¿Outsourcing?
Saúl Escobar Toledo
Como parte del debate sobre las reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que están a punto de culminar en el Senado, esperemos que con buenos resultados a pesar de la enorme presión empresarial para cambiar el sentido del dictamen aprobado en la Cámara de Diputados, han surgido otros temas importantes. Uno de ellos es el del llamado outsourcing.
Tanto los medios de comunicación como los diputados y senadores utilizan ahora este término como si su significado estuviera perfectamente claro. Sin embargo, como veremos, las cosas no son tan sencillas. En primer lugar, habría que decir que se trata de un neologismo que se empezó a utilizar en las últimas décadas del siglo pasado y que no tiene una traducción precisa en español. Podría interpretarse como abastecimiento externo, en referencia a las empresas que adquieren un insumo (refacciones, maquinaria, tecnología, servicios o fuerza de trabajo) de otra empresa asociada para producir un bien final.
Al principio se usaba sobre todo para aludir a la contratación de mano de obra por fuera de la empresa. De esta manera, la responsabilidad legal, su administración y reclutamiento queda en manos de una tercera empresa, aunque el personal trabaja en las instalaciones que recurre al outsourcing. En este sentido, equivale en español a la palabra subcontratación. De hecho, en la literatura escrita en inglés subcontracting y outsourcing se usan como sinónimos.
Posteriormente, sin embargo, el significado de este vocablo se amplió para referirse a otros fenómenos, sobre todo al desplazamiento de procesos productivos de un país desarrollado a otro menos desarrollado. Es el caso de las automotrices: Ford, por ejemplo, tienen fábricas de motores en México, pero el resto de los componentes y el ensamble final se realiza en otros países. Otro ejemplo, son las maquiladoras que producen algunas refacciones o componentes para la elaboración de teléfonos celulares, computadoras y otros productos electrónicos. China se convirtió desde hace varias décadas en el destino favorito de esta modalidad del outsourcing. Posteriormente, el outosurcing se extendió a servicios y tareas como el telemarketing y a otras más sofisticadas, como el diseño de software o programas de ingeniería. En este último caso, India se distinguió como un caso muy exitoso. Sin embargo, hay que recalcar en todas estas modalidades, el diseño, la producción y la distribución de los bienes y servicios adquiridos permanecen bajo el control de los administradores de la empresa matriz.
Así, el outsorcing puede ocurrir dentro o fuera del país inversor (en este último caso también se usa la palabra offshoring) y referirse a, por lo menos, tres modalidades distintas: 1) la subcontratación de fuerza de trabajo, 2) al desplazamiento de fragmentos del proceso de producción a varias empresas localizadas en diversas partes del mundo, o 3) la adquisición de servicios especializados a proveedores diversos.
En los medios de comunicación, la literatura académica e incluso en los documentos oficiales que circulan en Estados Unidos y otros países de habla inglesa, el término outsourcing se utiliza, casi siempre, para describir los casos 2 y 3. Y es que estos fenómenos han traído, como una de sus consecuencias más importantes, la redistribución de los empleos a nivel mundial ya que las cadenas de valor se han fracturado entre un gran número de empresas localizadas globalmente. Un reparto que, sin embargo, no es parejo pues las matrices se quedan con la parte más sustanciosa y cara del proceso productivo y por lo tanto con los trabajadores más calificados y mejor pagados.
Destacados investigadores han afirmado que éste es uno de los rasgos más importante de la globalización actual. Los grandes consorcios navegan alrededor del mundo buscando costos más bajos, sobre todo salarios y ventajas fiscales, para elevar rápidamente sus ganancias. Es sin duda uno de los temas más debatidos en la opinión pública y la academia sobre todo en EU y Europa. Hay un amplio consenso en que ello ha redundado en el desplazamiento o cancelación de puestos de trabajo en los países más desarrollados. Precisamente, el malestar que ha provocado este fenómeno fue una de las causas que propició el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. De ahí sus consignas como América Primero y su preocupación por reducir el déficit comercial, sus críticas al viejo TLCAN, y sus promesas de regresas los empleos a Estados Unidos.
Así pues, es importante no confundir estos tres fenómenos que frecuentemente se engloban bajo el término outsourcing. Hay que subrayar, además, que el offshore outsourcing, es decir la fragmentación, descolocación, externalización, terciarización, o como quiera llamarse en castellano al fenómeno de producir y adquirir insumos de capital o servicios en distintos países para la producción de un bien final, es un fenómeno que surge gracias a los avances de la tecnología (principalmente el internet y las llamadas tecnologías de la información) y la liberalización de los mercados de capitales y mercancías. En cambio, el otro fenómeno, el outsourcing local, entendido como la subcontratación de mano de obra para que labore en las instalaciones de una empresa a cargo de una tercera, tiene que ver más bien con la naturaleza de las instituciones de ese país, sus leyes laborales, sus políticas, la fuerza de sus sindicatos.
Dicho esto, hay que subrayar que, para este último caso, no hay mejor palabra en español que subcontratación. Además, se encuentra ya en nuestra legislación (como régimen de subcontratación) y parecería completamente inconveniente sustituirlo por otro vocablo, en este caso, de un idioma extranjero.
Diferenciar la subcontratación de los otros fenómenos a los que alude el outsourcing es importante pues de esta manera podremos entender mejor sus causas y consecuencias. Las leyes, las políticas públicas y las acciones que deberían promoverse para enfrentar estos fenómenos no pueden ser iguales. El outsourcing entendido como la instalación en México de empresas que producen refacciones o servicios especializados para la producción de un bien final, como en el caso de las maquiladoras, las automotrices o la aeronáutica, requieren de políticas públicas que alienten la producción de infraestructura, la sustitución de insumos importados, una mayor capacitación de la mano de obra, el fomento de tecnologías producidas localmente, y una mayor protección del trabajo y de los salarios.
En cambio, la subcontratación, es decir la compra de fuerza de trabajo a una empresa externa para evadir la responsabilidad laboral, requiere sobre todo de la aplicación de la ley. En las últimas décadas, las autoridades fomentaron esta práctica que ahora es común en oficinas públicas, negocios de todo tipo, pequeños, medianos y grandes, incluyendo cafeterías, hoteles y reparto de comida rápida, en la industria de la construcción, y hasta en las instalaciones de poderosas empresas e instituciones financieras (Bancomer). Aquí no se trata, en lo fundamental, de una fragmentación de los procesos productivos, producto de la globalización, sino de una política laboral abusiva que se aprovecha de la permisividad gubernamental y de la debilidad de las organizaciones de los trabajadores.
Por ello, ahora que se ha agendado para su discusión, convendría dejar a un lado la palabra outsourcing para referirse a la subcontratación de la fuerza de trabajo. No se necesita ese disfraz idiomático. Tampoco se trata de cuidar la pureza del lenguaje. El propósito consiste, más bien, en hablar claro y enfrentar el problema en sus justas dimensiones. De otra manera, se puede convocar a un debate en el que se hable de muchas cosas distintas sin llegar a conclusiones que realmente sirvan para corregir las flagrantes violaciones a los derechos laborales.
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La nueva reforma laboral. Observatorio Cotidiano
La nueva reforma laboral. Observatorio Cotidiano con Rolando Cordera y Saúl Escobar Toledo.
TV UNAM
Fecha de estreno: 17 abr. 2019
La elaboración y modificación de reformas en materia laboral por parte del gobierno federal proyecta un cambio significativo para garantizar el salario, la justicia y los derechos laborales de los trabajadores. Rolando Cordera junto a Saúl Escobar Toledo, profesor de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Luis Emilio Giménez, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y Enrique Provencio del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, analizan el cambio a las reformas laborales para el beneficio de la clase trabajadora, así como el planteamiento de más reformas que aborden aspectos como las políticas laborales, el sindicalismo y los derechos para los trabajadores agrícolas y domésticos.
https://youtu.be/jwaiW1r4C4U
Saúl Escobar: “La economía gig es engaño, ambigüedad y trabajo vulnerable”
El economista mexicano advierte del empleo precario en actividades como Uber, defiende el salario mínimo y rechaza la existencia generalizada de jóvenes ´ninis´
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Saúl Escobar, economista de la Universidad Nacional Autónoma de México. (Genaro Rodríguez)
GENARO RODRÍGUEZ NAVARRETE, CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO)
23/01/2019 06:00
A decir de Saúl Escobar Toledo, economista por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “los temas laborales se han ocultado o minimizado, como sí recibir un ingreso para sobrevivir no fuera uno de los temas, o el principal tema, de una sociedad”.
