NOTIMEX 28.05.2019 – 19:21H
La reforma laboral permitirá una modernización del mundo del trabajo a partir del surgimiento de nuevos liderazgos sindicales electos democráticamente y la creación de nuevas centrales obreras o gremiales, consideraron abogados laboristas.
En su opinion, con los cambios a las leyes laborales, los más importantes desde la aprobación de la Constitución de 1917, se avecina un relevo de dirigentes, aunque también cabe la posibilidad de que algunos permanezcan al contar con el respaldo de los trabajadores, además de que con la multisindicalizacion convivirán cuatro o cinco en una misma empresa.
Alfonso Bouzas Ortiz, especialista laboral e integrante del Observatorio Ciudadano para la Reforma Laboral, expuso que entre lo positivo del nuevo marco legal está que se eleva a rango constitucional la contratación colectiva y se obliga a los líderes sindicales a poner a consideración de los trabajadores el contenido de los Contratos Colectivos y que sean votados por todos.
Opinó que la reforma laboral traerá una nueva era en el sindicalismo mexicano y obligará a los organismos a transparentar en qué gastan las cuotas de trabajadores, elegir a sus líderes de forma democrática y hacer públicas las negociaciones de Contratos Colectivos de Trabajo (CCT).
Los trabajadores podrán decidir a través del voto personal, secreto y universal si quieren pertenecer a un sindicato o no. Además el CCT ya no sólo será votado por la comisión revisora, sino que deberá ser puesto a consideración de los agremiados para aprobarlo o rechazarlo, detalló en entrevista.
Es un avance en materia de transparencia, ya que se tendrán que registrar y publicar las negociaciones colectivas ante un nuevo órgano, denominado Centro Federal de Conciliación, con lo cual cada trabajador podrá conocer los detalles de los acuerdos entre patrones y sindicatos, precisó.
Otro punto en favor de ese marco legal que entró en vigor el 1 de mayo es que desaparecerán las Juntas de Conciliación y Arbitraje tanto de nivel federal como estatal, y en su lugar se crearán tribunales que dependerán del Poder Judicial.
También, abundó, se crea un órgano de conciliación que estará obligado a que las partes lleguen a un acuerdo, y de no ocurrir así se llevará el caso a los tribunales laborales para fallar en favor o en contra de alguna de las partes.
Puntualizó que se establece la figura de carga de prueba, donde el patrón debe comprobar que el trabajador cometió alguna falta, sin embargo el emplado tendrá la oportunidad de defenderse.
En caso de que el empleador no acredite la falta el obrero se verá beneficiado. Un ejemplo de ello, precisó el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, es cuando un patrón acusa de robo a uno de sus empleados, y si no lo acredita deberá reinstalarlo.
Lo que se busca es terminar con el atraso que existe en las Juntas de Conciliación y dar celeridad al procedimiento, pues actualmente hay un rezago de más de medio millón de expedientes en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) y un número similar en las locales, por lo tanto se estaría hablando de más de un millón.
Un punto importante, subrayó, es el tema de la capacitación de los conciliadores, así como de los funcionarios judiciales.
“Ya no llegarán por amiguísimo o compadrazgo, sino por examen de oposición”. Bouzas Ortiz expresó que “hay muchos temas que deberían haberse abordado pero el Poder Legislativo no lo hizo, pues la reforma de 2017 marcaba qué campos tenían que ser modificados.”
“El más importante es la democracia y la libertad sindical, una de las exigencias del Tratado de México con Estados Unidos y Canadá”, subrayó.
La democracia es la columna vertebral de la reforma y eso significa que se acabaron los líderes que usufructuaban los derechos laborales de los trabajadores, que durante décadas han aplastado a las masas y convertido a los sindicatos en patrimonios personales para enriquecerse.
Esta reforma, aseguró, abre la posibilidad de que los sindicatos regresen a los trabajadores.
A su juicio, uno de los pendientes que se quedó en el tintero es el caso del Apartado B, así como el establecimiento de un nuevo sistema de pensiones y jubilaciones.
Por su parte el abogado laborista Oscar de la Vega estableció que la reforma laboral es positiva en términos generales, ya que busca mejorar la democracia sindical y la negociación colectiva.
Por primera vez en el país se pone a consideración el derecho de los trabajadores a si quieren o no estar sindicalizados. “Se establece que nadie está obligado a pertenecer a un sindicato o federación”, señaló.
Hizo notar que de acuerdo al Artículo 110 fracción VI un trabajador decidirá de manera libre si quiere pagar cuotas sindicales.
Además, indicó, un trabajador podrá decidir si quiere estar dentro de un CCT. Sostuvo son pasos positivos para democratizar a las organizaciones sindicales y al mismo tiempo buscar la forma de reinventarse y tener el apoyo de las bases.
Un avance, anotó en entrevista por separado, es que cuando haya un emplazamiento a huelga por revisión de CCT deberá contar con el respaldo de por lo menos el 30 por ciento de los trabajadores de la empresa.
Con ello se pone un freno a las huelgas “locas”, que son utilizadas por los líderes sindicales para obtener beneficios económicos y políticos.
De la misma manera calificó como un avance la creación del Centro de Conciliación Laboral y se tiene un plazo de dos años para ponerlo en operación.
A su vez los sindicatos tienen cuatro años para presentar sus CCT para que sean avalados o ratificados con el apoyo del 50 por ciento más uno de los trabajadores de una empresa, si no lo hacen se da por terminada la relación colectiva.
Con la reforma laboral y la ratificación del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el país se empezara a dar la multisindicalizacion, es decir que varios sindicatos convivan en una misma empresa.
Al tocar el tema de la huelga consideró que es una figura “oxidada” y ya no responde a las necesidades del país y de la clase trabajadora.
La reforma a la ley, agregó, hace una pequeña modificación para que el patrón se someta a un arbitraje y evitar paros de labores de más de 60 días.
