Después de dos años de la adopción de este tratado internacional, sólo 6 países han confirmado el acuerdo contra la violencia y el acoso: Argentina, Ecuador, Fiji, Namibia, Somalia y Uruguay.
Dos años después de la adopción del tratado internacional sobre la violencia y el acoso en el trabajo, sólo seis países, entre ellos Argentina, Ecuador y Uruguay, lo han ratificado, indicó el lunes la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que va a lanzar una campaña mundial contra este problema.
Sin embargo, el Convenio fue adoptado por una abrumadora mayoría en junio de 2019 por los miembros de la OIT, una agencia de las Naciones Unidas, que reúne a gobiernos, empleadores y sindicatos de 187 Estados.
Este tratado acaba de entrar en vigor debido a los mecanismos legales que prevén que hay que esperar un año después de que un segundo país lo haya ratificado.
Hasta el momento, sólo seis países han confirmado el acuerdo contra la violencia y el acoso: Argentina, Ecuador, Fiji, Namibia, Somalia y Uruguay. Los países que lo han hecho están obligados juídicamente por las disposiciones del convenio un año después de su ratificación.
La OIT pondrá en marcha esta semana una campaña mundial con el objetivo de promover su ratificación y aplicación.
«Un mejor futuro del trabajo está exento de violencia y acoso», declaró el director general de la OIT, Guy Ryder en un comunicado.
«Insto a los países a ratificar el convenio y a contribuir a construir, junto con los empleadores, los trabajadores y sus organizaciones, una vida profesional digna, segura y sana para todos», prosiguió Ryder.
El texto del acuerdo subraya que la violencia y el acoso en los lugares de trabajo «pueden representar una violación de Derechos» y que son «inaceptables e incompatibles con el trabajo decente».
Además, encomienda a los Estados a que promuevan «un entorno general de tolerancia cero» con respecto a la violencia en el trabajo.
El Convenio se aplica a la violencia y al acoso que tenga que ver con el mundo del trabajo, incluso en espacios públicos y privados cuando sirven de lugar de trabajo, pero también durante los desplazamientos entre el domicilio y el lugar de trabajo, así como en las comunicaciones electrónicas.
Jalisco avanza en la implementación de la Reforma Laboral, no es poco, ni menor el esfuerzo que se realiza para contar con un Centro de Conciliación y Juzgados Laborales, si tomamos en cuenta el desarrollo económico de la entidad; ambos organismos sustituirán legalmente a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a partir del 2 de mayo del 2022.
Los siguientes meses son decisivos, mantendremos el paso acelerado y cumplir con los tiempos señalados por la ley para la puesta en funcionamiento del nuevo sistema de justicia laboral.
Los avances significativos son en tres ejes: la capacitación de todo el personal de la Secretaría del Trabajo, que, en coordinación con el Supremo Tribunal de Justicia y el Instituto de Justicia Alternativa; las especializaciones están abiertas al público en general.
El segundo eje, es la adecuación del marco legal, para ello se avanza en la publicación de los diferentes decretos; el primero dará paso a la creación del Centro de Conciliación, un órgano desconcentrado de la Secretaría del Trabajo; otro es la propuesta al legislativo para modificar y adecuar la ley orgánica del poder judicial, estar en condiciones para la apertura de los Juzgados laborales.
El tercer eje corresponde a la infraestructura, que contempla la adecuación y habilitación de los espacios que albergarán ambos organismos laborales.
Es de señalar que Jalisco es el estado con mayor número de sindicatos con 2,067 de los cuales están activos 917 los cuales registran un avance en la adecuación de sus estatutos del 53,11%. En este proceso trabajamos de la mano para lograr el cumplimiento en tiempo y forma como parte de la nueva normativa laboral.
El avance es significativo a los acuerdos y trabajos del Consejo Interinstitucional para la Implementación de la Reforma Laboral en Jalisco; hemos realizado 10 sesiones a las que se sumaron los dirigentes empresariales y sindicales, queremos que el trabajo sea en equipo para mantener la Paz Laboral que impera en nuestra entidad.
