Trabajadores independientes, entre la precarización y el avance de la digitalización

Sólo el 5% de las personas que trabajan de forma independiente en México sabe utilizar un procesador de texto y apenas 4.4%, una plantilla de cálculo. Esta condición les pone en desventaja frente a la digitalización, señala la OIT.

Los empleos por cuenta propia, que no reciben un salario fijo ni prestaciones, fueron de los más afectados con la pandemia de Covid-19 y, tras las primeras olas, los que más se han recuperado en México y América Latina, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estas ocupaciones tienen pros y contras, como el rezago ante las nuevas tecnologías, advierte.

En nuestro país, la tasa de empleo para trabajadoras y trabajadores asalariados se redujo 4.8% en 2020 y para 2021 subió 6.6 por ciento. En cambio, para los trabajos por cuenta propia o independientes la caída fue de 12.8% al inicio de la crisis y registró una recuperación de 14.7% el año pasado.

Los últimos datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) confirman lo que la OIT indica en la última edición del informe Panorama Laboral de América Latina y el Caribe, publicada a inicios de este mes: casi la mitad de las personas que laboraban en el cuarto trimestre de 2021 estaban autoempleadas. Esto implica una mayor probabilidad de que estén fuera del sector formal.

“El crecimiento económico registrado en 2021 fue insuficiente para recuperar el mercado laboral de América Latina y el Caribe, que dos años después de iniciada la crisis registra una situación de alta desocupación y la perspectiva de un aumento de la informalidad”, señala el reporte de la OIT.

El informe destaca además que una de cada dos personas ocupadas en la región labora en la informalidad. Es decir, sin contrato, sin estabilidad, seguridad social, prestaciones, acceso a la salud por su empleo, ni posibilidad de ahorrar para una vivienda y para retirarse un día.

“Entre el 60 y el 80% de la creación neta de trabajo entre el segundo trimestre de 2020 y el tercero de 2021” fue de plazas informales en América Latina y el Caribe.

No saben usar Word

No existe una homologación internacional de quiénes son las personas trabajadoras no asalariadas. Pero en general, según la OIT, son aquéllas que no cuentan con un vínculo laboral directo con otra persona o empresa.

En la Ciudad de México existe el Reglamento para los Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal, el cual no sido actualizado, a pesar de que varias organizaciones lo han reclamado, por violar los derechos humanos laborales de una gran población.

El artículo 3º indica que “quedan sujetos a las normas” de dicha normativa:

  • Aseadores de calzado
  • Estibadores, maniobristas y clasificadores de frutas y legumbres
  • Mariachis
  • Músicos, trovadores y cantantes
  • Organilleros
  • Artistas de la vía pública
  • Plomeros, hojalateros, afiladores y reparadores de carrocerías
  • Fotógrafos, mecanógrafos y peluqueros
  • Albañiles
  • Reparadores de calzado
  • Pintores
  • Trabajadores auxiliares de los panteones
  • Cuidadores y lavadores de vehículos
  • Compradores de objetos varios, ayateros
  • Vendedores de billetes de lotería, de publicaciones y revistas atrasadas

Sin embargo, en esta clasificación quedan fuera muchas ocupaciones que han surgido con el avance de la digitalización y que la pandemia impulsó.

El espectro de esta población es amplio, pues incluye trabajos tradicionales con actividades manuales, los cuales son susceptibles a ser reemplazados por la automatización, y actividades que surgieron de las nuevas tecnologías.

De acuerdo con los resultados de la ENOE, una tercera parte (33%) de la población ocupada de manera independiente cuenta con estudios de bachillerato o universitarios y otra porción similar (31%) estudió hasta la secundaria. El 20% completó la primaria, mientras que el 16% sólo pudo acudir unos años.

Según la OIT, las personas que laboran de manera independiente tienen algunas ventajas, como “mayor flexibilidad en la organización del trabajo, asociado a que son quienes tienen el control sobre cómo se lleva adelante el proceso productivo”.

