El secretario del Trabajo, Roberto Campa Cifrián, participó ayer en la ceremonia de conmemoración del Día Nacional por la Inclusion Laboral en el Castillo de Chapultepec: Foto Luis Humberto González
El secretario del Trabajo confirmó que el tema salió de las leyes secundarias
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Miércoles 28 de febrero de 2018, p. 19
Se deben diseñar políticas públicas para que haya mayor inspección en las empresas de subcontratación y evitar que éstas sigan eludiendo el pago de impuestos y sus obligaciones laborales, aseguró el secretario del Trabajo, Roberto Campa Cifrián, luego de confirmar que el planteamiento de “flexibilizar” la tercerización ya fue eliminado de las iniciativas de leyes secundarias de la reforma de justicia laboral.
El funcionario sostuvo que el outsourcing es uno de los puntos “ríspidos y delicados” que han estado atorando la votación de las iniciativas en el Senado. Sin embargo, una vez que por consenso este tema fue sacado de la discusión, así como otros, se espera que sean aprobadas en esta cámara y en la de Diputados antes de que termine el actual periodo de sesiones.
Entrevistado durante la ceremonia para conmemorar el Día Nacional por la Inclusión Laboral, Campa explicó que ya venció el plazo de un año que dio el constituyente para tener listos los ordenamientos en materia laboral. Sin embargo, dijo, “confiamos en el que el Congreso en ambas cámaras, antes de que termine este periodo, pueda legislar en una materia que resulta de la mayor importancia para los trabajadores”.
Expuso que a partir de la aprobación de estas iniciativas habrá un lapso de nueve meses para que se pongan en marcha los tribunales laborales en el país, empiece a operar el nuevo instituto de conciliación y las juntas dejen de recibir los juicios obrero-patronales, porque las controversias laborales ahora se dirimirán en tribunales y se dará tiempo para hacer esta transformación.
Se tenía previsto que en noviembre de este año empiece a funcionar el instituto de conciliación y las juntas dejen de recibir los asuntos. No obstante, éstas no desaparecerán de inmediato, sino que tendrán un plazo de cuatro años para concluir el cúmulo de expedientes que tienen.
En cuanto a la flexibilización del outsourcing aseguró que hay consenso entre los legisladores y sectores involucrados en la reforma laboral para que no forme parte de las leyes secundarias. Por el contrario, es necesario fortalecer la inspección sobre estas empresas para evitar que dejen de cumplir sus obligaciones laborales y de pago de impuestos.
En ese acto Campa informó que se han entregado distintivos de empresa incluyente a 2 mil 479 compañías, de empresa familiarmente responsable a 2 mil 133 y el reconocimiento de empresa agrícola libre de trabajo infantil a 472 centros laborales.
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Necesario fortalecer políticas para que empresas cumplan normas laborales: Roberto Campa
El secretario del Trabajo y Previsión Social expuso que el plazo que se había dado el Constituyente de un año para aprobar la ley secundaria en materia de justicia laboral se está venciend
27 DE FEBRERO, 2018 NOTIMEX
Foto: Cuartoscuro/Archivo | Roberto Campa resaltó que la informalidad en México se ha reducido en un tres por ciento
El secretario del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián, afirmó que es necesario fortalecer las políticas públicas para obligar a las empresas de subcontratación (outsourcing) a cumplir con la legislación laboral y con los requerimientos fiscales.
Entrevistado al término de la ceremonia conmemorativa del Día Nacional por la Inclusión Laboral, expuso que el plazo que se había dado el Constituyente de un año para aprobar la ley secundaria en materia de justicia laboral se está venciendo.
Mencionó que hay avances en la discusión de este tema tan importante para el mundo laboral “y esperamos que antes de que concluya este periodo ordinario de sesiones sea aprobada tanto por el Senado de la República como por la Cámara de Diputados”.
Uno de los temas más ríspidos y delicados, dijo, era el de “outsourcing” y la Secretaría del Trabajo fijó su postura respecto a que no debía formar parte de esta propuesta.
Después de excluir este tema, abundó, hemos conversado con los representantes de los diferentes factores de la producción y se acordó que este tema estorba en la discusión de las reformas secundarias en materia de justicia laboral.