Es importante comentar el arduo trabajo que se ha realizado en el área de archivo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Desde el 2019 se comenzó con la ordenación y digitalización total; en 2020 se han escaneado 101 mil 405 expedientes cerca de 1 millón de hojas; en el 2021 se han preparado 149 mil expedientes que equivale a 2 millones 600 mil hojas estos últimos serán digitalizados con el apoyo de una empresa contratada por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
En días pasados estuvieron en la entidad Alfredo Domínguez Marrufo, director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Esteban Martínez Mejía, titular de la unidad de enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral ambos escucharon las acciones y avances que se tienen en Jalisco, conocieron las instalaciones de las 12 Juntas especiales de conciliación y arbitraje.
Jalisco es un estado en el que la Paz Laboral se ha sostenido, seguimos priorizando la conciliación ante las diferencias entre empleadores y empleados, sabemos de lo importante que es impulsar el crecimiento económico de la entidad, ante los retos que se presentan por los cambios legales se suman los compromisos adquiridos en el acuerdo del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos; donde es prioridad el tema laboral.
En la Secretaría del Trabajo, seguiremos impulsando las políticas públicas que nos ayuden a generar la sinergia que permita el equilibrio de un desarrollo económico ordenado en beneficio de todos los jaliscienses.
¡Trabajamos unidos para que Jalisco esté a la altura de los retos que se presenten en el ámbito de la justicia y paz laboral!
Pese a que los casos se han reducido en la última década, la violación a los derechos reproductivos en el trabajo es el mayor motivo por el que las personas han presentado una queja ante el Conapred.
En la última década el número de quejas recibidas en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) por personas que fueron despedidas por estar embarazadas disminuyó 71 por ciento. Sin embargo, esta denuncia y otras que tienen que ver con la violación a los derechos reproductivos o a la igualdad de género son las principales reclamaciones.
La causa de discriminación más frecuente reportada al Conapred sigue siendo el despido por embarazo, con 94.6% del total. De acuerdo con información de ese organismo, en los últimos nueve años se han presentado 685 quejas por dicho motivo. Entre 2014 y 2016 se presentaron más de 100 denuncias por año.
En 2019 llegaron 17 casos y para 2020 bajó a 14. Hasta abril de 2021 el Conapred reporta 4 quejas, todas en contra de particulares. Es en la iniciativa privada, más que en instituciones gubernamentales, donde, según estas estadísticas, se comete más discriminación por embarazo. Desde 2012, 616 casos han ocurrido en las empresas.
Pero, en un país donde el 92% de los delitos no se denuncian, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), esta cifra podría ocultar muchas más rescisiones de contrato. Muchas personas gestantes prefieren no hacerlo porque ya firmaron su renuncia.
Una práctica a la que recurren algunas empresas, desde el reclutamiento, es a forzar a su personal a firmar una hoja en la que manifiestan que dejan la compañía por su voluntad. Ante el temor de que no les contraten, aceptan refrendar el documento.
Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido un criterio que ahora debe ser tomado en cuenta a la hora de juzgar estos casos. En mayo de 2019, al analizar la solicitud de amparo de una trabajadora, la ministra Yasmín Esquivel Mossa consideró que es ilógico que alguien que dará a luz renuncie a la posibilidad de un salario, seguridad social y prestaciones como una licencia materna.
Por lo tanto, la segunda sala de la SCJN determinó la obligación de las juntas laborales de invalidar automáticamente las cartas de renuncia firmadas por trabajadoras embarazadas y ejercer “la duda razonable”, un pensamiento crítico al respecto, y no aplicar la ley de manera tajante sin contexto.
Derecho a maternar
Los derechos humanos más vulnerados entre las quejas que ha recibido el Conapred es, primero, al trabajo, con 679 casos, lo que representa el 43 por ciento. En segundo lugar, al trato digno, algo que se observó en 396 expedientes, o sea, en el 25 por ciento. En tercer sitio, al ejercicio de la maternidad, 283 personas fueron afectadas, es decir, 17.9% por ciento.
Maternar en el ámbito laboral es una de las 12 garantías contempladas en el conjunto de derechos reproductivos, según el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH). El octavo de esos derechos, el que se refiere al empleo y la seguridad social incluye:
La protección legal de la maternidad en materia laboral
Trabajar en un ambiente libre de acoso sexual
El derecho a no ser discriminada o despedida por embarazo
Protección de la maternidad en materia laboral
No sufrir discriminaciones labores por maternidad
El artículo 56 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) prohíbe hacer diferencias o excluir por motivos de embarazo, origen étnico o nacionalidad, sexo, género, edad, discapacidad, condiciones de salud y preferencias sexuales. También por responsabilidades familiares entre otros.
