Revolución sindical


Por Martín Espinosa
11 de Diciembre de 2018
Con el cambio de régimen que ocurrió a partir del pasado primero de diciembre, han surgido las primeras modificaciones de raíz no sólo en la forma de concebir el modelo económico que más conviene al país en estos tiempos de turbulencias provocadas por la renuencia de cambiar las formas de hacer política, sino también en la manera en que ahora son tomadas las decisiones que, sin duda, impactarán en el futuro inmediato a millones de mexicanos. En las próximas semanas, ya entrado el 2019, vendrá otra sacudida a las viejas estructuras del modelo anterior: la actividad de los sindicatos en el país.
Apenas el viernes pasado, ocurrió algo de lo que pocos dieron cuenta debido a que los reflectores están dirigidos en estos días al “choque” entre los poderes Ejecutivo y Judicial por el intento de frenar los privilegios de que gozan jueces y magistrados: resulta que la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) fueron expulsadas de la Confederación Sindical Internacional (CSI), organismo mundial cuya misión es promover y defender los derechos de los trabajadores e impulsar la cooperación internacional entre sindicatos, así como garantizar la lucha contra la discriminación laboral y los principios de democracia e independencia sindical, nada de lo cual ha caracterizado a las dos centrales obreras mencionadas. El organismo internacional argumentó que las dos confederaciones mexicanas siguen llevando a cabo acciones contrarias a los principios y valores de los trabajadores.
Después de esta expulsión de la organización sindical más importante a nivel global, tanto la CTM como la CROC tendrán una menor participación en organismos internacionales, como es el caso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ello ocurrió en el marco del 4º Congreso Mundial de la CSI, realizado en Copenhague, Dinamarca, en donde presentó su Quinto Informe en el que dio a conocer la determinación de sacar de sus filas a la CTM, que encabeza Carlos Aceves del Olmo, y a la CROC, cuyo secretario general es Isaías González Cuevas.
De acuerdo con los antecedentes, estas dos centrales obreras son señaladas por promover los contratos de protección patronal en México, lo que obstaculiza la libertad y democracia sindical, lo cual ha dañado la situación económica de la clase trabajadora de nuestro país.
En el informe se indica que “dichas organizaciones corporativas continúan realizando acciones contrarias a los principios y valores de los trabajadores y en consecuencia de la CSI”. La reunión plenaria del Congreso votó y aprobó por unanimidad de los delegados la expulsión de 10 afiliadas de la región de Latinoamérica, por lo que desde esta fecha, la CTM y la CROC de México han dejado de pertenecer a la membresía de la CSI. En el Congreso Mundial participaron más de 1,200 sindicalistas procedentes de cerca de 130 países. Cabe señalar que el tema de este Congreso estuvo enfocado en “reforzar el poder de los trabajadores y trabajadoras: cambiar las reglas”. Los sindicalistas debatieron las estrategias para contrarrestar los ataques de las empresas transnacionales y los gobiernos neoliberales y construir un sindicalismo de cara a la sociedad.
Lo sucedido en Dinamarca es apenas el inicio del “desmantelamiento” del sindicalismo corporativista que se fortaleció durante las últimas 4 décadas en el país al amparo del antiguo régimen. Mucho trabajo tendrán de ahora en adelante los legisladores federales para modificar el esquema laboral mexicano bajo las propuestas que pronto hará el senador Pedro Haces Barba, integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta.

https://www.excelsior.com.mx/opinion/martin-espinosa/revolucion-sindical/1284042

Reforma en justicia laboral tardará cuatro años en aterrizar

Propuesta de leyes privilegia la creación del nuevo sistema de justicia, un centro de conciliación y registro sindical y la democratización sindical; de momento no toca outsourcing ni salarios.
Maria Del Pilar Martínez
06 de diciembre de 2018, 01:33
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Para transitar en el nuevo modelo de relaciones laborales contractuales, el nuevo gobierno mexicano optó por privilegiar tres aspectos fundamentales: modificar el sistema de justicia; crear un nuevo centro de conciliación y registro sindical autónomo, y privilegiar la democratización sindical, dejando para una segunda generación de reformas temas como outsourcing y salarios.
La reforma más importante en 100 años a la Ley Federal del Trabajo cumple con las exigencias de la reforma constitucional del 2012, la Ley General de Transparencia, los Convenios internacionales (87 y 98 de la OIT) y con el capítulo y anexo del T-MEC, comentaron participantes en la elaboración del documento que se entregará al Congreso de la Unión como iniciativa legal impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Cabe destacar que la totalidad de la reforma estará vigente hasta después de un periodo de cuatro años, pues por asuntos presupuestales no se puede crear el organismo autónomo que llevara el registro de los sindicatos; como tampoco se pueden poner en funcionamiento los tribunales.
Asimismo, el documento refiere que hubo el consenso de todos los sectores, pues participaron, desde el Observatorio Laboral, el Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Patronal de la República Mexicana y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).
Entre los temas que destaca está la regulación en los emplazamientos a huelga, con el fin de terminar con las extorsiones a las empresas; como también someter a revisión, en un periodo de cuatro años, todos los contratos colectivos de trabajo existentes, pues con ello se pretende poner punto final a los contratos de protección patronal.
Se dice que la reforma es una combinación entre libertad sindical, negociación colectiva con dialogo social productivo y justicia eficaz, “ésos son como los productos que se están entregando con la propuesta”, indica el documento.
En la propuesta no se incluye la revisión del outsourcing, pues hay una discusión en dos agendas: la que platean quienes quieren desaparecer a la tercerización y quienes buscan regularla. De entrada, los encargados de elaborar el proyecto comentaron que la posición del equipo encargado, y que encabeza el subsecretario de Trabajo, Alfredo Domínguez Marrufo, es que “en este momento no es conveniente incluir el tema de la subcontratación por varias razones, la primera porque el mandato constitucional se remite a la agenda de otros temas y porque tiene el riesgo de dificultar la aprobación rápida”.
Pese a que identificaron que los artículos en donde se reguló hace seis años la subcontración, el 15A, el 15B y el 15C de la Ley Federal del Trabajo no se cumplen, decidieron no incorporarlos en la discusión, pues “es muy delicado, y lo que propone Morena y la STPS  es hacerlo en una segunda generación de reformas, no se puede aprobar un tema que no ha discutido con todos los sectores”, refirieron las fuentes consultadas.
Nuevo capítulo laboral
Las leyes que implementarán la reforma en materia de justicia laboral del 2017 contarán con tres ejes:
Justicia laboral

  • En el sistema de justicia hay un cambio estructural que transita hacia los juicios rápidos, juicios orales. Se pretende mayor cercanía del juez para que los juicios terminen en periodos cortos porque se compactan los procedimientos.
  • Creación, en dos años, del Centro de Conciliación y Registro Sindical, garantiza su autonomía.
  • Voto secreto para lograr la firma de un contrato colectivo, lo cual es el punto clave para acabar con los contratos de protección.
  • No se podrá firmar un contrato colectivo si no se consulta a los trabajadores en un procedimiento que garantiza voto secreto, lugar neutral y padrón confiable.
  • No se podrá emplazar a huelga si no se acredita que se representa a trabajadores.
  • Incluye sanciones para los sindicatos que utilizan su membrete para defraudar al fisco.

Democratización

  • Nuevas reglas para la vida sindical que se sustenta en los convenios 87 y 98 de la OIT, así como del T- MEC.
  • Los líderes tendrán que, bajo mecanismos muy precisos, rendir por escrito a cada trabajador cómo y en qué se han gastado las cuotas sindicales.
  • Se prevén mecanismos para que el proceso electoral sindical no sea viciado desde la convocatoria, dando garantía a la participación.
  • Se establecerán reglas para la reelección de las dirigencias sindicales; los trabajadores decidirán si quieren o no que haya reelección y los límites a ella.
  • Se plantea que en cuatro años todos los contratos colectivos sean sometidos a consulta para garantizar que no son de protección.

