Jesús Seade, jefe negociador del acuerdo comercial del equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, explicó que esta reforma es parte de los compromisos adquiridos con la nueva versión del TLCAN
FOTO: ARCHIVO/ CUARTOSCURO
POR HERALDO DE MÉXICO NOVIEMBRE 21, 2018
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El Congreso está obligado a hacer una reforma laboral antes del 31 de diciembre para garantizar la democracia sindical y la participación de los trabajadores en las revisiones salariales, de lo contrario el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no podrá entrar en vigor.
Jesús Seade, jefe negociador del acuerdo comercial del equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, explicó que esta reforma es parte de los compromisos adquiridos con la nueva versión del TLCAN y el próximo gobierno está listo para impulsar los cambios después del 1 de diciembre.
“Inicialmente se había pensado que se hiciera todo eso antes de la primera firma del Tratado, que es el próximo 30 de noviembre, en Argentina, pero quedó claro que era algo muy forzado; entonces, se dio un mes de plazo, de buena fe”, dijo tras participar en un foro en la Cámara de Diputados.
Las leyes laborales tendrán que ser modificadas para garantizar la transparencia y democracia en la elección de los líderes sindicales, la revisión de los contratos colectivos y la participación de los trabajadores en las negociaciones salariales.
Jesús Seade expuso que estos cambios no se tratan de una imposición, sino de temas que el próximo gobierno ya consideraba como parte de su agenda y que coinciden con la negociación del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.
“Son cambios que México quiere realizar y que nadie nos está imponiendo, ni mucho menos; son cosas que sacamos en consulta con la Secretaría del Trabajo y en particular con el secretario del Trabajo del próximo gobierno”, detalló.
Por Felipe Morales y Nayeli Cortés
cfe
Etiqueta: líderes sindicales
Por una reforma laboral que promueva el desarrollo con bienestar: COPARMEX
Noviembre 20, 2018
Estamos en la antesala de reformas de trascendencia histórica en materia laboral.
Estas reformas, que incluyen legislar las modificaciones hechas al artículo 107 y 123 constitucional en materia de Justicia Laboral, acompañar la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, y modificar la Ley Federal del Trabajo derivado del Capítulo 23 Laboral del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), tendrán un impacto equiparable a lo que en su momento tuvo la expedición de la primer Ley Federal del Trabajo.
Ante la relevancia que estas reformas tendrán en el sector productivo,
COPARMEX exige que cualquier adecuación a la legislación laboral, sea ampliamente consultada con todos los actores del mundo del trabajo, especialmente el sector empresarial.
Tenemos la certeza de que, solo mediante la adecuada participación de las organizaciones representativas de trabajadores y patrones, se podrán generar adecuaciones legales que permitan modernizar la legislación laboral, y con ello, incentivar la inversión, la creación de más puestos de trabajo, y reducir la informalidad que ha afectado el crecimiento económico del País.
Es imprescindible se revise la legislación en materia de justicia laboral, derecho de sindicación y derecho de negociación colectiva.
1. Justicia Laboral.
En materia de justicia laboral, en COPARMEX consideramos de particular importancia el diseño institucional del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que sustituirá a la Secretaría del Trabajo y a las Juntas de Conciliación y Arbitraje en materias de alta relevancia y que debe de ser sea autónomo.
La autonomía es crítica pues este organismo se encargará de la conciliación de asuntos individuales y colectivos en materia federal, así como del registro de todos los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales.
Los responsables de estas tareas no deben depender directamente del Poder Ejecutivo, y por el contrario deben de responder a un órgano consultivo con la participación de las organizaciones sindicales y de empleadores.
Así mismo, la reforma debe contener mecanismos que eviten el emplazamiento a huelga por extorsión, un aspecto que afecta fuertemente la capacidad del sector productivo para generar fuentes de empleo. Para ello, la Ley Federal del Trabajo debe ser explícita y contundente en la exigencia de que los sindicatos prueben su representatividad.
Es de gran relevancia encontrar mecanismos para sancionar a organizaciones sindicales que realicen actos ilícitos que perjudiquen a los trabajadores, tales como participar en esquemas de evasión de contribuciones fiscales o incumplimiento de obligaciones patronales.
Es fundamental que se evite en la nueva legislación, paros, bloqueos y amenazas que impidan la realización de las actividades de los patrones y de sus trabajadores, proveedores o clientes.
Acorde a la evolución mundial, deben abandonarse modelos de huelga de principios del Siglo XX, para que las huelgas ya no sean invasivas y que las impulsen la mayoría de los trabajadores y no un grupo minoritario.
De igual manera resulta imprescindible establecer con exhaustividad, que las revisiones contractuales colectivas las titule quien tenga la mayoría de la representación de los trabajadores al servicio del patrón, de forma simplificada y con requisitos menos onerosos.
En el caso de procesos laborales individuales, es indispensable contar con un nuevo procedimiento, cuya conciliación previa sea eficaz para disminuir los juicios laborales, garantizando que éstos sean justos, equitativos y transparentes.
En este ámbito, al eliminarse la reversión de la carga probatoria derivada del ofrecimiento de trabajo, debe de suprimirse definitivamente la obligación de entregar un aviso de rescisión,
para que los patrones puedan tener la oportunidad de defenderse, cuando se les impute que han despedido injustificadamente a un trabajador.
2. Derecho de sindicación.
En materia de derecho de sindicación y de negociación colectiva, es imprescindible desarrollar en la ley, un mecanismo que impida la “atomización”, es decir la existencia de multiplicidad de sindicatos en una misma empresa, que dificulten revisiones de contratos colectivos y eventualmente conduzca a la parálisis.
Evitarla es importante pues, como se ha observado en distintos países latinoamericanos que han ratificado el Convenio 98 de la OIT, negociar con grupos diferentes al interior de una misma empresa, no solo impacta negativamente la productividad, sino que debilita a los propios sindicatos.
Más aún, la mala interpretación del Convenio 98 puede provocar sobreprotección a líderes sindicales con fuero, al punto en el que los patrones se vuelven incapaces de actuar cuando incurren en actividades indebidas.
3. Negociación colectiva.
En el Anexo 23-A del Capítulo Laboral del T-MEC, México se
comprometió que en las futuras revisiones salariales y de condiciones
laborales, todos los contratos colectivos existentes incluyan apoyo mayoritario, a través del ejercicio del voto personal, libre y secreto de los trabajadores cubiertos por dichos contratos.
El cumplimiento de dicha obligación internacional, debe satisfacerse con una regulación adecuada en la Ley Federal del Trabajo, a fin de que las revisiones de contratos colectivos de trabajo no sean demoradas y tortuosas, conciliándose el T-MEC, con la debida agilidad de las negociaciones laborales.
Ello podría ser logrado, facilitando que previamente a la negociación, los trabajadores con su voto personal, libre y secreto, autoricen a las comisiones revisoras y a los dirigentes sindicales para que negocien y pacten en su nombre.
El Gobierno Federal que iniciará funciones a partir del 1 de diciembre, a través de las personas que han sido nominadas por el Presidente Electo para hacerse cargo de las dependencias responsables de la política laboral, deben conducir una negociación exhaustiva con las organizaciones de trabajadores y patrones, para lograr que la iniciativa de ley que se presente al Congreso de la Unión, cuente con el respaldo de los factores de la producción.
Del mismo modo, y ante este momento de trascendentes reformas, COPARMEX hace un llamado a los legisladores federales, a discutir de forma amplia, pública y con todas las fuerzas políticas la reforma laboral, considerando la relevancia de las implicaciones en la planta productiva.
Lo que está en juego es la certidumbre y la competitividad laboral de México, y con ello, la posibilidad de que el País pueda generar los empleos que necesita su población, para acceder a niveles crecientes de bienestar.
Muchas gracias,
https://coparmex.org.mx/downloads/senalcoparmex/133/SC_133_Reforma_Laboral_20181120.pdf
Antes de aprobar leyes, se debe consultar a involucrados: Coparmex
Alejandro Alegría | martes, 20 nov 2018 09:32
Francisco López Díaz, Lorenzo Rafael Hernández, Gustavo de Hoyos, Gerardo Trejo y Jesús Padilla durante la conferencia de prensa de la Coparmex. Foto Jesús Villaseca
Ciudad de México. En la antesala de las reformas en materia laboral, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió a la nueva administración que sean consultados todos los actores involucrados antes de aprobar cualquier legislación, pues está en juego la certidumbre y competitividad del país.
Gustavo de Hoyos Walther, líder del sindicato patronal, indicó en su mensaje semanal que las modificaciones a los artículos 107 y 123 de la Constitución, que se suman a la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual permite el derecho de sindicación y negociación colectiva, así como los cambios que tendrán que hacerse a la Ley Federal del Trabajo derivado del Capítulo 23 Laboral del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), “tendrán un impacto equiparable a lo que en su momento tuvo la expedición de la primer Ley Federal del Trabajo”.
