La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca implicará una intensa supervisión para que el país cumpla con los compromisos laborales establecidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sin embargo, de acuerdo con expertos, existen al menos 14 potenciales demandas laborales en proceso.
Óscar de la Vega, socio fundador de De la Vega & Martínez Rojas, informó que actualmente, tanto el Gobierno mexicano como el estadounidense están tratando de conciliar estos casos.
Agregó que durante el primer trimestre de 2021 se espera un uso exhaustivo del mecanismo de respuesta rápida del T-MEC, “vamos a ver paneles arbitrales muy activos, Biden tratará de hacer efectivo todo lo que se negoció en el T-MEC”.
Una vez que Biden tome posesión, el ala demócrata subirá de intensidad el monitoreo, “sobre todo porque los sindicatos americanos como la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés), son los más interesados en que se cumpla el capítulo 21 anexo A del T-MEC, y hay que poner atención a ellos, son sindicatos fuertes y con mucho presupuesto”, detalló.
De acuerdo con el abogado laboral, la ley americana fijará sus esfuerzos en los sectores de mayor exportación, ya que son las industrias que más intercambios de divisas generan entre México y EU, donde sobresale el sector automotriz, las autopartes, minero, cementero, aluminio, pastelerías industriales, call centers, industria electrónica, entre otros.
“Las empresas de estos sectores son las que deben tomarse el tema laboral más en serio, establecer medidas desde ya, no se vale tener sindicatos de ‘chocolate’, ahora, bajo el T-MEC, o tienes un sindicato representativo e independiente o mejor migra a otros esquemas”, puntualizó.
Por otra parte, Juan Francisco Torres Landa, socio de la firma legal Hogan Lovells, apuntó que en caso de que los agregados laborales de EU noten que su vecino del sur no está cumpliendo con sus obligaciones laborales “habría posibles sanciones a las compañías que están infringiendo las normas”, dijo.
Sánchez Cordero manifestó que la democratización de los sindicatos es una de las principales transformaciones de la actual administración.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que para la cuarta transformación garantizar los derechos laborales es una función primordial, porque “sin justicia no hay Estado”. Al asistir al informe anual de labores 2020 del magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Plácido Morales Vázquez, la titular de Gobernación comentó: “Estamos en camino de consolidar a México como un Estado centrado en el cumplimiento tangible de los derechos de la ciudadanía; esta visión solo puede ser cumplida con la participación activa del Poder Judicial, bajo una visión de una justicia humanista y social”.
En el evento, en el que estuvo presente la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, Sánchez Cordero manifestó que la democratización de los sindicatos es una de las principales transformaciones de la actual administración. “Para la Cuarta Transformación de la vida pública de México, la ética, las libertades y la confianza son bases para la reestructuración de nuestro país, por ello agradezco a este tribunal, a su presidente, a sus magistradas y magistrados que actúen bajo estos preceptos y con su trabajo se sumen a esta transformación de nuestro país.
Que el Estado mexicano se distinga por sus acciones y no por sus discursos”, añadió. Destacó que para eliminar la pobreza y garantizar la igualdad de oportunidades es necesaria la justicia social y “no puede haber paz sin justicia, por ello, la importancia de contar con instituciones profesionales que se encarguen de garantizar el acceso a ella de manera pronta, gratuita e imparcial como lo hace el tribunal”.
La 4T tiene como pilar la justicia social: magistrado
Por su parte, el magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Plácido Morales Vázquez, al rendir su informe anual de labores 2020, señaló que a pesar de vivir un año complejo por la emergencia sanitaria causada por covid-19, la cuarta transformación tiene como pilar fundamental la justicia social y el respeto a los derechos humanos. Recordó que en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2014, se hace hincapié que “no puede haber paz sin justicia y, mucho menos, sin justicia social”.
El presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, abundó que para la institución encabezada por él ha sido un año trascendental por la implementación de la reforma en materia de justicia laboral “la más grande que ha tenido México desde la promulgación de la Constitución de 1917”. Se refirió que tocó al apartado B del artículo 123 constitucional, es decir, “en materia laboral burocrática, especialmente en derecho colectivo, con la exigencia de un voto personal, libre, secreto y directo para la elección de los comités seccionales y ejecutivos nacionales de los sindicatos.
Esta democratización laboral no es menor, implica que los trabajadores elijan a sus representantes”. Al encuentro celebrado en el salón Revolución de la Secretaría de Gobernación asistieron magistrados del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, la titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Gobernación, María del Rocío Balderas, así como secretarios generales y presidentes de organizaciones sindicales de dependencias de la Administración Pública Federal, entre otros.
El mandatario estatal y la magistrada Olga Regina García, inauguraron el nuevo Tribunal Laboral del Poder Judicial.
“Una de las fortalezas más importantes de San Luis Potosí, es la estabilidad laboral como base de desarrollo económico y social, por lo que se continuará trabajando para preservarla con apoyo de la nueva Reforma Laboral”, señaló el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, al inaugurar junto con la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Olga Regina García López, el Tribunal Laboral del Poder Judicial.
Acompañado por la Presidenta de la Junta Directiva del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Lorena Valle Rodríguez, Juan Manuel Carreras expresó que las juezas y jueces que integran este Tribunal tienen una gran responsabilidad en materia de gobernabilidad y desarrollo económico y social de la entidad, para que siempre, en un marco de justicia se construya un camino de armonía entre los sectores productivos, “no es una tarea fácil, ni sencilla”, añadió.
Agregó que San Luis Potosí es pionero, no solamente por formar parte en este proceso nuevo de la justicia en el país junto con Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Hidalgo, Zacatecas y Tabasco, sino porque las experiencias que surjan en la entidad potosina enriquecerán el desempeño de los estados que se vayan integrando paulatinamente.
Por su parte, la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Olga Regina García López, indicó que este nuevo modelo ofrece procedimientos ágiles y efectivos para satisfacer las necesidades de justicia que afectan a la comunidad laboral y a la sociedad en general, tarea que no fue fácil pero que se materializó gracias al apoyo del gobierno federal, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y el invaluable apoyo del Gobernador Juan Manuel Carreras a quien agradeció las gestiones para su consolidación.
La magistrada subrayó que “con las instalaciones adecuadas y la capacitación constante de los actores que darán marcha al nuevo modelo de justicia laboral, se podrá cumplir con la honrosa y nueva encomienda que se deposita en el Poder Judicial pero, sobre todo, ofrecer procedimientos ágiles y transparentes para recuperar la confianza social en materia de trabajo, pues a través de estos nuevos juicios orales se brinda la certeza y seguridad tanto a trabajadores como empleadores”.
Con recursos federales, estatales y del Poder Judicial, el edificio que alberga las instalaciones del nuevo Tribunal Laboral fue adecuado y renovado en sus cuatro niveles para brindar atención de calidad a toda la población. Cuenta con 4 salas de oralidad, salas de juntas, privados para los jueces, áreas de recepción, oficinas generales y administrativas, cada nivel está acondicionado con una sala de espera y servicios sanitarios, además de integrar tecnología de punta para realizar audiencias, respaldada por un SITE de telecomunicaciones en donde se almacena toda la información.
Estuvieron presentes el Secretario General de Gobierno, Alejandro Leal Tovías; el General de Brigada D.E.M. Guzmar Ángel González Castillo, Comandante de la Décima Segunda Zona Militar; el presidente municipal interino de la capital del estado, Alfredo Lujambio Cataño; el secretario del Trabajo y Previsión Social, Manuel Lozano Nieto; el director general del Centro Estatal de Conciliación Laboral de la STPS, Miguel Cardoza Mora; magistradas y magistrados del STJE, las y los consejeros de la Judicatura del Poder Judicial, juezas y jueces del Tribunal Laboral, representantes de organismos y cámaras empresariales, entre otros.
