Alistan transición histórica en materia de justicia laboral


Se llevó a cabo toma de protesta de representantes de los trabajadores y patrones ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México
BOLETÍN DE PRENSA No. 013 / 2019
Ciudad de México, a 02 de enero de 2019

  • Los nuevos representantes serán piezas fundamentales en la implementación de los cambios

Iniciar con la transición de las juntas de Conciliación y Arbitraje a los Tribunales Laborales es uno de los retos más importantes e históricos que tiene el nuevo gobierno en materia de justicia laboral, así lo destacó la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) Luisa María Alcalde Luján, durante el evento de toma de protesta de representantes de los trabajadores y patrones ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) de la Ciudad de México que se llevó a cabo en el patio central del edificio sede de la Jefatura de Gobierno.
Recalcó que los nuevos representantes serán piezas fundamentales en la implementación de los cambios que se impulsaron hace dos años ya que serán los encargados de implementar mecanismos eficientes para terminar con el rezago en las juntas e iniciar una nueva etapa.
Explicó que la transición “es el elemento que faltaba, para que el mundo del trabajo sea una realidad a corto plazo y eso viene junto con una serie de cambios fundamentales en temas de democracia, de transparencia, de voto personal, libre y secreto para elegir a los diligentes; para consultar a los trabajadores antes de firmar contratos colectivos, para garantizar que las mujeres y hombres que quieran organizarse puedan hacerlo libremente, si cumplen con los requisitos, una serie de cambios que son históricos”.
En febrero de 2016 con la aprobación en 17 legislaturas locales se concretó la reforma a los Artículos 123 y 107 de la Constitución, con ello el Congreso de la Unión promulgó las nuevas disposiciones en materia laboral que preveía la transición de las juntas a tribunales.
Durante el evento la secretaria aseguró que durante un tiempo coexistirán las juntas con los tribunales y los órganos de conciliación, sin embargo, el compromiso del nuevo gobierno es que los cambios se realicen de manera exitosa, trabajando en conjunto entre autoridades para cerrar dignamente las juntas de conciliación y arbitraje e iniciar una nueva etapa en la impartición de justicia laboral.
“Queremos cerrar dignamente las puertas de todas las juntas federales y locales y poder comenzar con una nueva etapa en la impartición de justicia de la mano del Poder Judicial, con nuevas reglas, con otro tipo de procedimientos, un procedimiento más corto, más expedito, con enorme transparencia”, mencionó.
Alcalde Luján, añadió que se establecieron plazos responsables para concluir esta etapa que inicia en la Ciudad de México y recordó que ya se encuentra en la Cámara de Diputados la nueva iniciativa que define las reglas que seguirán en la reforma laboral en sus tres aspectos fundamentales: Justicia laboral, democracia sindical y la creación de un instituto autónomo de registro de asociaciones sindicales.
Por su parte la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado a los representantes que tomaron protesta sobre la importancia de los cambios en materia de justicia laboral que se estarán implementado y les brindó su apoyo para lograr el objetivo.
Finalmente, la secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, Soledad Aragón Martínez, dijo que la JLCA de la Ciudad de México puede y debe ser un espacio garante del derecho al trabajo productivo y digno en esta etapa de cambio en materia laboral y asegurar su exitosa implementación.
 
https://www.gob.mx/stps/prensa/alistan-transicion-historica-en-materia-de-justicia-laboral

Chihuahua: Toman protesta a representantes obreros y patronales

Manuel Quezada/El Diario | Miércoles 02 Enero 2019 | 11:28 hrs
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Manuel Quezada/El Diario |
Chihuahua.- La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Ana Herrera Lazo, tomó protesta a los representantes obrero y patronal de las Juntas Especiales y Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chihuahua para el periodo 2019-2024.
Acompañada de los presidentes de Coparmex Chihuahua y Ciudad Juárez, líderes sindicales de la CTM, CROC, la funcionaria estatal dijo que como cada 6 años, las instancias patronales y obreros eligieron a sus representantes.
Aseguro que la impartición de justicia es fundamental para un buen ambiente laboral.
Aseguro que hasta ahora se ha buscado conciliar los conflictos laborales y atender la justicia laboral.
Habló de la aplicación de una justicia más humana.
Señaló que al parecer serán el último grupo de representación ante las Juntas Especiales y Locales, dada la reforma laboral que traspasa al ámbito federal las referidas instancias para la impartición de justicia laboral.
En su intervención, el presidente de Coparmex Chihuahua, Federico Baeza, se pronunció por una auténtica reforma laboral.
Dijo que desde el organismo empresarialestán  contentos de que haya paz y tranquilidad laboral y que se esté haciendo la tarea, ya que es la segunda plaza con trabajo formal.
En tanto, Felipe Castillo de la CTM, dijo a quienes rindieron protesta que saben que harán cumplir con la ley federal laboral.

https://www.eldiariodechihuahua.mx/Estado/2019/01/02/toman-protesta-a-representantes-obreros-y-patronales/

¿Muera el outsourcing y viva la subcontratación?