Ante la relevancia para el sector productivo, la Coparmex exigió que de hacer cambios en la legislación laboral se consulte ampliamente a los actores que participan, especialmente al empresariado.
Solo así “se podrán generar adecuaciones legales que permitan modernizar la legislación laboral, y con ello, incentivar la inversión, la creación de más puestos de trabajo, y reducir la informalidad que ha afectado el crecimiento económico del país”, dijo.
Resaltó que es importante que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que sustituirá a la Secretaría del Trabajo y a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, no dependa del Poder Ejecutivo y sea autónomo porque se encargará de la conciliación de asuntos individuales y colectivos en materia federal, así como del registro de todos los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales.
Agregó que la reforma debe contener mecanismos que eviten el emplazamiento a huelga por extorsión. “La Ley Federal del Trabajo debe ser explícita y contundente en la exigencia de que los sindicatos prueben su representatividad”.
Destacó que la nueva legislación debe impedir paros, bloqueos y amenazas que impidan la realización de las actividades de los patrones y de sus trabajadores, proveedores o clientes.
“Acorde a la evolución mundial, deben abandonarse modelos de huelga de principios del Siglo XX, para que las huelgas ya no sean invasivas y que las impulsen la mayoría de los trabajadores y no un grupo minoritario”, sostuvo.
También pidió que se sancione a organizaciones sindicales que realicen actos ilícitos que perjudiquen a los trabajadores, tales como participar en esquemas de evasión de contribuciones fiscales o incumplimiento de obligaciones patronales.
Por otra parte, pidió que las modificaciones a la legislación en materia de derecho de sindicación y de negociación colectiva debe crear un mecanismo que impida la “atomización”, es decir, la existencia de multiplicidad de sindicatos en una misma empresa, que dificulten revisiones de contratos colectivos, pues es difícil negociar con varios y se debilita la vida sindical.
Respecto al de Anexo 23-A del Capítulo Laboral del T-MEC, México se comprometió que en las futuras revisiones salariales y de condiciones laborales, todos los respectivos contratos colectivos existentes incluyan apoyo mayoritario, a través del ejercicio del voto personal, libre y secreto de los trabajadores cubiertos por dichos contratos.
En ese sentido, comentó que puede lograrse primero al no demorar la revisión de contratos colectivos de trabajo y también, previo a la revisión, los trabajadores voten para autorizar a las comisiones revisoras y a los dirigentes sindicales para que negocien y pacten en su nombre.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/11/20/antes-de-aprobar-leyes-se-debe-consultar-a-involucrados-coparmex-1487.html?fbclid=IwAR2-rV8GUUA3-k0PzjFiRLMZTPbZXH61LqVqWJYNhCMVhZvQ3MtvPYz5XJ4
Atomización de sindicatos, riesgo para empresas: Coparmex
Estamos a favor de la libertad sindical pero no de la sobreprotección a líderes sindicales, señaló el presidente del gremio, Gustavo de Hoyos.
Lilia González
21 de noviembre de 2018, 02:03
Si los legisladores no regulan los contratos colectivos y el derecho de huelga, como parte de las leyes secundarias de la reforma laboral, una mala interpretación del Convenio 98 provocaría la sobreprotección a líderes sindicales y la “atomización” de sindicatos, con el riesgo del cierre de empresas, advirtió el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos.
“En el derecho de sindicación y de negociación colectiva es imprescindible desarrollar un mecanismo que impida la ‘atomización’, es decir, la existencia de multiplicidad de sindicatos en una misma empresa, que dificulten revisiones de contratos colectivos y eventualmente conduzca a la parálisis”, sentenció el líder patronal. “Tenemos la certeza de que sólo mediante la adecuada participación de las organizaciones representativas de trabajadores y patrones se podrán generar adecuaciones legales”.
Cabe recordar que los compromisos relacionados con la libertad sindical y la contratación colectiva en el país adquiridos tras la ratificación del Convenio 98 entran en vigor el 30 de octubre del 2019.
El líder del sector patronal señaló que se ha observado en distintos países latinoamericanos que han ratificado el Convenio 98 de la OIT, que negociar con grupos diferentes al interior de una misma empresa no sólo impacta negativamente la productividad, sino que debilita a los propios sindicatos.
“Estamos en favor de la libertad sindical”, sostuvo De Hoyos, pero regulada, para que no se afecte la relación tripartita. Para el sector patronal, “es fundamental que se evite en la nueva legislación, paros, bloqueos y amenazas que impidan la realización de las actividades de los patrones y de sus trabajadores, proveedores o clientes”.
De Hoyos sostuvo, lo que está en juego es la certidumbre y la competitividad laboral de México, y con ello, la posibilidad de que el país pueda generar los empleos que necesita su población, para acceder a niveles crecientes de bienestar.
La reforma laboral fue aprobada el 24 de febrero del 2017, registrando cambios en los artículos 107 y 124 de la Constitución; sin embargo, la legislación secundaria continúa estancada. Dicha reforma establece la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones a través de juzgados o tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades.
Sindicalismo y outsourcing
Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral nacional de Coparmex, precisó que como parte de las reformas secundarias, en esta ocasión se prevé que sólo entre el paquete de sindicalismo, por lo que el tema de la subcontratación quedará pendiente para una segunda ola de iniciativas a legislarse.
Por el momento, en el Congreso se prevé que se presenten las iniciativas a sindicalismo, puesto que en el Anexo 23-A del capítulo laboral del T-MEC, México se comprometió a que en las futuras revisiones salariales y de condiciones laborales, todos los contratos colectivos existentes incluyan apoyo mayoritario, a través del ejercicio del voto personal, libre y secreto de los trabajadores cubiertos por dichos contratos.
“El cumplimiento de dicha obligación internacional debe satisfacerse con una regulación adecuada en la Ley Federal del Trabajo, a fin de que las revisiones de contratos colectivos de trabajo no sean demoradas y tortuosas, conciliándose el T-MEC, con la debida agilidad de las negociaciones laborales”.
Propuestas del sector patronal en materia laboral
- Evitar atomización con múltiples sindicatos en cada empresa
- El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que sustituirá a la Secretaría del Trabajo y a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, no debe depender del Poder Ejecutivo y debe ser autónomo
- Revisión de los contratos colectivos
- Que la negociación de los contratos colectivos de trabajadores se pueda llevar a cabo de manera ágil en los cuatro años que establece el T-MEC
- Que existan mecanismos que eviten el emplazamiento a huelga por extorsión
- La nueva legislación debe impedir paros, bloqueos y amenazas que impidan la realización de las actividades de los patrones y de sus trabajadores, proveedores o clientes
- Sancionar a organizaciones sindicales que realicen actos ilícitos que perjudiquen a los trabajadores, tales como participar en esquemas de evasión de contribuciones fiscales
Ve consenso en segunda quincena de diciembre
Aumento del mínimo a 102 pesos es viable, reitera Coparmex
El aumento del salario mínimo a 102 pesos diarios es viable para el 2019, porque no afectaría ninguna de las variables macroeconómicas del país, aseguró el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther.
El salario podría pasar de 88.36 a 102 pesos, lo que representaría un aumento de 15.4% a partir del 1 de enero del 2019, a fin de alcanzar la línea de bienestar.
Un mejor nivel salarial no implica mayor inflación, ni aumento en la informalidad, ni desaceleración en el crecimiento del empleo, sino una posibilidad de lograr la línea de bienestar básica, indicó el líder de los patrones en México.
La propuesta ha sido compartida con la próxima Secretaria del Trabajo, María Luisa Alcalde, con el propósito de que en la negociación salarial de fin de año se logre el objetivo mínimo.
“La negociación se alcanza a finales de diciembre, en la segunda quincena o tercera semana y entra en vigor a partir del primer día de enero, pensamos que es muy probable que ocurra de esa manera; si puede ser antes pues mejor, pero creo que es lo más probable”, comentó en conferencia de prensa.
Al ser cuestionado sobre si es viable elevarlo a 173 pesos diarios, esto es al doble, De Hoyos discrepó, porque no existen condiciones para ello.
Comentó: No es que sea malo o imposible el aumento del salario mínimo en esa zona al doble, de hecho hoy nadie trabaja en el norte del país por dos salarios mínimos. “El monto no preocupa, sino abandonar el camino de uniformidad salarial en el que hemos avanzado. Mejor sería que ese aumento fuera un objetivo nacional y no sólo en la frontera”.
lgonzalez@eleconomista.com.mx
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Atomizacion-de-sindicatos-riesgo-para-empresas-Coparmex-20181121-0040.html
GOBIERNO ENTRANTE DEBE CONSULTAR ANTES DE PRESENTAR REFORMA LABORAL: COPARMEX
20 de Noviembre del 2018 Roberto Domínguez TV Azteca
Coparmex presento una lista con 5 puntos concretos.