Los tiempos de la reforma

  • Se contemplan seis meses para que los tribunales laborales empiecen a atender demandas de titularidad.
  • En dos años entrará en funciones el Centro de Conciliación y Registro Laboral y los estatales.
  • Se contemplan tres años para que funcionen totalmente los juzgados laborales.
pmartinez@eleconomista.com.mx
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Reforma-en-justicia-laboral-tardara-cuatro-anos-en-aterrizar-20181206-0031.html

Adelanta Gómez Urrutia que MORENA trabaja en reforma contra outsourcing


30 de noviembre 2018 Por: Álvaro Cortés
Mañana formalmente inicia la Cuarta Transformación, pero desde hace meses el equipo de trabajo de AMLO anda chambeando. Parte de ese equipo es Napoleón Gómez Urrutia, quien desde su sobrado liderazgo sindical (bueno o malo, ustedes échenle), adelantó que se propondrá una reforma laboral que, entre otras cosas, buscará la eliminación del outsourcing
¿Out.. qué?, la subcontratación pues. De acuerdo con La Jornada, el senador y líder del sindicato nacional minero indicó que la reforma laboral que buscara Morena pretende terminar con “el sistema de explotación de la clase trabajadora que ha existido en México. El sistema de contratos de protección patronal lo vamos a terminar, lo vamos a cancelar y vamos a trabajar también por luchar en contra de la tercerización y del outsourcing, que tanto daño han hecho a la clase trabajadora de México”.
Según Gómez Urrutia, al eliminar (o de menos regular como se debe) el outsourcing, lo que se hará es no sólo darle cuello a la tercerización del trabajo, sino a todo un sistema de explotación con el que también se llega a eludir el pago de impuestos.
“Bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador vamos a trabajar conjuntamente en iniciar un proyecto de reforma laboral, de modificar diferentes iniciativas de ley de acuerdos, para que podamos recuperar la democracia sindical”, adelantó Napito, luego de participar en la Reunión del Comité Ejecutivo Mundial de la IndustriALL Global Union, una federación que agrupa a sindicatos de todo el mundo.
A un día de que se eche a andar a todo vapor la maquinaria de Morena y AMLO, Gómez Urrutia informó que el proyecto de esta nueva reforma laboral se espera que esté listo para diciembre… o sea, ya en unos días: con el nuevo y último mes del año, inicia la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Pues habrá que esperar a que el proyecto sea presentado a la Cámara de Diputados. Mientras tanto, Napito dio a conocer la nulidad de un “sindicato charro” que pretendía el control del contrato colectivo de los trabajadores mineros de Monclova. La anulación de dicho sindicato no fue por los… de Gómez Urrutia o algún líder, sino por orden de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

https://www.sopitas.com/966998-gomez-urrutia-morena-reforma-laboral-outsourcing/

Ver también:

Garantizará Nueva Reforma Laboral libertad de organizaciones gremiales, afirma Napoleón Gómez Urrutia
Por Redacción
30 noviembre, 2018
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CIUDAD DE MÉXICO, 30 de noviembre (AlmomentoMX).- El senador Napoleón Gómez Urrutia anunció que el nuevo Gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador prepara una reforma laboral cuyo objetivo, dijo, será empoderar a los trabajadores en la toma de decisiones sindicales y en la elección de sus representantes.
“Les corresponde a los trabajadores elegir a sus dirigentes no al Gobierno de la República, y todas las organizaciones estarán sujetas a eso; en el caso del Sindicato Minero siempre se ha fomentado la democracia y participación sindical”, destacó.
En conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por Jôrg Hoffman y Valter Sanches, presidente y secretario general, respectivamente, de IndustriALL Global Union, Gómez Urrutia criticó el hecho de que varios líderes sindicales han solicitado de manera anticipada reelegirse al frente de sus organizaciones hasta el 2024, para blindarse y protegerse durante seis años de los cambios y reformas sobre la democratización sindical que se impulsa como parte de la nueva política laboral.
Por otra parte, denunció que la empresa Arneses y Accesorios PKC, suspendió el recuento por la titularidad del contrato colectivo, luego de que el dirigente cetemista en el estado de Coahuila, Tereso Medina, contrató a un grupo de porros para golpear a los trabajadores que piden la salida de ese gremio que responde a los intereses patronales.
Dijo que el ex senador del PRI es un traidor de la clase trabajadora y un títere de los empresarios, ya que recordó que fue quien propuso, junto con Isaías González Cuevas, de la CROC, la reforma a la Ley laboral que, entre otras cosas, eliminaba el derecho a huelga.
En ese sentido, el secretario general de IndustriALL Global Unión, Valter Sanches, dijo que han recibido múltiples denuncias de trabajadores mexicanos que no tienen derecho a la libre organización sindical, por lo que resaltó la ratificación del Convenio 98 de la OIT por parte del Senado, para acabar con los contratos de protección en México.
Señaló que en el país deben existir mejores condiciones de trabajo y con buenos salarios, por lo que anticipó que esta agrupación estará atento a implementación del T-MEC.
En la reunión del Comité Ejecutivo Internacional de IndustriALL, del cual Gómez Urrutia es integrante, asistieron más de 200 líderes internacionales, de 30 países, y uno de los principales ejes de trabajo fue la democracia y la libertad sindical.

https://almomento.mx/garantizara-nueva-reforma-laboral-libertad-de-organizaciones-gremiales-afirma-napoleon-gomez-urrutia/

3 de cada 4 contratos sindicales en México favorecen a las empresas: estudio

Los sectores donde se encuentran mayoritariamente este tipo de contratos son comercio, transportes, servicios, construcción, manufactura y agricultura.
ZENYAZEN FLORES @ElFinanciero_Mx20/11/2018
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La investigadora Joyce Sadka, del ITAM, realizó un estudio para identificar contratos de protección patronal.Cuartoscuro
 
Tres de cada cuatro contratos sindicales en México se firman a espaldas de los trabajadores, es decir, se trata de contratos cuya finalidad no es proteger a los trabajadores, sino evitar que haya una sindicalización real y que el personal pelee mejores salarios y prestaciones, reveló un estudio.
Los sectores donde se encuentran mayoritariamente este tipo de contratos son comercio, transportes, servicios, construcción, manufactura y agricultura. Las centrales obreras con más contratos de protección firmados fueron la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).
La investigadora Joyce Sadka, del ITAM, realizó un estudio para identificar contratos de protección patronal. Para ello, seleccionó mil 400 contratos de forma aleatoria de los 19 mil Contratos Colectivos de Trabajo (CCT) depositados en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), a los que después se les aplicó una técnica estadística para determinar qué tan propensos son de ser de protección patronal.
El resultado fue que 76 por ciento son propensos a ser de protección patronal, tras analizar si cuentan con un padrón de trabajadores, beneficios adicionales a los de la Ley Federal del Trabajo (LFT) y si revisan cada año salarios y cada dos años el CCT.
Sadka dijo en entrevista que el estudio arrojó que sólo una tercera parte de los CCT han sido revisados desde el momento de su registro en la JFCA, incluso, hay contratos que tienen hasta 20 años sin revisión.
Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la CTM, consideró que los contratos de protección patronal “son un mito al que le han dado fuerza. En todos los contratos que se firman participa una comisión de revisión de contrato colectivo, no se les lleva a los trabajadores ‘con un cuchillo’ a que se afilien”.
Impacto a salarios
Para la académica de la UAM, Graciela Bensusán, un contrato de protección garantiza a la empresa la posibilidad de eludir por algún tiempo una exigencia real de negociación colectiva por parte de un sindicato verdaderamente representativo e impide el mejoramiento de las condiciones de trabajo de los trabajadores.
Carlos Ferrán, socio del área laboral del bufete Cuesta Campos, señaló que muchas empresas han optado por los contratos de protección como una medida para protegerse de sindicatos que se dedican a extorsionar; sin embargo, la principal implicación de este tipo de contratos es que los salarios se han mantenido estancados.
“Los contratos de protección han sido un mal necesario de los empresarios para conservar la fuente de empleo, no son buenos estos contratos pero han sido una alternativa, lo negativo es que este tipo de contratos impacta en el salario de los trabajadores y ha impactado también en su bolsillo”, expuso.

