Titular de la STPS dice que México ya está listo para la democracia sindical
11/10/2018 05:59 PATRICIA RODRÍGUEZ CALVA
Subir salarios, reto del USMCA: Campa; admite que el país tiene asimetrías
CIUDAD DE MÉXICO.
Roberto Campa Cifrián, secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), advirtió que el salario mínimo —que está en 88.36 pesos— y en general los bajos sueldos en el país ponen a México en desventaja frente a sus socios comerciales.
Señaló, en entrevista con Excélsior, que la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte —hoy USMCA—, firmada el 30 de septiembre, es un convenio que partió de las asimetrías entre las tres naciones.
Añadió que aun cuando se aporte mano de obra barata, la ganancia para México será la generación de empleos.
“México sí está en desventaja, porque se trata de un convenio firmado a partir de asimetrías, y lo que México ha aportado en este acuerdo es un trabajo de enorme calidad con precios por debajo de lo que se paga en Estados Unidos o en Canadá.
“Insisto, este tratado se firmó a partir de asimetrías, no a partir de simetrías; y por esta razón, lo que representa México en el tratado es la posibilidad de que la mano de obra, que no se paga igual que en Estados Unidos, tenga la posibilidad de competir con otros países donde se generan diversos productos. Esto significa que podemos seguir siendo competitivos e internamente generar empleos, que es lo que realmente necesitamos”.
Campa Cifrián reconoció que el reto de México es elevar el salario mínimo, ahora que está desindexado de los precios de los productos, pero señaló que para nuestra economía sería inviable triplicarlo como lo propuso la bancada priista en la Cámara de Diputados.
Lo ideal, explicó, sería que el salario mínimo se ubique por arriba de los 98 pesos, como lo marca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
“Si tenemos margen para que el incremento del salario mínimo no afecte el costo de producción ni impacte en un alza de precios, un incremento al mínimo es justificable.
“El salario mínimo en nuestro país debe estar dentro de la línea de bienestar que indica el Coneval, que es un salario por encima de 98 pesos, con el cual, en principio, se podrían cubrir las necesidades básicas”, indicó Campa.
Exigencia sindical
Campa aclaró que, en lo referente a la democracia sindical establecida en el USMCA, México está listo para que la elección y renovación de las dirigencias sindicales se realicen con voto libre y secreto.
“Este mecanismo democrático de elección sindical fue un tema central del anexo laboral, y como ya está plasmado en la Constitución desde febrero pasado, no se necesitarán leyes secundarias.
“Hemos platicado con los sindicatos y se les ha enfatizado que (…) se deben apegar a lo que marca la Carta Magna”.
Del multisindicalismo en una misma empresa, Campa Cifrián detalló que el sindicato con el mayor número de afiliados firmará el contrato colectivo de trabajo.
Etiqueta: USMCA
Coparmex pide legislación laboral correcta para evitar quejas ante OIT
Lorenzo Roel, presidente de la la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana, afirma que ante el nuevo acuerdo comercial con EU y Canadá, hay un fuerte compromiso de México de actualizar su legislación. El representante de la patronal también señala que el gobierno electo aún no ha designado a un interlocutor en materia laboral.
María Del Pilar Martínez
11 de octubre de 2018, 01:41
Lorenzo Roel, presidente de la la Comisión Laboral de Coparmex – Foto: Cuartoscuro
Con dos meses y medio de tiempo para presentar las leyes secundarias, ante la entrada en vigor en enero del capítulo laboral del acuerdo comercial con Estados Unidos, México y Canadá (USMCA), es indispensable que haya una regulación correcta; de lo contrario, se pueden generar situaciones que terminen en quejas a nivel internacional y con un impacto en la productividad en los centros de trabajo.
Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo en entrevista que hay un fuerte compromiso para que México actualice su legislación, no sólo por los compromisos internacionales, sino porque se debe dar cumplimiento a la reforma constitucional del 2017.
En ese sentido, explicó que “una mala regulación en las leyes secundarias puede provocar situaciones que terminen con quejas y el efecto más nocivo que tienen es el impacto en la productividad en los centro de trabajo”.
Asimismo, expuso, se evitarían casos como han sucedido en América Latina, donde se aplica el Convenio 98 relacionado con la libertad sindical y la contratación colectiva, cuya “mala interpretación ha llevado a la región a tener 50% de las quejas presentadas en el Comité de Quejas de la Organización Internacional de Trabajo (OIT)”.