Jaime Flores Sandoval
27 de diciembre de 2018, 23:47
La reforma tiene dos objetivos: que la justicia en materia laboral se deslinde del Poder Ejecutivo y se incorpore al Judicial y que se retomen principios como libertad de negociación colectiva y abatir sindicatos blancos o de protección.
La reforma laboral por someterse a discusión en el Congreso se vincula con una modificación constitucional de febrero del 2017, al célebre Convenio 98 de la OIT y a exigencias del USMCA (T-MEC) respecto a condiciones laborales que deben equipararse a las de Estados Unidos y Canadá.
Hasta el momento, no hay reforma que busque eliminar el régimen de subcontratación, en todo caso las que existen pretenden frenar los abusos que se han realizado alrededor de todo el país, empleando figuras alternas que rompen con toda disposición legal, en francas simulaciones que afectan a trabajadores y Estado.
El desconocimiento de los orígenes y bondades del esquema —debidamente implementado— han levantado a la opinión pública e incluso a entes que operan al amparo de esta figura en su contra. Las declaraciones del senador Napoleón Gómez en que manifiesta que se promoverá una ley que terminará con el outsourcing lo confirman.
Tras este anglicismo existen múltiples acepciones, desde las que consideran que se trata de recurrir a fuentes externas de servicios —transporte, seguridad, contables o legales— hasta los que lo confunden y alternan con otros conceptos como tercerización y similares que no existen en ninguna disposición legal o constitucional.
La reforma a la que alude esta columna tiene dos objetivos centrales, así se plantea en la iniciativa: que la impartición de justicia en materia laboral se deslinde del poder ejecutivo y se incorpore al Poder Judicial —se considera que debió ocurrir así hace tiempo— y que se retomen principios sindicales como libertad de negociación colectiva, eliminación de sanciones por pertenecer a un sindicato, no hacerlo o renunciar a él, y abatir sindicatos blancos o de protección en contra de intereses de los trabajadores.
Ninguna reforma, a la fecha, intenta modificar y mucho menos extinguir al régimen de subcontratación, de hecho es un tema que ni siquiera está en la agenda de este proyecto o algún otro. Independientemente a estas reflexiones, ¿debe eliminarse el régimen de subcontratación?
Hablar de outsourcing, tercerización y trabajo en régimen de subcontratación remite a tres términos que indebidamente se emplean de manera indistinta, puesto que tienen características que los diferencian de manera radical. Por principio de cuentas, sólo el último existe en ley.
El outsourcing nace en otras latitudes, sin una definición generalizada para el ámbito nacional. Hay quien lo identifica con servicios externos —mensajería o maquila—, prestados por figuras alternas —cooperativas, S de RL, sociedades civiles u otras con las que se intenta disfrazar relaciones laborales— y quien de plano lo equipará total e injustamente con la subcontratación laboral, incluidas diversas autoridades.
En la subcontratación, un patrón —contratista— con sus trabajadores presta servicios especializados a sus clientes —contratantes—, quienes no guardan relación laboral con los trabajadores. Esta relación puede generar beneficios adicionales —no sustitutivos— para los trabajadores, mayor productividad y menos rotación.
Se fundamenta y confirma validez en los artículos 15-A, 15-B, 15-C y 15-D de la LFT. La tercerización se entiende por lo menos de dos formas: servicios en que un intermediario funge como tal entre beneficiarios y patrones, en una relación compleja para las partes y la que ofrecen las empresas que se ostentan como líderes del mercado mexicano.
Algunas organizaciones que agrupan a empresas que prestan este servicio definen tercerización como: “un proceso mediante el cual una persona física o moral, sin importar su giro ni su tamaño, delega los procesos de la administración de personal a un tercero experto en la materia”, en clara lejanía del marco legal.
Quien opera como contratista asume responsabilidades patronales, arropa a los trabajadores y no renuncia a obligaciones esenciales con afirmaciones como las que indican que se trata de administradores de personal, no patrones.
Este tipo de manifestaciones públicas son las que crean riesgos y una mala apreciación del régimen.
La reforma al artículo 15-C de la LFT propuesta por la senadora Marybel Villegas, de Morena, es clara muestra de que no se busca eliminar al régimen, sino regularlo de mejor forma, lo cual ocurriría en principio a través de una Norma Oficial Mexicana, que excede en potestades a la anhelada —y temida por algunos— Norma Mexicana.
La falta de análisis y comprensión de la figura en LFT desde el 2012 y de los servicios similares que pretenden emularla ha generado diversas regulaciones que por separado confunden, burocratizan y complican la operación de las empresas contratistas, de sus clientes y de las mismas autoridades fiscales.
Retomando la propuesta de los expertos más reconocidos en el medio, confirmo la necesidad de una ley general de subcontratación, que a nivel federal y local cohesione las disposiciones que regulan el régimen en LFT, LISR, LIVA, LIMSS, Linfonavit, LFPIORPI y legislaciones locales, con más y mejores medios de control, pero unificados para promover la creación de empleo digno y suficiente y no la absurda eliminación de una industria generadora de empleos.
Respecto a manejar de forma alterna los términos tercerización, outsourcing, insourcing o cualquier equivalente e identificarlos con el trabajo en régimen de subcontratación, me parece bien para fines editoriales y de contenido, no para ofrecer servicios cuando se pretende dar legalidad y seriedad al medio.
*El autor es director del Centro Administrativo de Desarrollo Empresarial Mexicano.