La reforma laboral iniciada por México este año es el avance «más importante en el ámbito de los derechos laborales» desde la primera ley mexicana del trabajo en un año marcado por la covid-19, aseveró este lunes el director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el país, Pedro Américo Furtado de Oliveira.
Furtado de Oliveira, responsable de la oficina de la OIT para México y Cuba, destacó que el país norteamericano puso énfasis con esta nueva regulación en «garantizar la negociación colectiva, afianzar la libertad sindical, eliminar el trabajo forzoso e infantil y por último erradicar la discriminación en los empleos».
«Esos compromisos no sólo fundamentaron la reforma laboral sino que son el eje modular del capítulo laboral del T-MEC», señaló el directivo en referencia al nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que entró en vigor el 1 de julio.
La reforma laboral emprendida este año, necesaria para cumplir con el acuerdo comercial T-MEC, se implementará escalonadamente por estados, hasta estar vigente en todo México en 2022.
Ante ese escenario, Furtado de Oliveira consideró «una prioridad» para la OIT la «efectiva federalización de los nuevos derechos».
Los primeros ocho estados en asumir el nuevo sistema laboral en noviembre de este año fueron Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas.
El director regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Vinícius Pinheiro, se refirió a los estragos que la pandemia de covid-19 ha dejado en la zona en materia laboral y aseguró que ha provocado un retroceso de «10 años en 10 meses».
«Fue un año repleto de desafíos. Estamos afrontando una de las peores crisis de la historia. Una crisis sanitaria y económica que tiene repercusiones en el mercado laboral que son profundas y que van a dejar cicatrices», aseguró.
Pinheiro consideró que en la América Latina continental el empleo está en «terapia intensiva», mientras esperaba que la crisis «tocara más» en el Caribe, donde la economía «se está reactivando de una manera muy rápida».
«Esperemos por supuesto que la pandemia esté controlada con una vacuna en algún momento del próximo año. Pero todavía hay mucho que hacer en materia de curar las cicatrices y las secuelas que nos va a dejar esta crisis a largo plazo», reflexionó.
De acuerdo con la ley, los trabajadores reciben un pago correspondiente a 20 días de trabajo; sin embargo, algunas empresas brindan un bono de más días a sus empleados.
La Confederación de Trabajadores de México (CTM) reportó que cuatro sindicatos, de los 12 que se integran en Parral, comenzaron con la entrega de aguinaldos, entre las que se incluye la empresa Duraplay; por lo cual, cerca de 1400 sindicalizados recibirán su dinero antes del 20 de diciembre.
Adalberto Villalobos, secretario general de la CTM local, destacó que a pesar de la crisis por la pandemia se cumplirá con los aguinaldos como lo marca la Ley Federal del Trabajo en su artículo 87.
«Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos» expresa el artículo.
El secretario destacó que en el caso de los sindicatos agremiados, hay algunos que cuentan con contratos colectivos donde las empresas llegan a pagar hasta 30 días, lo que representa el doble de lo que marca la ley.
Explicó que empresas como Duraplay tienen contratos que pagan de aguinaldo lo equivalente a 40 días de salario gracias a los acuerdos que se llegan entre subordinados y patrones.
«La ley no defiende a ningún patrón para que deje de pagar o liquide en partes la prestación», declaró el líder de la CTM en la ciudad.
En este sentido, la CTM descartó que se vaya a pagar el aguinaldo en dos partes, ya que para que se dé un arreglo de este tipo debe haber una negociación entre los directivos de empresas y los respectivos líderes sindicales.
Comentó que los únicos sindicatos que no entregan aguinaldos son los aseadores de calzado y vendedores ambulantes, ya que ellos son sus propios patrones; sin embargo, en el caso de taxistas, conductores de autobús, trabajadores de empresas como Bimbo y Barcel se encuentran obligados a dar el pago.
