La población en situación de pobreza laboral aumentó 0.6 por ciento en Tlaxcala al pasar de 47.4 a 48 por ciento entre el segundo y el tercer trimestre de 2022, lo que significa que este porcentaje tuvo un ingreso laboral inferior al valor monetario de la canasta básica, reportó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Los resultados del Índice de la Tendencia Laboral en la Pobreza (ITLP) además arrojaron que el ingreso laboral real per cápita en Tlaxcala aumentó 0.8 por ciento en este periodo, al avanzar de 2 mil 191.03 a 2 mil 207.98 pesos, esto es, 19.95 pesos más.
Por área metropolitana, la ciudad de Tlaxcala tuvo el segundo porcentaje más alto de población en pobreza laboral del país con 47.41 por ciento, sólo por debajo de Cuernavaca que registró 50.98 por ciento en el tercer trimestre de 2022.
En las organizaciones obreras y en los centros de trabajo prevalece el “sindicalismo machista”, en el que las mujeres han tenido que luchar por la reivindicación de sus derechos laborales, al tiempo que sufren amenazas, discriminación, acoso laboral y sexual y despidos injustificados, coincidieron trabajadoras y mujeres sindicalistas.
“La violencia de género ocurre en cualquier sector”, apuntó Julia Quiñónez, coordinadora del Comité Fronterizo de Obreras (CFO), pero los riesgos son mayores –indicó- cuando se trata de lugares de trabajo como las maquiladoras, ya que las condiciones de empleo son precarias, con bajos salarios y sin respeto a los derechos laborales, principalmente cuando la parte patronal es de capital extranjero.
“Un gerente acosó a una trabajadora y a través de mensajes de WhatsApp le invitó a beber una copa con alcohol. Ella se negó y él le contestó ‘usted se lo pierde’; tiempo después la despidió, contó Quiñónez sobre el caso de la mujer a la que brindan asesoría y que tiene una denuncia por el cese injustificado.
Entrevistada por separado, Jocabeth Galindo, dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Nacional Financiera, denunció que enfrentan una situación de discriminación por parte de la institución, luego del mitin que realizaron en septiembre frente a las oficinas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Apenas una de cada 10 mujeres víctimas de violencia interpone una queja, además, la mayoría de las empresas carece de mecanismos para ello. La gravedad de esto radica también en que las agresiones en el ámbito laboral repercuten directamente en sus vidas privadas.
Los movimientos feministas han logrado que más mujeres denuncien las violencias que viven, pero hace falta que las instituciones públicas y privadas hagan su parte. “Es importante que en nuestros contratos laborales, pero también en el pacto social, tengamos una seguridad de no represalias”, expresa Carolina Rivas Herrera, investigadora de El Colegio de México (El Colmex).
El 90% de las mujeres víctimas violencia no recibe apoyo, no interpone quejas ni denuncias, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh). No lo hacen porque “creen que fue algo sin tanta importancia, pero también porque no existen o no se han fortalecido los mecanismos institucionales para hacerlo sin recibir represalias”, de acuerdo con la misma investigación, dice la especialista en economía laboral y economía del desarrollo.
Este 25 de noviembre volvemos al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con un acumulado de 695 feminicidios en 2022, hasta septiembre pasado. Las cifras más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran además 2,136 asesinatos intencionales de mujeres.
En 2021, al menos 7.9 millones de mujeres experimentaron violencia laboral, según la Endireh. El problema creció 44%, pues en 2016 más de 5.5 millones de reportó haber sufrido algún tipo de agresión en ese ámbito.
Sin embargo, aunque la violencia sea cometida en espacios fuera del trabajo, sus efectos no están separados y a veces las agresiones que viven las mujeres de un lado alimentan a las que experimentan del otro.
El costo más alto que pagamos por esto es la pérdida de vidas, 10 feminicidios diarios en México, estima la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Pero antes, hay un largo camino de daños que también son económicos y laborales, por ello el tema también les incumbe a las empresas.
Razones para involucrarse en el tema
“La violencia de pareja y la violencia sexual son el resultado de factores que se producen a nivel individual, familiar, comunitario y social que interactúan entre sí”, dice la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Uno de esos factores, agrega, es “el escaso acceso de la mujer a empleo remunerado”. Es decir, lo que sucede en el ámbito laboral repercute en el ámbito privado.