Advirtió que los asuntos relativos al empleo ahora están resurgiendo, “y esperemos que se coloquen en el centro de la agenda nacional”. Escobar Toledo confió en que “esta discusión tome impulso” para una mayor comprensión, divulgación y entendimiento.
En entrevista exclusiva para la red de Lectores Corresponsales de La Vanguardia, disecciona de modo perspicaz la estructura del mundo laboral que prevalece en México, sin perder de vista el contexto internacional.
Perfil
Profesor, experto e investigador
Saúl Escobar Toledo se desempeña como profesor-investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Es miembro de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros ‘Rafael Galván’. Ha sido fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), diputado federal y subsecretario del Trabajo y Previsión Social en el gobierno de la Ciudad de México. Es autor de ´La acumulación capitalista en el porfiriato´ y ´Los trabajadores en el siglo XX. Sindicato, Estado y sociedad en México: 1907-2004´.
– ¿Qué transformaciones recientes ha registrado el mundo del trabajo?
“A nivel mundial, las tendencias del trabajo han sido muy negativas. La globalización ha hecho que los empleos migren de un país a otro, sobre la base de salarios más bajos y condiciones muy precarias. El empleo en general se ha deteriorado. Por otro lado, el avance tecnológico ha provocado que la generación de empleos sea más lenta. La globalización ha afectado a las diferentes regiones del mundo de distinta manera. El país que más se ha beneficiado es China. Se ha convertido en la “fábrica del mundo”. Ha podido absorber una gran cantidad de mano de obra. Así, cuando en Estados Unidos escaseaba, en el sudeste asiático la oferta laboral aumentaba rápidamente. El mundo ha cambiado. El eje de la industrialización pasó de Europa y Estados Unidos a China y el sudeste asiático. México también se benefició parcialmente de este fenómeno sobre todo por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)”.
– ¿Las perspectivas de crecimiento de la economía contribuyen a la creación de empleos?
“Sí, porque tenemos desde hace tiempo un polo de crecimiento económico muy rápido en China, que en algún momento llegó hasta el 10 por ciento. Hoy está por el orden del 6 y 7. Mientras que Estados Unidos y Europa se ubican en 2 o 3 por ciento. Esto muestra una economía, como lo señaló el Fondo Monetario Internacional (FMI), a dos velocidades: una lenta y otra rápida. Con la crisis de 2008, las cosas empezaron a cambiar porque la economía cayó. China incluso redujo su ritmo de crecimiento. Diez años después las economías se recuperan, aunque en casos como Europa, todavía no terminan de dejar atrás la recesión porque se atravesó el problema de la integración del euro. Luego el Brexit, más o menos reciente, ha generado también un marco de incertidumbre”.
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– ¿Coincide en que los empleos que hoy se generan son en general ‘precarios’?
“Precario” tiene distintas acepciones. La más común es que se trata de un empleo sin seguridad social, inestable y carente de prestaciones contractuales; por tanto, es mal pagado e inseguro. Este tipo de trabajos se generalizaron durante la etapa neoliberal en México y por todo el mundo, debido a la migración mundial de los empleos de los países más prósperos a los menos desarrollados. Los empleos precarios se crearon como una política de atracción de inversiones extranjeras o porque las instituciones laborales eran muy débiles”.
– ¿Esto en sentido contrario del ‘trabajo decente’?
“Hace 10 o 15 años la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hizo la propuesta del trabajo decente. Incluso la traducción ha sido cuestionada porque ‘decente’ en español tiene una connotación moral. A veces se habla mejor de ‘trabajo digno’. Se trata de un empleo protegido por la seguridad social, con un salario justo. Es resultado de una negociación colectiva, contractual y se basa en la libertad sindical de los trabajadores. Esta propuesta se lanzó como una manera de enfrentar las tendencias laborales predominantes en el mundo”.
Protesta de conductores de Uber y Cabify en el conflicto abierto en España con el sector del taxi, fenómeno que se ha dado en otros países. (Juan Medina / Reuters)
– ¿También se han diversificado los tipos de contratación y empleo?
“Las formas del empleo como resultado de las nuevas tecnologías y la migración han cambiado. Ya no es la clásica relación trabajador asalariado-patrón. Ahora hay muchas formas de trabajo: tradicional, no tradicional; clásico, no clásico; y distintas formas de contratación: por honorarios, subcontratación, outsourcing, teletrabajo. Modalidades que lamentablemente no cumplen con los requisitos del trabajo decente”.
– ¿En qué consiste la economía gig?
“Es un término nuevo. Todavía no aceptado por todos los especialistas. Surge de una palabra que tiene su origen en el medio artístico. Podría traducirse como “palomazo”. Se da cuando un grupo musical no llega a un concierto programado, entonces se le piden apoyo a otro para cubrir la vacante. Ahora se usa para designar a un empleo que se contrata por medio de una plataforma digital, como característica fundamental, y se asume, en segundo lugar, como un trabajo propio, pero que en realidad es un trabajo asalariado al servicio de una empresa. Esta confusión, ambigüedad, disfraz y engaño, también es característica del trabajo gig. En tercer lugar, se distingue porque es un trabajo mal protegido, muy explotado, con bajos ingresos, sin seguridad social, no tiene contrato ni sindicalización, donde el trabajador asume todos los riesgos del trabajo; pero la empresa no adquiere ninguna responsabilidad y ni siquiera paga impuestos. El ejemplo más claro es el de Uber. Allí el trabajador es supuestamente independiente, conectado con una plataforma que solo es intermediaria entre el conductor y el usuario. En realidad es un trabajo al servicio de una empresa. La firma gana y le ordena al trabajador a quién tiene que recoger. Es un trabajo subordinado, aunque no se reconoce como tal. Lo que permite que sea un trabajo vulnerable. Incluso ha generado problemas con la seguridad de los pasajeros porque la compañía no se asume como patrón, solo como intermediario. En algunos países ha generado tal inconformidad que los taxistas regulares o tradicionales, han hecho paros. Y han logrado que los trabajadores de esa entidad se puedan sindicalizar y se reconozca la relación laboral. También se ha logrado que, en algunos casos, Uber pague impuestos y no burle al fisco. Y, aunque no exactamente, es el caso de Airbnb para conseguir alojamiento”.
Las nuevas tecnologías han comportado nuevas formas de empleo que,en algunos casos, aún buscan su encaje en el mundo laboral. (Richard Drew / AP)
– Debo insistir: ¿parece que el ritmo de la expansión económica mundial no ha sido suficiente para crear las plazas de trabajo necesarias?
“Uno de los rasgos de la etapa de globalización neoliberal que se ubica desde la crisis de 1982, es de un crecimiento muy bajo, con crisis económicas serias, aunque no tan recurrentes. Lo que ha generado un esquema laboral poco halagüeño, con una gran cantidad de empleos informales. El crecimiento no ha dado para crear las suficientes plazas formales. Tenemos ahora un problema en el mercado laboral de jóvenes que no encuentran empleo. Aunque es una tendencia a la baja, aún hoy es muy preocupante. Una salida a este fenómeno fue la migración. Entre 1990 y 2010, se fueron de México unas 500 mil personas al año. Es decir, cerca de 10 millones. ¿Qué hubiera sido sin la válvula de escape de la migración? Una situación angustiante”.
