“Yo tengo mi equipo y pago mis servicios”: Claroscuros de la reforma de home office

La regulación del teletrabajo cumplió su primer año de vigencia en México y, a pesar de ello, los ajutes que se hicieron en la legislación laboral aún no se aplican a plenitud y se observan estrategias legales para evadirlos.

“Me dijeron que no”, así le contestaron a Sandra González cuando preguntó si le darían las herramientas para trabajar desde casa. Sandra cumplió ya seis meses laborando de manera remota en turnos de 12 horas en el área de soporte técnico de una empresa dedicada a la venta de GPS.

Durante su proceso de reclutamiento le comentaron que la posición sería remota. Sandra cuestionó si le darían las prestaciones que marca la reforma de teletrabajo, pero la respuesta de la empresa fue negativa. “Yo tengo mi equipo y pago mis servicios”, comparte Sandra. De acuerdo con una encuesta de OCC Mundial, el 73% de las personas que trabaja de manera remota no tiene acceso a los derechos que marca la Ley Federal del Trabajo (LFT).

La reforma de teletrabajo entró en vigor en enero del 2021 y estableció que las nuevas disposiciones son aplicables cuando un trabajador labora más del 40% de su jornada laboral semanal en un domicilio distinto al centro de trabajo. En ese mismo mes, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) fijó una postura en la que aseguró que la regulación no podía ser aplicable en un contexto como la pandemia en el que el teletrabajo es una respuesta a las restricciones por la emergencia sanitaria.

Un año después, el escenario no es el mismo y los semáforos epidemiológicos permiten el retorno de trabajadores a las actividades presenciales. Especialistas coinciden en que ante este panorama, ya no es viable justificar el incumplimiento de la reforma por la pandemia, pues la continuidad del teletrabajo ya se percibe como una decisión de cada organización.

Jimena Sánchez, socia de la firma D&M Abogados, opina que la pandemia nunca fue motivo suficiente para no aplicar los cambios. “El teletrabajo no dejó de ser teletrabajo por un tema de contingencia. Entonces, si tú cumples con todos los supuestos que marca la reforma, es decir, que representa más del 40% de tu horario y que es a través del uso de tecnologías de la información, es teletrabajo independientemente del motivo”.

Para Carlos Ferran Martínez, socio director de la firma Ferran Martínez Abogados, aunque aún existe un choque de interpretaciones en torno a la vigencia de la reforma en el contexto de la pandemia, la realidad es que el mercado se encuentra en el momento idóneo de realizar las modificaciones de los contratos de los teletrabajadores.

“Ahorita ya empieza a ser pertinente la discusión de quiénes van a quedarse laborando en teletrabajo. En definitiva, hay una recuperación de la movilidad, de la actividad económica, muchas empresas regresando escalonadamente o en su totalidad, y otras que no tienen la intención de regresar y aquí la pregunta y el análisis que debe hacerse es cuánto de mi personal va a quedarse trabajando en la modalidad de teletrabajo”, apunta el especialista.

Según la encuesta de OCC Mundial, sólo el 27% del universo sujeto a las nuevas reglas de teletrabajo ha firmado una modificación a sus condiciones contractuales para dar certeza a la modalidad. Pero únicamente el 26% de quienes hacen home office recibió equipo y material para trabajar desde casa, el resto —al igual que los que mantienen su relación contractual sin cambios— sigue asumiendo los costos del teletrabajo, como Sandra.

Para Manuel Fuentes Muñiz, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el reto de la implementación del teletrabajo no sólo radica en modificar las relaciones contractuales, sino en garantizar el cumplimiento de las nuevas disposiciones, lo cual no ha ocurrido entre quienes ya han firmado los cambios en sus contratos.

“Lo que han hecho algunas empresas es que en donde tienen teletrabajo, establecen que la modalidad no rebasa el 40% del tiempo para evadir cualquier responsabilidad que derive de ello, como pagar la luz, el internet o las herramientas que deben darle a los trabajadores”, afirma el abogado laboralista.

Modelo laboral 3-2-2

De acuerdo con una investigación de la firma Talent Solutions de ManpowerGroup y Everest, el modelo 3-2-2 (tres días de oficina, dos días en casa y dos días de descanso) es el que está predominando entre los esquemas híbridos que están adoptando las empresas. Pero en una jornada semanal de cinco días, laborar dos desde casa implica no rebasar el 40% del tiempo que marca la LFT.

