López Obrador explicó que con el aumento del 30% del salario mínimo en los últimos dos años se detuvo la caída del poder adquisitivo de éste.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador reveló que la propuesta del Gobierno de México será aumentar un 15 por ciento el salario mínimo para 2021, aunque la decisión la tomará una comisión tripartita.
En conferencia de prensa López Obrador explicó que con el aumento del 30 por ciento del salario mínimo en los últimos dos años se detuvo la caída del poder adquisitivo de éste.
El titular del Poder Ejecutivo Federal también afirmó que se trata de una vergüenza que el salario mínimo en México ocupe el lugar 16 en América Latina.
Cabe recordar que el aumento a los salarios mínimos es producto de un acuerdo entre sindicatos, el sector patronal, liderado por la Coparmex, y el gobierno, representados todos en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), y no producto de una orden presidencial.
A finales de cada año, representantes de los tres sectores inician un proceso de negociación, de tal forma que a mediados de diciembre anuncian el aumento que regirá a partir del ejercicio siguiente.
Alfredo Domínguez Marrufo, director nacional del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), aseveró que, a casi un mes de que se puso en marcha, como parte del nuevo modelo de justicia en la materia, el organismo ha tenido una “buena respuesta” por parte de los trabajadores.
“En general, hemos visto muy buen ánimo. Los comentarios que tenemos es que hay mucha inquietud y desconocimiento respecto a los trámites que se pueden realizar, pero en general hemos tenido muy buena respuesta. La gente que es atendida está dispuesta a cumplir con los trámites, saben que esto es parte de una reforma constitucional”, afirmó el funcionario.
Domínguez Marrufo aseveró que la característica principal del CFCRL que lo diferencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje es que la instancia federal atiende todos los temas relativos a sindicatos y la firma de contratos colectivos.
“Este es un centro que, dentro del nuevo modelo, viene a ser la parte conciliatoria que le correspondía antes a la junta y viene a llevar a cabo la parte registral (de los organismos gremiales), que le correspondía a la Dirección General de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social”, precisó.
Además de Hidalgo, el 18 de noviembre pasado se abrieron CFCRL en Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Tabasco, Campeche y Chiapas. Dicha instancia proporciona atención presencial en materia de conciliación y trámites de registro vía electrónica.
Se realizarán modificaciones al Protocolo para la Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo, toda vez que detecte que “la autorregulación no ha sido eficaz”, informó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) realizará algunos ajustes al Protocolo para la Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo, toda vez que detectó que “la autorregulación no ha sido eficaz”, por lo que además de la nueva aplicación de la reforma laboral, busca incluir una vía para que los trabajadores presenten inconformidades respecto de los procedimientos que ha seguido el sindicato para dar cumplimiento a la Ley.
De acuerdo con el expediente 14/0034/081220 publicado en la Cofemer, la dependencia detalló que “resulta necesario establecer un procedimiento que permita atender las inconformidades de los trabajadores que se presenten con motivo de los eventos de consulta dentro de los procedimientos de legitimación de un contrato colectivo de trabajo”; ya que para la legitimación es indispensable que se realice mediante el voto libre, secreto y directo de los trabajadores.
Cabe recordar que la reforma laboral entró en vigor en mayo de 2019 y los sindicatos cuentan con un periodo de 4 años para legitimar su contrato colectivo de trabajo existente; lo que además, permite transparentar los procesos democráticos que exige el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La dependencia expuso en la Cofemer que “actualmente los sindicatos podrían modificar sus estatutos y autoregularse para la verificación de sus contratos colectivos y establecer que tengan que ser legitimados por la mayoría de sus trabajadores, para que sean auténticos. Sin embargo, la autorregulación no ha sido eficaz, ya que la mayoría de los contratos colectivos son simulados mediante sindicatos de protección para el patrón”.
La autoridad laboral detalló que parte de los contratos existentes surgieron bajo la creación de sindicatos de protección que no representan a la mayoría de los trabajadores y sus directivas son los que celebran los contratos colectivos de trabajo, a espaldas de la base trabajadora.
“Por lo que no era posible obligar a los sindicatos de protección a consultar a los trabajadores para la celebración o revisión de los contratos colectivos de trabajo (…) Por esta razón se consideró establecer un mecanismo que «depure» y transparente los contratos celebrados durante los próximos 4 años siguientes, para dejar vigentes sólo los contratos colectivos de trabajo que realmente representan a los trabajadores”.