Ciudad de México.- La Confederación Patronal de la República Mexicana pide al gobierno entrante que antes de presentar una Reforma Laboral, se consulte a todos los involucrados, sobre todo al empresariado, porque está en juego la certidumbre y competitividad del país.
Gustavo de Hoyos Walther presidente del organismo señaló que las exigencias concretas son cinco:
1. Piden gradualidad en la implementación de los nuevos modelos de justicia laboral, es decir que el traspaso de las juntas de conciliación y arbitraje a los juzgados en la materia deben de llevarse a cabo de manera ordenada.
2. Que el Órgano de Gobierno del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral preserve su carácter tripartita, es decir la representación de trabajadores, patrones y estado.
3. Que la revisión de los contratos se realicen a través de mecanismos ágiles y electrónicos.
4. Evitar la atomización de la representación sindical, es decir, que no existan múltiples sindicatos en una sola empresa.
http://www.aztecanoticias.com.mx/gobierno-entrante-debe-consultar-antes-de-presentar-reforma-laboral-coparmex/3304596
Reforma a Ley del Trabajo debe incluir perspectiva de todos los sectores
NOTIMEX 20.11.2018 – 13:31H L La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo un llamado al próximo gobierno y legisladores a discutir amplia, pública y con todos los actores la reforma laboral, así como con el sector empresarial, por sus implicaciones en la planta productiva. En un comunicado advirtió que lo que está en juego es la certidumbre y la competitividad laboral de México, y con ello, la posibilidad de que el país pueda generar los empleos que necesita su población, para acceder a niveles crecientes de bienestar. En este sentido explicó que el gobierno que iniciará funciones debe conducir una negociación exhaustiva con las organizaciones de trabajadores y patrones, para lograr que la iniciativa de ley que se presente al Congreso de la Unión tenga el respaldo de los factores de la producción. Expuso que las reformas, que incluyen legislar las modificaciones al artículo 107 y 123 constitucional en materia de Justicia Laboral, acompañar la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tendrán un impacto equiparable al que tuvo la primera Ley Federal del Trabajo. Agregó que con una adecuada participación de organizaciones representativas de trabajadores y patrones se podrán hacer adecuaciones legales para modernizar la legislación laboral, incentivar la inversión, la creación fuentes de empleo, y reducir la informalidad que afecta el crecimiento económico del país. Detalló que en materia de justicia laboral, es importante que el diseño institucional del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que sustituirá a la Secretaría del Trabajo y a las Juntas de Conciliación y Arbitraje en materias de alta relevancia, sea autónomo. Apuntó que responsables de estas tareas no deben depender directamente del Poder Ejecutivo, y por el contrario, deben de responder a un órgano consultivo con la participación de las organizaciones sindicales y de empleadores. Además de que con la nueva legislación se eviten, paros, bloqueos y amenazas que impidan la realización de las actividades de los patrones y de sus trabajadores, proveedores o clientes. Y que las revisiones contractuales colectivas las titule quien tenga la mayoría de la representación de los trabajadores al servicio del patrón, de forma simplificada y con requisitos menos onerosos. En el caso de procesos laborales individuales, destacó que es indispensable contar con un nuevo procedimiento, cuya conciliación previa sea eficaz para disminuir los juicios laborales, garantizando que éstos sean justos, equitativos y transparentes. Subrayó que en materia de derecho de sindicación y de negociación colectiva, es imprescindible desarrollar en la ley, un mecanismo que impida la existencia de multiplicidad de sindicatos en una misma empresa, que dificulten revisiones de contratos colectivos y eventualmente conduzca a la parálisis. Indicó que en el Anexo 23-A del Capítulo Laboral del T-MEC, México se comprometió que en las futuras revisiones salariales y de condiciones laborales, todos los contratos colectivos existentes incluyan apoyo mayoritario, a través del ejercicio del voto personal, libre y secreto de los trabajadores. Ello podría ser logrado, facilitando que previamente a la negociación, los trabajadores con su voto personal, libre y secreto, autoricen a las comisiones revisoras y a los dirigentes sindicales para que negocien y pacten en su nombre.
Ver más en: https://www.20minutos.com.mx/noticia/446917/0/reforma-a-ley-del-trabajo-debe-incluir-perspectiva-de-todos-los-sectores/#xtor=AD-1&xts=513356
Coparmex llamó al próximo gobierno escuchar al sector empresarial
- La Prensa martes 20 de noviembre de 2018 en
Por: Genoveva Ortiz / GB
Ciudad de México.- Empresarios de Coparmex exigieron al gobierno entrante y al poder legislativo que cualquier modificación al marco legal en materia laboral sea ampliamente consultada, con todos los actores, especialmente, con el sector sindical y empresarial.
Gustavo de Hoyos Walter, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideró que las reformas laborales que vienen tendrán un impacto equiparable a lo que en su momento tuvo la expedición de la primer Ley Federal del Trabajo, de ahí la importancia de que sean consensadas con todos los actores involucrados.
Al señalar que las empresas están listas para cubrir el aguinaldo este fin año y esta prestación “sagrada para los trabajadores” está garantizada, Gustavo de Hoyos estimó que el aumento salarial en la revisión programada para diciembre alcance la línea de bienestar y se fije en 102 pesos diarios.
Sobre el paquete de reformas laborales que vienen, el líder de Coparmex explicó que en estas se incluyen las modificaciones hechas al artículo 107 y 123 constitucional en materia de Justicia Laboral, acompañar la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el derecho de sindicalización y negociación colectiva, así como modificación de la Ley Federal del Trabajo derivado del Capítulo 23 Laboral del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Manifestó que, solo mediante la adecuada participación de las organizaciones representativas de trabajadores y patrones, se podrá generar adecuaciones legales que permitan modernizar la legislación laboral, y con ello, incentivar la inversión, la creación de más puestos de trabajo, y reducir la informalidad que ha afectado el crecimiento económico del País.
De Hoyos Walter destacó que es imprescindible revisar la legislación en materia de justicia laboral, derecho de sindicación y derecho de negociación colectiva.
En materia de justicia laboral, indicó que la Coparmex considera de particular importancia el diseño institucional del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que sustituirá a la Secretaría del Trabajo y a las Juntas de Conciliación y Arbitraje en materias de alta relevancia y que debe de ser sea autónomo.
La autonomía es crítica pues este organismo se encargará de la conciliación de asuntos individuales y colectivos en materia federal, así como del registro de todos los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales.
Los responsables de estas tareas no deben depender directamente del Poder Ejecutivo, y por el contrario deben de responder a un órgano consultivo con la participación de las organizaciones sindicales y de empleadores.
Asimismo, la reforma debe contener mecanismos que eviten el emplazamiento a huelga por extorsión, un aspecto que afecta fuertemente la capacidad del sector productivo para generar fuentes de empleo. Para ello, la Ley Federal del Trabajo debe ser explícita y contundente en la exigencia de que los sindicatos prueben su representatividad.
Es de gran relevancia encontrar mecanismos para sancionar a organizaciones sindicales que realicen actos ilícitos que perjudiquen a los trabajadores, tales como participar en esquemas de evasión de contribuciones fiscales o incumplimiento de obligaciones patronales.
Es fundamental que se evite en la nueva legislación, paros, bloqueos y amenazas que impidan la realización de las actividades de los patrones y de sus trabajadores, proveedores o clientes.
Acorde a la evolución mundial, deben abandonarse modelos de huelga de principios del Siglo XX, para que las huelgas ya no sean invasivas y que las impulsen la mayoría de los trabajadores y no un grupo minoritario.
https://www.la-prensa.com.mx/mexico/367247-coparmex-llamo-al-proximo-gobierno-escuchar-al-sector-empresarial
Empresarios piden a AMLO evitar reforma laboral que fortalezca huelgas y paros
ECONOMÍAHOY.MX – 11:48 – 20/11/2018
- Piden abandonar modelos de huelga de principios del Siglo XX
(Foto: Reuters)
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió al próximo gobierno que cualquier adecuación a la legislación laboral evite paros, bloqueos y amenazas que impidan la realización de las actividades de los patrones, trabajadores, proveedores o clientes.
«Deben abandonarse modelos de huelga de principios del Siglo XX, para que las huelgas ya no sean invasivas y que las impulsen la mayoría de los trabajadores y no un grupo minoritario», instó la cúpula empresarial.
A través de un comunicado la cúpula empresarial pidió al nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador que cualquier cambio en materia laboral debe ser ampliamente consultado con todos los actores del mundo del trabajo, especialmente el sector empresarial.