“Las pequeñas y medianas empresas no pueden soportar huelgas de más de dos meses y por eso sería bueno revisar el proceso y establecer un arbitraje privado para ver quién tiene la razón”, juzgó.
El especialista añadió que entre los pendientes se encuentra modernizar el tema de la huelga, la cláusula de exclusión que atenta contra la libertad de asociación y el outsourcing o subcontratación.
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BID: reforma a ley laboral no pone en peligro a las empresas
Aconseja el experto David Kaplan revisar peticiones de la iniciativa privada
Alejandro Alegría
Periódico La Jornada
Domingo 26 de mayo de 2019, p. 17
La reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) no implica riesgos para las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y permite al país cumplir los compromisos adquiridos en pactos internacionales, como el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), manifestó David Kaplan, economista del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En entrevista, el especialista sénior de la división de mercados laborales del organismo indicó que, desde una perspectiva general, las modificaciones a la LFT son buenas, pero pueden mejorar.
Recordó que la reforma, la cual reglamenta las modificaciones efectuadas al artículo 123 constitucional y que entraron en vigor en febrero de 2017, responde a los compromisos adquiridos como parte de las negociaciones para renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que derivó en el T-MEC, pero también para el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico y la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo.
“La reforma es buena en general”, opina el especialista. “Hay muchas cosas que puede mejorarse, pero tuvo un propósito: cumplir la modificación constitucional y los compromisos del T-MEC”.
En relación con el pacto comercial, que está en proceso de ser ratificado en los tres países que lo integran, comentó que hay algunos puntos que exigen demasiado, pero deben ser cumplidos.
Al ser interrogado sobre si las modificaciones ponen en peligro a la Pymes, respondió que no, pues los retos que enfrentan, subrayó, son de otro tipo.
Destacó que los sindicatos también tendrán que hacer cambios, ya que deberán trabajar por el bien de los agremiados, sobre todo cuando las empresas no puedan subir los salarios.
“En ese caso no tenemos mucho que temer, porque ningún sindicato que realmente esté buscando el bien de sus trabajadores va a quebrar a la empresa. Sería una tontería. Ahora, si su interés es chantajear, eso es otra cosa”, apuntó.
Si la empresa tiene recursos para mejorar las remuneraciones, agregó, entonces el sindicato puede actuar.
“Confío en que vamos a tener mejores sindicatos que busquen el bien de los trabajadores. Por tanto, si una empresa no puede pagar ese sindicato no va a exigir lo que no se puede cubrir. Sería en contra de los propios intereses de los empleados”, aseveró.
Peticiones empresariales
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y los organismos que lo integran mantienen 10 puntos que, consideran, deben corregirse o agregarse.
Entre ellos destaca el artículo 784 que obliga al empleador a probar un hecho negativo, como un despido, lo cual, consideran los empresarios, es imposible.
Los artículos 927 fracción quinta y 390 tercero dejan la decisión unilateral del sindicato de estallar la huelga o diferir su fecha, por lo cual la iniciativa privada considera que “es importante establecer la posibilidad de una prórroga de común acuerdo con el empleador.”
El sector privado también argumenta que la nueva LFT no permite a los trabajadores ejercer el derecho de no pertenecer a ningún sindicato, lo que, afirma, es una limitante.
Interrogado en ese sentido, Kaplan afirmó que ese punto se podría considerar –el Senado ofreció la alternativa de parlamento abierto para discutir las inquietudes de la IP.
Sin embargo, “tampoco vería claro qué debería incorporar esa posición”, añadió el especialista.
Citó que el artículo 395, el cual no fue modificado, señala que el patrón podrá contratar a personas que estén o no afiliadas a una organización sindical.
“Tampoco la ley dice, ni antes ni después de la reforma, que a fuerza tiene que estar sindicalizado. Se podrá establecer, podrá deetrminarse y también no podrá establecerse la relación de trabajo. No veo problema a la ley como está.”
Kaplan indicó que se pueden revisar otras peticiones de la inicitiva privada, como la falta de sanciones a líderes sindicales que buscan cerrar las instalaciones de las compañías y las huelgas que no cumplen los requisitos para ser reconocidas como legales.
“Es necesario incluir un artículo 1007 bis y sancionar esa conducta cuidando la paz laboral”, ha indicado el CCE.
El economista comentó que el sector privado tiene “observaciones legítimas” cuando se pretende estallar una huelga sin haber cumplido los requisitos, sobre todo cuando se tratan de personas ajenas a las compañías.
“El sector patronal pide algunas protecciones adicionales para que no se cierren los lugares de trabajo”, dijo. “Se podrían agregar sanciones o protecciones para evitar el cierre de negocios”.
Kaplan destacó que las compañías en México deberán acostumbrarse a negociar con sindicatos que no protegen a los patrones, que no son ficticios.
Concluyó que los cambios a los juicios laborales individuales también son importantes, pues desaparecen viejas prácticas con el fin de culminar antes el proceso y que terminaban en un despido también, por lo que ahora ese tipo de procesos serán más justos y se podrán ejercer los laudos que deriven del procedimiento.
https://www.jornada.com.mx/2019/05/26/economia/017n1eco
IP ve claroscuros en reforma laboral
06/05/2019 | 01:16 | Ivette Saldaña
Los cambios a la ley secundaria en materia laboral que se aprobaron en abril pasado tienen pros, contras y temas que no se incluyeron, como el outsourcing o la subcontratación.
En especial, el sector privado tiene 10 preocupaciones que espera se atiendan en el parlamento abierto que realizará el Senado.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, dijo a EL UNIVERSAL que esperan cambios porque “para eso se abre (el parlamento abierto) para que los senadores tomen las inquietudes y modifiquen el articulado que corresponda, de lo contrario no tendría ningún sentido hacerlo”.
Para el líder de la máxima cúpula empresarial, la relación obrero-patronal “va a cambiar”, porque los trabajadores tendrán mayor libertad de asociación, habrá asambleas para que decidan su destino. Sin embargo, comentó que una decena de los más de mil artículos de la nueva ley laboral preocupan al CCE, pero no motivar a bajar las inversiones.