Añadió que las cuestiones que se tienen que interpretar del capítulo laboral, sobre todo en la parte del anexo que se conoce como 23-A, es lo relacionado con los aspectos colectivos como el registro de Contratos Colectivos de Trabajo; las formas en las cuales se establecen las relaciones colectivas de trabajo y que estas se materialicen en la Ley Federal del Trabajo, con el fin de que no terminen afectando al mercado de trabajo”.
¿Quién es el interlocutor laboral en el nuevo gobierno?
El presidente de la Comisión Laboral de la Coparmex sostuvo que en los próximos días se presentará una nueva iniciativa que contendrá las leyes secundarias, pero “no sabemos bien a bien qué equipo la está trabajando, como tampoco conocemos el contenido, y ése es justo lo que quisiéramos que se definiera, saber con quién podemos establecer puentes de comunicación para trabajar de la mejor manera en los cambios a la legislación”.
Agregó que en la Coparmex “estamos preparados para que se de un diálogo con los sectores, a pesar de que no conocemos al interlocutor en materia laboral. Actualmente hay varias personas que dicen que serían, pero oficialmente el presidente electo no ha dicho quién. Luisa Alcalde será la próxima secretaria de Trabajo, pero el propio senador Napoleón Gómez está tratando temas laborales; todavía no tenemos un señalamiento claro”.
pmartinez@eleconomista.com.mx
https://www.eleconomista.com.mx/gestion/Coparmex-pide-legislacion-laboral-correcta-para-evitar-quejas-ante-OIT-20181011-0031.html
Confía AMLO se concrete reforma laboral
Reforma
Jesús Seade, negociador comercial de AMLO, dijo que futuro Gobierno confía en que Congreso apruebe leyes secundarias de reforma laboral.
Andrés Manuel López Obrador tiene contemplada la aprobación en el Congreso de las leyes secundarias sobre justicia y conciliación laboral antes de 2019, tal como estipula el nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, confirmó Jesús Seade.
Seade, negociador del equipo del Presidente electo en las pláticas de renegociación que concluyeron el 30 de septiembre, aseguró que concretar dicha legislación laboral secundaria fue extensamente discutido por el Gobierno entrante.
«Es un área de gran preocupación para López Obrador, el tener sindicatos libres. México tiene lo que se llama sindicatos ‘charros’, que son básicamente sindicatos fraudulentos, muy corruptos y tradicionalmente en complicidad con autoridades locales», dijo Seade en el Woodrow Wilson Center.
Durante una presentación pública esta noche, Seade aseguró que el Gobierno que asumirá el cargo el 1 de diciembre está muy consciente que aprobar leyes secundarias laborales es un compromiso contenido el Anexo 23-A del acuerdo conocido en inglés como USMCA.
«Fue extensamente discutido, todas las prioridades fueron consultadas (con el equipo de López Obrador). Y sí, sí, sí, eso (las reformas a la justicia y conciliación laboral) está altamente contemplado y acordado que ocurriera. Siempre fue la intención que eso ocurra», insistió Seade.
Durante su conferencia, Seade aseguró también que el equipo del Presidente electo revisó con detenimiento el tema laboral e incluso consultó con miembros de la Legislatura que entró en funciones a partir de septiembre en México y que debe impulsar la legislación secundaria.
«Ese Capítulo (Laboral) en el Tratado quizá más que ningún otro fue extensamente discutido con la entonces entrante Legislatura que ahora ya está en funciones. La nueva Secretaria de Trabajo (Luisa María Alcalde) es una joven increíblemente capaz y ella revisó todo, oración por oración», dijo.
Incluido en el nuevo Capítulo Laboral –el número 23–, el Anexo 23A establece que el equipo del López Obrador confirmó durante las negociaciones a EU y Canadá que la reforma de las leyes secundarias sobre justicia y conciliación laboral era parte de su mandato ganado en julio.
«Es la expectativa de las partes que México deba adoptar la legislación descrita aquí antes del 1 de enero de 2019. Se entiende además que la entrada en vigor del Acuerdo podría ser dilatada hasta que tal legislación sea efectiva», establece el Anexo 23-A del USMCA.
Originalmente, el Congreso federal y los Congresos estatales en México tenían febrero de 2018 como fecha límite para aprobar la reforma a las leyes secundarias sobre justicia y conciliación laboral, algo que sin embargo quedó pospuesto y que ahora EU y Canadá exigen.