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/3-de-cada-4-contratos-sindicales-en-mexico-favorecen-a-las-empresas-estudio

Mercado laboral


Teporaca Romero del Hierro | Domingo 18 Noviembre 2018 
“El incremento al salario, es posible ante los ojos de los corporativos, si la demanda del producto a futuro va en aumento”
La mayoría demócrata en la Cámara de Representantes estadunidense, recién electa en las pasadas elecciones intermedias (6 de noviembre), esbozó ante los medios de comunicación su agenda legislativa, entre las que destaca reformas a la ley electoral y reglas éticas, precios de medicamentos e infraestructura; reaperturar de las negociaciones del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), hasta hoy cerradas por el presidente Trump y exigir al gobierno mexicano una nueva Ley Laboral, así lo refirió Nancy Pelosi, próxima líder del Congreso.
En entrevista para el New York Times señaló: “México tiene que aprobar una ley sobre derechos laborales, lo que todavía no ha sucedido y eso es un predicamento de este acuerdo. Lo más importante de todo son las disposiciones de aplicación en términos de trabajo y medio ambiente”.
Glenn Thrush, ex corresponsal de la Casa Blanca, hoy reportero de la fuente del NYT afirmó que la nueva mayoría demócrata estaría tentada a condicionar la ratificación del nuevo tratado internacional a cambio de obtener más protecciones para los trabajadores estadunidenses, lo que implicaría una reapertura de las negociaciones con México.
El tema de la diferencia salarial entre los trabajadores mexicanos y estadounidenses podría frenar el acuerdo comercial. Les preocupa una disposición en particular, la cual refiere que al menos 30% de la mano de obra utilizada para construir cada automóvil en México sea completada por trabajadores que ganen al menos 16 dólares por hora. Dicha cantidad aumentará a 40% para 2023, hasta ahora, el salario de 16 dólares no está indexado según expertos a la inflación, lo que significa que el aumento se diluirá con el tiempo a medida que aumenten los precios. Requieren que México facilite a los trabajadores unirse a los sindicatos.
Los demócratas exigen más detalles de cómo se aplicará el T-MEC, consideran que los 16 dólares por hora para los trabajadores mexicanos, que es aproximadamente cuatro veces el salario habitual que reciben, es lo suficientemente alto como para detener el flujo de empleos estadounidenses.
Nancy Pelosi ha mostrado reservas sobre algunos acuerdos comerciales en los años recientes, aun cuando votó en 1993 en favor del TLC original.  
Por su parte, el congresista Bill Pascrell, prevé se encabece el Subcomité de Comercio Internacional, reiteró la necesidad de aumentar los mecanismos de aplicación de las leyes laborales, dijo: “No sólo debe haber cambios en la ley sino más mecanismos de aplicación”. Se une a las peticiones de Pelosi, quien condicionó su apoyo al tratado comercial a una profunda reforma laboral en México.
Ante las condicionantes para que el gobierno mexicano reforme su marco legal laboral, la Unión Nacional de Trabajadores puntualiza que con el nuevo T-MEC, los sindicatos estadounidenses podrán vigilar la firma de contratos colectivos de trabajo entre empresas y gremios mexicanos, por lo que si perciben prácticas anti sindicales podrían alegar incumplimiento del marco legal laboral.
En conferencia de prensa, la presidencia colegiada de la UNT dijo que el tratado es positivo porque reavivó el tema de los contratos de protección patronal; sin embargo, considera que es necesario que esa discusión se dé desde los sindicatos mexicanos, por lo que convocaron a un gran encuentro sindical para construir una agenda común.
Ante esto, Francisco Hernández Juárez, presidente colegiado de la organización y secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) comentó: «Los sindicatos norteamericanos se van a convertir en vigilantes permanentes de lo que significa la firma de un contrato colectivo, y si un contrato no es acertado, ellos van a poder alegar que no se está cumpliendo con la ley».
Incluso, el gobierno de Estados Unidos podría imponer nuevos aranceles o impuestos a las empresas mexicanas que hagan negocios con empresas americanas si los sindicatos detectan incumplimientos de la reforma constitucional de 2017 que establece el voto personal, libre y secreto, y de la Ley Federal del Trabajo (LFT).
Afirmó que los sindicatos mexicanos tomarán como un asunto central la relación sindical con Estados Unidos, por lo que impulsarán en el Congreso de la Unión la aprobación de las leyes secundarias de la reforma constitucional de 2017, que desaparece las juntas de conciliación y crea juzgados laborales, y estableció como requisito para elección de dirigencias sindicales el voto personal, libre y secreto, «Creemos que esa estructura laboral de corporativismo y clientelismo de sindicatos aliados de gobierno que jugaron un papel de sumisión a cambio de prebendas políticas debe terminar», subrayó.
En tanto, Agustín Rodríguez, presidente colegiado de la UNT y secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (Stunam), mencionó que el encuentro nacional que están impulsando, incluye la convocatoria de sindicatos de organizaciones como el Congreso del Trabajo, la Nueva Central (con el SME en la cabeza) y el sindicato minero del senador por Morena, Napoleón Gómez Urrutia.
En más, el presidente colegiado y secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), Rafael Díaz, apuntó que del encuentro sindical «puede salir una agenda para la relación que debemos llevar con el nuevo gobierno. Uno de esos temas es la ratificación del Convenio 98 de OIT que es muy importante e indispensable para ver las condiciones laborales que vienen en el futuro».
Se avecinan tiempos complejos, el debate radica en el incremento al salario, es posible ante los ojos de los corporativos, si la demanda del producto a futuro va en aumento en automóviles pero el mundo global tiene nuevos jugadores, China por ejemplo, puede inundar el mercado con autos baratos que compitan con las marcas norteamericanas, las grandes armadoras prevén el futuro, saben que la mano de obra calificada de los mexicanos los mantiene como líderes del mercado, en los tiempos globales unos ganan y otros pierden y como siempre los que menos tienen son los más afectados. Sumemos Voces.

https://www.eldiariodechihuahua.mx/Opinion/2018/11/18/mercado-laboral/

¿En busca del paraíso laboral?


Ernesto Santillán
27 de septiembre de 2018
La lucha por garantizar los derechos laborales de los trabajadores en México y acabar con los abusos sindicales quedó de manifiesto con la ratificación del Convenio 98 de la OIT en el Senado que fue impulsado por Napoleón Gómez Urrutia y ante el cual varios de los actores involucrados se mostraron en desacuerdo, sin embargo, el verdadero reto no está en prometer cambios, sino en aplicarlos.
México tiene una deuda con sus trabajadores. Durante años las condiciones laborales en el país han sido más que desfavorables, privilegiando los intereses de empleadores, empresarios y líderes sindicales por encima de los obreros y sus derechos, situación que sexenio tras sexenio se promete cambiará y que al día de hoy no ha sucedido.
Intentos han habido varios, quizá el más claro fue la reforma Constitucional del 24 de febrero de 2017, donde se modificó el artículo 123 de la Carta Magna para sentar ahí las bases del derecho colectivo en el país y normar la libertad sindical, un compromiso pendiente de aplicar por la actual administración y ahora una responsabilidad por cumplir del gobierno electo
Por ese motivo y con la intención de atender una exigencia de la clase trabajadora que ha permanecido en el olvido por más de 50 años, en el Senado de la República, donde Morena junto con sus aliados gozan de la mayoría, se ratificó la semana pasada el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo.
La propuesta fue impulsada por el senador Napoleón Gómez Urrutia, presidente y secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana y quien hoy también encabeza la comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta.
“Estamos haciendo un acto de justicia porque hay muchos intereses creados, con esto se acabarán los contratos de protección patronal y sindicatos blancos”, aseguró Gómez Urrutia durante su posicionamiento.
Este es el primer instrumento internacional que ratifica la 64 Legislatura en el Senado y el cual busca garantizar la libertad de asociación y la sindical, el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, dotar a los trabajadores de una adecuada protección contra todo acto de discriminación que pudiera menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo y eliminar prácticas como los votos a mano alzada para elegir a sus representantes para ser sustituidas por un método donde la elección de los mismos se haga de manera libre.
Además pretende que las organizaciones de trabajadores y de empleadores gocen de una adecuada protección contra todo acto de injerencia de unos respecto de los otros; abre la posibilidad de que se cree más de un sindicato dentro de una misma empresa y prohíbe la afiliación obligatoria a centrales de trabajadores oficialistas; una de las prácticas del llamado corporativismo sindical que se acentuó durante los más de 70 años del PRI en el poder.
“Hoy por hoy los sindicatos en México no necesariamente hacen los trabajos más fuertes, contundentes y congruentes para tutelar a sus agremiados.
Todavía hace falta una condición de libertad sindical; que no se obligue, que no se presione, que no se chantajeé, que no hayan votaciones controladas, que no haya sindicalismo blanco, que no haya sindicalismo charro”, dijo el senador Emilio Álvarez Icaza en un video publicado en su cuenta de Twitter.
Todos estos cambios que se quieren implementar parecieran solucionar, por lo menos en el papel, el problema laboral por el que atraviesa México, pero una cosa es planear y soñar y otra muy diferente llevarlas a la realidad.
A pesar de los elogios que diversos actores políticos, académicos y representantes de la sociedad civil lanzaron ante la ratificación del Convenio 98, no todos los involucrados en el tema mostraron el mismo optimismo.
Entre los principales inconformes se encuentran Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la bancada del Partido Acción Nacional, la cual incluso trató de reventar la sesión al abandonar el Senado durante la votación.
Tanto el CCE como la CTM publicaron a través de sus canales oficiales comunicados en donde dejaron de manifiesto que no estaban de acuerdo con la manera en la que se aprobó la ratificación del Convenio 98, asegurando que no se discutió lo suficiente el tema y que además se estaba violando otro de los acuerdos ya firmados con la OIT, que sería el 144.
Sin embargo, para la doctora Graciela Bensusán, el tema ya se ha discutido lo suficiente.
“El tema se ha hablado hasta que nos aburrimos de la discusión porque está todo claro. Se respondieron las quejas de la OIT, primero se le dijo que no existían los contratos de protección, después se reconoció que sí existían, luego que se iban a corregir; fuimos y vinimos años con el tema.
Ahora se vota con la mayoría como siempre se han votado las leyes y resulta que nos faltó discusión”, dice la investigadora de la UAM Xochimilco.
Esta postura también la comparte el senador Julio Menchaca.
“El tema de los sindicatos y el Convenio 98 de la OIT es un asunto que está esperando la ratificación prácticamente desde 1956, se firmó en 1949 y en el 2015 Enrique Peña Nieto lo volvió a mandar al Senado”
– Julio Menchaca
Senador de Morena por Hidalgo
Entonces de que se ha discutido se ha discutido por todas las organizaciones obreras, por lo tanto no pueden decir sus detractores que un tema que ha estado presente por más de 50 años no se ha discutido lo suficiente”.
En cuanto a la posibilidad de que esta ratificación desate un conflicto entre el gobierno electo y la clase empresarial, el senador por Hidalgo ve esto como algo lejano.
“Lo que pasa es que hay que diferenciar bien entre algunos líderes empresariales y los empresarios. Aquí el punto es que Juan Pablo Castañón no son los empresarios de México.
Quizá exista alguna situación de molestia por parte de algún sector pero eso no significa que estemos en un círculo de confrontación”, señala.
Ahora el reto será la implementación de lo firmado y acordado tanto en el Convenio 98 como de lo que establece el artículo 123 Constitucional, pues los alcances que tendría la correcta aplicación de estas normas trascienden el tema laboral, ya que rompen el estatus quo y modificarían la relación entre el Estado y los trabajadores, una realidad que de llegar a alcanzarse, también ayudaría a acabar con la desigualdad en el país, sacar a los trabajadores de la informalidad, reducir la corrupción y la violencia al igual que mejorar la relación con nuestro principal socio comercial: Estados Unidos.