En México, la negativa de contratación o el despido por embarazo es la principal queja que sigue recibiendo el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Cuando una empresa deja fuera a una mujer por ese motivo, contribuye a que ella pueda ser violentada en casa, pues la dependencia económica evita que puedan salir de esa situación.
Los derechos laborales tienen una perspectiva de derechos humanos en general, pero quizá en mayor grado para las mujeres, considera Carolin Rivas. “En otros países probablemente la batalla principal es para cerrar la brecha salarial o romper los techos de cristal. En México, como en muchos de América Latina, hay que alzar la voz porque nos estamos jugando la vida”.
Esto no quiere decir que en nuestro país no tengamos esos problemas, al contrario. La desigualdad de salarios entre mujeres y hombres llega hasta 33% en industrias como la de medios de comunicación, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). El punto es que acá el no poder ejercer a cabalidad los derechos laborales le hace el camino más fácil a los feminicidas.
Pero el desempleo general también tiene incide en la violencia de género. Un estudio del Centro Nacional para la Información Biotecnológica de Estados Unidos concluyó que, “a nivel del hogar, se relacionó con el comportamiento abusivo” de los hombres hacia las mujeres.
Un hallazgo importante de la investigación es que el dominio que ganan los hombres sobre las mujeres difícilmente se revierte cuando la economúa mejora. “Los rápidos aumentos en la tasa de desempleo incrementaron el comportamiento controlador de los hombres hacia sus parejas, incluso después de ajustar el desempleo y las dificultades económicas en el hogar”, señala el reporte Violencia de pareja íntima en la Gran Recesión.
Medidas que nos convienen a todos
“La cultura de alzar la voz, de denunciar, de estar concientes cuando algo no está bien ha crecido. Y eso es una gran ventaja y nos da mucha fortaleza. Pero las instituciones deben proveer mecanismos para que no sufran represalias por hacerlo, mecanismos de confidencialidad y de protección a las víctimas en tanto el proceso investigación avanza”, señala la economista Carolina Rivas.
De nuevo, citando los resultados de la Endireh, “el 73% de las mujeres no tiene conocimiento de protocolos y medidas de atención contra la violencia hacia las mujeres”. Muchas veces es porque no tiene acceso a la informacion, pero también es debido a que en realidad en su trabajo no existen los mecanismos, agrega.
Esto también se entiende porque muchas mujeres laboran en el sector informal entonces no hay manera de proceder institucionalmente para disminuir esas violencias y es gravísimo”.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala de qué manera ocurre la violencia laboral. Y la Ley Federal del Trabajo (LFT), en el artículo 132, establece como una de las obligaciones de las empresas implementar “un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo forzoso e infantil”.
Sin embargo, muchas empresas siguen sin cumplir con ese ordenamiento. Tendrían que hacerlo porque las mujeres tienen derecho a vivir una vida, apunta Carolina Rivas. Si ese argumento por sí solo no es suficiente, agrega otro: “Para que una persona dé su máxima eficiencia y sea productiva debe tener todas la condiciones adecuadas”.
Pero si una persona tienen ansiedad causada por algún tipo de violencia, “por supuesto que no podrá producir igual. Y eso es una pérdida económica para los centros laborales y para todo el país. Luchar por los derechos de las mujeres nos conviene a todos y todas”.
El empleo por cuenta propia es el que más ha crecido entre los egresados de la educación superior en el último año, pero no porque deseen ser sus propios jefes, sino por falta de oportunidades para encontrar un trabajo asalariado.
La falta de oportunidades laborales y de empleos de calidad empuja a los jóvenes universitarios a refugiarse en el trabajo independiente; se convierten en trabajadores autónomos por necesidad, no por decisión. Aunque la educación superior mantiene un bono importante como vía para mejorar el acceso al mercado de trabajo.
“En realidad, las personas jóvenes están buscando un trabajo estable, formal, con todas las prestaciones de ley y con un salario digno, y lamentablemente no es lo que vemos en las condiciones del mercado laboral actual. Efectivamente, no hay muchas opciones para la mayoría de los jóvenes y las opciones que hay son empleos precarios”, señala Angélica Jasso, secretaria técnica de la organización Alianza Jóvenes con Trabajo Digno.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Egresados 2022 (ENE) de la Universidad del Valle de México (UVM), la alternativa de trabajo independiente fue la que más creció en el último año entre los jóvenes universitarios. Actualmente, el 24% de los graduados labora bajo esta modalidad, un aumento de cinco puntos respecto a 2021.
