La Unión Nacional de Trabajadores, el sindicato de pilotos y de la UNAM se pronunciaron por el respeto de la autonomía de los empleados en temas como el voto o estallamiento a huelga.
ZENYAZEN FLORES @ElFinanciero_Mx 27/02/2019
La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) pidió este miércoles a los legisladores que la reforma laboral, que será discutida y eventualmente aprobada en marzo en la Cámara de Diputados, erradique los contratos de protección patronal que son el ‘cáncer’ del mundo laboral.
Francisco Hernández Juárez, presidente colegiado de la UNT, urgió a los diputados a aprobar la reforma laboral respetando los principios de libertad de negociación colectiva establecidos en el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Capítulo Laboral del T-MEC.
Señaló que la ‘cuarta transformación’ sin la participación de la sociedad y sin un cambio en el mundo del trabajo será insuficiente para transformar al país.
“El país ha alcanzado un nivel de democracia que vimos en la pasada elección presidencial los mexicanos eligieron un cambio, pero el mundo del trabajo vive en el pasado con el corporativismo y el clientelismo, con los derechos de los mexicanos limitados”, acusó en el marco de las audiencias públicas de la reforma laboral.
El también secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) señaló que hay empresas como América Móvil que tienen un contrato colectivo “al que no le han movido ni una coma”, lo que convierte a ese contrato en protector del patrón para evitar que los trabajadores se sindicalicen.
Por su parte, Agustín Rodríguez, también presidente colegiado de la UNT, pidió que la reforma laboral respete el espíritu de la reforma constitucional en materia de justicia laboral.
En dicha reforma, aprobada el 24 de febrero de 2017, se estableció en el Artículo 123 de la Constitución el voto personal, libre y secreto para la elección de los dirigentes sindicales.
“En 90 por ciento de los sindicatos existentes no se da el voto personal, libre, directo,secreto y en urna, y la reforma debe considerar este mecanismo para la elección de dirigentes y de los comités ejecutivos de los sindicatos, así como para la firma de los contratos colectivos de trabajo que en la mayoría de las veces los firma el dirigente sindical con o sin acuerdo de sus trabajadores”, apuntó .
Rodríguez, quien también es secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), subrayó que hay organizaciones sindicales donde el estallamiento de huelga lo definen las dirigencias sindicales sin la consulta de los trabajadores, por lo que es necesario que la Ley Federal del Trabajo plasme el voto personal, libre y secreto.
“Que sea el trabajador el que elija a sus representantes, ese es el punto. Las organizaciones blancas ahora (con el nuevo gobierno) se han pintado de colores, siendo blancas ahora ya son muy democráticas y eso es bueno en la palabra pero en los hechos sigue siendo lo mismo”, acusó.
Rafael Díaz Covarrubias, otro presidente colegiado de la UNT y secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores(ASPA), aseguró que “son contratos firmados a espaldas de los trabajadores y los sindicatos democráticos somos víctimas del contratismo de protección”.
Durante la sesión de preguntas, el coordinador del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, Alfonso Bouzas, cuestionó a centrales obreras como la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), asociadas con el PRI durante el sexenio pasado, que los sindicatos afiliados a esas confederaciones no cuentan con el respaldo de los trabajadores.
En respuesta, Isaías González, secretario general de la CROC, aseguró que son una confederación democrática y que los sindicatos tienen el respaldo de los trabajadores.
Mientras que Rodolfo González, secretario general de la CROM, dijo que su central obrera ya tiene como práctica la democracia sindical mediante el voto libre, directo y secreto.
Ángel Celorio, representante de la CTM, explicó que como parte de la reforma constitucional de febrero de 2017, la confederación actualizó sus procesos de elección mediante el voto secreto y directo: “ya somos democráticos”.
Etiqueta: contratos de protección patronal
Líderes sindicales acusan sobrerregulación con reforma laboral
27/02/2019 | 20:53 | Alejandra Canchola y Horacio Jiménez
La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos explicó que la sobrerregulación afecta al derecho de huelga y afecta a la autonomía sindical
Líderes sindicales que asistieron a la segunda audiencia pública sobre la reforma laboral, celebrada en la Cámara de Diputados, acusaron sobrerregulación en algunos procesos legales en las modificaciones a la ley Federal del Trabajo, como la del artículo 387, puesto que podría entorpecer la firma de un nuevo contrato colectivo.
Según lo explicó el dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González, este artículo que tiene que ver con la obligación de un patrón de establecer un contrato colectivo con un empleado sindicalizado, obligaría al sindicato a presentar ante el nuevo Centro Nacional de Conciliación y Registro Laboral, una lista de trabajadores que autoricen el emplazamiento a huelga, que al menos debe ser del 30% de la organización.
“Nosotros vemos que esta sobrerregulación afecta el derecho de huelga, lo retrasa el derecho de huelga, y también afecta, el 387 afecta a la autonomía sindical. Entonces esto debe ir de acuerdo con los convenios 87 y 98”, dijo.
Lo mismo criticaron otros dirigentes como Ángel Celorio Guevara, quien acudió en lugar de Carlos Aceves del Olmo en representación de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), al destacar que el registro que se solicita en esa disposición se puede convertir en “una lista negra” de trabajadores que pueden ser despedidos.
“Exigir una constancia de representatividad conlleva regresar al sistema de listas negras que durante años causaron el indebido despido masivo de trabajadores. Una vez que la autoridad laboral otorga la llamada “toma de nota” a una organización sindical, no es válido que durante el periodo que tiene vigencia la misma se esté certificando”, observó.
En el mismo sentido se condujo el posicionamiento del secretario general de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), Rodolfo González Guzmán, quien añadió que ese listado deberá ser guardado en secreto por el Centro.
“Que se precise que la lista que se pide que presenten los trabajadores no se convierta en una lista negra, y al anexarse la lista los estemos dejando en estado de indefensión y puedan ser despedidos”, dijo.
En tanto, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la UNAM
(STUNAM), Agustín Rodríguez Fuentes, propuso que la democracia sindical
que se pretende instituir a través del voto libre y secreto, se aplique para
cuando se requiera firmar un nuevo contrato colectivo y lo mismo el emplazamiento a huelgas
“Los contratos colectivos actualmente los firma el secretario general, con o sin acuerdo de sus trabajadores o mesas directivas. Pues que deba seguirse el mismo procedimiento, que en la urna el trabajador decida si se acepta o se rechaza la propuesta de un patrón, si se estalla la huelga, que lo pida el trabajador en la urna, con el voto libre y secreto”, señaló.
Por su parte, el representante del senador de Morena Pedro Haces Barba, dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), también solicitó que se terminen los contratos de protección patronal.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/lideres-sindicales-acusan-sobrerregulacion-con-reforma-laboral
Diputados inician audiencias públicas para la reforma laboral
STPS seguirá análisis sobre la reforma laboral en la Cámara de Diputados
La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa Alcalde Luján aseguró que se escuchará a todos los sectores para identificar posibles riesgos o establecer mecanismos de consenso que lleven a la aprobación de la reforma laboral.
María Del Pilar Martínez
25 de febrero de 2019, 19:10
Foto EE: Archivo
Luisa Alcalde Luján, secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), informó que se mantendrá atenta del desarrollo de las audiencias públicas que se realizarán en la Cámara de Diputados con motivo del análisis de la reforma laboral.
En ese sentido, reiteró que el objetivo central de esta reforma es “concretar la etapa de transición en la justicia social, en la que se puedan acordar nuevas reglas en términos de libertad y democracia en México”.
Cabe señalar que se cumplieron dos años desde que fue aprobada la reforma Constitucional en la materia, la cual daba como fecha límite para iniciar con el proceso de transición este 24 de febrero.
Alcalde Luján, expresó que es el diálogo con todos los sectores como se puede llegar a un consenso no sólo para el respeto de nuestra Constitución sino para atender los acuerdos asumidos a nivel internacional en el marco de la ratificación del Convenio 98 y del T-MEC.