CUMPLIR LOS COMPROMISOS

Con la ratificación del Convenio 98 de la OIT México concluye con la aprobación de los ocho compromisos fundamentales en materia de derechos laborales con los que cuenta la Organización Internacional del Trabajo y se suma a los 165 países de América Latina y el Caribe que también suscribieron el acuerdo que hoy causa tanta polémica en el país.
“Con esta decisión, México se unirá a los 165 países del mundo que han ratificado el Convenio 98 y toda la región de América Latina y el Caribe tendrá ratificado este Convenio” señaló en un comunicado la OIT, en el que también aclara que las normas internacionales del trabajo están orientadas a garantizar que el crecimiento económico y el desarrollo vayan de la mano de la creación de trabajo decente.
Todo esto, incluida la reforma Constitucional al artículo 123 de la Carta Magna que se realizó el año pasado, se vislumbra como un gran avance, sin embargo, una cosa es lo que se describe en el papel y otra muy distinta su aplicación en el actual contexto nacional.
Como bien se sabe, México cuenta con una de las Constituciones más robustas del mundo, sin embargo, esto nunca se ha traducido en la correcta aplicación o respeto de las leyes que de ésta emanan, un hecho que demuestra que de nada sirve tener las mejores normas si éstas no se pueden implementar
Por ese motivo, la investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana campus Xochimilco y experta en temas laborales, Graciela Bensusán, cuestiona las capacidades con las que cuenta el Estado para poder cumplir tanto lo que la Constitución establece en materia laboral como los convenios internacionales a los que se ha sumado.
“Un grave problema que tenemos en México, no sólo en el ámbito laboral, es que cambiamos las leyes con cierta facilidad pero luego no podemos implementarlas”, comenta.
Ejemplos para sustentar esta aseveración hay muchos. Tal es el caso de la implementación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, el cual, al día de hoy, no se ha podido aplicar con éxito.
Algo similar ocurre con la prometida transformación de la Procuraduría General de la República a una Fiscalía independiente y autónoma.
Para evitar que estos fracasos se repitan en el ámbito laboral, Bensusán explica que lo primero que se tiene que hacer es crear la reglamentación de la reforma Constitucional al artículo 123 que todavía está pendiente y que depende del legislativo
Otra tarea que es imprescindible y que también duerme el sueño de los justos desde hace más de un año a pesar de que en la Carta Magna se estableció un periodo máximo para su creación de 365 días es la fundación de un nuevo organismo autónomo que sería el espacio donde se registrarían los sindicatos y donde se inscribirían los contratos colectivos de trabajo.
Aunado a todo esto la experta indica que para poder comenzar a ver un cambio real en el tema laboral también se necesita que los pocos sindicatos verdaderos que existen comiencen a aplicar esta nueva normativa, un Estado comprometido con capacidades estatales y recursos para hacer el nuevo órgano de registro de los contratos colectivos y los sindicatos, dinero para hacer la transición de las juntas de conciliación hacia el poder Judicial y la formación de cuadros y de jueces en materia laboral.
Además, Graciela Bensusán comenta que también vamos a requerir que los sindicatos y los trabajadores mismos encuentren algún incentivo para crear nuevos sindicatos o para legitimar los que ya existen a partir de la votación universal, secreta y directa de los trabajadores y a partir de negociaciones reales crear los contratos colectivos con los empleadores.
“Sin duda si esto no se conduce bien y no generamos una buena reglamentación y no tenemos procesos ágiles y transparentes para llevar a cabo todos estos cambios sindicales y de sus contratos pude haber problemas en las empresas que lleven a conflictos intersindicales, por eso hay que fijar las reglas del juego. El convenio no nos las da, éste simplemente establece una serie de principios que debemos de seguir”, asevera.
La investigadora también lanza un par de cuestionamientos que se deben tomar en cuenta.
El principal reto para mejorar las condiciones laborales en México es que las leyes y los convenios que se han creado y ratificado en este tema se apliquen y no se queden como letra muerta sobre el papel
“Necesitamos de reglas muy claras que nos digan cómo va a funcionar el órgano autónomo, cómo va a garantizar su autonomía, su independencia, sus recursos y cómo vamos a hacer para que el proceso de reorganización sea transparente, cómo hacer que los trabajadores voten, que los conflictos intersindicales no se vuelvan huelgas, y qué tienen que hacer todas las partes: el gobierno, los empleadores, los sindicatos existentes, y los trabajadores para que este proceso de transformación sea real y no genere daños a la economía, a los trabajadores o al país”.
 
NO HAY VUELTA ATRÁS
Romper con el estatus quo y cambiar la relación que existe entre el Estado y los trabajadores que al día de hoy ha provocado violaciones tanto a derechos humanos como laborales, ha fomentado la corrupción y ha incidido en la creciente desigualdad del país parecería ser un objetivo común de todos los mexicanos, sin embargo, esto no es así.
Empresarios, sindicatos e incluso algunos partidos políticos se han manifestado en contra de la manera como se ratificó el Convenio 98 de la OIT en el Senado. Una situación que algunos senadores y expertos en el tema consideraron como un intento de tratar de trabar la aprobación para que sus intereses personales no se vieran afectados.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), encabezado por Juan Pablo Castañón, manifestó a través de un comunicado su desacuerdo.
El argumento de que se violó el Convenio 144 de la OIT no tiene ningún peso, pues este tipo acuerdos no son vinculantes
 
“El Consejo Coordinador Empresarial expresa su desacuerdo con la decisión del Senado de presentar ante el Pleno, sin contar con un dictamen de comisiones y sin realizar las consultas pertinentes, la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Rechazamos que el Senado busque tomar determinaciones que afectan fundamentalmente a la relación entre trabajadores y empleadores en un trámite apresurado, violando así lo dispuesto en el Convenio 144 de la OIT…”
Por su parte, la Confederación de Trabajadores de México (CTM), en voz de su secretario general y también senador, Carlos Aceves del Olmo, igualmente mostró su inconformidad por las mismas cuestiones que el CCE.
“Sería deseable que esta Soberanía recapacitara sobre el atropellado proceso que se llevó a cabo y se pueda regresar la ratificación a las Comisiones Unidas a las que fue turnada para que se pueda cumplir con lo establecido en el Convenio 144 de la OIT y con la obligación de las Comisiones Legislativas Permanentes del Senado y se pueda dar una discusión sobre el Convenio 98 de la OIT, con todos los sectores involucrados en la materia”.
Diversos actores involucrados en la ratificación del Convenio 98 de la OIT se han quejado por la manera en que se dio la aprobación, sin embargo ninguno de sus argumentes cuenta con la fuerza legal para revertir lo ya votado
 