Hizo notar que el Artículo 15 A de la Ley Federal del Trabajo establece con toda claridad el tema de la subcontratación y la forma en que los patrones deben asumir su responsabilidad con sus trabajadores.
Necesitamos, abundó Campa Cifrián, que los patrones cumplan plenamente en materia laboral con lo que establecen las tres disposiciones que hay en esta materia.
Asimismo, las empresas de “outsourcing” deben asumir su responsabilidad fiscal. “Los empresarios que se dedican a la subcontratación tienen obligaciones que cumplir con sus trabajadores”.
Por ello, insistió el secretario, es necesario fortalecer las políticas públicas para que se cumpla con la ley en este sector.
En este marco Roberto Campa resaltó que la informalidad en México se ha reducido en un tres por ciento, ya que seis de cada 10 mexicanos se encuentran en esta situación, sin protección social y percibiendo salarios más bajos.
En ese sentido comentó que no hay problemas de desempleo en el país, sino de informalidad laboral, aunque “a pesar de esta cifra se ha reducido este fenómeno económico en el país en más de tres por ciento”.
El encargado de la política laboral del país estableció que el balance en general en este sector es positivo, pues se ha logrado reducir en 600 mil el número de menores de edad que trabajan, se ha incrementado el empleo para personas de la tercera edad, así como para aquellas con alguna discapacidad.
http://www.24-horas.mx/2018/02/27/necesario-fortalecer-politicas-empresas-cumplan-normas-laborales-roberto-campa/
La reforma laboral se aprobará en el periodo legislativo ordinario: Campa
Ayer venció el plazo para definirla; sindicatos señalan que hay diferencias
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Martes 27 de febrero de 2018, p. 15
La discusión y votación de las leyes secundarias de la reforma en materia de justicia laboral en la Cámara de Senadores se encuentra frenada. Ayer venció el plazo legalmente establecido para que estos ordenamientos estuvieran aprobados por el Legislativo.
Ya deberían haber pasado por las dos cámaras legislativas, pero aún no hay acuerdos entre los diferentes sectores para sacarlas adelante.
El secretario de Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián, dijo ayer ante el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación que hay confianza en que en el actual periodo ordinario de sesiones concluya este proceso y tengamos terminada la reforma en materia de justicia laboral. Dicha ley no es un asunto menor, no implica poco, aseveró.
Aseguró a los empresarios que en las leyes secundarias no hay ninguna intención para limitar o reducir los derechos colectivos y particulares de los trabajadores mexicanos o para cambiar los formatos de contratación.
En tanto, fuentes sindicales señalaron que continúa la disputa entre diversos sectores por el contenido de la iniciativa, ya que no se ha logrado destrabar en el Senado, a pesar de que se anunció que no incluiría liberar la subcontratación (outsourcing).
La discusión en el Senado se atoró fundamentalmente porque además del tema de la subcontratación, hay diferencias muy importantes sobre los nuevos planteamientos y términos que los trabajadores deberán cumplir para emplazar a huelga señalaron a este diario.
Agregaron que en los ordenamientos se señala, por ejemplo, que no puede haber emplazamiento a huelga en una empresa que no tiene trabajadores, lo que significaría que empleados de centros comerciales –a quienes no les llaman trabajadores, sino asociados– no pueden llevar a cabo un paro por violación a sus condiciones laborales. Asimismo, las empresas de outsourcing quedarían protegidas en este caso.
Consideraron insuficiente que se mantenga sin liberalizar la subcontratación, pues se debe garantizar el carácter tutelar de la Ley Federal del Trabajo.
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/27/politica/015n1pol
AFL-CIO insta a no aprobar reforma que empeorará situación de los trabajadores
Entre otros puntos, afectaría estabilidad del empleo, advierten en el Senado expertos
Facilita la subcontratación y pretende quitar el voto libre y secreto a los sindicalizados
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Viernes 23 de febrero de 2018, p. 18
Expertos, académicos y abogados en materia laboral, así como representantes de la AFL-CIO, la principal central sindical de Estados Unidos, pidieron en el Senado mexicano que no se apruebe al vapor la ley reglamentaria del artículo 123 Constitucional, como pretenden el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el gobierno federal.
