Boletín N°. 1149
27-02-2019.- El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, consideró indispensable coordinar el trabajo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a fin de no vulnerar los derechos de las y los trabajadores.
En la mesa 3 de las Audiencias Públicas sobre la reforma laboral “Derecho individual y justicia laboral”, que se celebran en San Lázaro, el diputado expresó que “observamos que las juntas de conciliación están repletas de demandas; entonces, es necesario conjuntar esfuerzos para que ya no suceda”.
Además, quien esté a cargo de los órganos conciliadores no debe ser ciego ante las necesidades de los empleados. Y sobre los sindicatos, dijo que se tiene que apoyar a quienes toman buenas decisiones.
“Toda ley es perfectible, pero estar aquí obedece a la decisión de que México necesita un cambio en materia laboral. Los legisladores tenemos la tarea de escuchar a los trabajadores, pero también a los patrones, para nutrir las iniciativas y votar de manera responsable”.
La diputada Anita Sánchez Castro (Morena) destacó el diálogo con expertos; “es un ejercicio del que nos llevamos todos los comentarios, porque es una discusión que está en puerta para hacer frente al colapso en el rubro laboral”.
Su compañero de partido, diputado Marco Antonio Medina Pérez comentó que “estamos en una etapa de análisis de una reforma reglamentaria; es decir, no estamos empezando de cero”. Además, no sólo se estudia una propuesta del grupo mayoritario, sino varias de distintos grupos parlamentarios.
La diputada Margarita García García (PT) resaltó el ejercicio de las audiencias, porque sirven para escuchar a una ciudadanía ávida de justicia. “Tenemos mucho qué hacer en esta reforma, porque la legislatura debe caracterizarse por escuchar y trabajar para el pueblo”.
Agregó que “vivíamos en un México corrupto que incluía a la Cámara de Diputados, los congresos locales aprobaban reformas a espaldas de los trabajadores, pero ha quedado demostrado que el pueblo estaba harto de la impunidad”.
Del PAN, el diputado José Elías Lixa Abimerhi inquirió si es posible que un juzgador pueda sostener la carga de trabajo, y si presupuestalmente se puede atender la iniciativa. Su compañera de grupo, María del Pilar Ortega Martínez, pidió saber la naturaleza que adquirirán los convenios luego de emitirse la legislación secundaria.
En su turno, Maximiliano Camiro Vázquez, en representación de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), exhortó a las y los diputados a tener una reforma en el menor plazo posible, que surja del diálogo y la participación social. “Es necesario crear condiciones propicias para el sector empresarial, porque hay un alto índice de mortalidad de los centros de trabajo”.
Indicó que no se debe perder de vista para quién se está legislando, el 85 por ciento de empleos se genera en las micro, pequeña y mediana empresas; tiene que hacerse una reforma sencilla que permita a trabajadores y empleadores cumplir con sus obligaciones. “Muchas veces se enfrentan a una serie de cargas que termina ahogando a estas empresas o las orilla a la informalidad; es decir, las leyes no tienen que ser obstáculos para el sector”.
El coordinador de Derecho Laboral de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (Anade), Jorge Erick Sales Boyoli, destacó la necesidad de modificar la política laboral del país, con el propósito de mejorar los ámbitos social y económico. Recomendó privilegiar conciliación en un sentido práctico y no detenerse en lo técnico; “el Estado debe recuperarse como un buen empleador”.
Hizo votos porque la reforma en la materia sea un verdadero ejercicio democrático y que deje frutos concretos. Sugirió revisar las fechas que la propuesta presenta en los artículos transitorios, porque no queda claro cuándo y qué se pondrá en marcha. Las empresas están a favor de elevar el poder adquisitivo, pero no con medidas que vayan en contra de las compañías; la reforma debe contemplar un seguro de desempleo, hoy eso son demandas laborales por salarios caídos.
María Claudia Esqueda Lanes, representante de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo AC, consideró que la regulación que la iniciativa contempla para el centro de conciliación es inadecuada; debería realizarse una ley orgánica para dicho centro y no regularlo en la misma ley secundaria.
Si se quiere apoyar a la clase trabajadora se debe regresar a esquemas previamente establecidos; es decir, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y las áreas financieras del Estado deben recapacitar sobre la aplicación de algunos impuestos y exentar prestaciones como el tiempo extra.
