El Congreso Local de Guerrero avanza en el tema de la Reforma Laboral

El Congreso del Estado de Guerrero ha logrado avances significativos en el tema de la Reforma Laboral para la homologación de las demandas, a pesar de que en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) tiene un rezago de más de 15 mil juicios pendientes, aseguró Cesar Felipe Leyva presidente del Colegio de Abogados Laboralistas en representación del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Alfredo Sánchez Esquivel, durante la toma de protesta de integrantes de la Coordinadora Nacional de Abogados de México (Coonamex).

Asímismo dijo que “bajo la nueva política en materia laboral del gobierno de México, garantiza la democracia sindical y se continuar con los resultados del nuevo modelo de justicia laboral, con procesos eficientes y eficaces, para que los centros de conciliación locales y los tribunales del Poder Judicial de las entidades federativas lleven a cabo acciones de manera correcta que garantice que los mexicanos tengan acceso a la justicia y respeten los derechos laborales.”

Agregó que “la pandemia de Covid 19 hizo evidente que, por el bien de todos, debemos dejar atrás modelos económicos y laborales que durante décadas ampliaron la desigualdad de nuestras sociedades, la Nueva Reforma Laboral en México es uno de los temas que hoy en día tiene gran importancia”.

Agregó que “esta reforma pretende poner en orden las condiciones de trabajo para todos los actores de la relación laboral, esta reforma tiene impacto en muchos ámbitos de la vida en México”.

Asimismo dijo que La democracia sindical es un punto clave en la nueva Ley Federal de Trabajo, no sólo porque otorga el poder de decisión del trabajador para elegir el sindicato que más le convenga, sin ningún tipo de coacción de por medio, sino también para la ratificación del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), además de que promueve un nuevo modelo de representatividad, la creación de varios sindicatos y busca eliminar las prácticas ilegales de coacción de voto y el denominado charrismo sindical.

En este orden, la reforma laboral reconoce el derecho de libertad sindical, de libre sindicalización y la protección contra actos de injerencia, bajo los parámetros de los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional”.

Por: Enfoque informativo

Fuente: https://www.enfoqueinformativo.mx/el-congreso-local-de-guerrero-avanza-en-el-tema-de-la-reforma-laboral/?fbclid=IwAR2Q2gwnxRstFd3J_yf-TvLew3OINruZzcfWQW0DRmFJlwPOLwbLIQvxytc

Se atrasa la reforma de justicia laboral

El Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral (reforma constitucional 2017), publicado en el DOF el 24 de febrero de 2017, ordenó en su artículo segundo transitorio que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas realizaran las adecuaciones legislativas necesarias para dar cumplimiento a la implementación del nuevo sistema de justicia laboral, dentro del año siguiente a la entrada en vigor del mismo.

No obstante, hasta 1o. de mayo de 2019 se dio a conocer el Decreto de reforma en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva (Decreto), en el cual se estableció el nuevo procedimiento para la solución de los conflictos laborales, incluyendo una fase conciliatoria administrativa.

Los artículos quinto y sexto transitorios de dicho Decreto, fijaron un plazo para que los Centros de Conciliación y los Tribunales Laborales iniciaran actividades, contado a partir de la entrada en vigor del Decreto: cuatro años a nivel federal y tres para las autoridades locales.

De esta forma, todos los estados tenían hasta el 2 de mayo de 2022 para ejecutar la referida reforma (lo cual ya se cumple en 20 entidades); a diferencia de la federación, porque su plazo vence el 2 de mayo de 2023.

Desafortunadamente, el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, en su primera reunión ordinaria de enero de 2022, comunicó el acuerdo para solicitar al Congreso de la Unión una prórroga para la CDMX, Coahuila, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán, con el fin de que las instituciones locales laborales de dichos lugares pudiesen estar habilitadas y contar con el equipamiento adecuado para realizar sus funciones.

