Ciudad de México.- Debido al conflicto laboral que hay en la planta automotriz de General Motors Co en Silao, Guanajuato, las autoridades de la llamada “Cuarta Transformación” enviaron una carta a sus pares de Estados Unidos, con lo que comenzó formalmente una negociación para resolver la queja interpuesta sobre la votación sindical.
Basta recordar que los empleados de esa empresa votaron en abril pasado sobre la conveniencia de mantener su contrato actual pero, a mitad de camino, los funcionarios detectaron «graves irregularidades», como papeletas destruidas, y por ende anularon la elección.
Tras las anomalías, el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) realizó una primera solicitud de revisión de posibles violaciones laborales en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Por ello, la semana pasada la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) indicó que el sindicato de la planta, que emplea a cerca de seis mil personas, debe efectuar a más tardar una nueva votación antes del 20 de agosto o perderá el contrato por completo.
La misiva mandada a la Unión Americana marca el siguiente paso en el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC, aseguró a la agencia Reuters, Luisa María Alcalde Luján, titular de la STPS.
Según detalla el medio británico, la funcionaria apuntó que el objetivo es garantizar que la mayoría de los trabajadores elijan libremente y sin intimidación, al tiempo que se negó a compartir la carta original.
Maribel Hernández trabajó el año pasado en el estado de Luisiana en una planta procesadora de mariscos con una visa H-2B. Cuando se contagió de Covid-19, junto con un centenar de compañeros, su empleador los despidió y alertó a las autoridades migratorias.
“Fue una experiencia horrible” y entonces decidió presentar una queja ante la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés), que finalmente la rechazó. A partir de ello, expresa, “descubrí que como trabajadoras migrantes no nos hacen valer nuestros derechos en cuestiones de salud ni en servicios legales gratuitos”.
Hernández es una de las ocho trabajadoras migrantes cuyos testimonios serán puestos a consideración de los gobiernos de México y Estados Unidos en el contexto de la primera reunión del Consejo de Trabajo, que este martes presentará el Centro de los Derechos del Migrante (CDM), en virtud del Capítulo 23 (laboral) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Este Consejo se integra por “representantes gubernamentales de alto nivel”, de los ministerios de comercio y trabajo; debe reunirse un año después de la fecha de entrada en vigor del T-MEC (primero de julio) y posteriormente cada dos años.
La primera reunión del Consejo laboral consistirá en dos partes: una sesión privada entre los representantes de los tres gobiernos, donde se abordarán la implementación del Capítulo 23 y sus obligaciones laborales. Y una sesión pública para discutir asuntos relacionados con su instrumentación, donde las autoridades antes mencionadas atenderán preguntas recibidas previamente por escrito.
En entrevista con La Jornada, Evy Peña, directora de Comunicaciones del CDM, indicó que el documento contiene los testimonios de trabajadoras que identifican los problemas prioritarios que enfrentan las comunidades de migrantes, ofrecen propuestas de cooperación bilateral para abordar los abusos y plantean cuestionamientos para las partes del T-MEC.
“Uno de los temas principales es la discriminación de género en los programas de trabajo temporal, de eso se trata nuestra queja. Es muy importante que este proceso sea incluyente, transparente y que sea accesible a la sociedad civil y las personas migrantes”, apuntó.
La especialista comentó que si bien la reforma laboral y la libertad sindical serán dos asuntos fundamentales, “queremos asegurarnos de que el tema de la migración laboral sea un punto de sinergia que pueden abordar en conjunto los gobiernos de México y Estados Unidos”.
Entonces, a partir de las voces y relatos disponibles, “nuestro mensaje es: ¿qué es lo que van a hacer con las historias y preguntas de las personas migrantes?’”
Hernández expuso que “es muy fácil que los empleadores nos despidan”, y como la visa H-2B depende de ellos, no pueden cambiar de trabajo. En estos programas, “los empleadores tienen demasiado poder”.
Luz Hernández, otra trabajadora migrante, secundó: “Al gobierno de Estados Unidos quiero preguntarle, ¿qué planes tiene para dar más movilidad a los migrantes en los programas de visas de trabajo para no depender tanto del patrón?”
Al respecto, Peña señaló que el T-MEC debe ser visto como “una herramienta para la protección de personas trabajadoras de una manera holística e integral”. Y a partir de ello asegurarse de que se están “elevando las condiciones laborales para todas las personas trabajadoras a lo largo del corredor comercial”, incluyendo a los migrantes.
El mecanismo de respuesta rápida en materia laboral puede tener como consecuencia el bloqueo de exportaciones o el retiro de preferencias arancelarias del T-MEC de las plantas en donde se identifiquen violaciones laborales y no se repare el daño identificado.
