5 ABR, 2019
Los cambios son profundos
Cuenta corriente
ALICIA SALGADO
El dictamen que integró la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado del PES, Manuel de Jesús Baldenebro, fue entregado el miércoles por la tarde a las representaciones empresariales y obreras, en cumplimiento con el “compromiso” del presidente, Andrés Manuel López Obrador, pero de ahí a que cuente con el acuerdo de todos, está por verse.
Los cambios son profundos y no sólo involucran a la Ley Federal del Trabajo, sino también a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a la Ley de Defensoría Pública, a la Ley del Infonavit y a la Ley del Seguro Social.
La reforma engloba grandes frentes: negociación colectiva, libertad sindical, derecho al trabajo, justicia laboral, seguridad social, protección de inversión de las empresas, pero en particular se incluyeron los acuerdos del Anexo 23 del T-MEC negociado el año pasado con Estados Unidos.
En principio, los tribunales laborales nacen con presupuesto, lo que implica que Hacienda hará frente al mandato, no se elimina el tripartismo entre Infonavit, IMSS e ISSSTE, pero se crean nuevas figuras.
En el Anexo 23 para cumplir con él se incluye en el 133 la prohibición a los patrones de intervenir o interferir en la organización de sindicatos y contratación colectiva, además, la representatividad de ésos la constatará una autoridad certificadora (Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral), pues debe mostrarse que el sindicato tiene al menos el 30% de la planta laboral afiliada.
Se eliminan la obligación de sindicación forzosa, la representación patronal vía outsourcing y las diferencias se resuelven en el Centro Federal de Conciliación o en los Centros de Conciliación Locales, y si en tiempo específico no hay acuerdo, pasarán a tribunales laborales. Hay disposición de negociar, siempre y cuando los centros de conciliación sean tripartitos y exista la posibilidad de injerencia de sindicatos externos (internacionales) en empresas mexicanas.
Etiqueta: tribunales laborales
Dictamen laboral sanciona pactos sindicales en lo oscurito
COMISIÓN DEL TRABAJO PRESENTÓ AYER EL DOCUMENTO
Los sindicatos que se corrompan por patrones perderían el registro; se plantean reglas para garantizar democracia sindical.
Felipe Morales, Gerardo Hernández Y Pilar Martínez
05 de abril de 2019, 01:04
La reforma laboral les cerrará la puerta a los acuerdos en lo oscurito entre empleadores y sindicatos.
De acuerdo con el proyecto de dictamen de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que se pondrá a discusión entre los diputados en los próximos días, los actos de extorsión o entrega de dádivas entre líderes sindicales y patrones causarán la pérdida del registro de la organización obrera.
Los legisladores agregaron que esta disposición dentro de la propuesta original de reforma que presentó la bancada de Morena en la Cámara de Diputados a nombre del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, es una medida para evitar la corrupción en las negociaciones contractuales.
“Se considerará que un sindicato incumple con su objeto o finalidad cuando sus dirigentes, apoderados o representantes legales incurran en actos de extorsión en contra de los patrones, exigiéndoles un pago en dinero o en especie para desistir de un emplazamiento a huelga o abstenerse de iniciar o continuar un reclamo de titularidad de contrato colectivo de trabajo”.
Estos ajustes van de la mano con medidas que fueron incluidas en el proyecto para evitar la figura de los sindicatos “fantasma” y el uso de los contratos de protección.
Ayer, la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados presentó, en sentido positivo, el dictamen de la reforma en materia de justicia laboral, cuyo eje rector es el fortalecimiento de los mecanismos de la contratación colectiva, así como la libertad sindical y la creación de tribunales laborales.
Lo anterior, permite “dar cumplimiento a estos compromisos internacionales, y sin perjuicio de la autonomía sindical que rige para los procedimientos de deliberación interna de los sindicatos”, refiere el documento que presentó la Comisión de Trabajo que encabeza el legislador del Partido Encuentro Social (PES), Jesús Baldenebro Arredondo.
En un documento de más de 600 páginas, refiere que éste “logra los consensos que permitan establecer un nuevo paradigma en la impartición de justicia laboral, los esquemas de libertad sindical y los procesos de negociación colectiva, que responda a las necesidades y al contexto actual de las relaciones laborales”.
Tras la reforma, ninguna organización sindical podrá demandar la titularidad de un contrato colectivo de trabajo si no cuenta entre sus afiliados con trabajadores de la empresa en cuestión. Esta disposición fue incluida dentro del catálogo de “actuaciones improcedentes” y que podrán ser denunciadas ante el Poder Judicial.