En el numeral XXVII, del artículo 132 de la LFT, se establece como una de las obligaciones patronales “proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los reglamentos”.
En el artículo 133 prohíbe a las empresas “exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo”. En el numeral XV indica que no podrán “despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener el cuidado de hijos menores”.
El Poder Judicial Federal también ha ratificado el derecho a la maternidad en el ámbito del trabajo. En mayo pasado, un tribunal resolvió que en el periodo de lactancia la estabilidad laboral está reforzada. Es decir, ante una alguna ley o reglamento que permita la vulneración de las personas en esta etapa, debe preponderar la perspectiva de género.
El décimo sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito resolvió el caso de una trabajadora de confianza al servicio del Estado, quien fue despedida cuando se encontraba en periodo de lactancia. Según la fracción XIV del apartado B del artículo 123 constitucional, aunque haya sido un despido injustificado, por el tipo de contrato que tenía, no le correspondía la reinstalación al puesto.
Pero resultado del análisis de los juzgadores se emitió una jurisprudencia sobre la estabilidad laboral reforzada. Aunque la ley diga que no podía volver a su trabajo, ordenaron su reincorporación.
En abril el empleo en el sector manufacturero creció 0.2% en comparación con el mes previo e hiló 11 meses de crecimientos mensuales, de acuerdo con cifras de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera divulgadas por el Inegi.
En abril el empleo en el sector manufacturero creció 0.2% en comparación con el mes previo e hiló 11 meses de crecimientos mensuales, de acuerdo con cifras de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera divulgadas ayer 22 de junio, por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).
En su comparación anual, empleo creció 2.4% y en términos de nivel, la nómina de la manufactura rebasó el nivel que tenía previo a la pandemia, al ubicarse el índice que mide la variable en 114.7 puntos, esto es 0.2 puntos más que en febrero del 2020, cuando se ubicó en 114.5 puntos.
Respecto a las horas trabajadas, éstas crecieron 0.3%, en tanto que las remuneraciones medias reales pagadas, que incluyen sueldos, salarios y prestaciones sociales, disminuyeron 1.6% en abril de 2021 frente a marzo pasado, con cifras desestacionalizadas.
El plazo para que las empresas incluyan en su nómina a los trabajadores que tenían bajo un esquema de outsourcing se acerca. A partir del 23 de abril, cuando entró en vigor la reforma a la subcontratación, se dieron 90 días naturales para que las compañías del sector privado hicieran la transición.
Pero, a casi un mes de la fecha marcada, Mary Kay interpuso un amparo para mantener la subcontratación laboral en las condiciones previas a la legislación vigente. Y la suspensión provisional contra la reforma se la concedió en Nuevo León María del Carmen Leticia Hernández Guerrero, jueza Primero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo.
Sin embargo, la firma cosmética no es la primera ni la única empresa que ha interpuesto un amparo contra la reforma al outsourcing. Otras 17 compañías, de Nuevo León y Ciudad de México, también decidieron ampararse. Cinco ya obtuvieron la suspensión provisional.
¿Qué buscan las empresas amparadas contra la reforma al outsourcing? Mary Kay no respondió a la solicitud de entrevista para conocer sus razones. Pero Javier Zepeda, consultor de negocios, que tiene conocimiento de dos de los otros amparos, asegura que la causa del recurso es la inconformidad a los nuevos lineamientos y, sobre todo, la falta de claridad en cuanto a los servicios especializados.
Hay quienes creen que un servicio especializado es aquel que una empresa puede brindar por su grado de especialidad. “La Secretaría del Trabajo tendría que ser más específica en cuáles son esos servicios, ¿por qué no un catálogo de servicios como el que maneja el SAT para poder facturar electrónicamente?”, dice.
Zepeda no prevé que la resolución sea a favor de las compañías, pues la reforma al outsourcing se dio en común acuerdo entre el gobierno, el sector privado y obrero. “No veo argumentos sólidos por parte de los quejosos para echar para atrás esta reforma”, menciona.
Lorenia Atondo, socia del despacho Reynoso y Atondo Abogados y responsable de otros de los 17 amparos interpuestos en la materia, dice que conseguir la suspensión provisional ya es un juicio ganado. “No es que las empresas no quieran entrar en este nuevo esquema legislativo, sino que es imposible hacerlo en el tiempo establecido”, indica.