– Pese a ello, la administración anterior lanzó las campanas al vuelo por haber creado, según su parecer, una cantidad ‘histórica’ de empleos.
“Lo que pasa es que ahí hicieron una ‘trampa’ estadística: muchos de esos empleos ya existían; pero eran informarles, no acreditados en la seguridad social. Entonces lo que hicieron fue inscribirlos en la seguridad social. En realidad no eran plazas nuevas. De lo que no se habló es que al tiempo que aumentaban los trabajadores inscritos en la seguridad social, bajaban los salarios. Aumentó el número de empleos de dos a tres salarios mínimos y disminuyó la proporción con más de cinco salarios. Esto significó una pérdida del ingreso o un empobrecimiento de los trabajadores”.
– ¿Todavía es importante mantener como referencia los salarios mínimos?
“Creo que son muy importantes para la protección de los empleos más explotados, donde los trabajadores tienen muy poca calificación, como el trabajo de limpieza, en el sector rural o en la albañilería. Efectivamente, hubo una ofensiva encabezada por Agustín Carstens, exgobernador del Banco de México, para acabar con el salario mínimo. Afortunadamente parece que esa tendencia no prosperó y ahora vemos un renacimiento parcial del salario mínimo con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que lo está utilizando como un instrumento de política económica para proteger a los más débiles”.
– ¿Cómo observa la política de López Obrador para enfrentar la problemática laboral?
“Hay signos alentadores, como el aumento del salario mínimo, pero es un primer paso. Desde una perspectiva histórica es un avance pequeño. El chiste es que se mantenga. Espero que en 2020 haya un aumento de los mínimos similar al anunciado para 2019; es decir, de al menos un 16 por ciento. Esto es, la inflación más 10 o 12 puntos. De modo que el salario mínimo se convierta en un ingreso digno. Lo ideal sería que subiera en un 100 por ciento. Claro que esto no se puede hacer de un día para otro. Ojalá que a lo largo del sexenio se pueda ir aumentando paulatinamente. El otro tema es qué va a pasar con los salarios contractuales. En el pasado se utilizó el aumento de los mínimos como tope. Ahora eso no funcionará porque nadie va a dar un aumento del 16 por ciento. Lo que veremos son aumentos moderados por encima de la inflación. Lo que me gustaría ver es que se acabe con las formas de contratación precaria: los trabajos por honorarios, de tiempo parcial y la subcontratación. Es una vergüenza que en oficinas públicas los sanitarios sean limpiados por mujeres subcontratadas por alguna empresa, sin seguridad social. Se aprovechan de su condición femenina y sus necesidades para darles un empleo muy precario, con salarios muy bajos. No es posible que permanezcan estos tipos de subcontratación. El gobierno debe ser ejemplo en cumplir la ley, pero es el primero que la viola”.
Un empleado fumiga plantas en la zona de Xochimilco, Ciudad de México. (Nick Wagner / AP)
– ¿Qué opina del programa de empleo para jóvenes?
“Es un proyecto interesante. Es algo inédito. Antes existía, pero tenía pocos fondos y no era tan masivo. Ahora le van a destinar entre 40 y 45 mil millones de pesos. Visto en el presupuesto general es poco. Aunque como un programa específico sí es notable el monto. La idea es abarcar hasta 2.5 millones de jóvenes; sin embargo, creo que sólo alcanzará para 2 millones. El experimento puede ser muy interesante, empero, tiene sus riesgos. Por ejemplo, podría convertirse en un subsidio para las empresas porque van a poder contratar gratis a un joven pagado por el gobierno. Además, si a la persona se le ocupa en actividades auxiliares como limpiar o estibar, no ayudará a su formación, adiestramiento y capacitación. Otra preocupación es que no certifiquen las capacidades adquiridas. El secreto de esto en el mundo, como en Alemania donde existe esta práctica bajo la modalidad de aprendiz –aquí sería un becario–, es que el joven aprenda un oficio y sea certificado. Es decir, se le reconozca con un diploma lo que sabe hacer y con ese papel pueda ir a otra empresa y contratarse”.
– ¿Se busca brindar soluciones a los ninis?
“El término “nini” es ofensivo y falso. En realidad, hay muy pocos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Gran cantidad de jóvenes desempeñan actividades no remuneradas, sobre todo, las mujeres. Llevan a cabo trabajos domésticos, de cuidado familiar y ayudantías en talleres. Los jóvenes sí hacen algo. Debe haber alguno que no haga absolutamente nada, sin embargo, la mayoría no son ninis en sentido estricto. Algunos realizan tareas indispensables en la familia, como el cuidado de los niños pequeños o de los abuelos. Son quehaceres no remunerados ni reconocidos, pero indispensables en el seno familiar”.
– Por otro lado, se anuncia un “cambio radical” en materia de justicia laboral, con la reforma a la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué prevé en esta materia?
“Es una reforma que viene de febrero de 2017 con tres asuntos centrales: cambiar la justicia laboral suprimiendo las juntas de conciliación y arbitraje, locales y federales, y crear juzgados adscritos al poder judicial; un centro de conciliación laboral y de registro de contratos y sindicatos, independiente del gobierno; y garantizar el voto universal, directo y secreto de los trabajadores para elegir a sus dirigentes sindicales, así como para escoger el sindicato y el contrato colectivo de su preferencia. Eran reformas muy importantes que se han quedado congeladas porque no se cambió la Ley Federal del Trabajo. Ahora hay varios proyectos en la Cámara de Diputados para ver de qué manera se concretan estos avances”.
– ¿Qué prevalece entonces hoy en este renglón?
“Simulación y engaño. Una vida de mentiras mediante los contratos de protección laboral. Son contratos que se firman a espaldas de los trabajadores entre un sindicato de papel y un empresario que acepta firmar y utiliza como parapeto para fingir que se está respetando la ley, cuando en realidad es un engaño total. Es un negocio de abogados y líderes sindicales para beneficiarse de esos acuerdos mediante cuotas que el trabajador paga a un sindicato que nunca ha visto. O para extorsionar a los empresarios bajo la amenaza de hacerles una huelga. La ficción de los contratos colectivos de protección ha sido muy dañina para el mundo laboral y esperemos que con la reforma se vaya acabando con esa práctica”.
– ¿Lo que Usted señala sería un cambio radical?
“Sí, pero esperemos que no sea un cambio súbito porque el mal está tan extendido que acabar con él no será posible en poco tiempo. La ley es un instrumento muy importante para ir erradicando este cáncer que corroe al 80 o 90 por ciento de los trabajadores asalariados. Es tan grave que la OIT la pone como ejemplo de lo que no se debe hacer. Y en América Latina es una cosa sin comparación. Sólo en México existe esa práctica de los contratos de protección. En otros países, los patrones tratan de burlar la ley, pero no como en nuestro país que se ha convertido en una práctica generalizada. Ha sido un gancho para promover la inversión extranjera, sin embargo, es una vergüenza mundial. En uno de los puntos del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) hay una cláusula que prohíbe los contratos de protección y obliga a México a legislar para prohibir este tipo de convenios”.
Firma del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. (EFE)
– ¿Esta situación tiene lugar en medio de una marcada debilidad institucional?
“En el medio académico y de las entidades multilaterales se habla de debilidad institucional para señalar un problema: la distancia entre la ley y la realidad. En otras palabras: no se aplica la ley. La autoridad encargada de velar por la aplicación de la ley simplemente no hace nada. En el caso de México, las autoridades laborales federales durante muchos años no han hecho nada para vigilar el cumplimiento de la ley. Han dado curso a estos contratos de protección, empleos vulnerables, al incumplimiento del pago del salario mínimo; muchas prácticas laborales que violan abiertamente la Constitución. Las autoridades ven para otro lado. A eso se le llama técnicamente debilidad institucional. En México eso quiere decir abierta corrupción. Una política que favorece a los patrones lastimando a los trabajadores. Las instituciones no cumplen con su obligación”.
