Con la reforma laboral, bajo la presión de legisladores de EU, los trabajadores podrán quitarse de encima a las cúpulas que negociaban en su nombre y beneficiaban de mantener bajos salarios.
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Por Lucía Pérez Moreno
Hay un refrán que dice que el hombre propone y el destino dispone. La frase le calza bien a algunos líderes sindicales, en cuyos planes estaba volver a frenar la reforma laboral este año y conservar, de ese modo, sus privilegios.
El año pasado, en abril, en vísperas de la celebración del Día del Trabajo, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo, anunció la extinción de esta misma reforma laboral, que ya había sido aprobada en 2017 como parte de los compromisos que México asumió en la renegociación del TLCAN y que contenía varios capítulos en contra del sindicalismo corporativo.
Aceves del Olmo celebró que el Congreso no hubiera aprobado las leyes secundarias y, según reportó la prensa, remató diciendo que la historia juzgaría a quienes habían promovido la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje (JCA), a su juicio, pilares de la justicia laboral en México.
No es casual que la primera reacción de Aceves del Olmo, cuya central sindical controla a 5 millones de trabajadores en México, se oponga a una reforma que, a grandes rasgos, va a terminar con el sindicalismo de simulación, coloquialmente llamado “charro”, que impone contratos colectivos a espaldas de los trabajadores, y del cual Aceves del Olmo es uno de sus máximos exponentes. Forbes México solicitó una entrevista con Aceves del Olmo, pero no recibió respuesta.
El escenario para este sindicalismo, que ha predominado en México desde los años 30 del siglo pasado, comenzó a cambiar. Las elecciones de julio de 2018 trajeron un nuevo Congreso con mayoría de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien había hecho de la democracia sindical una de sus principales banderas políticas.
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El debate sobre la reforma laboral regresó a la mesa de negociaciones y avanzaba lentamente, pues había muchas iniciativas por discutir, entre ellas, varias de la CTM y de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), esta última, con cerca de 3.5 millones de trabajadores afiliados.
Pero el destino quiso que las cosas dieran una vuelta de tuerca. De Estados Unidos llegó una amenaza seria sobre el T-MEC. Nancy Pelosi, líder demócrata de la Cámara de Representantes, donde este partido tiene mayoría, advirtió que no habría tratado comercial si México no aprobaba las reformas secundarias. “No enforcement, no treaty”, fue el mensaje que sonó fuerte.
Los demócratas, que están muy influidos por la poderosa central sindical AFL-CIO, saben que México es un país donde las leyes no siempre se cumplen. Así fue con las dos reformas laborales anteriores, de 2002 y 2012, en las que hubo capítulos dedicados a promover un sistema laboral libre y democrático, pero que quedaron en buenas intenciones.
“El reto para México es dejar la simulación y comenzar a cumplir con las leyes que implementa”, dice Ricardo Corona, director jurídico de Imco. La reforma laboral aprobada en 2017 ya proponía cambios más radicales que las dos anteriores en el tema de libertad sindical, pero también dejaba abierta la puerta para conservar los contratos colectivos de protección laboral.
Esto hizo que Estados Unidos le exigiera a México no dejar espacios de ambigüedad. Para no poner en riesgo el nuevo tratado comercial, el presidente López Obrador hizo un llamado al Congreso a votar fast track el paquete de leyes y, en cuestión de semanas, la reforma laboral ya tenía leyes secundarias. “Nos alcanzaron las prisas”, reconoce el abogado laborista Guillermo Roel, al expresar que Estados Unidos terminó cerrando la negociación.
5 Claves para entender la nueva reforma laboral
- Desaparición de las Juntas Locales y Federales de Conciliación y Arbitraje, que serán sustituidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación, a los que se podrá recurrir sólo después de agotar las instancias de mediación.
- Creación de Centros de Conciliación. Cada estado tendrá un centro de mediación, donde se recibirán las demandas en primera instancia y, sin necesidad de abogados, se buscará resolver el conflicto en un plazo no mayor a 45 días.
- Creación de un Centro Federal de Registro Laboral, que será autónomo y donde se depositarán todos los contratos colectivos y reglamentos de trabajo y de las organizaciones sindicales.
- Reconocimiento de la democracia sindical. El derecho de los trabajadores a la libre sindicalización, conforme a los convenios de la OIT. Los dirigentes sindicales deberán ser electos a través del voto libre, secreto e individual. La reforma establece mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
- Combate a los sindicatos “blancos”. Ningún sindicato podrá firmar un contrato colectivo de trabajo sin el consenso de, al menos, una tercera parte de los trabajadores. Todos los contratos deben dar lugar a mejoras en las condiciones de trabajo y los líderes que incurran en actos de extorsión en contra de los patrones serán sancionados.