Entre los pros que observa está el que los conhictos entre obreros y patrones se resolverán vía la conciliación en seis meses en lugar de tardarse como ahora dos, tres o cuatro años; se inhibirán las extorsiones que se viven en centros de trabajo.
Se teme que haya una baja de productividad, porque se consideró que en cada decisión que se tome tendrán que participar trabajadores, en lugar de que el delegado elija, lo que afectará a las grandes empresas.
Otro tema de preocupación es que se divida el contrato colectivo por gremios en cada empresa, “eso la verdad no es funcional y pega a la productividad”.
Con la nueva legislación también se estaría sujeto al “capricho o decisión del líder del sindicato” para levantar la huelga.
Se quedó sobre la mesa el castigo a un sindicato extorsionador, y si una huelga rebasa 60 días, la empresa puede plantear la imputabilidad, aunque el procedimiento no es de pronta resolución, se puede quejar un patrón para evitar que se mantenga una huelga por caprichos.
El socio director de Sales Boyoli, Jorge Sales Boyoli, comentó que “es una ley de claroscuros, un híbrido de conceptos o legislaciones de corte social con otras de vanguardia, así que se verá qué sale del híbrido”.
Viejo sindicalismo. Por una parte esta nueva ley tiene aspectos que son regresivos del viejo sindicalismo, como darle el poder que se le da a los sindicatos, a las centrales obreras y el control del gobierno.
Es decir, es “una legislación llena de claroscuros que se puede comparar con viejos sistemas sindicales y corporativismos de América Latina, pero tiene aspectos de democracia sindical como en países europeos”.
Coincidió con el presidente del CCE en que el reto está en la implementación de este nuevo sistema, porque hay ausencia de presupuesto para lograr la transición.
Los socios de la brma Holland and Knight, Carlos Vejar y Leslie Palma, expusieron que hay tres principales ventajas de la nueva legislación, el derecho a pertenecer a un sindicato libremente, el hecho de que se obliga a los líderes sindicales a rendir cuentas a sus agremiados cada seis meses y se hará más transparente el uso de las cuotas, además de buscar justicia pronta y expedita.
Palma coincide con otros expertos que es prácticamente imposible demostrar que la empresa no corrió a un trabajador cuando éste dejó el puesto por decisión unilateral.
Dijo que estos cambios muestran que México “está avanzando en el tema laboral” y si bien puede pensarse que hay sobreprotección al trabajador,también lo hace la ley actual.
El director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico (IDIC), José Luis de la Cruz, comentó que parece que la reforma laboral no estuvo necesariamente consensuada y cabildeada o compartida con el sector privado, porque es claro que hay una crítica sobre el resultado de la reforma.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/ip-ve-claroscuros-en-reforma-laboral
Apartado “B” ¿con derecho a huelga?
PABLO RUIZ MEZA
30.04.2019/03:40
La libertad del trabajador de afiliarse a un sindicato, pagar cuotas de manera voluntaria, elegir dirigentes sindicales a través del voto universal directo y secreto, que solo se había contemplado a trabajadores de industria en el apartado “A” de la Ley Federal del Trabajo (LFT), se traslada al apartado “B”.
Los legisladores de la Cámara Alta dieron ayer un vuelco de timón a la reforma laboral y de manera sorpresiva se extienden los mismos preceptos legales a los sindicatos de trabajadores al servicio de los poderes del Estado, incluidos los trabajadores de la educación agrupados en la SNTE y CNTE.
Esta medida es verdaderamente “revolucionaria” porque pone en igualdad de circunstancias, en cuanto a materia de libertades sindicales, a los trabajadores y sindicatos de los apartados “A” y “B” de la LFT.
Para ser congruentes, sino quieren que la reforma laboral sea chaira, en materia de justicia laboral, los sindicatos del Apartado “B”, es decir los sindicatos de burócratas al servicios de los poderes federales, (incluidos los maestros y policías) de los estados y municipios deberán tener el derecho a “huelga”, lo cual estaba proscrito en la reforma laboral vigente.
Pero aún más, los trabajadores que prestan sus servicios como policías y en los servicios administrativos en las secretarías de seguridad pública, de los tres niveles de gobierno, deberán tener derecho a la asociación sindical, a un contrato colectivo y el derecho a huelga.
Veremos en los detalles de la justicia laboral si la mayoría de los legisladores federales fueron congruentes, y no se quedaron como chairos de Morena, limitando los derechos labores de los trabajadores del Apartado “B”, respecto a los considerados en el “A”.
Si la reforma laboral “espejo” para los trabajadores del Apartado “B” solo se centra en las “libertades sindicales”, se estaría reduciendo a una estrategia legal para desmontar el control sindical del viejo aparato del PRI en la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).
De la misma forma, por tratarse de una legislación federal, que está por encima de la legislación de los estados y reglamentos municipales, se aplicaría a todos los sindicatos en las entidades al servicio de los Poderes del estado, así como en los sindicatos de trabajadores municipales de los 2 mil 458 ayuntamientos en el país.
pablo.ruiz@milenio.com
https://www.milenio.com/opinion/pablo-ruiz-meza/nada-personal/apartado-b-con-derecho-a-huelga
Laboral pone candados para emplazar a huelga
Nación martes 30 de abril de 2019 – 03:15
POR LAURA ARANA
La nueva Reforma Laboral pone el candado a los líderes sindicales, ya que será válida la huelga cuando acrediten el apoyo del 30 por ciento de sus agremiados, por lo que tendrán que solicitar una Constancia de Representatividad expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que sustituirá a las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Con 120 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, el pleno del Senado de la República aprobó, en lo general, cambios a las leyes Federal del Trabajo, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Defensoría Pública, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Seguro Social donde se precisa en materia de huelga que, “el sindicato solicitante deberá contar con la Constancia de Representatividad expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral antes de iniciar la negociación colectiva y emplazar a huelga”.
