No habrá persecución política en contra de ningún sindicato
Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tanto a los sindicatos de Estados Unidos y Canadá coinciden en la importancia de que el Tratado Comercial, el T-MEC, proteja y tome en cuenta los derechos de los trabajadores así como respetar la legislación laboral de México “coincidimos en eso”.
“Ellos participaron en el Tratado porque nos dieron su confianza y tenían preocupación y en efecto están muy identificados con el Partido Demócrata y cuando se esperaba que votaran en contra por diferencias partidistas y por la defensa de los trabajadores nos dieron la confianza y vamos a corresponder” dijo López Obrador en la conferencia mañanera de este viernes.
Abundó que velar por los derechos de los trabajadores conviene a todas las partes e insistió en que los países que integran el Tratado coinciden en la importancia de que se deben pagar buenos sueldos a trabajadores mexicanos y respetar sus prestaciones.
“Donald Trump declaró cuando era candidato, y lo pueden buscar, que había que pagarle más a los trabajadores mexicanos, con lo que dijo coincido, yo me prenuncié por eso, porque hay mucha diferencia en el salarios, los mineros, trabajadores de la industria automotriz hay mucha diferencia con lo que ganan con los de Estados Unidos y Canadá por eso hay que trabajar para mejorar las condiciones laborales” dijo.
Informó que realizó una gira en Londres invitado por el Partido Laborista, en donde en el parlamento de Reino Unido sostuvo una reunión con la Central Obrera quienes le pidieron considerar lo que estaba sucediendo con dirigentes mineros y el caso de Napoleón Gómez Urrutia por ser una organización internacional; se comprometió a revisar el caso y aseguró que no habrá persecución política de ningún tipo.
Lo mismo aplica, dijo, en el caso de los sindicatos ferrocarrileros acusados de brindar apoyo a partidos políticos, “no habrá persecución a los líderes sindicales, que se haga valer la democracia sindical” concluyó.
Organizaciones sindicales que representan a trabajadores de este sector en México, Panamá, Puerto Rico y en los Estados Unidos, realizan un fuerte trabajo sindical que dé paso a la democracia sindical, pues afirman que hay una violación directa al anexo 23-A del T-MEC.
Debido a que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) no ha fijado fecha, ni ha tomado medidas para preparar el padrón que sirva como base para la votación en el desahogo del recuento para la demanda de titularidad de contrato colectivo de la Orden Mexicana de Profesionales Marítimos y Portuarios, Similares y Conexos (ORDEN), la Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta (UCOC, Canal de Panamá) y la International Organization of Masters, Mates & Pilots (MM&P), han fortalecido su estructura para presentar queja por violacion de derechos.
Organizaciones sindicales que representan a trabajadores del sector marítimo en México, Panamá, Puerto Rico y en los Estados Unidos, realizan un fuerte trabajo sindical que dé paso a la democracia sindical, pues afirman que hay una violación directa al anexo 23-A del T-MEC.
En entrevista con Pablo Franco, representante legal, explicó que los actores interesados, incluidos los empleados, a título individual y sus órganos de representación, podrán comunicar libremente al Consejo de Administración y a las autoridades públicas competentes su inquietud en relación con prácticas ilegales o contrarias a la ética sin que ello suponga poner en peligro sus derechos.
Asimismo, destacó que en muchos países se cuenta con la posibilidad de poner en conocimiento del Punto Nacional de Contacto las vulneraciones de las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. “La empresa no adoptará medidas discriminatorias o disciplinarias contra estos empleados u órganos”, y las implicaciones pueden afectar su presencia en el mercado y limitar su participación en el mismo por no cumplir los estándares de la OCDE.
Antonio Rodríguez, secretario de Trabajo de la ORDEN, explicó en conferencia de prensa que “en el T-MEC se establece un Capítulo que busca que haya respeto a la libertad sindical, y así terminar con el cáncer de los contratos de protección; estamos peleando por los contratos donde están nuestros compañeros y cuyos contratos eran de protección; en este caso se involucra a una empresa española llamada Boluda, la cual tiene tres subsidiarias en México”.