“Hay una arquitectura legal para evadir el cumplimiento de la reforma de teletrabajo”, subraya Manuel Fuentes. Con este formato, apunta el especialista, se diluyen los objetivos de la regulación del teletrabajo como garantizar el equipamiento de los trabajadores, la seguridad y salud, y que la jornada no exceda el límite legal.

Desde la perspectiva de Jimena Sánchez, el modelo 3-2-2 es una vía legal para mantener la flexibilidad laboral, otorgando el beneficio del trabajo remoto, pero sin caer en el supuesto que establece la Ley Federal del Trabajo.

“Si nosotros trabajamos desde nuestra casa dos días y tres días vamos a la oficina, no estamos en la figura del teletrabajo porque no representa más del 40 por ciento. Aún con ese esquema híbrido, los patrones estarían exentos del pago de los gastos, de asignar las herramientas de trabajo”, explica la especialista.

Este es sólo un ejemplo, coinciden los especialista, de que tras un año de aplicación de la reforma de teletrabajo, hay varias lagunas legales que deben revisarse.

Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Yo-tengo-mi-equipo-y-pago-mis-servicios-Claroscuros-de-la-reforma-de-home-office-20220114-0059.html

Votarán trabajadores de General Motors por su nuevo sindicato el próximo 1 y 2 de febrero

En una jornada electoral que durará 38 horas, los trabajadores de la planta de General Motors de la planta de Silao, votarán para elegir a su nueva representación sindical, luego de que el 3 de noviembre quedó disuelto el contrato colectivo de trabajo.

Trabajo del hogar debe pagarse: ministro Zaldívar

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, se pronunció ayer en favor de que el trabajo del hogar tenga una retribución económica.

En un mensaje en video publicado en sus redes sociales, explicó que en México se piensa que el trabajo del hogar y el cuidado de los niños es exclusivo de las mujeres. “Además, estamos acostumbrados a pensar no merece remuneración, como si fuera obligación de las mujeres trabajar gratuitamente en beneficio de sus familias, descargando responsabilidad de los padres”, agregó.

Zaldívar mencionó que la SCJN ya emitió una sentencia en la que estableció por primera vez que ese trabajo del hogar debe tener un pago. Se trata de una doble jornada laboral: “Una mujer que trabaja lo mismo que el esposo, pero que después ella se hacía cargo de manera exclusiva de las hijas, de los hijos y de las labores del hogar. Se dijo ahí que las labores del hogar y el cuidado de los hijos son responsabilidad de ambos padres y que, en consecuencia, si uno se dedica preponderante a este cuidado, debe tener una satisfacción económica”.

Comentó que el anterior es un criterio de vanguardia que ha sido reiterado en la Corte, la cual, aseguró, “defiende los derechos de todos, hace diferencia en la vida de las personas –sobre todo de las mujeres– y ayuda a cambiar, y combatir la cultura machista”.

Petición de ONG al Senado

Por otro lado, la organización civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza instó al Senado a aprobar la minuta que permitiría la creación de un Sistema Nacional de Cuidados, mediante el cual se podría facilitar la inserción laboral de unos 14.5 millones de mujeres que permanecen fuera del mercado de trabajo por dedicarse a tareas domésticas y de cuidado de personas vulnerables.

En conferencia de prensa, subrayaron que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía, el valor del tiempo dedicado a cuidar a otras personas es de 6.4 billones de pesos, equivalentes a 23 por ciento del producto interno bruto.

“El Senado de la República quedó en falta al no aprobar la minuta de reforma constitucional del Sistema Nacional de Cuidados, porque esta reforma ya fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados a fines de 2020. Ya pasó un año y sigue pendiente”, resaltó la organización civil.

Fuente:

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/16/politica/trabajo-del-hogar-debe-pagarse-ministro-zaldivar/

 

Debe aplicarse el nuevo sistema de Justicia Laboral

El nuevo sistema de Justicia Laboral debe aplicarse en Guerrero a más tardar en el mes de mayo, de lo contrario se estaría incumpliendo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aseguraron abogados laboralistas.