Ante su equipo de trabajo, con quien se prepara para esta etapa que es de gran transformación para el sector laboral, la secretaria Alcalde Luján enfatizó que se escuchará a todos los sectores para identificar posibles riesgos o establecer mecanismos de consenso que lleven a la aprobación de esta reforma de gran calado para el país.
Recordó que son cinco los ejes de la iniciativa de reforma que se busca concretar: Democracia en el trabajo; garantías en los contratos colectivos; creación de un órgano autónomo; sustituir a las juntas de Conciliación y Arbitraje y eliminar la extorsión con la creación de un centro de registro laboral en donde se pueda evitar el chantaje sindical como herramienta de uso legítimo de la huelga.
“Justicia laboral es pasar de las juntas de Conciliación y Arbitraje a los tribunales laborales; la creación de un órgano autónomo que se encargue de todos los registros sindicales del país y de los depósitos de los contratos colectivos; y democracia y libertad sindical”.
Eso significa que “haya garantía, no sólo de voto personal, libre y secreto sino de padrones confiables lugares neutrales, convocatorias abiertas que permitan que la gente se organice. Lo que hemos venido diciendo, a este gobierno le toca garantizar que la gente se pueda organizar libremente, rescatar la organización colectiva para ser más productivos y mejorar los salarios y las condiciones de trabajo”, dijo.
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/STPS-seguira-analisis-sobre-la-reforma-laboral-en-la-Camara-de-Diputados-20190225-0098.html
Arranca discusión del plan para la democracia sindical
Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Martes 26 de febrero de 2019, p. 9
La Cámara de Diputados convocó a los líderes que mantienen, desde el siglo pasado el control de las principales organizaciones obreras para discutir la iniciativa de Morena que pretende instaurar la democracia y libertad en la elección de las cúpulas obreras y acotar que los dirigentes permanezcan en sus cargos de manera indefinida.
La iniciativa de esa bancada fue presentada en la Comisión Permanente y se turnó a la Comisión de Trabajo, que a su vez organizó audiencias públicas desde hoy y hasta el jueves, con la intervención también de las autoridades laborales y las cámaras empresariales.
Entre otros puntos, se plantea reglamentar la reforma constitucional en materia laboral, constituir un centro de conciliación y registro, aprobada el sexenio pasado, así como definir las funciones del organismo descentralizado autónomo que llevará el registro de sindicatos y contratos colectivos de trabajo.
También pretende definir el proceso de registro de los sindicatos, reducir los plazos del trámite, el contenido mínimo de los estatutos, esto es el proceso para elegir a las dirigencias, el plazo de las convocatorias, lugares de votación e integración de un padrón confiable de los integrantes del gremio.
“El propósito de dicha iniciativa es dar cumplimiento eficaz al derecho a la democracia representativa, al establecerse que la designación de los representantes obreros deberá realizarse mediante elecciones auténticas.”
En sus consideraciones, el proyecto de Morena señala que se busca “cancelar las ataduras a las que se ha sometido a los sindicatos y garantizar el derecho de los trabajadores a decidir libremente la forma de asociarse y organizarse”, así como a exigir rendición de cuentas a los líderes, que deberán contar con una “constancia de representatividad” para negociar la firma del contrato colectivo.
Los foros se inician hoy con funcionarios de la Secretaría del Trabajo y mañana están convocados los dirigentes de la Confederación de Trabajadores de México, de los sindicatos Minero y del Seguro Social, de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, de la Confederación Regional Obrera Mexicana y de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores.
https://www.jornada.com.mx/2019/02/26/politica/009n3pol
Abordarán en San Lázaro reformas a la Ley del Trabajo
Foto: archivo/EL UNIVERSAL
25/02/2019 | 19:16 | Alejandra Canchola
Este martes iniciarán las audiencias públicas para abordar las diversas reformas a la Ley Federal del Trabajoenviadas en diciembre por el gobierno federal a la Cámara de Diputados. En las mismas se escuchará al gobierno federal, a los sindicatos y a las confederaciones patronales con más relevancia en el país.
La tarde de este 26 de febrero será la primera, en el salón protocolo deSan Lázaro, donde se espera la presencia del subsecretario del Trabajo y
Previsión Social, Alfredo Domínguez Marrufo, y del magistrado Sergio
Javier Molina, titular de la unidad de implementación de la reforma laboral
en el Consejo de la Judicatura Federal.
Para el miércoles la de dirigentes sindicales como Carlos Aceves del Olmo, secretario general de CTM; Napoleón Gómez Urrutia, representando al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros; Isaías González Cuevas, líder de la CROC; y Pedro Haces Barba, dirigente de la CATEM.
En el último día de audiencias se contará con la presencia de las confederaciones patronales, como la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Comparmex), la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (Canacintra) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
El lunes pasado, EL UNIVERSAL adelantó que las audiencias se dividirán en cuatro mesas, la primera, analizará el impacto presupuestal de la implementación de la reforma laboral, los derechos laborales del personal que trabaja en las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la transición de éstas a los Tribunales del Poder Judicial.
La segunda mesa tratará de la democracia sindical, el derecho de los trabajadores a la asociación y negociación colectiva y la contratación a través de sindicatos; la tercera la protección de los derechos humanos en un conflicto laboral; y en la mesa cuatro, los procedimientos laborales de conciliación prejudicial y la protección de los derechos humanos durante los procesos.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/abordaran-en-san-lazaro-reformas-la-ley-del-trabajo
Arranca discusión del plan para la democracia sindical
Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Martes 26 de febrero de 2019, p. 9
La Cámara de Diputados convocó a los líderes que mantienen, desde el siglo pasado el control de las principales organizaciones obreras para discutir la iniciativa de Morena que pretende instaurar la democracia y libertad en la elección de las cúpulas obreras y acotar que los dirigentes permanezcan en sus cargos de manera indefinida.
La iniciativa de esa bancada fue presentada en la Comisión Permanente y se turnó a la Comisión de Trabajo, que a su vez organizó audiencias públicas desde hoy y hasta el jueves, con la intervención también de las autoridades laborales y las cámaras empresariales.
Entre otros puntos, se plantea reglamentar la reforma constitucional en materia laboral, constituir un centro de conciliación y registro, aprobada el sexenio pasado, así como definir las funciones del organismo descentralizado autónomo que llevará el registro de sindicatos y contratos colectivos de trabajo.
También pretende definir el proceso de registro de los sindicatos, reducir los plazos del trámite, el contenido mínimo de los estatutos, esto es el proceso para elegir a las dirigencias, el plazo de las convocatorias, lugares de votación e integración de un padrón confiable de los integrantes del gremio.
“El propósito de dicha iniciativa es dar cumplimiento eficaz al derecho a la democracia representativa, al establecerse que la designación de los representantes obreros deberá realizarse mediante elecciones auténticas.”
En sus consideraciones, el proyecto de Morena señala que se busca “cancelar las ataduras a las que se ha sometido a los sindicatos y garantizar el derecho de los trabajadores a decidir libremente la forma de asociarse y organizarse”, así como a exigir rendición de cuentas a los líderes, que deberán contar con una “constancia de representatividad” para negociar la firma del contrato colectivo.
Los foros se inician hoy con funcionarios de la Secretaría del Trabajo y mañana están convocados los dirigentes de la Confederación de Trabajadores de México, de los sindicatos Minero y del Seguro Social, de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, de la Confederación Regional Obrera Mexicana y de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores.
https://www.jornada.com.mx/2019/02/26/politica/009n3pol
Secretaría del Trabajo, atenta a análisis sobre reforma laboral
NOTIMEX 25.02.2019 – 19:31H La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) está lista y se mantiene atenta al análisis que el Congreso de la Unión iniciará para la discusión de la reforma laboral, que tiene como propósito concretar la etapa de transición en la justicia social, en la que se acuerden nuevas reglas en términos de libertad y democracia en México.