Tras señalar que trabajan 18 horas y no les reconocen ninguna prestación, Rodríguez expuso que “los primeros contratos individuales de trabajo contienen una cláusula que le prohíbe a los trabajadores afiliarse a un sindicato, y pese a que la compañía firmó un contrato colectivo de trabajo desde 1998, los trabajadores nunca lo han visto y ni siquiera tienen conocimiento de la existencia de un “supuesto” sindicato que represente colectivamente a los trabajadores ante la empresa”.
Destacó que hay 220 trabajadores en 10 puertos mexicanos entre los que se encuentra Altamira, Tampico, Coatzacoalcos, Salina Cruz y Manzanillo; quienes estuvieron de acuerdo en “asociamos un sindicato nortemaericano para crear una estructura sindical internacional. Ahora representa a la industria marítima en Estados Unidos, México y Panamá”.
Destacó que se envió una carta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a fin de denunciar lo que sucede en la empresa de capital español -Compañía Marítima del Pacífico- pues llevan año y medio tratando de lograr la posibilidad de elegir sindicalizarse. /// El Economista
Los procedimientos estarían enfocados en el sector maquilador y una queja que se presentaría en breve sería contra Fisher Dynamics, fabricante de autopartes en Matamoros, Tamaulipas.
Susana Prieto Terrazas, representante legal de los trabajadores en el sector de la maquila en el norte del país, tiene claridad en que el camino por la defensa de los derechos de los trabajadores en materia de libertad sindical y contratación colectiva real es el del mecanismo de respuesta rápida que se implementó en el Capítulo Laboral del T-MEC al entrar en vigor julio del 2020.
En entrevista con El Economista, quien tendrá un cargo como diputada federal en la bancada de Morena en la próxima legislatura, detalla que la corrupción y contubernio entre las autoridades locales, así como el consentimiento de las empresas con líderes sindicales “charros”, impiden la aplicación real de la reforma laboral en México, por lo que se vuelve indispensable presentar quejas ante los nuevos mecanismos, de tal manera que prepara más de 40 denuncias por violaciones derechos laborales.
Prieto Terrazas promovió una de las primeras quejas en el marco del T-MEC, apoyada por organizaciones sindicales como la central obrera más importante de Estados Unidos (AFL-CIO), para denunciar violaciones a la libertad de los trabajadores para decidir la titularidad del contrato colectivo con la empresa Tridonex. La siguiente podría ser contra Fisher Dynamics, fabricante de autopartes en Matamoros, Tamaulipas.
Producto de la queja, admitida el pasado 9 de junio, el gobierno de Estados Unidos pidió al gobierno de México atender el problema, de tal manera que corresponde a las autoridades laborales presentar una respuesta para evitar que se llegue a la instalación de un Panel de Controversias –en caso de que no haya acuerdo conciliatorio previo– y para ello tienen 45 días.
“Ellos (la autoridad) van a querer hacer un convenio con la empresa Tridonex; no obstante, la libertad y democratización sindical no debe ser sólo para nosotros; estamos peleando la de la industria trasnacional maquiladora que representa a obreras y obreros sobre todo en Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas; pero debe aplicarse con empresas nacionales y trasnacionales”, comentó Prieto Terrazas.
Tras señalar que esperarán a conocer la respuesta que dé el Estado Mexicano, destacó que “por lo pronto represento a los trabajadores de la industria maquiladora y vamos a ver si hay una solución integral, porque no me interesa para nada que sólo se arregle el problema de Tridonex, sino de toda la inversión extranjera que hay en los 33 municipios en los que se encuentra la industria maquiladora en el país”.
Tridonex, sentará precedente
Prieto Terrazas, quien trabaja de la mano con el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias, Movimiento 20/32 (SNITIS) y que encabeza Jaime Guarneros, el cual surgió de aquella huelga masiva en 28 maquiladoras, afirma que la queja en contra de Tridonex sentará un precedente “y por ello, terminando esta demanda vendrán las otras 39 y a lo mejor las otras 80 que puedan faltar de Matamoros y entonces empezar a difundir. Algunas ya estaban en trámite y no le dieron consecución en el Estado de Tamaulipas”.
En ese sentido, están trabajando con la AFL-CIO -sobre todo antes de presentar las siguientes quejas por denegación de derechos laborales- ya que si admite la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, dado que por los tiempos de implementación de la reforma laboral aún no entra en operaciones el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, las demandas de titularidad de las maquilas que se encuentran sindicalizadas, “será algo impresionante y sentaremos un precedente” y ya no llegarían a los mecanismos de respuesta rápida.