En el proyecto de dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en San Lázaro los diputados advierten que se ha abusado de la figura de los sindicatos fantasma en México, lo que ha corrompido las negociaciones de los contratos colectivos de trabajo.
“Un producto de las huelgas por extorsión han sido los miles de contratos de protección que han sido firmados a espaldas de los trabajadores y al amparo de una legislación que no requiere la representatividad de los ‘líderes’ sindicales que ejercen este derecho, muchas veces sin tener siquiera trabajadores o un centro de trabajo en operaciones”, se puntualiza en el documento.
Adiós al tripartismo
Con la reforma laboral desaparecerán las juntas de conciliación y arbitraje, las cuales serán sustituidas por un órgano independiente, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, tal como se propuso en la iniciativa de Morena, el cual se encargará de la resolución de conflictos previo a la fase judicial y del registro de los sindicatos.
En las audiencias públicas que llevó a cabo la Comisión de Trabajo, diversos líderes sindicales y representantes de la Iniciativa Privada pidieron que se mantuviera la estructura tripartita en el nuevo organismo, tal como operan actualmente las juntas de conciliación.
Sin embargo, los legisladores decidieron mantener la naturaleza independiente del Centro de Conciliación y no incluir la participación de la representación patronal y la obrera. Lo anterior, se expresa en el dictamen, porque “el tripartismo genera una especie de simulación en la solución de los conflictos”. El director general será designado por el Senado de entre una terna propuesta por el Presidente de la República. Su Junta de Gobierno será integrada solamente por los secretarios del Trabajo y de Hacienda, y los titulares de los institutos nacionales de Estadística y Geografía (Inegi), de Acceso a la Información (Inai) y Electoral (INE).
El tripartismo, se afirma en el documento, no debe “criminalizarse”, ya que así operan actualmente organismos como el IMSS, el Infonavit y el ISSSTE. Sin embargo, en la resolución de conflictos laborales es necesaria la independencia del mediador.
Iniciativa plantea las reglas
Demostrar representatividad, reto para sindicatos
México, a través de la reforma laboral, buscará establecer nuevos mecanismos para la contratación colectiva con los que se ponga fin a los contratos de protección patronal.
El dictamen propuesto por la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados estipula cambios al artículo 387 de la Ley Federal del Trabajo, en donde establece que antes de iniciar la negociación colectiva y emplazar a huelga, el sindicato debe contar con la Constancia de Representatividad expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
Para obtener la Constancia de Representatividad, la ley ahora prevé que los sindicatos hagan la solicitud ante la autoridad indicando su nombre y dirección para ser notificado; pero también entregando un listado con al menos 30% de los trabajadores que respalden dicha representatividad y tendrá vigencia de seis meses.
Además, propone introducir un artículo para establecer que toda solicitud de registro de un contrato inicial o un convenio de revisión deba contar previamente con la aprobación del acuerdo colectivo por la mayoría de los trabajadores cubiertos por el mismo a través del voto personal, libre y secreto.
Una vez acordados entre el sindicato y el patrón los términos del contrato o el convenio de revisión, “el sindicato deberá dar aviso al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, indicando el día, hora y lugar en donde se llevará a cabo la consulta a sus agremiados y anexando un ejemplar del documento negociado”.
Cabe destacar que se fija como obligatorio cada dos años realizar la revisión del contrato colectivo, y “a efecto de cumplir con el Anexo 23-A del T-MEC”.
Afiliación sindical sería opcional
Elecciones y voto libre, el otro pilar
El dictamen que incluye cambios en las leyes secundarias laborales prevé profundas modificaciones para las organizaciones sindicales que deben incluir en sus estatutos el voto, libre, directo y secreto para elegir a su líder, mismo que no podrá mantenerse por periodo indefinido en la dirigencia.
Indica que, para lograr el cumplimiento efectivo de la libertad de asociación, la Ley Federal del Trabajo reconoce el derecho que tienen los trabajadores de coligarse y constituir sindicatos, sin necesidad de autorización previa ni injerencias indebidas.
Para ello deberá cumplir con una serie de requisitos dentro de sus estatutos, incluyendo la certeza en la definición de la convocatoria y su publicidad, la determinación de un lugar seguro y accesible para realizar la consulta, la integración de un patrón confiable y la identificación de los afiliados que tengan derecho a votar.
Para el caso de elección de las directivas de los sindicatos, se establece un sistema de verificación para los procedimientos de elección a través de la intervención del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en los siguientes casos: cuando lo solicite el sindicato a través de su directiva; cuando lo solicite por lo menos 30% de los afiliados, y cuando el propio Centro tenga duda razonable sobre la veracidad de la información presentada por el sindicato.
