Libertad y Democracia Sindicales sin control gubernamental · Abrogar la reforma neoliberal del 2012 contra la estabilidad en el empleo · Erradicar el abuso patronal de la subcontratación y todas las formas de simulación laboral · Disposiciones suficientes para combatir la precarización del trabajo · Fortalecimiento del sindicalismo auténtico para hacer realidad la democratización del mundo del trabajo
La Cámara de Diputados aprobó en días pasados una reforma trascendente a la Ley Federal del Trabajo (LFT), misma que se encuentra ya en manos del Senado de la República. Es necesario señalar de entrada que tal proceso de reforma se está haciendo con apenas una simulación de consulta, sin tomar en cuenta real y suficientemente al sindicalismo democrático, desde arriba, de manera paternalista aun cuando sus intenciones pudieran ser buenas. Tratándose de una reforma que se supone busca democratizar el mundo del trabajo esto es por lo menos un contrasentido. Si se abren por fin las puertas para una mayor libertad y democracia sindicales esto es sobre todo resultado de décadas de lucha y sacrificios de las organizaciones independientes de trabajadores, antes que de la gracia gubernamental o las presiones externas, y deberían ser las organizaciones democráticas las primeras en tomarse en cuenta.
Se alegan las prisas por cumplir con lo dispuesto en el Capítulo Laboral del nuevo tratado de libre comercio firmado por México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), para que sea ratificado cuanto antes por el Senado. Dejando de lado por el momento que México no tendría por qué estar tan ansioso de firmar un nuevo TLCAN, dadas las consecuencias desastrosas que han tenido más de veinte años de ese tratado, el hecho es que incluso no está claro si el Congreso de EU lo ratificará y cuándo. En todo caso, debería priorizarse que la reforma laboral cuente con el tiempo necesario para consultar y hacer partícipes a las organizaciones sindicales auténticas.
Dicho esto, es necesario reconocer que la reforma constitucional de 2017 y la de la LFT aprobada ahora por la Cámara de Diputados contienen disposiciones que pudieran significar un importante paso adelante en la consecución de mayor libertad y democracia sindicales y auténtica contratación colectiva, para incrementar la densidad sindical y empezar a erradicar el cáncer del “charrismo” y los “sindicatos” de protección patronal.
No obstante, tanto en la reforma constitucional del ’17 como en su actual reglamentación existen, inconsecuencias, lagunas y peligros que deben ser atendidos por el Senado. Es el caso de los artículos en los que la Conciliación, al convertirse en obligatoria, puede significar un obstáculo para el pronto acceso por parte de los trabajadores a la justicia, o sea para interponer sus demandas contra el patrón, o para un emplazamiento a huelga. También es el caso de que, con tal correctamente de acabar con la simulación sindical, se cae en un exceso de requisitos a cumplir por una representación sindical para proceder en sus tareas, así como el peligro de que se incurra nuevamente en una injerencia gubernamental indebida y se pueda violar la autonomía de la vida sindical. Cabe remarcar que los nuevos órganos de administración laboral no serían autónomos realmente sino organismos descentralizados, o sea, gubernamentales. Así mismo, el que la impartición de justicia pase al Poder Judicial no significa automáticamente que ésta será ahora sí expedita e imparcial, dada la negra historia de arbitrariedades, corrupción e impunidad que en este país tiene ese Poder Judicial. El principal problema del sistema tripartita, expresado en las Juntas, no era en sí mismo el modelo, sino la simulación y perversión existente en la representación de los trabajadores y, en consecuencia, el que en la práctica representaba una santa alianza corporativa contra los derechos de los trabajadores. Por cierto, es necesario advertir contra la tentación de establecer un nuevo corporativismo, aunque ahora pueda parecer “progresista”.
Pero el problema no está sólo en la reglamentación de la reforma constitucional, sino que la reforma pretende limitarse a aquélla, cuando existen otros múltiples males que aquejan a los trabajadores y los sumen en la precariedad laboral. Es decir, que avanzar en una mejor administración de justicia y en mayor libertad sindical, en procedimientos y derechos colectivos, es fundamental, pero éstos no son nada si la vulneración sistemática de los derechos individuales de los trabajadores los mantiene en la precariedad e inseguridad laborales y, por tanto, en la dificultad de ejercer sus derechos colectivos.
En este sentido, si se pretende realmente reformar el mundo del trabajo y dejar atrás la larga noche neoliberal, es fundamental anular la reforma neoliberal que Calderón y Peña Nieto cocinaron en 2012 con el objetivo primordial de acabar con la estabilidad en el empleo, dando todo tipo de facilidades a los patrones para contratar y despedir trabajadores a su antojo. De hecho, la mal llamada Reforma Educativa fue una prolongación de este objetivo, aplicado a los maestros.