Previo al inicio de las audiencias públicas sobre dicho tema en la Cámara de Diputados, la titular de la dependencia, Luisa María Alcalde Luján, indicó que es mediante el diálogo con todos los sectores como se podrá llegar a un consenso no sólo en el respeto a la Constitución, sino para atender los acuerdos asumidos a nivel internacional en el marco de la ratificación del Convenio 98 y del Acuerdo Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Ante su equipo de trabajo, con quien se prepara para esta etapa que es de gran transformación para el sector laboral, la funcionaria federal señaló que se escuchará a todos los sectores para identificar posibles riesgos o establecer mecanismos de consenso que lleven a la aprobación de esta reforma de gran calado para el país. En un comunicado, Alcalde Luján recordó los cinco ejes de la iniciativa de reforma que se pretende concretar, que son Democracia en el trabajo; garantías en los contratos colectivos; creación de un órgano autónomo; sustituir a las juntas de Conciliación y Arbitraje y eliminar la extorsión con la creación de un centro de registro laboral en donde se pueda evitar el chantaje sindical como herramienta de uso legítimo de la huelga. “Justicia laboral es pasar de las juntas de Conciliación y Arbitraje a los tribunales laborales; la creación de un órgano autónomo que se encargue de todos los registros sindicales del país y de los depósitos de los contratos colectivos; y democracia y libertad sindical”, expuso. Lo anterior, detalló, significa que “haya garantía, no sólo de voto personal, libre y secreto, sino de padrones confiables, lugares neutrales, convocatorias abiertas que permitan que la gente se organice”. A este gobierno le toca garantizar que la gente se pueda organizar de manera libre y se rescate la organización colectiva para ser más productivos y mejorar los salarios y las condiciones de trabajo, puntualizó.
https://www.20minutos.com.mx/noticia/485155/0/secretaria-del-trabajo-atenta-a-analisis-sobre-reforma-laboral/
Monitorea STPS discusión de reforma laboral en Cámara de Diputados
Por: Redacción/El Pulso Laboral
Luisa Alcalde Luján, secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), informó que se mantendrá atenta del desarrollo de las audiencias públicas que se realizarán en la Cámara de Diputados con motivo del análisis de la reforma laboral.
En ese sentido, reiteró que el objetivo central de esta reforma es “concretar la etapa de transición en la justicia social, en la que se puedan acordar nuevas reglas en términos de libertad y democracia en México”.
Cabe señalar que se cumplieron dos años desde que fue aprobada la reforma Constitucional en la materia, la cual daba como fecha límite para iniciar con el proceso de transición este 24 de febrero.
Alcalde Luján, expresó que es el diálogo con todos los sectores como se puede llegar a un consenso no sólo para el respeto de nuestra Constitución sino para atender los acuerdos asumidos a nivel internacional en el marco de la ratificación del Convenio 98 y del T-MEC.
Ante su equipo de trabajo, con quien se prepara para esta etapa que es de gran transformación para el sector laboral, la secretaria Alcalde Luján enfatizó que se escuchará a todos los sectores para identificar posibles riesgos o establecer mecanismos de consenso que lleven a la aprobación de esta reforma de gran calado para el país.
Recordó que son cinco los ejes de la iniciativa de reforma que se busca concretar: Democracia en el trabajo; garantías en los contratos colectivos; creación de un órgano autónomo; sustituir a las juntas de Conciliación y Arbitraje y eliminar la extorsión con la creación de un centro de registro laboral en donde se pueda evitar el chantaje sindical como herramienta de uso legítimo de la huelga.
“Justicia laboral es pasar de las juntas de Conciliación y Arbitraje a los tribunales laborales; la creación de un órgano autónomo que se encargue de todos los registros sindicales del país y de los depósitos de los contratos colectivos; y democracia y libertad sindical”.
Eso significa que “haya garantía, no sólo de voto personal, libre y secreto sino de padrones confiables lugares neutrales, convocatorias abiertas que permitan que la gente se organice. Lo que hemos venido diciendo, a este gobierno le toca garantizar que la gente se pueda organizar libremente, rescatar la organización colectiva para ser más productivos y mejorar los salarios y las condiciones de trabajo”, dijo. /El Economista
http://www.elpulsolaboral.com.mx/mercado-laboral/17770/monitorea-stps-discusion-de-reforma-laboral-en-camara-de-diputados
Cámara de Diputados convoca a audiencias públicas sobre justicia laboral
NOTIMEX 25.02.2019 – 09:26H
A fin de enriquecer la discusión e intercambiar puntos de vista con sectores involucrados en la justicia laboral, la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados convoca a audiencias públicas, las cuales se llevarán a cabo los días, 26, 27 y 28 de febrero en el Palacio Legislativo de San Lázaro. En su cuenta de Twitter @Mx_Diputados, el órgano legislativo señaló que estas audiencias se harán para enriquecer la la discusión e intercambiar puntos de vista con los sectores involucrados respecto a la iniciativa de la reforma laboral. El programa abarca diversos temas como la Implementación de la reforma laboral; Derecho colectivo; Derecho individual y justicia laboral; y Centros de Conciliación y registro laboral. Agregó que las audiencias se llevarán a cabo en el Salón Protocolo, edificio C, del Palacio Legislativo.
https://www.20minutos.com.mx/noticia/484866/0/camara-de-diputados-convoca-a-audiencias-publicas-sobre-justicia-laboral/
Arrancan las audiencias públicas para la reforma laboral
Esta semana se llevarán a cabo en San Lázaro las mesas de trabajo para analizar las propuestas hacia la reforma laboral. Participarán autoridades en materia laboral, especialistas y representantes sindicales, patronales y de organizaciones civiles.
Gerardo Hernandez
25 de febrero de 2019, 13:37
Este martes inician en la Cámara de Diputados las mesas de trabajo para analizar la reforma laboral. En estas audiencias públicasparticiparán legisladores, autoridades en materia laboral, representantes sindicales, patronales y de organizaciones civiles, y diversos especialistas.
En diversos tratados y convenios internacionales México se comprometió a adoptar en su legislación temas como la democracia sindical y nuevos mecanismos de justicia laboral, aspectos que abarca el proyecto impulsadopor el gobierno federal.
Estas audiencias públicas son resultado de un acuerdo de la Comisión de Trabajoen San Lázaro para escuchar las propuestas de diversos sectores en torno a las iniciativas que buscan modernizar y actualizar la legislación laboral.
El programa
La primera mesa que se llevará a cabo el martes 26 analizará la transición de Juntas de Conciliación y Arbitraje a los Tribunales del Poder Judicial, derechos laborales del personal de las juntas, atención y desahogo de los juicios en trámite y el impacto presupuestal de la reforma laboral.
En esta primera audiencia participarán Alfredo Domínguez, subsecretario de Trabajo; Sara Elvira Morgan, procuradora de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México; Margarita Darlene Rojas, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, entre otros.
El miércoles 27 será el día de mayor actividad, habrá dos audiencias con temas relacionados a los sindicatos y la justicia laboral.
La primera mesa del día abordará los siguientes temas: derecho de asociación y negociación colectiva, voto secreto y democracia sindical, transparencia y rendición de cuentas en los sindicatos y contratación colectiva.
Estos puntos serán analizados por los secretarios generales de la CTM, CROC, CROM y CATEM; dirigentes sindicales del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y otras organizaciones.
La segunda audiencia programada para ese día abarcará el procedimiento de conciliación prejudicial y sus excepciones, las etapas y desahogo del procedimiento laboral, la protección de los derechos humanos en el procedimiento, y los recursos y medios de impugnación.
En esta mesa participarán Gerardina González Marroquín, directora de la Oficina para países México y Cuba de la Organización Internacional del Trabajo(OIT); el asesor en materia laboral, Arturo Alcalde Justiniani; Fernando Yllanes Martínez, presidente de la Comisión de Seguridad Social y Recursos Humanos de la Concamin; Gilberto Chávez Orozco, coordinador de la Comisión de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Barra Mexicana de Abogados, entre otros especialistas.
Las audiencias públicas para analizar la reforma laboral concluirán el jueves 28 de febrero con la mesa en la que se discutirán la facultades, alcances y estructura orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y de los Centros Locales de Conciliación. Además, la vinculación de los centros con el procedimiento laboral.
Los puntos anteriores serán analizados por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín; José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco – Servytur; Enrique Guillén Mondragón, presidente de la Canacintra y otros representantes patronales.