También indicó que es importante el diseño institucional del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que sustituirá a la Secretaría del Trabajo y a las Juntas de Conciliación y Arbitraje en materias de alta relevancia y que debe de ser sea autónomo.
Por lo anterior, Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex dijo que los responsables no deben depender directamente del Poder Ejecutivo, y en cambio deben de responder a un órgano consultivo con la participación de las organizaciones sindicales y de empleadores.
«La Reforma debe contener mecanismos que eviten el emplazamiento a huelga por extorsión, un aspecto que afecta fuertemente la capacidad del sector productivo para generar fuentes de empleo. Para ello, la Ley Federal del Trabajo debe ser explícita y contundente en la exigencia de que los sindicatos prueben su representatividad», advirtió.
Pidieron implementar mecanismos que sancionen a organizaciones sindicales que realicen actos ilícitos que perjudiquen a los trabajadores, tales como participar en esquemas de evasión de contribuciones fiscales o incumplimiento de obligaciones patronales.
También solicitaron establecer las revisiones contractuales colectivas y que las titule quien tenga la mayoría de la representación de los trabajadores al servicio del patrón, de forma simplificada y con requisitos menos onerosos.
En el caso de procesos laborales individuales, dijeron que es necesario contar con un nuevo procedimiento, cuya conciliación previa sea eficaz para disminuir los juicios laborales, garantizando que éstos sean justos, equitativos y transparentes.
En este ámbito, al eliminarse la reversión de la carga probatoria derivada del ofrecimiento de trabajo, debe de suprimirse definitivamente la obligación de entregar un aviso de rescisión, para que los patrones puedan tener la oportunidad de defenderse, cuando se les impute que han despedido injustificadamente a un trabajador.
Piden impedir «atomización» de sindicatos
En materia de derecho de sindicación y de negociación colectiva, indicaron que es imprescindible desarrollar en la ley, un mecanismo que impida la «atomización», es decir la existencia de multiplicidad de sindicatos en una misma empresa, que dificulten revisiones de contratos colectivos y eventualmente conduzca a la parálisis.
«Evitarla es importante pues, como se ha observado en distintos países latinoamericanos que han ratificado el Convenio 98 de la OIT, negociar con grupos diferentes al interior de una misma empresa, no solo impacta negativamente la productividad, sino que debilita a los propios sindicatos», destacó Gustavo de Hoyos.
https://www.economiahoy.mx/economia-eAm-mexico/noticias/9532479/11/18/Empresarios-piden-a-AMLO-evitar-reforma-laboral-que-fortalezca-huelgas-y-paros.html
5 peticiones de la Coparmex para la reforma laboral
La confederación expuso sus preocupaciones e hizo algunas solicitudes en cuanto la reforma laboral.
LETICIA HERNÁNDEZ @ElFinanciero_Mx 20/11/2018Actualización 20/11/2018 – 17:42
La Comparmex espera que el salario mínimo aumente a finales de añoFuente: Cuartoscuro
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) expuso sus principales preocupaciones e hizo cinco peticiones que quieren sean consideradas en la reforma laboral, que actualmente se encuentra estancada en el Senado porque falta la aprobación de leyes secundarias.
Las preocupaciones de la confederación son: «la pulverización sindical en detrimento de la productividad de las empresas y la pérdida del tripartismo».
Mientras que las cinco peticiones que plantean sean consideradas en la reforma laboral a presentarse en el Congreso son:
1.- Una transición ordenada hacia el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que sustituirá a la Secretaría del Trabajo y a las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
2.- Que el órgano de gobierno que resulte de la reforma tenga una representación tripartita: trabajadores, gobierno y patrones.
3.- Revisión de los contratos colectivos.
4.- Evitar atomización con múltiples sindicatos en cada empresa.
5.- Que la negociación de los contratos colectivos de trabajadores se pueda llegar a cabo de manera ágil en los 4 años que establece el T-MEC.
«Se debe desarrollar un mecanismo que impida la generación de múltiples sindicatos para cada empresa y que el órgano de gobierno tenga representación de trabajadores, gobierno y patrones», expuso la Coparmex en un comunicado.
La Reforma Laboral se encuentra estancada. Sin la respectiva ley secundaria y ante la falta de recursos públicos para su implementación, corre el peligro, como la educativa, de ser derogada durante el sexenio actual.
Esta reforma fue aprobada el 24 de febrero del 2017 mediante un Decreto por el que se reformaron los artículos 107 y 124 de la Constitución y en el que contempla un año para la adecuación del marco legal en los 32 estados del país, período que ya transcurrió sin realizar cambios.
La reforma contempla la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones a través de juzgados o tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas que entraría en vigor una vez que el Senado votara las leyes secundarias.
La expectativa de Estados Unidos y Canadá es que México la adopte antes del 1 de enero de 2019.
“La libertad y la democracia sindical no tienen que conducir a la atomización de sindicatos en una empresa. El sindicato con mayoría debe ser el que tenga la titularidad del contrato”, dijo el líder patronal en conferencia de prensa para presentar su planteamiento a la víspera de una reforma laboral en la que piden participar con los legisladores para que el resultado sea benéfico para todas las partes.
“Coparmex exige que cualquier adecuación a la legislación laboral sea ampliamente consultada con todos los actores del mundo del trabajo, especialmente el sector empresarial. Está en juego la certidumbre y la competitividad de México”, advirtió al señalar que para la Coparmex resulta indispensable se revisen los temas de justicia laboral, derecho sindical y la negociación colectiva.
En materia de Justicia Laboral, la Coparmex considera que el diseño institucional del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que sustituirá a la Secretaría del Trabajo y a las Juntas de Conciliación y Arbitraje debe de ser autónomo.
Asimismo, la reforma debe contener mecanismos que eviten el emplazamiento a huelga por extorsión, encontrar mecanismos para sancionar a organizaciones sindicales que realicen actos ilícitos que perjudiquen a los trabajadores, tales como participar en esquemas de evasión de contribuciones fiscales o incumplimiento de obligaciones patronales.
Es imprescindible desarrollar en la ley un mecanismo que impida la “atomización”, es decir la existencia de multiplicidad de sindicatos en una misma empresa, que dificulten revisiones de contratos colectivos y eventualmente conduzca a la parálisis, señaló Gustavo De Hoyos Walther, presidente del organismo.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/5-peticiones-de-la-coparmex-para-la-reforma-laboral
Morena le pega al charrismo sindical
28 de octubre de 2018
El nuevo gobierno traza un camino en el que eliminará el charrismo que ha prevalecido en las últimas décadas
El nuevo gobierno federal tiene en su poder el Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá (USMCA), así como con el Convenio 98 de la Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)para determinar el futuro de los organismos sindicales en México y alejarlos del charrismo sindical que ha predominado en estos grupos los últimos años.
“Con la aprobación del USMCA y todo el trabajo realizado por Morena en el Senado de la República para crear democracia sindical se le dará un golpe al PRI”, asegura Alfonso Bouzas, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
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Las centrales obreras, como la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), nacieron en la cuna del PRI en los años 30 y son una parte importante de la vida política del partido, pues sus agremiados forman parte de sus filas.
Este acercamiento con el gobierno en turno permitió que líderes como el ahora senador Carlos Aceves del Olmo, tejieran una red para quedarse con las dirigencias de los sindicatos mexicanos, asegura el investigador.
Ahora, con las reformas que propone Morena para democratizar estos organismos se va a terminar el poder que amasaron estos secretarios generales.
“Los cambios legales aprobados en el Senado son únicos, irrevocables y tiene como fundamento las recomendaciones que se hicieron para echar el TLCAN”, expresa Bouzas.
La ruta para acabar con los súper poderes de los líderes sindicales ya está trazada, quienes ya no serán nunca más apoyados por el Presidente electo en cuanto llegue al poder.
Adiós líderes vitalicios
“Se acaba el charrismo sindical para quede claro y no le vamos a quitar el derecho a nadie”, ha repetido Andrés Manuel López Obrador durante las giras que tiene en el país.
El presidente electo también ha reiterado que los líderes sindicales no pueden representar los intereses del gobierno y prometió que habrá democracia en estos organismos, misma que se garantizará con la prohibición de que los partidos políticos interfieran en las elecciones de los dirigentes.
Y es que los secretarios generales de distintos organismos sindicales se aferran al poder que han amasado dentro de estos grupos.
El líder con más años como secretario general es Francisco Hernández Juárez, quien llegó en 1976 a la dirigencia del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) cubriendo el interinato del entonces líder, Salustio Salgado. A pesar de que la persona que debía ocupar el cargo era Rosina Salinas, Hernández Juárez logró quedarse con él y desde entonces se mantiene como dirigente de este organismo sindical.