Además, el 39% de los graduados que trabaja de manera independiente lo hace porque no encontró trabajo. Esta cifra prácticamente duplica a los jóvenes que aseguran que optaron por esta modalidad privilegiando el manejo del tiempo y es siete veces superior a la proporción que afirma que prefirió el trabajo autónomo porque “les gusta ser su propio jefe”.
“Es innegable que a pesar de existir otras razones como manejar su tiempo o ser su propio jefe, sin duda el crecimiento del trabajo independiente respondió a la necesidad de mitigar el desempleo, pero también a una urgencia del egresado de tener un trabajo y que ese dinero pueda integrarse a los gastos del hogar”, señala Adriana Rico Villanueva, coordinadora del Centro de Opinión Pública (COP) de la UVM.
Según la ENE, al 89% de los egresados con un trabajo autónomo le gustaría cambiar de modalidad de trabajo, un crecimiento de siete puntos con respecto a la última medición. A mayor nivel de insatisfacción con la modalidad independiente, mayor tendencia a querer salir de esta condición de ocupación. Pero incluso entre los que están muy satisfechos con este esquema, la proporción de quienes desean otro tipo de trabajo es superior al 60 por ciento.
Para Angélica Jasso, la narrativa de que los jóvenes ya no se comprometen, no son responsables, quieren ser sus propios jefes y desean mucho tiempo libre, sólo ha generado estigmas en torno a la fuerza laboral joven y ha contribuido a la precarización de las oportunidades de trabajo.
“El trabajo independiente se presenta como una alternativa importante de ingreso para muchos jóvenes, porque está siendo difícil para ellos encontrar trabajo y los trabajos que hay en el mercado laboral no son trabajos que llamemos dignos, es decir, que cumplen con todas las prestaciones de ley y que ofrecen un salario digno”, expone.
Como muestra de ello, entre los graduados que sí cuentan con un empleo, un 51% reporta que le gustaría cambiar a un trabajo donde tenga un contrato de planta. En esa misma línea, el 29% de los universitarios con un trabajo subordinado no cuenta con prestaciones de ley.
“Cuando los jóvenes llegan a su primer empleo hay una cierta vulnerabilidad y condiciones precarias que se van componiendo en la medida que adquieren experiencia laboral. No obstante, si comparamos los datos con las cifras prepandemia, vemos una afectación, sobre todo entre los que tienen prestaciones superiores a las de ley”, indica Adriana Rico.
Según una investigación de Adecco Group, el 40% de los jóvenes en México señala que no ha podido conseguir empleo porque hay pocas oportunidades laborales, pero un 26% lo atribuye a bajos salarios y un 15% a malas condiciones laborales.
La encuesta también muestra la afectación de la pandemia sobre el empleo juvenil. El 43% de los jóvenes que busca un trabajo, perdió su ocupación a causa de la emergencia sanitaria por la Covid-19. De este universo, cuatro de cada 10 no han conseguido empleo desde que inició la emergencia sanitaria.
Educación universitaria, aún con ventaja laboral
A pesar de la percepción de los egresados universitarios sobre el mercado laboral, cifras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) muestran que la educación superior mantiene una ventaja para los jóvenes que quieren acceder a un empleo.
“Un mayor nivel educativo suele relacionarse con mejores perspectivas de empleo, y México no es la excepción. En México, en 2021, el 44% de las mujeres con un nivel de estudios menor que el medio superior tenían empleo, en comparación con el 74% de las graduadas en educación terciaria. En cambio, en el caso de los hombres, las cifras eran de 89% y 86%, respectivamente”, destaca el organismo en su informe sobre Panorama de la Educación 2022.
Además de las mejores posibilidades de ingreso a un empleo subordinado, otra ventaja laboral que ofrece la formación universitaria es que ésta sigue vinculándose con mejores salarios en comparación con las personas que no cuentan con educación superior.
“El nivel educativo no sólo afecta las perspectivas en el mercado laboral, sino también los niveles salariales. En México, la ventaja salarial de los trabajadores con educación terciaria fue incluso mayor que el promedio de la OCDE. En 2018, los trabajadores con educación media superior ganaban 34% más que aquellos con un nivel educativo menor que el medio superior y aquellos con educación terciaria ganaban más del doble”, señala el organismo.