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Arrancan-las-audiencias-publicas-para-la-reforma-laboral-20190225-0072.html
La STPS, sin logros en política laboral en 2017, apunta la Auditoría Superior
Néstor Jiménez
Periódico La Jornada
Martes 26 de febrero de 2019, p. 11
En 2017 –durante la administración de Enrique Peña Nieto– la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no acreditó que, mediante planeación y una evaluación de la política laboral, se hayan logrado resultados en la materia, indicó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su tercera entrega de fiscalización a la cuenta pública de ese lapso.
Explicó que la dependencia no contó con mecanismos que le permitieran determinar que se cumplen los objetivos, líneas de acción, indicadores y metas nacionales y sectoriales, por lo que tampoco comprobó el avance de los propósitos de la reforma laboral de 2012.
Ante la carencia de indicadores del desempeño de la política laboral, la ASF hizo un comparativo de las cifras oficiales desde 2001 hasta 2017, lapso en que la tasa de desocupación aumentó en 1.6 puntos porcentuales.
Como parte de una auditoría de desempeño, la ASF verificó las cuatro estrategias y 18 líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo 2013-18, así como las directrices establecidas por la STPS para este mismo periodo.
En la revisión encontró que, aunque uno de los objetivos que estableció la dependencia era la transparencia y democracia sindical, “no se identificó la línea o estrategia de la planeación nacional o sectorial con la que se le pudiera dar cumplimiento”.
La ASF halló que la STPS “no acreditó que, mediante la planeación, coordinación, seguimiento y evaluación de la política laboral, contribuyó a la atención de los objetivos de la reforma laboral en cuanto a la generación de empleos formales”.
Tampoco se comprobó que las medidas tomadas por la dependencia garanticen la seguridad en los centros de trabajo, la equidad e inclusión, la eliminación de la discriminación, la transparencia y democratización de las actividades sindicales, ni que se haya mejorado la impartición de la justicia laboral.
Como consecuencia, sostuvo que ello afectó a un millón 849 mil desocupados, y a 45.9 millones de personas con empleo. Ante dichas observaciones, la ASF emitió 13 recomendaciones de desempeño a la secretaría.
Tras considerar que en 2017 la STPS operó su programa presupuestal P001, denominado “Instrumentación de la política laboral”, sin un enfoque hacia resultados, recomendó replantear esta partida.
https://www.jornada.com.mx/2019/02/26/politica/011n1pol
Tarda solución de conflictos laborales
Agencia Reforma
25 de febrero de 2019
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) presentó un rezago en la resolución de más de 254 mil 269 asuntos individuales en 2017.
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) presentó un rezago en la resolución de más de 254 mil 269 asuntos individuales en el 2017, lo que provocó incertidumbre jurídica tanto para los trabajadores como los patrones, advirtió la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Como parte de la tercera entrega del informe de la cuenta pública para 2017, la Auditoría determinó que el porcentaje de resolución de conflictos se redujo 9.7 puntos porcentuales durante el periodo que va de 2008 a 2017, al pasar de 93.3 a 83.6 por ciento.
«Lo que tuvo como consecuencia que a dicho año, existieran 254 mil 269 asuntos individuales en rezago, lo cual significó 2.7 veces más de los 93 mil 828 asuntos que puede atender la junta en promedio anual, ello se explica por la falta de instrumentación del Servicio Profesional de Carrera, que tenía como finalidad mejorar el servicio de impartición de justicia laboral», de acuerdo con la Auditoría.
En el informe también se advierte que la Junta Federal no implementó el Servicio Público de Conciliación, el cual tenía el propósito de profesionalizar al personal en la función conciliadora para impartir una justicia laboral de calidad, rápida, justa y equitativa en la resolución de los conflictos laborales.
A esto se añade que la Junta no privilegió la conciliación en la resolución de asuntos individuales, los cuales eran elementos previstos en la Reforma Laboral de 2012.
Por ello, la JFCA no ha logrado un adecuado desempeño en sus funciones en materia laboral y de conciliación entre empresas y trabajadores, concluyó la Auditoría.
«La atención de las recomendaciones al desempeño emitidas por la ASF permitirán que la Junta fortalezca sus mecanismos de operación y control para mejorar su desempeño en la solución de los conflictos individuales, con el propósito de dar atención a los asuntos que se tienen en rezago.
Diseñe un indicador que permita evaluar la calidad de los laudos emitidos de los asuntos colectivos; avance en privilegiar la conciliación como forma de solucionarlos, además de que ponga en marcha el Servicio Profesional de Carrera y el Servicio Público de Conciliación, que eran compromisos establecidos en la Reforma Laboral de 2012″, advirtió la Auditoría.
http://www.zocalo.com.mx/reforma/detail/tarda-solucion-de-conflictos-laborales
Se revisará el caso, asegura AMLO
Titular de la STPS descarta conflicto de intereses por las actividades de su padre
Arturo Alcalde Justiniani es asesor del Situam y del Stauach; ambos gremios se encuentran actualmente en huelga; Presidencia de la República emitió un comunicado para intentar resolver la controversia
Néstor Jiménez
Periódico La Jornada
Martes 26 de febrero de 2019, p. 10
Aunque reconoció que su padre sigue siendo asesor del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (Situam) y del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo (Stauach), los cuales se mantienen en huelga, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, aseguró que no hay algún conflicto de intereses, porque su padre, Arturo Alcalde Justiniani, no participa en este momento en dichos conflictos.
En respuesta ante un presunto conflicto de intereses en la dependencia por el desempeño profesional de su padre, la funcionaria federal reconoció que éste es asesor de diversos sindicatos desde hace 45 años, entre ellos las de ambas instituciones educativas.
“Si bien sigue siendo uno de los ocho asesores de dichos sindicatos, se asentó en la propia audiencia de ratificación de huelga su decisión de no participar desde el inicio del conflicto”, indicó la secretaria del Trabajo mediante una comunicado emitido por la Presidencia de la República.
Aseguró que tampoco tiene algún vínculo con las huelgas en maquiladoras de Tamaulipas que permanecen en paro. Sostuvo que la fotografía difundida en medios de comunicación en la que se ve a Alcalde Justiniani con Susana Prieto, abogada de los movimientos huelguistas en Matamoros, fue tomada en 2017, durante un foro de abogados laboristas.
Agregó que, “de acuerdo con sus facultades y atribuciones legales, la STPS no dicta resolución alguna en conflictos laborales, ya que sólo participa en las negociaciones como ente conciliador” y dijo que en la Ley General de Responsabilidades Administrativas “no existe disposición que señale algún impedimento para que mi padre pueda seguir desempeñándose en su labor profesional”.
Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre este tema, ante lo cual indicó que “si existe conflicto de intereses, eso es cosa de revisarlo legalmente, nosotros vamos a tomar en cuenta lo que tú estás planteando ahora y vamos a dar una respuesta si existe conflicto de intereses”.
La semana pasada, el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo, aseguró que es el abogado Arturo Alcalde “quien manda los mensajes” al interior de la STPS y lo acusó de estar detrás de la próxima reforma laboral.
https://www.jornada.com.mx/2019/02/26/politica/010n1pol
Primera diferencia entre Gómez Urrutia y la titular de la STPS
Néstor Jiménez
Periódico La Jornada
Lunes 25 de febrero de 2019, p. 7
El presidente de la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), Napoleón Gómez Urrutia, reiteró que no fue invitado al foro organizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y dijo que causa extrañeza que haya mayor comunicación y cercanía con el sector patronal que presiona para incorporar a los seudolíderes.
El viernes pasado, el también senador criticó que no haya sido convocado por esa secretaría al acto donde se firmó un acuerdo tripartita y se haya privilegiado al viejo sindicalismo.
Por su parte, Luisa María Alcalde, titular de la dependencia, dijo que el legislador fue invitado en dos ocasiones.
En respuesta a la funcionaria federal mediante una carta enviada a El Correo Ilustrado de La Jornada, Gómez Urrutia insistió en que nunca recibió una invitación: Sin ánimo de crear polémica, el presidente de la CIT afirmó que nunca se recibió invitación a la reunión que convocó la STPS, en la que estuvo presente el director general de la OIT, para participar y expresar nuestros puntos de vista sobre el proyecto de reforma laboral del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la nueva estrategia de justicia laboral.