Pero “tendrían más dificultades para acceder a las nuevas tecnologías como resultado de su menor capacidad de acumulación y de capital físico”. Además, “la automatización de ciertos procesos podría acotarle las oportunidades de trabajo”.

Las tareas que muchas personas desempeñan son consideradas “cognitivas rutinarias, asociadas al cálculo de costos y ventas”, o manuales. Suelen utilizar poco las tecnologías de información y comunicación (TIC) “y aplican menos conocimientos especializados y resolución de problemas en su trabajo”, lo que abre una amplia brecha con las personas asalariadas.

En México, el 4.4% de las personas no asalariadas sabe usar una plantilla de cálculo (como Excel), frente a 17.1% de las asalariadas. El 5.2% de independientes sabe cómo funcionan los procesadores de texto (como Word), mientras que 18% de las personas contratadas puede utilizarlos.

“Las mujeres se encuentran en una situación desventajosa en diferentes dimensiones del mercado de trabajo como consecuencia de múltiples razones”. En cuanto al cambio tecnológico y la transición digital, la automatización tendrá un impacto mayor en las trabajadoras.

Por lo tanto, la OIT recomienda que el cambio tecnológico debe ocurrir bajo un marco institucional, el cual considere “la relevancia del contexto macroeconómico, social, político, en la determinación del ritmo de adopción de las nuevas tecnologías y sus efectos sobre el mercado de trabajo”.

Así como capacitación digital para personas que laboran por su cuenta y que fácilmente pueden ser reemplazados en los procesos de automatización.

Por: Blanca Juárez / El Economista

Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Trabajadores-independientes-entre-la-precarizacion-y-el-avance-de-la-digitalizacion-20220222-0091.html

 

Comité de Huelga del Spauaz solicita renuncia o destitución del secretario general

Este martes, el Comité de Huelga del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz) solicitó la renuncia o destitución del secretario general José Juan Martínez Pardo, debido a que firmó un convenio de desistimiento de huelga sin realizar los procedimientos formales, entre ellos el plebiscito.

A su vez, el sindicato suspendió el plebiscito que se había programado para este miércoles a fin de definir el estallamiento o desistimiento de huelga, por lo que se solicitó una prórroga al Tribunal Laboral.

El secretario general expresó que no renunciará porque “considero que no hemos hecho nada que haya afectado al gremio y tampoco es cómodo que vengan a repetir el mismo discurso. Ya sé que no me quieren y desde antes de que fuera secretario ya hacían esas disertaciones”.

Durante la reunión, los asistentes dieron a conocer la postura de sus delegaciones. Ana Lourdes Borrego, por ejemplo, exigió la renuncia del secretario general por el error cometido en el convenio de desistimiento, el cual pudo evitarse agregando en el documento la palabra “provisional”, a la vez que cuestionó que se haya contratado un despacho laboral foráneo, cuando al interior de la institución hay opciones para ello.

Hugo Apolonio Sandoval, de Ciencias Químicas, indicó que su delegación decidió que era necesaria la destitución del secretario general y que se retome un nuevo emplazamiento por violaciones e incumplimientos, pero ahora sin cometer los mismos errores

Por su parte, Enrique Viramontes, de Preparatoria, solicitó la renuncia del secretario general y que la titular de la cartera de Asuntos Laborales asuma la dirigencia y, a partir de ello, reorganizarse para presentar un nuevo emplazamiento a huelga

Jesús Becerra Villegas, de la Unidad Académica de Ciencia Política, comentó que la delegación de este centro cuya postura fue que “sus acciones (del secretario general) resultan lesivas y desincentivan la vida sindical porque no se le pueden confiar las acciones más elementales”.

Los acuerdos de la delegación fueron: cancelación del plebiscito programado para este miércoles, cancelación de todo vínculo con el buffet jurídico contratado y la renuncia a sus cargos del secretario general e integrantes del Comité Ejecutivo que hayan sido partícipes de la firma de ese convenio con la Rectoría.