En vísperas de Semana Santa, una reforma que nació incompleta y que después fue declarada muerta, resucitó milagrosamente y fue votada por casi todos los partidos políticos. Entre quienes la apoyaron, estuvieron el también senador Aceves del Olmo y el diputado Isaías González Cuevas, líder de la CROC.
Ambos líderes saben que esta reforma será una bomba de tiempo para sus gremios, pero reconocen el peso de la nueva coyuntura internacional. “Esta reforma va a terminar con los líderes vitalicios que trabajan a espaldas de los trabajadores y que ganan jugosas utilidades”, predice Alfonso Bouzas, del Centro de Investigaciones Económicas de la UNAM.
Privilegios que se desvanecen
El dictamen de las leyes secundarias aprobado en abril pasado consta de más de 200 páginas que contienen más de 100 cambios, algunos menores y otros de sustancia, relacionados con la negociación colectiva y el derecho sindical, según Rodrigo Olvera, abogado laborista que participó en todas las discusiones legislativas como parte del Observatorio Laboral.
Entre los cambios más relevantes destacan las precisiones que se hacen en el tema de la representatividad. En la reforma de 2017, se dejó abierta la posibilidad de que fueran los sindicatos los que decidieran los procedimientos, tanto de la elección representantes de los trabajadores, como del conteo de los votos. Las leyes secundarias se ajustaron para evitar posibles trampas. “Se pusieron candados para asegurar una votación democrática”, dice Olvera.
Este tema es clave porque, dependiendo del sentido del voto, se define a qué sindicato se le da la constancia de mayoría y, por ende, la titularidad de un contrato colectivo de trabajo, es decir, la facultad de negociar con la empresa a nombre de los trabajadores.
El capítulo 23 del T-MEC hace énfasis en que México debe poner fin a los contratos colectivos de protección laboral, y el voto limpio es la clave para avanzar en ese camino.
También desapareció, muy a pesar de los sindicatos corporativos y algunas cúpulas empresariales, el tripartismo en la negociación laboral. Forbes México pidió hablar con Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), pero no hubo respuesta
Este modelo terminó siendo un lastre porque no sólo retrasaba la impartición de justicia, sino que inclinaba la balanza de uno u otro lado. “La mejor prueba de que el modelo tripartita no funciona está en la Junta de Conciliación”, dice Olvera, al recalcar que siempre hay una parte que quiere controlar las negociaciones.
El tripartismo será reemplazado por figuras negociadoras neutrales, que van a ser las encargadas de hacer la mediación y de impartir justicia. El punto neurálgico de la discusión se centró en el papel que tendrá el nuevo Centro Federal de Registro Laboral, donde se van a registrar y resguardar los contratos colectivos, los reglamentos de trabajo y todas las actas sindicales. Tanto los sindicatos como las cúpulas empresariales expresaron reservas, pues ya no controlarán ni los registros ni la información que allí se deposite. “La neutralidad garantizará que nadie tenga el control sobre la vida sindical”, dice Olvera. El CCE declinó hacer comentarios para este artículo.
Esta modificación le abre el camino a los sindicatos que, en el pasado, por no ser del gusto de los patrones o del gobierno en turno, no podían obtener su registro.
Moverse ahora será más fácil; caerse, también
Algunos líderes de las cúpulas sindicales se resignan a perder presencia y otros ven, en los nuevos tiempos políticos, vientos a su favor. El líder minero y senador por Morena, Napoleón Gómez Urrutia, creó, este año, una Confederación Internacional de Trabajadores, para modernizar la lucha sindical y, aunque descartó que vaya a quitarle “membresías” a otras organizaciones, hay quienes creen que va por los sindicatos de la CTM y la CROC. “Se quiere servir de Morena para hacer lo mismo que hacen otros líderes sindicales”, dice Alfonso Bouzas, del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral.
“Napito”, como se le conoce desde que heredó el cargo de su padre, critica a los sindicatos subordinados a los poderosos. En otro frente lucha la maestra Elba Esther Gordillo, quien busca recuperar el liderazgo del SNTE y que, según Bouzas, “hoy habla como [si fuera] la mayor demócrata de México”.
Y, entre estos dos líderes, sobresale Carlos Romero Deschamps, del sindicato de Pemex, que, en 2017, se reeligió para otros siete años, lo que le permitirá estar al frente de dicho gremio durante todo el sexenio de López Obrador.