Fernando Espino Arévalo es otro que tiene 40 años al frente del Sindicato de Nacional de Trabajadores del Sistema Colectivo Metro. Llegó a la secretaría general en 1977, pero perdió el cargo unos años; fue hasta 1981 cuando su grupo recuperó el poder y destituyeron a Ariel Macías Valadez.
A partir de entonces se ha reelegido en diversas ocasiones, gracias a los mecanismos de presión que ejercen sobre los trabajadores, quienes han denunciado que si dan su firma de apoyo a los candidatos de las planillas opositoras a Espino, les retiran algunos derechos que tienen como sindicalizados.
En el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo busca regresar a la dirigencia del organismo que encabezó durante más de dos décadas y que le arrebataron cuando la detuvieron, en febrero de 2013. Gordillo se proclamó presidente vitalicia del sindicato en 2012 y ya no había manera de removerla de la cúpula que ella misma había construido.
En tanto, Carlos Romero Deschamps ha sido líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) por más de 22 años y se reúsa a dejar el poder.
Sin embargo, en este sindicato ya se plantea la alternancia. Lula Díaz Cruz es la candidata a la secretaría general de los trabajadores petroleros y está realizando una gira por los estados del sur del país, para buscar más simpatizantes que apoyen su causa, y así retirar del cargo a Romero Deschamps. Pero no es la única, Carlos Morales Quintana es el otro candidato que está dando la pelea para remover al viejo dirigente del cargo.
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En el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social (SNTSS), el líder se elige cada seis años, como está establecido en los estatutos. No obstante, el ganador ha sido el “delfín” del dirigente en turno y que está alineado al PRI, como lo han sido Valdemar Gutiérrez y Manuel Vallejo, quien incluso está afiliado al partido.
El fundador de Morena aseguró que los trabajadores van a elegir al secretario general de su sindicato a través del voto libre y secreto, promesa que hizo durante su campaña, en la que no fue respaldado por los sindicatos afines a la CTM y a la CROC.
En cambio, estas confederaciones apoyaron al candidato del partido tricolor, José Antonio Meade, a cambio de favores políticos: Aceves del Olmo obtuvo un lugar en el Senado, e Isaías González, dirigente de la CROC, pasó a la Cámara de Diputados, después de haber sido senador.
“Que quede claro habrá libertad y democracia sindical, ya el gobierno no va a proteger a ningún dirigente sindical”, expresó en días anteriores López Obrador, quien tiene el respaldo y apoyo de los senadores de Morena, partido que controla el Senado.
Al respecto, José Jesús Bautista, especialista en temas laborales y sindicales, asegura que desde años se venía frenando cualquier iniciativa que fortalecieran la libertad y la democracia sindical.
“El Estado y los gobiernos priistas y panistas, a pesar de que ya existe jurisprudencia sobre la libertad sindical, se han opuesto siempre a reconocer este derecho porque el gobierno federal o los gobiernos estatales han visto en la libertad y democracia sindical un riesgo que podría facilitar la pérdida del control político que aún ejercen sobre los trabajadores de base”, dice el también consultor.
Esta situación está a punto de cambiar con la llegada del nuevo gobierno.
El camino a un nuevo sindicalismo
El primer golpe a la CTM y CROC ocurrió con la aprobación del Convenio 98 de la Conferencia Internacional del Trabajo, que protege a los trabajadores de cualquier acto de discriminación que menoscabe la libertad sindical en relación con su empleo.
“Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro del mismo”, dice el acuerdo aprobado en el Senado en septiembre pasado.
El Convenio también busca regular que las organizaciones de trabajadores y de empleadores gocen de una adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras, ya sea que se realice directamente o por medio de sus miembros, en su constitución, funcionamiento o administración.
“El Convenio señala que los estados parte deberán crearse organismos adecuados a las condiciones nacionales, con el fin de estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de trabajadores el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación, así como garantizar el respeto al derecho de sindicación”, continua el acuerdo.
Este documento no había sido ratificado por el Senado, pese a que en 2015 el presidente Enrique Peña Nieto aprobó su firma y lo envió a la Cámara Alta para que se aprobara.
Napoleón Gómez Urrutia, senador de Morena, fue uno de los impulsores de la firma del Convenio, con el que se busca garantizar los derechos de los trabajadores. De hecho, el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana trabajó activamente en este rubro durante la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
El legislador estuvo en contacto con los sindicatos en Estados Unidos y Canadá, quienes presionaron a los negociadores para que se le exija a México dejar atrás todas las centrales obreras que cobijaron al PRI y garantizar la libertad de los empleados dentro de los sindicatos.
Justo ese fue el segundo golpe que el gobierno de Morena asestó a las organizaciones sindicales. A través del Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá (USMCA) se prohíbe la injerencia de las empresas en las actividades sindicales y se exige al gobierno crear tribunales independientes que vigilen la vida sindical.
México también está obligado a garantizar el derecho de los trabajadores a participar en actividades de negociación colectiva y a formar o afiliarse al sindicato de su elección, así como establecer requisitos para el registro de contratos colectivos y garantizar la transparencia de los contratos colectivos negociados.
El tercer golpe fue dado por Cecilia Margarita Sánchez García, senadora de Morena, quien propuso una iniciativa para modificar la Ley Federal del Trabajo en materia de democracia sindical que garantice el derecho de los trabajadores de todo sindicato a elegir a sus representantes mediante voto universal, libre, secreto y directo, por lo menos cada seis años.
“Esta iniciativa tiene por objetivo garantizar el derecho de los trabajadores de todo sindicato a elegir a sus representantes mediante el voto universal, libre, secreto y directo, para lo cual deberá establecerse dicha prerrogativa con carácter de obligatoria en los estatutos y documentos constitutivos de los sindicatos”, dice el documento.
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Allí se propone modificar los artículos 371 y 373 de la ley, en los que queden claramente especificadas las condiciones para que los agremiados puedan votar a los secretarios generales, y éstos estén obligados a rendir cuentas cada seis meses.
Con esta modificación a la ley se pretende armonizar la legislación mexicana con el Convenio internacional y con el nuevo tratado comercial, que se firmará en noviembre próximo.
José Jesús Bautista celebra los cambios que se han planteado en la vida sindical del país. No obstante, pidió tener cuidado con la apertura para la elección de los dirigentes.
“Sería conveniente que se valore con toda seriedad la figura de la elección de dirigencias por medio del voto universal, directo y secreto. Mi reserva en este caso específico tiene que ver con el imperativo de reducir cualquier posibilidad de que algún poder fáctico con grandes recursos financieros e importantes conexiones políticas busque incidir en los procesos de renovación sindical”, dice el especialista.
Se avizoran los cambios
Luego de que su propio partido plantee la obligatoriedad de la renovación sindical, Gómez Urrutia ya se pronunció a favor de apoyar la decisión de los trabajadores.
“Eso es una decisión libre de los trabajadores, como en cualquier otro caso, es parte de la autonomía sindical y ellos decidirán, los trabajadores son muy inteligentes, ellos saben lo que quieren y lo que buscan, ellos saben por qué eligen a sus dirigentes. Estaremos todos sujetos a lo que la mayoría de los trabajadores decidan con apego al derecho, al voto libre secreto y personal”, dijo a principios de octubre en una conferencia de presa.
El líder minero es uno de los dirigentes que más años tiene al frente de un sindicato: asumió el cargo en 2002, luego de que su padre —quien fuera líder vitalicio del organismo—, muriera y lo dejara al frente de los trabajadores. Los mineros han ido a elecciones, pero en cada votación Gómez Urrutia ha ganado en las urnas, lo que le ha permitido extender su mandato durante 16 años.
El legislador señaló que después de la ratificación del Convenio 98, el Congreso de la Unión está actualizando los reglamentos y las leyes en temas laborales para respetar los derechos laborales y la libertad sindical de los agremiados, sobre todo al momento de elegir a sus líderes y al sindicato al que quieran pertenecer.
Las modificaciones legales, así como la insistencia de López Obrador por respetar la autonomía de los sindicatos serán la puerta para transformar estos organismos a partir del próximo año.
No obstante, deberán ser los trabajadores quienes se hagan responsables de garantizar que estos derechos se ejecuten y no solo queden en un papel firmado por el gobierno.
“Ambos principios deben ser obra de los propios trabajadores y no de una imposición de la elite política o gubernamental. De ahí que en el análisis y debate de la modificación de la legislación secundaria, o de una eventual reforma constitucional, la participación de la base trabajadora y los sindicalistas, es un requisito imprescindible”, puntualiza José Jesús Bautista.
http://www.rssindical.mx/2018/10/28/morena-le-pega-al-charrismo-sindical/?fbclid=IwAR3EYRf0vdd4YxtnCT4u4p0trGDp7xQYehqKxZVIP1wb3Nl5Je25fv6lPIk
Los retos de Luisa María Alcalde: los intereses de las cúpulas
VLADIMIR RICARDO LANDERO ARAMBURU
@riclandero
mar 23 oct 2018 22:26
La política laboral ha transitado en las últimas décadas sobre la base de una “estabilidad” cómoda, usando como premisas que no han existido conflictos sindicales importantes y que las políticas salariales han transitado por debajo de los parámetros de los indicadores inflacionarios y económicos, lo cual ha otorgado tranquilidad a los gobiernos, las cúpulas industriales y sindicales.
