Ante las afectaciones a los puestos de trabajo por el confinamiento, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se ha convertido en una de las dependencias clave en la gestión de esta crisis.
José Lebéña 05/08/20
La secretaria confía en que sea este mes cuando comience a recuperarse la economía y con ella la generación de empleo, especialmente por el impulso de la construcción.
Luisa María Alcalde, la secretaria más joven del Gabinete de Andrés Manuel López Obrador
Con tan sólo 32 años, Luisa María Alcalde es la integrante del gabinete presidencial más joven, y como tal ha puesto todo su empeño en revisar las políticas laborales que tanto aquejan a quienes buscan su primer empleo en el país.
Además, como mujer se ha centrado en promover políticas de equidad salarial para ambos sexos. Sin embargo, la pandemia de Covid-19 que afecta no sólo al casi millón de mexicanos que han perdido su empleo desde marzo, sino a toda la población en edad de trabajar, le ha puesto nuevos retos en su puesto, pues tiene que afrontar no sólo la recuperación de fuentes laborales, sino también cómo legislar el home-office, las vacaciones y evitar que se violenten los derechos de los trabajadores.
A pesar de las advertencias del gobierno, en medio de la contingencia sanitaria ha habido despidos y reducciones de salarios, así como despidos sin pago de liquidaciones de ley, ¿cómo ha afectado los derechos de los trabajadores la pandemia por Covid-19?
— Yo creo que México no es la excepción, en el mundo entero esta situación del Covid-19 ha llevado a una situación muy dolorosa, no sólo por la parte sanitaria, sino también por la cuestión económica. La gran mayoría de actividades productivas debieron suspenderse y eso implica una situación compleja tanto para los empleadores, como para los trabajadores. Dos temas, en cuanto a todo lo que tiene que ver con los despidos injustificados, suspensiones de salarios, como mandar a los trabajadores a casa sin derecho a sueldo, lo hemos tratado por parte de la Procuraduría de Defensa del Trabajo Federal. Es una atención mucho más amplia e inmediata, no sólo presencial, también digital que permite orientar jurídicamente a los trabajadores y empleadores, promoviendo mucho que se generaran consensos de las dos partes, porque no puede existir la imposición de uno sobre otro. Lo ideal, y es a lo que hemos apostado, es la conciliación, pero también la Procuraduría puede defender jurídicamente a trabajadores cuando no hay o no se alcanza un acuerdo.
En el caso de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que se encarga de la impartición de justicia en la parte federal, se está estableciendo una junta especial que dará trámite a todos los casos por Covid-19 de manera que permita agilizar y hacer más rápida la solución de estos despidos.
Tenemos un problema grave en el país donde los juicios laborales tardan muchísimo en resolverse. Parte esencial de la reforma laboral que estamos implementando, es dar respuesta a este problema tan severo que tiene tardanzas que van de uno a tres años.
¿El Covid podría fungir como una enfermedad laboral en esta nueva normalidad?
— Sí, las incapacidades se han venido dando por enfermedades respiratorias por el tema del Covid e incluso, por esta relación tan cercana con el IMSS, en los casos en donde en una empresa o centro de trabajo identificamos un incremento muy importante por enfermedades respiratorias, siempre acudimos para estar seguros de que no se trate de un brote o que sea algo vinculado a que no se tienen las medidas necesarias. Por lo tanto, las incapacidades se dan también por el Covid.
En lo que respecta al teletrabajo, ¿qué se requiere para que tanto empresas como oficinas públicas no incurran en abusos por las jornadas laborales, bajas de salarios y apoyos a insumos y material de trabajo?