– ¿Esto acentúa la desigualdad?
“Se manifiesta en varias desigualdades, por ejemplo, entre hombres y mujeres, que se hace más profunda en el mercado laboral. Las mujeres, en promedio, siguen ganando menos que los hombres incluso en puestos iguales. En general, las mujeres se colocan en empleos más vulnerables y más precarios que los hombres. También hay desigualdades cuando hablamos de edades: entre más jóvenes más desempleo. En cuando a grupos étnicos: los indígenas tienen empleos peor pagados. Y en desigualdad regional: el sureste del país es una región donde hay mucha más empleos precarios, informales y vulnerables que en el norte del país”.
https://www.lavanguardia.com/participacion/20190123/454191315239/entrevista-saul-escobar-economia-gig-uber-mexico-mundo.html?utm_campaign=botones_sociales&utm_source=facebook&utm_medium=social
Salir de la oscuridad
16 enero, 2019
Saúl Escobar Toledo
De manera similar a lo que sucede en la industria del petróleo, en la que se ha revelado la existencia de una estructura paralela, oculta e ilegal que ha servido para proporcionar enormes ganancias a particulares, en el mundo laboral hace tiempo que viene operando un esquema similar. En este caso, se trata de sindicatos de papel que no representan a sus pretendidos agremiados y de contratos colectivos que no son del conocimiento de los trabajadores y nunca han sido negociados entre la representación de los empleadores y la parte obrera. Se les ha llamado contratos de protección patronal pues solo han servido para que éste pueda manejar a su antojo las condiciones de trabajo.
Como en el caso de la industria de los hidrocarburos, las estructuras paralelas surgieron desde el interior de las instituciones del Estado, Pemex en el caso del huachicol y en la Secretaría del Trabajo y las Juntas de Conciliación y Arbitraje en los asuntos laborales. Si allá han servido para enriquecer a una amplia red de funcionarios públicos y negociantes privados, acá los beneficiados han sido un conjunto de líderes espurios, despachos de abogados y autoridades corruptas que se han comportado como una verdadera mafia para repartirse el dinero mal habido, simular que sucede lo que nunca sucede (una relación obrero patronal basada en organizaciones gremiales representativas), y protegerse unos a otros.
No son las únicas muestras de la corrosión de las estructuras del Estado. Es el caso también, muy notable, de la seguridad pública, donde mandos policiacos de distinto rango y nivel, jueces y ministeriales fingen cumplir con su deber cuando en realidad solapan o pertenecen a grupos criminales.
Aunque indudablemente en todos los ámbitos existen funcionarios honestos que se esfuerzan por cumplir con la ley y su responsabilidad, en las últimas décadas el surgimiento de camarillas y mecanismos ocultos dentro de las propias instituciones, concertados para satisfacer intereses particulares, se ha agudizado. En el caso del mundo laboral, la ausencia de democracia sindical viene de muchas décadas atrás, sobre todo desde fines de los años cuarenta del siglo pasado. Pero con la globalización de los mercados y las políticas neoliberales, el sindicalismo se convirtió, en su mayor parte, en un aparato vacío, fantasmal y sombrío.
No hay mal que dure cien años, dice el refrán. En este caso, la presión internacional principalmente de nuestros socios extranjeros, Canadá y Estados Unidos, y de los organismos internacionales como la OIT, han jugado un papel destacado para tratar de modificar esta situación pues consideraron que la ausencia de representaciones sindicales legítimas y democráticas en nuestro país forman parte de un sistema ilegal que ha servido para bajar artificialmente los salarios y prestaciones y atraer inversiones extranjeras, una competencia desleal que debe ser combatida.
Ello, junto con diversas manifestaciones de descontento nacionales, llevaron a una reforma del 123 constitucional en febrero de 2017. Sin embargo, durante casi dos años, ésta no se ha aplicado porque no se ha reformado la Ley Federal del Trabajo. El cambio político ocurrido el año pasado y la nueva composición del Congreso de la Unión parece abrir por fin esta posibilidad. En las últimas semanas, diversas iniciativas, entre ellas la suscrita por algunos diputados de Morena, fueron presentados ante el Congreso. Se trata de un proyecto que recoge puntos de vista de sindicalistas, abogados y académicos del Observatorio Laboral. Se propone construir un nuevo modelo basado, en primer lugar, en la independencia del sistema de justicia respecto del Poder Ejecutivo, lo que implica la eliminación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Pero en segundo lugar y de manera igualmente destacada, busca garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores. Con ello, se afirma, el mercado de trabajo y las relaciones obrero-patronales podrían convertirse en espacios de inclusión social, frenando la pobreza y la desigualdad imperantes.
En este comentario abordaremos solamente una parte de las reformas: la que tiene que ver con la democracia sindical y la negociación colectiva. Una pieza clave de este nuevo modelo es el Centro Federal de Conciliación y Registro Sindical (el CFCyR) el cual tendrá a su cargo el registro de los sindicatos y contratos colectivos. Vigilará también el respeto a la democracia sindical. Se trata de un organismo novedoso que deberá gozar de plena autonomía y regirse por los principios de independencia, imparcialidad y transparencia. El texto prevé un periodo de transición pues el Centro empezaría a funcionar en un plazo no mayor de dos años.
De acuerdo con la iniciativa, habrá plena libertad para organizar sindicatos, pero la autoridad cuidará que éstos cumplan con sus estatutos. No habrá afiliación obligatoria y la elección de sus directivas tendrá que realizarse por voto personal, libre y secreto. Las organizaciones estarán también obligadas a rendir cuentas de la administración de su patrimonio.
El registro de estos colectivos se simplificará y solo se requerirá copia de las actas de su asamblea constitutiva y de la elección de su directiva; la lista de sus miembros; y la presentación de sus estatutos. La autoridad, el CFCyR, no podrá negar dicho registro pero sí deberá observar que sus reglas internas contemplen, necesariamente, el voto secreto y la representación proporcional de género de sus dirigencias.
El proceso legal para pactar contratos colectivos es un poco más complejo ya que el sindicato deberá contar previamente con una Constancia de Representatividad (CR) expedida por el CFCyR. Dicha Constancia solo podrá obtenerse si se realiza una consulta con los trabajadores mediante voto personal, libre y secreto. Esta Constancia requerirá por lo menos el respaldo del 30 por ciento de los asistentes y, en caso de que concurran dos o más asociaciones, la constancia se otorgará a la que resulte mayoritaria. El Centro también se encargará de convocar y organizar el proceso de votación, elaborará las boletas, instalará las urnas y hará el registro de los votantes. Llevará a cabo también el escrutinio y cómputo de la votación, levantará el acta correspondiente y dará fe de su validez. Finiquitado este paso, y si se cumplen los requisitos legales, la autoridad deberá resolver la procedencia de la solicitud de la Constancia de Representatividad y entonces se podrá dar validez al contrato colectivo.
Este procedimiento, completamente nuevo, tiene como finalidad evitar cualquier forma de simulación que permita a un grupo de personas usurpar la representación de los trabajadores en las negociaciones con el empleador. Pretende también impedir que las autoridades decidan arbitrariamente la procedencia de un registro sindical o de un contrato colectivo, fenómeno muy común desde hace años que ha impedido el surgimiento de sindicatos independientes y democráticos.