Contradictoriamente, la reforma aprobada por los diputados sí se mete con algunos artículos más allá de la reglamentación de la reforma constitucional. Es el caso de algunos artículos relativos a los despidos, que aún son motivo de polémica en el propio campo democrático, dado que no son determinantes en la notificación debida del despido al trabajador, lo obligan a la conciliación antes de interponer una demanda y a presentar sus pruebas desde la primera audiencia, si bien establecen que la carga de la prueba recae en el patrón y que los juicios ahora serán órales y más expeditos.
Sin embargo, la reforma no va a fondo para revertir la reforma neoliberal del 2012. No se toca por ejemplo la absurda limitación de un año de salarios caídos, ni la facilidad para el patrón de contratar cada vez más eventualmente a los trabajadores.
Y, desde luego, un tema central: no se tocan los artículos relacionados con el “outsourcing”. La expansión del abuso patronal de esta figura es un verdadero cáncer para los trabajadores y sus derechos en este país. En realidad, estamos hablando de diversas y perversas formas de simulación laboral. La subcontratación, la tercerización, el insourcing (o sea la división en varias razones sociales de la misma empresa), el trabajo por honorarios, “por proyecto”, a través de plataformas digitales (“trabajadores Uber”), todas con el objeto de eludir responsabilidades patronales, incumplir derechos laborales, pagar salarios miserables, prevenir la organización y contratación colectiva auténticas, precarizar el trabajo y mantener sometidos a los trabajadores. Se trata de un proceso de deslaboralización, regresando al derecho civil o mercantil lo que son derechos laborales. Y no son sólo las empresas privadas, es el propio gobierno federal y los gobiernos locales los que han abusado al extremo de este modelo perverso. Para colmo, los miles de despidos que se han vivido en estos meses de nuevo gobierno son principal y naturalmente de este tipo de trabajadores; ¡claro, si el gobierno estaba indebidamente lleno de ellos, sin reconocerles sus derechos! Eso sí, cínicamente dicen que no han afectado a trabajadores de base y sindicalizados…
Una verdadera reforma laboral debe colocar los candados suficientes para erradicar hasta la tentación de estas perversas prácticas patronales o en la práctica seguirán anulándose otros derechos, como la contratación colectiva auténtica, y continuará la precarización laboral. Se dice que puede abordarse en un siguiente periodo. ¿Por qué esperar? ¿Por qué desperdiciar esta oportunidad de reforma laboral y dejarlo para un futuro incierto? Que los patrones se molestarán y presionarán, pues la única forma de que no lo hagan es mantener el nefasto modelo neoliberal y eso no puede permitirse ahora.
Más aún, dejar atrás el modelo neoliberal requeriría una más completa y profunda reforma democratizadora del mundo del trabajo y que permita recuperar las condiciones de vida y de trabajo. Aún no se ha tocado, por ejemplo, la siempre cuestionada existencia del Apartado B en el 123 constitucional, que anula derechos de los empleados públicos, o del llamado Apartado C que cancela el derecho de los trabajadores universitarios a organizarse en un sindicato nacional, lo que contradice la intención de respetar la libertad sindical. Tendrá que llegar el momento de restablecer verdaderamente todos los derechos de los trabajadores y recuperar su salario.
Finalmente, el pueblo trabajador sabe por experiencia propia que en nuestro país el principal problema desde la Revolución Mexicana no han sido la Constitución o las leyes, sino su burla, su evasión y perversión en la práctica por parte de los poderes económicos con la ayuda de sirvientes como las autoridades en turno, los jueces y los “charros”. Además de una buena ley, se requiere verdadera voluntad, mecanismos de supervisión y penalización para hacerla cumplir. No hay que olvidarlo, cualquiera que sea la reforma habrá un largo trecho para llevarla a la realidad.
Sobre todo, la mejor garantía de que una reforma democratizadora y defensora de los derechos laborales se cumpla son los verdaderos actores, las organizaciones auténticas que se dan los trabajadores. Es un contrasentido que desde el gobierno se les ignore o incluso se les ataque. Por el contrario, se les debería colocar en el primer plano y fortalecerlas para que puedan cumplir mejor el papel de impulsores de los grandes cambios que le urgen al país para crecer, para verdaderamente ser más justo, libre y democrático.
¡LA DEMOCRATIZACIÓN DEL MUNDO DEL TRABAJO Y LA RECUPERACIÓN DE DERECHOS SERÁ OBRA DE LOS TRABAJADORES MISMOS O NO SERÁ!
Nueva Central de Trabajadores
Mexico abril 24 de 2019