Indica que, para la obtención de la constancia, se deberá presentar un listado donde acredite que cuenta con el respaldo de por lo menos 30 de los trabajadores cubiertos por el contrato colectivo.
El requisito abonará a disminuir, “la problemática del abuso por parte de organizaciones poco escrupulosas y sindicatos “fantasma” del derecho de emplazar a huelga al patrón para exigir la firma de un contrato colectivo”.
Erradicará “las huelgas por extorsión… La simulación que ha pervertido los esquemas de negociación colectiva, proviene en buena medida de una falta estructural de legitimidad democrática en la vida interna de los sindicatos”.
Otro punto que se destaca en la Reforma Laboral es la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para dar paso a tribunales especializados a cargo del Poder Judicial de la Federación.
Actualmente no existen recursos para la transición de la Junta de Coordinación a los Tribunales, por lo que se será en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 donde se etiqueten los nuevos recursos para la transición.
“Se dispone que durante la etapa transitoria deberán participar coordinadamente los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades Federativas, los que deberán disponer el presupuesto necesario para constituir tribunales laborales, desarrollar programas de capacitación del personal, entre otras tareas”, se expone.
Al respecto, el Presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, lamentó que el Senado tome la puerta falsa y apruebe una reforma laboral, dictada desde Estados Unidos.
“No queremos entrar a un país donde se legisla en la primavera y se cambia en el otoño. Necesitamos dar estabilidad al Estado de Derecho” ante presiones por la ratificación del Tratado Mexico, Estados Unidos y Canadá.
Denunció que, con las nuevas facultades del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el órgano es como un “INE pequeño” que está convirtiendo a las asambleas sindicales en “procesos electorales políticos en lugar de ser procesos electivos al interior de un sindicato”.
Ello, al mencionar que debido a sus nuevas funciones este centro tendrá, en los próximos cuatro años, la obligación de revisar 100 por ciento de todos y cada uno de los cerca de 500 mil contratos colectivos de trabajo en el país, así como la presencia de 375 mil asambleas sindicales.
https://www.contrareplica.mx/nota-Laboral-pone-candados-para-emplazar-a-huelga201930411
Lucha obrera, ante nuevos, y no tan nuevos, desafíos de cara a reforma laboral
El cambio de modelo de relaciones laborales podrá significar un reto para empresas y el gobierno
MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 26/04/2019
Con el inicio del nuevo gobierno surgieron huelgas en todo el país (Foto: Archivo)
El movimiento obrero llegará al Día del Trabajo con una nueva reforma laboral, con la creación de una nueva confederación creada por parte del líder del sindicato minero, el senador Napoleón Gómez Urrutia, con el respeto al derecho de huelga como no se veía en otros sexenios, pero también con algunos retos, plantearon expertos en el tema laboral.
El abogado laboral Manuel Fuentes Muñiz dijo a La Silla Rota que algunos aspectos de la nueva ley laboral pueden debilitar a los sindicatos, y que conservar algunos aspectos del outsourcing favorecen más a los patrones que a los trabajadores. A ello se suman los despidos que ha habido dentro del gobierno federal con la nueva administración y los que ocurren en la iniciativa privada.
La serie de despidos de inicios de sexenio, no se dio un aumento al salario como el de 16.21 por ciento al mínimo, el resto del aumento de salarios fue de 4 o 5 por ciento y fuera de lo de salario mínimo, no mejora. No creo que sea una fiesta obrera sino una fiesta de protesta, de reclamos, que se responda a preguntas de las nuevas relaciones laborales, que sea un compromiso del gobierno para que la industria nacional sea el elemento de motor de cambio, porque como esto se deriva de acuerdo comercial (la ley laboral, como parte del T-MEC) y pareciera que algunos apuestan a que las fuentes de trabajo se vayan al norte de nuestro país, obviamente hay incertidumbre de qué va a pasar con el empleo aquí, explicó el también integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.
Otros retos a largo plazo son la instalación de los 32 centros de conciliación y el Centro federal de conciliación, en lugar de las Juntas, la creación del Registro sindical y de contratos colectivos de trabajo y los tribunales laborales estatales y federales laborales bajo la sujeción de Poder judicial de la federación, lo que llevará tiempo, recursos e impactará en el tiempo que tarde la justicia para los trabajadoores, previó.
Por su parte el dirigente del sindicato de Tranviarios, Benito Bahena, consideró que la nueva ley laboral no apostó por recuperar lo que se ha perdido a lo largo de los años en prestaciones sociales para los trabajadores, y criticó que los descuentos de cuotas sindicales los harán directamente los patrones, con lo que si el trabajador dispone no darla, no se les descontará, por lo que pide que a esos trabajadores los sindicatos no los defiendan.
«El 1 de mayo cambia porque ya tenemos lo de la reforma laboral, nueva forma de cómo debemos actuar los líderes los sindicatos y organizaciones y debemos salir el 1 de mayo a hacer propuestas, dejarnos de agradecimientos y políticas».
En su caso, también buscan crear una nueva organización, «que busca organizar a quienes no están organizados».
NECESARIA, COMUNIDAD SINDICATOS TRABAJADORES
El abogado laboral Fuentes Muñiz reconoce que la nueva reforma laboral (que falta de ser aprobada por el Senado) tiene entre sus innovaciones el cambio de modelo de relaciones laborales que significará un reto tanto para sindicatos, empresarios y trabajadores en lo individual y también para el gobierno. Admitió que hay temas de avanzada, pero a su vez preocupación en materia de retroceso de derechos laborales, al fortalecer a los trabajadores pero con el debilitamiento de organizaciones sindicales, «lo cual no es necesariamente lo mejor», alertó.
«En muchas ocasiones el nuevo modelo no hace a un lado solo a las dirigencias sindicales, sino anula a organizaciones sindicales como tal y da poder a los trabajadores, en un entorno en que si se requiere comunidad entre sindicatos y trabajadores«, explicó.