Así funciona el mecanismo laboral del T-MEC
Una vez presentada una queja laboral el gobierno estadounidense tiene 30 días para determinar si el caso tiene mérito y, de ser el caso, puede que acordar una solución con el gobierno mexicano en los siguientes 55 días para evitar un panel de solución de diferencias.
De levantarse el panel, se cuenta con un plazo de cuatro meses para resolver; si se decreta la culpabilidad de la empresa, se podrían bloquear sus exportaciones o retirárseles los beneficios arancelarios del T-MEC.
El nuevo mecanismo de “respuesta rápida” del T-MEC –único en los tratados comerciales en el mundo– prevé una investigación de un panel independiente sobre la negación de derechos laborales en sectores prioritarios del tratado, definidos como aquellos que producen bienes manufacturados, suministran servicios o involucran a la minería.
El T-MEC permite que observadores estadounidenses y mexicanos acompañen al panel en cualquier visita que realice a la instalación para verificar las reclamaciones en la petición.
En general, el mecanismo se aplicará siempre que una Parte (la Parte reclamante) cree de buena fe que a los trabajadores de una instalación cubierta se les niega el derecho de libre asociación y negociación colectiva.
El tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá incluye un procedimiento para velar por los derechos sindicales que ningún otro acuerdo en el mundo ha incorporado.
El Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) que contempla el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es “punta de lanza en el mundo”. El gobierno estadounidense lo ha utilizado ya dos veces para reclamar la protección de derechos sindicales en nuestro país. Sin embargo, las autoridades de las tres naciones deben tener cuidado de que “no se abuse de esta herramienta” y termine desgastándose, consideran especialistas.
El abuso puede suceder desde los sindicatos, dijo la presidenta de la Comisión de Ética e Integridad de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Leonor Quiroz. La abogada participó en el encuentro digital sobre El Capítulo Laboral del T-MEC: ¿competitividad o proteccionismo?, evento fue convocado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Esta situación podría suceder en casos en los que diferentes sindicatos busquen la representación del personal de una misma empresa, explicó. Por ejemplo, en un recuento de votos, en una lucha por ser el titular del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), alguno de ellos podría asegurar que no se convocó o notificó como la ley laboral lo ordena, abundó. “Ahí veo que se puede abusar de la figura”.
Y “si agregamos que hay sindicatos de otros países interesados en representar (a personas trabajadoras) en México, que quieran entrar al mercado de manera legítima, con su toma de nota”, podría presentarse esa misma disputa, consideró.
Por ello “es importante es que las autoridades de los tres países, antes de pasar este tipo de quejas al otro país, la revisen muy bien, tanto su autoridad laboral como la de comercio, para que estos mecanismos no pierdan legitimidad y validez”.
Es un procedimiento nuevo y los posibles problemas “se van a dar en la práctica”, destacó la representante de la Coparmex. Pero enfatizó que el riesgo de que estas denuncias no estén sustentadas es que no se utilice el mecanismo para lo que fue diseñado y “nos vayamos directamente al arbitraje y no se trata de eso”.
Ellos sí nos conocen
El MLRR es un procedimiento inédito en el mundo, recordó el laboralista Alfredo Kupfer. “No existe un mecanismo igual en ningún tipo de tratado comercial en ninguna parte del mundo”. Explicó que fue diseñado específicamente para el T-MEC, “por eso todo lo que estamos viviendo es nuevo”.
Los casos que atiende son únicamente la negación de derechos de libertad sindical o negociación colectiva, apuntó. Su creación fue un requisito para la firma de este acuerdo comercial. El interés del gobierno de Estados Unidos es porque han tenido información de que en México no se han cumplido de manera cabal, agregó.
Nuestro país también puede utilizarlo para pedir al gobierno estadounidense o canadiense que se garanticen esos derechos para personas trabajadoras en aquellos lugares.
Sin embargo, dijo Alfredo Kupfer, a México le ha faltado invertir en infraestructura o personal para tener un mayor conocimiento de estos casos, a diferencia de Estados Unidos que ha tenido, desde hace años, agregados en la embajada o consulados que recaban esta información para su gobierno.