Norma Ávila, de Docencia Superior, informó que esta delegación también pronunció su rechazo a las acciones del Comité Ejecutivo que realizaron la firma del convenio referido, ya que fue suscrito unilateralmente, por lo que se solicita la renuncia de Martínez Pardo.

En respuesta, Martínez Pardo aseguró que la firma de ese convenio fue sacado de contexto, ya que este es un procedimiento que establece la nueva legislación laboral. En este caso, consideró que solamente hubo el error de no agregar en el documento que era un “convenio provisional” o “convenio temporal”.

“Quizá de ahí la interpretación que han asumido en las delegaciones, pero también mostré que es un procedimiento que está establecido a partir de la reforma laboral, tanto en el tribunal como en los centros de conciliación”, expuso.

Refirió que el sindicato solicitó una prórroga y, si se otorga, dijo que en algún momento será necesario firmar otro convenio, a la vez que recordó que el documento ya se había mostrado al Comité de Huelga como propuesta de convenio.

“A veces los tiempos jurídicos nos obligan, pero siempre he dicho que de ninguna manera existe la intencionalidad. Yo espero que revaloren, con esta información, entendiendo que los procedimientos cambiaron y que ya no se firma al final y se tiene que hacer antes y después se lleva a consulta”, explicó Martínez Pardo.

Por su parte, el rector Rubén Ibarra Reyes afirmó que su administración “ha hecho el esfuerzo sustancial y responsable por cumplir con los compromisos salariales y económicos más sentidos por la comunidad docente, más allá de la crisis pandémica y el complejo contexto social que vivimos, entre ellos: el pago de salarios, primas de antigüedad y aguinaldos, entre otros”.

“Por lo anterior, reiteramos nuestro respeto irrestricto a los procesos sindicales y contractuales del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Reivindicamos nuestra disposición al diálogo y a la deliberación abierta y bilateral con el gremio docente”, expresó a través de un breve comunicado.

Por: La Jornada Zacatecas

Fuente: https://ljz.mx/23/02/2022/comite-de-huelga-del-spauaz-solicita-renuncia-o-destitucion-del-secretario-general/

Se gesta otra sublevación de trabajadores contra CTM en Puebla

Otro dolor de cabeza se le viene a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Puebla tras exigir ex trabajadores de Fujikura en Puebla su reinstalación al asegurar que fueron despedidos injustamente por empujar a un nuevo gremio para que los represente.

“Pedimos a la autoridad laboral su intervención para que se nos haga justicia. Fuimos despedidos injustamente. Demandamos un recuento en el proceso de representación de nuestro sindicato y fuimos castigados”, apuntaron.

Señalaron al Sindicato de Trabajadores de la Industria de Arneses, Eléctrica, Automotriz y Aeronáutica de la CTM de acoso laboral e intimidación.

Estos trabajadores despedidos, pertenecientes al Sindicato Siglo XXI solicitaron la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo en 2019, pero el proceso se detuvo.

Los afectados exigieron hacer respetar la reforma laboral del 2019 y cumplir con lo que se mandata: “que el trabajador decida qué sindicato quiere que lo represente, en una votación secreta, libre, universal y directa, algo que no sucede por ahora”, señalaron.

Por: El Pulso Laboral

Fuente: https://elpulsolaboral.com.mx/sindicatos/27463/se-gesta-otra-sublevacion-de-trabajadores-contra-ctm-en-puebla

Presenta STPS anteproyecto de NOM 037 para garantizar seguridad y salud en Teletrabajo

Con la presentación del anteproyecto para crear la NOM 037 que regirá condiciones de seguridad y salud en teletrabajo, la STPS inició el diálogo público para normalizar la actividad de aquellos centros de trabajo que desarrollan actividades bajo esta modalidad y de las personas trabajadoras que utilizan las tecnologías de la información y comunicación para el desempeño de sus labores.

Luisa María Alcalde Luján, Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS)  subrayó que la intención es normar de forma adecuada a las personas que ya laboraban en esta modalidad y que, de acuerdo con algunos estudios, hasta el 23% de los puestos de trabajo en México serían susceptibles de teletrabajar, por lo que población potencial de esta norma podría abarcar hasta 13 millones de mexicanos.