Esto muestra el incumplimiento de las entidades federativas a lo ordenado en el Decreto, y con el retraso en la divulgación de la prórroga (16 días después al 2 de mayo), la omisión presidencial de hacer cumplir la ley a su estricta observancia, expresando cierto desinterés en los sectores de la producción.

A pesar de la publicación de la reforma, se transgrede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), por la omisión legislativa, de no reglamentarse lo referente a la impartición de justicia en materia laboral.

Al señalarse una fecha posterior a lo previsto en la reforma constitucional de 2017, se afecta la plena vigencia de la CPEUM, pues en ella se implementa el desahogo de la conciliación prejudicial como el mecanismo idóneo para dar soluciones prontas a los conflictos laborales, lo que finalmente vulnera la jerarquía del orden nacional establecido.

En nuestra opinión, no se puede excusar del cumplimiento a los órganos legislativos locales del mandato que los constriñó a adoptar las medidas presupuestales para dar efectividad a la CPEUM, pues al ser derecho vigente, se tiene que acatar.

Es tan evidente el desacato, que inclusive en la CDMX, sin que se hubiese publicado la prórroga, dio a conocer en su Gaceta Oficial el 29 de abril de 2022, la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de dicha entidad y el Decreto por el que se reforman varios artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, en cuyos transitorios se señalan que sus Tribunales Laborales y el Centro de Laboral iniciarán funciones a más tardar el 3 de octubre de 2022, lo que deja en evidencia su omisión constitucional y legal.

Se atrasa la reforma de justicia laboral

Aplazan cinco meses el inicio de las funciones de los Tribunales Laborales de la CDMX y 11 estados

El Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral (reforma constitucional 2017), publicado en el DOF el 24 de febrero de 2017, ordenó en su artículo segundo transitorio que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas realizaran las adecuaciones legislativas necesarias para dar cumplimiento a la implementación del nuevo sistema de justicia laboral, dentro del año siguiente a la entrada en vigor del mismo.

No obstante, hasta 1o. de mayo de 2019 se dio a conocer el Decreto de reforma en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva (Decreto), en el cual se estableció el nuevo procedimiento para la solución de los conflictos laborales, incluyendo una fase conciliatoria administrativa.

Los artículos quinto y sexto transitorios de dicho Decreto, fijaron un plazo para que los Centros de Conciliación y los Tribunales Laborales iniciaran actividades, contado a partir de la entrada en vigor del Decreto: cuatro años a nivel federal y tres para las autoridades locales.

De esta forma, todos los estados tenían hasta el 2 de mayo de 2022 para ejecutar la referida reforma (lo cual ya se cumple en 20 entidades); a diferencia de la federación, porque su plazo vence el 2 de mayo de 2023.

Desafortunadamente, el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, en su primera reunión ordinaria de enero de 2022, comunicó el acuerdo para solicitar al Congreso de la Unión una prórroga para la CDMX, Coahuila, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán, con el fin de que las instituciones locales laborales de dichos lugares pudiesen estar habilitadas y contar con el equipamiento adecuado para realizar sus funciones.

 

De ahí que el 26 de abril de 2022 el poder legislativo aprobó y turnó al ejecutivo, la modificación al artículo quinto transitorio del Decreto, para que los Centros de Conciliación y los Tribunales Laborales Locales inicien funciones a más tardar el 3 de octubre de 2022; reforma que el presidente firmó el 10 de mayo y se publicó en el DOF el 18 de mayo, de 2022.

Esto muestra el incumplimiento de las entidades federativas a lo ordenado en el Decreto, y con el retraso en la divulgación de la prórroga (16 días después al 2 de mayo), la omisión presidencial de hacer cumplir la ley a su estricta observancia, expresando cierto desinterés en los sectores de la producción.

A pesar de la publicación de la reforma, se transgrede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), por la omisión legislativa, de no reglamentarse lo referente a la impartición de justicia en materia laboral.

