Las condiciones económicas que prevalecieron este año a causa de la pandemia, no eximen a los patrones del pago de aguinaldo, indicó Manuel Lozano Nieto, secretario del Trabajo y Previsión Social.
El funcionario estatal destacó que las prestaciones son irrenunciables, por lo que «no hay manera de que los trabajadores dispensen al patrón que no cumpla con las prestaciones».
En ese sentido, manifestó que el hecho de que este año se haya vivido una pandemia, «no justifica que haya excepción o dilación para el pago», por lo que la expectativa es que los patrones cumplan en tiempo y forma con el pago del aguinaldo, que tiene que realizarse antes del 20 de diciembre y debe ser equivalente a por lo menos 15 días de trabajo.
Reconoció que este ha sido un año complicado en materia económica, pues en algunos lugares incluso hubo paros técnicos, y aunque el cálculo del aguinaldo incluye el tiempo laborado, señaló que no debiera influir, y en todo caso, habría que ver si los patrones plantean un convenio en ese sentido a los trabajadores.
También para el caso de que los patrones argumenten no estar en posibilidades de pagar la totalidad del aguinaldo, deben hacer una propuesta a los trabajadores para un pago diferido, para que éstos decidan si están de acuerdo con ello.
Lozano Nieto finalizó «nos queda claro que ha sido un tema muy complicado este año, ha obligado en algún momento hasta a suspender las actividades productivas, pero lamentablemente eso no exime a los patrones para entregar las prestaciones que por ley le corresponde a los trabajadores, entre ellas por supuesto la del aguinaldo; la expectativa es que cumplan y no haya retrasos en la entrega».
Culiacán, Sin.- En Sinaloa, el acoso laboral o mobbing es un tema que pocas mujeres se atreven a denunciar, sin embargo, se dice que de cinco mujeres por lo menos dos son hostigadas sexualmente en su centro de trabajo, y no denuncian… es un problema soterrado.
El hostigamiento o acoso sexual lo sufre desde una doctora, hasta una empleada doméstica y el temor es el mismo: guardar silencio para no perder el empleo.
Las palmadas en las pompis, o las continuas manos en el hombro que se deslizaban hasta el pecho. También los lascivos comentarios sobre su aspecto o las constantes insinuaciones del jefe es la constante que sufren la mayoría de las mujeres que trabajan y que socialmente está oculto porque cunde la sensación de que si se denuncia, la víctima acabará perdiendo el empleo
La ex senadora del PRI, Diva Hadamira Gastélum, quien empujó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, advirtió que en lo que se refiere a violencia de género hay resultados de encuestas que asustan.
Por ejemplo cita que hay una encuesta reciente que señala que de nueve de cada diez mujeres admiten que han sufrido violencia, pero lamenta que a la violencia laboral casi no se le voltea a ver porque la atención está centrada en feminicidios.
Advirtió que ahora con la pandemia del Covid-19, en la cual ha sobresalido la modalidad de “Trabajo en Casa”, conocida como “Home Office”, en realidad se les está cuadruplicando la carga laboral a las mujeres.
HISTORIA DE CARMEN
Carmen es una mujer que ama su trabajo, es empleada doméstica, se consideraba una mujer feliz es soltera, desea hacer una carrera, quizá para un día dejar de fregar los trastos y manejar una computadora, sin embargo, sus sueños fueron truncados al ser violada por su patrón.
“El patrón dejó de ir a la oficina por eso del Covid-19, trabajaba en su oficina, a veces me pedía que le llevara café. Mi patrona dormía hasta muy tarde, pero al patrón le dio por trabajar desde temprano, al principio, apenas levantaba la cara para decirme dónde le pusiera el café”, señala.
Sin embargo en el mes de mayo, la situación se empezó a tornar difícil, recuerda que sentía la mirada en su cuerpo, luego, le empezó a agarrar la mano, posteriormente ya eran caricias más subidas de tono, hasta que fue tomada por la fuerza.
“Lo único que hice, fue abandonar la casa, andar por la calle sin rumbo. Me desgració, perdí el trabajo, el sueldo y todavía no sé qué hacer, pero no lo denunciará por nada del mundo…”
Quien se atrevió a denunciar el acoso que sufren las mujeres policías fue el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Mario Rafael González Sánchez.