La reforma plantea un escenario que plantea temas contradictorios, como la permanencia del outsourcing dentro del modelo laboral, lo que trae consecuencias que el especialista consideró delicadas. Recordó que si bien anteriormente los dirigentes sindicales a nombre de los trabajadores decidían, y eran controlados por las empresas, con la nueva reforma hacer que permanezca el outsourcing resulta contradictorio porque quienes ingresan siempre es en un régimen de temporalidad, de bajos salarios y con prestaciones mínimas donde los sindicatos que operan son inexistentes y los trabajadores están maniatados a la decisión de las empresas.
«Los trabajadores deben ser tomados en cuenta para la formulación de decisiones y validar los acuerdos con el patrón, si no hay un escenario donde no estuvieran organizados y el sindicato es inexistente, va a ser el patrón quien tome el control de la decisión, entonces la libertad sindical no se puede ejercer con el temor a ser despedido».
Respecto a los nuevos tribunales, pronosticó que su operación no será eficaz por lo menos durante este sexenio. «Los trabajadores de hoy se encuentran con juntas de conciliación con gran dificultad. Uno después del 1 de mayo se tendrá que enfrentar a juicios de 7 u 8 años y la ley nueva cuando se instalen tribunales será así como de modelo estadounidense, que dicta sentencias de manera oral y la construcción de esos juzgados va a requerir enormes recursos económicos, se plantea como de primer mundo en un país de tercero».
El también columnista afirmó que hay sindicatos que ven con preocupación la nueva ley laboral porque puede llevar a un debilitamiento de las representaciones sindicales y el fortalecimiento del individualismo que cree escenarios de conflictos.
«Me queda claro que las cosas no cambian con la legislación. Las leyes son un punto de referencia, el gobierno debe meterle muchos recursos para que no haya más dispersores y que la justicia sea rápida y que la atención sea de un día para otro y que el trabajador no tenga que esperar semanas, meses, años para una respuesta que a veces nunca llega y los trabajadores nunca alcanzan la justicia en situaciones de esta naturaleza».
PRESTACIONES SOCIALES A LA BAJA
Por su parte el dirigente del Sindicato de Tranviarios, Benito Bahena, reconoció que hay que analizar más a fondo la reforma laboral, y aunque consideró necesario la colaboración con el Poder Ejecutivo también pidió que haya transparencia, orden y buen trabajo para que las organizaciones sindicales no pierdan contratos y se puedan recuperar las prestaciones sociales que se han perdido.
Apuntó que la preocupación por la pérdida de prestaciones sociales no es un tema solo local y puso como ejemplo el movimiento de los chalecos amarillos en Francia, donde protestan por la pérdida de seguridad social. «Es lo que debemos ver y hacer ver que no estamos dispuestos a esa pérdida importante cuando acabas tu vida laboral».
Respecto a la nueva confederación de Gómez Urrutia, dijo que han estado atentos así como a otros proyectos sindicalistas. Ellos mismos trabajan en una nueva Central de Trabajadores y el 3 de mayo darán a conocer los avances, con el fin de organizar a otras pequeñas organizaciones y podrían llegar a ser 100.
En su opinión esta organización podría sustituir a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), de Francisco Hernández Juárez, que con excepción de contar entre sus filas con el sindicato de telefonistas, ha perdido fuerza como centro gravitacional de otras organizaciones similares.
DATOS
Como hacía años no se veía, con el inicio del nuevo gobierno surgieron huelgas en todo el país. Para el 1 de marzo la Secretaría del Trabajo contabilizaba 15 huelgas federales, así como 384 emplazamientos (que es la antesala del inicio de huelga).
El caso más visible fue la serie de huelgas en maquiladoras de Tamaulipas, en 44 empresas en la que inicialmente participaron unos 45 mil obreros y que paulatinamente se han resuelto.
Incluso la trasnacional Walmart enfrentó un conflicto que estuvo a punto de causar una huelga pero la empresa llegó a un acuerdo con la Confederación de Obreros de la Revolución Mexicana (CROM), que representa a los trabajadores.
Actualmente, hay un movimiento de huelga que suma 83 días y que afecta a estudiantes y académicos. Se trata de la que estalló en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
NUEVA CONFEDERACIÓN
El 13 de febrero el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Siderúrgicos y Metalúrgicos de la República Mexicana, minero, Napoleón Gómez Urrutia, realizó la Asamblea constitutiva de la Confederación Internacional de Trabajadores. Se trata de un intento de emular la fuerza ante el gobierno de lo que alguna vez fue la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
Asimismo, la nueva confederación buscará tener presencia o acompañamiento de organizaciones de otros países. El 16 de abril, previo a la primera Asamblea General de la agrupación, el dirigente minero pidió a los sindicatos del país unirse, organizarse, globalizarse y asumir a plenitud la defensa de los derechos de los trabajadores.
El gobierno federal también ha dicho que con la actual administración se acabará con los sindicatos de Estado. Así lo expresó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, durante la celebración del 83 aniversario de la CTM, otrora aliada de gobierno priístas.
«Se terminan los sindicatos de Estado, los sindicatos van a tener independencia y libertad», expresó la funcionaria federal el pasado 24 de febrero.