Al señalarse una fecha posterior a lo previsto en la reforma constitucional de 2017, se afecta la plena vigencia de la CPEUM, pues en ella se implementa el desahogo de la conciliación prejudicial como el mecanismo idóneo para dar soluciones prontas a los conflictos laborales, lo que finalmente vulnera la jerarquía del orden nacional establecido.

En nuestra opinión, no se puede excusar del cumplimiento a los órganos legislativos locales del mandato que los constriñó a adoptar las medidas presupuestales para dar efectividad a la CPEUM, pues al ser derecho vigente, se tiene que acatar.

Es tan evidente el desacato, que inclusive en la CDMX, sin que se hubiese publicado la prórroga, dio a conocer en su Gaceta Oficial el 29 de abril de 2022, la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de dicha entidad y el Decreto por el que se reforman varios artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, en cuyos transitorios se señalan que sus Tribunales Laborales y el Centro de Laboral iniciarán funciones a más tardar el 3 de octubre de 2022, lo que deja en evidencia su omisión constitucional y legal.

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 .  (Foto: IDConline)

Por otra parte, es de señalarse que México debe cumplir con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T—MEC) a finales de 2018, en el que se estableció un nuevo modelo de justicia laboral.

Por lo que se debe armonizar la legislación interna con ese convenio, a fin de darle uniformidad, coherencia y consistencia a un bloque normativo; y de tal suerte, se respete lo acordado por nuestro país frente a otros Estados. Ello de conformidad con la jurisprudencia de nombre: NORMAS DE DERECHO INTERNO. SU INTERPRETRACIÓN Y APLICACIÓN DEBEN ARMONIZARSE NECESARIAMENTE CON EL DERECHO INTERNACIONAL CON ENCIONAL, Registro digital: 2023266.

En otro orden de ideas, conforme a la tesis de rubro: SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ES NORMATIVA E IDEOLÓGICA, Registro digital: 2017841, al ser la CPEUM la base del sistema jurídico—político nacional, que establece valores, principios y reglas de observancia para todos los componentes del Estado, deben prevalecer las reglas jurídicas establecidas en ella, y en igual proporción el espíritu que las anima, como lo es su ideología y fines.

Por ende, lo jurídicamente correcto, sería que los estados pusieran en marcha inmediatamente el nuevo sistema de justicia laboral, y con ello se respete lo previsto en las reformas constitucional de 2017 y la legal de 2019, cuya esencia es crear una instancia prejudicial obligatoria, salvo ciertas excepciones.

Finalmente, más allá de transgredirse a la CPEUM, se está afectando a los colaboradores, porque no cuentan con instancias de conciliación, a fin de acceder a una justicia pronta y expedita, y evitar litigios largos y sin solución.

Por: IDC Online

Fuente: https://idconline.mx/laboral/2022/05/27/se-atrasa-la-reforma-de-justicia-laboral

Piden a AMLO se reconozca personalidad jurídica de sindicatos independientes en PEMEX

Con el consentimiento de la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión, Luisa María Acalde Luján y del coordinador de asesores de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel, están bloqueados y congelados los trámites oficiales del Sindicato Nacional de Empresas Productivas del Estado, Petróleos Mexicanos, Subsidiarias y Filiales (SNEPE-PM-SF) y de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTYPP), pese a contar con Registro y Toma de Nota vigentes.

Estos son sindicatos nacionales de industria, en contraposición a la personalidad jurídica del ilegal Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que es considerado como sindicato de oficios varios desde el 15 de agosto de 1935.

Ante esta situación, le solicitan al Jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, instruya a las secretarias de Energía, Rocío Nahle y del Trabajo, Luisa María Alcalde y al director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, reconocer la personalidad jurídica de los sindicatos SNPE-PM-SF y UNTYPP.

«Se debe terminar con la corrupción y maridaje entre los funcionarios de la Subdirección de Capital Humano de Pemex, que buscan ocultar la verdad y el total desconocimiento de la Ley Federal del Trabajo y favorecer al ilegal Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM)», explicó el secretario general del SNPE, el abogado Eliel Flores Ángeles.