Aún cuando no esté en operaciones al 100% el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; la STPS podrá determinar si hubo incumplimiento o violaciones en la legitimación de contrato.
Ajustes, y no señalamientos
México está obligado a transparentar los procesos de legitimación de los contratos colectivos de trabajo, de ahí la necesidad de hacer ajustes, sobre todo “porque dados los compromisos internacionales del T-MEC, así como el monitoreo que está llevando a cabo Estados Unidos, y que incluso tiene un call center para recibir, de manera anónima, cualquier denuncia es válido que el gobierno mexicano establezca un mecanismo de esta naturaleza”, comentó Óscar de la Vega, socio de la firma de D&M Abogados.
Añadió que todavía hay mucha regulación pendiente sobre cómo garantizar la libertad de asociación íntegra de parte del trabajador, “es un paso positivo para darle transparencia a los procesos que deben ser democráticos y sin presión ni por parte de los sindicatos, ni de las empresas”.
De acuerdo con Esteban Martínez Mejía, titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, el gobierno federal mantiene un intenso trabajo para impulsar el cumplimiento de la reforma laboral con todos los sectores, “no sólo porque hay plazos establecidos, sino porque el incumplimiento de lo señalado por el Capítulo Laboral del T-MEC puede repercutir en las relaciones comerciales de México”.
Algunos datos
A la fecha se han dado de alta 309 sindicatos en la plataforma electrónica, de los cuales, 132 tienen o han tenido, por lo menos, un evento de consulta.
Se han registrado un total de 478 contratos colectivos de trabajo, de los cuales, 262 han sido legitimados.
Desde el mes de septiembre de 2019 a la fecha, se han celebrado 801 eventos de consulta, de los cuales en 250 eventos se solicitó verificación por notario público, y en 551 eventos por inspector laboral.
Se han expedido un total de 262 constancias de legitimación. A la fecha, se tienen programados 149 eventos de consulta que se llevarán a cabo del 4 de diciembre de 2020 al 8 de enero de 2021.
El secretario del Trabajo, Mario Ramírez Retolaza, se reunió con líderes sindicales con la finalidad de atender dudas y sugerencias respecto a las medidas sanitarias que se instrumentan en la entidad para salvaguardar la salud de las familias en Querétaro y lo correspondiente a la Reforma Laboral.
Para seguir avanzando en los trabajos de la Reforma Laboral, el Secretario del Trabajo compartió con los líderes sindicales los canales de comunicación para realizar la actualización de los estatutos de sus organizaciones.
En cuanto a la aplicación de las medidas sanitarias para evitar contagios ante la pandemia, el secretario de Salud, Julio César Ramírez Argüello, explicó las medidas establecidas en el último acuerdo publicado en el Diario Oficial “La Sombra de Arteaga”, asimismo, compartió el panorama actual de la entidad.
Las reuniones del secretario del Trabajo con los representantes sindicales tienen como objetivo informar sobre las acciones que se llevan a cabo en Querétaro y escuchar dudas o sugerencias para contribuir a que las últimas se realicen en beneficio de las y los trabajadores de la entidad.
La Agencia Notimex fue notificada por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje durante la madrugada de este martes de la promoción de un juicio de imputabilidad promovido por el Sindicato Único de Trabajadores (SutNotimex) con el que busca que la autoridad laboral tenga la opción de concluir la huelga.
Tras informar de ello, la agencia sostuvo que mientras ofrece un diálogo para solucionar el conflicto laboral, la Junta y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) “son omisas y parciales en todo momento a las pretensiones del SutNotimex”.
Además, cuestionó que no fueron tomadas en cuenta los ofrecimientos que hizo la Agencia informativa para reanudar las mesas de negociación.
“En esa audiencia haremos valer nuestros argumentos, pues consideramos que no procede meter a juicio colectivo la reinstalación de 42 huelguistas, y otras manifestaciones que en su momento las presentaremos en la Junta de Conciliación y Arbitraje”, indicó Víctor Fernández Peña, director Jurídico de Notimex.
