Miércoles, 16 Mayo 2018
Realizan en la IBERO el seminario ‘Derechos humanos en la empresa y reforma al Sistema de Justicia Laboral’
- Manuel Fuentes Muñiz, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.
- Los ponentes del seminario: Rita Marcela Robles, Arturo Alcalde, Olga Hernández, Adelina González y Manuel Fuentes.
- Asistentes al seminario seminario ‘Derechos humanos en la empresa y reforma al Sistema de Justicia Laboral’, de la DEC de la IBERO.
México se encuentra en un escenario muy delicado en el que se plantean aspectos que buscan retrotraer los derechos humanos laborales hasta el punto cero, señaló el doctor Manuel Fuentes Muñiz, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.
En el seminario ‘Derechos humanos en la empresa y reforma al Sistema de Justicia Laboral’, realizado en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Fuentes dijo lo anterior al hacer alusión a la iniciativa que busca reformar la Ley Federal del Trabajo, propuesta por los senadores del PRI Tereso Medina e Isaías González, y turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, donde tiene estatus de ‘pendiente’.
Fuentes dijo que lo planteado por los priistas viene a ser la consumación de lo que se viene dando a partir del 1 de diciembre de 2012, cuando entraron en vigor una serie de reformas a la legislación laboral, que fundamentalmente crearon contratos temporales a través del fortalecimiento de la legalización del outsourcing, con el fin de quitar algunos requisitos para poder despedir a los trabajadores.
Al alejarse el Estado de la normación de las relaciones laborales ha permitido la figura de la subcontratación, que a pesar de estar acotada por la legislación, en los hechos hay una libertad absoluta para que puedan operar las empresas de outsourcing. “Obviamente, el objetivo es estar planteando una situación de desconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores”.
“Esta visión que ahora se pretende en la legislación laboral, de fomentar lo relativo a la contratación temporal, está planteando un escenario muy complicado, el que yo llamaría la apertura del trabajo salvaje”, donde los contratos laborales son de dos meses, 90 días y demás; escenario en el que los trabajadores deben defender su estabilidad en el empleo para que pueda seguir siendo contratados.
Para tal efecto, la condición es trabajar con intensidad, incluso tener jornadas de 10 o 12 horas, sin el pago correspondiente del tiempo extraordinario, y con una mayor productividad; esto es lo que Fuentes llama el ‘trabajo salvaje’.
El académico de la UAM agregó que la iniciativa de reforma del año pasado introdujo un aspecto muy grave, porque legitima la intervención de los gobiernos estatales en el registro de los sindicatos, con la creación de un instituto de conciliación, de registro de sindicatos y de contratos colectivos de trabajo, y es que supuestamente sería un organismo descentralizado y autónomo; pero el único que podría decidir quién dirigiría ese instituto sería el Presidente de la República en turno.
La reforma está planteando la creación de institutos de conciliación, que sean manejados por los gobernadores estatales, que abarquen aspectos individuales y colectivos. Se pretende que los emplazamientos a huelga sean presentados en esas instituciones a cargo de los ejecutivos, y que ellos puedan determinar o no la admisión de los emplazamientos a huelga.
“Una conciliación punitiva porque pone al trabajador solo frente a todas las instituciones del Estado, patrones y demás, para que, o te arreglas o te arreglas”; a través de una instancia de conciliación que pareciera más con funciones contenciosas de un juez, más que de aspectos de conciliación.
La pretensión es desaparecer los sindicatos, anular la huelga y que el contrato colectivo de trabajo se convierta en un instrumento de control en perjuicio de los trabajadores; para que éstos y sindicatos ya no participen en la redacción de los contratos colectivos de trabajo, sino que sean elaborados por las empresas, y convertir así la bilateralidad en una unilateralidad convenida.
Esta legislación también plantea una inestabilidad absoluta para las personas mayores a los 35 años de edad, que “ya no son tan interesantes para las empresas y que tienden a ser separados de los centros de trabajo”. Al ser “una legislación laboral que busca sobre todo mano de obra barata”, particularmente en el caso de los jóvenes, que son más productivos y más fáciles de poder ser explotados.
Para el doctor Fuentes Muñiz las reformas estructurales han planteado escenarios muy difíciles, y en la práctica están trayendo como consecuencia la privatización del derecho del trabajo, “una privatización del derecho del trabajo en el que es la visión empresarial la que puede estar determinando los escenarios laborales”.
“Una reforma laboral como la que ahora se avizora está contemplando como objetivo fundamental el abaratamiento de la fuerza de trabajo, es decir, la miseria de los trabajadores en su conjunto”.
Por eso, consideró que uno de los grandes retos de quienes están preocupados por el tema de los derechos laborales, de los derechos humanos en su conjunto, es estar creando instituciones que puedan lograr los equilibrios correspondientes. No una justicia siempre a favor de los trabajadores; pero sí una justicia que pueda equilibrar y dar posibilidad a escenarios sobre todo que den respuesta a los trabajadores en su vida, en su salud, y que puedan participar como entes activos en los procesos productivos.
El seminario ‘Derechos humanos en la empresa y reforma al Sistema de Justicia Laboral’, que se realizó en el Auditorio Ignacio Ellacuría, fue organizado por la Dirección de Educación Continua (DEC) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, en el marco del 75 Aniversario de esta casa de estudios.
Además del Dr. Manuel Fuentes Muñiz, en el seminario participaron como ponentes: Mtra. Rita Marcela Robles, especialista en derechos humanos laborales y académica de la UAM-A; Mtro. Arturo Alcalde Justiniani, especialista en materia laboral, sindical y derechos humanos; diplomada Olga Hernández Ávila, académica de la DEC especializada en derechos humanos; y la Mtra. Adelina González Marín, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
Por parte de la IBERO estuvieron presentes en la mesa del presídium: Mtro. Jorge Meza Aguilar, director General de Vinculación Universitaria; y Mtro. Randolfo González de la Mora, director de Educación Continua.
Texto y fotos: PEDRO RENDÓN/ICM