La responsable de la política laboral presidió la sesión extraordinaria del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo, ante cuyos integrantes presentó el anteproyecto de la NOM sobre las condiciones de seguridad y salud en teletrabajo.

De esta manera, inician los trabajos para crear la Norma Mexicana cuyo objetivo es establecer las condiciones de prevención, a fin de evitar riesgos físicos, ergonómicos y psicosociales durante el desempeño de labores, destacó la titular de la STPS.

En el anteproyecto de Norma -dijo- se incluyen algunas de las obligaciones de los patrones, entre ellas establecer el inicio y termino de la jornada laboral; mecanismos de contacto entre empleador y teletrabajador, contar con una perspectiva de género que permita conciliar la vida personal y familiar; dotación de equipamiento ergonómico; mantenimiento e insumos para el mejor rendimiento del teletrabajo, y la posibilidad de regreso al trabajo presencial, enfatizó.

La titular de la STPS explicó que el próximo lunes 28 de febrero comenzará a sesionar el grupo de trabajo de la Norma, con el fin de cumplir con el plazo de 18 meses establecido por el artículo segundo transitorio del decreto por el que se adicionó el capítulo XII Bis de la Ley Federal del Trabajo.

Por: El Pulso Laboral

Fuente: https://elpulsolaboral.com.mx/mercado-laboral/27456/presenta-stps-anteproyecto-de-nom-037-para-garantizar-seguridad-y-salud-en-teletrabajo

Hay 13.6 millones de trabajadores condiciones críticas de empleo

Al cierre del cuarto trimestre del 2021 el 24 por ciento de los 56.6 millones que conforman la población ocupada en el país, estaban en condiciones críticas de ocupación, revelan datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI.

La tasa de Condiciones Críticas de Ocupación se refiere al porcentaje de la población ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado, más la que trabaja más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo y que labora más de 48 horas.

Carlos Nieto, economista de la Escuela Bancaria y Comercial explicó que el hecho de que el 24 por ciento de los ocupados estén en condiciones críticas de empleo refleja el deterioro del mercado laboral en el país.

“Esto se explica por el creciente incremento del empleo informal que alcanza niveles preocupantes. Seis de cada 10 mexicanos que trabajan están en ese sector.

“La precarización del trabajo ahí está, es innegable”, apuntó.

Erika Rivera, investigadora de asuntos laborales de la UAM afirmó que muchos trabajadores tienen que laborar en más de dos o hasta tres empleos para alcanzar un ingreso digno para sobrevivir con sus familias.

“Es importante decir que esta crisis en el mercado de trabajo no es buena. Tiene años de estar ahí. Lo lamentable es que ni este gobierno haya podido establecer las bases para cambiar esta realidad”, dijo.

Por: Arturo Rivero / El Pulso Laboral

Fuente: https://elpulsolaboral.com.mx/mercado-laboral/27452/hay-136-millones-de-trabajadores-condiciones-criticas-de-empleo

La paz laboral, clave para que Coahuila siga caminando: Carlos González Silva

«Nuestro país y nuestro estado deben estar atentos a los conflictos internacionales»

El T-MEC y reformas laborales: una oportunidad para sindicatos jornaleros

Las recientes reformas laborales en México tienen implicaciones para el crecimiento de las organizaciones laborales y políticas de las personas jornaleras del campo. Sin embargo, faltan andamiajes institucionales y espacios concretos donde los y las trabajadoras del campo puedan fortalecer su poder y sus organizaciones de cara al modelo productivo dominante

Por Diego Macías Woitrin*

Desde hace décadas, activistas y sindicatos han exigido que los regímenes comerciales entre países se integren a los regímenes laborales estipulados por organismos internacionales. En lugar de una “carrera hacia el fondo”, las partes se verían así forzadas a mejorar sus marcos regulatorios y beneficiarse de manera más equitativa del comercio internacional. Esta es una de las premisas centrales detrás del complejo entretejido que forman las reformas laborales de México de 2015, 2017 y 2019, con el capítulo laboral negociado como parte del renovado tratado de libre comercio (TLC) entre Canadá, Estados Unidos y México (T-MEC).

