La planta de General Motors en Silao, Guanajuato, inició con el proceso de legitimación del contrato colectivo de trabajo bajo la modalidad de voto libre, secreto y directo de los trabajadores; no obstante, se han denunciado diversas irregularidades de parte del Sindicato Miguel Trujillo López, de la CTM.
El proceso, que concluye este miércoles, ha sido objeto de señalamientos, ya que argumentan los trabajadores que ha desarrollado con violaciones, pues desde la colocación de la convocatoria para la votación, hasta la inducción del voto, bajo la amenaza de que si no se legitima el contrato colectivo actual se perderán los derechos, ha transcurrido este proceso que, representantes de los trabajadores, están dispuestos a llevar a paneles internacionales para su denuncia.
En entrevista con Héctor de la Cueva, coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), y asesor de los trabajadores de la armadora, dijo que todo el proceso de legitimación ha sido una simulación, no permitieron observadores laborales, y desconocemos si la autoridad laboral está presente para avalar el proceso.
Agregó que “la convocatoria no está cumpliendo con la ley, pero más allá de eso, desde hace varios días el sindicato se encargó de llamar a grupos de trabajadores para inducir el voto, lo cual está prohibido por la ley. Además los engañan porque en esas reuniones les dicen a los trabajadores que si no votan por el sí, y no ratifican el contrato van a perder todos su derechos y prestaciones, cuando la ley y el protocolo de consultas claramente establece de que en caso de que gane el no, le pide que los trabajadores desconozcan el contrato, quedan a salvo todos su derechos y prestaciones a la firma de un nuevo contrato.
En ese sentido, expuso que esperarán a que concluya el proceso de votación para, en todo caso, presentar las denuncias que permite el nuevo modelo laboral “existen recursos para presentar denuncias ante la Secretaría del Trabajo y también ante los mecanismos establecidos por el tratado México, Estados Unidos y Canadá, es decir, por una vía internacional de queja por violaciones a la aplicación de la reforma laboral, entonces también es posible que se pueda presentar un recurso internacional”.
Proceso muy vigilado
No obstante, Juan Carlos Felix, secretario de trabajo del Sindicato Nacional “Miguel Trujillo López”, de la CTM, comentó que en el primer turno votaron un total de 1,905 trabajadores, “todo transcurrió sin sobresaltos, votó el 80% de los trabajadores de ese turno”.
El coordinador Nacional en el Bajío, destacó que hay en total 6,494 trabajadores registrados en el padrón; pero además “este es un proceso muy vigilado, tenemos la presencia de seis inspectores federales, 10 inspectores locales de la subsecretaría del Trabajo de Guanajuato; y 6 observadores de la dirección de inspección de la STPS, es un proceso muy vigilado”.
El dirigente expuso que se han respetado y seguido todos los procedimientos que dicta el nuevo modelo laboral y hasta el jueves cuando tengan la totalidad de las votaciones para conocer si se legitima o no el contrato.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma para garantizar la libertad sindical de las personas que laboran para el Estado. La modificación elimina la exclusividad de representación gremial que desde la ley se le concedía a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y abre la puerta para organizaciones disidentes.
La iniciativa de la diputada Anita Sánchez Castro (Morena) deroga también diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE) con la cuales sólo podía existir un sindicato por dependencia. La minuta será enviada al Senado para continuar con el proceso legislativo.
Con 409 a favor, 42 en contra y 2 abstenciones, el pleno avaló sustituir en la ley la palabra “federación” por “federaciones o confederaciones”. En este momento sólo existe una, señaló la legisladora Anita Sánchez, en referencia a la FSTSE, “que ha actuado de forma unilateral en los derechos laborales”.
Por ejemplo, detalló la legisladora, las plazas laborales en el sector salud no se han distribuido equitativamente, “no se respetan los movimientos escalafonarios, sino a modo entre el patrón y un solo sindicato”.
José Luis Montalvo (PT) afirmó en tribuna que éste es un “momento histórico. En el que se termina con el andamiaje institucional que permitió el corporativismo sindical de los regímenes autoritarios del PRI y del PAN”. Ese modelo “perpetuó a los líderes sindicales en sus dirigencias a cambio de respaldar a los gobiernos en turno, incluso si este apoyo implicaba ir en detrimento de los intereses de los trabajadores al servicio del Estado”.