Carlos Marx Barbosa Guzmán, integrante de la directiva del Colegio de Laboralistas de Guerrero, informó que el nuevo sistema de justicia laboral debió establecerse desde octubre pasado, pero Guerrero no se  contó con los recursos necesarios para hacer los ajustes que se requerían, y ahora tiene como fecha límite en mayo próximo para que se empiece a aplicar.

Lamentó que durante la anterior legislatura no se presupuestó ningún recurso para ese rubro, por lo que no fue posible actualizar el sistema y adaptar las reformas aprobadas a nivel federal.

Aseguró que tanto el Tribunal Superior de Justicia como la Secretaría del Trabajo y los gobiernos estatal y federal están en dispocision de participar, cada quien desde el ámbito de su competencia para hacer una realidad la aplicación del sistema de justicia laboral.

El abogado laboralista agregó que de no aplicarse ya esa reforma en Guerrero en mayo próximo, se rompería uno de los pactos internacionales el que se relaciona con el TLCAN, porque básicamente es desde la firma de ese tratado que se determinó impulsar las modificaciones.

Barbosa Guzmán se quejó porque los diputados locales aprobaron para el Tribunal Superior de Justicia un presupuesto de 865 millones de pesos, pero al DIF estatal le aprobaron 731 millones de pesos, “cómo es posible que para un Organismo Público Descentralizado se autorice casi el mismo presupuesto que para al Tribunal Superior de Justicia, cuando el DIF no tiene actividad productiva ni jurisdiccional, eso significa que no le han dado la debida importancia, ni han medido la magnitud de lo que representa el cumplimiento de un pacto internacional”, expuso.

Dijo que los laboralistas se suman a la petición que ha hecho el presidente del TSJ, Raymundo Casarrubias tanto al gobierno federal como al estatal, para que se destinen recursos extraordinarios para todos los ajustes administrativos, de capacitación y de infraestructura que se necesitan para estar listos para el nuevo sistema de justicia laboral.

Las declaraciones de dieron en el marco de la sesión del Colegio, en la que su presidente, César Felipe Leyva anunció que se llevará a cabo próximamente el Congreso Internacional de Laboralistas en Guerrero, evento al que acudirá el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Casarrubias Vázquez, se comprometió a colaborar en todo lo que sea necesario para que en Guerrero se cumpla con esa normativa.

En tanto, Jorge Naranjo, secretario general del Colegio de Laboralistas de Guerrero, consideró importante que en las universidades se privilegie la actualización de los saberes, pero también la práctica, de manera que puedan combinarse las clases entre teoría y práctica que permitan una mejor calidad de egresos de los especialistas en derecho; del mismo modo convocó a los socios a certificarse, en alguno de los más de mil estándares de competencia, con el apoyo del propio Colegio.

Fuente: https://www.enfoqueinformativo.mx/debe-aplicarse-el-nuevo-sistema-de-justicia-laboral/

Elección sindical de petroleros, por voto «libre, secreto y directo»

Ciudad de México. El gobierno federal informó de los avances en el proceso de elección de una nueva dirigencia en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), prevista para el 31 de enero, la cual se realizará por “voto libre, secreto y directo”.

En conferencia matutina en Palacio Nacional, se detalló que se trata de la elección a dirigente sindical más grande realizada hasta la fecha con el nuevo marco normativo laboral, y con una “neutralidad del gobierno y de la empresa, garantizando que sean los trabajadores quienes elijan a sus representantes”, informaron autoridades laborales.

Se informó que del 8 de diciembre y hasta el 20 de enero se realiza el registro de votantes. A la fecha, 50 mil trabajadores han dado de alta su correo electrónico y número de teléfono celular, a fin de participar en el proceso para emitir su voto electrónico a través del denominado Sistema Remoto de Votación Laboral (SIRVOLAB).

El registro de candidatos a la secretaria general del STPRM se realizará del 17 al 19 de enero; la campaña electoral se realizará del 21 al 29 de enero; y el día de elección será el próximo 31 de enero, y cuyos resultados se darán a conocer el mismo día.

