde el 2014, quienes han sido verificados desde hace tres años por parte del ITEA.
El sindicato de Trabajadores del Hospital de Psiquiatría Dr. Gustavo León Mujica, de Trabajadores del Instituto Cultural de Aguascalientes, el Único de Trabajadores del Hospital Hidalgo y el Único de Trabajadores Estatales y Municipales de Aguascalientes son algunos de los sujetos obligados en el estado, debido a que ejercen recursos públicos. La mayoría del resto de sindicatos al ser de índole nacional deben de transparentar ante el INAI.
El comisionado presidente del ITEA, Marcos Javier Tachiquín Ruvalcaba, informó que no ha habido multas aplicadas a los sindicatos porque han cumplido en materia de transparencia.
“Es importante distinguir la transparencia de los recursos públicos y otra la aportación de la cuota voluntaria. Es el mismo aportante que tiene la facultad de exigir que se aclare en qué se utiliza la cuota, estamos hablando no solo del derecho de transparencia, sino también del derecho como integrante del sindicato que aporta una cantidad económica”, comentó.
Dicen que esto permite que los patrones otorgen bajos aumentos
La CTM y CATEM cuestionaron ayer la reforma a la Ley Federal del Trabajo que establece que el incremento al salario mínimo no podrá ser menor al índice inflacionario, ya que, así como los empleadores pueden aprovechar eso para otorgar bajos aumentos, también los puede sacar de competitividad por el esperado alto incremento inflacionario este 2021.
El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, Jorge Doroteo Zapata dijo que es real el riesgo que, en un escenario de control inflacionario, los empresarios opten por cumplir solo con lo que la ley indica de no dar un aumento por debajo de la inflación, solo otorgar una cantidad igual o marginalmente mayor.
Pero también no se puede dejar de lado el hecho de que este año, se tiene un importante crecimiento del índice inflacionario el cual a mediados de marzo ya andaba arriba del cuatro por ciento.
Dijo que las políticas públicas del actual gobierno son similares a países como Venezuela donde la inflación ya supera por mucho el 100 por ciento, por lo que de continuar con esta tendencia es posible que México vuelva a una inflación de más de dos dígitos.
En un caso, así y dada la adversa situación económica a causa de la pandemia del Covid-19, muchas empresas no podrían estar en condición de dar aumentos salariales por arriba de dos dígitos.
Observó que, por muchos años, los gobiernos federales mantuvieron un control estricto de los incrementos a los salarios equiparándolos al índice inflacionario y hasta por debajo, lo que llevó a una pérdida importante del poder adquisitivo.
Con la reforma a la Ley, ahora se corren riesgos tanto para los trabajadores como para los mismos empleadores.
En tanto, el secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, Francisco Salcido Lozoya, apuntó que es real el riesgo de que, con la modificación a la ley, si se corre el riesgo de que los próximos incrementos al salario sean marginales, iguales o medio punto porcentual de la inflación, ya que, de esa forma, los empresarios estuvieran cumpliendo con el precepto.
Agregó que también se puede ver como algo positivo, porque por muchos años, los incrementos salariales no se daban con base a la inflación, sino que se tomaba el índice de precios, que mucha de las veces es menor.
Salcido Lozoya apuntó que al menos los últimos tres incrementos salariales estuvieron muy por arriba de los que aprobaron en su momento los gobiernos federales del PRI y PAN, se dieron muy debajo con la idea de atraer inversión extranjera directa y para competir en su momento con China, que tenía una de las manos de obra más baratas del mundo.
Indicó que se buscó abaratar demasiado la mano de obra, se precarizo en forma excesiva la mano de obra mexicana y el salario mínimo se fue hacia abajo cada vez más.
El dirigente sindical apuntó que, por otro lado, no se puede dejar de ver que México no está solo en el mercado mundial y es necesario ser cuidadoso para seguir siendo atractivo a la inversión, pero no apostando a bajos salarios, sino más bien a más y mejores empleos con gente más preparada.
Se debe buscar atraer empresas de alta tecnología que ofrezcan mejores salarios y no apostar a los salarios mínimos, aunque el aumento que se le dé cada año sea mayor a la inflación.
Por último, el secretario general de CATEM, indicó que, con los últimos incrementos porcentuales otorgados a los salarios mínimos en los últimos años, sí puede poner en riesgo a muchas empresas con contratos contractuales ya que no podrían hacer frente a nuevos ajustes en esa cantidad porcentual.