El diputado denunció el año pasado que muchas mujeres policías eran acosadas sexualmente en su centro de trabajo, incluso hubo policías que acudieron con el rostro cubierto y con testimonios apoyaron la denuncia del legislador.
Sin embargo, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Carrillo, lo negó rotundamente al asegurar que no existía denuncia formal en las instancias correspondientes.
FORO
Recientemente en el foro virtual “Violencia de Género en el Ámbito Laboral”, que se llevó a cabo en el Congreso del Estado, se remarcó que el acoso, la discriminación y las agresiones en el ámbito laboral son muy marcadas, pero poco visto, y aunque hay normas y medidas aplicadas, éstas no son lo suficiente.
La diputada Elva Margarita Inzunza Valenzuela, presidenta de la Comisión de Asuntos Obreros y de Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado de Sinaloa, advirtió que los esfuerzos para prevenir la violencia de género no han permeado lo suficiente pese a la aprobación de normas, la construcción de herramientas y el establecimiento de diversas medidas.
“De acuerdo a encuestas, el 50 por ciento de las víctimas de acoso laboral son mujeres, y el 65 por ciento ha señalado que han sido testigos de esta violencia por parte de sus jefes jerárquicos”, indicó.
La ley federal del trabajo expresamente prohíbe en todo momento, que los patrones o sus representantes realicen actos de hostigamiento y/o acoso sexual contra cualquier persona en el lugar de trabajo, así como permitir o tolerar actos de hostigamiento y/o acoso sexual en el centro de trabajo.
El outsourcing o subcontratación es indispensable y no va a desaparecer, excepto si pretende sustituir la nómina de una empresa con trabajadores subcontratados a través de un tercero, señaló José Manuel Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco Servytur) y uno de los participantes en las reuniones entre funcionarios federales y la IP.
Ya no se permitirá que los trabajadores dedicados a la actividad que constituye el objeto social de la empresa contratante sean suplantados, de modo que, si se dedica, por ejemplo, a producir un determinado artículo, no podrá subcontratar trabajadores para hacer eso mismo, pero sí para tareas como servicios corporativos, vigilancia, obras especializadas, jardinería u otras, expuso Campos en entrevista con Aristegui Noticias.
Luego de varias reuniones entre funcionarios federales y dirigentes empresariales y sindicales, el miércoles 9 de diciembre el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo, anunciaron un acuerdo preliminar para extender el plazo tanto para definir aspectos pendientes de la reforma para regular el outsourcing y dar tiempo a las empresas para regularizar su situación en esa materia, y pedir a los legisladores pospongan su discusión de la reforma legal para febrero de 2021.
Campos estima que, aun cuando la discusión y aprobación legislativa de la reforma hubiese ocurrido en este mes de diciembre, es necesario un período de transición de alrededor de 3 meses, por lo que la aplicación de la nueva ley entre en vigor en marzo o abril de 2021.
Presente en las reuniones con las autoridades, Campos señaló que fue precisamente la definición de lo que se puede y lo que no se puede hacer lo que hizo demorar las discusiones, pero en el fondo el espíritu es que no haya sustitución de nómina ni de patrones, y que se evite el abuso que se ha dado con la facturación de servicios y los derechos de los trabajadores al no reconocerles sus prestaciones.
“En los grandes conceptos que dieron origen a esta iniciativa ya estamos de acuerdo”, afirmó.
Rechazaron suscribir el acuerdo la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) bajo el argumento de que el convenio preserva la idea de prohibir de manera sustancial la actividad de la subcontratación, dejándola relegada sólo a la subcontratación especializada.
¿Qué sigue?
En los próximos tres o cuatro meses, las empresas que sí tienen sustitución de nómina deberán incorporar a los trabajadores subcontratados a su nómina, definir en su caso qué se puede y qué no se puede subcontratar y comenzar a trabajar en las fórmulas para determinar el reparto de utilidades, indica el dirigente empresarial.
Explicó que una de las propuestas que está sobre la mesa es la responsabilidad solidaria del contratante con el contratado, lo que significa que, si la empresa especializada que es subcontratada no paga las prestaciones correspondientes a sus trabajadores, la compañía contratante tendría que pagarlas.
Y un asunto que todavía no se ha discutido, señala Campos, es la deducibilidad de las prestaciones, un tema de interés principalmente de las MiPymes y que evitaría incentivar la informalidad.