Cabe destacar que se reformará la fracción IV del artículo 133 a fin de establecer que los patrones o sus representantes tienen prohibido obligar a los trabajadores por coacción o por cualquier otro medio, a afiliarse o retirarse del sindicato o agrupación a los que pertenezcan o votar por determinada candidatura. (María del Pilar Martínez)
empresas@eleconomista.mx
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Dictamen-laboral-sanciona-pactos-sindicales-en-lo-oscurito-20190405-0017.html
Reforma laboral: intento de gran engaño
27 marzo, 2019
Saúl Escobar Toledo
La reforma laboral parece llegar a su etapa final. Según se ha anunciado, terminadas las audiencias públicas, a partir de abril comenzará a elaborarse el dictamen correspondiente en la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados. Su aprobación se daría a mediados de ese mes para, después de Semana Santa, pasar a la de Senadores. De esta manera, unos días antes del primero de mayo, ésta última la votaría en el pleno. Tenderemos entonces una nuevo marco legal en materia de trabajo.
Sin embargo, las presiones para que esta reforma se convierta en una simulación se han dejado sentir desde el principio. Recordemos que en 2017 se decretaron las enmiendas constitucionales al artículo 123. Sin embargo, los cambios a la Ley federal del Trabajo (LFT) se congelaron durante la administración anterior. Fue hasta que se instaló el nuevo Congreso cuando realmente empezó a elaborarse una propuesta congruente con las nuevas disposiciones adoptadas en la carta magna. Éstas se pueden resumir en tres: crear Tribunales Laborales adscritos al Poder Judicial, desapareciendo así las Juntas de Conciliación y Arbitraje; crear una instancia de conciliación prejudicial y, además, responsable de los registros de sindicatos y contratos colectivos; y garantizar el ejercicio del voto personal, libre y secreto de los trabajadores en la elección de sus dirigentes y de sus comisiones encargadas de negociar las cláusulas contractuales.
La oposición se ha concentrado en la instancia de conciliación, que según la Constitución debe ser un organismo descentralizado que contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Y que se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad.
Pues bien, los representantes del capital, como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Coparmex (con matices), y por su parte, las viejas centrales sindicales, en particular la CTM, han manifestado su deseo de que esta instancia sea tripartita, en la que participen, dicen, trabajadores, empresas y empresarios (sic) y la autoridad como gran mediadora.
Sus razones: respetar la tradición del derecho laboral mexicano y sobre todo, afirman, mantener la paz y la competitividad internacional de las relaciones obrero-patronales pues ello ha sido determinante para las inversiones nacionales y la atracción del capital internacional. Los representantes del sindicalismo de viejo cuño agregan que sería una intromisión gubernamental que el centro se propusiera exigir constancias o verificaciones que demuestren la voluntad mayoritaria de los agremiados para la elección de sus dirigentes, para pertenecer a un sindicato, o para aprobar la firma de un contrato colectivo.
A estos argumentos jurídicos se suman rumores políticos no comprobados, una campaña insidiosa e incoherente que supone la existencia de un plan del gobierno actual para apropiarse del control de las organizaciones sindicales (nuevas o existentes) y para permitir la injerencia de asociaciones extranjeras en nuestra vida laboral.
Lo que se intenta, en realidad, es fraguar un gran engaño: convertir el organismo de conciliación y registro en un aparato bajo el control de las dirigencias patronales y los vetustos personeros del sindicalismo para que nada cambie. Es decir, para que la democracia y la libertad de asociación no se conviertan en una opción legal. Conservar el manejo de los registros de asociaciones en manos de quienes lo han manipulado durante los últimos setenta años, mantendría sometidos a los trabajadores a prácticas como los contratos de protección que se negocian a sus espaldas.
Sus intenciones encuentran, sin embargo, dos obstáculos: el primero, la voluntad expresa del gobierno actual incluyendo la Secretaría del Trabajo; del grupo parlamentario de Morena, que mantiene la mayoría en ambas cámaras; y de agrupaciones independientes. La cúpula empresarial cree que puede cambiar esta situación mediante amenazas de cancelar inversiones y fugas de capitales. Pero el segundo escollo es más complicado, pues se trataría de engañar a la OIT y, sobre todo, a los gobiernos, parlamentos y sindicatos de Estados Unidos y Canadá, firmantes del llamado T-MEC, el nuevo Acuerdo de Libre Comercio entre los tres países, que en sus cláusulas laborales y en un anexo especial han comprometido al Estado mexicano a realizar los cambios en la LFT de acuerdo a los señalado en el 123 constitucional.