De acuerdo con la convocatoria emitida por el sindicato petrolero, los candidatos que aspiren a dirigir el STPRM deberán cumplir con cuatro requisitos: ser socio activo del sindicato; ser trabajador de planta; tener una antigüedad mínima de 10 años; y tener al menos 25 años de edad.

Por lo que respecta a la elección de dirigentes en las 36 secciones del gremio petrolero, la autoridad laboral informó que se repondrá el proceso en cuatro secciones (Minatitlan, Ciudad de México, Ciudad del Carmen y Salina Criuz), mientras que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral validó el proceso de elección en 32 secciones.

En cuanto a los compromisos laborales contraídos en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canada (T-MEC), se informó que se cumplió con la creación de un órgano independiente del registro de sindicato y verificación de los procesos de democracia sindical, pues a la fecha se han realizado 2 mil 209 verificaciones y 2 mil 556 Contratos Colectivos han sido legitimados, lo que involucra a más de un millón de trabajadores.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/14/politica/eleccion-sindical-de-petroleros-por-voto-libre-secreto-y-directo/

De vuelta a la polémica: ¿Quién debe pagar las pruebas Covid-19 en el trabajo?

Además del costo que implica para una persona realizarse la prueba Covid-19 de forma particular, este tema implica otras preguntas: ¿Las empresas pueden o deben pedir las pruebas? ¿Sirve realmente esta medida para evitar contagios?

A diferencia de otros picos de la pandemia, la cuarta ola ha pegado en la transición del teletrabajo a la presencialidad. Con la mayor parte del país en semáforo verde y luego del periodo vacacional de fin de año, miles de personas volverían a sus empleos, pero para ello les exigen una prueba covid-19 y para obtenerla, están lidiando con largas filas, que les exponen al contagio, o con asumir el costo económico de los análisis.

“Es ilegal obligar a las y los trabajadores a pagar por las pruebas covid-19 como requisito para ingresar a los centros de trabajo”, informó ayer la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). En un breve comunicado, advirtió que, de acuerdo con la legislación vigente en materia laboral, “en ningún caso se debe trasladar el costo” al personal.

Y recordó que para cualquier orientación o queja, está el teléfono 800 717 29 42 o la página de la Procuraduría Digital de Atención al Trabajador.

En tanto, Omar Estefan, director de Previsión Social de la STPS, expuso en sus redes sociales que si las empresas requieren prueba negativa de covid-19 sus colaboradores para acceder al centro de trabajo, los empleadores están obligados a pagarla.

«Los empleadores deben fomentar y brindar confianza para que el personal se quede en casa o se retire del centro de trabajo ante la presencia de síntomas de la enfermedad o sospecha de contagio, aun sin necesidad de pruebas PCR o de antígenos», agregó.

El tema de las pruebas sigue siendo polémico y trae a la discusión la corresponsabilidad empresarial, gubernamental y de las trabajadoras y trabajadores, así como la viabilidad económica y epidemiológica, coinciden la especialista en Derecho Laboral Sara Morgan y el consultor en Recursos Humanos Luis F. González-Aspuru.

En los últimos días, miles de personas, principalmente en la Ciudad de México, han saturado las instituciones de salud, alcaldías, municipios, laboratorios y farmacias privadas en busca de una prueba covid-19. Buena parte de ellas, porque se las han solicitado en su empleo.

La cuestión es que “no soluciona el problema a largo plazo”, señala González-Aspuru, el resultado negativo “es sólo una foto del momento”. Para tener la seguridad de un ambiente laboral libre de covid-19 “tendrían que pedir pruebas de manera regular, por lo menos cada dos semanas y eso sería una carga económica para cualquiera. Simplemente no es viable”.

Prevención antes que nada

Mejor que pedir pruebas, habría que minimizar el riesgo de contagio en las instalaciones, cumpliendo la sana distancia, programando la sanitización constante y una buena capacitación al personal para recordar o reforzar las medidas de higiene y seguridad, aconseja el especialista en desarrollo empresarial.

Y de ser posible, para aquellas empresas que puedan hacerlo, continuar en home office, dice Sara Morgan, extitular de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México.

“Pero también es importante entender que la variante Ómicron es mucho más contagiosa y tenemos que salir al súper o cualquier otra diligencia fuera de casa. Seguimos y seguiremos conviviendo con esta enfermedad, incluso es probable que muchas personas la contraigan y nunca lo sepan”, agrega.