“Una de las formas como deben contribuir estas modificaciones a la subcontratación es con una mayor inclusión del sector de trabajadores a todas las prestaciones, de salud, financiera, vivienda, etcétera”, apunta.
Antes de la pandemia la informalidad era de 60% en ese sector, y si no se toman medidas para evitar su incremento durante la reactivación ni hay un cambio que incentive a estos negocios a pasarse a la formalidad, el país no podrá crecer a mayores tasas, anticipa.
Aclaró que, aunque se trata de una reforma laboral, sus efectos son fiscales, de pago de derechos y de lo que es deducible y lo que no para efectos del ISR, pues finalmente lo que se requiere es poder definir cuál es el costo para los inversionistas.
Son los puntos que están pendientes de resolver, la implementación, los tiempos y las formas, pues en lo fundamental ya hay acuerdo, bajo dos objetivos: tutelar los derechos de los trabajadores y la productividad de las empresas, indicó el presidente de Concanaco Servytur.
Consideró que las empresas deben empezar por comprender que habrá una modificación y que tienen que empezar a trabajar en reestructurar sus modelos de contratación a efecto de estar acordes para cuándo entre en vigor la ley.
“El sector empresarial ve con buenos ojos el que se tutelen los derechos de los trabajadores, pero que no se afecte la productividad de las empresas”, concluyó el dirigente empresarial.
Tras varias reuniones, la iniciativa privada y el gobierno federal, acordaron posponer la reforma a la subcontratación laboral
Desde hace semanas, líderes empresariales e integrantes de distintas cámaras y agrupaciones de la iniciativa privada, llevaron a cabo diversas reuniones con representantes del Gobierno Federal, para analizar la iniciativa para regular la subcontratación laboral, conocida como outsourcing.
Si bien se habían logrado algunos consensos, como la eliminación del insourcing, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se resistía a eliminar ciertos puntos de la iniciativa como, la entrada en vigor de la reforma, misma que se tenía prevista para enero de 2021.
Sin embargo, la IP, el sector obrero y el Gobierno Federal, acordaron que no se criminalizará ni eliminará el outsourcing, aunque sí se mantendrán las sanciones contra los empresarios que abusen de esta modalidad laboral. Asimismo, los empresarios deberán garantizar que la subcontratación reconozca los derechos laborales de los trabajadores y se otorguen las prestaciones como aguinaldo, ahorro para el retiro, pago de utilidades y liquidación.
Los puntos del acuerdo
En este sentido, se comprometieron a cumplir con los siguientes acuerdos referentes al outsourcing:
Resolver el problema del abuso de subcontratación de personal. Las empresas del país iniciarán de inmediato el proceso para regularizar sus plantillas en el marco de la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo.
Reparto de utilidades. Pese a que no ha quedado definido, se iniciará un proceso de consulta para analizar un sistema de utilidades justo, equitativo y que evite la discrecionalidad en su pago.
Se pospone hasta el mes de febrero de 2021, la discusión de la iniciativa, misma que en su momento, se señalará como preferente para que en un plazo no mayor a 30 días pueda discutirse y aprobarse.
Las empresas que manejan nóminas, deberán de dejar de desarrollar prácticas irregulares que perjudiquen a los trabajadores, como darlos de baja de manera masiva en diciembre.
En tanto, el IMSS, Infonavit y el SAT, harán un exhorto formal a estas empresas y, de encontrarse irregularidades o la posible comisión de delitos, se procederá administrativa o penalmente.
La aprobación unánime en el Senado de la reforma que obliga a otorgar aumentos anuales al salario mínimo por arriba de la inflación, fue seguida de múltiples propuestas a fin de que se fomenten el empleo formal y los sueldos remuneradores para corregir la situación que ubica a los trabajadores de México con los ingresos más precarios en América Latina.
La reforma al artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo dispone que “la fijación anual de los salarios mínimos, o la revisión de los mismos, nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia transcurrido”.
Esta aprobación, por 93 votos, fue remitida por el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, a la Cámara de Diputados para su revisión y, de concretarse, significaría un cambio consistente hacia la mejora de los salarios en México, luego de tres décadas de deterioro.
Martí Batres (Morena) dijo que las iniciativas que dieron sustancia a esta reforma refleja “la preocupación por el grave proceso de deterioro del poder adquisitivo del salario mínimo en las últimas décadas”.