NUEVA REFORMA LABORAL
El 12 de abril fue aprobada por la Cámara de Diputados en lo general y en lo particular la reforma laboral, que así pasó a la Cámara de Senadores para su revisión, lo que podría ocurrir este 29 de abril.
https://lasillarota.com/nacion/lucha-obrera-ante-nuevos-y-no-tan-nuevos-desafios-de-cara-a-reforma-laboral-huelga-sindicato-trabajadores/282129
Reforma responde a nueva realidad en favor de justicia laboral: Alcalde
Reforma laboral tiene ‘visto bueno’ de empresarios: Luisa María Alcalde
23 Abr 2019
Luisa Marнa Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social | Foto: Especial
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REFORMA LABORAL LUISA MARIA ALCALDE SECRETARIA DEL TRABAJO
La titular de la Secretarнa del Trabajo respondió así a la solicitud de la iniciativa privada de modificar hasta 12 artículos de la minuta que fue aprobada por la Cámara de Diputados
Ante la petición del sector empresarial al Senado para realizar ajustes a la minuta de reforma laboral, Luisa Marнa Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, aseguró que los cambios propuestos a la Ley Federal del Trabajo (LFT) fueron consensuados con patrones y cumplen con los compromisos del paнs en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
A pregunta expresa sobre si ajustar la reforma laboral como piden los empresarios serнa un riesgo para que Estados Unidos o Canadá rechacen la reforma, la funcionaria respondió que si bien le corresponde al Senado la aprobación de la iniciativa, su dependencia considera que la minuta responde a los compromisos del T-MEC.
«Considero que es una iniciativa que, por un lado, es acorde con nuestra Constitución, lo cual es fundamental porque responde a la reforma de febrero de 2017 y, por otro lado, responde a los compromisos asumidos por México en T-MEC», explicó.
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Entrevistada al término de la inauguración de la Semana de la Seguridad Social, indicó que la reforma laboral toca «medularmente» temas como los contratos de protección y garantiza, mediante el voto libre, personal, directo y secreto de los trabajadores, la posibilidad de que mujeres y hombres se puedan organizar de manera libre y decidan qué sindicato los representa.
Alcalde Luján dijo que los cambios a la LFT también garantizan que no haya extorsiones y chantajes por parte de sindicatos que no representan a trabajadores y que llegan a estafar a los empleadores, asн como la transición a un nuevo sistema de justicia laboral.
«Creo que es una reforma que responde a esos derechos establecidos en la Constitución, también a los compromisos asumidos cuando se ratificó el Convenio 98 de la OIT. Considero que es una iniciativa crucial de fondo, de raíz, y que atiende a una nueva realidad», sostuvo.
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El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exhortó al Senado para que, en cumplimiento de su papel como cбmara revisora, analicen la minuta aprobada por los Diputados, y se abran espacios de diálogo con los distintos sectores involucrados.
Los empresarios piden modificar 12 artículos de la minuta que consideran importantes porque regulan las relaciones laborales entre patrones y sindicatos, “salvaguardan” las fuentes de empleo y darнan seguridad y certeza jurídica a la inversión.
Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, consideró que entre los artículos que deben modificarse está el 390Bis que aprobó la Cбmara de Diputados, en el cual “se quita a los trabajadores el derecho de seсalar su voluntad de no ser representados por un sindicato. El Senado debe corregir esta limitación a la contratación individual”.
Coparmex pidió al Senado adecuar el artículo 937 de la LFT aprobada por los diputados para que las empresas tengan derecho a pedir la calificación de una huelga estallada.
La IP también solicitó ajustar los artículos 920 y 929 de la Ley avalada por diputados para que no quede a la voluntad del líder sindical estallar una huelga y concluirla.
https://vanguardia.com.mx/articulo/reforma-laboral-tiene-visto-bueno-de-empresarios-luisa-maria-alcalde
Reforma responde a nueva realidad en favor de justicia laboral: Alcalde
NOTIMEX 23.04.2019 – 13:36H La minuta de la reforma laboral que están en manos del Senado de la República y que deberá ser discutida en los próximos días, es crucial, de fondo, y responde a la nueva realidad que hay en el mundo del trabajo, afirmó Luisa María Alcalde Luján.
La secretaria del Trabajo y Previsión Social añadió que el Congreso de la Unión también deberá hacer una reflexión muy profunda sobre el tema de la tercerización, ya que hay empresas que no cumplen con los lineamientos que establece la Ley Federal del Trabajo.
Asimismo, dijo, le toca al Senado analizar, discutir y, en su caso, aprobar las modificaciones a la minuta de la reforma en materia de justicia laboral que le envió la colegisladora. Entrevistada al término de la inauguración de la “Semana de la Seguridad Social. Construyendo Hoy el Futuro de la Seguridad Social”, expuso que este marco legal que está en manos de los integrantes de la Comisión de Trabajo está acorde a los lineamientos fundamentales que establece la Constitución de febrero 1917.
Además, abundó, responde a los compromisos que asumió nuestro país en el Tratado con Estados Unidos y Canadá, con los que se busca una mayor democracia y libertad sindical y terminar con los llamados contratos de protección que tanto daño le hacen a los trabajadores. La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sostuvo que con este nuevo marco legal se termina con el chantaje y las presiones contra los empleadores.
Asimismo, esta legislación aprobada por la Cámara de Diputados hace dos semanas responde a los derechos establecidos en la Carta Magna y en el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Detalló que la propuesta coloca al mundo del trabajo en la nueva realidad que priva en el país y termina con la cultura tradicional que existía en el sindicalismo mexicano.
Con ella, subrayó, se refuerza la libertad y la democracia sindical y será a través del voto secreto y universal de los trabajadores como se elegirán a los nuevos dirigentes, así como las revisiones salariales y contractuales, así como el estallamiento de huelga. Alcalde Luján recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que su gobierno está en contra de la precarización del empleo, por eso será necesario que el Poder Legislativo revise el marco legal del «outsourcing», pues hay muchas empresas que no cumplen con la Ley Federal del Trabajo.
https://www.20minutos.com.mx/noticia/506216/0/reforma-responde-a-nueva-realidad-en-favor-de-justicia-laboral-alcalde/
Ocaso de un país sin huelgas
21/04/2019
JORGE FALJO
Durante décadas se nos prometió que el libre funcionamiento del mercado laboral nos llevaría por sí mismo a la mejora de las condiciones de los trabajadores.