La postura marca la diferencia respecto a la invitación que recibieron los sindicatos y confederaciones que se han opuesto y actuado en contra de esa reforma, como la CTM y la CROC, que son los dueños de los contratos de protección patronal, han querido eliminar de la Ley Federal del Trabajo los derechos de libertad sindical, de contratación colectiva e incluso de huelga, en una clara traición a la lucha histórica de la clase trabajadora de México.
El legislador preguntó si dichas agrupaciones ¿son los representantes de la nueva política laboral o los grandes opositores que nada han querido cambiar? ¿Por qué no se invitó a los representantes de Morena? Extraña que haya mayor comunicación y cercanía con el sector patronal. Éstos que a su vez presionan para incorporar a los seudolíderes que nunca han defendido los derechos de los trabajadores ni comparten la visión de Estado de nuestro presidente.
Recordó que ambas organizaciones fueron expulsadas de la Confederación Sindical Internacional que afilia a cerca de 180 millones de trabajadores.
https://www.jornada.com.mx/2019/02/25/politica/007n2pol
Piden centrales obreras coordinación con empresas y gobierno ante avance
NOTIMEX 21.02.2019 – 17:26H El tripartismo debe servir como herramienta para que los trabajadores, empresarios y autoridades gubernamentales se adapten a los cambios tecnológicos que se están dando en el mundo del trabajo y evitar el desempleo, afirmaron dirigentes de diversas centrales obreras.
Asimismo, mencionaron que el país puede crecer al índice de cuatro por ciento en los próximos años, pues consideraron que se encuentra estancado en dos por ciento desde hace mucho tiempo.
Confiaron en que los empresarios se sumen al exhorto del presidente Andrés Manuel López Obrador de invertir en México, pues el gobierno federal se comprometió a apoyar al sector privado en diferentes rubros.
Al participar en el Foro Tripartito Nacional sobre el Futuro del Trabajo y Justicia Social, efectuado en el Museo Nacional de Antropología e Historia, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo, señaló que las organizaciones sindicales del país aceptan el reto de impulsar el trabajo decente.
Los beneficios que se obtengan de esa iniciativa, enfatizó el dirigente, serán paulatinos para los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, aclaró, que esta propuesta no se debe aplicar como un decreto, se tiene que escuchar a los sectores productivos, tomando en cuenta que 85 por ciento del empleo que hay en el país lo generan las pequeñas y medianas empresas.
Por eso, abundó, las autoridades federales deben apoyar a ese sector tan importante para el crecimiento del país y el fortalecimiento del mercado interno, pues consideró que el tripartismo es algo de lo más justo, ya que se hace un gran esfuerzo para beneficiar a la población y a la clase trabajadora.
Según Aceves del Olmo, “si hay un salario digno, alimentos sobre la mesa así como buenas prestaciones sociales y atención médica, en el país se mantendrá la paz laboral”.
A su vez, Rodolfo González Guzmán, líder de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), apuntó que la Ley Federal del Trabajo es uno de los documentos más importantes que hay a nivel mundial, donde se establece que el derecho al trabajo debe ser de carácter social.
Comentó que el tripartismo es un elemento importante que debe servir para la transformación del mundo laboral y evitar que el avance tecnológico genere despido de trabajadores. A su parecer es fundamental fortalecer el sistema de seguridad y el diálogo social entre los factores de la producción.
José Luis Téllez, representante de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), afirmó que después del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del 1 de julio pasado, es necesario desterrar el clientelismo electoral y el corporativismo que tanto daño le han provocado al movimiento obrero.
Apuntó que la UNT impulsará una iniciativa para el fortalecimiento del sindicalismo, así como de la justicia laboral, con el objetivo de modernizar al mundo del trabajo. En su opinión, es necesario el diálogo con el gobierno federal para presentarle propuestas y darle seguimiento a las políticas públicas que instrumente.
En tanto, Isaías González Cuevas, líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), consideró necesario combatir los contratos de protección patronal, ya que en algún momento pueden terminar con el trabajo decente. Sobrevivirán las organizaciones sindicales que realmente defiendan los derechos de los trabajadores, puntualizó.
https://www.20minutos.com.mx/noticia/483646/0/piden-centrales-obreras-coordinacion-con-empresas-y-gobierno-ante-avance/
Reforma laboral, apuesta del nuevo gobierno para empoderar al trabajador: expertos
Expertos indicaron que esta es una oportunidad para que se terminen los contratos de protección patronal, así como prohibir toda interferencia patronal en las actividades sindicales.
ZENYAZEN FLORES @ElFinanciero_Mx 4:50
En materia laboral sí va a haber una transformación y los contratos de protección patronal se van a morir. experto.Bloomberg
La reforma laboral de los diputados de Morena, que respalda la Secretaría del Trabajo, es la apuesta del gobierno de López Obrador para empoderar a los trabajadores en la elección de dirigentes sindicales y en la revisión de salarios y contratos frente a sindicatos y empresas, así como para acabar con los contratos de protección patronal, coincidieron expertos.
Fernando Yllanes, miembro del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dijo que derivado de los compromisos de México en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), “se ha empoderado a los trabajadores” y ahora contarán con el voto secreto para renovar dirigencias, para construir comisiones revisoras de contratos colectivos, emplazar a huelga y para solicitar la revisión de los contratos.
“En materia laboral sí va a haber una transformación y los contratos de protección patronal se van a morir porque el T-MEC obliga a que cada cuatro años se revisen todos los contratos colectivos”, expuso el socio director del Bufete Yllanes Ramos.
Carlos de Buen, director general del Bufete De Buen, señaló que lo que se discutirá en la Cámara de Diputados serán cambios a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para reconocer la libertad sindical y el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva, así como prohibir toda interferencia patronal en las actividades sindicales.
Para Carlos Ferrán, socio del Bufete Cuesta Campos, si bien habrá cambios a la LFT para fortalecer la negociación colectiva, no se debe olvidar que la reforma también abordará modificaciones para transitar de las juntas de conciliación y arbitraje a juzgados y hacer más expeditos los juicios laborales.
“Si limitamos la reforma a lo colectivo, sin duda se empodera al trabajador porque vamos a necesitar sindicatos más activos y porque el gobierno va contra los contratos de protección, pero la modificación procesal va en beneficio no solo de los trabajadores sino de las empresas, ya que ambas quieren juicios más rápidos”, expuso.
La reforma a la LFT es obligatoria para cumplir tres ordenamientos: Reforma constitucional en materia de justicia, de febrero de 2017, Capítulo Laboral del T-MEC que pide representatividad de trabajadores en la negociación colectiva y la ratificación del Convenio 98 de la OIT que establece libertad de asociación sindical y negociación colectiva.
https://elfinanciero.com.mx/economia/reforma-laboral-apuesta-del-nuevo-gobierno-para-empoderar-al-trabajador-expertos
Promoverá Morena el modelo de conciliación en la reforma laboral
Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Martes 22 de enero de 2019, p. 10
El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados informó que dará prioridad en el próximo periodo de sesiones a la ley reglamentaria de la reforma constitucional en materia laboral, con la finalidad de aterrizar el modelo de conciliación.
“Líderes sindicales que han hecho fortunas con la venta de contratos de protección a empresas verán el fin de ese negocio”, dijo ayer Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la cámara.
La legisladora recordó que el modelo de justicia laboral permitió los llamados contratos de protección patronal y refirió que en diciembre su bancada presentó una iniciativa de modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de dar cauce legal a la reforma constitucional.
Fin a sindicatos “blancos”
En el caso de los sindicatos conocidos como “blancos”, citó que al menos tres cuartas partes de los contratos son de protección patronal, “es decir, no sirven para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores”, y sostuvo que la decisión de acabar con esas figuras “será una transformación de fondo en el ámbito laboral ”.