La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) arrancó los trabajos para implementar la segunda etapa de la reforma laboral, en la que habrán de desaparecer las Juntas de Conciliación y Arbitraje para dar paso a los Tribunales Laborales y a la operación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, e Hidalgo de manera local.
Así para el 2021 ya se busca poner en marcha el nuevo modelo de democracia y justicia laboral “damos inicio a los trabajos de coordinación con los estados de la segunda etapa para continuar con el proceso de transformación del nuevo modelo laboral, producto de mujeres y hombres que lucharon por la democratización del mundo del trabajo, que necesita de todos para ir empujando”, destacó Luisa María Alcalde Luján, la titular de la STPS.
En reunión virtual la funcionaria señaló que ha sido un proceso complejo por la pandemia, pero aun así “logramos que se pusiera en marcha en las 8 entidades federativas en que iniciamos en el mes de noviembre. Hoy la experiencia acumulada de la primera etapa y el seguimiento permanente en su ejecución nos va permitir replicar, corregir, replantear acciones y estrategias de cumplimiento para hacerlas más eficientes y efectivas”, abundó.
Pidió a las autoridades estatales que se acompañe a los actores principales de las relaciones laborales, sindicatos y empresarios, para concientizarlos e informarles de qué trata la reforma laboral, de sus obligaciones y derechos, de los alcances de los cambios del modelo que transforma por completo los esquemas del pasado y trae garantía de libertad, democracia y acceso a la justicia para trabajadores y empresarios.
El ministro Fernando Franco González Salas expresó a los asistentes que son herederos de un ejercicio que se ha venido haciendo con la primera etapa, y tienen enfrente un reto enorme, un compromiso de estado internacional, para consolidar el sistema de justicia laboral y la democracia sindical.
Las nuevas entidades deben realizar una armonización legislativa que contempla reformas a la Constitución Política del Estado (cuando sea aplicable), leyes para la creación de Centros de Conciliación y Tribunales Laborales Locales, para la desaparición de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, entre otros. Cabe destacar que todos los estados presentan ya avances en esta materia.
“Ni idea. No sabía que ya hay una ley de home office”, confiesa Jessica Avilés. La especialista en redes sociales hace un alto en su trabajo para responder mi llamada, pero de pronto debe hacer otra pausa: “Espera, hijo, ahorita te ayudo. Pero la maestra dijo muy claro que tú lo debes escribir… Disculpa, ya volví. ¿Y esa ley considera que las mujeres trabajamos más?”.
La semana pasada el Congreso modificó la Ley Federal del Trabajo (LFT) y le agregó el capítulo XII Bis, en materia de teletrabajo. La vacuna y la normativa llegaron apenas. Nueve meses después de que la pandemia de covid-19 obligara a miles de personas a laborar desde sus casas, ya hay reglas para hacerlo.
Una parte relevante es que las condiciones de trabajo quedan asentadas en un contrato. Por ejemplo: la jornada laboral, el derecho a la desconexión, la obligación de las empresas a pagar el Internet, el equipo de cómputo y el mobiliario, entre otros elementos.
Manuel Baldenebro, presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, reconoce que se tardaron en legislar el tema. Pero afirma que de haberlo hecho antes “de poco hubiera servido en esta pandemia. Además, esto queda para las generaciones futuras”.
En junio de 2019 el Senado reguló el home office. La minuta llegó a San Lázaro en ese año, pero no fue hasta diciembre de este 2020 cuando ambas Cámaras la aprobaron. Al final, el dictamen que presentó Baldenebro integró varias de las propuestas del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral.
Horarios y gastos definidos
“La pandemia nos ha mostrado que en el teletrabajo es muy frecuente la explotación laboral”, apunta Rosario Ortiz, coordinadora colegiada de la Red de Mujeres Sindicalistas. Por eso es importante que la versión final de la reforma estableció una jornada de no más de ocho horas y un tiempo para la comida.