Una buena ley no garantiza su inviolabilidad. En caso de que se apruebe el texto, el respeto a la voluntad de los trabajadores, mediante el voto secreto, dependerá ahora, sobre todo, de la conducta y probidad de las autoridades encargadas del flamante Centro Federal de Conciliación y Registro. La iniciativa de Morena, junto con otras ya presentadas o en curso, deberán discutirse en febrero, durante el periodo ordinario, y sufrir todos los cambios que sean necesarios, siempre de acuerdo con los preceptos constitucionales. Una vez aprobada, el gobierno deberá tener tiempo suficiente para preparar el cambio. Estamos ante una oportunidad histórica de construir una nueva realidad en el que se elimine la simulación y se destierren esas estructuras paralelas, ocultas e ilegales que han controlado el ámbito laboral. Con ello, el sindicalismo mexicano podría empezar a salir de las sombras y, de manera transparente, reinventarse con la participación genuina de sus afiliados.
saulescobar.blogspot.com
https://suracapulco.mx/2019/01/16/salir-de-la-oscuridad/
Vientos de cambio
Saúl Escobar Toledo
Octubre 10, 2018
En unas cuantas semanas, las leyes y las instituciones del trabajo mexicanas han sido sacudidas por dos acontecimientos distintos pero relacionados: primero, a fines de septiembre, el Senado de la República aprobó la ratificación del Convenio 98 de la OIT. Y poco después, a principios de octubre, se anunció un acuerdo final entre Canadá, Estados Unidos y México en materia de comercio (el United States-Mexico-Canada Agreement o USMCA, en lugar de TLCAN o NAFTA) que incluye un capítulo laboral y un anexo, ambos muy destacados.
El Convenio sobre el derecho de sindicalización y negociación colectiva data de 1949 y ha sido firmado por 165 países del mundo incluyendo América Latina. La importancia de la decisión senatorial reside en haber vencido, al fin, las resistencias del PRI y del PAN, del llamado sindicalismo oficial (charro o corporativo), y de algunos dirigentes empresariales que se han opuesto por razones estrictamente políticas y convenencieras: defender un modelo sindical corrupto, antidemocrático y servil. Un esquema que sirvió durante muchos años para controlar el descontento obrero y, desde 1982, para imponer topes salariales y otras políticas públicas contrarias a los intereses de los trabajadores.
La nueva composición del órgano legislativo (con mayoría de Morena) sirvió sin duda para apresurar esta decisión pues coincidía con su plataforma electoral y su programa. Pero quizás también porque ya se tenía información de que el capítulo laboral del nuevo acuerdo comercial norteamericano traía un apartado especial sobre asuntos laborales que era plenamente congruente con el Convenio 98.
Hasta ahora, el texto completo del USMCA sólo está disponible en inglés, publicado en el portal de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement/united-states-mexico). Aquí solo nos referiremos al capítulo laboral. Se trata de una versión mejorada de su similar pactado en el TPP (Acuerdo Transpacífico). Es más claro en algunos temas pues por ejemplo incluye explícitamente el derecho a huelga como parte de la libertad de asociación; y precisa las obligaciones de los gobiernos para la aplicación de las leyes laborales, incluyendo la inspección laboral.
Más importante aún, contiene varios apartados muy novedosos. Uno de ellos señala que ningún país dejará de atender los casos en que se ejerza violencia contra los trabajadores, relacionada con el ejercicio de sus derechos. Otros puntos destacables se refieren a la protección de los trabajadores migrantes y a la promoción de la igualdad de las mujeres en el lugar de trabajo.
En resumen, el capítulo laboral del Acuerdo busca elevar la protección laboral en los tres países de manera más precisa que otros pactos comerciales similares. Hay todavía algunas lagunas e imprecisiones, y la manera de hacer efectivos estos lineamientos deja todavía mucho que desear.
A todo esto, hay que agregar el anexo 23-A que tiene como título, para no dejar ninguna duda, “La representación de los trabajadores en la negociación colectiva en México”. Se trata de un texto que plantea un combate a fondo a los contratos de protección patronal en nuestro país. Para ello, México se compromete a adoptar una legislación que comprenda, entre otras, las siguientes disposiciones:
Un conjunto de reglas para garantizar el derecho de los trabajadores a organizar, formar y adherirse al sindicato de su preferencia, y prohibir a los empleadores interferir en las actividades sindicales o ejercer coerción por su actividad sindical. Asimismo, que se establezcan órganos imparciales para el registro de las organizaciones gremiales. Igualmente, se deberá implementar un sistema efectivo que verifique que las elecciones de los dirigentes sean llevadas a cabo mediante el voto libre, personal y secreto de los socios.
Las leyes mexicanas deberán también contemplar que el registro de los contratos colectivos cuente con el apoyo mayoritario de los trabajadores mediante el ejercicio del voto personal, libre y secreto. Finalmente, señala que las partes (Estados Unidos y Canadá) esperan que México llevará a cabo estos cambios antes del 1º de enero de 2019, y se advierte que la entrada en vigor del acuerdo comercial puede ser pospuesta hasta que dicha legislación entre en vigor.
Tal profusión y claridad en el texto busca impedir que, en México, se siga aplicando un modelo laboral apoyado en contratos y sindicatos ficticios. Una práctica que, como lo explica un análisis elaborado por el Sindicato de Metalúrgicos de Estados Unidos, y como lo han advertido también aquí en México, desde hace tiempo, las organizaciones sindicales independientes, los abogados democráticos y los especialistas en el tema, ha servido para imponer bajos salarios y malas condiciones de trabajo. Estas políticas, si bien han permitido atraer inversiones extranjeras a la industria manufacturera, particularmente en las últimas tres décadas, en realidad han aportado pocos beneficios para el país y su clase trabajadora.
Así, en esta ocasión, se han reunido diversos protagonistas e intereses: los sindicatos de Estados Unidos y Canadá; los gobiernos de estos países; y la futura administración de AMLO y las organizaciones independientes mexicanas, con el objetivo común de cambiar el modelo laboral vigente. Los primeros sienten que los contratos de protección son una manera deshonesta de quitarles plazas laborales y presionar negativamente los salarios en sus propios países; los segundos, sobre todo Trump, creen que de esta manera protegerán su planta industrial y mejorará su balanza comercial; y los terceros, es decir el próximo gobierno de López Obrador y los legisladores de Morena, confían en que es posible construir un esquema de desarrollo menos dependiente de la exportaciones manufactureras y capaz de mejorar los salarios y las condiciones de vida de los mexicanos.
Hay que advertir que todo lo contenido en el capítulo laboral y su anexo, incluidos en el nuevo acuerdo comercial, no se riñe con las reformas constitucionales de febrero de 2017. Al contrario, se basan en ellas. Pero los representantes sindicales y los gobiernos del norte han creído necesario pactarlos expresamente en el USMCA ante la posibilidad de que esas reformas se reviertan, como en efecto se intentó a lo largo de este año por el PRI y el gobierno de Peña Nieto.
Se trata de una coincidencia un tanto sorprendente que sin embargo puede cambiar profundamente el modelo laboral mexicano. Ahora toca al Poder Legislativo de nuestro país dar el siguiente paso: reformar la Ley Federal del Trabajo para para adoptar nuevos lineamientos que permitan combatir los contratos de protección y abrir la puerta a una democratización de los sindicatos mexicanos. Aun así, después de que esto haya sucedido, vendrá el reto de su puesta en práctica.
La próxima administración tendrá que aplicar las nuevas disposiciones legales y ello significará una labor compleja. Lo será desde el punto de vista técnico y administrativo pues poner en marcha una justicia laboral adscrita al Poder Judicial, eliminando las Juntas de Conciliación y Arbitraje, representa una tarea que exigirá recursos y un proceso de transición difícil, todavía indefinido.
Desde el punto de vista social y político, el cambio enfrentará muchas resistencias tanto de algunos empleadores como de las viejas organizaciones corporativas y, sobre todo, de la mafia que hoy se beneficia de los contratos de protección.
Pero, finalmente, serán los propios trabajadores los que, por primera vez en mucho tiempo, tendrán la posibilidad de decidir. Vientos provenientes del norte y de nuestra propia coyuntura política se han juntado para impulsar un cambio profundo de las instituciones y las leyes laborales. El camino para hacer realidad la democracia sindical y relaciones de trabajo más equilibradas es todavía muy largo, pero se ha abierto una brecha en un momento singular de la historia de México y del mundo.
saulescobar.blogspot.com
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Balance de la Reforma Laboral: Saúl Escobar Toledo *
Por: Reformalaboralparatodos.mx
A todos no atraviesa un sentimiento contradictorio, por un lado de alivio, por otro lado de onda preocupación. De alivio porque la propuesta de la CTM y CROC de los senadores del PRI, quedó congelada, en la práctica quedó desechada, al margen de la discusión parlamentaria, no se aprobó, no prosperó.