Insistieron en que se debe abrir un debate amplio, ya que se trata de una contrarreforma que afectará derechos fundamentales de los trabajadores, entre ellos la estabilidad en el empleo.
En ese foro, organizado por el Partido del Trabajo y Morena, el coordinador de ese grupo, Manuel Bartlett, expuso que PRI y Acción Nacional están desesperados por aprobar fast track la iniciativa de ley secundaria sobre justicia laboral, que presentaron los priístas Isaías González Cuevas y Tereso Medina.
Reveló que además de que en el pleno senatorial se impuso un día antes un acuerdo de PRI, PAN y el Partido de la Revolución Democrática para crear dos espacios más en la Comisión de Trabajo –para conseguir la mayoría–, ayer trataron de votar que se quite la presidencia de ese organismo al senador Miguel Ángel Chico Herrera, quien se acaba de incorporar al PT-Morena, luego de dejar el tricolor.
Bartlett expuso que pretendieron que él firmara un acuerdo cachirul, tomado sin que la Junta de Coordinación Política se haya reunido, para reafirmar su control de esa Comisión de Trabajo responsable de dictaminar la cuestionada ley secundaria de la reforma constitucional sobre justicia laboral.
Al respecto, el senador Luis Humberto Fernández, del PT Morena y moderador del foro, dijo que se debe revertir la iniciativa de Medina y González Cuevas, dirigentes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), que de manera vergonzosa presentaron esa propuesta, que es una verdadera contrarreforma laboral.
En su intervención, la directora internacional de la AFL-CIO, Cathy Feingold, resaltó que el gobierno de Enrique Peña Nieto no puede apoyar una legislación que significará que la situación de los trabajadores mexicanos va a ser peor que en la actualidad.
En el foro participó Luisa María Alcalde, propuesta por Andrés Manuel López Obrador para integrar su gabinete como titular del Trabajo y Previsión Social, en caso de que gane las elecciones. Resaltó que es necesario evitar que el corporativismo sindical vuelva a tomar las decisiones e impida una verdadera democracia y libertad sindical.
Por su parte, el consultor en derecho laboral Ezequiel Pineda hizo notar que la iniciativa del PRI facilita los despidos de personal, suprime la obligación del patrón de notificar por escrito los motivos para rescindir contratos, establece menores indemnizaciones, inhibe las justas reclamaciones de los trabajadores para disminuir las demandas laborales y facilita la subcontratación y pretende quitar el voto libre y secreto a los sindicalizados, así como facilitar la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo.
De forma similar se manifestaron los también asesores laborales Arturo Alcalde y Héctor Barba, así como los catedráticos Alfredo Sánchez Castañeda e Ismael González.
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/23/politica/018n1pol
Sinaloa: Es un outsourcing a la mexicana: Martha Tamayo
La diputada priista señala que la subcontratación ya se aplica en México, pero con respeto a derechos de los trabajadores; líderes camarales dicen que habrá trabajadores «destajistas»
Por: Lino Cardenas
21 de Febrero 2018 · 14:30 hs
Tras el señalamiento de analistas entrevistados por EL DEBATE en el que dicen que el proyecto de reforma a la Ley Federal del Trabajo pudiera lastimar a la clase trabajadora del país, la diputada priista Martha Tamayo Morales y vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados asegura en entrevista a este rotativo que la reforma llega para hacer mejoras en los derechos de los trabajadores de México.
«Esto es para buscar la justicia a los ciudadanos, y una de las cosas que se ha detectado a través de investigaciones del CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas AC) es que había insatisfacción con las juntas de conciliación y arbitraje, eso obligó que se consultaran especialistas en derecho laboral y magistrados de tribunales de contencioso»
En lo particular participé en las mesas de discusión sobre los temas y se acordó que los gestores dañan al trabajador al quedarse con parte de lo que les corresponde, y por esto se puso en la que se hicieran juzgados laborales y que se diera a un instituto federal la parte que es laboral-administrativa, pero la reglamentación está en discusión en el Senado.