Con el fraude que intentan cometer, se arriesgan a que el Acuerdo trinacional sea rechazado por los legislativos de los países socios de México. Particularmente en Estados Unidos, donde la nueva mayoría demócrata en la Asamblea de Representantes de ese país votaría, seguramente, en contra de la ratificación del Acuerdo. Además, las representaciones obreras de esas naciones, que han estudiado el tema a profundidad, difícilmente se tragarían la pifia, ejerciendo una presión adicional sobre sus gobiernos y parlamentos.
Así pues, los empresarios que precisamente hablan de atraer inversiones a México parecen actuar de manera irrazonable pretendiendo boicotear un acuerdo que resulta indispensable para el flujo de capital extranjero a nuestro país. Parecen no darse cuenta de que, en las actuales circunstancias, muy excepcionales pero realmente existentes, el esquema de vender a México mediante salarios de hambre y pobres condiciones de trabajo, no puede seguir vigente, al menos bajo las mismas condiciones.
La posición del viejo sindicalismo no sorprende pues desean seguir usurpando la voluntad de los trabajadores. Se equivocan, además, en sus argumentos legales: el organismo de conciliación y registro, tal como dice la Constitución, no sería un instrumento del gobierno sino del Estado mexicano. Tal como otras entidades de este tipo, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral. En este caso se trataría de garantizar el cumplimiento de la democracia sindical mediante la verificación del voto mayoritario de los agremiados. Y el respeto a la libertad de asociación, incluyendo la opción de no pertenecer a sindicato alguno.
Las huelgas de Matamoros deben ser entendidas como un llamado de atención en este sentido. Pensar que forman parte de un plan deliberado para el surgimiento de un nuevo corporativismo o para amenazar a la clase empresarial nacional y extranjera, es completamente equivocado. Al contrario, esos movimientos son una señal de que, si no se abren los canales legales, los trabajadores tendrán que actuar fuera de las instituciones para plantear sus reclamos.
La oposición del sindicalismo, ayer corporativo ahora de protección patronal, no representa gran cosa. La posición empresarial en cambio es un factor más importante. Su reacción ha sido dominada más bien por el miedo que por la razón. Acostumbrados, como ellos mismos afirman, a que en este país no haya huelgas, creen que cualquier protesta obrera se convertirá en una sublevación generalizada. Que abrir un resquicio legal para la democracia y la libertad sindical significa desatar un movimiento que necesariamente llevaría a exigir aumentos inmoderados de salarios que afectarían la estabilidad económica del país. Se equivocan también porque, al contrario de lo que suponen, fortalecer las instituciones laborales puede encauzar, en paz y ordenadamente, el descontento acumulado de tantos años de exclusión y abuso.
Apoyar el cambio mediante la ley siempre será mejor opción que apostar por la trampa, la simulación, y el ocultamiento. Por ello, las reformas a la LFT que hoy prepara el Congreso de la Unión y, en particular, el asunto de la composición y funcionamiento del organismo de conciliación y registro de sindicatos y contratos es un punto vital. Adulterar la Constitución de la República para volverlo tripartito es la ruta equivocada: equivale a engañar al mundo y a los mexicanos, y renunciar a construir una nueva relación, más equilibrada y dentro de los cauces legales, entre empleados y empleadores. Esto último no sólo beneficiaría a la parte obrera, también podría servir para mejorar la productividad, el diálogo y la concertación entre los factores de la producción.
En este momento culminante, los legisladores tendrán que elegir entre esas dos opciones: una institución verdaderamente autónoma e independiente, o una de corte tripartito. El primer camino es el de un cambio, que implica riesgos y probablemente algunos costos, pero que al final significa ampliar la vida democrática del país. El segundo, es simplemente cometer un atraco que no pasaría inadvertido ni aquí ni fuera del país.
saulescobar.blogspot.com
https://suracapulco.mx/2019/03/27/reforma-laboral-intento-de-gran-engano/
Tamaulipas: Contratará Estado a conciliadores laborales
Por Armando Castillo 24/03/2019 Local
María Estela Chavira.
- Victoria, Tamaulipas.- Para atender de manera eficiente la carga de trabajo que ha dejado el movimiento obrero en Matamoros, la Secretaría del Trabajo considera la necesidad de contratar más personal para la Junta Especial número 6 de Matamoros, reveló María Estela Chavira Martínez.
