Gerardo Hernández
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25 de mayo de 2019
La reforma laboral promulgada el pasado 1 de mayo no sólo implica cambios en las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los sindicatos, también tendrá un impacto en el Poder Judicial con la creación de tribunales laborales. Este último cambio provocó un choque entre poderes durante un foro organizado por el Colegio de Abogados de México en la Escuela Libre de Derecho.
Las discrepancias fueron por el presupuesto para la capacitación de los nuevos juzgadores, la revisión de contratos colectivos y el voto directo para elegir dirigentes sindicales.
Todo marchaba en paz y armonía, cada ponente daba su punto de vista de la reforma laboral. La primera en hablar fue Margarita Darlene Rojas Olvera, presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, quien expuso los retos que tienen las juntas de cara a la transición a tribunales laborales y la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
Sin embargo, el contraste de perspectivas comenzó cuando Edna Lorena Hernández Granados, magistrada del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Laboral del Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación, cuestionó al subsecretario de Trabajo, Alfredo Domínguez Marrufo, sobre la falta de claridad en el presupuesto para la capacitación de los nuevos juzgadores que se desempeñarán en los tribunales laborales.
“El presupuesto, ¿cuándo se va a otorgar al Poder Judicial Federal? Porque el transitorio refiere que es el Congreso de la Unión el que va a otorgar el presupuesto para implementar la reforma, esto no me parece correcto porque es una intromisión al Poder Judicial en la construcción de los juzgadores laborales y en la implementación de la reforma. Nunca se ha necesitado del dinero de otro poder para construir juzgadores”, aseveró Hernández Granados.
Después de esa pregunta, nada fue igual en el panel. El turno de Alfredo Domínguez Marrufo llegó. “Lamentablemente olvidé la chequera sobre el piano”, lanzó un chascarrillo para calmar los ánimos, el auditorio se rio y el funcionario continuó con su explicación.
El subsecretario reconoció que el Poder Judicial de la Federación tiene plena autonomía para ejercer sus recursos y distribuirlos cómo mejor considere. Aclaró que los transitorios establecen montos, porque el Congreso de la Unión los determinará a propuesta de los poderes.
“Estaremos sujetos a los que el Poder Judicial establezca, no se trata de un conflicto entre poderes, sino más bien de un diálogo que nos lleve a la implementación de la reforma”, enfatizó Domínguez Marrufo.
Por un momento, todo parecía haber quedado aclarado. Pero las espadas se desenvainaron una vez más cuando el subsecretario del Trabajo adelantó algunas acciones que hará la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
El 31 de mayo se instalará el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma Laboral, en la primera quincena de junio se definirá el protocolo para la revisión de contratos colectivos y se emitirá una convocatoria a los sindicatos para que, con la orientación de la STPS, se modifiquen sus estatutos con base en la nueva legislación.
Segundo round
Los dos últimos puntos, contratos colectivos y estatutos de los sindicatos, hicieron que ardiera Troya una vez más. La magistrada Edna Lorena Hernández compartió su punto de vista, argumentando que esas acciones no ponen en el centro al trabajador.
“Lo relevante sería que el beneficio de la ley laboral se hiciera para los trabajadores y para que los patrones tuvieran laudos más baratos, no el sindicalismo. Ahorita escucho al subsecretario decir que se van a enfocar a revisar los contratos colectivos y eso no tiene ningún beneficio para los trabajadores ni para los patrones que son el punto de apoyo”, expresó.
Domínguez Marrufo respondió que la reforma laboral sí pone acento en el derecho de los trabajadores y explicó el por qué: “Por lo menos las tres cuartas partes de los contratos colectivos en México son de protección, son contratos que tienen los mínimos de ley y prácticamente nunca se revisan”. Al transparentarse estos documentos, agregó, los trabajadores serán los ganadores porque podrán compararlos y votar con conocimiento.
Los asistentes continuaron escuchando los distintos puntos de vista de las partes involucradas en la implementación de la reforma laboral, Edna Lorena Hernández retornó a la discusión por el presupuesto, pidió definirlo lo más pronto posible para capacitar a quienes participarán en los nuevos tribunales laborales.
Por otra parte, cuestionó la revisión de contratos colectivos, al considerarla una “falacia” en la búsqueda de proteger el salario de los trabajadores.
“De todos los contratos que me ha tocado ver, el salario contractual es muy elevado, tienen todo tipo de prestaciones, no hay ningún contrato colectivo que pague el mínimo, me parece una falacia que se diga que se va a proteger el salario de los trabajadores. Realmente al que se debe ayudar es al trabajador que no está sindicalizado”, aseveró.
La voz del subsecretario Domínguez Marrufo se escuchó de nueva cuenta en los altavoces. “Los invitó a que salgan aquí y pregunten a los trabajadores que trabajan en algún restaurante o tienda de autoservicio si está afiliado a un sindicato, si conoce su contrato y las prestaciones que tiene. Seguramente hay un contrato colectivo por ahí depositado y seguramente hay un líder sindical, estamos hablando de la Ciudad de México, pero en el interior del país hay una realidad con otra perspectiva”.
Otras dudas
La magistrada no fue la única que tenía dudas sobre la reforma laboral, otras preguntas surgieron durante el foro en la Escuela Libre de Derecho. Fernando Yllanes, expresidente del Colegio de Abogados, preguntó si la reforma laboral no viola el convenio porque se le está mandando al sindicato cómo modificar sus estatutos, específicamente en la elección de dirigentes sindicales con el voto directo.
Ante esto, el subsecretario de la STPS aclaró que si bien el T-MEC y la Constitución sólo demandan que el voto sea libre y secreto, sin establecerlo como directo, se trata únicamente de los mínimos que debe tener la nueva legislación.
“En este caso nosotros entendemos que cualquier disposición que sea para favorecer el ejercicio del derecho de los trabajadores, en este caso en democracia, que pueda ser directo, para que no sean sus delegados y sus representantes ante la asamblea (los que elijan), sino que sea el propio trabajador el que ejerza esta decisión”, puntualizó.
En tanto, Yllanes también aseguró que el nuevo procedimiento tiene desequilibrios que pueden afectar a las pequeñas empresas que no tienen la forma de defenderse, por lo que pidió al gremio conducirse con ética. “A sabiendas de que van a tener la ventaja procesal, no dudo que haya abogados que pidan al trabajador poner la ‘raya’ muy alta y que no acepte ninguna oferta”, agregó.
En ese punto, Alfredo Domínguez Marrufo reconoció que el nuevo procedimiento dejará indefensos a los pequeños empresarios ante un despido de un colaborador. Porque ahora habrá un juicio en el que el juez podrá cuestionar a ambas partes. “Que sea el trabajador que explique ante un juez, no frente a una mecanógrafa, cómo fue que se realizó el despido”.