Esto “nos ha abierto la puerta a dos reclamaciones. Tenemos un periodo muy corto de vigencia del tratado y ya tenemos dos quejas específicas”. Una contra la planta de General Motors en Silao, Guanajuato, y la otra, contra Tridonex, en Matamoros, Tamaulipas. Ambos tienen que ver con el impedimento de ejercer sus derecho a la libertad sindical.
¿Cómo funciona el MLRR?
El proceso de este mecanismo es para generar la queja laboral. Si la inician sindicatos u organizaciones de defensa de derechos humanos, tienen que solicitar al gobierno de su país que emita la queja. Le presentan una serie de evidencias por las que creen que pudieran estarse violando los derechos sindicales. Las autoridades las analizan y aceptan o no iniciar el procedimiento.
Este fue el caso de Tridonex. Sindicatos de Estados Unidos le pidieron a su gobierno que presentara a México una queja porque en esa empresa estadounidense no estaba respetando el derecho de su personal en Matamoros a sindicalizarse en otra organización.
La otra vía es que directamente los gobiernos presenten la queja. También este camino ya lo tomó Estados Unidos con General Motors en Silao, en el que el proceso de legitimación del contrato colectivo de trabajo no pudo culminarse debido a una serie de irregularidades por parte del sindicato y de la empresa.
Lo que sigue, después de se interpone la queja, es un periodo de consultas que puede ser de hasta 45 días. Autoridades de ambos países y representantes de la empresa señalada se reúnen para crear un plan de remediación.
El MLRR está creado para evitar llegar al arbitraje, es decir, a la creación de un panel de especialistas que analizarían el caso y emitirían sanciones. Alfredo Kupfer es parte de ese grupo, por cierto. El plan de remediación debe ser satisfactorio para el país que inicia la queja.
Si no es así, se llama a la formación de ese panel, conformado por representantes de los tres países. Las sanciones para la empresa aludida pueden ser aranceles, suspensión de exportación y, si se reiteran esas conductas, la prohibición para comercializar sus productos o servicios en el otro país.
Sin embargo, incluso una vez emitidas estas sanciones, las empresas tienen una oportunidad para presentar otro plan para enfrentar y resolver la situación.
Tridonex, empresa dedicada a la fabricación de autopartes, presuntamente incumple la libre asociación de los trabajadores
Demandan que el gobierno de Tamaulipas vigile que se respete la libertad de asociación de los trabajadores de la planta Tridonex, dedicada a la fabricación de autopartes en la ciudad de Matamoros. En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se planteó, a través de una proposición con punto de acuerdo, que uno de los principales retos que México está por enfrentar es la aplicación del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en Instalaciones Específicas (MLRR).
“El MLRR será puesto a prueba ya que la representante de Comercio de Estados Unidos, Katherine Tai, solicitó al gobierno de México revisar las supuestas negaciones del derecho de libre asociación y de negociación colectiva a los trabajadores de Tridonex en Matamoros y General Motors en Silao, Guanajuato”, señaló la senadora Lilia Valdez Martínez. Expuso que el pasado 10 de mayo, la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés) presentó la primera controversia de respuesta rápida laboral.
“La denuncia fue interpuesta en contra de Tridonex, una empresa que se dedica a la maquila de autopartes con matriz en Filadelfia y controlada a través de un grupo de empresarios canadienses”.
Esta empresa es demandada por el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios (Snitis), el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (Seiu), el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y de Servicios Movimiento 20/32.
Valdez Martínez expone que la democracia sindical y la libre asociación colectiva, son derechos laborales fruto de la lucha del sector obrero durante décadas y no pueden ser vulnerados por intereses político-económicos. “Desde el Senado de la República, como integrante de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del T-MEC y como sindicalista, debemos alzar la voz para que las autoridades intervengan». Por lo anterior, formuló una proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno estatal a hacer respetar las garantías laborales y libertad de asociación de los trabajadores, siendo turnada a la Tercera Comisión.
Silao.- Este viernes venció el plazo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social otorgó al sindicato ‘Miguel Trujillo López’ -que agrupa a empleados del Complejo Silao de la empresa General Motors-, para la reposición del proceso de consulta del Contrato Colectivo de Trabajo, pero hasta este viernes los trabajadores no han sido convocados.