“De hecho ya tenemos la autorización del Jefe del Ejecutivo Estatal para contratar al menos a 10 conciliadores más, para que con su apoyo, podamos dar más celeridad a la búsqueda de acuerdos entre trabajadores y el sector industrial”, señaló.
La Secretaría del Trabajo en Tamaulipas destacó lo anterior luego de aceptar que el conflicto entre los sectores obrero e industrial en esa ciudad fronteriza, luego del estallamiento de huelgas y la realización de paros, ha generado una gran carga de trabajo en los tribunales laborales.
Pese a una serie de dificultades que se han enfrentado, indicó que en el noventa por ciento de los casos se ha llegado a un acuerdo conciliatorios y consideró que es necesario reforzar ese renglón, para continuar llegando a la finiquitación de los acuerdos, de manera negociada.
Comentó que el conflicto laboral que ha impactado a 48 empresas maquiladoras en Matamoros, que aparte de los 4 mil despidos, la Junta de Concilaición número 6 de ese municipio, lleva registradas 390 demandas.
“Se trata de obreros que con el apoyo de la autoridad en materia laboral buscará llegar a un acuerdo para el cobro de su liquidación y en ello, se habrá de apoyar ,
Apuntó también que pese al entorno laboral que se tiene en Matamoros, que la dependencia a su cargo continuará con el desarrollo de las Ferias del Trabajo a través de las cuales, se buscará abrir nuevas oportunidades de trabajo para aquellos empleados que ya han sido despedidos.
“Luego de arrancar los eventos de las Ferias del Empleo en Tampico, éstas van a continuar en Victoria y después en ciudades como Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, en donde hay apoyo del sector industrial para contratar a más personal”, destacó.
https://www.laverdad.com.mx/local/contratara-estado-a-conciliadoes-laborales
México, a favor de fortalecer tribunales laborales
Se trata de una de las principales peticiones de los legisladores demócratas para dar su apoyo al T-MEC.
Roberto Morales
22 de marzo de 2019, 00:32
México está dispuesto a fortalecer el mecanismo de los tribunales laborales que operarían en el T-MEC, afirmó Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la SRE.
Según el diplomático, la principal petición que plantean ahora los legisladores demócratas para dar su voto a favor de la ratificación de T-MEC está no en nuevas regulaciones, sino en las garantías de que lo que México pacte en materia laboral se cumpla efectivamente. Existen dos puntos para fortalecer este cumplimiento: la conformación de una lista de jueces (panelistas en el argot del acuerdo comercial) y que el levantamiento del tribunal (pánel) no se haga por consenso de las partes, esto es, con la aprobación de México y Estados Unidos en este caso, y sí por el interés de una sola de las partes.
Seade planteó que los cambios demandados podrían darse a través de una carta paralela o por voluntad propia de Estados Unidos, quien no ha querido anteriormente conformar la lista de panelistas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual sería remplazado por el T-MEC.
Por su parte, Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía, destacó que las concesiones laborales en el T-MEC no se habían hecho por parte de México en ningún otro tratado de libre comercio, y que esto se debió a que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es “tremendamente progresista en materia laboral”. Añadió que esto último ayudó a impulsar el cierre de las negociaciones, porque el gobierno de López Obrador impulsó la redacción del Anexo 23 A del T-MEC, en el cual México se compromete a adoptar en su legislación, a más tardar el 1 de enero del 2019, una serie de medidas y principios relacionados con el reconocimiento efectivo a la negociación colectiva, condicionando incluso la entrada en vigor del T-MEC a que dicha legislación exista.
Guajardo recordó que México no negoció esta concesión específica en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, sino que simplemente en ese acuerdo se comprometió a hacer cumplir su propia legislación. Seade y Guajardo participaron por separado en un evento organizado por Baker McKenzie, el Comexi y Atlantic Council.
También el Anexo 23 A del T-MEC dispone que México deberá incluir en su legislación disposiciones respecto al derecho de los trabajadores a participar en la negociación colectiva y a organizar, formar y unirse al sindicato de su elección, sin la interferencia de los patrones en las actividades sindicales. Finalmente, obliga a la creación de un órgano independiente, encargado de la conciliación y el registro de los contratos colectivos de trabajo, a la vez que los trabajadores deberán participar en la elección de líderes sindicales mediante el voto personal, libre y secreto.
rmorales@eleconomista.com.mx
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-a-favor-de-fortalecer-tribunales-laborales-20190322-0018.html
Aplicará STPS disposiciones de reforma laboral en cuanto entre en vigor
NOTIMEX 20.03.2019 – 21:56H
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) respaldó la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo y estableció el compromiso de que a su entrada en vigor se apliquen las nuevas disposiciones.