El pasado 26 de junio se agotaron los 45 días con los que contaba México para emitir una resolución sobre si se denegaron o no los derechos laborales de los trabajadores de la planta de la armadora en Silao, Guanajuato, y especialistas afirman que lo más seguro es que se aceptará que hubo fallas en la legitimación del contrato colectivo, por lo que en 10 días naturales el país deberá negociar un plan de remediación.
Ha terminado el plazo para que el gobierno de México responda al de Estados Unidos si existió o no la denegación de derechos contra trabajadores de la planta de General Motors (GM) en Silao, Guanajuato, cuando buscaban rechazar su contrato colectivo de trabajo (CCT) en abril. El pasado 26 de junio se cumplieron los 45 días que dicta el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) y especialistas prevén que la resolución será que, efectivamente, la hubo.
Para las autoridades mexicanas, el gobierno de este país se adelantó incluso a la presentación de la queja y tomó cartas en el asunto. Ningún país quiere llegar a una sanción comercial, por ello dieron un paso adelante en el proceso, afirmó en entrevista Alejandro Encinas Nájera, titular de Política Laboral y Relaciones Institucionales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
El gobierno de México aceptó la queja que el 12 de mayo envió la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés). Pero desde un día antes resolvió reponer el proceso de legitimación del CCT. En un comunicado indicó que ratificaba “su compromiso en reparar la afectación a los derechos de democracia sindical y negociación colectiva”.
El voto libre, secreto y directo es uno de los pilares de la reforma laboral y del Capítulo 23 del T-MEC. Por ello, las “serias irregularidades” no sólo detonaron la primera reclamación entre gobiernos, sino también la suspensión de la votación, donde el Sindicato Miguel Trujillo López, afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), es el principal protagonista.
Una vez que México presente los resultados de su investigación, inicia una etapa de consultas de 10 días, en la que Estados Unidos señalará si está conforme con el reporte. “En caso de que identifiquemos que sí hubo una denegación de derechos, proponemos un plan de reparación”, dijo Alejandro Encinas. Éste tiene que ser “razonable, proporcional a la falta cometida. Una vez que acordemos, se implementa adecuadamente. En ese momento se acaba el mecanismo laboral y la empresa sigue contando con todos los beneficios comerciales”.
Sin embargo, hay que cuidar el uso de este mecanismo, sostuvo, “porque tienes que equilibrar un buen clima para las inversiones y para la generación de fuentes de empleo. Entonces tienes que administrarlo bien, para que no haya un uso abusivo. Pero, por otra parte, sí coincidimos en que puede ayudar a avanzar en materia de derechos laborales”.
Informó que la STPS realiza campañas preventivas para evitar la activación del mecanismo. “Todavía hay una buena oportunidad para las empresas y, concretamente, para el centro de trabajo; pues no es todo General Motors, es GM Silao el que puede ser objeto de sanción. Los mecanismos de sanción anteriores eran a la cadena de producción de todo un país: al chile, al tomate. Éste ni siquiera es a un producto, es lo que se produce en un determinado centro de trabajo que niega derechos” sindicales.
Hasta la disidencia lo ve llegar
Especialistas que dieron seguimiento al proceso legitimación del contrato colectivo CC-973-2005-XII-2019-7819 afirman que la resolución emitida por la STPS el 11 de mayo es contundente y deja en claro que el sindicato cetemista impidió a los trabajadores manifestar libremente su derecho.
Ben Davis, integrante de la AFL-CIO, la central obrera más importante de Estados Unidos, recordó que si en las consultas los gobiernos no llegan a un acuerdo, entonces se convoca a un Panel Laboral. Comentó que falta el proceso para conocer la sanción, pues el sindicato no entregó copia del CCT a todos los trabajadores. Además, se alteraron las actas de la votación.
La representación de la disidencia sindical confía que el fallo de la STPS señale la denegación de los derechos laborales. Pero, principalmente, espera que en el proceso de remediación se escuche a trabajadoras y a trabajadores, “que son los destinatarios y los principales involucrados”, dijo la abogada Patricia Juan Pineda.
Son tres sus demandas para la reparación del daño: revisión del protocolo de legitimación, con normas más claras, transparentes y eficientes. Luego, una “vigilancia real de la autoridad laboral para que los procesos se efectúen conforme a la ley”, que el monitoreo sea antes, durante y después de la elección.
Más que el día de votación, los días previos y posteriores son “los más peligrosos”. Como prueba, están 15 personas despedidas a raíz de este proceso, una de ellas, embarazada, afirmó. Por ello, la tercera petición son medidas de protección para quienes participan. Adelantó que presentarán “quejas antes las instancias correspondientes contra el Estado mexicano, la empresa y la CTM por no garantizar la integridad de los trabajadores”.