PERFIL
Las pasadas huelgas en Matamoros Tamaulipas tomaron de sorpresa al país. Nadie predijo que duplicar el salario mínimo en la franja fronteriza del norte del país podría, de rebote, provocar una revuelta laboral de los trabajadores de las maquiladoras. O tal vez sÍ se consideró esa posibilidad, porque el decreto indica, como un buen consejo, que la elevación del mínimo no debe ser referente para incrementar los demás salarios vigentes en el mercado laboral.
En esa perspectiva, que comparten las empresas, los trabajadores de las maquiladoras no serían beneficiados porque, tomando en cuenta bonos e incentivos, ya tenían ingresos superiores al nuevo mínimo. Sin embargo, esos trabajadores lejos de considerarse privilegiados recordaban tiempos mejores. A principios de los años noventa, antes de la firma del TLCAN, el salario medio de las maquiladoras de la región era de 19.50 dólares diarios; a precios constantes, hoy es menor a eso. Además, habían conseguido que la semana laboral fuera de 40 horas con pago de 56 horas; mientras que ahora en la mayoría de esas empresas se trabaja 48 horas a la semana.
Huelgas
En Matamoros se conjuntaron condiciones particulares de activismo, liderazgo y organización que llevaron a los trabajadores a una huelga general local en la que rebasaron a sus liderazgos sindicales formales. Exigieron un incremento salarial del 20 por ciento y el pago de un bono especial de 32 mil pesos que resultaba de calcular un pago salarial acordado con las empresas que se cubría en un solo pago al fin de año y que resultó alto porque estaba indexado al salario mínimo. El resultado es que cerca de un centenar de empresas llegó a un acuerdo favorable a las exigencias de los trabajadores.
Lo realmente sorprendente es que este era un país sin huelgas. En el sexenio de Vicente Fox estallaron 267 huelgas de carácter federal; en el de Calderón 111, y en el de Peña Nieto tan solo 22. Al final de la anterior administración se cumplieron 31 meses sin un solo estallamiento de huelga.
Esta «paz laboral» no era de ningún modo indicador de satisfacción de parte de los trabajadores. Se originaba más bien en dos factores: uno, la efectividad de los mecanismos de control y represión instaurados en el sindicalismo mismo y en las instituciones laborales. O segundo, un mercado laboral dominado por la informalidad y la ausencia de oportunidades de mejora.
Con el TLCAN México se comprometió a procurar el bienestar de los trabajadores; y simplemente no cumplió. Durante décadas se alentaron organizaciones sindicales autocráticas, corruptas y represoras de los trabajadores. Un régimen de desprotección de los derechos laborales alentado desde el gobierno.
TLCAN
Ahora desde los Estados Unidos viene la exigencia de reformas laborales que serán parte del nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, o T-MEC. Y esta vez parece que la cosa va en serio.
Trump ha ubicado a México, ante sus «fans», como un país que le roba empleos a los norteamericanos. En su campaña presidencial prometió acabar con la explotación laboral en México, porque constituye una forma de competencia desleal. Ese discurso ha trascendido y ahora es compartido por los demócratas. Importa resaltarlo porque en Estados Unidos existe la impresión de que México los engañó.
No suena bien plantearlo de ese modo. Pero, por otra, parte sería difícil negar que los mexicanos mismos hemos sido constantemente engañados. Durante décadas se nos prometió que el libre funcionamiento del mercado laboral nos llevaría por sí mismo a la mejora de las condiciones de los trabajadores.
En ese contexto se consideró inútil fijar un salario mínimo porque por sí mismas las empresas ya pagaban sueldos superiores. Matamoros demostró que no era cierto. De acuerdo con el IMSS el 10% de los trabajadores formales más pobres incrementó sus ingresos en más del 50% por la elevación del mínimo. Aunque en el conjunto total el salario promedio sólo subió un 8 por ciento, antes de las huelgas.
La reforma laboral se encuentra a discusión.
Sus ejes de transformación jurídica son el derecho de los trabajadores a organizarse; a elegir por voto libre y secreto a sus líderes; a discutir y aprobar, o no, el contrato de trabajo, a eliminar los contratos de protección, y a que las disputas laborales se resuelvan ante jueces independientes.
No conocemos aún cual será la redacción final de la ley y si acaba o no con el outsourcing y los falsos contratos de honorarios, o los deja para después. Pero basta lo esencial de las demandas norteamericanas para que aquí ocurran cambios fundamentales que abrirán escapes a la gran olla de presión donde durante décadas se han acumulado demandas reprimidas.
Y la exigencia de los demócratas no se limita al cambio legal. Sabedores ellos como nosotros, que con frecuencia el cambio legal es mero formulismo e hipocresía, esta vez exigen asegurarse que los cambios se instrumentarán adecuadamente y que a final de cuentas se conseguirá lo que quieren: disminuir la brecha salarial entre los trabajadores mexicanos y los norteamericanos.
Es en el terreno de la efectividad donde se librarán las más fuertes batallas internas. El sector privado mexicano sabe que la reforma laboral es inevitable; acepta el cambio legal para acoplarse a las exigencias de la renovación del tratado comercial, pero al mismo tiempo se opondrá a la sindicalización, a las elevaciones salariales y pondrá el grito en el cielo cuando ocurran huelgas.
La transición será un camino empedrado.
No sólo habrá tumbos inevitables en el camino de una cultura de auténtica negociación entre empresarios y trabajadores organizados. Abrir la ruta de la mejora salarial entra en contradicción con la estrategia económica de competir en un mundo globalizado sobre la base de pagar salarios de hambre en un mercado interno desprotegido.
Tendremos que revisar el modelo económico en su conjunto empezando por darle peso al Estado como rector de la economía, al diseño de una política industrial consensada con los sectores empresariales y una política social adecuada a la inclusión de todos los mexicanos. Y en las relaciones con el exterior pasar de la competitividad salarial a otra asociada a la protección de nuestra producción interna.