— La pandemia nos ha enfrentado con varias realidades, una en materia laboral es ésta. Necesitamos repensar y discutir, en conjunto con el Congreso, con miras a que no se violen derechos, en el entendido de que las actividades que se puedan realizar en casa, eso no signifique que se exceda la jornada laboral permitida por la ley. Ver en qué condiciones, quién pone qué insumos y esa es una discusión que esperemos se esté dando en las próximas semanas; ya se inició la propia academia, ya ha planteado la disponibilidad para acompañar este proceso de discusión. En otros países del mundo ya se tienen legislaciones específicas, pero el mundo del trabajo tiene que adecuarse a esta nueva realidad que es el trabajo en casa, pero también a lo que vemos más intenso con las plataformas que te llevan insumos, alimentos…y por tanto, el mundo laboral, que en nuestro caso es la Ley Federal del Trabajo y del IMSS, deben entender que estamos frente otra realidad que ya no es la relación laboral tradicional, de un solo empleador, un lugar de trabajo, un trabajador y un horario en específico, sino cómo podemos restablecer esas nuevas realidades ahora; eso debe legislarse en el Congreso, pero nosotros lo seguiremos de cerca con nuestra experiencia.
La IP busca un pacto nacional para la reactivación con un salario de emergencia, ¿es posible articularlo? En otros países como Chile o España crearon los ERTE para apoyar tanto a empresas como a trabajadores.
— Creo que puede discutirse, pero la enorme prioridad la tenemos que dar abajo, se están dando los créditos a la micro y pequeña empresa, pero todo el esfuerzo del gobierno va dirigido a la gente más vulnerable, pero no los de hasta abajo, sino al 70% de las familias en México.
Todos los recursos se destinan a esta situación, es importante valorar las diferentes opiniones y propuestas, pero siempre teniendo en cuenta que a los que hay que proteger son a los de abajo.
¿Qué ha pasado históricamente? Que se protege a los de arriba, a las empresas y al final eso no acaba generando un impacto a los de abajo.
Recordemos los altos números de informalidad, hay muchas personas que viven al día y que de no haber obtenido esos recursos hubiese sido muy difícil pedirles que se queden en casa como en el caso del Covid.
Hoy tenemos la certeza de que más del 95% de las familias en las zonas indígenas reciben por lo menos un apoyo del gobierno, a veces más de uno, porque puede ser que una familia cuente con un estudiante becado y que su madre reciba el apoyo a madres trabajadoras.
Recientemente publicamos en Publimetro que cerca del 80% de las ofertas laborales son fraudulentas y existe demasiada simulación laboral en el país, ¿cómo trabaja el gobierno para contrarrestar estas prácticas abusivas?
— Lo que ha sucedido en los últimos seis años de la administración anterior. Ahí podemos ver un incremento importante en dos realidades, uno es la simulación de las relaciones laborales, se genera a través de contratos civiles y no laborales, de prestación de servicios, cuando en realidad se tienen relaciones laborales y todas las condiciones de una.
Por otro lado, también vemos la subcontratación abusiva, que también ha sido una figura que se expandió sin ningún tipo de regulación y límite.
Hemos avanzado bastante de la mano del Congreso, para poder contar con una regulación que permita establecer límites claros y, sobre todo, herramientas y dientes a las dependencias para poder intervenir y regular de manera mucho más eficiente.
Se ha hecho un trabajo muy interesante. Cuando llegamos aquí, no había habido una sola inspección en materia de subcontratación, también cuando hay simulación de relaciones laborales y ahora, en conjunto con información del IMSS, es muy importante, pero también del SAT, porque ahí es donde podemos identificar todas estas simulaciones con la UIF y de la Procuraduría Fiscal. En conjunto, todas las dependencias hicimos una estrategia de intervención ubicando estos abusos, se ha avanzado y seguiremos por esa ruta, pero consideramos que es importante que exista una regulación y modificación a la Ley Federal del Trabajo que permita mayor eficiencia en esta tarea.
En tan sólo dos años el salario mínimo ha sufrido uno de los mayores avances de la historia del país, ¿hacia dónde se encamina para 2024?
— Uno de los pilares y prioridades de la secretaría es la recuperación del salario mínimo, es una prioridad del gobierno y es importante señalar que los avances que hemos tenido son históricos, 35% del poder adquisitivo se ha recuperado en estos años que llevamos, se ha hecho por consenso con el sector empresarial y con el sector obrero.
Creemos que esta es la ruta a seguir. Históricamente, el gran fantasma era que no se podía subir el salario mínimo porque iba a haber inflaciones altísimas, que iba a haber una distorsión, y ya demostramos que no es así, que en realidad es una política efectiva.