Gabriel Fernández, abogado fiscalista del mismo despacho, reitera que el objetivo de los amparos no es echar para atrás la reforma al outsourcing, sino ganar tiempo. Lo suficiente para que las empresas amparadas puedan seguir operando, en lo que concluyen con su proceso de transición de nómina, así como el registro ante la autoridad laboral como prestadoras de servicios especializados, en el caso que corresponda.
La administración pública tiene hasta el 1 de enero de 2022 para incluir en la nómina a los trabajadores que están en la modalidad de outsourcing, a diferencia de los tres meses que se estipularon para el sector privado. De no cumplir con ello, las empresas podrían hacerse acreedoras a multas que pueden ir desde los 250 hasta las 5,000 unidades de medida y actualización (UMA), esto es, de los 22,405 a los 448,100 pesos.
“Si el gobierno, como uno de los grandes empleadores del país, se dio más tiempo para cumplir con la política que él mismo creó, entonces el proceso debería ser más igualitario”, comenta Maya Dadoo, CEO de Worky, una compañía de software para recursos humanos.
La transición de nómina no es tan ágil, agrega. Una compañía que tiene gente con conocimientos contables puede incorporar al personal subcontratado, mediante programas de cálculo de nómina. Y las empresas que no tienen a un contador o un área de recursos humanos pueden recurrir a un servicio de maquila de nómina, es decir, un tercero especializado que se encargue del proceso.
Sin embargo, Dadoo refiere que incorporar a 50 empleados en una nómina tarda en promedio quince días, y agregar a más de 500 conlleva más de tres meses. Además, antes de iniciar con el cambio, la empresa debe cerciorarse de que cuenta con su registro patronal ante el IMSS y el SAT.
“Aquí las empresas dependen de la disponibilidad de citas, y aunque tengan tecnología detrás que las apoye a ser más eficientes, el trámite es un filtro que hace un poco más difícil el camino hacia la internacionalización”, expresa.
La intención de los abogados consultados es que sus clientes tengan hasta el año entrante para cumplir con la reforma. Esta semana esperan una resolución.
El efecto dominó
En opinión de Javier Zepeda, que empresas grandes como Mary Kay hayan recurrido a un amparo abre la puerta a que más compañías lo hagan. Aunque no considera que esto pase de manera generalizada porque no todas tienen el soporte económico para hacerlo, sobre todo las pymes.
Asimismo, no todas las empresas cuentan con los recursos para contratar como trabajadores propios a las personas subcontratadas. En una encuesta realizada por OCCMundial a 500 compañías, del 4 al 10 de junio, solo el 16% afirmó que sí podrá hacerlo, mientras que un 24% señaló que solo puede contratar a unos cuantos empleados.
Para el 22%, en cambio, no existe ninguna probabilidad de incorporar a los trabajadores subcontratados en su plantilla laboral, y en consecuencia tendrá que prescindir de ellos, una vez que transcurran los 90 días que dio la autoridad laboral.
Y sobre el plazo, el 46% de las empresas no se sienten completamente seguras de concluir la transición de nómina en tiempo y forma. Solo el 37% asegura estar lista y con la documentación necesaria para lograrlo, en tanto que un 17% reconoce que le falta conocimiento a detalle sobre la reforma para poder tomar decisiones definitivas.
Luis Javier Algorri Franco, titular del STPS en BC.
Con la nueva Ley emitida en BC, se prohíbe las subcontrataciones de trabajadores, debido a que las empresas no cumplían con las debidas prestaciones obligatorias.
A partir del 1 de octubre cambiará el Sistema Laboral en Baja California, desapareciendo las juntas de Conciliación y Arbitraje (JCA) y dando paso a la creación del Centro Estatal de Conciliación.
Así lo expuso el secretario del Trabajo y Previsión Social de Baja California (STPS), Luis Javier Algorri Franco, al dar a conocer la nueva ley que prohibe la subcontratación de trabajadores, una practica de la que se ha abusado en el país y con las que las compañias evitan cumplir con las debidas prestaciones de ley.
«El sistema laboral cambio a partir de las reformas de hace un par de años y Baja California, estamos en la segunda etapa, somos el tercer estado que estamos inmersos, y el 1 de octubre cambia el sistema laboral en Baja California», aseguró.