En su blog oficial, la dependencia federal expuso que el proyecto legislativo, presentado el 22 de diciembre en la Cámara de Diputados, es una herramienta para reconducir la labor de los sindicatos frente a los trabajadores y en el mundo laboral.
La iniciativa, detalló, concentra cinco elementos clave para la transformación laboral; uno de ellos es referente a la democracia en el trabajo, en donde los trabajadores elegirán a sus dirigentes mediante voto libre, directo y secreto.
En materia de contratos colectivos se garantizará que en más negociaciones los trabajadores y empleadores mejoren la productividad y las condiciones laborales.
Ello además de la creación de un órgano autónomo que promoverá la imparcialidad y la libertad sindical mediante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, mientras que en materia de justicia laboral se sustituirán las juntas de Conciliación y Arbitraje por los Tribunales laborales adscritos al Poder Judicial.
En tanto, para eliminar la extorsión, con la acreditación ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se evitará el chantaje de emplazamiento a huelga por parte de sindicatos.
https://www.20minutos.com.mx/noticia/494284/0/aplicara-stps-disposiciones-de-reforma-laboral-en-cuanto-entre-en-vigor/
Hasta tres años podría tardar resolver el rezago laboral en Puebla
Se espera que la reforma impulsará la creación de un instituto que tendrá a su cargo los registros sindicales
Miércoles, 20 de Marzo de 2019
Municipios Puebla
Para resolver el problema del rezago laboral en Puebla se necesita de la creación de tribunales laborales dependientes del Poder Judicial, por lo que se cree que tardarían de tres años más para abatir el rezago laboral en las juntas locales y federales de Conciliación y Arbitraje.
De acuerdo con el secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, Mario Oropeza Casas, anunció que se crearon ya los acuerdos con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para la operación de recursos del Servicio Nacional de Empleo, Ferias de Empleo y la Unidad de Trabajo Digno así como delinear los procesos para aplicar la reforma laboral en el estado y programas como jóvenes construyendo el futuro.
Se espera que la reforma impulsará la creación de un instituto que tendrá a su cargo los registros sindicales, el depósito de los contratos colectivos y la conciliación.
El reto es enfrentar el rezago de cómo operan actualmente las juntas de Conciliación y Arbitraje; así como las nuevas reglas para involucrar o consultar a los trabajadores en diferentes procesos de la vida interna de los sindicatos como el poder elegir a sus líderes a través del voto personal, libre y secreto, la firma de un nuevo contrato colectivo, y la consulta ante revisiones de contratos colectivos.
Conforme la titular de la STPS, uno de los desafíos más importantes son los cambios que se tendrán que implementar con la futura aprobación de las leyes secundarias de la Reforma Laboral de febrero de 2017, además de los compromisos asumidos por México en el marco del T-MEC y la transformación de la vida sindical a partir de la ratificación del Convenio 98 de la OIT.
http://municipiospuebla.mx/nota/2019-03-20/econom%C3%ADa/hasta-tres-años-podr%C3%ADa-tardar-resolver-el-rezago-laboral-en-puebla?fbclid=IwAR0C2A5EJQF
Movimiento obrero y reforma laboral
marzo 15, 2019 | Por Raúl Eduardo Bonifaz Moedano
Cuando hablamos en México de movimiento obrero nos evoca un trayecto de formación del sindicalismo organizado y con supremacías en la toma de decisiones del país. Nos recuerda a dirigentes que se asientan por tiempos extensos en el liderazgo.
Es la herencia corporativista del sistema político mexicano. Así se observa a la CTM, la CROC, la CROM, el gremio de telefonistas, mineros, ferrocarrileros, universitarios en el SITUAM, STUNAM, en el magisterio, el SNTE, en trabajadores de la salud, electricistas, petroleros y del IMSS. Los grandes sindicatos que son estructuras de poder con mecanismos de control, soportes de su prevalencia en las decisiones sustantivas políticas.
Por el lado de las instituciones, las juntas de conciliación y arbitraje, tanto federal como local, han sido mecanismos que concentran negociaciones e impartición de justicia. Hoy hay un proyecto para remodelarlas. Lo cierto es que sindicatos e instituciones muestran marcado desgaste por el largo tiempo en que han funcionado.
La reforma se ubica en los artículos 107 y 123 constitucionales respondiendo a tendencias de degradación en la justicia laboral y los procedimientos de gestión de conflictos. Veamos algunos.