La legisladora señaló que la subcontratación ya se aplica en México, pero que con la reforma tendría modificaciones: «El outsourcing ya existe en México, no se está introduciendo nada, de hecho las reformas que el PRI está proponiendo para este tema en el artículo 15 A de la iniciativa se señala de manera clara que las operaciones de subcontratación garantizarán en todos los casos los derechos de los trabajadores que están establecidos en la ley. Es decir, que no porque un trabajador esté contratado por un tercero pierde derechos, es como un outsourcing a la mexicana, y no como se realiza a nivel internacional», señaló Tamayo.
Luis Antonio Quiñónez, presidente de Canacintra en Guasave, señaló que la aplicación del outsourcing solo estaría oficializando a quienes se dedican a tener brigadas de trabajadores para prestar servicios, tanto en industrias como en la construcción, los que agregó que ellos llaman «destajistas» (persona que hace un trabajo por una paga que se ha acordado o ajustado antes).
Los sindicatos tienen otra modalidad de trabajar, ellos tienen prácticamente un listado de actividades y de salarios que corresponden a cuotas que tienen que cubrir. En este caso, a nosotros nos conviene que estas brigadas y estos destajistas estén fuera del sindicato, sostuvo.
Por su lado, Guillermo Romero, presidente de la Fecanaco en Sinaloa, dice mirar difícil la posible aprobación de la reforma: «Como toda iniciativa, tiene sus pros y sus contras. Consideramos y vemos muy difícil que puedan aprobarse estos cambios. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social está en contra, presionando mucho para que no se apruebe porque con las modificaciones y la liberación de la subcontratación nadie tendría el carácter de patrón y los trabajadores prácticamente quedarían desprotegidos, lo que lastimaría mucho la relación obrero-patronal. Se tienen que analizar muy bien las cosas, pues no se trata de hacer reformas que beneficien a un sector y afecten a otro», mencionó Romero.
Diputados y líderes camarales dan sus puntos de vista
Luego de que EL DEBATE publicara un artículo en el que se dan a conocer puntos controversiales que incluye el proyecto de reforma a la Ley Federal de Trabajo, entre los que destaca la liberación del outsourcing (subcontratación), diputados del PRI y líderes camarales del estado dieron sus puntos de vista sobre el tema. Antes, analistas entrevistados por este rotativo señalaron que la posible aprobación de la reforma pudiera ser dañina para el sector laboral del país, que vería dañados sus intereses.
https://www.debate.com.mx/politica/Es-un-outsourcing-a-la-mexicana-Martha-Tamayo-20180221-0186.html
De lesiva califican la propuesta de reforma laboral
De lesiva califican la propuesta de reforma laboral. Foto: El Universal
Aunque el secretario del Trabajo afirma que el tema del outsourcing será sacado del proyecto, hay temor de que al final se libere
Por: Francisco Castro
20 de Febrero 2018 · 09:38 hs
Sinaloa.- A pesar de proponer la liberalización de la subcontratación (outsourcing), tema que podría ser retirado del proyecto, además de facilitar los despidos injustificados, reducir las indemnizaciones y limitar el derecho a la libertad sindical, la propuesta de reforma laboral que actualmente está en el Senado de la República podría ser aprobada antes del 26 de febrero, situación que, de acuerdo con especialistas, podría poner en riesgo los derechos de los trabajadores.
Esta iniciativa, presentada el 7 de diciembre del 2017 por los senadores Tereso Medina Ramírez e Isaías González Cuevas, ambos del grupo parlamentario del PRI, ha generado cuestionamientos de especialistas en derecho laboral y sindical, pero también quejas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) e inconformidad de algunos dirigentes, como el propio Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato minero, quien el 8 de febrero advirtió en su cuenta de Facebook que esta es «la peor reforma laboral en la historia de México».
María Carmen Macías
Para la doctora María Carmen Macías Vázquez, investigadora del área de Derecho Social en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, esta polémica iniciativa es el reflejo de cómo se hacen las cosas en materia legislativa en el país: «El problema es que todo se hace apresuradamente, cuando a esto tiene que dársele el tiempo y la maduración».
El polémico tema del outsourcing
Definido legalmente como el régimen de subcontratación por medio del cual un patrón, denominado contratista, ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la Ley Federal del Trabajo contempla actualmente una serie de candados para ello.