Los funcionarios de Pemex Franco V. Palavicini Pesquera y Carlos Víctor Jasso de Anda, subdirector y Jefe de Departamento de Capital Humano de Pemex, señalaron respectivamente: en una mala o nula interpretación de la fracción II del artículo 388 de la Ley Federal del Trabajo, dejan fuera de la empresa a los sindicatos independientes.

“Y le conceden el manejo absoluto de las relaciones laborales entre Petróleos Mexicanos y los trabajadores que dicen representar”, agregan.

“Si no concurren sindicatos gremiales, el contrato colectivo se celebrará con el conjunto de los sindicatos mayoritarios que representen a las profesiones siempre que se pongan de acuerdo….”. En caso contrario, “…cada sindicato celebrará un contrato colectivo para su profesión…” dice el citado artículo de la LFT.

“Sin embargo, los funcionarios ya citados, en claro sometimiento a los deseos de los líderes del STPRM, Carlos Romero Deschamps y su delfín Luis Ricardo Aldana Prieto y con el consentimiento tácito de la titular del Trabajo y del coordinador de asesores de la Presidencia de la República, mantienen bloqueados y congelados nuestros trámites”, precisó Flores Ángeles.

Comentó que una constancia de la primera ilegalidad del STPRM “es que se cancelló su Registro 1131 y Toma de Nota con oficio No. 211/2012 del 07/VI/2012 suscrito por el licenciado Rafael Avante Benavides, subsecretario del Trabajo y Previsión Social.

Por segunda vez se le retiró su lugar del Consejo de Administración de las empresas del Estado a partir del 13 de agosto de 2015 por carecer de personalidad jurídica, en términos de los artículos 369 fracción II y 379 fracción II de la Ley Laboral vigente, antes del 1 de mayo de 2019, por la aprobación de la reforma energética y el cambio de régimen jurídico de Pemex de Empresa Paraestatal a Empresas Productivas del Estado, Subsidiarias y Filiales.

“El gobierno federal de Enrique Peña Nieto fue dolosamente omiso y ocultó la extinción del ilegal STPRM y prohijar en este caso, la corrupta ilegalidad desde hace 33 años», refirió el líder del SNEPE.

“Además, esta ilegalidad, está la asignación de comisiones a quienes se ostentan como sus dirigentes de facto, con sus correspondientes impactos en el presupuesto de Pemex. Y también la entrega de cuotas sindicales se siguen descontándose a los trabajadores que ya no les pertenecen por ser nuestras”, subrayó el abogado Eliel Flores Ángeles.

Por: El Sol de México / El Pulso Laboral

Fuente: https://elpulsolaboral.com.mx/sindicatos/28122/piden-a-amlo-se-reconozca-personalidad-juridica-de-sindicatos-independientes-en-pemex

Falta democratizar sindicatos del sector público, sostiene el presidente del TFCA

La reforma laboral tiene que operar también en los 171 sindicatos de trabajadores al servicio del Estado y garantizar su democratización, “no más votos a mano alzada”, advirtió el presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), Plácido Morales Vázquez.

En entrevista con La Jornada, aseveró que por lo menos a una docena de organizaciones gremiales del apartado B (sector público) se les negó la toma de nota, ya que insistieron en elegir a sus dirigentes de manera representativa, es decir a través del voto de delegados.

“La ley es muy expresa, y es causa de nulidad la coacción del sufragio la falta de voto personal, libre, directo y secreto”; debe respetarse el voto de cerca de 5 millones de trabajadores del Estado, como establece el nuevo modelo laboral, subrayó.

En gobiernos anteriores, agregó, el “control del sindicalismo fue clave y se generaron grandes élites”, por lo que las recientes disposiciones de la reforma laboral, como la transparencia, la rendición de cuentas y la libre sindicalización son los ejes para que la democracia se “vaya institucionalizando en el interior de los gremios”.