Detalló que para llevar acabo las acciones arribas mencionadas, se tuvo que reformar la Constitución de Baja California, y se modificaron varias leyes en nuestro estado, entre ellas la ley orgánica del Poder Judicial para dar nacimiento a los juzgados en materia laboral.
El funcionario estatal, dijo que los objetivos principales está el registro nacional de sindicatos y los contratos colectivos, el fortalecimiento de figuras de inspecciones para que se cumplan todas las condiciones de trabajo.
Contratación de servicios
También, la subcontratación acotada, especialización, transparencia en contradicciones; no será como en el pasado que unicamente el loder sindical y el patrón eran únicos que sabían el contenido del contrato, ahora los trabajadores expresarán si estan de acuerdo con lo estipulado en el documento . Finalmente evitar la simulación y defraudación fiscal.
La reforma laboral prohíbe la subcontratación de personal, pero sí permite la contratación de servicios y obras especializadas.
«Se dice adios el 1 de agosto a las empresas que tenían una pagadora para pagar menos Seguro Social e Infonavit , que redundaba en perjucio de la clase trabajadora porque luego np había utilidades», afirmó.
También, comentó que se van a endurecer las sanciones económicas para aquellas empresas que no se apeguen a este nuevo esquema, a partir del 1 de agosto.
El día 27 de junio del presente año termina el palzo que se dio a todas las empresas que son especializadas para que registren en el padrón nacional y serán las únicas que podrán tener estos esquemas de subcontratación.
No va a ser un proceso terso la sucesión del nuevo presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX). Se van a dar con todos, los grupos y candidatos que aspiran a dirigir a esa organización de más de 106 mil afiliados. Los diferentes bandos hablan que se está realizando una elección viciada.
Son muchos los candidatos y están enfrentados por ganarle terreno al líder de la sección 1 de Limpia y Transporte que goza de la simpatía de algunas secciones. Pero también los aspirantes que apoyan el directorio de la FSTSE y los del gobierno local…panorama que va a generar un divisionismo pleno.
Las versiones y rumores son tantos que señalan a los ex líderes Enrique Hanff y José Medel metidos en el proceso. Que el gobierno local impulsa a dos candidatas. Y se habla de un caballo negro, Maximiliano García Artega, ex líder de la sección 1.
De acuerdo a fuentes cercanas, la elección será en las primeras semanas de julio, por lo que la campaña electoral será muy corta.
El 23 de junio, a las 10 am, en el Teatro de la República de la sede sindical, se realizará el Congreso General Extraordinario, con dos puntos básicos de la convocatoria lanzada por la FSTSE: Reforma al estatuto y el Reglamento de Elecciones, así como la aprobación del Órgano Colegiado Electoral. Que se integrará por cinco de los delegados presentes.
Ese día se lanzará la convocatoria para elegir al presidente del Único, ajustada a la Reforma Laboral, donde todos tienen derecho a participar.
Uno de los grupos dice que los secretarios están apoyando sin chistar nada, a cambio de permanecer en su cargo, pues varios de ellos no tienen toma de nota y se escudan que FSTSE solicitó la ampliación ante la TFCA.
Comentan que el estatuto sindical no incluye la figura del directorio para la presidencia, sólo para las secciones. Tampoco un reglamento de elecciones.
Que la FSTSE tiene el control del proceso, indebidamente, ya que el SUTGCDMX tiene autonomía sindical, aunque se argumente que 26 secretarios solicitaron su intervención.
Lo cierto es que los delegados al Congreso tendrán la capacidad de decidir sobre la forma en que deberán establecerse las reglas de la elección pendiente desde el 2020, del sindicato más importante de la capital mexicana.
EN ESE TENOR. Esta organización sindical perdió puestos políticos, no tiene representación en el Congreso, tampoco en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Antonio Ortega Cerbón, reveló que la implementación de la reforma laboral se encuentra en la fase de ejecución en un 30 por ciento de avance.
Esto porque a partir del primero octubre entrará en vigor esta reforma federal, por lo cual el poder judicial se hará cargo de los asuntos laborales.
A pesar de que se lleva un avance del 30 por ciento en la fase ejecución, el funcionario destacó que la leyes y reglamentos ya se encuentran listos.