Los principales acreedores de esa “estabilidad”, quienes ven con preocupación que algunos de sus intereses y actividades “legítimas” se vean afectadas con cambios en la política laboral, son:
A)Las empresas de outsourcing legales, que se han enriquecido a base de cobrar un porcentaje por administrar la nómina y dejar de pagar utilidades. Dinero que debió trasladarse al ingreso de los trabajadores, generando impuestos y seguridad social.
B)Las pagadoras irregulares, que administran nóminas, pero con triangulaciones fiscales para disminuir el impacto de sus servicios, generando fraudes fiscales y huecos a la hacienda pública y la seguridad social.
C)Los patrones que usan la subcontratación como medio para evadir impuestos y seguridad social, dejar de pagar utilidades.
D)Las cúpulas patrones que han utilizado a la Comisión de salarios mínimos para fijar un piso en los aumentos salariales, teniendo a la clase trabajadora con ingresos que en ocasiones están en el umbral de la pobreza extrema.
E)Los sindicatos charros blandos, que se la pasan cobrando cuotas sindicales sin representación de los trabajadores, solo por firmar un contrato colectivo a modo.
F)Los sindicatos charros negros, que son el grupo de sindicatos que se la pasan buscando empresas, establecimiento y obras de construcción que no tienen contrato colectivo, para emplazarlas a huelga con el único fin de cobrar un monto por evitar la huelga. Lo que se conoce en otros términos como cobro de piso, pero aquí es legal pues cuentan con toma de nota expedida por la autoridad.
G)Los políticos que son socios de las empresas de outsourcing, que desde el sexenio de Fox y Calderón fijaron esta práctica, la cual alcanza hoy a poco más del 25% de la industria nacional.
H)Los políticos que están relacionados a las centrales obreras y reciben recursos o apoyo político para sus intereses.
I)Los presidentes municipales que en contubernio con lideres sindicales locales imponen condiciones para la firma de contratos colectivos o el cobro de cuotas por proyectos que pasan por su territorio: carreteras, gasoductos, proyectos energéticos, hoteles, etc.
J)Las agrupaciones gremiales, que bajo el disfraz de sindicatos tienen agrupados a cientos de trabajadores limitando la libertad de asociación y en ocasiones hasta de competencia, pues agrupan a transportistas, taxistas, comerciantes, etc., amparados con el aval gubernamental.
K)Los despachos de fiscalistas que han generado “estrategias” para evitar el pago íntegro del los impuestos y pago de seguridad social de las nóminas de los trabajadores.
L)Los intereses creados alrededor de inspectores, certificadores, que implican a funcionarios y particulares, quienes han encontrado un modo de vida en la simulación de la aplicación de la normatividad laboral.
M)Los despachos de abogados que se dedican a la simulación de juicios laborales, que inventan demandas, que reciclan actores y viven de llevar cientos de convenios al día, a pesar de no tener acción ni derecho.
N)Los bancos, las afores, que han hecho del dinero del salario de los trabajadores una mina de oro para sus arcas.
O)Los funcionarios de las Juntas de Conciliación y Arbitraje que se han prestado a la simulación en la aplicación de Ley Federal del Trabajo (no son todos, pero son muchos).
P)Los representantes del capital y del trabajo que integran las Juntas de Conciliación, que han parasitado en sus puestos, al amparo de las cúpulas patronales y de centrales obreras.
Esta es la respuesta a la pregunta que hace Federico Arreola, de a quién estorba una nueva política pública de lo laboral en nuestro país como la que propone Luisa María Alcalde. Y explica la grilla sin fundamento que realiza Templo Mayor en su contra.
https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/10/23/los-retos-de-luisa-maria-alcalde-los-intereses-de-las-cupulas
López Obrador y los sindicatos
En México, la incorporación del sector obrero al PRI permitió resolver el conflicto entre las fuerzas conservadoras del capital y las fuerzas progresivas del movimiento laboral.
Por Leo Zuckermann
18 de Octubre de 2018
Algo importante está pasando en el mundo sindical en México. Las aguas están muy movidas. Napoleón Gómez Urrutia ha regresado al país con toda la intención de seguir dominando el principal sindicato minero. Elba Esther Gordillo ha salido de la cárcel con toda la intención de regresar a liderar el principal sindicato magisterial. Carlos Romero Deschamps está organizando comicios para reelegirse como dirigente nacional de los petroleros. El nuevo gobierno de López Obrador, por su parte, está en el proceso de definir cuál será su política frente a los sindicatos. ¿Apoyará a líderes charros y corruptos que aseguren estabilidad política o promoverá un proceso de democratización real de los sindicatos?
En Shaping the political arena, los politólogos norteamericanos Ruth y David Collier realizaron un estudio fundamental sobre la relación entre los movimientos obreros y los regímenes políticos en América Latina. Los autores argumentan que la modernización capitalista de principios del siglo XX trajo consigo la formación de una clase trabajadora radicalizada y organizada en movimientos laborales. La reacción de los distintos Estados nacionales latinoamericanos a estos movimientos determinó, según ellos, el tipo de régimen político de cada uno de los países.
De acuerdo con los Collier, las reacciones de grupos conservadores hacia los movimientos obreros derivaron en un sinnúmero de golpes de Estado en América Latina. En México, en cambio, la incorporación del sector obrero a un partido de Estado, el PRI, permitió canalizar y resolver el conflicto entre las fuerzas conservadoras del capital y las fuerzas progresivas del movimiento laboral. El sistema priista fue eficaz para negociar la lucha de clases lo cual, en comparación con otros países latinoamericanos, dio mucha estabilidad a la vida política del país. Esto no es ninguna menudencia si se toma en cuenta los horrores que significaron las diversas dictaduras militares en Latinoamérica.
La relación del Estado mexicano con el sindicalismo oficial fue funcional para ambas partes. Por un lado, se consiguió paz y estabilidad política. Por el otro, los obreros mexicanos lograron ciertos derechos en su seguridad laboral y social. Los mayores beneficiarios de este pacto fueron los líderes sindicales, quienes recibieron jugosas rentas económicas y poderosos puestos políticos. Eventualmente, la complacencia se apoderó de estos dirigentes, quienes cada vez más estuvieron dispuestos a acomodarse que a luchar.
En los años ochenta se dieron una serie de acontecimientos que tuvieron un efecto directo sobre el sindicalismo mundial y mexicano. El sistema comunista, supuesto defensor de los intereses de la clase trabajadora, cayó. El mundo se convirtió en un lugar predominantemente capitalista donde comenzó una despiadada lucha —no de clases— sino de países por conquistar mercados. En esta implacable globalización, los capitales se dirigieron a los lugares donde el trabajo era más barato, productivo o preparado. Esto significó un nuevo reto para los sindicatos acostumbrados a una concepción anacrónica de la lucha de clases.
En esa misma década, en México se dio una serie de reformas económicas orientadas a fortalecer al mercado. El Estado perdió espacios y con ello capacidad de repartir beneficios al movimiento obrero organizado. Además, los sindicatos fueron perdiendo poder dentro del PRI, partido que, con la creciente apertura política, tuvo que competir para ganar puestos de elección popular.
El PRI, eventualmente, perdió el poder, pero los gobiernos panistas, tanto el de Fox como el de Calderón, se acomodaron con los líderes y sindicatos que venían de la época dorada del tricolor. Prefirieron mantener la fiesta laboral en paz llegando al extremo, en el caso de la educación pública, de entregarle parcelas enteras de la administración del sistema al sindicato magisterial.