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Muera-el-outsourcing-y-viva-la-subcontratacion-20181227-0102.html

Sindicatos tendrán nuevas reglas con reforma laboral

La propuesta establece que cualquier sindicato deberá presentar la Constancia de Representatividad para cada trámite que realicen.
María Del Pilar Martínez
26 de diciembre de 2018, 22:27
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Las organizaciones sindicales en el país tendrán nuevas reglas con la reforma laboral que se encuentra en análisis en la Cámara de Diputados y deberán ajustarse a los nuevos mecanismos como presentar la Constancia de Representatividad para cada trámite que realicen frente a alguna empresa o gobierno.
Así lo establece la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario de Morena el pasado sábado 22 diciembre en donde se considera como objetivo que haya una contratación colectiva real que permita establecer salarios y condiciones laborales de los trabajadores sindicalizados, para lo cual “la obtención de la Constancia de Representatividad mediante consulta previa a través del voto personal, libre y secreto de los trabajadores, como condición para acceder a la firma del contrato colectivo, es el mecanismo que la iniciativa propone para acabar con los vicios y simulación que hoy los afectan”.
En ese sentido, solicitar la legitimación del contrato al sindicato no sólo será para los nuevos contratos colectivos de trabajo, sino para todos aquellos que se encuentran depositados ante las juntas laborales y que en su gran mayoría no reportan movimiento alguno, imponiéndose una regla democrática novedosa al exigirse que éstos sean revisados dentro de los próximos cuatro años, mediante el voto mayoritario de los trabajadores.
Además, ningún trabajador puede estar obligado a formar parte o no de un sindicato, federación o confederación.
Los sindicatos están obligados a rendir cuenta completa y detallada de la administración de los recursos sindicales.
Necesitan 30% de votación
De acuerdo con la propuesta, los sindicatos necesitan 30% de los trabajadores asistentes en el proceso de votación para obtener la Constancia de Representatividad, y si hay más de dos sindicatos en una misma empresa, la constancia sólo será de quien tenga la mayoría en la votación, pues ello permitirá iniciar el proceso de negocios para incremento al salario o para revisar las prestaciones laborales.
Datos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, actualizados al 26 de diciembre del 2018, revelan que hay un registro de 32,973 contratos colectivos, los cuales incluso deberían entrar en un proceso de verificación según la propuesta en reforma laboral.
Vale la pena destacar que en los procesos de elección de las directivas sindicales se actuará conforme a las reglas democráticas y se promoverá la igualdad de género.
“Se consideran medidas tendientes a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un patrón o una organización de patrones, o a apoyar a organizaciones de trabajadores con objeto de colocarse bajo su control”, de tal manera que puede ser cancelado el proceso en caso de que se detecte tal injerencia.

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Sindicatos-tendran-nuevas-reglas-con-reforma-laboral-20181226-0068.html

Condiciones de trabajadores en México ponen en riesgo avances del T-MEC

 
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Condiciones de trabajadores en México ponen en riesgo el T-MEC / Notimex
miércoles 26 de diciembre de 2018
Las condiciones de los trabajadores en México ponen en riesgo el T-MEC, ya que una de las premisas para que se ratifique es que se apruebe una reforma laboral y ante esto, los demócratas tienen listas sus garras para frenar la entrada en vigor de este acuerdo.
 