Múltiples sindicatos por dependencia
En la reforma laboral de 2019 la libertad sindical fue uno de los cambios más importantes. Sin embargo, las modificaciones legales sólo abarcaron de manera plena al personal que labora para la iniciativa privada. Por lo que esta iniciativa tiene como finalidad “garantizar los derechos laborales y sindicales de los trabajadores pertenecientes al apartado B del artículo 123 Constitucional”, se especifica en el dictamen avalado por la Cámara Baja.
Dicho artículo de la Constitución rige los derechos laborales. El apartado A se refiere a quienes trabajan para las empresas y el apartado B, para quienes lo hacen para el Poder Ejecutivo federal, estatal o municipal.
Además de cambios a cuatro artículos de la LFTSE, se deroga uno de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del apartado B del artículo 123 constitucional. Con ello:
Los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado y de la banca de desarrollo podrán constituir otras federaciones y confederaciones.
Se armoniza la libertad sindical de los burócratas con la que se reconoció al personal de la iniciativa privada.
El país cumple con los convenios 198 y 81 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre libertad sindical y derecho a la negociación colectiva.
Uno de los principales cambios se hizo en el artículo 72 de la LFTSE. En ese apartado se establece la obligación de los sindicatos a registrarse en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA). La redacción todavía vigente señala que para que obtengan la inscripción, el TFCA comprobará “que no existe otra asociación sindical dentro de la dependencia”.
La iniciativa de la diputada Anita Sánchez elimina ese requisito. Además, establece que, si en 60 días esa autoridad no emite una resolución, “se tendrá por hecho el registro” y le deberá expedir la constancia a más tardar en tres días una vez concluido el primer plazo de dos meses.
Conformación del TFCA y fijación de salarios
El artículo 85 de la LFTSE, también modificado, es otro ejemplo de que la ley contemplaba la existencia de una sola agrupación de representación de todos los sindicatos de las personas trabajadoras del Estado. Habla acerca de los conflictos que puedan darse entre estas dos organizaciones.
Las disputas que “surjan entre la Federación y los sindicatos” serán resueltos por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, señala el texto vigente. Con la reforma aprobada se podrá leer “entre las federaciones y confederaciones”, en plural.
Derivado de esta modificación habrá un cambio en la conformación del TFCA. Sus diferentes salas se constituyen por tres magistradas o magistrados. Una de esas personas es designada por el gobierno federal, la segunda la definía la FSTSE y ambos designaban a una tercera. Ahora, la federación o confederación que tenga la mayor representación de los trabajadores será quien decida quién ocupa la silla de representación correspondiente.
También la Secretaría de la Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá tomar en cuenta a “las federaciones”, y no solo a una, cuando fije los salarios de los funcionarios públicos de base.
Por último, con la reforma se elimina el artículo 23 de la ley reglamentaria del apartado B, que expresamente señala que la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios es la “única central reconocida” para personas trabajadoras de dicho sector.
“En la FSTSE se practica la democracia”
La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) se creó en 1938 con 12 organizaciones sindicales. Actualmente integra a 82 sindicatos. Desde 1998, hace 23 años, Joel Ayala Almeida, es el secretario general.
El dirigente, miembro del PRI, fue secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSS). Ha sido senador de la República y diputado federal en diversas ocasiones.
Su partido votó en contra de la reforma. El diputado Alfredo Villegas (PRI), quien ha sido legislador suplente de Ayala Almeida, indicó que el proyecto no fue consensuado con los demás partidos y que no se escuchó a los trabajadores para saber si estaban de acuerdo con que haya más de una federación.
La FSTSE, defendió, no es una limitante a la libre asociación, pues más bien esa federación tiene las “estructuras, la fortaleza, la unidad y la fuerza suficiente para encabezar demandas muy sentidas” de las trabajadoras y de los trabajadores.
En esa agrupación el voto ha sido libre y secreto para la elección de sus dirigentes, aseguró el diputado desde la tribuna. Ahí “se practica la democracia, se acata la ley, se tiene un tribunal que dirime controversias”. Es más, agregó, el dirigente “fue electo democráticamente por unanimidad en una reunión de los 82 sindicatos”.
Argumentó que esta federación “encabeza la lucha” para revertir la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la que puso un límite a las pensiones de la burocracia con un cálculo en Unidad de Medida de Actualización (UMA) y no en salarios mínimos.
Transitar al nuevo modelo laboral, en el que se creó el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, requirió de una mayor partida presupuestal, y la SHCP autorizó 100 millones de pesos adicionales a los 337.4 millones de pesos que se habían destinado para esta finalidad.
Transitar al nuevo modelo laboral, en el que se creó el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, requirió de una mayor partida presupuestal, y en marzo de este año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó 100 millones de pesos adicionales a los 337.4 millones de pesos que se habían destinado para esta finalidad.