Beatriz Paredes (PRI) indicó que durante la pandemia muchos de los trabajadores informales se quedaron fuera de la posibilidad de obtener ingresos, por lo que también “hay que abatir la informalidad, ampliar la seguridad social, las mejores condiciones, trabajo decente y reflexionar sobre el impacto de la revolución tecnológica en la planta laboral”.
Miguel Ángel Mancera (PRD) subrayó que hacia este objetivo se ha avanzado desde 2014, cuando, como jefe de Gobierno “dijimos que era necesario elevar el salario mínimo”.
El día 9 de diciembre y en el marco de los 16 días de activismo para erradicar la violencia de género, la Secretaría del Trabajo realizó simultáneamente en Acapulco y Cd. Altamirano, una jornada más de Vinculación Laboral con el Programa instituido por el gobernador Héctor Astudillo Flores “Un Día por el Empleo” donde se ofertaron un total de 100 plazas de empleo formal
Cabe mencionar que en el puerto de Acapulco el Servicio de Protección Federal, realizó entrevistas para dos puestos de trabajo diferentes, brindando la oportunidad de un empleo permanente a personas de hasta 65 años de edad.
Debido a la buena respuesta que se obtuvo, se abrió una fecha más de entrevistas para el día de mañana.
La inauguración de esta actividades estuvo a cargo del Secretario del Trabajo, Óscar Rangel Miravete, quien mencionó que estas actividades de los 16 días de activismo, tienen como propósito empoderar económicamente a las mujeres.
La Afore PensiónISSSTE y las restantes nueve cumplirán con las nuevas disposiciones legales, tras la aprobación de la reforma para fortalecer las pensiones del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), dijo Iván Pliego, vocal ejecutivo de dicha administradora.
“La reforma tiene en el centro las preocupaciones de los trabajadores y van a ser ellos los primeros beneficiados; esa es una diferencia respecto de las iniciativas anteriores, que atendían el tema de pensiones como un problema solamente de finanzas públicas, sin tener a consideración el interés de la fuerza laboral», señaló.
“Yo creo que todos los participantes en el sector de las Afores estaremos dando cumplimiento cabal a las nuevas disposiciones legales”, afirmó Pliego.
El funcionario agregó que el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PensiónISSSTE) celebra la aprobación de la reforma a diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro que realizó el Congreso de la Unión, pues representa una señal positiva para mejorar las condiciones de los trabajadores al finalizar su vida laboral.
En medio del tema más álgido de la reforma, el tope máximo de comisiones en un promedio aritmético entre Estados Unidos, Chile y Colombia es de 0.54 por ciento.
Iván Pliego sostuvo que una comisión baja beneficia directamente el monto del ahorro de los trabajadores, por lo que se comprometió a seguir bajando las comisiones que se cobran a los trabajadores.
Resaltó que PensiónISSSTE se ha encaminado a reducir la comisión que cobran a los trabajadores e históricamente tienen la más baja del mercado, actualmente de 0.79 por ciento, y eso tiene un impacto directo en el ahorro de los trabajadores, por lo que seguirán hacia niveles internacionales.
La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) anunció que seguirán trabajando para seguir fortaleciendo el Sistema de Ahorro.
Sin embargo, una fuente que pidió el anonimato, indicó que queda claro que si alguna Afore quiere ampararse porque el control de precios es ajeno al sistema constitucional del país y al régimen internacional de protección de inversiones, ya sería decisión de cada administradora.
Actualmente, los activos que administra el SAR representan cerca del 18.64 por ciento del sistema financiero mexicano y el 31.82 por ciento del ahorro interno.
El Sistema ha dado un rendimiento histórico de 11.10 por ciento nominal y 5.40 por ciento real al cierre de octubre, y es una de las principales fuentes de financiamiento de proyectos de desarrollo nacional.
Leticia Bonifaz refirió que el Poder Judicial ha sido clave en avances de derechos laborales para las mujeres.
El documento también señala que se debe realizar una evaluación profunda a la capacitación que reciben los operadores jurídicos de las empresas, para garantizar la protección y derechos de las mujeres.
De acuerdo con el estudio Discriminación y violencia contra las mujeres, presentado por la Red de Mujeres Sindicalistas (RMC), en alianza con la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, en los sectores patronal y sindical existe una resistencia a crear protocolos que permitan eliminar la discriminación laboral contra las mujeres.