De acuerdo con lo expuesto por los obreros, los representantes sindicales no han hecho de su conocimiento los días, lugar, fecha y condiciones en que se llevará a cabo la nueva consulta, y presuntamente tampoco han dado aviso a la STPS, como lo establece el Protocolo para la Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo Existentes.
El 11 de junio pasado la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral emitió la resolución relacionada con el CCT número CC-973-2005- XII-2019-7819 –el documento fue firmado por su titular Esteban Martínez Mejía–, en el que se fijó un plazo improrrogable de 30 días naturales a partir de la notificación al Sindicato, para la reposición de los eventos de consulta.
En el emplazamiento se advirtió que la convocatoria debería publicarse al menos 10 días hábiles antes de la elección, para su máxima difusión entre los trabajadores.
Hasta este momento, la STPS no se ha pronunciado respecto a lo que significaría el incumplimiento del plazo por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal-Mecánica, Sidero-Metalúrgica, Automotriz y Proveedoras de Autopartes en General, de la Energía, sus Derivados y Similares de la República Mexicana, adherido a la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
La representación de la STPS se limitó a señalar que ya se trabaja en la definición de la ruta que habrá de tomarse para el caso en la armadora automotriz de origen estadounidense, ubicada cerca de la comunidad Los Rodríguez en Silao.
“… pero también queremos un trabajo digno”
Exempleados de GM Silao acusaron que en recientes semanas a través de redes sociales se emprendió una campaña en su contra para desacreditar las acciones de lucha por los derechos laborales, mediante la que se asegura entre otras cosas que se trata de una revancha contra la empresa por despidos laborales, además de una lucha intersindical.
Uno de ellos es Carlos Ignacio Martínez, con quien el corporativo rompió relación laboral en septiembre de 2019, presumiblemente de manera injustificada por organizar y fundar junto a otros compañeros la agrupación Generando Movimiento, en solidaridad a los huelguistas de EE. UU. y para hacer frente a las violaciones a los derechos laborales de los trabajadores.
Carlos Ignacio negó los señalamientos y aseguró “estar en la lucha”, pues la intención de la agrupación no es buscar un beneficio propio: “Mi intención al igual que toda la de mis demás compañeros despedidos no es de buscar un beneficio propio, eso es lo que los ‘charros’ del Sindicato ‘Miguel Trujillo’ han querido hacer ver sobre nosotros pero es una gran mentira (…) les invito a que se organicen, se acerquen y hagan valer sus derechos”.
Reconoció la gran fuente de empleo que representa General Motors “pero también queremos tener un trabajo digno”, al mismo tiempo que dejó en claro que lo que se busca es la democracia sindical.
Solicitaron a México atender la violación al tratado que se registra contra trabajadores de la empresa de autopartes Tridonex
CIUDAD DE MÉXICO.- Estados Unidos aceptó la solicitud de una de las asociaciones sindicales más fuertes de dicho país, además inició por segunda vez el Mecanismo de Respuesta Rápida contra México, por violaciones laborales al T-MEC.
La Representación Comercial estadounidense (USTR por sus siglas en inglés), a cargo de Katherine Tai y la secretaria del Trabajo estadounidense, Marty Walsh, anunciaron que solicitaron a México atender la violación al tratado que se registra contra trabajadores de la empresa de autopartes Tridonex.
Ello porque a los trabajadores de la planta de dicha empresa, ubicada en Matamoros, Tamaulipas, «se les han negado los derechos de libre asociación y de negociación colectiva».
En un comunicado, la USTR afirmó que es la segunda vez que piden al gobierno mexicano intervenir por violaciones a los compromisos en materia laboral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
De acuerdo con la Representación Comercial estadounidense, esto demuestra el compromiso que tienen para hacer vale los altos estándares laborales que se tienen en el T-MEC.
«El Mecanismo de Respuesta Rápido fue creado para tener una rápida respuesta en las disputas, y este anuncio demuestra nuestro compromiso para usar las herramientas que se tienen en el acuerdo para impulsar a los trabajadores nacionales y extranjeros», dijo Tai.
A principios de mayo pasado, la Federación estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO por sus siglas en inglés), el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU por sus siglas en inglés) el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y de Servicios Movimiento 20/32 y Ciudadano Público, presentaron la solicitud contra dicha empresa establecida en México, misma que se admitió por el gobierno estadounidense y formalmente se dio a conocer hoy.