Así lo dio a conocer el director general del Centro, Alfredo Domínguez Marrufo, al presentar el informe trimestral de labores durante la reunión ordinaria de la Junta de Gobierno del organismo laboral, donde destacó que las entidades con más servicios han sido el Estado de México, con 2,004; seguido de Tabasco, con 1,763, y Durango, con 1,648.
Cabe destacar que el presupuesto aprobado y asignado para el CFCRL para este año asciende a 437.4 millones de pesos, cuya ampliación es para afrontar la segunda etapa de implementación del Nuevo Modelo Laboral. En el primer trimestre del año el CFCRL ha brindado casi 10,000 servicios de orientación y asesoría en materia de conciliación y trámites registrales en general en los ocho estados que opera como parte de la primera etapa de implementación de la reforma laboral.
En la sesión, realizada vía remota, Domínguez Marrufo destacó que conforme al transitorio onceavo del Decreto de Reforma a la Ley Federal del Trabajo, el Centro se hará cargo de los procedimientos de Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo, así como de la verificación de estos procesos en todo el país, a partir del 1 de mayo.
“Para este trámite ya contamos con un Protocolo de Legitimación que se aprobó por la misma Junta de Gobierno y está lista la plataforma tecnológica que servirá para que pueda realizarse, de manera ágil, este proceso de legitimación”, enfatizó.
Como parte del informe que presentó ante los funcionarios, el director General destacó que en materia de trámites registrales, personal verificador de las ocho oficinas estatales del Centro ha asistido a 153 diligencias de verificación, relativas a solicitudes de constancias de representatividad y consultas sobre revisión integral de contratos colectivos de trabajo.
La segunda etapa de implementación de la reforma laboral arrancará con la participación de 14 estados que implementarán el nuevo modelo de democracia y justicia laboral, para sumarse a los ocho que iniciaron operaciones en 2020.
Los protocolos y plataformas de legitimación para contratos colectivos/ Foto: captura de pantalla
La verificación de estos procesos los hará el Centro Federal de Conciliación a partir del 1 de mayo
En los primeros tres meses de este año, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), brindó casi 10 mil servicios de orientación y asesoría en materia de conciliación y trámites registrales en los ocho estados que opera como parte de la primera etapa de la Reforma Laboral.
Las entidades con más servicios son el Estado de México, Tabasco y Durango, informó el director general del Centro, Alfredo Domínguez Marrufo.
En el informe trimestral que rindió de manera virtual ante la Junta de Gobierno del organismo laboral, resaltó que conforme al transitorio onceavo del Decreto de Reforma a la Ley Federal del Trabajo, el Centro se hará cargo de la Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo así como de la verificación de estos procesos en todo el país, a partir del 1 de mayo próximo.
“Para este trámite ya contamos con un Protocolo de Legitimación que aprobó la misma Junta de Gobierno y está lista la Plataforma Tecnológica que servirá para realizarse de manera ágil este proceso”.
Y en otra parte de su informe, Domínguez Marrufo dijo que en materia de trámites registrales, el personal verificador de las 8 oficinas estatales asistieron a 153 diligencias de verificación relativas a solicitudes de constancias de representatividad y consultas sobre revisión integral de contratos colectivos de trabajo.
“Personal del Centro acude a verificar, sobre todo consultas en temas de Constancias de Representatividad, es decir constatar que tienen elementos de certeza para otorgarlas y ver que se trata de centros, sindicatos y trabajadores reales, los que solicitan dichos documentos que acreditan que un organismo sindical tiene respaldo de al menos 30% de sus agremiados”, precisó.
En el Registro de Asociaciones Sindicales ingresaron al CFCRL, 168 solicitudes relacionadas con registros de asociaciones, modificación de estatutos, modificación de directivas, rendición de cuentas, modificación de datos generales o solicitud de copias certificadas.
También se aprobaron por unanimidad, los estados financieros del Centro, luego de la recomendación de los auditores externos.
El presupuesto aprobado para este año que ejercerá el CFCRL asciende a 437.4 millones de pesos.
Originalmente era de 337.4 millones de pesos, pero tuvo una ampliación líquida aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el pasado 3 de marzo, a fin de que cuente con los recursos necesarios para afrontar la segunda etapa de la implementación del nuevo modelo laboral.
Este informe lo presentó el director general del Centro ante los titulares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde (STPS); del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello; de Josefina Román Vergara, en representación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); Jorge Ventura, por el INEGI y Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación, a nombre de la SHCP.