En este tenor, Angélica Jasso destaca que tampoco se puede perder de vista lo complejo que llega a ser el mundo del trabajo para los jóvenes que no han podido estudiar la universidad.
“Si los primeros pasos en el mercado laboral para los jóvenes universitarios son difíciles, aunque ya están en un escalón social más alto, la mayoría de los jóvenes con los que nosotros trabajamos no tienen la oportunidad de ir a la universidad, viven en condiciones de pobreza, tienen rezago educativo y viven en zonas de alto índice de marginalidad o violencia, lo que implica prejuicios por parte de los empleadores cuando se presentan a una entrevista de trabajo”, advierte.
Mercado laboral con barreras de entrada
Desde una perspectiva general, los egresados perciben este año un mercado laboral más complejo y eso se refleja en un crecimiento de la insatisfacción laboral, al menos el 25% de los graduados no está conforme con su trabajo actual y eso representa un crecimiento de cuatro puntos con respecto a la última medición de la ENE.
“Podemos ver cómo el porcentaje de satisfacción con el empleo actual era mayor al que hoy tenemos y esto va muy de la mano con los ingresos y las condiciones, en la medida que éstas tienden a ser precarias, el egresado está más insatisfecho con su trabajo”, expone Adriana Rico.
El 29% de los egresados que se emplea en el sector privado declara no tener prestaciones, esta proporción creció siete puntos porcentuales en el último año. En las oficinas de gobierno la historia no es distinta, el 28% de los egresados asegura que no cuenta con las condiciones mínimas de ley, esto implica un crecimiento de cinco puntos respecto a lo reportado en 2021.
“Ante un año tan complicado para ingresar al mercado laboral, con salarios menores, incluso salarios mermados, el porcentaje que indicó que le gustaría cambiar su modalidad de trabajo aumentó. De igual forma, ya sea por incertidumbre laboral, presiones o la misma pandemia, disminuyó el número de egresados satisfechos en su empleo, de 78.6 a 73.8%. En contraparte, la insatisfacción asociada a los salarios aumentó, en particular entre aquellos con salarios menores a los 15,000 pesos”, destaca la UVM en su informe.
En los próximos días se anunciará el aumento al salario mínimo para el año próximo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que se mantendrá la recuperación salarial en el país, y sostuvo que esperan haya unanimidad en el incremento para 2023, es decir, con el apoyo del sector patronal, obrero y gobierno, que éste sea de 20 por ciento.
“En los próximos días se anunciará el aumento al salario mínimo para el año próximo, deseo que sea acordado por unanimidad -patrones, obreros y gobierno- y también deseo que ronde en el 20%, as llegaríamos al final del gobierno a un incremento de 100% en términos reales en todo el territorio nacional”, dijo en su discurso en el Zócalo de la Ciudad de México.
El Presidente recordó que el salario mínimo pasó de 88 pesos, a su llegada al gobierno, a 172 pesos; un incremento de 62% en términos reales y en la frontera el incremento es más del doble, “algo nunca antes visto en los últimos 40 años” dijo.
En 2019 el aumento fue de 16.2%; para 2020 alcanzó 20%; en 2021 fue de 15% y de 22% en este 2022, es decir, en 4 años de 88 pesos a 173 pesos diarios.
Además, el Ejecutivo Federal se refirió a la reforma laboral de 2019, de la que dijo “por primera vez se respeta el voto libre y secreto en las elecciones sindicales. Se eliminó la subcontratación y con la reforma a la Constitución, el reparto de utilidades pasó de 100,000 millones a 200,000 millones de pesos de 2020 a 2021”.
En un escenario de violencia de género, ha cobrado especial importancia la que se ejerce en política sindical, lo que atenta contra la seguridad y la salud de las mujeres trabajadoras simplemente por su condición de serlo.
En un escenario de violencia de género, ha cobrado especial importancia la que se ejerce en política sindical, lo que atenta contra la seguridad y la salud de las mujeres trabajadoras simplemente por su condición de serlo.
En el marco del Conversatorio, “La violencia contra las mujeres. Fenómeno social desde una mirada sindical y de género”, especialistas abordaron el tema de la violencia contra las mujeres, la cual no sólo se registra en los ámbitos del hogar y las calles, sino que es un fenómeno que se reproduce en los centros laborales y en los sindicatos, ante lo que se hace urgente transparentar y atender esta realidad tan importante.