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, las pruebas rápidas de antígenos podrían ser menos sensibles para detectar Ómicron. Y de acuerdo con la Iniciativa Mundial para Compartir Todos los Datos Sobre la Influenza (GISAID, por sus siglas en inglés), más del 70% de los nuevos casos covid-19 en México pertenecen a esa variante.

El martes pasado, el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), conformado por representación empresarial, obrera y de gobierno, hizo “un llamado a las empresas a no pedir pruebas covid con costo a los trabajadores para su regreso al centro laboral”.

Por su parte, este miércoles la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Ciudad de México emitió un boletín en el que aseguró que las empresas que agrupa “no están solicitandopruebas covid-19 a sus colaboradores como requisito para la continuidad de la actividad laboral”.

Sostuvo que han asumido los costos de todos los protocolos de prevención y además continúan “sanitizando y ventilando espacios, generando horarios escalonados y muy importante, facilitando todo lo necesario para el home office, en aquellos sectores y giros en donde son posibles”.

En su comunicado, la STPS se dirigió también a la comunidad trabajadora y le recordó “la importancia de no acudir a los centros laborales o reuniones sociales si se presentan síntomas compatibles con covid-19, para no ser un riesgo potencial de contagio para otras personas”.

Sabiduría popular

Si bien Luis González-Aspuru, director de la consultora Asgar Corporation no considera que las pruebas sean la mejor opción para asegurarse que el personal está sano, “si aun así lo quieren implementar, la tendría que pagar la empresa”. No es viable para colaboradoras y colaboradores, pues el costo representa hasta el 20% de sus salarios, apunta.

Para otras actividades laborales con más personas, para las cuales no sea necesario asistir pero así lo elijan los propios trabajadores o trabajadoras, “las podría pagar el empleado, con apoyo de empresa, porque ellas tienen la facilidad de generar convenios con laboratorios”.

“Muchas grandes empresas están costeando las pruebas, el problema es para las pequeñas y medianas empresas (mipymes)”, dice Sara Morgan. Esos centros laborales generan más del 70% del empleo en México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y también para ellas sería inviable económicamente, apunta la exfuncionaria.

González-Aspuru ve una ventaja en esas pequeñas organizaciones. “La comunicación podría ser más directa porque tienen menos gente, hay menos burocracia” y en ese caso la mejor estrategia sería el llamado a vacunarse, dice.

“Tenemos que entender que no es un problema de empresa o de colaboradores, es un problema social y mundial. Creo que es a través de una buena plática, de la negociación y de tener ganas de solucionar se puede lograr en cualquier organización, de cualquier tamaño. No hay respuesta perfecta sobre quién debe pagar las pruebas, ni de quién es más responsable, todos lo somos”, afirma la especialista.

“Yo apelaría también a la sabiduría colectiva”, apunta Sara Morgan. “Muchas personas quieren sacar raja de este problema, tanto las empleadoras como las trabajadoras. Pero todas tenemos una obligación de seguir funcionando, dentro de lo que se pueda. Las empresas no deben exigir un comprobante de no infección, pero el personal no debe dejar lugar a dudas de que está cuidándose”.

Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/De-vuelta-a-la-polemica-Quien-debe-pagar-las-pruebas-Covid-19-en-el-trabajo-20220112-0113.html

Ocupan ilegalmente sede del sindicato de burócratas

El conflicto del sindicato de burócratas ha entrado en un limbo jurídico, pues hoy nadie sabe cuál es la solución a un conflicto que ha dejado a la organización gremial sin pies ni cabeza. Prácticamente no hay dirigentes gremiales y no hay una representación laboral de los trabajadores de los poderes públicos del estado de Puebla.

El nuevo titular de la Secretaría del Trabajo, Gabriel Biestro Medinilla, tendrá que lidiar de inmediato con un conflicto que toca las puertas del Poder Ejecutivo.

Tal vez muchos trabajadores del sector oficial estatal no lo perciben, pero ya transcurrió la primera quincena del año sin que tengan una representación sindical legalmente reconocida.