De acuerdo con los sindicatos anteriores, la empresa Tridonex no permite que los trabajadores opten por una demanda legal y los transfiere en automático a un sindicato de protección; por esto mismo se registró el despido de 600 trabajadores del sindicato independiente.
Visita de Kamala Harris a México
Este martes, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, realizó una visita a México en donde se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador y mujeres emprendedoras.
Durante su visita anunció una serie de medidas para impulsar la colaboración en temas como la migración, seguridad y la reforma laboral.
La vicepresidenta de Estados Unidos reveló un paquete de asistencia de un valor de 380 millones de dólares, de los que 250 millones de dólares son en generación de inversión en el sur de México, prioridad de López Obrador, con el fortalecimiento de cadenas de valor rurales, como cacao, café y ecoturismo.
Los otros 130 millones de dólares son en cooperación técnica para que el Gobierno mexicano implemente la reforma laboral que garantiza la libertad sindical y un sistema de justicia para los trabajadores, un tema clave del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Es una buena señal de que las políticas laborales de los dos países están alineadas y son tomadas en serio, afirma Pedro Américo Furtado.
La visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a México es una buena señal de que las políticas laborales entre ambos países son tomadas en serio, dice en entrevista Pedro Américo Furtado, director de la Oficina de País de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para México y Cuba.
“No es casualidad que el Tratado entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC) retoma principios básicos de protección laboral como la negociación colectiva y la libertad sindical”, pues son temas que han preocupado a estos países. Y el viaje de la segunda al mando del gobierno de Joe Biden lo confirma.
Este martes, el funcionario participó en una reunión que Harris sostuvo con diferentes organizaciones del mundo laboral. El encuentro lo dejó optimista, pues si de por sí observaba una voluntad política en México de cumplir con las leyes laborales, a pesar de la “resistencia de ciertos actores”, los acuerdos logrados favorecerán la implementación. Para él, el T-MEC “es un catalizador de la reforma laboral”.
Está claro, dice, que México es el principal socio comercial de Estados Unidos. “Lo que ahora está en juego” es que esa posición geopolítica y económica se traduzca en empleo decente en ambos lados de la frontera. El país se encuentra en un “momento particular en el que, reconociendo la importante estructura productiva” con aquella nación, “poco a poco van a ir armonizándose esos elementos comerciales con los laborales”.
El T-MEC, un tratado 4.0 de última generación, como él lo llama, provee de mecanismos más cercanos y rápidos para que las personas trabajadoras, los sindicatos y los gobiernos ayuden a lograr esa armonización, sostiene. Y también la reforma laboral, asegura.
“Quizá ahora es difícil ver la trascendencia, la profundidad de la reforma laboral, que toca en elementos fundamentales y estructurales”, pero muy pronto podrá apreciarse, prevé. Se requiere de un tiempo de aprendizaje para usar los canales de denuncia del T-MEC o aprovechar las nuevas herramientas de las leyes laborales en México, dice.
No obstante, han empezado a ser utilizadas, por ejemplo, por las trabajadoras y los trabajadores de la planta de General Motors en Silao, Guanajuato.
Trabajo infantil
Una parte del T-MEC está enfocado a eliminar el trabajo infantil y forzoso. Por ello los 130 millones de dólares que el gobierno estadounidense aportará, adicionales a otros fondos que ya ha enviado al país, “seguramente serán asignados a iniciativas que promuevan la reforma laboral y la erradicación del trabajo de niñas, niños y adolescentes”, explicó.
Kamala Harris recordó que en su reunión con AMLO, su Gobierno ofreció 130 millones de dólares para que México garantice la justicia laboral y la libertad sindical.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ofreció el apoyo de la administración del presidente Joe Biden para defender los derechos laborales en México y aseguró que el presidente Andrés Manuel Lóéz Obrador coincide en la importancia de apoyar al sindicalismo.
«México y Estados Unidos tienen una mente en común sobre lo que podemos hacer para apoyar los derechos de los trabajadores, entendiendo que esto está en el mejor interés de toda la sociedad», manifestó Harris durante un encuentro con líderes laborales en el marco de su visita a México.
Subrayó que ambos países están de acuerdo en lo que se tiene que hacer para defender los derechos de los trabajadores porque ello va a favor de la prosperidad económica y social de ambos países.