Jaime Alejandro Barrios Anaya, representante del Grupo Restitución del Artículo 123 de la Escuela de Derecho “Ponciano Arriaga”, indicó que sustituir las juntas de conciliación tendrá un costo inherente y debe revisarse si es posible hacerlo o no.
Se tiene la oportunidad de mejorar el artículo 123, que antes era vanguardista, pero hoy nos estamos quedando atrás en la innovación de nuevas fórmulas del derecho laboral. “Lo que nos espera es abrumador para todos los trabajadores; es buen momento de crear leyes para nuestro futuro”.
Jorge Domingo Viveros, representante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, estimó que la iniciativa es lesiva para los trabajadores y tiene que revisarse en su totalidad, no por artículo. “La propuesta, como está, deja a los trabajadores en aras del derecho privado”. Añadió que la subcontratación debe eliminarse en el país o, cuando menos, tiene que regularse”.
Pidió a los legisladores analizar en contexto los artículos y no aprobar una reforma regresiva para los empleados y los derechos avalados en la Constitución. “Por ejemplo, no se menciona cómo van a funcionar los tribunales y hay muchos contrasentidos en el articulado”.
Fernando Mier y Concha Soto, abogado especialista, subrayó la importancia de que los derechos humanos se tomen en cuenta en la reforma laboral; sería relevante que el centro de conciliación tenga facultades de fiscalización y de resolver controversias sobre las garantías de los trabajadores.
Indicó que si los derechos humanos ya están y se aplican, y en la ley laboral aún se está modificando, los contratos colectivos anteriores no cumplirían con esas garantías; por ello, dijo, se tiene que revisar detalladamente cada artículo de la iniciativa.
Gilberto Chávez Orozco, coordinador de la Comisión de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Barra Mexicana de Abogados, propuso que los entes de conciliación deben pertenecer al Poder Ejecutivo: “pero se olvidan que los organismos descentralizados bien pueden pertenecer a otros poderes como el Judicial, entre ellos”.
“El país no está para derroches, no hay dinero para construir, abonar y pagar instancias conciliatorias a las ya existentes adicionales, a los tribunales laborales futuros, no hay congruencia ni lógica en dividirlos en sede del Ejecutivo unos y en sede Judicial los otros, y más aún que la intensión sea mantener un control político”, reiteró.
Propuso que el organismo descentralizado y los centros de conciliación pertenezcan al Poder Judicial y sean las mismas instalaciones y la misma infraestructura de los tribunales laborales las que desahoguen esa fase conciliatoria prejudicial.
Por su parte, Enrique Octavio García Méndez, secretario de la Confederación de Cámara Nacionales de Comercio Servicio y Turismo, agradeció las audiencias públicas porque hace efectivo lo que se mandata.
Los empresarios, dijo, requieren de la protección y acceso a la justicia pronta y expedita que ahora se hace realidad con la participación de las audiencias públicas. Explicó que gran parte del organismo representa a los micro, pequeño y mediano empresarios que son 55 por ciento del PIB y el 60 por ciento del empleo formal de nuestro país.
Necesitamos garantizar el derecho constitucional que tienen los patrones para no reinstalar a ciertos trabajadores mediante el pago de las indemnizaciones legales procedentes. Explicó que de acuerdo con la fracción décima segunda del artículo 123 constitucional, la ley determinará los casos en que el patrón puede ser eximido de la obligación de cumplir el contrato del trabajo mediante el pago de una indemnización.
Por otra parte, Gerardo Pinto Dáger del Colegio de Abogados de Yucatán, explicó que el artículo 184 de la Ley Federal del Trabajo habla de la negativa del despido y ofrecimiento del trabajo.
Esto, explicó, tiene su fundamento en una defensa ordinaria que se utiliza en el litigio para revertir la carga aprobatoria y, sí es cierto, más del 50 por ciento de las defensas laborales se pasan en negar el despido y ofrecer el trabajo para revertir la carga aprobatoria, que si bien es una práctica ordinaria, también va en contra de los objetivos de la ley, que es preservar las fuentes de empleo y las relaciones laborales.