La bancada panista simplemente abandonó la sesión.
“Los empresarios que se han manifestado en contra de la ratificación del Convenio 98 es porque temen que al firmarlo ya no se puedan imponer al sindicato que firma el contrato colectivo, algo que es violatorio de los derechos humanos en todo el mundo.
ntonces lo que se está queriendo es cuestionar y decir que no se discutió suficientemente el tema cuando el asunto ha estado presente en el país desde 1949”
– Graciela Bensusán
Investigadora de la UAM Xochimilco
La investigadora de la UAM Xochimilco también asegura que algunos empresarios y empleadores están acostumbrados a imponer sus condiciones y lo que ellos temen es que tanto la ratificación del Convenio como la reglamentación y en su momento la reforma Constitucional los obligue a reconocer una interlocución sindical verdadera.
“Les preocupa que haya genuinamente la necesidad de negociar porque no saben ni quieren hacerlo, no tienen una cultura de negociación”, comenta.
Además explica que el argumento de que se violó el Convenio 144 de la OIT que todos los detractores están utilizando no tiene ningún peso, pues este tipo de acuerdos que emite la Organización Internacional del Trabajo no son vinculantes, es decir, no se tienen que cumplir de manera obligatoria por el país que lo firma.
Por su parte, el senador por Hidalgo Julio Menchaca, califica el abandono de la sesión por parte del PAN como una irresponsabilidad.
“Cuando uno asume su responsabilidad podrá no estar de acuerdo con algo y votar en contra, algo que han hecho en el transcurso del tiempo las minorías cuando el PRI o el PAN estaban en el poder.
Pero los panistas, que por un lado no quisieron verse poco solidarios con los trabajadores y por otro decidieron atender los intereses que los representan, en este caso el de los sectores empresariales a los que no les conviene esto porque hay contratos que ni siquiera conocen los trabajadores y que los perjudican, prefirieron usar como excusa la propuesta de reducir los tiempos para presentar propuestas para abandonar la sesión”.
Respecto a la crítica de que el Convenio 98 no se turnó a comisiones en la Cámara Baja, Menchaca dice que eso no implica ninguna violación a la Ley, por lo tanto no hay forma de echar para atrás lo que ya se aprobó.
“La reglamentación también te dice que si ya tiene primera lectura le puedes dar una segunda y la sometes a votación”.

POR UN NUEVO MODELO SINDICAL

La creación de los sindicatos es quizá uno de los avances más importantes en materia laboral que se ha creado, sin embargo, lo que en un principio se concibió como una manera de proteger a los trabajadores de los abusos de sus empleadores terminó por convertirse en todo lo contrario.
Ejemplos hay muchos, tal es el caso del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana encabezado por el priista y exsenador Carlos Romero Deschamps, quien ha sido acusado por presuntamente enriquecerse de manera ilícita con los recursos del sindicato y de utilizar a sus agremiados como fichas de negociación para cumplir con sus intereses políticos y personales.
Tan es así, que hace una semana, senadores de Morena pidieron al SAT un informe sobre los bienes adquiridos por Romero Deschamps, sus familiares y prestanombres de 1993 a la fecha y a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda un reporte sobre presuntos manejos irregulares del líder petrolero
Deschamps es el claro ejemplo de lo que ningún líder sindical debe ser: un hombre millonario que lidera a puros trabajadores pobres.
Un caso similar se da con Joel Ayala, líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y quien ha estado al frente del gremio desde 1998.
Al también priista se le ha denunciado ante la PGR por fraude hipotecario a trabajadores.
Por personajes como éstos es que ahora se busca crear un nuevo modelo de sindicalismo en el país donde los trabajadores puedan ejercer sus derechos laborales y exigir que se respeten.
“En este momento en México ya conocemos cómo se encuentra el mercado laboral, la situación que viven los sindicatos y las condiciones laborales de los trabajadores. Por lo tanto lo que este modelo nuevo tiene que crear son incentivos para que todos puedan defender sus intereses legítimos”, comenta Graciela Bensusán.
México requiere de una transformación radical en la forma como maneja sus sindicatos, pues la que prevalece actualmente lo único que fomenta son las violaciones a los derechos humanos y laborales de los trabajadores
Sin embargo en este cambio el papel de los trabajadores también es fundamental, pues éstos deben dejar atrás los vicios que de igual manera afectan a sus empleadores y que pocas veces reconocen.
Como ejemplo de un sindicato real en México la investigadora de la UAM pone a la empresa Volkswagen.

https://www.reporteindigo.com/reporte/en-busca-del-paraiso-laboral-senado-propuesta-morena-ratificacion-convenio-98-oit-derechos-trabajadores/

La apuesta laboral estará en los jóvenes; habrá garantías a la democracia sindical: Alcalde