“El presidente Joe Biden pidió que liderada nuestro Consejo del Trabajo, así que les envío saludos de lso sindicatos y la mano de obra organizada de Estados Unidos que se sienten sumamente conectados con el trabajo que revisemos aquí”, agregó.
Además, confirmó que como parte de los acuerdos con los que llegó con el presidente Andrés Manuel López Obrador, su país invertirá un paquete de 130 millones de dólares para impulsar la reforma laboral en nuestro país.
Explicó que los recursos serán enfocados a promover condiciones laborales aceptables, proteger a los trabajadores y abordar los riesgos para el trabajo infantil.
“Nuestro gobierno está convencido de que los sindicatos ayudan a crear la clase media y creemos que cualquiera tiene que agradecer contar con una mano de obra organizada”, afirmó.
Asimismo, subrayó que la administración del presidente Biden es consciente de que se debe trabajar de manera conjunta para apoyar los salarios y las prestaciones de los trabajadores pues “cualquier negociación que se da con equidad, con igualdad, es una negociación encaminada al éxito”.
La vicepresidenta dijo que ambos países se comprometieron a mantener un diálogo económico de alto nivel en septiembre, en el que se tratarán temas como «la facilitación del comercio, telecomunicaciones e interconectividad, y resiliencia de la cadena de suministro».
Estados Unidos invertirá 130 millones de dólares «en asistencia técnica y cooperación durante los próximos tres años para trabajar con México en la implementación de la legislación laboral y para financiar programas que apoyarán a los trabajadores, mejorarán las condiciones laborales y abordarán el trabajo infantil y forzado», según el comunicado difundido por la Casa Blanca a propósito de la reunión entre la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.
«El presidente López Obrador promulgó una legislación histórica de reforma laboral el 1 de mayo de 2019», continua el documento que enlista los anuncios de Harris a raíz de la reunió bilateral entre México y Estados Unidos.
La vicepresidenta aludió a la serie de reformas laborales que en buena medida fueron realizadas para que México pudiera ratificar su adhesión al Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y que abordan sobre todo los derechos sindicales de los trabajadores, la firma de contratos colectivos y la obligatoriedad de registrar a las trabajadoras domésticas en los servicios de seguridad social del Estado.
Harris anunció además que la Cooperación Internacional de Financiamiento para el Desarrollo de Estados Unidos emitirá un préstamo para respaldar hipotecas y viviendas asequibles, del cual 40 y 50 por ciento de las viviendas nuevas se construirán en el sur de México. Asimismo, refiere el documento, la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos (USTDA) y el Departamento de Comercio organizarán misiones comerciales para apoyar el desarrollo de infraestructura en el Sur de México.
«La USTDA planea otorgar una subvención al regulador de aviación de México para asistencia técnica para mejorar la eficiencia», reza el documento, al hacer referencia al descenso de la calificación aeronáutica de México.
Además, Harris aseguró que otro de sus objetivos es alcanzar un monto de inversión y ventas de 250 millones de dólares en el sureste mexicano, a través del fortalecimiento de las cadenas de valor rurales, como la del cacao, el café y el ecoturismo.
La vicepresidenta dijo que ambos países se comprometieron a mantener un diálogo económico de alto nivel en septiembre, en el que se tratarán temas como «la facilitación del comercio, telecomunicaciones e interconectividad, y resiliencia de la cadena de suministro».
A su vez, ambos países mantendrán un diálogo a nivel gabinete sobre la seguridad y asentó que las organizaciones transacionales no reconocen fronteras, por lo que México y Estados Unidos se comprometieron a reducir los homicidios y las muertes relacionadas con el narcotráfico.
La vicepresidenta Harris habló también del memorándum de entendimiento que firmaron ambos gobiernos para abordar «falta de oportunidades económicas en el norte de Centroamérica».
«Los dos gobiernos trabajarán juntos para fomentar el desarrollo agrícola y los programas de empoderamiento de los jóvenes en El Salvador, Honduras y Guatemala y co-crearán y co-administrarán un programa de asociación que les permitirá entregar, medir y comunicar mejor la asistencia a la región», anunció y añadió que las agencias gubernamentales de ambos países compartirán información para combatir el tráfico de personas en la región. El gobierno estadounidense también colaborará para resolver los miles de casos de personas desaparecidas en México.