Derivado de la reforma constitucional de 2017, la reforma secundaria desaparecería las actuales Juntas de Conciliación y Arbitraje dejando la justicia laboral a tribunales locales y federales y dejando las labores de conciliación a centros autónomos a nivel local y federal.
En seguimiento a la reforma constitucional, la reforma secundaria es necesaria para concretar la creación nueva institución federal descentralizada y autónoma para registro de sindicatos y de los contratos colectivos de trabajo así como de regular la conciliación a nivel federal.
http://www.zocalo.com.mx/reforma/detail/confia-amlo-se-concrete-reforma-laboral
Luces y sombras del USMCA
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Carmen R. Ponce Meléndez*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/10/2018
Hay un nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (Usmca, por sus siglas en inglés). Todos y cada uno de los elementos que conforman este nuevo acuerdo comercial afectan e involucran directa e indirectamente a las mujeres, ya sea en su vida económica o laboral, en sus Derechos Humanos o bien en sus autonomías.
El cambio de nombre fue decisión de Trump y le quita lo de “libre comercio». En parte tiene razón porque subsisten los aranceles al acero y aluminio que él impuso a varios países, entre ellos los miembros del Acuerdo Comercial y quiere conservar esa prerrogativa.
A pesar de su anti mexicanismo, su crítica al TLCAN y el proteccionismo que lo caracteriza terminó aceptando la realidad de tener que contar con un acuerdo con México y Canadá. Este último país se incorporo a última hora logrando que se aceptaran cosas importantes como la cláusula 19 de controversias, cosa no menor pues permite que las controversias que se generen se diriman en forma trilateral y no exclusivamente por Estados Unidos, como pretendía Trump.
Aunque aún no se entregan los documentos definitivos en parte porque tendrán que ser sometidos para su aprobación en los congresos de los respectivos países, y porque su firma se planea para el 29 de noviembre, de esta manera la firma corresponderá al actual presidente Enrique Peña Nieto.
Por su parte el presidente de Estados Unidos lo ha cacareado fuerte en beneficio de las elecciones intermedias en su país y en beneficio de los Republicanos, que antes de este acontecimiento tenían muchas posibilidades de perder, de tal forma que el congreso quedaría con el partido Demócrata, también lo utiliza para fortalecer su próxima relección.
Para México se ve como el cierre de un largo proceso de incertidumbre que afectó el mercado y las inversiones o el precio del dólar y sobre todo, una fortaleza para el nuevo gobierno que inicia el próximo 1º de diciembre con un problema menos.
LUCES Y SOMBRAS DEL UMSCA
En materia de anticorrupción obliga a las empresas mexicanas a contar con políticas anticorrupción, algo que ya ocurre en Canadá y Estados Unidos. El capítulo 27 del tratado obliga a los países firmantes a aplicar medidas concretas para tipificar delitos que van más allá del soborno, ya que ahora también se incluye el desvío de recursos y el peculado. También obliga al gobierno a promover la participación del sector privado y de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción.
Además: “el gobierno tiene que promoverlo, no sólo permitirlo y de esa manera tanto la iniciativa privada como la sociedad civil participarán en la prevención y la sanción de esos delitos».
Según Max Kaiser, especialista en combate a la corrupción aseguró que otra aportación del acuerdo trilateral es la obligación de las partes de poner en marcha medidas concretas para asegurarse de la integridad de los servidores públicos.
Si esto se hace realidad para el país puede representar un incentivo más para poder eliminar las prácticas de corrupción que tanto daño le hacen y le han hecho a la ciudadanía y a México.
Nuevo proteccionismo. En la guerra comercial que tiene Trump contra China logró que el Acuerdo sea un mecanismo proteccionista contra China y la región; el país difícilmente podrá tener acuerdos comerciales con China porque hay una cláusula que obliga a que estos acuerdos sean sometidos a la probación trilateral.
Al respecto Jesús Seade representante del gobierno entrante en el las negociaciones del USMCA declaró: “La región se hace más proteccionista, el USMCA, combinado con la guerra comercial que Estados Unidos ha lanzado contra China pone a México bajo enorme presión, por parte de Washington, para cerrar filas en contra de ese “extraño enemigo”. Ahora seremos más dependientes de Estados Unidos.
Aunque también agregó algo muy importante: “frente a la tensión que hay entre la administración de Donald Trump y la Organización Mundial de Comercio (OMC), México respeta los compromisos adquiridos en la organización, y no existe interés en ver una OMC debilitada”.