Dolores Padierna cuestionó que los denominados “gobiernos de la alternancia” renunciaron a tocar los pilares del viejo régimen, por incapacidad o por fidelidad a sus patrocinadores, y “mantuvieron un modelo de justicia laboral que favoreció la existencia de sindicatos falsos, que hasta la fecha alimentan mafias laborales a lo largo y ancho del país”.
Expuso que en febrero de 2017 entró en vigor la reforma constitucional en materia de justicia laboral, enfocada en poner fin a sindicatos de ese tipo, así como crear tribunales laborales para sustituir a los que operan en el ámbito del Poder Ejecutivo, con el ánimo de privilegiar la conciliación en la solución de controversias entre trabajadores y empresas.
Señaló que la propuesta de Morena para reformar la Ley Federal del Trabajo tiene la finalidad de hacer realidad los cambios constitucionales. “La iniciativa permitirá, además, cumplir con las obligaciones establecidas en el texto del nuevo tratado comercial entre Estados Unidos, Canadá y México”, añadió.
Padierna Luna consideró que hacer realidad una reforma de este tipo “entraña numerosos retos, porque los rezagos son enormes. Sólo por dar unos datos: los juicios laborales pendientes en el ámbito federal son el doble que los litigios penales, civiles, mercantiles y familiares. En números gruesos, 400 mil contra 200 mil”.
En ese contexto, resaltó que el Congreso de la Unión debe obligarse a privilegiar la conciliación para que los asuntos de la materia laboral no lleguen a juicio.
https://www.jornada.com.mx/2019/01/22/politica/010n3pol
Morena va por transformación de fondo en el sector laboral: Dolores Padierna
Por Redactor En Ene 21, 2019
Acustik Noticias
La diputada de Morena, Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la Mesa Directiva, aseguró que se acerca la hora de la justicia laboral, que pondrá fin a los contratos de protección patronal, los cuales históricamente sólo han favorecido a unos cuantos y no han traído verdaderos beneficios para los trabajadores.
Cuando estuvieron en el poder los gobiernos de derecha, mantuvieron un modelo de justicia laboral que favoreció la existencia de sindicatos falsos, de los llamados ‘sindicatos de protección patronal’”.
La diputada de Morena explicó que, en febrero de 2017, entró en vigor la reforma constitucional en materia de justicia laboral, enfocada en poner fin a los sindicatos de protección, a crear tribunales laborales y a privilegiar la conciliación en la solución de las controversias laborales.
Debido a lo anterior, dijo que Morena ya presentó una iniciativa para reforma la Ley Federal del Trabajo y hacer realidad el espíritu de dicha reforma, toda vez que hoy día, tres cuartas partes de los contratos colectivos de trabajo son de protección patronal, mismos que, dijo, no sirven para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.
Hacer realidad esta trascendente reforma entraña numerosos retos, porque los rezagos son enormes. La decisión de acabar con los contratos de protección significará una verdadera transformación de fondo en el mundo laboral mexicano. Los líderes sindicales, a los que los trabajadores ni conocen y que han hecho fortunas con la venta de contratos a empresas, verán el fin de sus negocios. Y eso es una buena noticia para la sociedad mexicana”.
http://acustiknoticias.com/2019/01/morena-va-por-transformacion-de-fondo-en-el-sector-laboral-dolores-padierna/
La reforma de justicia laboral más profunda en más de un siglo
La reforma es necesaria ante la evidencia rigurosa de la existencia de los contratos de protección patronal (76% de los contratos colectivos de jurisdicción federal) y el pésimo funcionamiento de los juicios laborales individuales, que en su mayoría son demandas por despido injustificado.
Por: David S. Kaplan (@David_S_Kaplan) y Joyce Sadka
El 25 de febrero de 2017 entró en vigor una reforma constitucional en materia de justicia laboral que fijó el marco general para establecer un nuevo sistema de justicia laboral. La reforma constitucional contiene tres aspectos básicos. Primero, con la finalidad de erradicar los llamados “sindicatos de protección patronal”, se hace obligatorio que un sindicato compruebe que representa a los trabajadores, a través del voto libre y secreto. Segundo, se transfieren los juicios laborales que actualmente se resuelven en el poder ejecutivo, específicamente en las juntas de conciliación y arbitraje, a tribunales laborales del poder judicial para mejorar el proceso y la calidad de impartición de justicia. Tercero, para privilegiar la conciliación en el proceso de solución de controversias, se instituye una etapa de conciliación obligatoria en una instancia administrativa como condición previa para iniciar un juicio laboral.
El 3 de enero de 2019, el grupo parlamentario de Morena envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de Justicia Laboral (la iniciativa). El propósito principal de la iniciativa es cumplir con lo establecido en la reforma constitucional de 2017. Adicionalmente, la iniciativa permite satisfacer las obligaciones establecidas en el nuevo tratado comercial entre México, Canadá y Estados Unidos; en términos prácticos, este tratado establece la aprobación de la legislación secundaria derivada de la reforma constitucional de 2017 como condición para la entrada en vigor del tratado.
En nuestra opinión, la iniciativa representa un avance importante para la impartición de justicia laboral en el país. (Es de notar que no opinábamos lo mismo sobre la reforma de 2012). La iniciativa fue elaborada a partir del trabajo de un grupo de expertos organizados por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, el cual incluyó litigantes patronales, litigantes de los trabajadores, autoridades laborales de niveles tanto local como federal, miembros de poderes judiciales, sindicalistas, representantes del sector patronal y académicos. La diversidad de opiniones y la apertura de los participantes dio como resultado una iniciativa de reforma sólida y muy rica. No obstante, consideramos que la iniciativa podría ser mejorada sustancialmente por medio de ajustes menores. Esta columna tiene el afán de sugerir estos ajustes.
Una reforma necesaria ante un problema gigantesco
¿Por qué es necesaria esta iniciativa? Hay dos respuestas claras. La primera es la evidencia rigurosa de la existencia de los contratos de protección patronal, es decir, los contratos colectivos que no sirven para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Se estima que el 76% de los contratos colectivos de jurisdicción federal son de protección patronal. La segunda es el pésimo funcionamiento de los juicios laborales individuales, que en su mayoría son demandas por despido injustificado.
Los juicios laborales presentan un sinfín de problemas. Aquí explicamos solo un ejemplo. En 2011 realizamos un estudio del funcionamiento de una de las Juntas Locales más grandes del país, sistematizando en bases de datos electrónicas la enorme riqueza de información que aparece en los expedientes de dicha Junta. En este estudio descubrimos que más del 50% de los laudos favorables al trabajador no se cumplían. En este mismo estudio, utilizando métodos de estimación estructurales estimamos que alrededor del 40% de las empresas que pierden laudos en la jurisdicción estudiada, son “a prueba de cobranza”, es decir, aun cuando el trabajador intenta un procedimiento de ejecución, es imposible ejecutar un laudo laboral en su contra. Por un lado, esto ocurre porque muchas empresas dejan de existir durante los tres años que se requieren en promedio para alcanzar un laudo (mientras según la ley un juicio debe durar menos de cuatro meses). Por otro lado, muchas cuentan con mecanismos para evitar el pago, como la manipulación de diversos Registros Federales de Contribuyentes o la corrupción de las autoridades laborales que deben dar cumplimiento a los laudos.
El tipo de problemas del párrafo anterior son sistémicos en la justicia laboral y provienen de los malos incentivos que la propia ley provee y la impunidad en su aplicación. Por estas razones, el traslado de los juicios laborales al poder judicial no representa por sí solo un beneficio significativo. Es necesario mejorar la ley para eliminar los incentivos a las prácticas indebidas y fortalecer las herramientas que aseguran el cumplimiento de las decisiones finales de los tribunales.
Una reforma ambiciosa, pero con riesgos
Sin duda la reforma laboral tiene potencial para revolucionar, en el buen sentido, el sindicalismo mexicano y la impartición cotidiana de la justicia laboral. Pero también presenta retos complejos de diseño e implementación. ¿Cómo diseñar mecanismos efectivos y costeables de verificación de la representatividad de un sindicato? ¿Cómo rediseñar la ley sustantiva y procedimental para que no se reproduzcan en el poder judicial los mismos malos incentivos y prácticas que observamos en las juntas de conciliación y arbitraje? ¿Cómo evitar la duplicación de procesos e implementar la coordinación y comunicación correcta entre instancias administrativas y judiciales y proveer incentivos a patrones y trabajadores para que la conciliación sea efectiva y se transforme en la manera más común de solucionar los conflictos laborales?