El documento también señala que se debe realizar una evaluación profunda a la capacitación que reciben los operadores jurídicos de las empresas, para garantizar la protección y derechos de las mujeres. A este respecto, la autora del estudio, Andrea Medina, explicó que en el país existe una distinción de género en el servicio público lo cual genera discriminación, por lo que es necesario centrarse en la operatividad de las normas, con el propósito de lograr vincular en los procesos la igualdad sustantiva.
«Los derechos laborales deben concebirse como derechos humanos: los espacios laborales deben ser fuente de transformación y cambio social», mencionó Medina.
A este respecto la coautora del estudio, Dafne Peña, consideró fundamental que la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establezca sanciones para quienes realicen actos de hostigamiento sexual o laboral contra las mujeres, además de que los juzgadores deben emitir las sentencias con perspectiva de género.
Por su parte, Leticia Bonifaz, especialista del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres de la ONU, refirió que el Poder Judicial ha sido clave en los avances de derechos laborales para las mujeres, pues mediante la emisión de sentencias ha logrado fijar precedentes en favor de las mujeres.
En ese sentido, la senadora por Morena, Martha Lucía Micher, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Senado, expresó que los indicadores plasmados en el documento permiten conocer los avances y retos legislativos, entre los que destacó en la reforma laboral se incluyó la igualdad sustantiva, con lo que se garantizó el pleno ejercicio de los derechos laborales de las mujeres.
Por último, la investigadora de la UNAM, Aleida Hernández, puntualizó que se debe aplicar una perspectiva de género en la instrumentación jurídica del acceso a la justicia y la capacitación de los operadores jurídicos, quienes son los que miran, interpretan y aplican la ley.
El gobierno de la República y los sectores obrero y empresarial suscribieron un acuerdo para mejorar la iniciativa de ley que busca regular el outsourcing en nuestro país y castigar severamente las prácticas abusivas del esquema de contratación laboral.
El acuerdo tripartito solicitó más tiempo de discusión al congreso de la unión para analizar la iniciativa en cuanto al reparto equitativo de utilidades se refiere y que sea hasta el próximo periodo de sesiones cuando arranque la discusión pública de las modificaciones a la iniciativa de reforma, que será enviada en modo preferente, destacó el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.
«Muchas gracias por aceptar este encuentro para suscribir un documento y empezar ya el proceso de consulta para que, en el próximo periodo ordinario de sesiones, porque ya no va a haber tiempo, eso se le va a notificar y se le va a pedir respetuosamente al Congreso, que nos esperen, de modo que la iniciativa que están analizando pueda ser mejorada, enriquecida a partir de este diálogo y del acuerdo al que se llegue», expuso previo a la firma del acuerdo en el salón Tesorería de palacio nacional.
Señaló que en la iniciativa original que envió hace un par de semanas a los legisladores no se incluyó el tema del reparto de las utilidades, pero el sector empresarial solicitó que se trate también el tema, sin la finalidad de afectar a los trabajadores.
Al respecto, la secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde Luján explicó los cuatro puntos del acuerdo suscrito este miércoles.
En primer lugar puntualizó que para solucionar el problema de la subcontratación de personal, las empresas del país iniciarán de inmediato el proceso para regularizar sus plantillas en el marco de la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo federal’.
El personal contratado por outsourcing representa 15.5% del empleo en el país. Fuente: Censos Económicos 2019 del Inegi
Como segundo punto, al hablar del reparto de las utilidades y que no ha quedado lo suficientemente definido ni socialmente debatido, se pidió más tiempo para su análisis público entre los sectores, a fin de definir un sistema de reparto de utilidades justo.
De ahí que se informó que se iniciará dicho proceso de consulta para ser resuelto previo a la discusión de la iniciativa.
«Ante la envergadura de la reforma y sus impactos operativos, las empresas solicitaron un plazo de tiempo para llevar a cabo este proceso.
Por ello, se solicita respetuosamente al Poder Legislativo se pueda posponer al mes de febrero de 2021 la discusión parlamentaria de la iniciativa que se señalará como preferente para que, en un plazo no mayor a 30 días, pueda discutirse y, en su caso, aprobarse» detalló la secretaria del trabajo en el punto tres del acuerdo.
Como cuarto punto se hizo un llamado a las empresas que manejan nóminas para que de inmediato dejen de desarrollar prácticas irregulares, perjudiciales para los trabajadores, como darlos de baja de manera masiva en diciembre.