Detalló que la notificación del juicio de imputabilidad establece que será el 22 de diciembre a las 11:00 horas cuando se realice la audiencia.
Por medio de un comunicado, la Agencia agregó que el Sindicato huelguista pide “imposibles” como lo es la reinstalación de 42 ex trabajadores y 223 plazas sindicales, lo cual es contrario a la Ley de Austeridad Republicana ordenada por el gobierno federal.
Reiteró que, mientras la Junta de Conciliación y Arbitraje y la STPS “en todo momento hacen caso omiso a nuestros ofrecimientos, en cambio las peticiones del SutNotimex son avaladas y ratificadas quedando de manifiesto una parcialidad total hacia los huelguistas”.
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados avaló la iniciativa presidencial que reforma el sistema de pensiones, que reduce las semanas de cotización e incrementa las cuotas empresariales y del Estado, además de que define un tope a las comisiones que cobran las administradoras de fondos para el retiro (Afore) a los trabajadores.
En la discusión del dictamen, que se turnó a la mesa directiva de la cámara para que se discuta en la sesión ordinaria de este miércoles, el vicecoordinador de Morena, Pablo Gómez, cuestionó que el monto de las comisiones es inmoral.
Es un robo y sus operadores deberían estar sujetos a proceso penal. Es tan feo y crudo como esto: no hay mejor negocio que este, las Afore esquilman a la gente de la peor manera, agregó.
Inicialmente se acordó constituir una mesa de trabajo para negociar una redacción distinta a la iniciativa del Ejecutivo, que prevé definir un máximo de comisiones a partir de una media entre las que se cobran en Estados Unidos, Colombia y Chile. No obstante, la iniciativa se modificó sin cambios y la oposición anunció que presentará una reserva en este punto.
No obstante, Gómez insistió en que la reforma busca moderar el cobro por parte de las Afores y acotó que cualquier propuesta para cambiar la redacción se haga siempre y cuando detengamos este esquilmo gigantesco y escandaloso. Las tasas de ganancia de las Afore son las más altas del sistema financiero de gente que no hace nada. Tienen que bajar.
La votación
Con 22 votos en favor de Morena, PAN y Movimiento Ciudadano, y tres abstenciones de PRI y PRD, la comisión aprobó el dictamen donde se acepta la propuesta de incrementar las aportaciones patronales y del Estado para que los trabajadores de menos recursos puedan obtener una pensión mínima garantizada y reducir las semanas de cotización de mil 250 a mil.
A partir de la reforma a las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), se prevé que la aportación patronal pase gradualmente de 5.15 por ciento en 2023, a 13.87 por ciento en 2030.
Al explicar el alcance de la reforma, el secretario de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano (Morena), indicó que los trabajadores ya no tendrán que esperar a que se cumplan mil 250 semanas de aportaciones, porque ahora se podrán pensionar con mil semanas, es decir casi cinco años antes.
Respecto de la aportación patronal, pasará gradualmente de 5.15 a 13.87 por ciento, y la aportación del Estado modificará su composición para beneficiar sólo a los trabajadores de menores ingresos, refirió.
En el dictamen se explica que con la reducción de semanas se enmendará el diseño de la Ley del Seguro Social en vigor desde julio de 1997, que deja sin acceso al derecho a una pensión a la mayoría de los trabajadores, ya que de seguir así, precisó, únicamente 34 por ciento de los afiliados al SAR tendrán derecho a recibir una pensión garantizada.
Explicó que si bien la Ley del Seguro Social estableció como un nuevo beneficio una pensión garantizada, la realidad del mercado laboral mostró que este beneficio sólo cubre a una minoría de trabajadores.
La Cámara de Diputados aprobó esta tarde la regulación del tele trabajo o home office, para que los trabajadores puedan realizar un servicio remunerado en un lugar distinto a su centro laboral.
Con 440 votos a favor, el pleno aprobó con cambios la minuta que le envió el Senado en junio, por lo cual la reforma se devolvió a los senadores, con objeto de que estos decidan si se allanan a las modificaciones.
El dictamen avalado prevé que el tele trabajo será voluntario y deberá estar regido por un contrato, donde se especifiquen las condiciones en que se ejercerá.
Entre otros beneficios incluye el derecho de los empleados a la desconexión, para que su jornada se limite a la contratada con el patrón.