La norma no incluye legitimación de contratos colectivos en los sindicatos del Estado, sino únicamente convenios sobre las condiciones generales de trabajo, entre otros.

No obstante, estas organizaciones deben adecuar sus estatutos de acuerdo con las reformas de los artículos 69, 72 y 87 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, a fin de garantizar la libertad y democracia sindical en sus elecciones.

El magistrado Morales Vázquez detalló que del total de gremios de servidores públicos, 116 tienen dirigencia vigente o ya renovada y 29 prórroga por la emergencia sanitaria. No habrá más aplazamientos, “el último fue en mayo y se acabaron las extensiones de periodos”.

En 26 sindicatos, agregó, la dirigencia ya venció, y de las seis federaciones registradas ante el TFCA, en cuatro casos expiró la vigencia de la toma de nota, por lo que sus elecciones deben hacerse con base en los nuevos principios democráticos. Omitió detallar de qué organizaciones se trata, debido a que “son procedimientos activos”.

A diferencia de los sindicatos del apartado A (sector privado) para los que se crearon centros de conciliación laboral, el TFCA es el responsable de impartir justicia, un órgano colegiado donde están representados trabajadores y el gobierno, lo cual “da una mayor certeza a la validación de una elección”.

Por: Jared Laureles / La Jornada

Fuente: https://www.jornada.com.mx/notas/2022/06/25/politica/falta-democratizar-sindicatos-del-sector-publico-sostiene-el-presidente-del-tfca/

Sindicatos de México y EU buscan alianza para beneficiar a 600 mil agremiados

José Neri Ortega Blancas, secretario general de la Confederación Internacional de Organizaciones y Asociaciones Sindicales de los Estados Unidos Mexicanos (CIOASEUM), sostuvo en Teotihuacán un encuentro con la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), una de las más representativas de ese país.

Reunidos ante representantes de los más de 600 mil agremiados de 25 estados del país, el líder sindical señaló que están encaminados hacia un hermanamiento de nivel internacional que pretende beneficiar a los trabajadores y a los connacionales que viven más allá de la frontera del norte de México.

Reconoció que como líderes, con este tipo de encuentros, tienen el reto de aportar más beneficios y razones de bienestar a quienes en ellos confían.

“El objetivo ahorita es ir abriendo fuertes, porque ahorita aquí en México existe una gran corrupción con los contratos, hay contratos que son de protección, que son contratos blancos. La nueva ley viene modificar el sindicalismo en México y nosotros lo que queremos es ser partícipes de esas nuevas normas para el beneficio de los trabajadores”, comentó.

Ortega Blancas sostuvo la importancia de abrir espacios y que el sindicalismo en México sea auténtico, en la que los trabajadores escojan la organización que mejor les parezca.

Por parte de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) asistió el asesor y representante de Asuntos Políticos, Ramón Becerra.

“Para nosotros es importante que dialoguemos para ver formas, ver opciones, ver posibilidades de cómo podemos juntos empoderar a los trabajadores latinoamericanos allá en Estados Unidos, aquí, y crear unidad para poder lograr lo que tenemos que lograr”, dijo.

Los oradores, integrantes de la CIOASEUM, resaltaron el gran avance que han logrado como organización, ya que son de reciente creación.

“La organización tiene poco de nacer, hace dos meses, pero los líderes que estamos aquí no somos nuevos, somos líderes que llevamos algunos años al frente de nuestros compañeros, que vienen de la parte de abajo, que conocen las necesidades y los problemas de todos los compañeros”, explicó.

La Confederación Internacional agrupa a organizaciones civiles y otras de comerciantes, mercados, recolectores, transportistas, entre otros gremios.

A la Asamblea Extraordinaria acudió un representante de la Secretaría del Trabajo federal y los alcaldes de los municipios de Teotihuacan, Tepetlaoxtoc y Coacalco, quienes coincidieron en la importancia de apoyar y respaldar a la clase trabajadora.