La parte más patética de esta situación es que las oficinas sindicales están retenidas, de manera ilegal, por Virginia Socorro Meza Cruz, quien el pasado 31 de diciembre oficialmente dejó de ser la secretaría general del Sindicato Independiente de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados.

En los últimos 15 días, Meza Cruz ha llegado puntual –a las 4:30 de la tarde– a las instalaciones en cuestión y se retira a las 9 de la noche. Nadie sabe que hace ahí. Esta mujer ya no tiene ninguna representación legal ante el gobierno del estado y dejó de recibir las cuotas sindicales de los más de 3 mil miembros afiliados.

Los vehículos del sindicato son sacados del estacionamiento y utilizados para propósitos personales, sin que nadie autorice su uso.

Otro personaje que llega todas las tardes a la sede de la agrupación es Jhovany Oliver Gallo, quien supuestamente ganó las votaciones de la segunda semana de diciembre pasado, mismas que no fuero no reconocidas por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, que es la instancia legal que otorga la toma de nota, que es el reconocimiento legal de los dirigentes de un sindicato.

Oliver Gallo no se puede presentar más temprano a las oficinas sindicales porque no tiene permiso para ausentarse de sus labores como trabajador del Poder Ejecutivo.

No puede recorrer los centros de trabajo de los tres poderes públicos del estado por falta de tiempo y no tener el reconocimiento legal como dirigente.

Mucho menos puede convocar a asambleas parciales o generales a las bases sindicales, porque más de la mitad de los agremiados lo repudian.

Y por si fuera poco, todos los días se presenta para recibir órdenes de Virginia Socorro Meza Cruz, cuando se supone que Jhovany Oliver Gallo tendría que ocupar el cargo de dirigente y no de subordinado.

La disidencia sindical, que es encabezada por Martha Rodríguez Salinas, está a la espera de que el próximo lunes surja un fallo federal en donde se le ordene al Tribunal de Arbitraje intervenir en la solución de dicho conflicto.

Nadie sabe en que va a acabar dicho galimatías sindical.

Fuente: https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/ocupan-ilegalmente-sede-del-sindicato-de-burocratas/

Permiso COVID debe reconocerse como incapacidad laboral

El Permiso se implementó en marzo de 2020 con el propósito de romper cadenas de contagio

Con la intención de que los trabajadores contagiados de COVID-19 accedan a una incapacidad laboral, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hicieron un llamado a los empleadores para reconocer el Permiso COVID que otorga dicha institución.

Al respecto, la titular de la STPS, Luisa Alcalde Luján, indicó que la estrategia conjunta pretende generar empatía hacia los trabajadores para hacerle la negativa que han tenido algunos empleadores a la hora de aceptar el Permiso COVID, mismo que facilita la incapacidad en caso de presentar un contagio.

La funcionara reconoció que “los empleadores han sido muy solidarios”, y por esa razón, dijo que esperaba que esta vez no fuera la excepción y comprendieran la situación por la que están pasando los trabajadores.

Asimismo, el director general del IMSS, Zoé Robledo, enfatizó en que no se trata de un tema de “opinión”, sino de algo legal que los empleadores de México deberán asumir, y aprovechó para agradecer el trabajo conjunto del instituto con la Secretaría del Trabajo para identificar los casos donde se exige una prueba como evidencia para otorgar la incapacidad, ya que en algunos casos, el Permiso COVID no ha sido suficiente.

Robledo puntualizó en que el 66.9% de las personas que acudieron en diciembre y enero por pruebas rápidas son trabajadores, sin embargo, dijo que ya no era necesario que se hicieran el test, recordando las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El director dijo que “la OMS ha sido muy clara en que debemos tener un uso racional de pruebas para los grupos vulnerables, mayores de edad, comorbilidades, o para aquellos que incluso van a ingresar a una hospitalización por otros motivos y que requieren de la prueba”, por lo que resaltó, “hay que hacer conciencia”.

Vale la pena recordar que el Permiso COVID se implementó desde marzo de 2020 para romper las cadenas de contagio y así evitar que la gente tuviera que acudir de manera presencial a consultas y posteriormente a los bancos a cobrar su incapacidad.