Impide abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares, que se desarrollen en el centro de trabajo; justificarse por su carácter especializado, y no comprender tareas iguales o similares a las que realiza el resto de los trabajadores al servicio del contratante.
La reforma propone, en su artículo 1119, que a quien utilice el régimen de subcontratación en forma dolosa se le impondrá multa de 250 a 5 mil veces la Unidad de Medida y Actualización; es decir, de 2015 a 403 000 pesos, y especifica dos casos en los que se estaría incurriendo en ello.
La doctora Macías Vázquez, investigadora de la UNAM, recordó que en 2012 intentaron los legisladores federales quitar los candados al outsourcing para poder subcontratar libremente a todos los trabajadores, pero en ese momento se hizo hincapié en que esto podría causar problemas de responsabilidad a la hora de cumplir con los derechos laborales de los trabajadores.
Imagen Especial
Liberar la subcontratación abarataría la contratación de mano de obra, pero también el despido, además de que una de las finalidades de los candados existentes es garantizar que las empresas sean socialmente responsables, detalló.
Sobre las críticas de que con esta iniciativa pretenden facilitar un crecimiento en las cifras de empleo, más allá de proteger los derechos de los mismos, coincidió con ello y añadió que no se meditaron los alcances que esta podría tener: «Con el afán de dar cifras de empleo, no se medita y se quitan ciertos candados para liberalizar, pero en el fondo les falta mucha más meditación en el análisis de lo que están regulando porque el número de plazas que se abren o de contrataciones no quiere decir que sea un empleo (bien) remunerado».
Subcontratación, una práctica viciada
Para Miguel Ángel Delgado, también especialista en derecho laboral, el outsourcing es un buen sistema traído de los Estados Unidos, pero en México se le ha dado un sesgo distinto para eludir al fisco desde hace años, lo que provoca que se afecten los derechos de los trabajadores.
Napoleón Gómez
El abogado asegura que «las grandes empresas outsourcing son propiedad de funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría de Hacienda», y las más conocidas —dijo— son las que ofrecen personal de vigilancia y limpieza.
Sobre el funcionamiento viciado, explicó que estas denominadas prestadoras de servicios piden a las empresas contratantes que les pasen a sus trabajadores, por los cuales reciben el pago, y luego lo triangulan. Una especie de administración de nómina que impide al trabajador conocer a su patrón y obtener acceso a las utilidades.
«Cuando se llega la hora de repartir las utilidades, esto se hace con la utilidad de la prestadora del servicio, no con la de la empresa donde realmente trabaja».
A inicios de este mes, Arturo Alcalde Justiniani, columnista de La Jornada y especialista en derecho laboral y sindical, lamentó en su columna escrita en dicho diario nacional que, de aprobarse esta iniciativa, «se podrá acceder a la subcontratación cumpliendo tan solo con los derechos mínimos de ley», comentó.
Al respecto, el 6 de febrero, el secretario del Trabajo, Roberto Campa Cifrián, declaró que, ante la resistencia, «en la regulación de la contratación vía outsourcing deben prevalecer los principios de la reforma laboral del 2012, en donde se limita a tareas secundarias dentro de las empresas». Ese mismo día, el funcionario federal declaró a La Jornada que se sacaría del proyecto este tema del outsourcing.
Despidos e indemnizaciones flexibles
El proyecto de reforma laboral también contempla la Unidad de Actualización y Medida (UMA) y no el salario mínimo como unidad para el pago de las indemnizaciones no solo por despido injustificado, sino en caso de indemnización por riesgo de trabajo, muerte o incapacidad; además de permitir al patrón la realización de despidos masivos sin justificar el motivo de la quiebra o la «incosteabilidad» del trabajo.
Jorge Álvarez Máynez
Jorge Álvarez Máynez, diputado federal e integrante de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, en entrevista para EL DEBATE afirmó que está demostrado que si se le quitan las reglas para el despido a los patrones, esto no genera mejores empleos, lo único que causa es que se dañen los derechos de los trabajadores y las capacidades de estabilidad, pues explica que los empleados quedan tan desprotegidos que no tiene posibilidad de dar su mejor resultado.