 
Luisa María Alcalde, futura secretaria del Trabajo. Foto: Miguel Dimayuga
Por Rosalía Vergara , 5 septiembre, 2018
Logrado el entendimiento comercial entre las delegaciones de México y Estados Unidos, la próxima titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, adelanta que su proyecto de política laboral estriba en que se respeten los derechos en la materia; en suma, velar porque prevalezca el estado de derecho. Una de sus tareas es la promoción del empleo y dar vida al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, consistente en darles las oportunidades que hasta ahora se les han negado. Sin embargo, aclara, el cambio vendrá con el proyecto de nación en su conjunto.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Luisa María Alcalde Luján –propuesta por Andrés Manuel López Obrador para que ocupe la Secretaría del Trabajo y Previsión Social durante su administración– confía en que el capítulo laboral del entendimiento comercial alcanzado por los gobiernos de México y Estados Unidos sea compatible con la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ese capítulo, puntualiza, debe de ser empático con la ley de justicia laboral cotidiana, vigente en México desde febrero de 2017 y cuyas leyes secundarias se discutirán en la LXIV Legislatura, que se instaló el sábado 1.
“Se debe garantizar la democracia sindical, como lo señala nuestra Constitución. Estamos muy animados porque tenemos la posibilidad de construir un nuevo escenario en el mundo laboral”, comenta la exdiputada federal de Morena.
En entrevista con Proceso, habla de la necesidad de una reforma al artículo 123 constitucional y de varias leyes secundarias que sean coherentes con la Constitución, así como de mejoras al salario mínimo. Confía en que el Senado ratifique el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la expectativa que genera el capítulo laboral del nuevo entendimiento comercial.
Lo deseable, dice, es que “impulse los principios básicos de la OIT, en especial el fortalecimiento de la contratación colectiva decente, como un medio de diálogo social y productivo que mejore las condiciones laborales de los hombres y mujeres que viven de su trabajo y se reduzca así la desigualdad y la pobreza”.
De acuerdo con lo publicado por la consultoría Grupo Estrategia Política, el capítulo laboral del TLCAN incluye un anexo sobre la representación de los trabajadores en la negociación colectiva en México, en el cual el gobierno se compromete, con acciones legislativas específicas, a garantizar el reconocimiento efectivo de este derecho.
La presión de Estados Unidos
En febrero de 2016, la adhesión de México al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés) puso en la mira internacional las condiciones en que laboran los obreros mexicanos. Washington presionó al gobierno mexicano para que acabara con las dos mayores injusticias para la clase trabajadora: la parcialidad de las juntas de Conciliación y Arbitraje y los contratos de protección patronal (Proceso 2050).
Semanas después, el 28 de abril, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado dos iniciativas de reforma: una a la ley laboral y otra a la Constitución. En tanto, los sindicatos canadienses se sumaron a la presión de los estadunidenses. El gobierno de Peña Nieto tuvo que cumplir las demandas históricas del sector laboral, opositor a las políticas gubernamentales en la materia.
La primera iniciativa, concretada en febrero de 2017, plantea la creación de una instancia autónoma que registre contratos y sindicatos, garantice la autenticidad y publicidad de los mismos, replantee el esquema que regula el depósito y registro de los contratos colectivos de trabajo y promueva la conciliación.
El propósito de esta instancia autónoma es erradicar los contratos de protección patronal. Ahora es necesario consultar el voto personal, libre y secreto, antes de que se firme un contrato colectivo; antes, era el patrón quien imponía el sindicato a los trabajadores.
Con la segunda iniciativa se reformó la Constitución para desaparecer las juntas de Conciliación y Arbitraje a fin de que “la justicia laboral sea impartida en lo sucesivo por órganos del Poder Judicial de la federación o de los poderes judiciales locales, según corresponda”, señala Alcalde.
Resalta que su función conciliatoria estaría a cargo de Centros de Conciliación descentralizados, especializados, imparciales, dotados de personalidad jurídica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.
Líderes “charros”, un peligro
Todo iba bien hasta que Donald Trump llegó a la Casa Blanca y anunció la salida de Estados Unidos del TPP. 
El 10 de diciembre de 2017, los senadores Isaías González, de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, y Tereso Medina, de la Confederación de Trabajadores de México, presentaron su iniciativa de ley reglamentaria para la reforma de justicia laboral, en vigor desde el 25 de febrero de 2017. 
Su intención era abrir la puerta al sindicalismo propatronal y echar atrás la autonomía del organismo y la desaparición de las juntas de Conciliación y Arbitraje. La propuesta se desvaneció ante el insólito triunfo de Morena en los comicios presidenciales del 1 de julio pasado. 
Sin embargo, queda pendiente la aprobación de las leyes secundarias en materia laboral. 
–¿Puede decirse que está cancelada la propuesta de echar para atrás las reformas constitucionales? –se le pregunta a Alcalde. 
–Primero, nuestro marco debe estar sustentado en la Constitución. Para ello necesitamos garantizar la transición ordenada de las juntas federales de Conciliación y Arbitraje, que los nuevos juicios se vayan al Poder Judicial, a los tribunales laborales. Debemos resolver el gran rezago en las juntas locales y federales, lo cual requiere de la colaboración de todos.
“Número dos: estamos por la independencia del órgano. Pedimos que se encargue de los registros sindicales y de los contratos colectivos; número tres: pugnamos porque se garantice el voto personal, libre y secreto, tanto para la elección de dirigentes como para la representatividad de los trabajadores, previo a la firma del contrato colectivo.” 
–¿Qué papel jugaría la Secretaría del Trabajo en este asunto, toda vez que en la actualidad es juez y parte?
–La Constitución establece, por un lado, la creación de un órgano autónomo, independiente, que se encargue de los registros sindicales y los contratos colectivos. El papel de la secretaría es hacer respetar el estado de derecho y promover los valores constitucionales. Esto conlleva una nueva etapa en el mundo del trabajo. 
“No apoyaremos la simulación ni la corrupción. Confiamos en el diálogo auténtico, informado, como la mejor vía para lograr el trabajo decente y un verdadero desarrollo productivo. El sector empresarial sabe que un sindicato decente es un excelente aliado para sus fines.
“La apuesta de la secretaría es que la política laboral, incluyendo la participación responsable de los actores, sea un verdadero instrumento de justicia social, de pacificación y de crecimiento del empleo digno y formal. Eso traerá mejor seguridad social, cumplimiento de las obligaciones fiscales, así como un impulso al mercado interno y al tránsito hacia un nuevo modelo de desarrollo.” 
–¿Podemos decirle adiós al tripartismo?
–Una cosa es el tripartismo auténtico y otra la simulación; en materia de impartición de justicia, conforme a la división de poderes, eso le corresponde al Poder Judicial, en cuanto al órgano descentralizado autónomo. Sus decisiones no pueden ser afectadas por intereses gremiales y políticos; por ello no podría ser tripartito, ya que debe preservarse estrictamente su carácter autónomo. 
La democracia sindical
Después de ganar la elección presidencial, López Obrador se comprometió a respetar la autonomía y la democracia sindicales, lo que creó expectativas entre los trabajadores de vocación democrática para deshacerse de los controles del sindicalismo charro.
Alcalde afirma: “Nosotros no queremos involucrarnos en la vida interna de los sindicatos. Lo que buscamos es que el estado de derecho tenga vigencia real; es decir, libertad de asociación, trabajo decente y una negociación colectiva auténtica. Significa que los trabajadores tienen derecho a conducir sus sindicatos; significa rendición de cuentas; significa no consentir a los extorsionadores de empresas. En pocas palabras, que todos tomemos en serio el cumplimiento de la ley. Es la mejor vía para vivir mejor, tener mejores salarios y paz social.” 
–¿Qué pasará con los sindicatos blancos o corporativos que tienen la toma de nota para las empresas terciarizadoras del mundo laboral? 
–Parte de lo que establece la reforma constitucional es la garantía. Eso vamos a tomarlo muy en serio. Los trabajadores son quienes deben decidir de manera libre, sin ataduras ni obstáculos. Entonces, si otras mayorías se generan, ellos tienen todas las posibilidades de demandar la titularidad de los contratos. 
“El gobierno no tiene por qué meterse, pues se trata de asuntos de los sindicatos, de quienes representan a la mayoría y de quienes deberían tener la titularidad de los contratos.”
–¿Y en el caso de las denuncias penales que están detenidas? 
–En eso sí. En todas las denuncias, todas las extorsiones, todo lo que involucra actividades delictivas, nos vamos a meter de fondo. Lo haremos de la mano de la Secretaría de Seguridad Pública. La idea de la no impunidad es para todos los ámbitos de la vida pública, incluido el de los sindicatos. Los sindicatos de trabajadores fueron creados para su representación, no como mecanismos de extorsión o de control que acaban perjudicando, no sólo a los trabajadores, sino a los empresarios y al Estado en su conjunto.
Las reglas del cambio
Respecto a los salarios mínimos, se incrementarán de manera paulatina en una primera etapa, afirma Alcalde. El plan es llegar por encima de los 100 pesos diarios; después aumentarán conforme al diálogo con los sectores productivos y la política financiera del Estado. Tendremos un diálogo constante con el Banco de México y las autoridades hacendarias y, obviamente, con la representación de los trabajadores y los empresarios. La recuperación salarial es un compromiso fundamental del nuevo gobierno. 
–¿Qué van a hacer con el outsourcing
–En estos casos estamos pensando en fortalecer la inspección como un mecanismo para garantizar el cumplimiento de la ley. En la Ley Federal del Trabajo se establece la subcontratación, pero el problema está cuando se utiliza de manera abusiva. Ahí es en lo que vamos a trabajar, porque no se vale que se utilice como un mecanismo para precarizar el empleo y evadir responsabilidades. 
“La apuesta es que se respete el estado de derecho y los derechos laborales. Eso no es tarea exclusiva de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El cambio vendrá con el proyecto de nación en su conjunto.”
–¿Cómo se aplicará el plan de austeridad de López Obrador en la secretaría que usted encabezará?
–Nos reduciremos a dos subsecretarías: la del Trabajo y la de Empleo. La primera sufrirá transformaciones cuando se implementen las reformas laborales secundarias, especialmente en materia de justicia, conciliación y registro de asociaciones. La segunda tendrá como tarea fundamental promover el empleo y dar vida al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro.
Esta apuesta, dice la entrevistada, coadyuvará a la pacificación del país al brindar oportunidades a los jóvenes que hasta ahora se les han negado.   
Esta entrevista se publicó el 2 de septiembre de 2018 en la edición 2183 de la revista Proceso.

https://www.proceso.com.mx/549710/la-apuesta-laboral-estara-en-los-jovenes-habra-garantias-a-la-democracia-sindical-alcalde