Beneficios para la industria Maquiladora. La combinación de este nuevo Acuerdo con lo que ha planteado López Obrador (AMLO), para la frontera norte del país como la reducción de impuestos en el IVA, ISR en la zona, o el aumento de los salarios; sin duda significan un atractivo más para que lleguen nuevas inversiones y se amplíe la industria maquiladora. Son nuevos empleos para las mujeres y en mejores condiciones porque crecen los salarios en forma importante.
Soberanía energética. El gobierno entrante marcó con su sello la negociación del acuerdo comercial, en el capítulo energético, en el que antepuso la Constitución Política Mexicana, el nuevo convenio garantiza la soberanía nacional sobre el petróleo y la industria eléctrica. Fue fundamental la participación de un prestigiado experto en comercio internacional como Jesús Seade, funcionario con amplio reconocimiento internacional y representante de AMLO en las negociaciones del acuerdo.
Nuevas reglas de origen para la industria automotriz. El “logro” más destacado del TLCAN fue el crecimiento de las exportaciones manufactureras, lideradas por la industria automotriz, la joya de la corona del modelo exportador mexicano, bueno pues esta industria recibió un golpe certero.
Ante la realidad de que México compite con salarios miserables para atraer inversiones extranjeras por iniciativa de Estados Unidos se impuso una nueva regla de origen, donde 40 por ciento de las autopartes deberán provenir de países con salarios de 16 dólares.
Aquí no crecerán los salarios a este nivel ni en la industria automotriz y mucho menos en todo el país; por tanto esta medida implicará una reducción o contracción de la industria, serán menos empleos y menos exportaciones de autos.
Se afecta la producción de génericos en medicamentos. El acuerdo plantea una protección de datos por 10 años a medicamentos biológicos, esto afecta al sector de salud pública y por supuesto a la ciudadanía, en particular a las mujeres.
Actualmente las farmacéuticas ya cuentan con un periodo de 20 años de patentes y la protección de datos puede solicitarse una vez que culmine dicho tiempo o poco antes, de forma que un medicamento genérico de este tipo ahora saldría al mercado hasta 30 años después de la fórmula original.
CAPÍTULO LABORAL Y SUS CAMBIOS
- El 1º de enero de 2019 México debe hacer efectivos sus compromisos legislativos en el USMCA, si no se logra esto se podría retrasar la entrada en vigor del acuerdo comercial.
- Se compromete a adoptar medidas legislativas específicas para prever el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.
- Requiere que las partes adopten y mantengan en la ley y practiquen los derechos laborales reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para hacer cumplir efectivamente sus leyes laborales y no renunciar o derogarlas.
- Garantizar el derecho de los trabajadores a participar en actividades de negociación colectiva y a formar o afiliarse al sindicato de su elección;
- Establecer órganos independientes e imparciales para registrar elecciones sindicales y resolver disputas relacionadas con contratos colectivos y garantizar la transparencia de los contratos colectivos negociados. Adiós contratos de protección.
- Compromisos que complementan la aplicación de los derechos laborales fundamentales, enfocados en: (1) la atención a casos de violencia relacionados directamente con el ejercicio de dichos derechos; (2) la protección a los trabajadores migrantes; (3) el combate al trabajo forzoso, y (4) la protección contra la discriminación de género en el trabajo.
El capítulo incluye nuevas disposiciones para tomar medidas para prohibir la importación de bienes producidos por el trabajo forzoso, para abordar la violencia contra los trabajadores que ejercen sus derechos laborales y para garantizar que los trabajadores migrantes estén protegidos por las leyes aplicables en la materia.
Los países firmantes se comprometen a informar anualmente sobre el cumplimiento de este importante capítulo. Ojalá no sea necesario que los Sindicatos y las organizaciones de Mujeres de México tengan que presentar “informes sombras”.
* Economista especializada en temas de género
twitter @ramonaponce
18/ CPM/LGL
https://cimacnoticias.com.mx/noticia/luces-y-sombras-del-usmca
Vientos de cambio
Saúl Escobar Toledo
Octubre 10, 2018
En unas cuantas semanas, las leyes y las instituciones del trabajo mexicanas han sido sacudidas por dos acontecimientos distintos pero relacionados: primero, a fines de septiembre, el Senado de la República aprobó la ratificación del Convenio 98 de la OIT. Y poco después, a principios de octubre, se anunció un acuerdo final entre Canadá, Estados Unidos y México en materia de comercio (el United States-Mexico-Canada Agreement o USMCA, en lugar de TLCAN o NAFTA) que incluye un capítulo laboral y un anexo, ambos muy destacados.