El caso de Romero Deschamps es emblemático, pues los últimos procesos de elección estuvieron plagados de irregularidades, por lo que tiene varias demandas ante las Juntas de Conciliación. El problema, de acuerdo con Olvera, es que, como estas instancias son tripartitas, necesitan el voto de la representación sindical para quitarlo del cargo. Olvera señala que este caso ya está siendo ventilado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por lo pronto, el presidente López Obrador ha reiterado que él no va a intervenir en la vida sindical del país, ni mantener sindicatos de gobierno. En el nuevo escenario político, moverse será más fácil, pero caerse… también lo será.
Otra adición se manifiesta en el terreno de la rendición de cuentas. Los sindicatos deberán entregar informes semestrales, desglosando ingresos y detalles de los gastos. “Ya no van a poder priorizar sus intereses ni manejar las cuotas como negocios personales”, dice Bouzas, quien prevé el debilitamiento de muchos líderes sindicales acostumbrados a una vida de excesos.
La última de las grandes correcciones tiene que ver con el recurso de la huelga. “Esta reforma va a terminar con el sindicalismo de extorsión”, declara Olvera, quien se refiere a las prácticas que ejercían algunos sindicatos de amenazar con huelgas cada vez que querían obtener una renovación de contrato colectivo de trabajo.
Disputa por los empleos
La gran paradoja de esta reforma es que responde a las demandas sociales que han venido exigiendo muchas organizaciones laborales, pero que, al final, llega impuesta por Estados Unidos, por la vía de la renegociación del TLCAN. México incumplió, durante los últimos 25 años, con el compromiso de mejorar las remuneraciones salariales de sus trabajadores. De acuerdo con el estudio “El futuro de la industria automotriz en México”, realizado en 2017 por El Colegio de México, la brecha salarial entre México, Estados Unidos y Canadá se fue ahondando desde la firma del TLCAN.
En 1994, los salarios en la industria automotriz en Estados Unidos y Canadá eran 5.4 y 5.1 veces más altos, respectivamente, que en México. Pero, para 2016, la brecha era ya de 9.1 y 8.4 veces. Ese año, un trabajador mexicano de la industria automotriz percibía tan sólo el 8.4% del salario de un par estadounidense. “El auge de la industria automotriz en México se debe a los menores costos de producción asociados a los bajos salarios”, dice el informe.
Éste indica que, entre 1994 y 2016, México generó más de 650,000 empleos en la industria automotriz, mientras que Estados Unidos perdió unos 60,000. Estos datos explican, en parte, por qué Donald Trump calificó el TLCAN como el peor acuerdo comercial en la historia de Estados Unidos, y su insistencia en detener el dumping laboral. Además de obligar a México a suscribir el capítulo 23 del T-MEC, que obliga a terminar con los contratos de protección laboral y a impulsar una auténtica libertad sindical, impuso una cuota laboral para tratar de frenar la pérdida de empleos en la industria automotriz. Cada vehículo fabricado en la región de América del Norte tendrá componentes que serán fabricados en un 40% por mano de obra que gane al menos 16 dólares la hora, es decir, cinco veces más de lo que hoy percibe un obrero de esta industria.
Foto: Fernando Luna Arce / Forbes México.
El T-MEC ya fue firmado por los presidentes de los tres países, pero debe ratificarse en los respectivos Congresos y, al menos en Estados Unidos, hay una corriente de legisladores demócratas, influenciados por la AFL-CIO, que piden reabrir negociaciones para obtener más garantías de México en el capítulo laboral.
De acuerdo con Sergio Escamilla, investigador del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, la reapertura de las negociaciones le daría a Trump el pretexto de cancelar el libre comercio con México.
La discusión legislativa de este tratado inicia formalmente en mayo y el acuerdo tendría que ser ratificado antes de septiembre, cuando inician las precampañas presidenciales en EU. “Si no se aprueba ahora, hay el riesgo de regresar a una renegociación el año entrante que tomaría mucho tiempo”, predice Escamilla.
Una piedra en el zapato, llamada outsourcing
En abril de este año, Richard Trumka, presidente de la AFL-CIO pidió, durante un encuentro con trabajadores metalúrgicos, reabrir la negociación con México, recalcando que la práctica del outsourcing había quedado fuera de la reforma laboral, y que “seguirá provocando una hemorragia de empleos hacia México”.
En efecto, esta práctica se ha extendido velozmente, sobre todo desde la firma del TLCAN, porque permite a las empresas obviar sus obligaciones fiscales y reducir el pago de prestaciones. La reforma laboral de 2012 abordó esta práctica, pero dejó muchos pendientes. Hoy, la gran disyuntiva es si hay que volver a legislarla o, de plano, prohibirla. “Las opiniones están muy divididas en el Congreso”, dice Olvera.
¿Quién se queda con la carga?