Lamentó que la STPS “desconozca a los trabajadores y al grupo que los representa legalmente”, pues durante este periodo de 45 días le solicitaron información sobre el desarrollo de la investigación, pero no les fue compartida. “Resulta ilógico que excluyan a los trabajadores cuando se resuelve un asunto en el que ellos son los principales involucrados”.
Para la abogada, al hablar sobre la legitimación del contrato colectivo en GM Silao, “debemos entender que es uno de protección patronal, y que sindicato y empresa trabajan a la par para mantenerlo”. En general, esta etapa de la reforma laboral “está mostrado que las legitimaciones no son reales. Los grupos de protección patronal se están fortaleciendo”.
Por: Blanca Juárez y María del Pilar Martínez 28/06/2021
Uno de los temas centrales en la visita reciente de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, son los avances en la operación de la reforma laboral mexicana, asunto central del T-MEC. Habría que recordar que sus preocupaciones -y de los demócratas, su partido- son lo laboral y el cuidado del ecosistema. Los aspectos migratorios son encargos específicos del presidente Biden, y se abordarán más adelante.
Para estos efectos la vicepresidenta tuvo una reunión especial con un grupo de destacadas personalidades del mundo laboral tanto nacional como internacional, se informó sobre los avances en la instrumentación de la reforma laboral y las condiciones tan precarias de las mexicanas en el mercado laboral nacional. También son precarias y mucho allá en su país.
Participó en la reunión el representante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en México y Cuba, abordando lo relativo al trabajo digno y la situación internacional.
Sería ingenuo pensar que la única información con que cuenta la señora Harris sobre la situación del mercado laboral mexicano y de la niñez o mujeres procede de este intercambio de opiniones, en todo caso le permitió validar sus fuentes y a las personas participantes en dicha reunión.
Otro aspecto que se reforzó directa e indirectamente con esta visita es que tal como establece el Anexo 23 del TEC-MEC ahora es obligatorio reportar las violaciones a los derechos laborales de las y los trabajadores mexicanos y están sujetas a vigilancia, así como sanción.
En esta línea las Secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social (STyPS), reconocieron como válido el reporte de Estados Unidos por supuesta denegación de derechos contra los trabajadores de la empresa exportadora de autopartes Tridonex, en Matamoros, Tamaulipas.
Desde que está en funciones el nuevo Tratado, es la segunda ocasión que la autoridad estadounidense pide al gobierno mexicano intervenir por violaciones a los compromisos en materia laboral. No se quiere reconocer a los trabajadores el derecho legítimo a formar su Sindicato y prescindir de un contrato de protección empresarial. Estos contratos de protección violan la actual Ley Federal del Trabajo.
La empresa no le permite a las y los trabajadores optar por una demanda legal y los transfiere en automático a un sindicato de protección, además por este motivo despidió a 600 trabajadores. La solicitud fue a petición de la Federación estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO por sus siglas en inglés), así como el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y de Servicios de Movimiento 20/32 y Ciudadano Público.
En México los sindicatos patronales son el pan de cada día y la causa principal de la precarización, ya sea en materia de derechos laborales o salarial. Por fin hay indicios de un cambio que beneficia a la clase trabajadora.
La primera queja internacional en materia laboral también la realizó AFL-CIO por la negativa del sindicato “Miguel López Trujillo” de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) de programar una nueva votación para legitimar el contrato colectivo en la planta de General Motors en Silao, Guanajuato.
En respuesta, la STyPS suspendió el proceso de votación al encontrar evidencias de “manipulación de boletas”, por lo que presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato; la autoridad laboral ordenó al sindicato que realizara una nueva votación dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación.
En tanto que la Oficina del representante Comercial de Estados Unidos (USTR) solicitó a México una revisión del proceso de legitimación para determinar si se produjo una “denegación de derechos” laborales y sindicales de los trabajadores.
Así las cosas en el tema laboral con las nuevas condiciones del TEC-MEC y la también nueva administración del país vecino, México y su gobierno tienen ahí un gran reto, y la beben o la derraman.
A nombre de su gobierno Kamala Harris hizo entrega de 130 millones de pesos para fortalecer la cooperación laboral con México y en apoyo a la reforma laboral cuya instrumentación es muy costosa, política y económicamente. El interés en estos temas de los gobiernos de Canadá y Estados Unidos no es una cuestión humanitaria, sino comercial y económica, de competencia.
No vengan
En relación al tema migratorio que también forma parte de “lo laboral”, la visita oficial a México fue precedida de una visita previa a Guatemala, donde la frase más fuerte y destacada es: NO VENGAN, y esto aplica para migrantes centroamericanos y mexicanos.