El Convenio sobre el derecho de sindicalización y negociación colectiva data de 1949 y ha sido firmado por 165 países del mundo incluyendo América Latina. La importancia de la decisión senatorial reside en haber vencido, al fin, las resistencias del PRI y del PAN, del llamado sindicalismo oficial (charro o corporativo), y de algunos dirigentes empresariales que se han opuesto por razones estrictamente políticas y convenencieras: defender un modelo sindical corrupto, antidemocrático y servil. Un esquema que sirvió durante muchos años para controlar el descontento obrero y, desde 1982, para imponer topes salariales y otras políticas públicas contrarias a los intereses de los trabajadores.
La nueva composición del órgano legislativo (con mayoría de Morena) sirvió sin duda para apresurar esta decisión pues coincidía con su plataforma electoral y su programa. Pero quizás también porque ya se tenía información de que el capítulo laboral del nuevo acuerdo comercial norteamericano traía un apartado especial sobre asuntos laborales que era plenamente congruente con el Convenio 98.
Hasta ahora, el texto completo del USMCA sólo está disponible en inglés, publicado en el portal de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement/united-states-mexico). Aquí solo nos referiremos al capítulo laboral. Se trata de una versión mejorada de su similar pactado en el TPP (Acuerdo Transpacífico). Es más claro en algunos temas pues por ejemplo incluye explícitamente el derecho a huelga como parte de la libertad de asociación; y precisa las obligaciones de los gobiernos para la aplicación de las leyes laborales, incluyendo la inspección laboral.
Más importante aún, contiene varios apartados muy novedosos. Uno de ellos señala que ningún país dejará de atender los casos en que se ejerza violencia contra los trabajadores, relacionada con el ejercicio de sus derechos. Otros puntos destacables se refieren a la protección de los trabajadores migrantes y a la promoción de la igualdad de las mujeres en el lugar de trabajo.
En resumen, el capítulo laboral del Acuerdo busca elevar la protección laboral en los tres países de manera más precisa que otros pactos comerciales similares. Hay todavía algunas lagunas e imprecisiones, y la manera de hacer efectivos estos lineamientos deja todavía mucho que desear.
A todo esto, hay que agregar el anexo 23-A que tiene como título, para no dejar ninguna duda, “La representación de los trabajadores en la negociación colectiva en México”. Se trata de un texto que plantea un combate a fondo a los contratos de protección patronal en nuestro país. Para ello, México se compromete a adoptar una legislación que comprenda, entre otras, las siguientes disposiciones:
Un conjunto de reglas para garantizar el derecho de los trabajadores a organizar, formar y adherirse al sindicato de su preferencia, y prohibir a los empleadores interferir en las actividades sindicales o ejercer coerción por su actividad sindical. Asimismo, que se establezcan órganos imparciales para el registro de las organizaciones gremiales. Igualmente, se deberá implementar un sistema efectivo que verifique que las elecciones de los dirigentes sean llevadas a cabo mediante el voto libre, personal y secreto de los socios.
Las leyes mexicanas deberán también contemplar que el registro de los contratos colectivos cuente con el apoyo mayoritario de los trabajadores mediante el ejercicio del voto personal, libre y secreto. Finalmente, señala que las partes (Estados Unidos y Canadá) esperan que México llevará a cabo estos cambios antes del 1º de enero de 2019, y se advierte que la entrada en vigor del acuerdo comercial puede ser pospuesta hasta que dicha legislación entre en vigor.
Tal profusión y claridad en el texto busca impedir que, en México, se siga aplicando un modelo laboral apoyado en contratos y sindicatos ficticios. Una práctica que, como lo explica un análisis elaborado por el Sindicato de Metalúrgicos de Estados Unidos, y como lo han advertido también aquí en México, desde hace tiempo, las organizaciones sindicales independientes, los abogados democráticos y los especialistas en el tema, ha servido para imponer bajos salarios y malas condiciones de trabajo. Estas políticas, si bien han permitido atraer inversiones extranjeras a la industria manufacturera, particularmente en las últimas tres décadas, en realidad han aportado pocos beneficios para el país y su clase trabajadora.