«Todo va caminando muy bien, ya Querétaro es de los que tiene casi todo listo, ya tenemos la armonización legislativa, ya cambiamos la ley, ya cambiamos la ley orgánica del poder judicial, ya se contemplan los tribunales laborales».
En ese sentido recordó que ya de trabaja en la construcción de dos tribunales labores, uno en Querétaro y otro en San Juan del Río.
Por ello indicó que en Querétaro se trabaja a marchas forzadas para lograr el cometido de implementar la reforma el mes de octubre.
Q. Roo.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) dio a conocer que para el equipamiento de los Centros Laborales se aprobaron 36 millones de pesos, recurso que ha sido validado por la décimo sexta legislatura del Estado, ya que a partir del 1 de octubre de 2021 Quintana Roo contara con un nuevo modelo de justicia laboral con libertad y democracia sindical que dé equilibrios en las relaciones laborales, así que ya se está preparando para este cambio.
En México ya se cuenta con 8 estados que han implementado este modelo desde noviembre del año, por lo que en esta segunda etapa 13 entidades las llevaran a cabo y Quintana Roo está incluida, logrando que los conflictos sean resueltos en 45 días en la conciliación o máximo 6 meses si se pasa a los Tribunales Laborales.
Ante los proyectos que se presentaron el Gobierno Federal aprobó un subsidio de 24.9 millones de pesos para la implementación de esta justicia laboral en Quintana Roo, el cual contara con tres Centros de Conciliación Laboral, las cuales, se ubicaran en el municipio de Benito Juárez, Othón O. Blanco y Solidaridad en donde se contrataran a 219 personas.
Ciudad de México.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México (STPS) notificó al sindicato y a la empresa General Motors que la votación del contrato colectivo que conflictúa con el T-MEC en la planta de la compañía en Matamoros, Tamaulipas, ciudad fronteriza vecina de Brownsville (Texas), debe realizarse antes del próximo 20 de agosto.
En un comunicado difundido este lunes, la dependencia señaló que la votación original sobre esta planta de autopartes Tridomex, liderada por el sindicato en abril, fue descartada por «graves irregularidades» en el proceso que afectaron el desarrollo de la consulta y los resultados de la votación.
Esta situación originó que el Gobierno de Estados Unidos solicitara la revisión de posibles violaciones de los derechos de los trabajadores, basados en el nuevo Tratado con México y Canadá (T-MEC), la cual aceptó el Gobierno mexicano el sábado pasado.
No obstante, en un principio, la Secretaría de Economía había resuelto que la revisión del contrato debía realizarse «a más tardar» el próximo 24 de julio en conjunto con Estados Unidos, aunque este lunes amplió el plazo hasta el 20 de agosto.
La STPS puntualizó que fue el propio sindicato el que pidió ampliar el plazo para reponer la consulta, con el objetivo de que no haya impedimentos operativos y técnicos y los trabajadores participen en la votación.
CONSULTA TRANSPARENTE
Del mismo modo, la dependencia aclaró que la consulta debe darse en condiciones de seguridad y accesibilidad para que los trabajadores voten de «forma personal, libre, directa y secreta, sin coacción ni intimidación de ningún tipo».
Y advirtió que, en caso de incumplir con el plazo estipulado, el contrato colectivo se dará por terminado, conservando en beneficio de los trabajadores las prestaciones y condiciones de trabajo reconocidos en el mismo.
Esta es la primera queja laboral de Estados Unidos hacia México bajo el T-MEC, que el 1 de julio cumple un año de entrar en vigor.
Sindicatos de Estados Unidos denunciaron desde mayo la supuesta denegación de libertad de asociación y negociación colectiva de los trabajadores de la empresa en Matamoros.
Esto desató la reacción de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), que también pidió el mes pasado revisar conflictos laborales similares en la planta de General Motors (GM) en Silao, en Guanajuato.
México ha apostado por el T-MEC para recuperarse tras la contracción histórica de 8.2% que padeció en 2020 por la crisis de la Covid-19.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno estima para este año una recuperación superior a 6% afianzada en particular en el sector exportador, con Estados Unidos como destino de más del 80% de las ventas.
Pero Estados Unidos ha aumentado la presión sobre los derechos de los trabajadores, e incluso la vicepresidenta Kamala Harris anunció 130 millones de dólares de cooperación en su visita a México el pasado 8 junio para que se implemente la reforma laboral.