Quedó muy claro que México seguirá haciendo funciones de “país cadenero de Centroamérica”, como lo llamó Zepeda Patterson (Sin embargo 21/03/2021), es decir, cumplir con la función de cerrar los flujos migratorios procedentes de Centroamérica. Primero fueron con los aranceles, ahora son vacunas la moneda de cambio.
Para mucha de la población latina en Estados Unidos se frustran sus expectativas sobre mejorías para la población migrante provocadas por la llegada de un gobierno demócrata. Se le puede decir “no vengan” a turistas, pero jamás a migrantes porque no es un acto voluntario, sino obligado por sus circunstancias que bien pueden ser violencia, miseria o ambas.
Nunca fue sencillo migrar hacia Estados Unidos, pero en tiempos de pandemia es pavoroso en particular para niñez y mujeres, en esa diáspora hay familias completas tratando de escapar con condiciones de crisis humanitaria.
Durante la estancia de la vicepresidenta de Estados Unidos en México, la senadora Patricia Mercado Castro organizó en el Senado una conferencia (8/06/2021) sobre mujeres migrantes. Destaca la participación de la funcionaria del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).
“Las mujeres que salen de sus países de origen buscando protección internacional son cada vez más jóvenes, viajan con sus familias, mientras que las condiciones de recepción en México son cada vez más inseguras e indignas. En 2020 se recibió un total de 41 mil 329 solicitudes de asilo, para mayo de 2021, ese número ya fue rebasado. Las mujeres provienen principalmente de Honduras, El Salvador, Guatemala, Venezuela y Haití”.
Por su relevancia a continuación algunas de las principales áreas que cuentan con una mayor urgencia para su atención en materia legislativa, en relación a las mujeres y el asilo y que Imumi ha detectado:
Tener que enfrentar a la Guardia Nacional obliga a las personas migrantes a buscar rutas más violentas, clandestinas, que las colocan en peores situaciones de riesgo frente al crimen organizado. La Guardia Nacional no detecta personas con necesidades de protección porque su vida peligra en su país de origen. Se deben eliminar las facultades migratorias de la Guardia Nacional.
Situación que puede agravarse al aprobar la propuesta de militarizar la Guardia Nacional.
La detención migratoria en México no cuenta con condiciones mínimas que puedan garantizarles sobrevivir sin pasar hambre, humillaciones, riesgos claros de enfermarse y hasta de perder seres queridos Se debe prohibir la detención de mujeres y sus familias con necesidades de protección internacional.
Aun cuando la Ley de Migración fue publicada desde el 2011, hoy, las mujeres migrantes que tienen hijas e hijos en México encuentran prácticamente imposible registrarles si no presentan regular estancia en el país y otros documentos, dejando a esa niñez sin identidad y por lo tanto sin acceso a otros derechos como salud y educación. Se deben armonizar los Reglamentos y Códigos del Registro Civil.
Las mujeres refugiadas en México necesitan apoyo para lograr su integración en su nuevo hogar, necesitan tener acceso a guarderías, a trabajos con prestaciones, a documentos que sean reconocidos como válidos para identificarse, a salud pública, educación gratuita, como el resto de la población. Debemos generar protocolos de integración efectivos y afirmaciones positivas para las refugiadas en México.
¿Qué opinan de estas propuestas la Secretaría de Relaciones Exteriores que ahora cuenta con un área de política migrante feminista?
PD:
Efectos del desempleo: Al no contar con un Seguro de Desempleo la población desempleada -8 de cada 10 son mujeres- recurre a los retiros parciales en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores). Éstos registraron un incremento anual de 12 por ciento en mayo, con 1,753.5 millones de pesos, informó la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (Consar).
El acumulado del recurso retirado al quinto mes del año en curso es de 8,617 millones de pesos, esto es 28.3 por ciento más que en el periodo enero-mayo del 2020.
Implica renunciar a un retiro o pensión de la trabajadora, para protección de su vejez.
Por: Carmén R. Ponce Meléndez Cimacnoticias 24/06/2021
La Cámara de Comercio de Estados Unidos (US Chamber por sus siglas en inglés) reclamó al gobierno de Joe Biden de la incertidumbre que se genera porque se iniciaron solicitudes laborales contra México de denegación de derechos mucho antes de que entrara en vigor el T-MEC.
En una misiva, el vicepresidente senior de la División de Política de empleo de esa Cámara, Glenn Spencer, expuso que hay una serie de irregularidades en torno a las solicitudes que pueden llevar a un panel de procedimientos en torno al capítulo laboral.
A pesar de lo que marca la legislación estadounidense, expuso, sigue sin publicarse el reglamento de procedimientos finales para el cumplimiento de solicitudes laborales contra México en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Ante esto, “preocupa que haya falta de protección de un debido proceso que se encuentre para el capítulo laboral y de disputas del Tratado en lo que se llama Mecanismo de Respuesta Rápida”.