Hay sistemas de resolución de conflictos y gestión de paros y huelgas que actúan para crear consensos y establecer salarios mínimos que son referencias en las vinculaciones entre sindicatos y patrones. Es un proceso para que los factores de capital y trabajo coexistan y la economía no se detenga y sueldos y puestos de trabajo sean equilibrados por esta, así como por la evolución de la estructura poblacional que circula en jubilaciones y nuevas generaciones.
En este entramado se diseñan la modernización de las estructuras de justicia laboral e instancias de negociación. Estas preceden a la otra de modo prejudicial. Y la reforma que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto a consideración de la ciudadanía plantea esta reingeniería donde un nuevo marco normativo establece procesos de conciliación de manera que se fijan organismos que tendrían a su cargo esta fase mientras que tribunales laborales sustituirán la función de impartir justicia que tienen aún las juntas de conciliación y arbitraje.
Un asunto más de relevancia es la selección de dirigentes por el voto secreto y no coaccionado, ajustándose al convenio 98 de la OIT que especifica la libertad del trabajador de afiliarse al sindicato que más le convenga.
Se abre un espacio en el que se definirán las relaciones laborales los próximos años incluyendo lo que establece el Tratado de Libre Comercio.
El proyecto está en consulta actualmente, pero sin duda se abre un espacio en el que se definirán las relaciones laborales los próximos años incluyendo lo que establece el Tratado de Libre Comercio que recién se firmó con Estados Unidos de Norteamérica y Canadá.
Debemos considerar que la estructura de poder sindical en esta temática es recia, de hierro, como una de las elites consolidadas y organizadas que plantean preservar sus principios de elección y formas de negociación entre el empleador y sindicatos. Y parece que también a las cúpulas empresariales les es favorable el sistema.
La estrategia tradicional de cúpulas dirigentes estará a discusión y la reforma a la constitución y a la ley puede ser base de modernización con una mejor distribución de dividendos entre capital y trabajo ajustándose a mayores transparencias democráticas.
Diputado federal del Grupo Parlamentario de Morena
@Bonifaz49
http://www.siempre.mx/2019/03/movimiento-obrero-y-reforma-laboral/
El Nuevo Entorno Laboral
Existen factores han fomentado un incremento en los jugadores del ámbito sindical y, también, su lucha por un pedazo del pastel o por uno más grande, aunque en varios casos.
15/03/2019
Amado Díaz Pérez Fuente: Cortesía
Estimado lector, estamos viviendo un cambio histórico en la dinámica de las relaciones laborales y sindicales en México, por CINCO motivos fundamentales:
El primero, con motivo del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés) que nuestro país celebró con Australia, Brunei, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, entre otros, y el ahora Tratado México Estados Unidos y Canadá (TMEC) nos comprometimos a cumplir con los estándares internacionales en derecho del trabajo que son la libertad de afiliación sindical, el derecho a la negociación colectiva y una justicia laboral independiente.
Lo anterior ya provocó la Reforma Constitucional del 24 de febrero del 2017, durante el Gobierno y Legislatura anteriores, que estableció:
La desaparición paulatina de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la creación de Tribunales Laborales dependientes de los Poderes Judicial Federal y Estatales.
La creación de un organismo público pero independiente del Gobierno Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tendrá funciones conciliatorias en materia federal y registrará las organizaciones sindicales y los contratos colectivos de trabajo.
La creación de los Centros de Conciliación también con personalidad jurídica y patrimonio propios e independientes de los Gobiernos Estatales que conocerán sobre la conciliación en materia local individual.
Una audiencia obligatoria como requisito para interponer un juicio laboral.
La obligación que tendrán los sindicatos de acreditar la representación de los trabajadores, para celebrar un contrato colectivo de trabajo con un empleador o previo a la admisión de los emplazamientos a huelga planteados para obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo.
El segundo que es la ratificación que efectuó el Senado de la República en fecha 20 de septiembre del 2018 del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a los derechos de sindicalización y de negociación colectiva que acabará con las prácticas de los contratos colectivos de protección y la afiliación sindical obligatoria.
El tercero que consistió en la aplastante victoria electoral de MORENA en las pasadas elecciones federales y locales y el propio cambio de Gobierno Federal que pulverizó la hegemonía que el PRI y sus sindicatos afines tuvieron por décadas y la escisión de confederaciones sindicales tradicionales o creación de otras nuevas auspiciadas por Senadores de MORENA o por otras corrientes políticas.