La democracia está incompleta si las mujeres no ejercen ni participan en la democracia sindical, aseguró Aleida Hernández, investigadora de la UNAM, quien dio a conocer cifras relevantes sobre el tema. De acuerdo con la OIT, hay una desproporción entre el número de mujeres que ocupan algún cargo de dirección sindical y el número de afiliadas.
Por su parte, según la Cepal, hay una tasa de representación en los órganos sindicales del 28% en el mundo, y de 30% en Latinoamérica, mientras en puestos más altos de dirección sindical es casi inexistente. Estadísticas de la Confederación Europea de Sindicatos, indican que sólo 4 de 43 presidentes de Confederaciones son mujeres, mientras en México, según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cifra es de 8 de cada 100, lo que significa que solo el 8.6% de las organizaciones gremiales que cuenta con participación de mujeres trabajadores a ese nivel.
Otras cifras señalan que las mujeres tienen presencia en 275 secretarías generales de sindicatos, 39 Federaciones y una confederación. La elección de mujeres ha variado, pasando de 3 mujeres electas en 2010 a 27 en 2018; mientras que en 2019 sumaron 35.
La mayor participación de mujeres se registra en los sectores servicios, educación, industria y textil, principalmente.
Una muestra clara de que el mundo sindical es un espacio “hipermasculinizado”, es el hecho de que los hombres encabezan 2,981 sindicatos; 493 federaciones y 46 confederaciones.
Erradicar la violencia contra las mujeres, es un desafío para la democracia en México, aseguró. Ninguna mujer que decida representar los intereses de la clase trabajadora debe tener obstáculos para ejercer sus derechos políticos. Si bien muchas feministas han estudiado el marco jurídico del tema, el problema no es un tema legal, sino de estructuras y cultura patriarcal y de un no a la discriminación.
En el conversatorio organizado por la Red Mexicana de Sindicalistas se presentó el documento, “La violencia política de género en los sindicatos. Desafíos para la democracia en México”, el primero en su género que permite visibilizar lo que sucede en los sindicatos y abonar en el estudio de esta situación, además de sentar las bases para la formación política de las mujeres sindicalistas, así lo expresó la autora, Claudia Domínguez Hernández, quien destacó la importancia de la ratificación del Convenio 190, lo cual abre la puerta a las mujeres para hacer valer sus derechos como trabajadoras y sindicalistas. Aseguró que no se podrá lograr la igualdad sustantiva si no se combate la violencia contra las mujeres.
En su oportunidad, Rosana Guevara Ramos, SITUAM, expuso su caso de violencia como secretaria general de un sindicato frente al SITUAM. Señaló que la forma de enfrentar la violencia contra las mujeres en los sindicatos sería haciendo una lectura sociológica, cuestionar la normalización, tomar acciones contundentes, protegerse y ser precavidas, pero resistir, compartir la experiencia y acciones con otras mujeres.
Por su parte, Isabel Lucía Rubio Rufino, destacó que una de las principales aportaciones del Convenio 190, es generar mecanismos eficaces de acceso a la justicia en casos de violencia laboral. Agregó que ahora estamos ante un panorama legislativo neutral que no discrimina a las mujeres desde la ley. Se refirió a las prestaciones de licencias de maternidad y paternidad, las cuales no han sido repartidas de manera igualitaria.
México registró una reducción de la pobreza y pobreza extrema entre 2014 y 2021, reportó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Las transferencias sociales significaron una contención de este indicador en las personas adultas mayores, pero la proporción de niños en esta condición es 38 por ciento más alta que entre la población general.
“Durante la pandemia, el único grupo social donde se contuvo, incluso se redujo la pobreza de ingresos, fue precisamente entre las personas adultas mayores y fue, en buena medida, gracias a la pensión universal para adultos mayores”, explicó José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal, al hablar de México.
El reporte fue publicado una semana después de que un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos dio cuenta de que durante 2020, cuando la crisis por la pandemia de coronavirus hundió la actividad económica a nivel mundial, México tuvo la segunda mayor reducción de la desigualdad, después de Canadá, en el ingreso de sus habitantes y regiones.