Sobre este último punto es importante señalar que la reforma será inoperable si los centros de conciliación que crea no resultan efectivos para conciliar un alto porcentaje de los conflictos. Esto es porque la cantidad de juicios laborales es enorme en comparación con la carga de trabajo actual del poder judicial. En 2017, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje reportó 422,978 juicios laborales en trámite, de los cuales aproximadamente la mitad eran conflictos individuales del trabajo. En el mismo año el Poder Judicial de la Federación tuvo en trámite alrededor de 200,000 juicios en materia civil, mercantil, familiar y penal. Para el mismo periodo el INEGI declaró que solamente el 51.4% de los conflictos de despido en México (de jurisdicción local) concluyeron en un convenio conciliatorio. (La tasa de convenios a nivel federal difícilmente superaría la local por renuencia a conciliar de los organismos paraestatales). La única solución a este problema grave de flujos, que requeriría una expansión incosteable de la infraestructura y capacidad del poder judicial, es aumentar muy sustancialmente la tasa de convenios conciliatorios para concluir los juicios laborales.
La buena noticia es que es posible mejorar los procesos de conciliación, pues países con alta propensión al litigio como EEUU, y otros con leyes extremadamente favorables a los trabajadores como Australia, logran conciliar el 80% de sus conflictos laborales. Más aún, un estudio empírico muy reciente llevado a cabo en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México muestra que, en los juicios laborales, proporcionar información estadística directamente al trabajador sobre los probables resultados del juicio aumenta sustancialmente la probabilidad de alcanzar un convenio y mejora el bienestar del trabajador. Por esta razón, nos parece muy apropiado que la iniciativa exija que el trabajador comparezca personalmente a la audiencia de conciliación.
¿Qué hace la reforma en esta iniciativa?
En lo colectivo, la propuesta instituye mecanismos serios para la verificación y declaración de representatividad, lo que dificultará la existencia o persistencia de sindicatos falsos. Nuestra experiencia en la investigación y en el campo, sin embargo, se concentra en el derecho individual del trabajo, por lo que concentraremos nuestros comentarios en cómo la nueva ley regularía los conflictos de despido, que representan más del 90% de las demandas laborales de tipo individual. En nuestra opinión, la iniciativa tiene los siguientes aspectos cruciales:
- La inclusión de sanciones importantes por actos indebidos de partes, litigantes y funcionarios.
- La creación de los órganos de conciliación con la autonomía e independencia de función necesarias para que sean efectivos.
- El establecimiento de un procedimiento de conciliación sensato, que incluye una sanción significativa para los patrones citados que no asistan a la audiencia de conciliación y la exigencia de que el trabajador mismo (no necesariamente con un abogado) esté presente en la audiencia.
- La adopción de innovaciones en las notificaciones a las partes involucradas, las cuales suelen ser los principales cuellos de botella en los juicios. Una innovación importante es la creación de buzones electrónicos para facilitar la comunicación para las notificaciones posteriores a la primera. Otra innovación es la asignación diaria y aleatoria de los expedientes a los notificadores, lo que se ha mostrado científicamente como efectivo en reducir la probabilidad de que los notificadores incurran en actos de corrupción, pues tendrían menos poder sobre el proceso.
- La inclusión de las pruebas en el escrito inicial de demanda, lo que debe traducirse en un ahorro importante de tiempo.
- El carácter oral de las audiencias jurisdiccionales, con un procedimiento moderno y la presencia obligatoria del juez laboral.
- La no reversión de la carga de la prueba en un juicio laboral como resultado del ofrecimiento de reinstalación del patrón al trabajador. Este es un cambio sutil pero importante. En un juicio laboral donde la relación laboral es evidente, el patrón tiene la carga de la prueba; es decir, para ganar el juicio, el patrón debe probar que el despido no ocurrió, o que fue justificado. No obstante, bajo la normatividad vigente, el patrón puede revertir la carga de la prueba si ofrece restituir el empleo al trabajador. Por esta razón, es difícil que un trabajador rechace la oferta de regresar a su empleo. En muchos casos, estas ofertas de reinstalación son simulaciones. El patrón ofrece que el trabajador regrese para evitar ser condenado en el juicio actual, pero al poco tiempo vuelve a despedir al trabajador.
- Permitir que un patrón que no dio un aviso de despido demuestre que el despido fue justificado. Actualmente, el simple hecho de no haber dado un aviso de despido es suficiente para una determinación de un despido injustificado. Sin embargo, entregar un aviso de despido es difícil o costoso en muchos casos, especialmente para empresas pequeñas.
- La inclusión de una obligación para las autoridades jurisdiccionales de utilizar mecanismos efectivos de cumplimiento de sus sentencias, como son la investigación y embargo de cuentas bancarias a través del Sistema de Atención a Requerimientos de Información de Autoridad del SAT y el aviso al IMSS para las sanciones pertinentes en materia de seguridad social.
A pesar de todas las bondades de la iniciativa, consideramos que hay un riesgo que podría limitar su efectividad. La iniciativa especifica que la primera notificación tiene que ser personal (no electrónica) y tiene que ocurrir en un plazo máximo de cinco días después de que el trabajador pide la audiencia de conciliación. Si no logran realizar la notificación en ese plazo, se da por concluida la fase de conciliación y se procede a la fase judicial. Con base en la experiencia de las notificaciones en las juntas de conciliación y arbitraje, nos preocupa que en la gran mayoría de los casos las notificaciones no ocurran a tiempo para que el proceso de conciliación se lleve a cabo. La falta de conciliación ahogaría las instancias jurisdiccionales y podría llevar la iniciativa al fracaso. Los ajustes que sugerimos para evitar estos riesgos son:
- Dotar a las autoridades de conciliación de un plazo más largo y de mejores herramientas para realizar la primera notificación. Los cinco días permitidos en la iniciativa de Morena simplemente no son suficientes para llevar a cabo la primera notificación. Dado que la iniciativa contempla un periodo de 45 días para la fase de conciliación, es perfectamente factible agregar 10 días para la primera notificación.
- Obligar a la notificación electrónica. La iniciativa permite la notificación electrónica para las notificaciones posteriores a la primera, pero no le da un carácter obligatorio, a pesar de la comparecencia personal previa de la parte a notificar, ni siquiera en el caso de que esta parte sea un organismo público. La notificación electrónica debe ser obligatoria para los organismos públicos, incluyendo la primera notificación, pues en la actualidad reciben todo tipo de notificaciones oficiales por medios electrónicos, incluyendo las hacendarias, las de amparo y otras. Proponemos que las notificaciones para los particulares, posteriores a la primera, sean obligatoriamente electrónicas, con pocas excepciones en los casos en que realmente no se tiene acceso a medios electrónicos. Finalmente, todas las notificaciones en la fase judicial deben ser electrónicas. Es decir, las instituciones tanto de conciliación como jurisdiccionales deben estar vinculadas de manera que la notificación personal de los centros sirva para sustentar notificaciones electrónicas posteriores por parte de los tribunales. De otro modo, la notificación personal, que es el cuello de botella más importante del proceso laboral, se duplica, entorpeciendo el trabajo de las nuevas instituciones y poniendo en riesgo la efectividad de una buena reforma.
Como comentario final, es imprescindible que las nuevas instituciones a cargo de la justicia laboral cuenten con sistemas de gestión inteligentes, integrales y seguros para garantizar un manejo eficiente del proceso de todo conflicto laboral, tanto en la etapa de conciliación como en la de juicio. Es difícil exagerar la importancia del diseño e implementación correctos de estos sistemas, y la vinculación informática efectiva de todas las autoridades involucradas (centros de conciliación y tribunales laborales), además de organismos que son partes, terceros, o coadyuvantes en la ejecución de sentencias (IMSS y SAT, por ejemplo). Ojalá haya la voluntad política de utilizar los recursos y herramientas tecnológicas disponibles para darle la mejor oportunidad de éxito a esta iniciativa con el fin de garantizar la calidad y acceso a la justicia laboral para todos.