Así, en esta ocasión, se han reunido diversos protagonistas e intereses: los sindicatos de Estados Unidos y Canadá; los gobiernos de estos países; y la futura administración de AMLO y las organizaciones independientes mexicanas, con el objetivo común de cambiar el modelo laboral vigente. Los primeros sienten que los contratos de protección son una manera deshonesta de quitarles plazas laborales y presionar negativamente los salarios en sus propios países; los segundos, sobre todo Trump, creen que de esta manera protegerán su planta industrial y mejorará su balanza comercial; y los terceros, es decir el próximo gobierno de López Obrador y los legisladores de Morena, confían en que es posible construir un esquema de desarrollo menos dependiente de la exportaciones manufactureras y capaz de mejorar los salarios y las condiciones de vida de los mexicanos.
Hay que advertir que todo lo contenido en el capítulo laboral y su anexo, incluidos en el nuevo acuerdo comercial, no se riñe con las reformas constitucionales de febrero de 2017. Al contrario, se basan en ellas. Pero los representantes sindicales y los gobiernos del norte han creído necesario pactarlos expresamente en el USMCA ante la posibilidad de que esas reformas se reviertan, como en efecto se intentó a lo largo de este año por el PRI y el gobierno de Peña Nieto.
Se trata de una coincidencia un tanto sorprendente que sin embargo puede cambiar profundamente el modelo laboral mexicano. Ahora toca al Poder Legislativo de nuestro país dar el siguiente paso: reformar la Ley Federal del Trabajo para para adoptar nuevos lineamientos que permitan combatir los contratos de protección y abrir la puerta a una democratización de los sindicatos mexicanos. Aun así, después de que esto haya sucedido, vendrá el reto de su puesta en práctica.
La próxima administración tendrá que aplicar las nuevas disposiciones legales y ello significará una labor compleja. Lo será desde el punto de vista técnico y administrativo pues poner en marcha una justicia laboral adscrita al Poder Judicial, eliminando las Juntas de Conciliación y Arbitraje, representa una tarea que exigirá recursos y un proceso de transición difícil, todavía indefinido.
Desde el punto de vista social y político, el cambio enfrentará muchas resistencias tanto de algunos empleadores como de las viejas organizaciones corporativas y, sobre todo, de la mafia que hoy se beneficia de los contratos de protección.
Pero, finalmente, serán los propios trabajadores los que, por primera vez en mucho tiempo, tendrán la posibilidad de decidir. Vientos provenientes del norte y de nuestra propia coyuntura política se han juntado para impulsar un cambio profundo de las instituciones y las leyes laborales. El camino para hacer realidad la democracia sindical y relaciones de trabajo más equilibradas es todavía muy largo, pero se ha abierto una brecha en un momento singular de la historia de México y del mundo.
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Se prepara una nueva reforma laboral
Por: Luis Ernesto Salomón
7 de Octubre de 2018 – 04:00 hs
Se prepara una nueva reforma laboral
Como consecuencia del acuerdo establecido con Estados Unidos y Canadá (USMCA), nuestro país asumió la obligación de reformar las leyes laborales para extender la protección de derechos de los trabajadores, antes del 1 de enero de 2019. En el anexo 23A se establece que México adoptará y mantendrá disposiciones necesarias para el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva con el aval del nuevo Gobierno. Específicamente se obliga a:
1. Garantizar en sus leyes laborales el derecho de los trabajadores a participar en actividades concertadas para negociación o protección y para organizar, formar y unirse al sindicato de su elección, y prohibir el dominio o la injerencia del empleador en las actividades sindicales, la discriminación o la coacción contra trabajadores por la actividad o el apoyo sindical, y la negativa a negociar colectivamente con los sindicatos debidamente reconocidos.
2. Establecer y mantener organismos independientes e imparciales para registrar las elecciones sindicales y resolver las controversias relativas a los convenios colectivos y el reconocimiento de los sindicatos, a través de una legislación que establezca:
(i) una entidad independiente para la conciliación y registro de contratos colectivos.
(ii) tribunales de trabajo independientes para la resolución de conflictos laborales.
3. Garantizar en sus leyes laborales, que se cuente con un sistema eficaz para verificar que las elecciones de los líderes sindicales se llevan a cabo a través del voto personal, libre y secreto de los miembros de los sindicatos.
4. Disponer en la legislación laboral que las disputas de representación sindical sean resueltos a través de una votación secreta, y no están sujetos a demoras.