Como preámbulo para hablar del caso mexicano, Salazar-Xirinachs dijo ayer que “una de las lecciones más claras de la pandemia es la importancia y el valor de las transferencias monetarias concebidas como derechos (…) Eso hizo una gran diferencia sin duda” sobre todo entre trabajadores informales que viven con ingresos al día.
La tasa de pobreza extrema en México –personas cuyos ingresos son insuficientes para asegurar necesidades alimenticias básicas– pasó de 9.4 a 9.2 por ciento entre 2014 y 2021, mientras la pobreza general se redujo de 38.7 a 37.4 por ciento, de acuerdo con la Cepal. Dentro de esos datos se mantienen las brechas dependiendo del género, el tono de piel y la edad.
El secretario ejecutivo del organismo enfatizó que para mitigar la pobreza por ingreso, las transferencias sociales “no son toda la solución, pero ayudan mucho”, lo cual no implica dejar de canalizar recursos en inversión productiva y sistemas generales de cuidado que ayuden a mitigar las brechas de desigualdad en el país, particularmente las de género.
Si bien hubo una baja en la pobreza entre adultos mayores, más de la mitad de los niños, 51 por ciento, son pobres, por encima del 37.4 por ciento de la población general; además, en los comparativos regionales, México tiene el segundo lugar en la proporción de la pobreza entre su población en edad laboral, de 20 a 59 años, sólo detrás de Honduras.
Ante el aumento en el precio de la canasta básica alimentaria de enero a octubre, Salazar-Xirinachs consideró que la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores ha sido contenida por el incremento al salario mínimo y las remuneraciones medias de trabajadores formales. /// La Jornada
Más del 83 por ciento de los integrantes de la Asociación de Personal Académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) avalaron su Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), con lo que quedó legitimado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
Carlos Armando Ríos Acevedo, secretario general de la Aspabuap, destacó ante la Reforma a la Ley Federal del Trabajo avalada por los legisladores y que entró en vigor en 2019, se sometió el Contrato Colectivo de Trabajadores a un proceso de legitimación entre los integrantes del gremio de docentes.
Destacó que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral autorizó dos fechas en las que se llevó a cabo el proceso de votación y legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo.
El 17 de noviembre se recibió la votación de los académicos que laboran en los complejos y unidades académicas regionales de la BUAP; mientras que en Puebla capital, la jornada se llevó a cabo el pasado 22 de noviembre, donde alcanzó una votación global de 83 por ciento.
Explicó que se realizaron reuniones con los docentes de las 27 unidades académicas y Complejos Regionales de la BUAP para explicarles el proceso de legítima del Contrato Colectivo de Trabajo.
«Con base al protocolo de legitimación, les quiero informar que de manera histórica más del 83 por ciento de las y los trabajadores académicos afiliados a la organización sindical que represento, votaron por el sí en la consulta de legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo de la Aspabuap, él cual garantiza la seguridad y los derechos laborales que son conquistas de nuestros agremiados en estas casi tres décadas», explicó.
Señaló que la Aspabuap ya se encuentra dentro del 30 por ciento de los sindicatos en el estado de Puebla, que ya cumplieron con las acciones que exige el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
«La Aspabuap es una organización sindical unida, fuerte y sólida que tiene como principal eje la defensa de los derechos laborales de las y los trabajadores académicos de la BUAP, que, con 29 años de existencia, hemos mantenido gracias a su gran respaldo la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo ante la BUAP.
Quiero dejar en claro que en este tiempo no hay y no existe otra organización sindical que legalmente represente al sector académico de nuestra máxima casa de estudios que la Aspabuap, que por ley tiene el derecho de defender las garantías laborales de los académicos de la BUAP», expresó.
«La Aspabuap es una organización sindical unida, fuerte y sólida que tiene como principal eje la defensa de los derechos laborales de las y los trabajadores académicos de la BUAP, que, con 29 años de existencia, hemos mantenido gracias a su gran respaldo la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo ante la BUAP. Quiero dejar en claro que en este tiempo no hay y no existe otra organización sindical que legalmente represente al sector académico de nuestra máxima casa de estudios que la Aspabuap, que por ley tiene el derecho de defender las garantías laborales de los académicos de la BUAP», expresó. /// MSN Noticias
A casi cinco meses de cumplirse el plazo para la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, se han realizado 18 mil 962 consultas en el país. En el marco de estos ejercicios democráticos, 2 millones 142 mil 664 personas trabajadoras acudieron a las urnas para expresar su voluntad, respecto de 8 mil 797 contratos firmados entre asociaciones sindicales y empresas.