Espera CROC cumpla Andrés Manuel con eliminación de protección patronal


Fátima Alfaro/Quadratín   | 13 de agosto de 2018 | 15:34  
MORELIA, Mich., 13 de agosto de 2018.-      Expectativa de eliminación de los contratos de protección patronal mantienen trabajadores del país ante el compromiso de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, de retirar esta figura, refirió Isaías González Cuevas, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y campesinos (CROC).
Previo a su participación en el mitin en la plaza De Armas con que el Sindicato de Trabajadores del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Stooapas) concluyera la movilización emprendida el lunes 12 de agosto para reclamar el respeto a su contrato colectivo de trabajo, González Cuevas expuso que Luisa Alcalde, propuesta por López Obrador para encabezar a partir del próximo 1 de diciembre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), ha planteado terminar con los contratos de protección laboral en la república, por considerarlos lesivos para los empleados.
Los contratos de protección, documentos signados por empleadores y sindicatos fantasma, sin agremiados o con personal que desconoce su adscripción a una organización, fueron incluidos entre los aspectos que serían eliminados por la reforma laboral de 2012, son que se concretara este propósito.
Agregó que se prevé la existencia de una relación institucional con la Federación a partir de la toma de posesión de Andrés Manuel López como presidente de México, en beneficio para la clase trabajadora, obreros y campesinos.
Asimismo, rechazó que la propuesta de López Obrador de reducir los salarios y las prestaciones de empleados gubernamentales pueda afectar a personal de base, ya que éste cuenta con ingresos que “apenas permiten adquirir la canasta básica y solventar las necesidades de una familia”.
Ismael González precisó que el señalamiento del presidente electo del país se orienta a la alta burocracia y los mandos superiores de las dependencias públicas, donde sí se prevé un recorte de sueldos y beneficios laborales.
Consideró que los salarios y las prestaciones recibidos por los trabajadores basificados en México, con inclusión de los adscritos al Stooapas, “no son exagerados”, por lo que no deberán ser objeto de ajustes a la baja.
Soberbia de administración municipal en Morelia agudizó crisis en OOAPAS El secretario general de la CROC mencionó que en el caso de la huelga que el Stooapas estallara el pasado 18 de junio, ha sido la “soberbia” de las autoridades locales la principal responsable de que la movilización persista.
Tras asegurar que la CROC se ha solidarizado con el gremio y sus “demandas justas”, estimó un arreglo pronto, si bien no con el gobierno municipal en funciones, “ya que no ha mostrado voluntad para esto”, sino con la siguiente administración municipal, que “ha dado indicios de que será un gobierno con sensibilidad”.

“Por soberbia la autoridad actualmente vigente no ha querido dialogar con los trabajadores, se ha mantenido en una postura de doblegarlos, cuando no hay no necesidad, puesto que los derechos de los trabajadores son irrenunciables; además, todas las prestaciones y beneficios que tiene el Stooapas han sido otorgados por un Cabildo, no son imposición del sindicato”, reiteró González Cuevas.   
https://www.quadratin.com.mx/politica/espera-croc-cumpla-andres-manuel-con-eliminacion-de-proteccion-patronal/

¿Cómo calcular y cobrar los minutos acumulados como horas extra?


La Suprema Corte estableció criterios para poder exigir el pago de todo tiempo que exceda la jornada ordinaria, aun cuando se trate de minutos. Especialistas consideran que, dadas las condiciones actuales del sistema laboral, son pocos los trabajadores que podrán beneficiarse.
Reforma laboral y desaparición de Juntas de Conciliación y Arbitraje
León A. Martínez
29 de junio de 2018, 09:56
Los minutos excedentes de una jornada de trabajo laborados por un empleado podrán acumularse semanalmente para ser contabilizados como horas extras, debiendo el patrón hacer el pago correspondiente.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó por unanimidad, el 6 de junio pasado, una sentencia que beneficia a los trabajadores al establecer criterios para poder exigir el pago de todo tiempo que exceda la jornada ordinaria, aun cuando se trate de minutos. Especialistas consideran que, dadas las condiciones actuales del sistema laboral, son pocos los trabajadores que podrán beneficiarse de la decisión de la Corte.
 
José Francisco Maciel Anaya, presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), explicó en entrevista que el criterio de la Corte será de observancia obligatoria para todos los tribunales en el país. Refirió también que lo dispuesto por la Segunda Sala de la SCJN se basó en los artículos 59 párrafo primero, 60, 61, 67 párrafo segundo, y 68 párrafo segundo de la Ley Federal del Trabajo, en los que se dispone lo relativo al pago del tiempo extraordinario laborado.
Maciel Anaya desglosó los conceptos clave para poder entender la resolución de la SCJN y sus implicaciones, exponiendo el tipo de jornadas laborales ordinarias comprendidas en la Ley, lo que constituye la hora extraordinaria, y los periodos sobre las que se contabilizan.
¿Cómo se contabilizan las horas extraordinarias?
La Ley Federal del Trabajo distingue entre tres tipos de jornadas: la jornada diurna, entre las 6 am y las 8 pm, con duración máxima de 8 horas al día, y un máximo de 48 horas contabilizadas a la semana; la jornada nocturna, entre las 8 pm y las 6 am del día siguiente, cuya duración diaria no puede exceder las 7 horas, con un máximo de 42 horas ordinarias a la semana; y la jornada mixta, que comprende periodos tanto de la diurna como de la nocturna y con una extensión de 7 horas y media al día, siempre que el lapso que supere las 8 pm no exceda las 3 horas y media, o se le considerará jornada nocturna, y un máximo de 45 horas ordinarias laboradas a la semana.
Pasando los tiempos ordinarios laborales diarios establecidos por Ley, se comienzan a contabilizar las horas extraordinarias de trabajo. Las horas extraordinarias de trabajo tienen un máximo de 9 a la semana, y el patrón debe pagarlas al doble del valor salarial de las horas de jornada ordinaria. En el caso de que el tiempo extraordinario laborado en una semana supere las 9 horas, a partir de la hora 10 y en adelante el patrón deberá pagarla al triple de lo pagado por la hora de jornada ordinaria.
De lo anterior se desprende que lo establecido en la Ley Federal del Trabajo es que la hora es la unidad de tiempo básica para el pago de tiempo extraordinario laborado, y que para la contabilización de las horas extra —y determinar si el pago correspondiente es el doble o el triple del valor salarial de la hora ordinaria—, es el periodo de una semana.
¿Cómo se contabilizarán los minutos laborados que excedan la jornada ordinaria?
El fallo de la Segunda Sala de la SCJN concerniente al pago de las unidades de tiempo menores a una hora al día condiciona su pago a que los minutos laborados que excedan la jornada laboral ordinaria diaria considerados para sumarse y alcanzar una hora deberán ser los que se den el periodo de una semana.
Para ejemplificar, si un trabajador excede la jornada ordinaria diaria 15 minutos un día, al siguiente por 30 minutos, y en un tercero lo hace por 45 minutos, y estos tres días se dieron en el lapso de una misma semana, podrá exigir el pago de una sola hora, toda vez que al sumar los minutos, el resultado es 90 minutos, pero la Ley establece que la unidad de tiempo es la hora, por lo cual, sólo los 60 minutos que constituyen la hora serán los que se contabilizarán como tiempo extraordinario de trabajo, no así los 30 minutos restantes. Del fallo de la SCJN se desprende también que a los minutos extraordinarios laborados en una semana no se podrán sumar los de una previa o una subsecuente.
El presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje apuntó que si bien la contradicción de tesis fue resuelta por la SCJN el pasado 6 de junio, la tesis de jurisprudencia aún no se ha publicado en el Semanario Judicial de la Federación, acción indispensable para que la resolución adquiera fuerza vinculante. Será hasta entonces que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje analice la disposición de herramientas para que los trabajadores presenten las reclamaciones correspondientes al cobro del tiempo extraordinario laborado y acumulado en minutos a lo largo de una semana, siempre que el patrón o la empresa se nieguen a pagarlas.
La letra chiquita: evasión de obligaciones laborales y contratos de protección
Para Manuel Fuentes, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) especialista en derecho laboral, si bien la resolución de la SCJN beneficia directamente a los trabajadores al poder hacer el cobro de todo tiempo extraordinario laborado, y a los patrones y empresas al dar claridad al pago de las horas extras, éste sólo podrá beneficiar a los empleados que cuenten con la protección de un contrato colectivo de trabajo, que les otorgue condiciones para poder exigir el pago del tiempo extraordinario laborado.
Fuentes señala queen México existe un alto índice de evasión del cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de los patrones. Muestra de ello, dijo el investigador, son los contratos en los que se establece que la empresa o el patrón deben aprobar previamente mediante una firma el trabajo de tiempo extraordinario para que proceda el pago de lo laborado como tiempo extra. Muchas veces, el trabajador acredita que laboró el tiempo extraordinario, pero el patrón aduce que no dio su aprobación por escrito, evitando así hacer el pago debido.
Aún quienes cuenten con un contrato colectivo de trabajo no tienen garantizados el pago del tiempo extraordianrio trabajado. Fuentes refiere el caso de los “contratos de protección”, que son contratos colectivos firmados por los patrones con los sindicatos a espaldas de los trabajadores, con los que logran discrecionalidad en el cumplimiento de las obligaciones para con los empleados, y que afectan a 95% de los trabajadores, según el especialista.
Si un trabajador acude ante la autoridad para hacer cumplir sus derechos laborales, el proceso de su reclamación puede llevar entre 4 y 5 años, señaló el académico. “En los hechos, la justicia laboral no funciona”, dijo Fuentes.
Ante este panorama, una solución sería fortalecer la inspección del trabajo, en opinión de Fuentes, y añadió que en la Ciudad de México el número de inspectores laborales apenas asciende a 25 elementos. “Con alrededor de 270,000 centros de trabajo en la Ciudad de México, a los inspectores laborales existentes les tomaría 49 años visitarlos todos”, por lo que para una nueva administración sería prioritario aumentar el número de inspectores como medida inicial para mejorar las condiciones de los trabajadores en la ciudad.
En el caso de las empresas que no cuenten con sistemas de registro de jornadas laboradas por los trabajadores, como lo es un reloj checador con el que se contabiliza la hora de entrada y salida, la obligación del patrón será pagar todo tiempo extraordinario que el trabajador declare que laboró.
Reforma laboral y desaparición de Juntas de Conciliación y Arbitraje
El especialista también fue consultado sobre la reforma laboral aprobada en enero del 2017, pero con la promulgación de las leyes secundarias aún pendiente, y con las cuales las Juntas de Conciliación y Arbitraje, encargadas de resolver conflictos laborales, desaparecerían, dejando en su lugar a los Tribunales Laborales, que caerían bajo la jurisdicción del Poder Judicial.
Fuentes opinó que este aspecto de la reforma es positivo, pues “técnicamente es mejor que los conflictos laborales sean manejados por el Poder Judicial”, pero subyace un problema presupuestal de fondo. Señala que el número de expedientes en proceso que manejan las Juntas de Conciliación es de 430,000, mientras que el Poder Judicial de la federación procesa 500,000 expedientes. De desaparecer la Juntas, el Poder Judicial duplicaría su carga de trabajo. Sería necesario, dijo Fuentes, aumentar el presupuesto asignado al Poder Judicial para poder dar cumplimiento a los dispuesto en la reforma laboral, siempre que el Legislativo cumpla con su obligación de emitir las leyes secundarias.
Maciel Anaya considera que en el escenario de que los legisladores aprueben las leyes secundarias que den lugar a los tribunales laborales, las Juntas deberán agotar su carga de trabajo, procesando todos los expedientes en curso, para que los Tribunales entren en funcionamiento sin heredar procesos pendientes.
Ambos entrevistados coincidieron en que con la creación de tribunales laborales a cargo del Poder Judicial, la resolución de conflictos laborales dejará de ser una cuestión política, al evitar que gobernadores o el mismo Presidente de la República intervengan o determinen los fallos, como ha ocurrido desde la creación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
luis.martinez@eleconomista.mx
https://www.eleconomista.com.mx/gestion/Como-calcular-y-cobrar-los-minutos-acumulados-como-horas-extra-20180629-0050.html