Comentó que, pese a la gran desigualdad social, con expresidentes de la República con pensiones de 50 millones al año, no debería haber pretextos para garantizar a los ciudadanos estándares mínimos de bienestar, donde tuvieran un ingreso básico que les permita cumplir con los más elemental: «Esto no significa darle un salario o ingreso máximo a todos los mexicanos o que todos tengan un mismo sueldo por decreto, sino que “exista un piso” de protección para quienes padezcan un problema, y el desempleo lo pueden afrontar con una mínima dignidad», indicó.
Para Arturo Alcalde Justiniani, las reglas que se proponen sustentarían la precariedad y la violación de los derechos humanos laborales, y así lo escribió en su columna titulada «Carta a los legisladores», publicada el 3 de febrero en La Jornada.
Las 5 claves
- Expertos advierten falta de consenso con organismos no oficialistas
- A nivel internacional se teme un atenta do contra la libertad sindical
- No garantiza un salario digno, como lo exige el TLC, opina investigadora
- Laboristas ven la mano de empresarios en la liberación del outsourcing
- Descartan que el tema electoral frene la aprobación de la reforma
PARA ENTENDER
Prometen más empleos
Como parte de la justificación de la reforma laboral, los senadores expusieron en la sinopsis que esta «incentivaría la creación de empleos e incrementaría la protección de los derechos individuales de los trabajadores». Sin embargo, expertos en derecho laboral y sindical advierten que esto va contra el trabajo colectivo y generaría trabajos mal pagados.
Con información de David Ortega, corresponsal
https://www.debate.com.mx/sinaloa/De-lesiva-califican-la-propuesta-de-reforma-laboral-20180220-0040.html
Vía libre a sindicatos de protección en ley que discute el Senado: ASPA
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Miércoles 21 de febrero de 2018, p. 16
La iniciativa de leyes secundarias de la reforma laboral que se encuentra en análisis en el Senado anula la existencia de los sindicatos gremiales y da vía libre a las organizaciones de protección patronal, señaló el secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación (ASPA), Mario González Aguilera.
El dirigente encabezó un mitin de pilotos a las afueras del Senado para protestar por dicha iniciativa, y advirtió que la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) buscará aprobar la iniciativa en el paquete legislativo del 26 de febrero.
El capitán González Aguilera sostuvo que el proyecto de ley tendría un grave impacto negativo sobre los trabajadores del país, ya que los dejará sin protección alguna, además de que afecta de manera notable el artículo 388 de la Ley Federal del Trabajo, anulando la existencia de los sindicatos gremiales, a la vez que fomenta la contratación ilegal y da vía libre a los sindicatos de protección patronal.
Aseguró que la propuesta busca aumentar el control estatal en materia colectiva, en la que el patrón será juez y parte, privatizando así los derechos laborales; restringe el ejercicio de los derechos colectivos, y fomenta la subcontratación, por lo que dicha reforma legaliza el trabajo salvaje.
Durante la movilización, en la que participaron otros sindicatos, González Aguilera expuso que las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo son regresivas y atentatorias contra los derechos de los trabajadores, particularmente de los pilotos aviadores.
Hizo ver que en contraparte se presentó una iniciativa que protege los derechos laborales y que en los próximos días también llegarán al país representantes de gremios internacionales como la Federación Estadunidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés) y el Congreso Laboral Canadiense (CLC), a fin de apoyar el rechazo al proyecto de reforma presentado por senadores del PRI.
En el mitin, legisladores del Partido de la Revolución Democrática se comprometieron a no permitir en el Senado ninguna norma lesiva a los derechos de los trabajadores.
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/21/politica/016n2pol
Entre parches y reforma integral laboral
Patricia Kurczyn Villalobos
14 de febrero de 2018, 23:17
En el 2012, en los últimos momentos de la administración de Felipe Calderón se reformó la Ley Federal del Trabajo. ¿Un acierto? No lo creo, y ahora una de mis dudas se repite: ¿Por qué una reforma laboral en el último tramo de gobierno? ¿Habrá condiciones y quedará espacio para consolidar una reforma del tamaño de la que se propone ahora y de la constitucional del 2017? ¿Hubiera sido democrático que la iniciativa presentada ante los Senadores el pasado 7 de diciembre, se conociera para su análisis en foros de abogados, entre los sindicatos de trabajadores, en la academia y no sólo con el sector patronal? A fin de cuentas, muchas cabezas piensan más que unas cuántas; ahora esperemos que los legisladores analicen concienzudamente tal iniciativa y la rechacen, así habrán de evitar la regresividad del derecho humano al trabajo.