Así lo expresó Esteban Martínez Mejía, titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, durante la inauguración de la vigésima edición del Congreso de la Industria Automotriz en México, celebrada el día de hoy.
En su participación, recordó que “los sindicatos tienen hasta el 1 de mayo del 2023 para realizar este procedimiento y los que no se legitimen en el plazo previsto desaparecerán”, lo que traería consigo, la existencia de nuevas relaciones individuales de trabajo con el reconocimiento de los derechos y prestaciones adquiridas en el contrato colectivo.
Señaló también que, en las consultas sindicales que han tenido como propósito legitimar los CCT, se ha registrado una participación del 87% de las y los trabajadores con derecho a voto.
En el foro dirigido a los empleadores de la industria automotriz, Martínez Mejía compartió aspectos generales sobre el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR), contenido en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), que tiene como propósito atender, y en su caso reparar, las violaciones a los principios de libertad sindical y de negociación colectiva y que se caracteriza por tener plazos recortados, resolviendo en menos de 4 meses.
Las quejas que han activado el MLRR se han dado principalmente en empresas del sector automotriz y de autopartes, por lo que, recomendó a las empresas que, en tanto “no exista un contrato colectivo avalado por las y los trabajadores, adopten una política de neutralidad absoluta, con trato igualitario a todas las corrientes sindicales existentes en la empresa”. /// El Pulso Laboral
Los sindicatos afiliados a la que sigue siendo la mayor central obrera del país participan con 20% de los casi 8,800 contratos que se han legitimado hasta la fecha, si bien se estima que perderán un número importante de vínculos que no pasarán a votación.
La central obrera que tiene el primer lugar en legitimaciones de contratos colectivos de trabajo, con el 20.3%, es la Confederación de Trabajadores de México (CTM), quien hasta el mes de noviembre de 2022 había registrado 1,793 procesos con 297 sindicatos; seguida con la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), central que, con 55 sindicatos, ha realizado 992 legitimaciones.
Muy abajo aparecen centrales sindicales como la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC) que apenas reporta –desde el 2021– la legitimación de 21 contratos colectivos de trabajo con 9 organizaciones sindicales; en tanto, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) sólo se tiene el registro de 2 contratos.
La CTM tiene la legitimación de contratos colectivos en sectores como tiendas de autoservicio, industria automotriz, cementera o de bebidas; mientras que la CROC, tiene la mayor presencia con las tiendas Soriana, Liverpool y Comercial Mexicana, además de una fuerte contratación en el hotelería.
El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) informó que, hasta el 11 de noviembre de 2022, había un registro de 8,797 contratos colectivos de trabajo legitimados en todo el país; pese a que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) informó de la existencia de alrededor de 500,000, mismos que deben cumplir con el proceso de legitimación y cuyo plazo vence dentro de cinco meses.
Cabe señalar que en cada proceso de legitimación son los trabajadores quienes validan o no la existencia del contrato colectivo de trabajo, pues la autoridad laboral busca que desaparezcan los contratos de protección patronal.
De acuerdo con datos del Centro Federal Laboral (CFCRL) el Sindicato Industrial Revolucionario de Obreros de la Construcción, Conexos y Similares de la República Mexicana (CROC), ha realizado el proceso de legitimación de 477 contratos, todos en el sector de servicios en donde hay principalmente hoteles como el Hotel Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancun Resort & Spa o Hotel Nizuc Resort & Spa (Operadora Hotelera Punta Nizuc S.A De C.V).
En el caso de la CTM, la organización sindical que más procesos de legitimación ha realizado es el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores de Supermercados, Centros Comerciales, Similares y Conexos de la República Mexicana, C.T.M. con 130 legitimaciones para razones sociales como: Nueva Walmart de México, Operadora Walmart y un proceso para Alen del Norte y uno para Hazak Seguridad Privada.
Le sigue el Sindicato de Trabajadores de la Industria Embotelladora de Aguas Gaseosas, Refrescos, Aguas Naturales, Cervezas y de las Bebidas Envasadas en General, Similares y Conexos de la República Mexicana con 129 procesos para empresas como: Cervecería Modelo, Embotelladora Aga, Distribuidora Arca Continental, Bebidas Mundiales y la gran mayoría para Bebidas Purificadas.