Además, desde el lunes 10 de enero de este año, dicho permiso se puede tramitar en línea a través de un cuestionario que no requiere de una prueba rápida y es así como el permiso se genera y sirve como evidencia para el empleador para la incapacidad.

Finalmente, la STPS tiene habilitada la línea telefónica 800 717 29 42, así como el sitio http://procuraduriadigital.stps.gob.mx/ para brindar mayor orientación o presentar alguna queja al respecto.

Por: IDC online

Fuente: https://idconline.mx/laboral/2022/01/14/permiso-covid-debe-reconocerse-como-incapacidad-laboral

Avala SDEyT capacitación a servidores públicos en material laboral

La Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos (Icatmor), verificó a servidores públicos y proporcionó 163 constancias para avalar que se han capacitado en la resolución de conflictos laborales.

Ana Cecilia Rodríguez González, titular de SDEyT, comentó que el convenio firmado con Icatmor logró capacitar a conciliadores, notificadores y verificadores en el proceso de democracia sindical, en razón del procedimiento que requiere la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, haciendo  entrega de 16 constancias en representación de las 163 que se emitieron.

“Estas constancias quedan como testimonio de las competencias adquiridas por los participantes y el arduo trabajo que realizan las instituciones para mantenerse actualizados, felicito a todos por su colaboración entusiasta en este curso que sin duda abonará a su desarrollo personal y será de beneficio para todos los morelenses”, expuso la funcionaria.

Dicha preparación fue previa a la puesta en marcha del modelo de justicia en la entidad, que inició el pasado 03 de noviembre del 2021, siendo  Morelos uno de los primeros estados en aplicarlo.

 

Aportación de expertos

Laura Herman Muzquiz, directora del Icatmor, mencionó que todo fue posible gracias a la aportación de los profesores expertos en la materia con los que cuenta el instituto para compartir sus conocimientos, lo que conlleva a alcanzar los objetivos trazados.

“Esperemos que vengan muchos convenios dirigidos al personal que se encuentra al servicio de Morelos, que nos permitan mantenernos al día en las diferentes cuestiones para servir de manera más empática y eficiente a todos los ciudadanos de nuestro estado”, añadió.

Cecilia Rodríguez, reiteró a la población morelense el compromiso de la administración del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo de consolidar organismos en la procuración de justicia laboral, que estén integrados por funcionarios públicos íntegros y capaces.

Al evento también asistieron Adelaida Trejo Lucero, coordinadora del Trabajo y Previsión Social de SDEyT, y Noel Salvador Gutiérrez Mayret, director del área de vinculación del Icatmor.

«Esperemos que vengan muchos convenios dirigidos al personal que se encuentra al servicio de Morelos, que nos permitan mantenernos al día en las diferentes cuestiones para servir de manera más empática y eficiente.” Laura Herman, titular de Icatmor

Por: Redacción DDM

Fuente: https://www.diariodemorelos.com/noticias/avala-sdeyt-capacitaci-n-servidores-p-blicos-en-material-laboral

Pemex repetirá votaciones en 4 secciones por duda razonable: María Luisa Alcalde

Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo (STPS) dio a conocer que el sindicato de Pemex validó el resultado de la votación para elegir al nuevo secretario general en 32 de las 36 secciones sindicales y aseguró que habrá “piso parejo”.

Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), encabezada el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, explicó que el proceso se repetirá en cuatro secciones por el concepto de “duda razonable”.

Recordó que los candidatos tendrán un espacio para presentar su campaña y propuestas en la conferencia matutina, tal como indicó el mandatario, para que los trabajadores de Pemex puedan realizar una elección con decisión.
Las secciones donde se repetirán las elecciones son:
Sección 10 en Minatitlán, Veracruz
Sección 34 en Ciudad de México
Sección 38 en Salina Cruz, Oaxaca
Sección 47 en Ciudad del Carmen, Campeche
Detalló que el concepto de “duda razonable” es un nuevo concepto que se incluye en la reforma laboral y cuando se tienen diversos supuestos, el centro de trabajo repetirá la votación en febrero.
Cabe mencionar que esto es la primera etapa del proceso de elección del nuevo secretario general, la cual se realizará de manera final el 31 de enero a través del voto electrónico el cual es una herramienta confiable y que garantiza la secrecía del mismo.
Por: Diario Contra Replica