«El Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit y el SAT harán un exhorto formal a estas empresas y, de encontrarse irregularidades o posible comisión de delitos, se procederá de inmediato administrativa o penalmente» anunció Luján Alcalde.
HAY OUTSOURCING BLANCO Y NEGRO
Al hablar en representación del sector obrero, Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) dijo que siempre se está más cerca de los acuerdos que de los desacuerdos, por lo que aseguró que empresas y trabajadores llegarán a un acuerdo justo en cuanto a la subcontratación de personal.
«No todas las empresas tienen outsourcing, pero algunas lo tienen y, la verdad, han abusado de él. Yo diría que hay un outsourcing blanco y hay un outsourcing negro, a donde incluso, lo que ya decía la secretaria, en este mes empiezan a dar de baja a la gente para no pagarle su aguinaldo» denunció el represnetante de los trabajadores.
Por su parte, Carlos Salazar Lomelín, líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) agradeció al presidente de la república el diálogo para discutir la iniciativa porque se preveía que iban a ocurrir situaciones en las que «tanto el trabajador o el empresario, nos podíamos sentir a disgusto con la conclusión».
«Esto nos permitirá sin duda mejorar cualquier propuesta que se haya hecho, nos permitirá poder manejarnos mucho mejor, entender mucho mejor las consecuencias de esta iniciativa y nos dará el tiempo, como usted mismo, como la secretaria nos lo explicó en el acuerdo que vamos a firmar, a tener el tiempo para adaptar a las empresas de una manera adecuada y también a los trabajadores en cuanto al tipo de nóminas que van a buscar».
Insistió en que los empresarios de México jamás defenderán cualquier irregularidad ya que lo que se busca es llegar siempre a mejores propuestas.
La pérdida de trabajo entre seis de cada 10 mujeres se debe a cuestiones discriminatorias por género que limitan su desarrollo profesional, según el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).
La pandemia por Covid-19 ha dejado sin empleo a 1.5 millones de personas, de las cuales 74% son mujeres y una de las principales razones es la discriminación por cuestiones de género, advirtió el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).
Durante el primer trimestre de 2020, 7.2 millones de mexicanos estaban al margen del mercado laboral, pero hacia el cierre de septiembre la cifra creció 21%, al registrarse una población de 8.7 millones de desempleados.
A través del análisis Movilidad Social en el Mercado de Trabajo, el CEEY, detalló que 68% de las mujeres sin trabajo atribuyeron su situación a factores de género, como el embarazo, las responsabilidades de cuidado en la familia o la prohibición de trabajar por parte de algún familiar.
Abundó que otra de las razones de desempleo se debió a una condición de salud crónica o con alguna discapacidad, así como falta de formación; es decir, lo que saben hacer no tiene demanda, y sus habilidades o conocimientos actuales no son los que buscan los empleadores.
¿POR QUÉ LAS MUJERES NO TIENEN EMPLEO?
El instituto también refirió que en el primer trimestre del año, aproximadamente 10 millones de personas renunciaron alguna vez por factores desfavorables que limitan la movilidad social; 86% fueron mujeres y 14 % hombres.
En este contexto, el organismo consideró que las políticas y leyes laborales deben ajustarse para resolver los problemas estructurales del mercado laboral mexicano.
Puntualizó que es necesario hacer efectivas las acciones antidiscriminatorias tanto en el ámbito público como en el privado, tomando en cuenta que la mayoría de mujeres atribuye su falta de trabajo a cuestiones de discriminación
El director de Crecimiento Económico y Mercado Laboral del CEEY, Marcelo de la Jara dijo a Publimetro que las autoridades deben ajustar las política de gobierno para elevar la inclusión de las mujeres en el mundo laboral.
Mencionó que no basta con dar ayudas monetarias, sino articular esquemas de capacitación que permitan abrir oportunidades y a la par, perfeccionar los modelos de cuidado de menores y adultos mayores.
De la Jara recordó que uno los mayores motivos por los que las mujeres no cuentan con empleo, es que tienen que cuidar a sus hijos u otros familiares porque carecen de servicios idóneos o suficientes recursos económicos para solventar dichas tareas y empatarlas con la vida laboral.
“Las autoridades deben cerrar la brecha laboral y dar más oportunidades a las mujeres. Tener mejores sistemas de cuidados donde ellas puedan contar con guardarías adecuadas”, Marcelo de la Jara, experto del CEEY.