Con objeto de garantizar el derecho a la intimidad de los trabajadores bajo la modalidad a distancia, se prevé que solo se podrán usar cámaras de video y micrófonos para supervisar el trabajo de manera extraordinaria y se prohíbe su geolocalización.
La reforma prevé que las empresas deberán aportar a sus trabajadores los medios, recursos y herramientas para realizar su trabajo a distancia, como computadoras, escritorios y sillas de oficina, así como el pago proporcional de la electricidad, así como proveer la instalación y mantenimiento de los equipos.
En los contratos deberá definirse con precisión el horario de la jornada laboral, así como las horas que se destinarán para el consumo de alimentos.
A 18 días que entró en vigor el nuevo modelo de justicia laboral en Hidalgo, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) ha iniciado un total de 58 solicitudes de conciliación que tienen que ver con separación del trabajador o por una cuestión de cierre de empresas, recorte de personal, reajuste debido a la pandemia, entre otros.
Lo anterior, lo dio a conocer el director general del CFCRL, Alfredo Domínguez Marrufo; al tiempo que recibió que la totalidad de las solicitudes ingresadas, 33 continúan en trámite, en nueve casos ya se celebraron audiencias, en un caso se declaró la incompetencia y en 15 casos se llegó a un convenio entre el empleador y el trabajador.
Hasta el momento, informó, no hay constancia de que se haya agotado la conciliación prejudicial, y que alguno de esos asuntos se deba turnar a los Tribunales Laborales.
Respecto de los 15 asuntos en los que se logró la celebración de un convenio – abundó – que ya se da por concluido el procedimiento y se da resuelto el conflicto laboral.
Aquí destacó que, precisamente, es el espíritu de la nueva ley, qué el menor número de asunto llegue a tribunales, “es la gran apuesta que se tiene, que los asuntos resuelvan por la vía del diálogo para llegar a acuerdos satisfactorios para ambas partes ”.
Alfredo Domínguez recordó que una vez que recibe una solicitud de conciliación, el Centro cuenta con un plazo de 45 días naturales para realizar el procedimiento, mismo que se realiza en una sola audiencia.
Finalmente, indica que tal y como lo establece la ley, la federación tiene competencia en materia laboral en los ramos de minería, electricidad y petroquímica, química, farmacéutica, aeronáutica, eléctrica, vidrieras, cartón, papel, metalúrgica, entre otras.
Los motivos de conciliación son: separación de trabajo ya sea por cierre, reajuste u otros motivos; diferencia de pago, o bien indemnización. “En la mayor parte de las solicitudes tiene que ver con la separación de los trabajadores, en otras tiene que ver con la diferencia que existe en el pago de sueldo o de indemnización para un trabajador”, finalizó
México exportó autopartes al mercado de Estados Unidos por un valor de 42,835 millones de dólares de enero a octubre de 2020, lo que representó una participación de mercado de 39.9%, de acuerdo con estadísticas del Departamento de Comercio estadounidense.
México ha incrementado esa porción en cada uno de los últimos 12 años, desde su participación de 29.4% en 2009, considerando años completos, con excepción del año en curso.
Coyunturalmente, este logro de México se da luego de cuatro meses de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual exige una mayor incorporación de insumos, partes y componentes para que los autos y camiones puedan gozar del no pago de aranceles en el comercio intrarregional.
En el más reciente tramo, México incrementó su participación de mercado de 39.6 a 39.9% comparando los periodos de enero a octubre de 2019 y 2020, respectivamente, en el total de importaciones de autopartes realizadas por Estados Unidos.
En contrapunto, Canadá, el otro socio de Estados Unidos en el T-MEC, registró una caída en su porción de mercado de 10.8 a 10.6% con las mediciones de esos mismos plazos
Desde otro ángulo, México triplicó en una década sus envíos de partes automotrices al mercado estadounidense, desde 19,361 millones de dólares en 2009 a 61,682 millones de dólares en 2019, periodo en el cual crecieron nominalmente estas ventas mexicanas año tras año.
