por FRANCISCO BÁEZ RODRÍGUEZ 09 de abril de 2018-04-09
Roberto Campa Cifrián. Secretario del Trabajo y previsión social. Remarca que los 3.5 millones nuevos puestos formales son un récord (equivalentes a las dos administraciones panistas), pero además que ninguno es con salario mínimo y 30% es de 5 mínimos o más; apura a concluir en esta legislatura la reforma en justicia laboral
Roberto Campa Cifrián, secretario del Trabajo, sostuvo una reunión con miembros del Comité Editorial de Crónica. En la imagen, con Jorge Kahwagi Gastine, presidente y director del diario, y Francisco Báez Rodríguez, director editorial.
El secretario del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián, asegura que la creación de empleos formales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto no sólo ha sido récord en cuanto a cantidad, sino que también se trata de empleos de calidad. También dice que es necesario concluir la reforma en justicia laboral, un tema “que no debe esperar a la siguiente legislatura”.
En reunión con miembros del Comité Editorial de Crónica, a finales de marzo, se llevó a cabo una conversación colectiva, en la que Campa también señaló la conveniencia de seguir aumentando los salarios mínimos reales, para que no sigan estando por debajo de la línea de la pobreza determinada por Coneval. Debería suceder, dice, “si técnicamente hay condiciones”.
Aquí, un resumen de la sustantiva conversación:
—El Secretario introdujo la plática con una visión general de la situación laboral que tiene el país. Es una visión positiva.
—Empezó señalando que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se han creado 3.5 millones de empleos formales, que es la misma cantidad que en las dos anteriores administraciones sumadas. Y se piensa llegar a los 4 millones.
Subrayó que esos empleos no son de baja calidad. “Prácticamente ninguno es con el salario mínimo, y 30 por ciento de ellos son por más de 5 salarios mínimos”.
Otro de los aspectos positivos en materia laboral que enumeró es el incremento real a los mínimos, que han aumentado en 18% en términos reales. Del lado negativo, la persistencia de una amplia proporción de la base laboral en la informalidad. Ha bajado del 60 al 57%, pero aún sigue siendo excesiva. Recordó que es en el sector informal de la economía, donde la productividad es más baja, y los salarios son menores.
En materia legislativa recordó que en este gobierno ha habido dos reformas: la primera, que venía de una iniciativa del presidente Calderón y la segunda, que tiene que ver con elementos de justicia laboral, conciliación, y transparencia, registro y democracia sindicales. En esta última falta aterrizar las leyes secundarias.
Finalmente, tocó el tema de la paz laboral sin precedentes que hemos vivido en los últimos años. Sólo ha habido 5 huelgas federales en todo el sexenio.
—La primera pregunta es sobre las posibilidades que, en época electoral se puedan aprobar las leyes secundarias de la reforma de justicia laboral.
—Campa admite que es más difícil una aprobación en estos tiempos. Da como ejemplo la inestabilidad en la Comisión de Trabajo en ambas cámaras. En la del Senado, su presidente incluso dejó el PRI para irse como candidato de Morena. También en la de diputados, una de sus integrantes dejó el cargo para contender por un cargo de elección popular. Sin embargo, insiste, “es un tema que no debe esperar a la siguiente legislatura”.
Explica que, tratándose de leyes secundarias de una reforma constitucional, estamos más cerca y es más fácil concluirla que echar reversa. De sus bondades, subraya que facilita muchísimo la conciliación en temas de contratación colectiva. Afirma que también lo hace en la conciliación individual, pero ahí encuentra un obstáculo en los abogados, que prefieren que no haya conciliación y que los juicios se dilaten en el tiempo.
—Preguntamos sobre la baja sindicalización que hay en el país.
—El titular de la STyPS acepta que, “como parte de un fenómeno mundial”, ha bajado la tasa de sindicalización en México, que ahora es de aproximadamente 10 por ciento de los trabajadores. Hace hincapié en que quienes han obtenido mejores aumentos y prestaciones no han sido, como comúnmente se piensa, los de instituciones que dependen del presupuesto público, sino los trabajadores de empresas privadas.
—El siguiente bloque fue sobre el TLC y sus efectos en lo laboral. En particular, la cuestión de que en EU y Canadá afirman que un problema son los bajos salarios en México.
—“Hay un tema laboral importante en la renegociación del TLC, que es el de la democracia sindical”, responde. Es precisamente uno de los elementos centrales de la reforma laboral que espera sus leyes secundarias.
Sobre el asunto salarial, más allá del nivel de los salarios en nuestro país, dijo, hay que considerar que la preocupación de los sindicatos de los países socios no es la solidaridad con los trabajadores mexicanos, sino manejarse ante sus bases como defensores del empleo en sus países.
—Ya entrados en materia salarial, preguntamos al Secretario su opinión sobre los mínimos.
—Lo primero que hace Campa es señalar que, entre los trabajadores formales, sólo 18 mil están inscritos con el salario mínimo. “Donde sí hay mucha gente con salario mínimo es el sector informal de la economía”. En él, calcula, hay un millón de trabajadores con esos ingresos.
Dicho esto, el secretario del Trabajo acepta que el actual salario mínimo es insuficiente. “Está por debajo de la línea de la pobreza determinada por Coneval, ese es el hecho”. Por ello, debe seguir aumentando en términos reales, considera.
Se espera un aumento a los mínimos en este cuatrimestre. Lo que está a discusión es el monto. Comenta que hay reservas respecto a ello de parte del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda. Se dice a favor de una solución técnica, no electoral, “pero si técnicamente hay condiciones, incrementémoslo”.
Finalmente, sobre el mismo asunto, recuerda que —contra lo que se llegó a afirmar— los incrementos al salario mínimo real no han incidido de manera importante sobre los costos de producción y que lo que realmente ha pegado a los costos del sector informal han sido los precios del sector público.