Pero también de onda preocupación porque no se aprobó ninguna otra. La reforma constitucional aprobada en febrero de 2017 quedó inconclusa, no se puede aplicar, no puede avanzar y estamos en un vacío legal, una vacatio legis que quiere decir que hay una ley, pero no hay posibilidades de que esta ley se traduzca en hechos reales, en la posibilidad de que se ejecute, que se ponga en práctica, que se implemente, se haga realidad.
Esta es una preocupación muy seria, porque quiere decir que la reforma constitución va tener que esperar un tiempo indeterminado, lo que puede ser de grandes y graves consecuencias para el país.
Pienso que, por ejemplo, una parte sustancial de la reforma constitucional de crear tribunales especializados en materia laboral dentro del poder judicial, es una reforma histórica de gran importancia, primero, porque nunca ha habido este tipo de tribunales, simplemente desde la Constitución de 1917 se crearon las juntas tripartitas como impartidoras de justicia, por lo tanto nunca se crearon tribunales dentro de Poder Judicial para impartir justicia laboral.
Y antes de la Constitución de 1917 no había justicia laboral ni de esa, ni de ninguna otra. Simplemente se pensaba que el asunto de las relaciones laborales era un asunto privado que correspondía resolver sólo al empleador y al empleado, al patrón y al trabajador. Y por lo tanto no era necesaria ninguna regulación jurídica ni estatal sobre las relaciones laborales.
A partir de 1917 se reconoce al derecho laboral a la relación entre obreros y patrones como una materia que compete a la ley, a la Constitución, al derecho y por lo tanto a la regulación del estado y a la participación de los actores para dirimir las controversias entre capital y trabajo a través de una serie de instituciones y leyes.
Si nunca ha habido tribunales de justicia laboral en México, crearlos significa un trabajo inmenso. Se trata de capacitar gente, de abrir nuevas oficinas, de revisar el derecho laboral, de revisar otras experiencias internacionales, se trata de una tarea muy complicada y muy laboriosa que no sabemos cuando va a empezar. Y no se puede empezar porque no se ha legislado sobre la materia, está la reforma constitucional, pero la Ley Federal del Trabajo no está reformada en concordancia con la reforma constitucional.
Además de los tribunales, está el asunto de crear el órgano independiente para el registro de contratos colectivos y de sindicatos; que hasta ahora esa responsabilidad recae o bien en la Secretaría del Trabajo para casos de carácter federal o bien las Juntas locales de conciliación y arbitraje para casos locales. Pero en cualquier caso la autoridad estaba actuando para decidir qué sindicatos y qué contratos se podían convertir en un instrumento legal.
Al crearse un órgano independiente se supone que cambiará esta situación, ya no será un responsabilidad de los gobiernos, por ejemplo de la Secretaría del Trabajo, de los funcionarios públicos, sino de la responsabilidad de un órgano independiente. Esto también queda truncado y por lo tanto no sabemos cuando vamos a poder cambiar el régimen de registro de sindicatos y de contratos colectivos.
Y el voto secreto que también viene en la reforma constitucional de 2017, tampoco se podrá aplicar.
Sin embargo estamos animados, pero también hondamente preocupados por esta incertidumbre que se abre a partir de que se declaró que ya no va a haber reforma laboral en ésta legislatura. Entonces se abre un periodo de vacío, de inquietud, de incertidumbre de saber cuándo podremos contar con los instrumento que la reforma constitucional abrió en febrero de 2017.
Y esta es nuestra próxima tarea, para que la incertidumbre se convierta en una perspectiva real de entrar en un proceso de adquisición de derechos que marca la reforma, necesitamos un gran trabajo de movimientos sindicales realmente representativos y también una presión unificada en la próxima legislatura.
Esperamos que la correlación de fuerzas cambien y que haya diputados y senadores sensibles a la problemática obrera.
Pero también es lógico esperar que estos nuevos diputados y senadores no sólo sean sensibles, sino que tengan la presión, la información y la iniciativa de organizaciones sindicales, académicas y políticas del mundo laboral para que puedan utilizar este conocimiento en un sentido favorable de acuerdo a las reformas.
Esta organización tendrá que fortalecerse, no sólo esperar el resultado de las elecciones, sino sobre todo, avanzar en la organización para que antes del primero de septiembre que se inicia la nueva legislatura, tengamos ya lo más unificado y claramente planteado por parte de este gran movimiento, nacional e internacional, los fundamentos de la nueva reforma laboral.
Hay una situación compleja, difícil, de incertidumbre, pero abre, por lo tanto también, una oportunidad para volver a empezar correctamente.
Tenemos, es la situación que estamos viviendo y así como están las cosas tenemos que organizarnos y tenemos que trabajar e impulsar para que los derechos laborales se coinviertan realmente ejecutables, exigibles y que se vean en la vida diaria de los trabajadores.
* Participación de Saúl Escobar Toledo, en el Conservatorio Justicia Laboral” efectuado el 26 de abril de 2018, en la Cámara de Diputados con el auspicio del Diputado Rafael Hernández Soriano de la fracción parlamentaria del PRD
¿Y los problemas de los trabajadores? Un repaso a las plataformas de los partidos en la campaña electoral 2018
Saúl Escobar Toledo
Los trabajadores mexicanos viven una situación particularmente difícil: desde hace varias décadas, debido al avance de las políticas neoliberales, se ha impuesto la llamada flexibilización del trabajo. Ello ha provocado una mayor inseguridad laboral; diversas formas de contratación que permiten evadir los derechos laborales como la seguridad social y la contratación colectiva; y una política salarial que ha devaluado los ingresos de los trabajadores.
Esta situación se ha generalizado en diversas partes del mundo, tanto en los países desarrollados como en aquellos que lo están en menor grado. En México, sin embargo, los trabajadores sufren dificultades adicionales. Fundamentalmente: un sistema de justicia laboral que dista mucho de ser imparcial, transparente y expedito; la casi inexistencia de sindicatos democráticos y representativos; y, derivado de lo anterior, la proliferación de contratos de protección patronal[1].
En estas condiciones, la inmensa mayoría de los trabajadores mexicanos se encuentra inerme y desamparado en sus relaciones laborales: no tiene una organización que lo defienda frente al patrón; el acceso a la justicia es deficiente y corrompido; y las autoridades laborales protegen un sistema ficticio de bilateralidad contractual.
Además, los programas de fomento y protección al empleo son escasos y con un financiamiento casi nulo, de tal manera que los mercados laborales han generalizado el trabajo precario, la informalidad, y con ello, las desigualdades y la pobreza.
A todo ello, habría que agregar otra triste realidad: los partidos políticos, incluyendo aquellos que se dicen de izquierda, hablan y comprenden poco los problemas de los trabajadores como lo demuestra la actual campaña electoral.
Ni en los discursos ni en los debates se han tratado temas directamente relacionados con la condición de trabajador o trabajadora, como el salario, el empleo, las condiciones laborales, la seguridad social o las pensiones. O el trabajo informal y la precarización del trabajo. El interés parece haberse desplazado hacia otros asuntos, sobre todo, la corrupción y la inseguridad. Lo anterior refleja el deterioro que ha sufrido el país y sus instituciones. Es entendible el cambio de énfasis, pero también lo es que, como señala la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, “el trabajo decente (o digno)” es una “condición previa necesaria” para poner fin a la pobreza y para aspirar a una mayor igualdad social. Y que sin buenos empleos, no puede haber prosperidad ni, por lo tanto, posibilidades de construir una democracia sólida y una paz social perdurable.