Red TDT | Pronunciamiento Red TDT por el día del trabajo


Publicado en 1 mayo, 2018
Por condiciones dignas de trabajo y contra las reformas neoliberales: tratados y reformas han lastimado a las y los trabajadores de México

  • Es grave que las políticas públicas de asociación comercial se hayan construido desde la exclusión a las personas, y colectividades que han manifestado su oposición a este tipo de acuerdos.
  • Los acuerdos comerciales firmados por México han generado pobreza y deterioro de los derechos laborales.
  • Las reformas recientes incentivan la precarización y violación de los derechos de las y los trabajadores al tiempo que consolidan la desigualdad de género.

Por décadas y décadas los gobiernos neoliberales han pactado acuerdos comerciales y creado reformas que vulneran los derechos de mexicanos y mexicanas. Un ejemplo claro de ello, es  el contexto de la firma del TLCAN en 1994. Para firmarlo, el gobierno de aquel entonces argumentó que se generarían más empleos con mejores salarios, se mitigarían las causas de la migración y, en general, las y los mexicanos tendríamos una mejor calidad de vida.  Sin embargo, después de más de 20 años, lo comprobable es la precarización de las condiciones laborales.
Actualmente, la renegociación del TLCAN sostiene las mismas estrategias: otorgamiento total de facilidades a los mercados transnacionales; abaratamiento de la mano de obra;  condiciones laborales precarias: subcontratación, horarios poco estables, falta de acceso a servicios de salud, pérdida de antigüedad y pensiones mínimas. En contraste se garantizan mecanismos de protección a las empresas en demerito de los derechos.
La ratificación reciente del Senado de la República al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) no solo es grave por su falta de consulta pública. Es sumamente preocupante por la acción estatal que ha excluido de esta política pública fundamental a las personas, y colectividades que han manifestado su oposición a este tipo de acuerdos.
Esto ha sucedido también durante el proceso de actualización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea. ¿El beneficio que representan justifica el despojo a las y los trabajadores de sus derechos? La realidad demuestra lo contrario: la precarización de las condiciones de trabajo, los sueldos y la oferta van empeorando. Resulta innegable que las reformas estructurales de esta administración han situado al pueblo de México entre los países con mayor desigualdad: nuestra tasa de pobreza es de 53 millones de pobres (INEGI). Esto además adolece un componente de discriminación por género, afectando en mayor medida a las mujeres.
Con la reforma a la Ley Federal del trabajo en 2012 y la reforma del 2017, se consolidó la precarización y violación de los derechos de las y los trabajadores. La Reforma Constitucional de Justicia Cotidiana promulgada el 24 de febrero del 2017 suponía importantes cambios institucionales como: 1) la sustitución de  las Juntas de Conciliación y Arbitraje por Tribunales Laborales pertenecientes al Poder Judicial de la Federación; 2) se construiría un nuevo organismo público descentralizado para la conciliación y resolución de conflictos laborales; 3) para el registro de sindicatos y contratos colectivos de trabajo; 4) que las y los trabajadores serían consultados mediante voto personal, libre y secreto, antes de la firma de un contrato colectivo de trabajo.
En la realidad, las Juntas siguen otorgando rutinariamente reconocimiento legal a contratos de protección patronal y han obstaculizado el derecho de las y los trabajadores a la libertad de asociación sindical. Los impactos reales de la reformas 2012 y 2017, podemos observarlas, como hemos dicho en la precarización del trabajo y las condiciones laborales, con mayor impacto en las mujeres.
La reforma del 2012 falló en combatir la desigualdad por género. Prometió mejorar la protección legal para las mujeres trabajadoras por acoso sexual, discriminación, licencias por maternidad y paternidad, e impedir la exigencia de pruebas forzadas de embarazo. Hoy, las organizaciones defensoras de derechos humanos laborales seguimos identificando la vulneración de los derechos en estos temas en las empresas de manufactura y ensamble (confección, electrónica, automotriz, farmacéutica, aeronáutica, etc).
Los cambios aprobados por la Cámara de Diputados, en la definición de las tablas de enfermedades y riesgos de trabajo tiene enormes consecuencias en la calidad de vida de las y los trabajadores. Las organizaciones defensoras de derechos humanos laborales identificamos un conflicto de interés al facultarse a las empresas a definir el pago por enfermedad. Dependiendo de esas definiciones una persona trabajadora recibiría el 60% o el 100% de su salario en caso de incapacidad precisamente el segundo caso depende de las definiciones de enfermedad, infección, intoxicación o accidente laboral.
Por las anteriores consideraciones este primero de mayo La Red TDT se pronuncia por leyes laborales más justas, creadas con la participación de las y los trabajadores. También resulta fundamental que se garantice la libertad  de asociación, la contratación colectiva y un trabajo en condiciones más dignas.
Nos parece evidente que es necesario un replanteamiento de la política de apertura indiscriminada al comercio y a la inversión, pasando por encima del origen social de nuestro régimen político. El modelo de negociación y firma de tratados comerciales no sólo es profundamente antidemocrático y poco transparente, sino que pone en riesgo nuestra soberanía y la integridad misma de nuestra Nación y derechos.
En virtud de ello, realizamos las siguientes exigencias:

  • No debe aprobarse la reforma laboral secundaria, puesto que no ha sido puesta a consulta y perjudicaría aún más a la clase trabajadora de este país.
  • Exigimos un debate abierto sobre la política laboral por parte del gobierno federal con la participación de los sindicatos democráticos, la ciudadanía y las organizaciones y colectivos que trabajan derechos humanos laborales.
  • Exigimos revocar la ratificación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).
  • Exigimos la apertura de un diálogo nacional para valorar qué tipo de acuerdos y relaciones comerciales que deseamos tener con la región norteamericana.

¡Este primero de mayo nos pronunciamos por verdaderas condiciones
de trabajo dignas y una reforma laboral más justa para todas y todos!

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