Permítanme referirme como derecho a la estabilidad en el empleo, legítima aspiración de la clase trabajadora que establece la ley vigente y que hoy se pretende vulnerar. La reforma propuesta facilita el despido del trabajo, lo que implica truncar derechos de antigüedad y todo lo que ello conlleva. Despedir a trabajadores libremente, cuando tampoco existe el seguro de desempleo, es insensato y facilita al empleador la liberación de responsabilidades laborales. Esta reforma representa un desafío a la justicia social y genera un reto para la sociedad que al final cargará con las necesidades de la clase trabajadora.
Por otro lado, el outsourcing es una modalidad administrativa que surgió en Inglaterra en la década de los años 80. Se trata de allegarse de elementos externos para facilitar la gestión administrativa que, sin duda, es de gran utilidad cuando se aplica para que la empresa se enfoque en sus actividades y finalidades esenciales. Sin embargo, cuando se utiliza para realizar actividades esenciales de la empresa, se convierte en un instrumento de liberación de responsabilidades laborales y fiscales. Las empresas de subcontratación convierten el trabajo humano en mercancía; rompiendo con ello las reglas del trabajo digno y decente. Los empleados de un “patrón” trabajan para un tercero y se convierten en mercancía, una violación a los derechos humanos. La subcontratación dificulta la cohesión social e impide la sindicalización —defensa organizada de los derechos laborales—. La ley vigente exige la responsabilidad solidaria de las empresas contratantes con las de tercerización, ¿pero se cumple?
Agreguemos a la legalización de esta ficción abrir el trabajo a prueba sin condicionamientos como lo propone la iniciativa, con lo que se reducirían las oportunidades de capacitación y con ello menos productividad y otras prestaciones, como las de antigüedad, días de vacaciones, reparto de utilidades y otras, además del impacto en la seguridad social.
Una reforma progresiva como corresponde al siglo XXI impondría estrictas normas para que las empresas de tercerización se constriñan a actividades específicas y especializadas de las empresas contratantes; cumplan con el principio de igualdad de remuneración, y con sus obligaciones en general. Entre ellas, las de capacitación, de reparto de utilidades, registro de empleados en el IMSS, el cumplimiento de las normas de higiene, salud y medio ambiente en el trabajo, rigurosa inspección, etcétera. Sugiero, en cambio, que se contemple la ratificación del C. 156 de la OIT sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares (de 11 agosto 1983). Lo agradecerían las familias mexicanas.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Entre-parches-y-reforma-integral-laboral-20180214-0153.html
La contrarreforma laboral
El 24 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de Justicia-Laboral, con la cual se logró:
Transferir la impartición de justicia laboral a los Tribunales laborales del Poder Judicial.
Crear un organismo encargado del proceso Conciliatorio. El organismo descentralizado en materia laboral contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.
Brinda certidumbre a los trabajadores en su orden democrático en las modalidades de voto directo y secreto, para procesar las principales determinaciones de los sindicatos.
Este 24 de febrero de 2018 se cumple el plazo para llevar a cabo las adecuaciones legislativas que correspondan para dar cumplimiento a lo anteriormente comentado.
Con sospecha, vemos el cinismo de supuestos líderes que presentaron una contrarreforma que, de aprobarse, hará gran daño a la clase trabajadora.
La contrarreforma anula los pocos logros que se dieron con la reforma constitucional. En un momento en el que el mundo gira en favor de lo social, cuando la tendencia es proteger a los trabajadores, esta iniciativa los desprotege.
Entre los altos costos que implica la desafortunada iniciativa, se encuentra la liberación del outsorcing, que no sólo es un medio para evitar la contratación de entrega de derechos, sino también un elemento coadyuvante del lavado de dinero.
Uno de los logros más importantes de la reforma fue el voto secreto como condición para la firma de un contrato colectivo, en la iniciativa ni se menciona, se ignora, con lo que se vuelve a potenciar el negocio sindical de los contratos de protección, que ahora en muchas entidades del país implican un profundo vínculo con el crimen organizado, lo que representa una amenaza al Estado de Derecho y a la planta productiva.