Estos cambios tienen como trasfondo una discusión más amplia—si bien todavía incompleta—sobre cómo regular las cadenas globales de valor. Si las exportadoras de hortalizas se preocupan por cumplir con los estándares internacionales de inocuidad, calidad e higiene de los productos, no hay razón para que no hagan lo mismo con los derechos de sus trabajadoras y trabajadores. Después de todo, México es responsable de alrededor de la mitad de las frutas y verduras importadas por EU, y en el proceso se emplean millones de personas jornaleras cada año.

Por ello, las reformas tienen implicaciones específicas para el trabajo asalariado en la agricultura mexicana, tocando temas de trabajo forzoso, discriminación de género, origen étnico o edad, libertad sindical, firma de contratos colectivos y seguridad social. Por su parte, el capítulo laboral del T-MEC (plasmados en los anexos 21-A y 31-A del tratado) prevé mecanismos institucionales multilaterales tanto para monitorear el cumplimiento de las leyes laborales entre las partes, como para detener flujos comerciales hasta que la parte responsable no remedie el incumplimiento al régimen laboral vigente. Estos esquemas son el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida y el Comité Laboral Interinstitucional para el Monitoreo y la Aplicación de las normativas del T-MEC y de las reformas laborales mexicanas. Una situación sin precedente para México, quien no acostumbra negociar capítulos laborales en sus TLCs (este es sólo el segundo de 18 firmados desde 1994 que incluye uno).

Un propósito central tanto del T-MEC como de las reformas laborales (en especial la de 2019) es garantizar la democracia y transparencia sindicales. Esto es crucial, pues el campo es uno de los sectores donde más difícil ha sido crear y mantener organizaciones independientes. Ahora, México cuenta con un marco regulatorio más preciso para la formación de sindicatos independientes y para la firma de contratos colectivos. Esto puede mejorar la representación efectiva de los y las trabajadoras jornaleras, quienes podrán votar para revocar un contrato colectivo existente y elegir que un sindicato distinto al habitual firme uno nuevo. También se simplifica la resolución de conflictos laborales con la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, dominadas por la patronal y el charrismo sindical. Finalmente, la reforma instruyó la clasificación de “jornalero agrícola” como nueva categoría para los salarios mínimos profesionales.

Otros aciertos puntuales de la reforma son las directrices para contabilizar y registrar la antigüedad de trabajadores estacionales (característica frecuente del trabajo agrícola) con efectos claros en la garantía de prestaciones como aguinaldos y pensiones. O la inclusión del artículo 283, que obliga a las compañías a brindar habitaciones dignas e higiénicas a sus trabajadores, con agua potable y piso firme. Éstas deben contar con protocolos para prevenir discriminaciones de todo tipo, con particular atención a la violencia y el acoso sexuales.

Reconociendo los avances, hace falta recalcar los límites de las reformas laborales y de los mecanismos del T-MEC. En primer lugar, éstas son insuficientes para enfrentar los problemas estructurales del trabajo en México y, en general, de los desequilibrios de la economía global. Las reformas y el T-MEC no ofrecen soluciones para revertir las dinámicas de crecimiento de la productividad muy por encima de las remuneraciones. La introducción de la agricultura protegida y otras tecnologías en la producción de jitomate, espárragos, chiles y berries, entre otros, ha disparado la productividad del trabajo sin que los sueldos crezcan de la misma manera. Esta desconexión entre la tendencia homogeneizadora de la productividad entre países y la creciente desigualdad entre los salarios y las condiciones de trabajo es sintomática de las estructuras de la economía global, y los TLCs han contribuido a la profundización de esta brecha.