En los últimos meses, el gobierno de Peña, quien como buen priista se acomodó a la paz laboral de los sindicatos charros y corruptos, ha firmado un par de acuerdos internacionales de libre comercio que obligan a la modernización y democratización sindical. Me refiero al TPP 11 y al USMCA. Se trata de un enorme reto para la siguiente administración de López Obrador sobre todo si se suma el hecho de que la izquierda mexicana siempre ha luchado por tener sindicatos reales que representaran los intereses de los trabajadores. ¿Qué hará, en este sentido, AMLO con el mundo laboral mexicano? ¿Se acomodará con los dinosaurios, pondrá a los suyos o permitirá un verdadero movimiento sindical democrático? Un asunto que valdrá la pena darle seguimiento.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/leo-zuckermann/lopez-obrador-y-los-sindicatos/1272404
Se prepara una nueva reforma laboral
Por: Luis Ernesto Salomón
7 de Octubre de 2018 – 04:00 hs
Se prepara una nueva reforma laboral
Como consecuencia del acuerdo establecido con Estados Unidos y Canadá (USMCA), nuestro país asumió la obligación de reformar las leyes laborales para extender la protección de derechos de los trabajadores, antes del 1 de enero de 2019. En el anexo 23A se establece que México adoptará y mantendrá disposiciones necesarias para el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva con el aval del nuevo Gobierno. Específicamente se obliga a:
1. Garantizar en sus leyes laborales el derecho de los trabajadores a participar en actividades concertadas para negociación o protección y para organizar, formar y unirse al sindicato de su elección, y prohibir el dominio o la injerencia del empleador en las actividades sindicales, la discriminación o la coacción contra trabajadores por la actividad o el apoyo sindical, y la negativa a negociar colectivamente con los sindicatos debidamente reconocidos.
2. Establecer y mantener organismos independientes e imparciales para registrar las elecciones sindicales y resolver las controversias relativas a los convenios colectivos y el reconocimiento de los sindicatos, a través de una legislación que establezca:
(i) una entidad independiente para la conciliación y registro de contratos colectivos.
(ii) tribunales de trabajo independientes para la resolución de conflictos laborales.
3. Garantizar en sus leyes laborales, que se cuente con un sistema eficaz para verificar que las elecciones de los líderes sindicales se llevan a cabo a través del voto personal, libre y secreto de los miembros de los sindicatos.
4. Disponer en la legislación laboral que las disputas de representación sindical sean resueltos a través de una votación secreta, y no están sujetos a demoras.
5. Adoptar una legislación que exija:
(a) la verificación por parte de una entidad independiente que los convenios colectivos cumplen con los requisitos legales relacionados con la capacidad de los trabajadores para que puedan registrarse y
b) para el registro de un acuerdo de negociación colectiva inicial, se requerirá el apoyo de la mayoría a través del ejercicio de un voto personal, libre y secreto de los trabajadores.
6. Adoptar una legislación que establezca la obligación de revisar el salario y las condiciones de trabajo, de todos los acuerdos de negociación colectiva existentes que incluya un requisito para el apoyo de la mayoría, a través del ejercicio del voto personal, libre y secreto de los trabajadores cubiertos por dichos convenios colectivos.
Dicha legislación también dispondrá que todos los acuerdos de negociación colectiva existentes se revisarán al menos una vez durante los cuatro años posteriores a la entrada en vigor de la legislación.
La legislación no implicará la rescisión de ningún acuerdo de negociación colectiva existente como consecuencia del vencimiento del término indicado en este párrafo, siempre y cuando la mayoría de los trabajadores cubiertos por el acuerdo de negociación colectiva demuestren apoyo a tal acuerdo a través del voto personal, libre y secreto.
7. Proporcionar en sus leyes laborales que los acuerdos producto de la negociación colectiva negociado por el sindicato y las normas que rigen los documentos se encuentran disponibles de forma fácilmente accesible para todos los trabajadores involucrados por el acuerdo de negociación colectiva, a través de la aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como también que la legislación establezca la obligación de tener un sitio web centralizado que proporcione acceso público a todos los acuerdos de negociación colectiva vigentes, y sea operado por una entidad independiente que se encargue del registro de los acuerdos de negociación colectiva.
8. Es la expectativa de las partes que México adopte la legislación descrita anteriormente antes del 1 de enero de 2019. Se entiende además que la entrada en vigor del acuerdo puede demorarse hasta que dicha legislación entre en vigencia.
Ante estas obligaciones se preparan ya los proyectos legislativos que supondrán cambios estructurales en la forma como ha funcionado hasta ahora la negociación colectiva en México. El Gobierno, los representantes empresariales y de las organizaciones de trabajadores deben trabajar a marchas forzadas para alcanzar acuerdos. Esto puede significar el fin de los sindicatos de protección, y el fin de la injerencia del Gobierno en los asuntos sindicales de sus trabajadores. Habrá que seguir atentamente las iniciativas que seguramente se presentarán al Congreso de la Unión en los próximos meses.
https://www.informador.mx/ideas/Se-prepara-una-nueva-reforma-laboral-20181007-0003.html
Inicio del fin al sindicalismo corporativo
Jesús Cantú
Domingo 23 de sep 2018
Finalmente el pasado jueves se votó en el Senado la adhesión de México al Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que había sido adoptado desde 1949, y que garantiza la libertad de asociación y la libertad sindical de los trabajadores, además de establecer la eliminación de todas formas de trabajo infantil, la discriminación en materia de empleo y ocupación y de cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio.
México fue el último de los países de América Latina y el Caribe en ratificar el convenio, que previamente fue adoptado por 165 países del mundo.
Durante muchos años el convenio estuvo archivado en la Presidencia de la República porque la legislación laboral mexicana incluía desde 1931 la llamada cláusula de exclusión, que permitía a líderes sindicales y patrones separar a un trabajador que se negara a afiliarse al sindicato que detentaba el contrato colectivo de trabajo.
Dicha disposición se encontraba en el artículo 236 de la ley expedida en 1931 y se trasladó al artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo promulgada en 1970, con lo cual se mantuvo vigente hasta el 17 de abril de 2001, cuando el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró inconstitucional dicha norma. Sin embargo, fue hasta el 2015, cuando el actual presidente Enrique Peña Nieto envió el convenio para su ratificación al Senado, sin embargo, el dictamen nunca se había elevado al Pleno del mismo.
Y fue hasta el 17 de febrero del 2017 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que sienta las bases para un nuevo modelo de impartición de justicia laboral y de relaciones obrero-patronales. Otro paso para el desmantelamiento de esta protección se dio en el proyecto de Tratado de Libre Comercio, que acordaron México y Estados Unidos hace algunas semanas, pues se incluyó un capítulo especial que garantiza, entre otros, estos mismos derechos laborales.
La cláusula de exclusión era la columna que soportaba al sindicalismo corporativo mexicano, sea aquel que tenía como principal soporte al gobierno federal, llamado el sindicalismo charro, con la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) como su más conspicuo representante; pero que se extendía a muchos otros sindicatos que respaldaron al Partido Revolucionario Institucional, otrora partido hegemónico.
Pero también era el sostén del llamado sindicalismo blanco, que respaldado por los distintos grupos empresariales mexicanos, se convertían en el instrumento que les permitía mantener deprimidos los salarios e imponer sus condiciones a cambio de ciertas prebendas a los líderes sindicales.
La llamada cláusula de exclusión es la que abría la puerta a los llamados contratos de protección (todavía vigentes el día de hoy), mediante los cuales el patrón firmaba el contrato colectivo de trabajo con una central sindical a espaldas de los trabajadores, en muchos casos dicho documento se tenía desde antes de iniciar operaciones. Los líderes del sindicalismo charro y del blanco, por igual, se prestaban a dicha simulación a cambio de pingües ganancias económicas o posiciones políticas y demás prebendas.
Y, desde luego, esto les permitía a los empresarios mantener los bajos niveles salariales, que ya han sido ampliamente tratados en este espacio en colaboraciones previas, además de limitar las prestaciones que les otorgaban. Entre otras, ésta es una de las razones de la creciente desigualdad en México, pues es una de las razones de que los beneficios del crecimiento económico -de por sí bajo para un país emergente- se concentraran en los dueños de las empresas y no se derramara hacia empleados y trabajadores.
Había razones de peso (y de pesos) para que los gobiernos emanados del PRI y el PAN no ratificaran el citado convenio y mantuvieran vigente -en los hechos- la llamada cláusula de exclusión, incluso una vez que la Corte declaró su inconstitucionalidad y que ya se había promulgado una reforma constitucional que pretendía precisamente desarrollar un nuevo modelo sindical y de relaciones obrero-patronales.
Seguramente por la influencia política que todavía mantienen los líderes sindicales y los empresarios, los senadores de la pasada legislatura habían eludido dictaminar el citado convenio y fue hasta el pasado martes, cuando el Senador Napoleón Gómez Urrutia publicó en la Gaceta Parlamentaria una excitativa para que las Comisiones de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales y Trabajo (que todavía no se han conformado y, mucho menos, instalado) emitieran un dictamen sobre el convenio que ya llevaba más de tres años en dicha Cámara, que el tema cobró relevancia en la opinión pública.
La Mesa Directiva de la Cámara Alta decidió convertir dicha excitativa en dictamen y lo elevó al Pleno el pasado jueves 20 de septiembre para su inmediata discusión y aprobación. El dictamen fue avalado por legisladores de todos los partidos políticos representados en el Senado, excepto del PAN. Los legisladores blanquiazules hicieron suyas las preocupaciones de los empresarios, que pedían ser consultados previamente, pues temen que la adopción del mismo impulse la creación de cientos de sindicatos que afecten la productividad de sus empresas.