Ciudad de México.- No es un tema al que le hayan puesto mucha atención, pero si el Congreso de México no aprueba una reforma laboral antes del 31 de diciembre, el T-MEC puede quedarse estancando.
A pesar de que ya está en la Cámara de Diputados la iniciativa con la cual se pretende acabar con el poder absoluto de los sindicatos y sus líderes, además de que permita que sean los trabajadores quienes decidan el tipo de contrato que mejor les convenga, parece que los tiempos se han agotado.
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Los demócratas no perdonan
Con el triunfo de los demócratas en las elecciones de noviembre pasado en los Estados Unidos, el panorama se tornó un poco más complicado para la ratificación del T-MEC, ya que esta fracción tiene la mayoría en la Cámara baja y tienen planes de vender muy caro su voto a favor de este acuerdo.
En ese sentido, Nancy Pelosi, líder de los demócratas en esta cámara, señaló en su momento que no habrá ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá hasta que no haya una reforma laboral aprobada en nuestro país.
“Estamos aun esperando a que México apruebe la prometida Ley sobre salarios y las condiciones de trabajadores mexicanos compitiendo con los trabajadores estadounidenses”, dijo Pelosi.
Y agregó: “La aprobación de esa iniciativa (en México) es fundamental para que nosotros avancemos y eso no ha ocurrido aún”.
Desde la perspectiva de los legisladores demócratas, es necesario y obligatorio que nuestro país modifique las condiciones laborales y permita que los derechos de los trabajadores tengan mayor peso específico, dejando así de lado el histórico poder que han acumulado los líderes sindicales, pasando en muchos casos incluso por encima de sus agremiados.
Por eso para Nancy Pelosi, “aunque hay cosas positivas en el acuerdo de comercio propuesto, éste sólo es una lista sin capacidad de aplicación de las protecciones laborales y ambientales“.
Ganar más no lo es todo para lograr bienestar
Las exigencias del T-MEC
Contemplando que las condiciones laborales en México son mal vistas por los Estados Unidos y Canadá, ya que consideran que esto le da ventaja competitiva a nuestro país por que los salarios son más bajos y los empleados no tienen posibilidades reales de defenderse, los candados en esta materia para aprobar el T-MEC son muy poderosos.
Tan es así, que en el Capítulo Laboral del T-MEC se incluyó un Anexo que dice que “la expectativa de las partes (EU y Canadá) es que México adopte la legislación descrita previamente antes del 1 de enero de 2019”.
Pero si esto no sucede en esta fecha, “se entiende además que la entrada en vigor del acuerdo puede demorarse hasta que dicha legislación entre en vigencia”.
Con esto las presiones tanto del Congreso como del gobierno de los Estados Unidos, aumentan de manera proporcional en la medida en que se agota el tiempo para México, pero las exigencias que vive nuestro país complican aún más la aprobación de la nueva legislación laboral.
Ya que como lo señala El Financiero, “la discusión y aprobación podría darse hasta febrero de 2019, pues en el periodo ordinario de enero se discutirá el dictamen de la Guardia Nacional”.
De esta manera, México está prácticamente obligado a crear el marco legal para un nuevo modelo laboral, pero la realidad es que se pronostica una batalla muy dura para combatir la larga historia de “charrismo”, la corrupción y malos manejos de los líderes sindicales, algo que ha afectado demasiado las condiciones de los trabajadores en México.

https://elsemanario.com/economia/298103/condiciones-de-trabajadores-en-mexico-ponen-en-riesgo-el-t-mec/?fbclid=IwAR1LajrxX3o_Pz8xppSpy-3yOCtkKQUGEiXMRm-vOFJM2oQjMbXE8AvTNDk

Asociación de abogados pide abrir discusión en iniciativa laboral

La Asociación Nacional de Abogados de Empresa solicitó a los legisladores de la Cámara de Diputados abrir espacio para la discusión sobre la propuesta de reforma laboral que presentó el Grupo Parlamentario de Morena.
María Del Pilar Martínez
25 de diciembre de 2018, 23:08
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La Asociación Nacional de Abogados de Empresa solicitó a los legisladores de la Cámara de Diputados abrir espacio para la discusión sobre la propuesta de reforma laboral que presentó el Grupo Parlamentario de Morena y cuyo objetivo es modificar las relaciones laborales incluyendo la transparencia y democracia sindical.
En ese sentido, informó que hay coincidencias en la necesidad de modificar la política laboral y de impartición de justicia en México como uno de los muchos cambios necesarios para impulsar mejoras desde el punto de vista social, político y económico.
“Por la vocación jurídico empresarial de nuestro Colegio de Abogados, requerimos poner énfasis en aspectos vinculados con las implicaciones legales en los contratos colectivos de trabajo y los requisitos de mayoría para emplazar a huelga y/o demandar las titularidades de los mismos”.
De acuerdo con la iniciativa, se establecen nuevos requisitos para el establecimiento de los contratos colectivos actuales, mismos que deberán pasar por un proceso de ratificación y deberán estar registrados en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
La representación de los abogados de empresa destaca que “esto es con la finalidad de erradicar el uso de estos procedimientos como formas de extorsión y, además, lograr que los mismos den certidumbre jurídica a las empresas preservando las fuentes de trabajo y respetando los derechos de empleados y empleadores”.
Refieren que ante la posibilidad jurídica de una pluralidad sindical (varios sindicatos en una misma empresa e incluso del mismo gremio), es imperioso clarificar, limitar y regular esta figura, de cara a la toma de decisiones, administración y ejecución en tales pactos. “De hacerlo, se prevendrán procesos de desgaste económico y laboral en las fuentes de trabajo; en este sentido conviene detallar los requisitos porcentuales de mayoría y contemplar las denominadas cláusulas de amarre o candados existentes en otras legislaciones laborales”.
Consideran que los procedimientos de titularidad, especialmente los de emplazamiento a huelga por firma o revisión de contrato colectivo de trabajo, traen como consecuencia extorsión o celebración de contratos de protección, “sobre el particular, convendría definir los elementos de prueba que soporten la doble calidad (empleado/agremiado) de las personas que participan en un proceso de mayoría con documentos como el Comprobante Fiscal Digital o el Sistema Único de Autodeterminación”.