* David S. Kaplan es Especialista Sénior en la División de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Forma parte del grupo de expertos de @MexicoComoVamos. Joyce Sadka es profesora e investigadora del ITAM. Es doctora en economía por la Universidad de Rice y obtuvo el grado de Juris Doctor por la Universidad George Mason.
https://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-mexico-como-vamos/2019/01/15/la-reforma-de-justicia-laboral-mas-profunda-en-mas-de-un-siglo/?fbclid=IwAR3YLHK5Fb-pIEuFEIqJPiC0w6RCWNKdrz7FEBqY9K-WJ-Fu8R17zqRdUwY
Salir de la oscuridad
16 enero, 2019
Saúl Escobar Toledo
De manera similar a lo que sucede en la industria del petróleo, en la que se ha revelado la existencia de una estructura paralela, oculta e ilegal que ha servido para proporcionar enormes ganancias a particulares, en el mundo laboral hace tiempo que viene operando un esquema similar. En este caso, se trata de sindicatos de papel que no representan a sus pretendidos agremiados y de contratos colectivos que no son del conocimiento de los trabajadores y nunca han sido negociados entre la representación de los empleadores y la parte obrera. Se les ha llamado contratos de protección patronal pues solo han servido para que éste pueda manejar a su antojo las condiciones de trabajo.
Como en el caso de la industria de los hidrocarburos, las estructuras paralelas surgieron desde el interior de las instituciones del Estado, Pemex en el caso del huachicol y en la Secretaría del Trabajo y las Juntas de Conciliación y Arbitraje en los asuntos laborales. Si allá han servido para enriquecer a una amplia red de funcionarios públicos y negociantes privados, acá los beneficiados han sido un conjunto de líderes espurios, despachos de abogados y autoridades corruptas que se han comportado como una verdadera mafia para repartirse el dinero mal habido, simular que sucede lo que nunca sucede (una relación obrero patronal basada en organizaciones gremiales representativas), y protegerse unos a otros.
No son las únicas muestras de la corrosión de las estructuras del Estado. Es el caso también, muy notable, de la seguridad pública, donde mandos policiacos de distinto rango y nivel, jueces y ministeriales fingen cumplir con su deber cuando en realidad solapan o pertenecen a grupos criminales.
Aunque indudablemente en todos los ámbitos existen funcionarios honestos que se esfuerzan por cumplir con la ley y su responsabilidad, en las últimas décadas el surgimiento de camarillas y mecanismos ocultos dentro de las propias instituciones, concertados para satisfacer intereses particulares, se ha agudizado. En el caso del mundo laboral, la ausencia de democracia sindical viene de muchas décadas atrás, sobre todo desde fines de los años cuarenta del siglo pasado. Pero con la globalización de los mercados y las políticas neoliberales, el sindicalismo se convirtió, en su mayor parte, en un aparato vacío, fantasmal y sombrío.
No hay mal que dure cien años, dice el refrán. En este caso, la presión internacional principalmente de nuestros socios extranjeros, Canadá y Estados Unidos, y de los organismos internacionales como la OIT, han jugado un papel destacado para tratar de modificar esta situación pues consideraron que la ausencia de representaciones sindicales legítimas y democráticas en nuestro país forman parte de un sistema ilegal que ha servido para bajar artificialmente los salarios y prestaciones y atraer inversiones extranjeras, una competencia desleal que debe ser combatida.
Ello, junto con diversas manifestaciones de descontento nacionales, llevaron a una reforma del 123 constitucional en febrero de 2017. Sin embargo, durante casi dos años, ésta no se ha aplicado porque no se ha reformado la Ley Federal del Trabajo. El cambio político ocurrido el año pasado y la nueva composición del Congreso de la Unión parece abrir por fin esta posibilidad. En las últimas semanas, diversas iniciativas, entre ellas la suscrita por algunos diputados de Morena, fueron presentados ante el Congreso. Se trata de un proyecto que recoge puntos de vista de sindicalistas, abogados y académicos del Observatorio Laboral. Se propone construir un nuevo modelo basado, en primer lugar, en la independencia del sistema de justicia respecto del Poder Ejecutivo, lo que implica la eliminación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Pero en segundo lugar y de manera igualmente destacada, busca garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores. Con ello, se afirma, el mercado de trabajo y las relaciones obrero-patronales podrían convertirse en espacios de inclusión social, frenando la pobreza y la desigualdad imperantes.
En este comentario abordaremos solamente una parte de las reformas: la que tiene que ver con la democracia sindical y la negociación colectiva. Una pieza clave de este nuevo modelo es el Centro Federal de Conciliación y Registro Sindical (el CFCyR) el cual tendrá a su cargo el registro de los sindicatos y contratos colectivos. Vigilará también el respeto a la democracia sindical. Se trata de un organismo novedoso que deberá gozar de plena autonomía y regirse por los principios de independencia, imparcialidad y transparencia. El texto prevé un periodo de transición pues el Centro empezaría a funcionar en un plazo no mayor de dos años.
De acuerdo con la iniciativa, habrá plena libertad para organizar sindicatos, pero la autoridad cuidará que éstos cumplan con sus estatutos. No habrá afiliación obligatoria y la elección de sus directivas tendrá que realizarse por voto personal, libre y secreto. Las organizaciones estarán también obligadas a rendir cuentas de la administración de su patrimonio.
El registro de estos colectivos se simplificará y solo se requerirá copia de las actas de su asamblea constitutiva y de la elección de su directiva; la lista de sus miembros; y la presentación de sus estatutos. La autoridad, el CFCyR, no podrá negar dicho registro pero sí deberá observar que sus reglas internas contemplen, necesariamente, el voto secreto y la representación proporcional de género de sus dirigencias.
El proceso legal para pactar contratos colectivos es un poco más complejo ya que el sindicato deberá contar previamente con una Constancia de Representatividad (CR) expedida por el CFCyR. Dicha Constancia solo podrá obtenerse si se realiza una consulta con los trabajadores mediante voto personal, libre y secreto. Esta Constancia requerirá por lo menos el respaldo del 30 por ciento de los asistentes y, en caso de que concurran dos o más asociaciones, la constancia se otorgará a la que resulte mayoritaria. El Centro también se encargará de convocar y organizar el proceso de votación, elaborará las boletas, instalará las urnas y hará el registro de los votantes. Llevará a cabo también el escrutinio y cómputo de la votación, levantará el acta correspondiente y dará fe de su validez. Finiquitado este paso, y si se cumplen los requisitos legales, la autoridad deberá resolver la procedencia de la solicitud de la Constancia de Representatividad y entonces se podrá dar validez al contrato colectivo.
Este procedimiento, completamente nuevo, tiene como finalidad evitar cualquier forma de simulación que permita a un grupo de personas usurpar la representación de los trabajadores en las negociaciones con el empleador. Pretende también impedir que las autoridades decidan arbitrariamente la procedencia de un registro sindical o de un contrato colectivo, fenómeno muy común desde hace años que ha impedido el surgimiento de sindicatos independientes y democráticos.
Una buena ley no garantiza su inviolabilidad. En caso de que se apruebe el texto, el respeto a la voluntad de los trabajadores, mediante el voto secreto, dependerá ahora, sobre todo, de la conducta y probidad de las autoridades encargadas del flamante Centro Federal de Conciliación y Registro. La iniciativa de Morena, junto con otras ya presentadas o en curso, deberán discutirse en febrero, durante el periodo ordinario, y sufrir todos los cambios que sean necesarios, siempre de acuerdo con los preceptos constitucionales. Una vez aprobada, el gobierno deberá tener tiempo suficiente para preparar el cambio. Estamos ante una oportunidad histórica de construir una nueva realidad en el que se elimine la simulación y se destierren esas estructuras paralelas, ocultas e ilegales que han controlado el ámbito laboral. Con ello, el sindicalismo mexicano podría empezar a salir de las sombras y, de manera transparente, reinventarse con la participación genuina de sus afiliados.