En segundo lugar, son iniciativas “desde arriba”. Fueron pocas las iniciativas de consulta a grupos de trabajadoras y sus organizaciones—en especial las independientes—, mientras que las federaciones charras, enquistadas en dinámicas corporativistas y autoritarias, mantienen un lugar en espacios institucionales como el Comité Laboral Interinstitucional para el Monitoreo y la Aplicación de las reformas y el T-MEC. Hubo cierta atención a las demandas hechas por el movimiento jornalero de 2015 en San Quintín, Baja Califormia, en materia de castigo al acoso sexual y la discriminación con base en el género o el origen étnico. Por otro lado, no se legisló una mayor participación de los y las trabajadoras en los procesos de ejecución de las nuevas reglas, ni en la toma de decisiones acerca de la producción en las empresas.

Desde luego que los esquemas regulatorios del T-MEC contribuyen a ciertos cambios muy bienvenidos. Por ejemplo, en octubre de 2021, una orden de los Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP en inglés) bloqueó el ingreso de jitomates a EU provenientes de las productoras potosinas Agropecuarios Tom y sus subsidiarias. CBP adujo tener información que indicaba el uso de trabajo forzado, incluyendo situaciones de vulnerabilidad, engaño, retención de sueldos y servidumbre por deudas. Aunque el bloqueo no resultó directamente de un lanzamiento de alerta en el marco del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC, la CBP reconoció que el T-MEC “proveía de un sólido marco institucional para reforzar las capacidades de la CBP y responder eficazmente al trabajo forzado en las cadenas de valor de la región”. México había ya amonestado a la empresa en Octubre de 2020, mostrando su compromiso con sus reformas laborales y los capítulos laborales del T-MEC. Como respuesta, los grandes agroexportadores mexicanos aceleraron un proceso de estandardización de normativas laborales a las exigencias del tratado.

Por ejemplo, AHIFORES (una iniciativa de diversos agroexportadores por consolidar esfuerzos para solucionar temas laborales y sociales en el sector hortofrutícola mexicano) ha diseñado minuciosos esquemas de certificación para que sus asociados implementen y monitoreen los cambios necesarios en cuestión de condiciones laborales, factores de riesgo, discriminación, libertad sindical y trabajo infantil y forzado. La alianza ha producido materiales para empleadores y trabajadores del campo explicando las novedades de las reformas laborales y los mecanismos a seguir para el registro del contrato colectivo, el pago de aguinaldos y la afiliación al IMSS, entre muchos otros temas.

Los nuevos marcos regulatorios pueden surtir algunos efectos positivos en un sector caracterizado por bajas tasas de afiliación sindical, alta movilidad y marginación de los y las trabajadoras e histórica inoperancia de los actores estatales de supervisión laboral. Pero las reformas aportarán bien poco si no se acompañan con una presencia real de las instituciones del Estado para supervisar los nuevos marcos regulatorios. Una cosa es legislar para definir regímenes de ingresos y de seguridad social, y otra es reforzar el andamiaje institucional necesario para realmente garantizar tales derechos.

Para garantizar la organización sindical libre y democrática deben existir las bases para el fortalecimiento del poder de los y las trabajadoras. Es importante que surjan y se solidifiquen movimientos y organizaciones “desde abajo” que pongan en tela de juicio los procesos productivos mismos, contribuyendo a una disminución de la intensidad de las tareas y las jornadas laborales y, en consecuencia, a una mejora de la calidad del trabajo y de vida.

Además, tales movimientos y organizaciones deben poder participar “desde abajo”, consolidando mecanismos de acción colectiva, en el monitoreo y mejora continua de los nuevos marcos legales e institucionales. Sólo así se podrá presionar al Estado para que combata con todo su peso las prácticas corporativas y los abusos estructurales, echando mano a las herramientas que el nuevo marco legal ofrece.

*Consultor para Oxfam México / Alianza Campo Justo.

Por: Pie de Pagina

Fuente: https://piedepagina.mx/el-t-mec-y-reformas-laborales-una-oportunidad-para-sindicatos-jornaleros/