Quizás los temas laborales surjan posteriormente en las campañas. Mientras tanto, revisamos las plataformas electorales de las coaliciones y los partidos entregadas al INE[2], en lo que se refiere a algunos temas relacionados con el mundo del trabajo. Algunas conclusiones son las siguientes:
En las plataformas electorales no encontramos el término “trabajo digno o decente”[3]. Algunos partidos (aunque no sus coaliciones), el PT, el PRD y en menor medida MC, mencionan algunas de sus características pero no lo retoman de manera completa y sistemática, tal y como lo definen la OIT y la Ley Federal del Trabajo (LFT). Lo anterior pude reflejar desconocimiento o discrepancia. En cualquier caso, revelaría que no pretenden emprender acciones para que se cumpla la ley o no consideran relevante un conjunto de políticas de fomento al empleo que permitirían abatir eficazmente la desigualdad y la pobreza.
Repasemos otros temas:
Marco institucional: ningún partido o coalición hace referencia a la reforma constitucional de 2017 ni a la necesidad de adaptar la LFT[4] en congruencia con esas modificaciones. De nuevo encontramos aquí, o bien un preocupante desconocimiento del estado actual de la legislación laboral, o una falta de compromiso para responder a los retos y problemas más urgentes e ineludibles.
Seguro de Desempleo: Únicamente el PRD propone “instaurar” el seguro del desempleo. Los demás ignoraron esta propuesta que se debatió en el Congreso de la Unión hace algunos años y que sigue siendo altamente recomendada por la OIT. No contamos con el espacio suficiente para explicar la importancia de este tema, pero valga señalar que, como ha demostrado la experiencia, particularmente en la Ciudad de México, se trata de un instrumento indispensable de la política laboral para mitigar los efectos del desempleo, alentar la reincorporación al mercado de trabajo, y facilitar la capacitación.
Pensiones y jubilaciones: se trata también de un asunto de gran importancia sobre todo cuando expertos de todos los ámbitos han advertido que México enfrentará en unos años una grave crisis debido al pobre desempeño del modelo contributivo que se impuso en 1995 (bajo administración privada, con aportaciones individuales y rendimientos inciertos). Hay dos enfoques. Las coaliciones “Juntos” y “Todos” coinciden en la universalización de las pensiones, bajo una modalidad no contributiva para los adultos mayores (de 65 años). En cambio, la coalición “Al Frente” parece inclinarse por revisar y reparar el sistema contributivo vigente, mediante diversas medidas[5]. Debe reiterarse, sin embargo, que con o sin pensión universal, resultará ineludible encontrar soluciones al sistema de jubilaciones imperante, debido al riesgo que correrán millones de trabajadores, que aportaron por más de veinte años parte de su salario, de obtener, al final de sus vida laboral, una ingreso insuficiente o nulo.
Renta básica universal: Esta propuesta sólo la sostiene la Coalición “Al Frente”. Su redacción es lacónica: “proponemos una renta básica universal que atienda las necesidades de las personas y garantice su libertad”. La plataforma no abunda en las fuentes de financiamiento ni en sus modalidades ni plazos. Ello hace suponer que no está debidamente sustentada ni se ha estudiado a fondo. Por su lado, el PVEM propone una modalidad: renta mínima básica[6]. Ésta, sin embargo, no fue retomada por la coalición que pactó este partido con sus otros dos aliados.
La plataforma del PRI está basada en la necesidad de mantener el modelo económico y social vigente bajo el supuesto de que dará resultados en un futuro indeterminado. Sus ideas son, por lo tanto, escasas y muy limitadas. Frente a este proyecto continuista, las coaliciones y partidos opositores se han pronunciado en favor de un conjunto de cambios. Sin embargo, sus propuestas para fomentar y proteger empleos dignos, mejorar los ingresos de los trabajadores y sus condiciones laborales, tal y como están contenidas en las plataformas entregadas al INE, son, en general, insuficientes, dispersas, vagas y omisas.
Este ejercicio pretende subrayar que los partidos políticos le han dado poca importancia a los problemas laborales. Es un reflejo del bajo nivel de organización sindical que existe en México y de un perfil ideológico y programático de las izquierdas que se ha venido diluyendo cada vez más.
De ahí la necesidad de plantear, gane quien gane las próximas elecciones, el impulso a las organizaciones sociales independientes, particularmente las relacionados con el mundo del trabajo, y la reorganización de las izquierdas. De otro modo, los trabajadores mexicanos seguirán padeciendo pobreza, inseguridad y desamparo. Y nadie se preocupará por estos asuntos.
Ciudad de México, 26 de abril de 2018
[1] Los contratos colectivos de protección patronal son instrumentos jurídicos que se pactan sin el conocimiento de los trabajadores entre un sindicato legalmente registrado y el patrón o representante de la empresa. Contienen las prestaciones y derechos mínimos que marca la ley y nunca son negociados con los representantes legítimos de los trabajadores. Estos contratos simulan cumplir los ordenamientos vigentes bajo la apariencia de que existe una organización representativa de los trabajadores. Según algunos investigadores, 90 por ciento de los trabajadores asalariados están contratados bajo este esquema ficticio
[2] Revisamos las correspondientes a las coaliciones “Juntos haremos historia” (Morena, PT, PES, en adelante “Juntos”); “Por México al Frente” (PAN, PRD, MC, en adelante “Al Frente”); y la que encabeza el PRI, “Todos por México” (de la que también forman parte el PVEM y Nueva Alianza, en adelante “Todos”). Asimismo, las entregadas por los partidos Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), PT (Partido del Trabajo), PES (Partido Encuentro Social), PAN (Partido Acción Nacional), PRD (Partido de la Revolución Democrática), MC (Movimiento Ciudadano), PRI (Partido Revolucionario Institucional), PVEM (Partido Verde Ecologista de México) y NA (Nueva Alianza). Nos limitamos a consultar estos documentos porque consideramos que son los compromisos públicos que asumen legalmente los partidos ante la sociedad. Existen, desde luego, otros estudios y pronunciamientos elaborados por los actores políticos. López Obrador, por ejemplo, dio a conocer en noviembre del año pasado un documento muy amplio llamado Proyecto 18. Algunas observaciones expresadas en este trabajo podrían considerarse subsanadas o definidas de manera más amplia en estos documentos. Sin embargo, consideramos que las plataformas registradas ante la autoridad competente resumen (o deberían hacerlo) las prioridades y la orientación fundamental de sus objetivos en el gobierno y en el Congreso.
[3] El término aludido, definido por la OIT, es parte no sólo de los convenios que ha firmado México con esa organización: también aparece en la Ley Federal del Trabajo desde 2012. Expresamente el artículo segundo de este ordenamiento dice:
“Las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales” Asimismo expresa que: “Se entiende por trabajo digno o decente aquel en el que se respeta la dignidad del trabajador, no existe discriminación por origen étnico o nacional, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo”. Y agrega que: “El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva”. En razón de lo anterior, se podría suponer que el término señalado debería ser asumido por los partidos y candidatos como punto de partida para delinear sus propuestas en materia laboral.
[4] Las reformas al artículo 123 (febrero de 2017) han sido consideradas como las más importantes desde 1917 pues se decretó una nueva justicia laboral mediante la creación de juzgados laborales adscritos al poder judicial, terminando así con las Juntas (locales y federales) de Conciliación y Arbitraje. Asimismo, la instalación de un órgano independiente encargado de la conciliación entre empleados y empleadores y del registro de contratos colectivos y sindicatos, responsabilidades que recaen hasta ahora en las Juntas o en la Secretaria del Trabajo. Y, finalmente, el voto secreto para elegir a sus dirigentes sindicales y los términos de la contratación colectiva. Sin embargo, la reforma constitucional ha quedado inconclusa pues no se ha reformado consecuentemente la LFT, provocando incluso una “vacatio legis” pues los plazos para esta adecuación están vencidos. De ahí la importancia de que las coaliciones y partidos se pronunciaran sobre este asunto pues de ello depende la posibilidad de acceder a una mejor justicia laboral y de construir un nuevo sindicalismo basado en la democracia y la libertad de asociación. Algunos partidos (PT, PRD, MC y NA), aunque no las coaliciones en las que participan, se refieren a la necesidad de nuevas reformas laborales, pero no discuten la que se hizo en 2017 ni sobre los cambios que ella supone en la LFT.