Y que no podemos seguir sosteniendo que durante 40 años se perdió el 70% del poder adquisitivo, el salario mínimo se quedó por debajo de la pobreza, ni siquiera alcanzaba para que un trabajador comprara su canasta básica.
Tenemos que ir avanzando a que el salario mínimo sea lo suficiente no sólo para la canasta básica del trabajador, eso ya lo tenemos, sino también para que alcance para el trabajador o trabajadora y un dependiente económico. En la mayoría de las familias no es nada más quien trabaja, sino los hijos que conforman el núcleo familiar, y tenemos que ir avanzando hacia allá.
Obviamente con mucha responsabilidad y siempre con un diálogo abierto, creemos que es importante que sigamos avanzando en la recuperación del salario mínimo.
¿Me podría dar un monto ideal?
— Si en dos años logramos 35%, esperamos poder seguir con esa tendencia.
Lo que se ha demostrado es que no podemos apostar a ser un país competitivo por sus bajos salarios, por la precarización laboral, por prometer que no habrá sindicatos ni huelgas ni conflictos laborales.
Lo que necesitamos hacer es proteger derechos y fortalecer la posibilidad de mejoras a las condiciones laborales, una ruta es el salario mínimo, pero no puede ser la única.
La otra es la negociación colectiva, la posibilidad de que los trabajadores puedan negociar cada año los salarios; y cada dos años su contrato y condiciones laborales para irlas mejorando.
Y si hablamos de vacaciones, los mexicanos son los que más horas pasan en el trabajo y en conjunto los que menos vacaciones tienen entre los países de la OCDE.
— Es otro de los temas que hay que verlo en sus dos dimensiones, no sólo es la parte legislativa, sino también a través de las negociaciones como se van mejorando las condiciones.
Hay que entender que la LFT establece lo mínimo, por ahí no puedes negociar nada, pero el problema es que lo mínimo no es de ninguna manera lo deseable.
Por eso las negociaciones tienen que reflejar que se mejoran las vacaciones, prestaciones y sobre todo el salario; esa es la clave de ir viendo una recuperación del salario mínimo y del promedio. Que lo hemos visto en estos dos últimos años, esa es la gran apuesta para mejorar las condiciones de vida de la gente.
Dentro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿cuántas empresas inscritas han incumplido con la labor de capacitar a los jóvenes y sólo se quedaron con el recurso?
— Ha sido un programa fundamental que atiende a una realidad en nuestro país de millones de jóvenes que no estudian y no trabajan, no porque no quieran sino porque no hay alternativas, no ven posibilidades.
Estos jóvenes se encuentran en zonas urbanas y rurales, no hay distinción entre jóvenes que concluyeron sus estudios y los que no. Ha logrado atender a ese sector de la población, alejándose de la actitud anterior de llamarlos “ninis” y estigmatizarlos como si fuera su culpa.
Ha permitido atender eso y ha sensibilizado a las empresas de todo tipo, ahora incluyen e incorporan a los jóvenes de sus comunidades y los forman.
Ha habido una sensibilización de lo que significa la capacitación en el trabajo, que no era algo muy desarrollado en nuestro país. Al principio muchas empresas decían ante el programa “¿yo qué gano? Yo lo voy a formar, pero ¿qué gano?”
Hoy vemos cada vez más interés en él, ya que en la medida en que van formando a estos jóvenes, no sólo se enriquecen de su trabajo y ganas, sino les ayuda a formar a sus futuros colaboradores.
Muchas veces los empleadores no encuentran a los perfiles idóneos para sus vacantes, este programa ayuda a que una vez que los incorporan y forman, también desarrollan las habilidades y competencias que requieren las industrias para ser más productivas.
Ha habido un balance interesante y ahora, frente al Covid-19, es cierto, muchas empresas suspendieron actividades o las atienden desde casa; pero también ha atendido a una problemática adicional del sector de los jóvenes.
La beca de 3 mil 748 pesos mensuales es igual a un salario mínimo y se tiene cobertura médica, que hoy en día es algo fundamental. Es fundamental no sólo la experiencia, sino el certificado firmado por el presidente de la República que les sirve como una especie de carta de recomendación para aquellos que pidan trabajo en algún lado.