Utopías, las ajenas y las propias
@JorgeFaljo | @OpinionLSR | @lasillarota
https://lasillarota.com/opinion/columnas/ocaso-de-un-pais-sin-huelgas/281177?fbclid=IwAR1tD4VYYkB_yar-IcOLm6AA_Oa2tWG8bLss_4nv4zYUtjVERG8p1aici8Y
La inoperatividad de la reforma laboral aprobada en la Cámara de Diputados
ABRIL 16, 2019
POR ARTURO HUERTA GONZÁLEZ
El dictamen discutido y aprobado el 11 de abril en la Cámara de Diputados, parte de un diagnóstico que señala que en 90 por ciento de las organizaciones sindicales no se llevan elecciones libres y secretas de sus dirigentes y que los contratos colectivos de trabajo los hace la dirigencia sindical con o sin acuerdo de los trabajadores. De ahí la urgencia de realizar reformas a la Ley Federal de Trabajo para terminar con dichas prácticas.
Sin embargo, a pesar que la reforma laboral aprobada por los diputados, que garantiza la implementación de los derechos laborales, tales como la participación de los trabajadores en la elección de sus dirigentes y en las actividades de negociación colectiva a través del voto personal, libre y secreto y se evita la injerencia del patrón en dicho proceso, y se eliminan los contratos colectivos de protección empresarial que impiden la declaración de huelga, no garantizará que ello se traduzca en mayor poder de negociación de los trabajadores frente a las empresas para mejorar salarios y prestaciones laborales, debido a que dichas reformas no eliminaron la contratación a través del outsourcing. Ello permitirá a las empresas seguir haciendo contrataciones y subcontrataciones con terceras empresas que no tienen sindicatos, ni otorgan salarios seguros, ni prestaciones a sus trabajadores. Asimismo, al continuar el desempleo y subempleo y la economía informal –lo cual se incrementará con la política de austeridad fiscal que el gobierno instrumenta, y al seguir el libre comercio que desplaza a la producción nacional frente a importaciones– proseguirá creciendo el outsourcing, como el poder el sector empresarial de mantener los bajos salarios, a pesar de la “democracia” sindical contemplada en la reforma.
La posición de los demócratas en la Cámara de Representantes en Estados Unidos de condicionar la firma del T–MEC a que México realice la reforma labor y la instrumente, va en la creencia que ello daría mayor poder a los trabajadores para demandar mayores salarios y prestaciones laborales y así disminuir el diferencial de salarios existentes entre dicho país y el nuestro, para de tal forma reducir la competitividad en el costo laboral que México tiene, como el traslado de empresas hacia nuestro país. Los demócratas estadounidenses están más preocupados en que se incrementen los salarios y prestaciones laborales en México, que los propios sindicatos mexicanos, los partidos políticos y el gobierno.
A pesar que en los Foros de consulta hubo muchos pronunciamientos de que se debería acotar a seis años el período de las dirigencias sindicales y no permitir la reelección, la ley establece que “el período de duración de los directivos no podrá ser indefinido o de una temporalidad que obstaculice la participación democrática de los afiliados y tampoco podrá ser lesivo al derecho de votar y ser votado”. Dicha resolución deja abierta la perpetuidad de los dirigentes sindicales en torno a la decisión de las asambleas sindicales, las cuales, a pesar del voto libre personal y secreto del trabajador, pueden ser manipulados por los dirigentes sindicales, como hasta ahora. Ello denota que seguirán las mismas prácticas –a pesar de las disposiciones de mayor democracia sindical y del establecimiento de Tribunales Laborales imparciales e independientes– debido a que se impone la posición del líder sindical que no representa los intereses de la clase obrera y trabajadora, así como el poder que ejercen las grandes empresas, lo cual ha llevado a que en México predominen los salarios más bajos de América Latina y la gran desigualdad del ingreso y la riqueza.
En el régimen transitorio de la reforma aprobada se señala que “los Centros de Conciliación locales y los Tribunales del Poder Judicial de las entidades federativas, iniciarán actividades dentro del plazo máximo de tres años a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. Dentro del plazo máximo de cuatro años a partir de la entrada en vigor de este Decreto cada delegación u oficina regional del Centro Federal de Conciliación iniciará la tramitación de solicitudes de conciliación que sean de su competencia”. Se añade que “dentro de los 180 días siguientes que entre en vigor el presente Decreto, el Congreso de la Unión expedirá la Ley Orgánica de los Centros Federal de Conciliación y Registro Laboral. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral iniciará sus funciones en materia de registro de asociación sindicales y contratos colectivos de trabajo en un plazo no mayor de dos años a partir de la entrada en vigor del presente Decreto atendiendo las posibilidades presupuestales” ¿por qué hay que esperar tanto tiempo para que empiecen operar, si se reconoce que las Juntas de Conciliación y Arbitraje han sido un fracaso y que son controladas por los gobiernos, líderes sindicales y patrones y no responden a los intereses de los trabajadores?
Se establece también que “los contratos colectivos de trabajo existentes, deberán revisarse al menos una vez durante los cuatro años posteriores a la entrada en vigor de este Decreto”. Si el diagnóstico del dictamen reconoce que alrededor de 90 por ciento de los contratos colectivos de trabajo existentes no fueron consultados a los trabajadores, ¿por qué hay que esperar cuatro años para su revisión, si dichos contratos fueron violatorios a la Ley Federal del Trabajo?
Ello deja entrever que no hay voluntad política para defender los derechos sindicales de incremento salarial y mejores prestaciones laborales, a fin de no afectar la competitividad que México tiene en ese rubro para atraer inversiones para impulsar exportaciones. Se sigue apostando a favorecer a las empresas transnacionales, a costa de deteriorar el nivel de vida de los trabajadores y de contraer el mercado interno y la dinámica económica nacional, pues la estrategia de crecer hacia fuera no ha impulsado el crecimiento del país. También el gobierno quiere evitar una espiral de salarios–precios para no afectar al sector financiero que está por la estabilidad de la moneda, controlada por ellos.
Dicha reforma laboral y la política económica predominante, no mejorarán el poder de negociación de los trabajadores para incrementar sus salarios.