Y de la mano de ese punto va el derecho a la desconexión. “Intento no contestar los mensajes después de las 7, aunque yo salía a las 6. Al principio, respondía muy tarde y hasta fines de semana. Pero es que si no lo hago mis jefes me ven como la floja”, comparte Jessica Álvarez.
El artículo 330-E de la LFT dice ahora que la parte patronal está obligada a respetar el derecho del personal a desconectarse. “No podrán pedirle ni trabajo ni sugerencias fuera del horario laboral. Si intenta sancionarles, los trabajadores cuentan con pruebas para protegerse: el correo o la llamada registrados a una hora que ya no corresponde”, señala Baldenebro.
Ese mismo artículo dice que las empresas deben pagar el Internet y la parte proporcional de la electricidad. Deben proporcionar a su personal equipo de cómputo, sillas ergonómicas o impresoras. “¿En serio? Yo tuve que comprarme una computadora y no tenía contemplado ese gasto”, comenta Jessica Avilés.
Ese monto no forma parte del salario, porque “es un resarcimiento de los gastos que tienen los trabajadores”, indica Oscar de la Vega, fundador del despacho De la Vega & Martínez. Es obligatorio y no debe estar gravado en el ISR, pero el Servicio de Administración Tributaria (SAT) “deberá considerarlo como una partida deducible”.
En su opinión, esta medida “lesiona la economía de las empresas. El fin es bueno, el problema es el momento: la pandemia, viene el incremento al salario mínimo, la reforma de subcontratación y la de pensiones. Esto suma y suma y la liga tiene un límite”.
Sin perspectiva de género
El artículo segundo transitorio de la reforma indica que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STS) tiene hasta un año y medio para publicar una Norma Oficial Mexicana (NOM) para regular aspectos de seguridad y salud bajo esta modalidad. Para la exdiputada Rosario Ortiz esto no es del todo adecuado.
“La implementación del teletrabajo no puede quedar en manos de una norma laboral. Era mejor incluir en la ley los mayores elementos para aterrizarlo”.
Y a esta reforma le falta una perspectiva de género, agrega. “Tienen media hora de comida, pero ¿quién prepara esa comida y cuándo? Trabajar desde casa incrementa las labores de una manera desproporcional”.
Elementos que la economía feminista había planteado y se consideraban descabellados cada vez cobran más claridad, señala. “No se puede mejorar el mundo del trabajo sin tomar en cuenta que requerimos un sistema nacional de cuidados, para todas y todos”.
El Estado y las empresas deben crear mecanismos para que las trabajadoras “no se anclen en sus casas con más carga laboral y queden aisladas. Ahorita todos estamos en casa, pero esto terminará y veremos en qué condiciones quedamos nosotras”.
Este lunes 14 de diciembre, el Poder Judicial del Estado realizará la formal inauguración del nuevo Tribunal Laboral ya con su equipo completo de juzgadores y resueltos algunos detalles de mobiliario y equipo, informó este fin de semana la magistrada Olga Regina García López.
Esta instancia judicial, si bien inició operaciones el pasado 18 de noviembre para cumplir con los plazos legales de la reforma laboral, arrancó con sólo tres de cuatro jueces y una de cuatro salas. Sin embargo, el lunes de la semana pasada se le tomó protesta a Sonia Patricia Hernández Rocha como la cuarta jueza en integrarse al equipo del Tribunal.
Por las limitaciones que impone la pandemia de COVID-19, la asistencia al evento de inauguración será limitada y ya el martes se tendrá un recorrido para medios informativos.
El nuevo Tribunal atenderá a personas físicas y morales que requieran dirimir conflictos de trabajo en los que no se logró llegar a un acuerdo previo, a través de cuatro salas de juicio ubicadas en igual número de niveles del inmueble de Himno Nacional.