pmartinez@eleconomista.com.mx
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Asociacion-de-abogados-pide-abrir-discusion-en-iniciativa-laboral-20181225-0081.html

Van contra líderes sindicales vitalicios en Reforma Laboral

La propuesta plantea que cada gremio determine la duración del periodo directivo; busca crear Centros de Conciliación para resolver conflictos obrero-patronales
Por Elizabeth Osorio –
26 diciembre, 2018
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Cámara de Diputados. Foto: Especial
La nueva Reforma Laboral propuesta por Morena en la Cámara de Diputados, prevé que los líderes sindicales no desempeñen su cargo por tiempo indefinido, como ocurre actualmente. 
La propuesta, que pretende reformar y derogar diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, establece en su artículo 358 que el periodo de duración de las directivas sindicales “no podrá ser indefinido”, disposición que actualmente no existe en dicho artículo.
“El periodo de duración de las directivas no podrá ser indefinido, o lesivo al derecho de participación y de votar y ser votado”, indica la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo.
Expone que el período de duración de la directiva sindical, así como el número de veces que se pueden reelegir será una decisión la asamblea del sindicato, “mediante voto personal, libre y secreto”.
La iniciativa agrega cuatro fracciones al artículo 358 en las que señala que los líderes estarán obligados a rendir detalles de la administración de sus bienes.
“La directiva de los sindicatos, federaciones y confederaciones deberá rendirles cuenta completa y detallada de la administración de su patrimonio, en términos del artículo 373 de esta Ley”, indica.
La iniciativa que los diputados de Morena presentarán el próximo año en el pleno de San Lázaro, deroga el artículo 372, el cual indica actualmente que no podrán formar parte de la directiva los trabajadores menores de 16 años y los extranjeros.
A su vez, determina la denominación del Centro Federal de Conciliación y Registro Federal que permitirá la creación de los Centros de Conciliación en cada una de las entidades federativas para la conciliación de los conflictos obrero-patronales.
Señala que la operación de estos centros propiciarán la “democracia sindical, la libertad de negociación colectiva”, y la rendición de cuentas, por parte de las directivas sindicales, con el fin de desestimular la apropiación indebida del patrimonio de las organizaciones gremiales.
Los sindicatos podrán solicitar el auxilio del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o de la Inspección Federal del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a efecto que certifiquen el cumplimiento de la elección del líder sindical.
Para designar al titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Federal, el Senado de la República podrá elegirlo, a partir de una terna propuesta por el Presidente de la República. Este Centro contará con una Junta de Gobierno que estará integrada por los secretarios de Trabajo, Hacienda, así como titulares del Instituto Nacional de Estadística (Inegi), del Instituto Nacional de Transparencia (Inai) y del  Instituto Nacional Electoral (INE). 
Puntos clave
De ser aprobada, así sería la implementación del ordenamiento:

  • El Congreso tendrá 180 días para expedir la Ley Orgánica para la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
  • El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral iniciará sus funciones en materia de registro de asociaciones sindicales y contratos colectivos de trabajo en un plazo no mayor a dos años a partir de dicha entrada en vigor.
  • El plazo para que se aplique de lleno las funciones de la nueva justicia laboral será de cuatro años.
  • Para la legitimación de contratos colectivos de trabajo existentes deberán revisarse al menos una vez durante los cuatro años posteriores a la entrada en vigor de la ley.
  • Los contratos deben tener el respaldo de la mayoría de los trabajadores mediante voto personal, libre y secreto.
  • Para la consulta, las partes deberán dar aviso al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral con un mínimo de 10 días de anticipación.
  • Los sindicatos tendrán un plazo de seis meses para adecuar sus estatutos a los nuevos requerimientos de la reforma, considerando el voto libre y secreto.
  • En materia de subcontratación, se mantienen las multas para quienes hagan uso indebido de esta figura.
  • https://www.razon.com.mx/mexico/van-contra-lideres-sindicales-vitalicios-en-reforma-laboral%E2%80%A8/