Sobre todo, dijo, porque ese reglamento de procedimientos finales específica a los dueños de empresas cuáles serán los pasos que se seguirán en caso de una solicitud por denegación de derechos laborales contra una industria, además de que esa regulación da transparencia a los procesos.
Añadió que otra preocupación es en torno a la fundamentación de las peticiones laborales y sus tiempos, pues el Comité Laboral estadounidense del T-MEC aceptó casos que ocurrieron antes del 1 de julio de 2020, que fue el día en que entró en vigor el acuerdo.
“El T-MEC entró en vigor el 1 de julio 2020. Sin embargo, el Comité Laboral está actuando sobre peticiones que alegan denegación de derechos laborales ocurridos, en parte, antes de esa fecha”, por lo que imponer represalias comerciales contra un hecho que no se hizo durante la vigencia del T-MEC es violatorio del tratado.
Además de que la reforma laboral de México incluyó una periodo de cuatro años para que se legitimen o ratifiquen los acuerdos colectivos de trabajo y en muchos casos ese tiempo no ha llegado.
En la misiva que dirigen al director de asuntos laborales de Estados Unidos, Brenna Dougan, y a la Jefa de división del T-MEC para el monitoreo y cumplimiento del T-MEC, Samantha Tate, Spencer hizo una serie de cuestionamientos a los funcionarios estadounidenses entre ellas:
“¿Cuándo se publicarán las reglas de procedimiento? ¿Por qué se aceptan peticiones y se actúa contra México mucho antes de tener esas reglas? ¿Por qué se admitieron peticiones por supuestas denegaciones de derechos hechas antes de que entrara en vigor el T-MEC? ¿Por qué se iniciaron procedimientos laborales contra México a pesar de que aún no se termina el tiempo de implementación de la reforma laboral mexicana? y ¿El procedimiento final incluirá procesos que protegerán a los dueños de industrias durante el procedimiento en su contra?”, cuestionó.
Hasta el momento se sabe de dos casos que presentó Estados Unidos contra México en materia laboral, uno es el de General Motors en Guanajuato y otro de Tridonex en Tamaulipas, con los cuales se iniciaron las primeras etapas del Mecanismos de Respuesta Rápida del T-MEC.
El académico del Tecnológico de Monterrey, Jorge Molina, dijo que esta petición no es tanto en favor de México, sino que las empresas Tridonex como General Motors tienen capital estadounidense y cualquier acción que pueda tomar la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) les afectará a los inversionistas.
“No es tanto defender a México, sino las inversiones estadounidenses en esas dos empresas establecidas en territorio mexicano”, porque puede haber repercusiones, comentó el también negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ahora T-MEC.
Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes en el Congreso de EEUU, pidió al CEO de la automotriz respetar la libertad sindical de los empleados en México, mientras en Silao persiste hostigamiento para persuadir a obreros de avalar contrato colectivo.
El conflicto sindical de la General Motors en la planta Silao estalló en una reunión de alto nivel entre parlamentarios norteamericanos encabezados por Nancy Pelosi y la CEO del gigante automotriz. Los legisladores le pidieron a Mary Barra respetar los derechos de los trabajadores mexicanos. En tanto que en Guanajuato se suceden las denuncias sobre las maniobras de persuasión con obsequios y cursos para que los obreros voten a favor del contrato colectivo de trabajo (CCT) bajo la titularidad de la CTM.
Además, los trabajadores que buscan tener una representación sindical independiente han sido objeto de hostigamiento, levantones y extorsiones de la policía, así como de campañas de desprestigio y engaño por miembros del sindicato, de recursos humanos del corporativo y de especialistas a sueldo.
El pasado miércoles 16 de junio, el tema fue abordado en el Capitolio, donde Pelosi y otros demócratas cuestionaron a Mary Barra en la Cámara de Representantes de los EU sobre los retrasos en la consulta y los abusos laborales de la corporación en México, informó Reuters.
El conflicto que escaló de inmediato al ámbito internacional en abril, ocupa desde hace semanas parte de la agenda de la alta política en los Estados Unidos en materia de derechos laborales. La Casa Blanca intervino a inicios de mayo, solicitando la suspensión de las cuentas aduaneras de GM y el propio presidente mundial de GM, Mark Reuss, ha condenado las violaciones a la democracia sindical.
El asunto fue tratado también hace un mes por los demócratas Dan Kildee, Bill Pascrell y Earl Blumenauer. «Queremos ver una demostración real de la adopción de las normas laborales en México, más que el cumplimiento. La situación en Silao, se lo planteé a Mary, es un problema», le dijo Dan Kildee a la agencia inglesa al finalizar la reunión.