Que la paz laboral la obteníamos en muchas de las fuentes de trabajo por una especie de mandato gubernamental o cupular o cierta pasividad de algunos sindicatos y no necesariamente por el convencimiento o la ejecución de prácticas laborales que generaran el cumplimiento de las leyes laborales, un ambiente laboral sano y positivo y bienestar y crecimiento para los trabajadores y las empresas, lo que considero el CUARTO motivo.
El quinto que es la inminente Reforma a la Ley Federal del Trabajo que establecerá los cómos relativos a los qués ya previstos en la Reforma Constitucional y el Convenio 98.
Es evidente que los anteriores factores han fomentado un incremento de los jugadores en el ámbito sindical y, también, su lucha por un pedazo del pastel o por uno más grande, aunque en varios casos, tal vez sólo les interese mantener lo que ya tienen.
Con todo esto, es evidente que tendremos en los siguientes años un mayor activismo sindical, por lo que recomiendo que revisen su situación legal, laboral y sindical, buscando a toda costa un ambiente laboral sano, positivo, bienestar y crecimiento para los trabajadores y la empresa, como lo mencioné anteriormente; pero sustentado en el convencimiento y no en la imposición, porque solo así evitaremos conflictos laborales colectivos o intersindicales.
El autor es Abogado especialista en litigio y consultoría laboral con 30 años de experiencia y Socio Director del Bufete Amado Díaz.Opine usted: editorial@eriac.comEsta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/el-nuevo-entorno-laboral
Prohibir la subcontración, plantean en foro sobre reforma laboral
NOTIMEX
12.03.2019 – 21:01H El magistrado Héctor Arturo Mercado López señaló que en el país se ha abusado de la subcontratación «ilegal», construida para evitar el pago de utilidades, quitar estabilidad a los trabajadores e impedir el ejercicio de sus derechos colectivos, organizarse sindicalmente y ejercer el derecho de huelga.
“Es ilegal porque las normas internacionales del trabajo la prohíben”, dijo el magistrado en materia laboral del XVI Tribunal Colegiado del Primer Circuito al asistir a la inauguración del foro «Reforma laboral para todos. Justicia para el desarrollo”, en la Cámara de Diputados. Se pronunció por generar un mecanismo que expresamente prohíba esa práctica y consideró que no se deben modificar los artículos 15A, 15B y 15C de la Ley Federal del Trabajo, sino el 15D para precisar que no se permitirá el régimen de subcontratación.
Respecto al registro sindical opinó que debe tener un aspecto publicitario que sólo confirme la existencia de un ente real y sugirió establecer en el Artículo 368 de dicha norma que la constancia de la solicitud de registro presentada ante el Centro Federal de Conciliación y Registro laboral produce efectos ante todas las autoridades.
Por su parte, la diputada María del Carmen Bautista Peláez, de Morena, consideró indispensable que los próximos cambios legales en materia laboral tomen en cuenta las opiniones de los involucrados, pero sobre todo de los trabajadores. “Es necesario conocer qué piensan magistrados, empleados, sindicalizados, abogados y sociedad civil, a fin de que la Comisión de Trabajo y Previsión Social integre un buen documento”, dijo.
Recordó que el objetivo del foro es analizar la iniciativa de reforma y enriquecer la discusión, “es nuestra responsabilidad como diputados. Además, es relevante promover la democracia y que los cambios legislativos beneficien a todos los empleados de la República”.
“Esto es un acto de consulta, es importante la participación, para que el trabajo legislativo salga de la mejor manera”, añadió. Por el Observatorio Ciudadano, José Alfonso Bouzas Ortiz sugirió incluir en la iniciativa todo lo que esté quedando en el tintero y quitar lo que no convence del todo. “Será útil para los legisladores tener más información y que la Comisión del Trabajo retome estos datos”. Jorge Domingo Viveros Reyes consideró que la iniciativa manda el derecho laboral al ámbito privado, lo quita del social y va en detrimento del sentido proteccionista para el empleado.
Recomendó prohibir la subcontratación o que permanezca pero fijar en la ley su temporalidad y que los sindicatos tengan intervención en esos casos, a fin de apoyar al trabajador. Enrique Favela Rocha, integrante del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, resaltó que en el nuevo escenario político y democrático que vive el país es relevante que estos temas se retomen porque son construidos en las luchas sindicales.
Inés González, de la Fundación Friedrich Ebert, consideró relevante tener mesas de diálogo para que no quede fuera ninguna opinión. “Es indispensable que haya justicia laboral para lograr desarrollo”. Alberto Ramírez García, abogado especialista, destacó la relevancia de que la próxima reforma laboral regule la subcontratación de trabajadores, mejor conocida como outsourcing, ya que debilita los principios generales de la Ley Federal del Trabajo.