Hay diversas disposiciones en la nueva ley que han causado diferentes grados de inquietud entre los empresarios, pero ninguna ha generado tanta molestia como la llamada reversión de la carga probatoria, una medida que se aplica en los casos de despidos injustificados.
En el sistema actual, si el patrón niega que hubo despido y ofrece la reinstalación, se revierte la carga de prueba y se suspende el juicio. En el nuevo sistema ya no importa que el patrón ofrezca la reinstalación; la carga se queda en automático con el patrón. “Esto es absurdo”, dice el abogado laboral Guillermo Roel, quien señala que esta ley le quita al patrón el beneficio de la duda.
Los despidos son la mayor causa de conflicto laboral e implican más del 90% del trabajo de las juntas, que, cada año, reciben más de 100,000 denuncias. En opinión de Romero, este cambio ha creado alarma entre varios empresarios. “Muchos temen que esta situación los pueda llevar a la quiebra”, dice.
La razón por la cual se revirtió la carga probatoria se debe al abuso que de esta figura hacían abogados sin ética. Ofrecían una reinstalación fraudulenta y, cuando el trabajador la aceptaba, se cancelaba la demanda. “Esta ley ya no va a permitir las chicanadas”, señala Olvera, quien considera que los empresarios no deben temerles a las negociaciones honestas, porque, a la larga, serán en beneficio de todos. Romero, por su parte, recomienda a las empresas llevar un buen control documental de las condiciones laborales de sus empleados para evitar que éstos puedan, a su vez, cometer actos abusivos.
El número de trabajadores contratados bajo esta modalidad varía considerablemente, de acuerdo con la fuente que se consulte. Un estudio de la Universidad de Chapingo estima que hay cerca de 7.6 millones de trabajadores subcontratados, mientras que el colectivo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza la ubica en 17.5 millones de personas, una diferencia de casi 10 millones.
De acuerdo con Olvera, hay varias propuestas sobre la mesa para comenzar a discutir la tercerización, aunque reconoce que el tema es complejo porque no ha sido estudiado a fondo.
También quedó fuera de la reforma, aunque sin generar tanta presión internacional, el apartado B, que cubre a los empleados del sector público. El control político de los sindicatos que afilian a los burócratas es clave y, a juicio de algunos, requiere de un trato especial. Ejemplo de esto es el caso del INE, que, el año pasado, declaró ilegal la creación de un sindicato de trabajadores porque, según argumentó, pone en peligro la democracia del país.
¿Y quién paga la cuenta?
A pesar de las prisas para aprobar la nueva reforma, los cambios se inician en 2020, pues este año no se asignó presupuesto para la capacitación del personal que hará funcionar el nuevo sistema. Una de las figuras clave de la reforma serán los mediadores, cuyo papel será contener los conflictos laborales para que no desborden los tribunales. Hay suficiente evidencia documental para demostrar que la mayoría de los conflictos laborales se puede desactivar vía una conciliación, señala Ricardo Corona, director jurídico del Imco.
En los próximos años, tendrán que convivir el viejo y el nuevo sistema de justicia laboral. “Un asunto iniciado en una junta debe terminar con un laudo”, explica Eloísa Carpintero, abogada y ex actuaria de una junta. Esta reforma va a implicar una duplicidad de gastos, pues, además de financiar a las juntas (hasta su cierre definitivo), habrá que asignar recursos para abrir los nuevos Centros de Conciliación, uno en cada estado, y extenderle un presupuesto adicional al Poder Judicial de la Federación, que deberá crear tribunales laborales.
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Foto: Angélica Escobar / Escobar.
La previsión de la Secretaría del Trabajo es que ambos sistemas van a convivir durante cuatro años, pero algunos expertos consideran que este plazo es muy optimista. “Si no hay más presupuesto para las juntas, la transición va a ser más larga”, dice Olvera.
Y, mientras se deciden los presupuestos, las Juntas de Conciliación trabajan a tope. De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo, tan sólo las Juntas Federales deben resolver cerca de 430,000 expedientes; y a este número hay que sumarle los de este año y los de las Juntas Locales.
Por lo pronto, los abogados que van a las juntas han resentido, este año, un servicio más deficiente. De acuerdo con la abogada Norma Romero, un trámite que antes le tomaba un mes (que ya es mucho tiempo), hoy tarda hasta tres meses.
Los recortes de personal están colapsando a las juntas, señala Eloísa Carpintero, quien fue actuaria de una Junta Federal por 27 años. “Tienen una carga de trabajo criminal y, lo que antes hacían cinco personas, hoy lo debe hacer una sola”.
Ahora flota en el ambiente la pregunta: ¿Cómo le hará México para transitar hacia un nuevo modelo de justicia laboral, si aún no puede terminar de cerrar las puertas del viejo sistema?