Sin embargo, en los 10 primeros meses del año actual, México sufrió una caída interanual de 17.7% en este indicador; pero mantuvo su competitividad relativa porque las importaciones estadounidenses de autopartes originarias de todo el mundo descendieron 22.3% en igual lapso. El T-MEC cambió las reglas de origen para el sector, requiriendo que 75% del contenido automotriz se produzca en América del Norte y que las autopartes principales se originen en Estados Unidos, Canadá o México.
Después de un período de introducción gradual, sólo los productos que cumplan estos requisitos de contenido recibirán acceso libre de impuestos
Actualmente, México es el quinto mayor productor de autopartes en todo el mundo, con 99,000 millones de dólares en ingresos anuales y es el mercado de exportación más grande para autopartes de Estados Unidos.
Como proveedores externos de autopartes en el mercado de Estados Unidos, por debajo de México se ubicaron en los 10 primeros meses del 2020: Canadá con 11,341 millones de dólares (-19.7% interanual), China con 10,044 millones de dólares (-24%), Japón con 9,202 millones de dólares (-23.1%) y Corea del Sur con 6,341 millones (-16.5 por ciento).
En general, las ventas y la producción de vehículos ligeros automotrices en los mercados principales de América del Norte y Europa continuaron aumentando en el tercer trimestre de 2020 luego de las disminuciones relacionadas con la pandemia de Covid-19 y experimentadas en la primera mitad de 2020.
A principios de 2020, las empresas desarrollaron e implementaron protocolos Covid-19, herramientas de evaluación y documentos de orientación para respaldar el objetivo de administrar la salud de sus empleados.
Hoy día, incluida la prospectiva, se cree que los impactos a corto plazo más severos de la pandemia ocurrieron en el primer semestre de 2020.
A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le está causando preocupación la transición que el Gobierno llevará a cabo para los trabajadores que no son de base, en el marco de la reforma al outsourcing, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Esto, pese a que aún no se ha detallado el plan.
«Tenemos conocimiento de que al interior del Gobierno federal, particularmente en la Secretaría de Hacienda, hay preocupación por los impactos presupuestales que esto pueda generar», dijo Gustavo de Hoyos, líder del organismo, en conferencia de prensa.
Asimismo, consideró que el incrementar la plantilla de personal burócrata debe ser analizado según las necesidades y sin presionar los presupuestos.
«Antes de incorporar hay que revisar si ese trabajo, esa función, es sustantiva para el Gobierno, es indispensable arroja valor, tratándose del tipo de trabajo que se pretende contratar», explicó.
Para De Hoyos, es en el Gobierno donde prevalece el mayor reto en reformar la figura de la subcontratación y donde se dejó de vigilar el correcto funcionamiento de dicho esquema de contratación.
«En la mayor parte del sector privado las prestaciones (entre trabajadores de base y los que no lo son) eran similares, sino que iguales, en el Gobierno federal existía esta gran asimetría», dijo.
Asimismo, consideró que es incorrecto generalizar a la subcontratación como una mala práctica, pues en el caso del sector privado, la «inmensa mayoría» cumple con las normativas emitidas para el outsourcing y, en todo caso, lo que ha fallado es la vigilancia por parte del Gobierno.
«Y también sabemos que la autoridad, desde sexenios anteriores y en el actual, ha sido indolente, permisiva, no obstante que existen las facultades, las atribuciones y la información, tanto en el SAT, en el Seguro Social, como en el Infonavit y desde luego en la Secretaría del Trabajo y no han cumplido con su obligación de fiscalización.
«Ha habido una tolerancia culposa por parte de las autoridades, al no llevar a cabo sus actividades de revisión y fiscalización para esos casos», acusó.
El líder empresarial aseguró que desde Coparmex se defenderá la libertad de los mecanismos de contratación, que incluyen la contratación individual, la colectiva y la subcontratación, que en todo caso requieren ajustar su regulación, pero no prohibirse.
«Cualquier cosa que vaya contra eso afecta primero a los empleos actuales, segundo a la creación de empleos y la competitividad del País y sus empresas, dado que es una práctica extendida internacionalmente», consideró.
De Hoyos anticipó que, por ahora, no hay nada definitivo sobre las reformas a la subcontratación, por lo que las negociaciones siguen sobre la mesa en busca de un acuerdo común, que respete la libertad de los individuos y de las empresas.
«No aceptaremos nada que ponga restricción a la libertad de contratación», aseguró.