En el sector automotriz está, con mayoría de legitimaciones, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz y Servicios en General, Similares y Conexos de los Estados Unidos Mexicanos, C.T.M. quien realizó una veintena de legitimaciones para BMW SLP; Draexlmaier Components Automotive de México.
Mientras que el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cemento, Cal, Asbesto, Yeso, Envases y sus Productos Similares y Conexos de la República Mexicana tiene registrados 48 procesos de legitimación de contratos con empresas como Holcim México Operaciones y con Cemex.
Control y pérdidas
La diputada Susana Prieto Terrazas, quien ha disputado contratos colectivos a la CTM, sobre todo en el sector automotriz, sostuvo que la legitimación de contratos en el país es muy baja: apenas representa 1.8% del total de contratos que deben pasar por este proceso.
Es lógico que la central que mayor número de contratos ha legitimado sea la CTM, porque es la que más tiene, porque logró un control absoluto del mercado laboral con el PRI y PAN y ha aprendido a cabildear con Morena; pero también es a la que más se le van a declarar terminados, porque también es la que tiene más contratos de protección”, dijo la también secretaria de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.
Prieto Terrazas destacó que en las próximas semanas habrá muchas más legitimaciones, dado que concluye el plazo para presentarlas tal y como lo establece la reforma laboral de 2019 y el capítulo laboral del T-MEC; “el riesgo es que como están tan juntos, la CTM engaña a sus trabajadores para que voten a favor de la legitimación”.
En tanto, Esteban Martínez, titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, informó recientemente que, a casi cinco meses de cumplirse el plazo para la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, se han realizado 18,962 consultas en el país, en las que han participado 2 millones 142,664 personas trabajadoras.
Sostuvo que “los sindicatos tienen hasta el 1 de mayo del 2023 para realizar este procedimiento y los que no se legitimen en el plazo desaparecerán”, lo que traería consigo, la existencia de nuevas relaciones individuales de trabajo con el reconocimiento de derechos adquiridos en el contrato colectivo.
Nueva queja, en juego
Sindicato pide reconocimiento a VU Manufacturing
A pesar de haber logrado la mayoría en las elecciones en el mes de septiembre de este año y de haber interpuesto una queja laboral en el marco del T-MEC, en el que se presentó un acuerdo de remediación, la Liga Sindical Obrera Mexicana (LSOM) no ha logrado establecer una mesa de negociación con la empresa VU Manufacturing para firmar el primer contrato colectivo de trabajo
De acuerdo con el representante legal del sindicato, Pablo Franco, se ha entregado un escrito a la empresa en donde se hace un “extrañamiento» por no haber respetado el cronograma para la negociación colectiva y no haber manifestado de manera oficial ninguna observación a la propuesta inicial.
Franco explicó que “la empresa atenta contra nuestra calidad de organización más representativa, promoviendo actos de agresión y divisionismo en contra de esta Liga Sindical. Consideramos que la actitud de la empresa incumple las medidas de remediación acordadas con motivo del Mecanismo de Respuesta Rápida previsto en el Anexo 31 A del TMEC”.
En ese sentido, explicó que existen dos vías que pueden ser utilizadas por los trabajadores, ya sea el estallamiento de huelga, e incluso promover el incumplimiento del acuerdo de remediación que presentó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para atender lo que fue la quinta queja en materia laboral al gobierno de México por las violaciones a los derechos laborales.
Asimismo, hay una campaña importante en Troy Michigan, donde se ubica la matriz de la empresa VU Manufacturing, en donde integrantes de la organización sindical Socialistas Democráticos de América (DSA por su sigla en inglés) acudieron para llamar la atención sobre las negociaciones de contrato colectivo de trabajo que realiza de manera independiente la Liga y que no ha logrado respuesta de la empresa.
En los próximos días los trabajadores tomarán acciones, ya que VU Manufacturing es señalada por constantes violaciones laborales, las cuales van desde pago de salarios precarios, jornadas laborales extenuantes; a lo que se suma “su favoritismo a la CTM”.
“A pesar de haber perdido la votación de la consulta por la constancia de representatividad, la CTM ha recibido el apoyo de la empresa, para actuar al interior de la fábrica”, dijo Franco.