Al mismo tiempo, Silao ha estado en boca de organizaciones sindicales internacionales como United Auto Workers (UAW), la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) y el sindicato Mundial del Sector industrial (Industrial Global Union).
En días pasados el AFL-CIO urgió a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) a utilizar «agresivamente el mecanismo de respuesta rápida del T-MEC para enviar un mensaje claro de que no se tolerará el fraude, la intimidación y las represalias contra los trabajadores que exigen sus derechos democráticos».
Con terapias y coaching buscan cooptar obreros disidentes
«Es probable que atrás de esto que estés viendo por todos lados, haya mano negra», dice al micrófono el psicólogo de masas José Luis Bueno Shin. «Si ustedes siguen en el conflicto y se dividen y alguien más se aprovecha de esto y se llevan a la empresa. ¿Cómo sería tu vida en diciembre de 2022?», les pregunta el conferencista «especialista en liberar y desatorar bloqueos severos en procesos humanos y alto rendimiento».
Con una contratación para dar al menos 50 charlas de coaching con grupos de 60 trabajadores, Bueno Shin, ayudado por delegados sindicales y trabajadores de recursos humanos de GM, han difundido la idea de que los trabajadores perderán todos sus derechos en caso de votar NO contra la legitimación del CCT. El protocolo de legitimaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sin embargo, dice lo contrario.
El proceso de legitimación de los contratos colectivos de trabajo en todos los centros laborales del país se fundamenta en el decreto del 1° de mayo de 2019 que reformó la Ley Federal del Trabajo (LFT). La reforma se sustenta también en el capítulo 23 del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual obliga a los tres países a respetar las negociaciones colectivas y libertad sindical.
El protocolo de legitimaciones señala que en caso de que los obreros se manifiesten en contra del contrato, este se dará por «no legitimado y terminado», pero sin afectar los beneficios, prestaciones y condiciones del contrato sometido a votación. El Artículo 394 de la LFT señala que en todo nuevo contrato colectivo de trabajo no podrán concertarse condiciones menos favorables para los trabajadores que en los contratos vigentes.
Frente a unos 3 mil empleados divididos en bloques, Bueno Shin, les insiste que «la clave de todo este rollo es que no se queden sin contrato. ¿Por qué? Porque si se quedan sin contrato, por un lado, quién va a obligar a la empresa a que cumpla y los americanos van a decir: ‘no tienen contrato’».
La amenaza de perder sus fuentes de empleo se suma como contenido del curso: «Y si no tienen contrato, no tienen las mejores condiciones. Recuerden: ellos van a estar buscando cualquier pretexto para decir que esta empresa está mal», añade.
Rifas, eventos y hostilidades
Las denuncias de hostigamiento, despidos y abusos comenzaron días previos a la votación. Una vez colocadas las urnas bajo vigilancia del sindicato los días 20 y 21 de abril, obreros en compañía observadores externos y medios de comunicación fueron testigos de hostilidades y de un intento de fraude mediante la alteración del material electoral. Desde entonces, la persecución del sindicato ha ido en incremento.
Al día siguiente, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social declaró la nulidad de la consulta y emplazó al sindicato a renovar la legitimación del contrato el 11 de junio. Esta, sin embargo no se respetó y en los cursos se les ha dicho a los empleados que se tiene hasta el 01 de mayo de 2023 para concretar la legitimación.
«Estamos hablando como de año y medio o dos. Es el tiempo calculado para que ustedes se puedan destrozar y entre diciembre de 2022 y junio de 2023 esta empresa podría ya no estar aquí», señala el también «neuro ingeniero» Bueno Shin. Un miembro del comité sindical les dice que «no hay tiempo contado […] «entra en vigor el protocolo a partir del 31 de agosto de 2019 y señala cuatro años para el cumplimiento de la legitimación».
A finales de mayo se promovió la rifa de 15 autos Spark y bonos de 5 mil pesos. Se les ha ofrecido la entrega de útiles y apoyo escolar por parte del sindicato, así como «promoción para que los trabajadores terminen sus estudios de bachillerato y eleven su cultura general a través de la Universidad de los Trabajadores (UNILAM)», dice una lámina de presentación en los cursos.
Generando Movimiento, la organización sindical independiente, señala la persecución de miembros del comité sindical durante sus brigadas de volanteo cuando llaman a votar contra el contrato colectivo cetemista. El pasado jueves, dos patrullas de la policía municipal de León «levantaron» a dos de sus compañeros mientras realizaban su brigada acusándolos de alterar la vía pública y extorsionándolos con 500 pesos para liberarlos.