Esta instancia ya recibió sus primeros expedientes y, a decir de García López, la implementación exitosa de expedientes electrónicos y de firma electrónica hará «más fácil y expedito el acceso de los usuarios a la justicia laboral».
La magistrada consideró que el nuevo Tribunal Laboral podrá cumplir su cometido porque la idea es que, de todos los conflictos que se generen en el estado, la mayoría se resuelva por la vía del acuerdo y la conciliación y que sólo unos pocos requieran de la intervención de un juez o jueza.
Playa Carmen, Solidaridad, Q. Roo. La CROC trabaja marcando el ritmo del nuevo sindicalismo en México, es una organización atenta a lo que demandan las y los trabajadores, la gente; va adelante de todas, es la organización sindical que necesita México, afirmó el líder nacional, diputado federal, Isaías González Cuevas, quien hoy inició una intensa gira de trabajo por la Riviera Maya y mañana visitará Cancún.
El dirigente nacional inició su agenda de trabajo con una reunión con los Coordinadores Sindicales de Zona, lo acompañaron además del líder estatal anfitrión, Martín de la Cruz Gómez; Leslie Baeza Soto, responsable nacional del área Jurídica y el dirigente de la Delegación 35, Mario Machuca Sánchez, quienes posteriormente lo acompañaron a la visita y recorrido por tres centros de hospedaje de la Riviera Maya.
Los hoteles visitados fueron el Akumal Bay, Iberostar Playa Paraíso y Dorado Royale donde el dirigente nacional pudo saludar a las y los trabajadores en las diversas áreas laborales, y de viva voz les informó respecto del trabajo que viene realizando en busca de mejorar las condiciones laborales de la clase obrera del país.
Isaías González Cuevas convocó a los croquistas a reforzar el trabajo social, a ser gente de cambio “para cambiar el estado de las cosas a favor de la gente”, fortalecer los liderazgos.
Mientras que el líder estatal, Martín de la Cruz afirmó que en Quintana Roo serán redoblados los esfuerzos en beneficio de los trabajadores.
El líder nacional de la CROC continuará su gira de trabajo mañana sábado cuando sostendrá una reunión con Comisionados Sindicales; ofrecerá una conferencia de prensa y terminará sus actividades en Playa del Carmen con una reunión con los secretarios de sindicatos.
Puebla recuperó en noviembre 4 mil 744 empleos formales, de los cuales 58.8 por ciento correspondieron a puestos permanentes registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La cifra de empleo generado fue 24.7 por ciento menor a la reportada en octubre cuando se reportaron 6 mil 304 altas.
De esta manera la entidad poblana sumó 595 mil 897 empleos netos en el penúltimo mes de este año, de los que 508 mil 647 representaron puestos de trabajo permanentes y 82 mil 118 eventuales urbanos.
Los sectores con mayor recuperación de plazas fueron comercio que llegó a 136 mil 789 afiliados, industria de la transformación con 179 mil 103, construcción con 43 mil 432 y agricultura con 23 mil 610 plazas.
Por el contrario, hubo bajas en industria eléctrica, transportes y comunicaciones, servicios para empresas, personas y el hogar.
De acuerdo con los registros del seguro social, la entidad poblana registra una pérdida de 33 mil 504 empleos, de los que 80.5 por ciento se dieron de baja en el periodo de pandemia por covid-19.
La recuperación de empleo formal a nivel nacional representó 148 mil 719 nuevas plazas, de las cuales, 3.18 por ciento corresponden al estado de Puebla.
Solo Baja California, Tabasco y Chihuahua reflejaron avances anuales con 2.2, 1.6 y 0.7por ciento respectivamente.
Puebla se mantiene como el tercer estado con mayor contracción anual en empleo asegurado con -7.0 por ciento, detrás Quintana Roo con –22.5 y Baja California Sur con -8.1 por ciento.