México rebasa el plazo fijado en T-MEC para reforma laboral

26 diciembre 2018
La iniciativa en materia de justicia y democracia sindical podría ser discutida hasta el siguiente periodo de sesiones en febrero de 2019.
ZENYAZEN FLORES @ElFinanciero_MxDIANA NAVA @ElFinanciero_Mx4:50
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El T-MEC incluyó un Anexo sobre la representación de los trabajadores en las negociaciones colectivas entre empresas y sindicatos.Cuartoscuro
El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) emplazó a nuestro país a aprobar una reforma laboral antes de que concluya 2018, sin embargo, la iniciativa en materia de justicia y democracia sindical podría ser discutida hasta el siguiente periodo de sesiones en febrero de 2019, lo que podría demorar la entrada en vigor del acuerdo, según el texto del tratado comercial.
El Capítulo Laboral del T-MEC incluyó un Anexo sobre la representación de los trabajadores en las negociaciones colectivas entre empresas y sindicatos, lo cual obliga a México a reconocer este derecho en sus leyes, por lo que deberá presentar diversas reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT).
“La expectativa de las partes (EU y Canadá) es que México adopte la legislación descrita previamente antes del 1 de enero de 2019. Se entiende además que la entrada en vigor del acuerdo puede demorarse hasta que dicha legislación entre en vigencia”, suscribe el texto.
La iniciativa plantea la instauración de un nuevo modelo laboral en el que se proyecta fortalecer el Estado de derecho en materia de justicia laboral y devolver los derechos colectivos a los trabajadores, mediante la democratización de la vida sindical y resolución expedita de los juicios laborales en tribunales del Poder Judicial.
“Un aspecto central del nuevo modelo laboral será hacer efectiva la independencia del sistema de justicia laboral respecto del Poder Ejecutivo, tal como lo exige la reforma constitucional del 24 de febrero de 2017”, señala.
Mario Steta, responsable de la Comisión de Bienestar Laboral del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y miembro del ‘Cuarto de Junto’, dijo que parte importante es que pase la reforma laboral que está por enviarse al Congreso, y que era un elemento muy claro en el Anexo el que tendría que haber una reforma para que efectivamente se cumplan los compromisos que se plasmaron en el capítulo, y sobre todo en dicho Anexo. “Obviamente mientras eso no suceda mantiene una presión de parte de Estados Unidos”, dijo.
Pero, la discusión y aprobación podría darse hasta febrero de 2019, pues en el periodo ordinario de enero se discutirá el dictamen de la Guardia Nacional.
El capítulo laboral es de especial interés para el partido Demócrata de EU, quien tendrá la mayoría de la Cámara baja a partir de enero.

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-rebasa-el-plazo-fijado-en-t-mec-para-reforma-laboral