«Mejores prestaciones, el mejor salario que puede haber, que la ley no contempla tantos días de vacaciones, que regresar los días festivos. Lo mismo que ya sabíamos: que la rifas, que la fiesta del 1 de mayo, cosas así. Lo de la despensa que se da para fin de año. La gente se dio cuenta de todo eso y no quieren al sindicato», dice un trabajador en activo al interior de la planta en un audio que comparte la organización Generando Movimiento.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) señaló que, a más tardar el próximo 20 de agosto, deberá de haberse repuesto el proceso de legitimación del Contrato Colectivo del Trabajo en la planta de General Motors (GM) de Silao, Guanajuato, el cual fue anulado en abril pasado, tras haberse acreditado “irregularidades graves que afectaron el desarrollo de la consulta y los resultados de la votación”.
Y es que de no reponerse dicho proceso, se daría por terminado su contrato colectivo, así lo notificó la dependencia tanto a la empresa como al sindicato Miguel Trujillo López.
En un comunicado, argumentó que este acuerdo se tomó derivado de la solicitud del propio sindicato de ampliar el plazo para reponer la consulta, producto de impedimentos operativos y técnicos que dificultaron que la mayoría de los trabajadores participaran en la votación.
Ya que el suceso ocurrió bajo el esquema del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, (T-MEC), éste causó tanto revuelo que a mediados de mayo la organización sindical canadiense Unifor, ventiló sus intenciones de ser observador en dicho proceso.
Asimismo, después de haberse acotado que son requeridos observadores canadienses para ver este proceso del voto sindical de dicha planta, Jerry Dias, quien participó como asesor para el equipo de Canadá en las negociaciones del T-MEC y es presidente de Unifor, destacó que el suceso será un “detonante” en la disputa de los derechos de los trabajadores.
El 27 de mayo, Georg Leutert, director para el sector automotriz de IndustriALL Global Union, opinó que la destrucción del material electoral sindical y otras irregularidades que ocurrieron en la planta de GM de Silao el 20 y 21 de abril, son ejemplos de una falta de democracia y corrupción del sistema sindical en el país.
Las irregularidades en la planta de GM de Silao, Guanajuato, en donde se presumen violaciones a los derechos laborales de sus trabajadores, causó que el Gobierno de Estados Unidos analizara la aplicación de aranceles sobre algunos autos de la marca, como represalia a una violación al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Y es que EU utilizó el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en el T-MEC, que permite a los trabajadores de ese país acusar posibles violaciones a sus derechos. Esta fue la primera vez que se usaron este tipo de medidas en un acuerdo comercial.
Ciudad de México.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México (STPS) notificó al sindicato y a la empresa General Motors que la votación del contrato colectivo que conflictúa con el T-MEC en la planta de la compañía en Matamoros, Tamaulipas, ciudad fronteriza vecina de Brownsville (Texas), debe realizarse antes del próximo 20 de agosto.
En un comunicado difundido este lunes, la dependencia señaló que la votación original sobre esta planta de autopartes Tridomex, liderada por el sindicato en abril, fue descartada por «graves irregularidades» en el proceso que afectaron el desarrollo de la consulta y los resultados de la votación.
Esta situación originó que el Gobierno de Estados Unidos solicitara la revisión de posibles violaciones de los derechos de los trabajadores, basados en el nuevo Tratado con México y Canadá (T-MEC), la cual aceptó el Gobierno mexicano el sábado pasado.
No obstante, en un principio, la Secretaría de Economía había resuelto que la revisión del contrato debía realizarse «a más tardar» el próximo 24 de julio en conjunto con Estados Unidos, aunque este lunes amplió el plazo hasta el 20 de agosto.
La STPS puntualizó que fue el propio sindicato el que pidió ampliar el plazo para reponer la consulta, con el objetivo de que no haya impedimentos operativos y técnicos y los trabajadores participen en la votación.
CONSULTA TRANSPARENTE
Del mismo modo, la dependencia aclaró que la consulta debe darse en condiciones de seguridad y accesibilidad para que los trabajadores voten de «forma personal, libre, directa y secreta, sin coacción ni intimidación de ningún tipo».
Y advirtió que, en caso de incumplir con el plazo estipulado, el contrato colectivo se dará por terminado, conservando en beneficio de los trabajadores las prestaciones y condiciones de trabajo reconocidos en el mismo.
Esta es la primera queja laboral de Estados Unidos hacia México bajo el T-MEC, que el 1 de julio cumple un año de entrar en vigor.
Sindicatos de Estados Unidos denunciaron desde mayo la supuesta denegación de libertad de asociación y negociación colectiva de los trabajadores de la empresa en Matamoros.
Esto desató la reacción de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), que también pidió el mes pasado revisar conflictos laborales similares en la planta de General Motors (GM) en Silao, en Guanajuato.
México ha apostado por el T-MEC para recuperarse tras la contracción histórica de 8.2% que padeció en 2020 por la crisis de la Covid-19.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno estima para este año una recuperación superior a 6% afianzada en particular en el sector exportador, con Estados Unidos como destino de más del 80% de las ventas.