La adopción del Convenio 98 es un paso más en la dirección correcta, sin embargo, todavía falta emitir la legislación secundaria en el que se norme el nuevo modelo de impartición de justicia laboral y defina las nuevas reglas que regularán la vida de los sindicatos mexicanos. Y, una vez que eso se logre, la mesa estará servida para que gobierno, trabajadores y empresarios empiecen a construir una nueva era en el sindicalismo mexicano y las relaciones obrero-patronales, en beneficio de la clase trabajadora y de México.
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1501724.inicio-del-fin-al-sindicalismo-corporativo.html
La eternización de líderes sindicales ocurre por favorecer a gobiernos en turno: expertos
La ley permite su relección continua
Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Viernes 13 de julio de 2018, p. 21
La eternización de los líderes de los principales sindicatos del país sigue siendo una constante, como lo demuestra el hecho de que buena parte de ellos se ha relecto hasta acumular dos o tres décadas en el cargo, en un fenómeno permitido por las leyes, en la medida en que beneficia a los gobiernos en turno, señalaron especialistas en temas laborales.
Un ejemplo de ello es el del dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps, quien ha acumulado 25 años en dicha posición, a la que llegó en 1993 y para la cual se religió por cuarta vez consecutiva en diciembre de 2017. A sus 75 años de edad, logró que se le designara para ocupar el cargo durante el periodo 2019-2024.
Lo anterior, a pesar de que ha enfrentado cuestionamientos y acusaciones legales, entre ellas las relativas a su participación en el presunto desvío de mil 500 millones de pesos de Petróleos Mexicanos a la campaña del candidato presidencial priísta en el año 2000, Francisco Labastida Ochoa, en un episodio conocido como Pemexgate.
Otro caso similar es el de Víctor Flores Morales, quien lleva 22 años como líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Ferrocarrileros. Con 79 años de edad, en octubre de 2017 anunció que no descartaba relegirse nuevamente, lo que lo llevaría a ocupar el cargo hasta 2024.
En esa misma dinámica se inscriben los dirigentes que ha tenido la Confederación de Trabajadores de México (CTM), cuyo actual dirigente –a sus 77 años– es Carlos Aceves del Olmo, quien llegó a ese puesto directivo en enero de 2016, tras el fallecimiento de Joaquín Gamboa Pascoe, quien ya contaba con 93 años de edad y se había relecto hasta 2022, fecha en la que hubiera cumplido un siglo de vida.
Garantizan paz laboral
Consultados sobre el fenómeno de la eternización de los líderes sindicales, Alfonso Bouzas Ortiz, investigador de tiempo completo en la Universidad Nacional Autónoma de México, subrayó que dicha práctica ocurre en sindicatos de todas las magnitudes, y es consecuencia directa de las leyes que permiten no sólo la repetición en el cargo, sino también que los líderes gremiales tomen decisiones de forma extremadamente discrecional.
Las autoridades otorgan una toma de nota a estos sindicatos y a sus dirigentes, cuyos intereses por lo general no son distintos a las personas que dirigen las empresas u organismos. Es una de las consecuencias del sistema corporativo que propicia la ley y que los políticos fomentan en la medida en que les garantiza ‘paz laboral’, indicó el especialista.
Arturo Alcalde, también experto en temas laborales, coincidió en que la permanencia de dirigentes gremiales en sus puestos durante varias décadas obedece a la existencia de una historia corporativa de subordinación tanto a intereses empresariales como corporativos.
Pese a ello, se dijo optimista de que en el próximo gobierno se puedan fortalecer los sindicatos que representan de manera efectiva los intereses de los trabajadores, y cuyo plan de trabajo está basado en la negociación de contratos colectivos.
http://www.jornada.com.mx/2018/07/13/politica/021n1pol
Sindicatos pierden espacios en el Congreso
Para los comicios del 1 de julio, los partidos políticos otorgaron menos espacios a los líderes sindicales, respecto de otras épocas.
María Del Pilar Martínez
11 de julio de 2018, 23:24
La Cámara de Diputados y Senadores tendrá para la LXIV Legislatura, que arranca en septiembre, un número reducido de líderes sindicales.
Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ingresarán a la Cámara de Diputados Carlos Pavón Campos, secretario general del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Frente, e Isaías González Cuevas, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).
Ese mismo partido tendrá en el Senado de la República a Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y presidente del Congreso del Trabajo, quien afirmó recientemente “que el partido (el PRI) nos dio muy pocos espacios. De tener, en sus mejores tiempos, presidentes municipales, regidores, gobernadores y más de 80 legisladores, ahora estamos muy reducidos”.
En tanto, del partido Morena, está en el Senado Napoleón Gómez Urrutia, quien permanece en Vancouver, Canadá, y que ha ido perdiendo contratos en el sector de la minería; además, se encuentra en litigio laboral para cubrir el pago a los trabajadores que demandaron sean entregados 55 millones de dólares.
Sin una agenda específica sobre la política laboral que impulsará el PRI en la próxima Legislatura, los futuros congresistas por ahora saben que buscarán “defender los derechos de los trabajadores y avanzar en las propuestas que sean convenientes (…) siempre con la ley en la mano”, afirmó Aceves del Olmo.
Los próximos legisladores priistas tienen su propio liderazgo, ya que ni la CROC ni el Sindicato Minero Frente pertenecen al Congreso del Trabajo ni a la CTM, lo que permite “impulsar problemáticas de importancia en el sector laboral desde nuestra trinchera”, afirmó por su parte Pavón Campos.
El dirigente minero sostuvo que ser una minoría opositora complicará el avance de algunos temas e incluso, “somos pocos los que conocemos del tema laboral, pero no por ello dejaremos de empujar asuntos que contribuyan a mejorar el ingreso de los trabajadores, ésa, en mi caso, es una de las propuestas que trabajaré”.
Algunos riesgos que avizoran son “la aprobación de la reforma laboral —leyes secundarias— porque se tiene que analizar bien el impacto que pueda representar en la generación de empleo, pero también querer suscribir el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo”.
Líderes añejos
Las reconocidas figuras del sindicalismo como Joel Ayala Almeida, presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, quien ocupa actualmente un cargo como senador, así como Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato Petrolero de la República Mexicana, quedaron fuera de un cargo de representación popular, tras los comicios del 1 de julio.
Tan sólo en el 2012 llegaron a la Cámara de Diputados 40 representantes sindicales, entre ellos el mismo Carlos Aceves del Olmo y el petrolero Ricardo Aldana. También de partidos como el PAN, con Mario Alberto Dávila Delgado, vinculado al sindicato de trabajadores del IMSS, y del PRD con José Arturo López, del Sindicato de Electricistas, e incluso Nueva Alianza tenía 10 legisladores, todos vinculados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Asimismo, en la Legislatura que está por concluir, también está Tereso Medina, líder en el norte del país del sector automotriz, y el líder sindical del sector refresquero, Armando Neyra Chávez.
De acuerdo con especialistas laborales, tendrá que haber una relación distinta entre Estado y sindicatos, porque uno de los ejes de campaña de Morena es que haya respeto a la libertad sindical, de tal suerte que los liderazgos que se han mantenido por décadas necesariamente tendrán que modificarse.
Legislar y no confrontar
Sin mencionar a su opositor del sector minero, Pavón Campos afirmó: “Nos enfocaremos a lo nuestro; las empresas mineras con quienes tenemos contrato conocen el trabajo que ha hecho el sindicato, hemos logrado estabilidad laboral”.
Agregó: “Trabajaremos por frenar el otorgamiento de créditos de instituciones bancarias, porque no se informa de manera clara a los trabajadores sobre las tasas que terminarán pagando por el crédito que se descuenta vía nómina, dejando a los trabajadores sin ingreso. Esa problemática está ocasionando que muchos mineros dejen de trabajar, pues consideran que, si no van a cobrar nada —porque todo lo descuenta el banco—, es mejor no acudir a su centro de trabajo”.
A esto se suma que los trabajadores tienen créditos en el Infonavit o en el Infonacot, “si la Constitución dice que a un trabajador no se le puede descontar más allá de 30% de su salario, en esta ocasión no aplica y esta problemática ya está impactando a las empresas, pues deben cumplir con una producción semanal”, prosiguió el dirigente sindical.
Por su parte, el líder de la CROC, en un desplegado publicado de manera inmediata tras reconocer el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en los comicios presidenciales, expuso que “siempre se esfuerza en trabajar con nuestro país y apoyar a las familias de nuestros afiliados y a la sociedad en conjunto. La CROC ratifica su compromiso con las causas de los mexicanos”.
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