Guardia y fiscal podrían ir a extraordinario

Durante este periodo, la Cámara de Diputados y Senadores aprobó diversas reformas, entre ellas las modificaciones en materia de extinción de dominio y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Rolando Ramos Y Salvador Corona
25 de diciembre de 2018, 23:39
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La nueva LXIV Legislatura del Congreso de la Unión concluyó el primer periodo de sesiones ordinarias —en las Cámaras de Diputados y de Senadores— sin desahogar por completo la agenda legislativa comprometida por los ocho grupos parlamentarios representados en su seno.
Son varias las reformas legales pendientes.
Diputados federales y senadores se abocaron en la recta final del periodo septiembre-diciembre a la aprobación del Paquete Económico para el ejercicio fiscal del 2019, que incluye la ley de ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Aprobado el dictamen de la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional en comisiones sólo por los representantes del partido Movimiento Regeneración Nacional, la fuerza política mayoritaria y sus aliados, el pasado viernes, un día antes de la sesión del pleno camaral en que se sometería a discusión, la Junta de Coordinación Política, integrada por los coordinadores de los grupos parlamentarios representados en San Lázaro, acordó posponer la votación para enero, en periodo extraordinario de sesiones, previo análisis exhaustivo con especialistas en la materia.
La aprobación de la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional destaca entre los pendientes legislativos en el Congreso de la Unión.
La Cámara de Senadores clausuró los trabajos correspondientes al primer periodo de sesiones ordinarias sin iniciar aún el procedimiento de designación del nuevo fiscal general de la República, en tanto que la Cámara de Diputados dejó para mejor ocasión la reforma laboral sobre el reconocimiento de libertad sindical y transparencia en la elección de dirigentes, que debió aprobar el Congreso mexicano antes de finalizar el año en curso.
Reforma laboral, para después
Jesús Seade, entonces representante del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró el pasado 21 de noviembre que en los anexos del capítulo laboral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se acordó la obligación de México de realizar dicha reforma laboral antes de que entre en vigor dicho pacto. Así lo confirma la iniciativa de enmiendas a la Ley Federal del Trabajo presentada de manera formal el pasado domingo, horas antes de que concluyeran los trabajos del pleno camaral, previa aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2019, por el grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), la fuerza política con el mayor número de diputados federales.
“El anexo 23 de dicho acuerdo (Capítulo Laboral del USMCA) establece de manera muy precisa los lineamientos bajo los cuales deben ser reglamentados los nuevos principios constitucionales y condiciona la ratificación del tratado a la adopción previa por parte del Estado mexicano de los cambios legislativos que implica la referida reforma constitucional”, cita la propuesta en la exposición de motivos.
La reglamentación en materia de justicia laboral está pendiente desde hace por lo menos 10 meses.
Fuero queda pendiente
En San Lázaro, los diputados federales no lograron aprobar la reforma constitucional que eliminaría el fuero del que gozan los servidores públicos y representantes populares; y es que si bien el dictamen correspondiente se aprobó en lo general, la oposición del PAN, PRI, PRD y MC se impuso durante la discusión en lo particular y frenó la desaparición de la figura jurídica.
La minuta correspondiente fue turnada a la Cámara de Senadores, donde está pendiente de desahogo.
Los senadores tampoco lograron aprobar la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Entrada en vigor de Fiscalía
Declarada la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la nueva Fiscalía General de la República, desde el pasado día 20, el Senado tiene pendiente la designación de su titular.
La Constitución establece que una vez realizada la referida declaratoria, “la Cámara de Senadores iniciará de forma inmediata el procedimiento previsto en el apartado A del Artículo 102 de esta Constitución para la designación del fiscal general de la República”, lo que no sucedió durante el periodo ordinario recién concluido.
Ahora, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión tendrá que convocar “inmediatamente a sesión extraordinaria”, ordena la Carta Magna, para que el senado realice dicha designación.  La entrada en vigor indica que el procurador general de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria “continuará en su encargo hasta en tanto el Senado designe al fiscal general de la República”.
La reforma constitucional de hace casi cinco años precisa que el fiscal durará en su encargo nueve años y que será designado y removido por el Senado con la intervención del presidente de México.
Cabe mencionar que López Obrador, en agosto pasado, dijo que buscará que Bernardo Bátiz, Verónica de Gyves y Juan Luis González se encuentren en la lista de los 10 que evaluará el Senado para elegir al fiscal general de la República.
Análisis para Guardia
En el caso de la Guardia Nacional la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro solicitó a la Comisión de Puntos Constitucionales coordinar los trabajos y realizar, en conferencia con las comisiones del Senado de la República, el análisis de las reformas a la Constitución Política sobre el dictamen.
El documento expresa el deseo de la Jucopo de que exista amplia consulta de las comisiones de ambas cámaras, para poder aportar a los trabajos de análisis y discusión, y dictaminarían en la materia un proceso más inclusivo, amplio y transparente.
Entre los puntos más relevantes del dictamen se encuentra que  el Congreso de la Unión podrá disolver, por mayoría de las dos terceras partes de los miembros presentes a la Guardia Nacional.
Todos los elementos de la Guardia Nacional recibirán formación en derechos humanos y capacitación y adiestramiento en labores policiales, así como en el dominio de un protocolo para la intervención y uso de la fuerza. Además, la Guardia Nacional quedará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero de manera transitoria, en los próximos cinco años, quedará adscrita a la Secretaria de Defensa Nacional (Sedena).
Revocación de mandato y consulta popular
Desde el pasado 27 de noviembre la Comisión de Puntos Constitucionales avaló el dictamen sobre la revocación de mandato y ampliar las consultas populares en la Constitución, pero este dictamen aún no se discutió en el pleno.
El proyecto pretende reformar el Artículo 35 constitucional, indica que las consultas populares puedan realizarse cualquier día, no sólo en una jornada electoral, y permitiría al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, al ejercer el cargo, convocarlas cuando quiera.
Las consultas pueden ser convocadas por el presidente de la República, el equivalente a 33% de alguna de las cámaras del Congreso o 1.5% de la Lista Nominal del Instituto Nacional Electoral (INE).
Por otro lado, la Cámara de Diputados y Senadores probaron diversas reformas, entre ellas la ley de remuneraciones, modificaciones en materia de extinción de dominio y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