En lo referente a la conformación del nuevo organismo de registro de sindicatos y contratos colectivos, parece que el Estado renuncia a la conducción de las relaciones laborales, dejándolas en manos de los sindicatos charros y los patrones, ya que contrario a lo que establece la ley, el Estado queda en representación minoritaria. También facilita el despido injustificado y masivo, propone reajustes salariales, reduce indemnizaciones por riesgo de trabajo. En síntesis, es una ley demeritoria de los derechos de los trabajadores.
La iniciativa, no sabemos si es una provocación, una impericia o un tiro parto. Si bien hay fecha límite para su legislación, ¿cuál es la razón para que el gobierno, a través de su servidumbre, remita una ley tan ofensiva y violenta en contra de los trabajadores en un momento electoral?
Estamos en favor de la reglamentación de la reforma laboral, sin duda, pero la reglamentación debe darse con una visión de responsabilidad y progreso. La iniciativa significa un paso hacia atrás, es otro caso más de cuando la visión conservadora se viste de progresista para envolver y engañar.
XXX TWITTER: @LuisHFernandez
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/la-contrarreforma-laboral-952306.html
“Cumpliremos tiempos en justicia laboral”
Más consultas, innecesarias: Isaías González
Uno de los autores de la iniciativa de legislación secundaria aseguró que la redacción del dictamen ya está muy avanzada.
María Del Pilar Martínez
14 de febrero de 2018, 23:34
Tras señalar que el Senado de la República cumplirá con el tiempo estipulado para la aprobación de la legislación secundaria en materia de justicia laboral, misma que se cumple al término de este mes, el senador del PRI, Isaías González Cuevas, afirmó que no hacen falta más consultas sobre el tema cuando lo que se quieren es dar paso a un nuevo sistema de procesal en la materia.
En entrevista, comentó que nadie se puede oponer a terminar con el “coyotaje” que se registra en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sea federal o local, y en donde el único perjudicado es el trabajador, “de ahí la importancia de la aprobación de las leyes secundarias que cumplen con lo que se aprobó en la Constitución el año pasado”.
El legislador, quien es autor de la iniciativa de leyes secundarias, afirmó que “hay personas que no quieren que se cambie el sistema porque tienen un beneficio, son los que se oponen al cambio, les representa un negocio que al final perjudica al trabajador”.
Cabe destacar que el pasado martes se aprobó por unanimidad un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para abrir espacio a una “amplia consulta” sobre la propuesta en la legislación para una nueva impartición de justicia laboral. De acuerdo con los tiempos en el proceso legislativo, las leyes secundarias deben estar aprobadas para el 26 de febrero.
El también secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC)expuso que avanzar en un proceso modelo de impartición de justicia permitiría disminuir el rezago que se tiene en las juntas, “tan sólo en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tienen un rezago de juicios de 430,000; y ahí quienes están ganando son los intermediarios”.
Recordó que los cambios, primero en la Constitución, fueron resultado de un amplio análisis que encargó el presidente Enrique Peña Nieto al Centro de Investigación y Docencia Económica, “ahí se encontraron y se documentaron los vicios del sistema de imputación de justicia, y es eso, sólo eso lo que pretendemos que avance. No son necesarias ya más consultas”.
Con respecto al tema de outsourcing, que causó controversia, reiteró que ya se tuvo un acuerdo con senadores, la Iniciativa Privada y el gobierno para determinar que no se eliminarán los candados al régimen de la subcontratación, ni se modificarán los artículos 15, 15-A, 15-B, 15-C y 15-D de la Ley Federal del Trabajo.
González Cuevas afirmó que se mantendrá el texto vigente de los artículos que reglamentan la subcontratación, y la limitan a aquellas actividades que no sean estratégicas para la empresa, como las administrativas, ventas, gestión, logística, y limpieza. Explicó que la redacción del dictamen de la iniciativa de reforma a diversas leyes en materia de justicia laboral ya está muy avanzada y las modificaciones son analizadas con mucho detenimiento para garantizar que no haya despido de trabajadores ni se abarate la mano de obra.