[5] El PAN específicamente propone: incrementar las aportaciones para el fondo de retiro; reducir las comisiones de las Afores; y fusionar o hacer intercambiables para el derechohabiente los fondos de vivienda y pensiones. MC se pronuncia por mejorar la supervisión y control de los sistemas de pensiones de reparto de los estados y municipios.
[6] Según este partido la diferencia entre una renta universal básica y una renta mínima básica se refiere a los beneficiarios. La primera abarcaría a todas las personas; la segunda sólo aquéllas que no cuenten al menos con un ingreso mínimo básico, es decir, sería un programa focalizado. El partido se inclina por segunda modalidad y sostiene que existen recursos suficientes, bajo las condiciones actuales, para financiar este programa.
Sindicatos rechazan en el Senado la iniciativa de reforma laboral del PRI CTM CROC
Es peligrosa y destructiva de los derechos de los trabajadores en México
Por Gabino Jiménez/reformalaboralparatodos
5 de abril de 2018, Ciudad de México.- Sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, laboralistas, apoyados por el Grupo Parlamentario PT-MORENA sostuvieron una conferencia de medios para expresar su preocupación y rechazo por la iniciativa “tan nociva presentada por el gobierno, disfrazada a través de líderes sindicales” afirmó el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes
Es una iniciativa de ley tan peligrosa y tan destructiva de los derechos de los trabajadores en México, que ya rebasó las fronteras nacionales, y es uno de los capítulos de mayor tensión del Tratado de Libre Comercio por lo que organizaciones sindicales de Estados Unidos como la International Brotherhood of Teamsters y la AFL-CIO han manifestado mediante cartas al Senado su preocupación de la violación de derechos humanos en materia laboral en México, indicó Fernández Fuentes.
En la conferencia efectuada en el Senado de la República hablaron Arturo Alcalde Justiniani, José Luis Téllez del Sindicatos de Telefonistas de la República Mexicana, Osacar Alzaga del Sindicato Minero, José Olvera del STUNAM, Saúl Escobar Toledo del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, Gladys Cisneros de la AFL-CIO y el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del grupo parlamentario PT-MORENA.
Arturo Alcalde Justiniani, abogado laboralista dijo que la reforma constitucional de febrero de 2017, fue histórica en parte porque atendió a varias preocupaciones que venían planteando las organizaciones democráticas en el país, esencialmente en dos aspectos.
- La necesidad de tener estado de derecho, esto es , que se respetara la división de poderes y que fueran jueces imparciales los que impartieran justicia laboral en nuestro país.
- Recuperar la negociación colectiva para que dejara de estar atrapada en el circuito de simulación y corrupción que es propio de los Contratos Colectivos de Protección Patronal.
“Esperábamos un escenario totalmente distinto. La verdad es que el proyecto de minuta que se presenta en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Senadores contradice totalmente el compromiso establecido en la reforma constitucional” afirmó Alcalde Justiniani
“En lugar de estado de derecho, se regresa al tripartismo en la impartición de justicia a través de un órgano malamente denominado Instituto Federal de Conciliación y Registro Laboral “ que de aprobarse será un instrumento para impedir el ejercicio de los derechos colectivos.
La iniciática PRI CTM CROC también imponen requisitos imposibles de cumplir. Ninguna organización democrática estaría en posibilidad de transitar hacia un contrato colectivo auténtico o hacia una organización representativa.
Y por último, se cancela un compromiso central establecido en la Constitución del voto secreto y personal de los trabajadores para decidir con quién se firma un contrato colectivo.
éste proyecto porque sería la cancelación de los derechos laborales y cancela en voto secreto.
Finalmente, Arturo Alcalde, hizo un llamado a los legisladores para que e no se tome la decisión apresuradamente, para que exista consenso, un diálogo para transitar hacia un modelo laboral razonable para beneficio de los trabajadores, de los empresarios, y del país.
José Luis Téllez, a nombre de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), señaló que esta central de trabajadores se manifiesta por el respeto irrestricto a los términos de la reforma constitucional (febrero 2017), misma que por una parte recoge claramente las banderas históricas del sindicalismo democrático, pero además, en segundo lugar y no menor, recoge precisamente las características que requiere este país para poder desarrollarse económicamente.
Asimismo criticó que las propuestas de desarrollo económico únicamente sean salarios prácticamente de hambre y Seguro Social, apoyada ahora con la propuesta de reforma laboral del la CTM y CROC, la cual afirmó, “es un golpe severísimo a los contratos colectivos y al sindicalismo democrático e independiente .
Reafirmó que la UNT, se pronuncia por el respeto irrestricto a los términos de la reforma constitucional y, desde luego, rechazamos de manera categórica el anteproyecto de dictamen que actualmente está en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Oscar Alzaga del Sindicato Minero, señaló que el contenido de la iniciativa de PRI es una agresión brutal a los derechos del trabajo de todos los trabajadores de México “Lo que no entendemos es por qué la CTM y la CROC están suscribiendo una reforma que es una declaración de guerra en contra de los trabajadores del país. Es un acto de traición de quienes dicen representar a los trabajadores”
En México no hay libertad sindical. Esta es una gran demanda de los trabajadores mexicanos. Cómo puede haber libertad de expresión y no libertad sindical? Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha equiparado la libertad sindical de los trabajadores con la libertad de expresión.
Saúl Escobar Toledo, del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, dijo existe voto directo y secreto para la elección del presidente de la República, senadores, diputados, alcaldes, concejales, gobernadores, etc., pero en los sindicatos el voto secreto para elegir a los dirigentes no existe a pesar de que la Constitución lo señala claramente en la reforma de febrero de 2017, la Ley reglamentaria (del PRI) quiere contravenir y socavar el voto directo y secreto de los trabajadores para elegir a sus dirigentes y para decidir qué sindicato y qué contrato colectivo quieren, y cómo piensan entablar la relación laboral y cómo piensan defenderse.
“La Constitución abrió la posibilidad de una transición democrática dentro del sindicalismo mexicano. La ley reglamentaria que se está discutiendo en el Senado y la propuesta de los Senadores priístas quiere cerrar la transición democrática en los sindicatos”
Saúl Escobar, también se refirió al tema de la solidaridad mostrada a la UNT por los sindicatos norteamericanos y canadienses sobre este asunto. Porque, dijo, están preocupados que México atraiga inversiones con base en la baja calidad de los empleos, bajos salarios, malas condiciones de trabajo, sindicatos que no representan a nadie y contratos que se firman antes de que las empresas empiecen a trabajar.
La reforma de febrero de 2017, abría la posibilidad de cambiar estas cosas, de tener sindicatos representativos y por eso hay una unidad cada vez mayor entre los trabajadores y sindicatos más representativos e México, Estados Unidos y Canadá, para abatir esta dinámica de deterioro laboral para atraer inversiones.
Esta reforma laboral requiere de una consulta y un trabajo detallado y amplio, que es lo que estamos exigiendo. Una consulta, un trabajo cuidadoso, responsable, transparente y amplio.
José Olvera, del STUNAM, informó de dos cartas que enviadas al Senado pidiendo que se deseche la iniciativa presentada por los senadores del PRI, ya que violenta los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, y es una auténtica contrarreforma en materia procesal.
Las cartas son de la Confederación Sindical de las Américas (CSA), Confederación Sindical Internacional (CSI)
A nombre de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations) AFL-CIO, habló Gladys Cisneros señaló que rechazan firmemente esta iniciativa de ley, y que se suman al llamado de nuestros compañeros y compañeras de la UNT, de los mineros y de todo el sector independiente obrero en México.