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Reforma Laboral en México de Morena: outsourcing, el gran ausente


Vladimir Ricardo Landero Aramburu
@riclandero lunes 24 dic 2018 
Este sábado pasado se publicó en la gaceta parlamentaria de la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo del grupo parlamentario de Morena, la cual pretende ser subida al pleno el día de hoy lunes 24 de diciembre de 2018, para su discusión y aprobación. Al respecto debemos señalar que esta propuesta se disloca totalmente de la política económica que ha propuesto el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como los principios de la justicia social, al dejar fuera de la reforma laboral los temas inherentes a la SUBCONTRATACIÓN o OUTSOURCING.

ARMONIZAR LO FISCAL Y LO LABORAL EN TEMAS DE SUBCONTRATACIÓN

Por una parte, la Secretaría de Hacienda y Economía están haciendo un planteamiento de fortalecimiento de las finanzas públicas, mediante la austeridad, optimización y combate a la corrupción, mientras en la propuesta de reforma  laboral que se presenta por el grupo parlamentario de Morena sigue ignorando la relación que existe entre el outsourcing y los fraudes fiscales, así como la manera de combatirlo mediante la armonización legislativa de las normas  hacendarias y de seguridad social con la Ley Federal del Trabajo, pues se deja la misma estructura legal de la Subcontratación sin moverle una sola coma. (Léase: Outsourcing. ¡Es lo fiscal, estúpidos! https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/03/05/outsourcing-es-lo-fiscal-estupidos )
Durante los últimos años el SAT, el IMSS e INFONAVIT, han señalado que la implementación ilegal de la subcontratación ha generado pérdidas mayores a los 200,000 millones de pesos, muchas de estas empresas se encuentran dentro de los esquemas de falsificación de facturas, que a la fecha ha implicado montos de pérdida al erario por el orden de los 140.000 millones de pesos. La evasión de impuestos directamente relacionada al outsourcing equivale a cinco veces el presupuesto para la UNAM en el PEF 2019. Es absurdo que no se fortalezca su combate frontal en el frente laboral.
Es fundamental que se haga una adecuación a los artículos relativos a la subcontratación de la Ley Federal del Trabajo, estableciendo las mismas obligaciones que les impone la Ley del Seguro Social y del Infonavit, así como las Leyes del IVA, ISR, entre otras, para que las empresas puedan acreditar este tipo de figura legal de la subcontratación. Que los recibos de nómina cumplan con los requisitos señalados por la autoridad hacendaria para los CFDI, que sea carga de la prueba estos requisitos y todas las obligaciones que ya establecen las leyes fiscales para la figura en los juicios laborales.
La reforma al artículo 101 que se plantea por Morena no busca combatir la subcontratación y no alcanza para imponer las obligaciones fiscales a las empresas que usan estas figuras, debe hacerse cambios en las cargas de la prueba y ser específico en los lineamientos de los recibos de pago o nómina como lo hacen las leyes fiscales, armonizar las normas.

LA SUBCONTRATACIÓN COMO EJE DE DESIGUALDAD SALARIAL

Solo el 56% de la Población Económicamente Activa trabaja, de este porcentaje menos de la mitad lo hacen en la formalidad (con un trabajo y salario fijo), es decir, solo la cuarta parte de la Población Económicamente Activa tiene un trabajo formal, aproximadamente 22.28 millones de personas. Pues bien, de este último número, el de las personas que, si trabajan y lo hacen en la formalidad, más de 5 millones lo hacen mediante figura del outsoucing o subcontratación, es decir la cuarta parte de los trabajadores formales. El 41% de los 22.28 millones de personas con trabajo formal no les alcanza para alimentar a la familia ni comprar la canasta básica, se encuentran en la línea de la pobreza, muchos de ellos están contratados bajo el régimen de subcontratación. Luego entonces, de qué sirve implementar una política laboral de aumento al salario mínimo y de apoyo a los jóvenes, si se deja intacta la figura de la subcontratación con los mismos vicios y ambigüedades que han permitido su crecimiento ilegal, lo que sin duda ha sido un generador de pobreza.
En la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados hay propuestas ya presentadas en otras legislaturas que hacen planteamientos importantes para modificar la subcontratación, debe discutirse todo para su análisis, en temas tan delicados no cabe la omisión legislativa.
** Maestro en Derecho, UNAM.
www.landeroasociados.com

https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/12/24/reforma-laboral-en-mexico-de-morena-outsourcing-el-gran-ausente