5. Adoptar una legislación que exija:
(a) la verificación por parte de una entidad independiente que los convenios colectivos cumplen con los requisitos legales relacionados con la capacidad de los trabajadores para que puedan registrarse y
b) para el registro de un acuerdo de negociación colectiva inicial, se requerirá el apoyo de la mayoría a través del ejercicio de un voto personal, libre y secreto de los trabajadores.
6. Adoptar una legislación que establezca la obligación de revisar el salario y las condiciones de trabajo, de todos los acuerdos de negociación colectiva existentes que incluya un requisito para el apoyo de la mayoría, a través del ejercicio del voto personal, libre y secreto de los trabajadores cubiertos por dichos convenios colectivos.
Dicha legislación también dispondrá que todos los acuerdos de negociación colectiva existentes se revisarán al menos una vez durante los cuatro años posteriores a la entrada en vigor de la legislación.
La legislación no implicará la rescisión de ningún acuerdo de negociación colectiva existente como consecuencia del vencimiento del término indicado en este párrafo, siempre y cuando la mayoría de los trabajadores cubiertos por el acuerdo de negociación colectiva demuestren apoyo a tal acuerdo a través del voto personal, libre y secreto.
7. Proporcionar en sus leyes laborales que los acuerdos producto de la negociación colectiva negociado por el sindicato y las normas que rigen los documentos se encuentran disponibles de forma fácilmente accesible para todos los trabajadores involucrados por el acuerdo de negociación colectiva, a través de la aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como también que la legislación establezca la obligación de tener un sitio web centralizado que proporcione acceso público a todos los acuerdos de negociación colectiva vigentes, y sea operado por una entidad independiente que se encargue del registro de los acuerdos de negociación colectiva.
8. Es la expectativa de las partes que México adopte la legislación descrita anteriormente antes del 1 de enero de 2019. Se entiende además que la entrada en vigor del acuerdo puede demorarse hasta que dicha legislación entre en vigencia.
Ante estas obligaciones se preparan ya los proyectos legislativos que supondrán cambios estructurales en la forma como ha funcionado hasta ahora la negociación colectiva en México. El Gobierno, los representantes empresariales y de las organizaciones de trabajadores deben trabajar a marchas forzadas para alcanzar acuerdos. Esto puede significar el fin de los sindicatos de protección, y el fin de la injerencia del Gobierno en los asuntos sindicales de sus trabajadores. Habrá que seguir atentamente las iniciativas que seguramente se presentarán al Congreso de la Unión en los próximos meses.
https://www.informador.mx/ideas/Se-prepara-una-nueva-reforma-laboral-20181007-0003.html
Nuevo acuerdo busca mejorar condiciones laborales del país
De acuerdo con la Secretaría de Economía, en el USMCA México se compromete a aplicar efectivamente su legislación laboral.
FRIDA LARA
Ciudad de México / 01.10.2018 13:48:21
El acuerdo comercial alcanzado entre Estados Unidos, México y Canadá en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) buscará mejorar las condiciones laborales en el país, explicó la Secretaría de Economía.
La dependencia afirmó que uno de los beneficios que traería el nuevo acuerdo es la implementación de las disposiciones específicas en materia de negociación colectiva (materia sindical) ya que México completará el proceso de implementación de la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Laboral, publicada el 24 de febrero de 2017. “Estas medidas promoverán la resolución pronta y expedita de conflictos laborales, e impulsarán la contratación colectiva en México, con el fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores”, afirmó.
Asimismo, el acuerdo facilitará el tránsito de personas de los tres países con planes de hacer negocios ya que se mantienen las preferencias del acuerdo previo, para facilitar la entrada temporal de visitantes de negocios, comerciantes, inversionistas o profesionales, así como para transferir al personal de empresas con presencia en América del Norte
El capítulo que se refiere al mercado laboral explica que cada parte otorgará entrada temporal y proporcionará documentación de confirmación a las personas que sean empleadas por un periodo de un año y posteriormente serán tres años después de la fecha de aplicación para admisión.
“México se compromete a aplicar efectivamente su legislación laboral y a no incumplirla de una manera que afecte el comercio o la inversión con sus socios comerciales”, refirió. Reiteró que se aplicarán medidas que contribuirán a mejorar el ambiente laboral en las partes, por ejemplo, a través de la no discriminación en el trabajo y la procuración de un ambiente laboral libre de violencia.