Pero Estados Unidos ha aumentado la presión sobre los derechos de los trabajadores, e incluso la vicepresidenta Kamala Harris anunció 130 millones de dólares de cooperación en su visita a México el pasado 8 junio para que se implemente la reforma laboral.
El Gobierno mexicano admitió este sábado una revisión laboral de Estados Unidos por la presunta violación de derechos de los trabajadores en la planta de autopartes Tridonex en Matamoros, Tamaulipas, en la frontera con Texas.
La Secretaría de Economía (SE) aseguró que analizará el caso junto a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para determinar si se violó la libertad sindical a la que obliga el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
«La Secretaría de Economía, a nombre del Gobierno de México, envió ayer a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés) una comunicación indicando que se admitió la solicitud de revisión recibida el pasado 9 de junio», reveló la dependencia en un comunicado.
Esta es la primera queja laboral de Estados Unidos hacia México bajo el T-MEC, que el 1 de julio cumple un año de entrar en vigor.
Sindicatos de Estados Unidos denunciaron desde mayo la supuesta denegación de libertad de asociación y negociación colectiva de los trabajadores de la empresa en Matamoros.
Esto desató la reacción de la USTR, que también pidió el mes pasado revisar conflictos laborales similares en la planta de General Motors (GM) en Silao, en el central estado de Guanajuato.
En el caso de la planta Tidonex de Matomoros, la SE informó que la revisión deberá compartirse con Estados Unidos «a más tardar» el próximo 24 de julio.
«En caso de determinarse la existencia de una denegación de derechos, se deberá consensuar un curso de reparación con las contrapartes del Gobierno de Estados Unidos», precisó.
México ha apostado por el T-MEC para recuperarse tras la contracción histórica de 8.2 por ciento que padeció en 2020 por la crisis de la Covid-19.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno estima para este año una recuperación superior al 6 por ciento afianzada en particular en el sector exportador, con Estados Unidos como destino de más del 80 por ciento de las ventas.
Pero Estados Unidos ha aumentado la presión sobre los derechos de los trabajadores e, incluso, la vicepresidenta Kamala Harris anunció 130 millones de dólares de cooperación en su visita a México del 8 junio para que se implemente la reforma laboral.
«El Gobierno de México reafirma su compromiso con el debido cumplimiento de los compromisos laborales contenidos en el T-MEC y en la legislación nacional», concluyó la Secretaría de Economía.
La SE aseguró que analizará el caso junto a la Secretaría del Trabajo para determinar si se violó la libertad sindical a la que obliga el T-MEC
El Gobierno admitió este sábado una revisión laboral de Estados Unidos por la presunta violación de derechos de los trabajadores en la planta de autopartes Tridonex en Matamoros, Tamaulipas, en la frontera con Texas.
La Secretaría de Economía (SE) aseguró que analizará el caso junto a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para determinar si se violó la libertad sindical a la que obliga el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
«La Secretaría de Economía, a nombre del Gobierno de México, envió ayer a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés) una comunicación indicando que se admitió la solicitud de revisión recibida el pasado 9 de junio», reveló la dependencia en un comunicado.
Esta es la primera queja laboral de Estados Unidos hacia México bajo el T-MEC, que el 1 de julio cumple un año de entrar en vigor.
Sindicatos de Estados Unidos denunciaron desde mayo la supuesta denegación de libertad de asociación y negociación colectiva de los trabajadores de la empresa en Matamoros.
Esto desató la reacción de la USTR, que también pidió el mes pasado revisar conflictos laborales similares en la planta de General Motors (GM) en Silao, en el central estado de Guanajuato.
En el caso de la planta Tidonex de Matomoros, la SE informó que la revisión deberá compartirse con Estados Unidos «a más tardar» el próximo 24 de julio.
«En caso de determinarse la existencia de una denegación de derechos, se deberá consensuar un curso de reparación con las contrapartes del Gobierno de Estados Unidos», precisó.
México ha apostado por el T-MEC para recuperarse tras la contracción histórica de 8,2 % que padeció en 2020 por la crisis de la covid-19.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno estima para este año una recuperación superior al 6 % afianzada en particular en el sector exportador, con Estados Unidos como destino de más del 80 % de las ventas.
Pero Estados Unidos ha aumentado la presión sobre los derechos de los trabajadores e, incluso, la vicepresidenta Kamala Harris anunció 130 millones de dólares de cooperación en su visita a México del 8 junio para que se implemente la reforma laboral.
«El Gobierno de México reafirma su compromiso con el debido cumplimiento de los compromisos laborales contenidos en el T-MEC y en la legislación nacional», concluyó. la Secretaría de Economía.
