Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación (Segob), informó esta mañana que la dependencia federal que encabeza interviene como facilitadora para la conciliación en seis conflictos mineros ubicados en cuatro estados de la República: Sinaloa, Baja California, Zacatecas y Querétaro.
Durante la conferencia de prensa matutina encabezada por el presidente López Obrador, la funcionaria se refirió al caso de la mina San Rafael, en Cosalá, Sinaloa, donde en los próximos días podría reabrirse la mina e iniciar labores.
Por su parte, Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), también informó de la participación de la dependencia en conflictos laborales en las minas de Taxco, Guerrero, y Cananea, Sonora. En el último caso se trata de la disputa de más de 54 millones de dólares entre poco más de mil trabajadores
Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se refirió a otro conflicto en la mina de Cananea, pues los trabajadores no estaban incorporados al servicio médico del Estado mexicano ni al régimen de jubilaciones y pensiones. Señaló que ya se estudian esquemas para resolverlo.Publicada el mayo 12, 2021Por Zósimo CamachoCategorizada como Noticia del día Etiquetada como conflictos mineros, Olga Sánchez Cordero
El Gobierno mexicano consideró que EU no está respetando acuerdos del T-MEC en la industria agrícola. (Bloomberg)
El Gobierno mexicano, a través del embajador, señaló que hay una falta de aplicación de leyes laborales en la industria agrícola estadounidense.
El Embajador Esteban Moctezuma, en nombre del Gobierno de México, envió una carta al secretario del Trabajo de EU, Martin J. Walsh, para señalar que hay una falta de aplicación de leyes laborales en la industria agrícola estadounidense, lo que incumple con lo acordado en el artículo 23.12 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“En aras de identificar acciones que permitan atender la no aplicación de las leyes laborales en determinados sectores y estados en Estados Unidos y así garantizar de forma plena los derechos laborales contemplados en la legislación federal estadounidense y en el capítulo 23 del T-MEC”, especificó la misiva.
El texto hizo hincapié en que México no renunciará a utilizar los mecanismos de solución de controversias laborales previstos en el T-MEC.
Esta carta se hizo de conocimiento público luego de que el Gobierno de Estados Unidos ‘estrenara’ el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC en contra de la planta de General Motors ubicada en Silao, Guanajuato, por agravios contra la democracia sindical y negociación colectiva.
El embajador Moctezuma puntualizó que aunque a nivel federal los derechos laborales en Estados Unidos protegen a todos los trabajadores, independientemente de su situación migratoria, en la práctica, factores como el desconocimiento, el miedo y el abuso de parte de algunos empleadores impiden que los trabajadores migrantes puedan ejercer plenamente sus derechos laborales en algunas industrias y estados.
Entre las principales problemáticas que se han detectado en la industria agrícola estadounidense se encuentran la falta de pago de salario y tiempos extras, los empleadores no cumplen con los protocolos de descansos e instalaciones adecuadas para los trabajadores y falta de regulación federal respecto al estrés por calor y otro tipo de malas prácticas laborales durante la pandemia del COVID-19.
“Por las razones mencionadas, el Gobierno de México consideró necesario señalar la importancia de hacer cumplir adecuadamente su regulación federal para garantizar los derechos laborales de los trabajadores en la industria agrícola y de procesamiento y empacado de proteína en Estados Unidos”, subrayó la misiva.
Ciudad de México. A partir de este miércoles la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) apoyará al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) en las acciones de verificación de procedimientos de democracia sindical, consultas sobre la legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo y convenios de revisión contractual.
Lo anterior, tras la firma de un convenio de colaboración publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cual establece compromisos entre ambas instituciones para una coordinación permanente, en la que inspectores federales de la STPS apoyarán, cuando sea necesario, al Centro Federal Laboral en la atención y respuesta a solicitudes de verificaciones de consultas a los trabajadores.
“Los inspectores federales del trabajo podrán auxiliar al Centro efectuando las diligencias que le sean solicitadas, incluso aquellas en las que derivado de la naturaleza y urgencia de las mismas tengan que practicarse en días y horas inhábiles”, precisa el acuerdo.
Con ello, ambas dependencias dan cumplimiento a las reformas a la Ley Federal del Trabajo que garantizan libertad de negociación colectiva, y a los compromisos establecidos en el anexo laboral del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual establece disposiciones en materia laboral para garantizar y fortalecer el ejercicio de diversas libertades y derechos de los trabajadores, entre los que destaca la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.
El acuerdo establece que cuando se requiera, el CFCRL notificará con anticipación a la Secretaría del Trabajo, respecto de las fechas, horarios, número de trabajadores, domicilios y toda la información necesaria de las diligencias de verificación de los procesos de democracia sindical.
Sobre el tema, la STPS informó que comisionó a la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo a los inspectores federales que “estime necesarios para el desahogo de los procedimientos de verificación de consultas”.
El convenio suscrito entre ambas instituciones tiene una vigencia indefinida y hasta en tanto el CFCRL cuente con la infraestructura necesaria para asumir, de manera integral en todo el país, sus funciones.
Cabe señalar que el Centro Federal Laboral cuenta hasta ahora con oficinas estatales en ocho estados del territorio nacional, y será en octubre de este año cuando se incorporen 13 entidades más, como parte de la segunda etapa de la puesta en marcha de la reforma laboral de 2019.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró positivo que por primera vez se use el mecanismo rápido del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para asuntos laborales tras una demanda de los trabajadores de General Motors en México.
Cuestionado sobre este asunto, López Obrador dijo este miércoles en la conferencia de prensa desde Palacio Nacional que «de inmediato se va a responder» a la petición de Estados Unidos.
«Porque es parte en efecto del tratado, es algo bueno, porque antes el tratado no contemplaba la situación laboral y ahora el tratado contempla de que los trabajadores tiene que recibir salarios justos y prestaciones, pero además que tienen que elegir libremente y también de manera democrática a sus representantes sindicales», dijo.
En líneas generales, opinó que si en una empresa que «exporta» a Estados Unidos hay «malos tratos a los trabajadores» y no «se están pagando salarios justos y no hay democracia, se tiene que intervenir».
Por ello, continuó el mandatario mexicano, se «establece un diálogo de gobierno a gobierno y se le pide a la empresa que cumpla» con sus «obligaciones laborales».
Según reportan medios, el Gobierno de Estados Unidos pidió a su homólogo mexicano, a través de este novedoso mecanismo del T-MEC, que investigue los informes sobre posibles violaciones graves de los derechos de los trabajadores de una planta de General Motors en Guanajuato, estado del centro de México.
Esta petición se hizo a través de la Oficina del Representante de Comercio (USTR, en inglés), organismo encabezado por Katherine Tai.
Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó este miércoles en un boletín que el pasado 20 y 21 de abril, en la planta de General Motors de Silao, Guanajuato, se realizó el evento de consulta para la legitimación de su Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).
«En el marco de este proceso, la STPS acreditó diversas causales de invalidez de la consulta, incluyendo irregularidades graves que fueron determinantes para su desarrollo y para el resultado de la votación», apuntó el ministerio.
Por ello se declaró la nulidad del procedimiento y ordenó al sindicato reponerlo en un plazo improrrogable de 30 días naturales.
«A través de la implementación de estas medidas, la STPS ratifica su compromiso en reparar la afectación a los derechos de democracia sindical y negociación colectiva, y hacer valer los principios establecidos en la Constitución, en la Ley Federal del Trabajo y en los convenios y tratados internacionales que México ha suscrito en materia laboral», concluyó el boletín.
Tras años de difíciles negociaciones, el T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 para renovar el antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). EFE