Por: El Universal / El Pulso Laboral

Fuente: https://elpulsolaboral.com.mx/sindicatos/28123/sindicatos-de-mexico-y-eu-buscan-alianza-para-beneficiar-a-600-mil-agremiados

Legitimación de contrato en planta de Saint Gobain en Cuautla se realizará en medio de dos sindicatos

La legitimación del contrato colectivo de trabajo de la empresa Saint Gobain, en su planta de Cuautla, Morelos, se realizará el próximo 5 y 6 de julio, en medio de la disputa de dos organizaciones sindicales que buscan representar a los más de 1,000 trabajadores.

La legitimación del contrato colectivo de trabajo de la empresa Saint Gobain, en su planta de Cuautla, Morelos, se realizará el próximo 5 y 6 de julio, en medio de la disputa de dos organizaciones sindicales que buscan representar a los más de 1,000 trabajadores.

La empresa global Saint Gobain tiene operaciones en Morelos, Tlaxcala, San Luis Potosí, Coahuila, Baja California y Tamaulipas; pero es en la planta de Morelos donde surgió una organización sindical independiente, que arrancó la campaña por el “No” a la legitimación del contrato.

Actualmente el sindicato que tiene la titularidad, y quien es el encargado de organizar el proceso de votación de los trabajadores para el próximo 5 y 6 de julio, es el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Vidrio, afiliado a la Confederaciones de Trabajadores y Campesinos (CTC), quien ha buscado el acercamiento con los trabajadores para lograr la legitimación del contrato.

La compañía está vinculada con el sector automotriz, por lo que se tiene especial interés en su legitimación, pues se trata de uno de los sectores que está bajo observación de Estados Unidos y Canadá, dentro del capítulo laboral del T-MEC.

De acuerdo con información del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) son tres consultas las que se tienen registradas con el contrato CC-48/1996-XX-MOR y la votación se desarrollará en dos días.

Francisco Gerardo Servín Neri, asesor del Sindicato Independiente de las y los Trabajadores Libres y Democráticos de Saint Gobain México, comentó que es una oportunidad para que los trabajadores, quienes están inconformes con la representación sindical actual, decidan sobre el futuro democrático con un proceso vigilado y sin represión.

Por: El Economista

Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Legitimacion-de-contrato-en-planta-de-Saint-Gobain-en-Cuautla-se-realizara-en-medio-de-dos-sindicatos-20220624-0063.html

Francia Márquez, esperanza para las trabajadoras del hogar en México y Latam

No es extraño que Francia Márquez, vicepresidenta electa de Colombia, haya sido trabajadora del hogar. La inmensa mayoría de quienes se dedican a esa labor en México, en su país y el resto del continente, son mujeres atravesadas por la migración, la pobreza y la racialización, como ella. Pero tampoco es extraño que haya llegado a ese cargo.

“Lo que se piensa de la gente afrodescendiente, raizal, palenquera e indígena es lo que se piensa de las mujeres: que no podemos, que no sabemos, que somos incapaces. Que tenemos que ser mujeres bien puestecitas en nuestro lugar, que obedezcan, guarden silencio y no cuestionen. Y yo no soy eso”, dijo la abogada en una entrevista a la Revista Semana en marzo pasado.

Por primera vez en la historia de Colombia una mujer negra, con una historia de lucha social, ambiental y política que representa a diversos sectores de la población será vicepresidenta, y eso da esperanza. Lo dicen desde México Marcelina Bautista Bautista, una de las líderes más importantes del movimiento de trabajadoras del hogar, María Celeste Sánchez Sugía, la primera senadora afromexicana, y María Elisa Velázquez, expresidenta de La Ruta del Esclavo: resistencia, libertad y patrimonio, de la UNESCO.

“Me da mucho gusto, como trabajadora del hogar y como mujer, que ocupe un espacio de poder. Es una esperanza y un ejemplo para muchas otras”, señala Marcelina Bautista.

Sin embargo, la directora del Centro de Atención y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH) no romantiza el logro: “No significa que ahora será fácil llegar a un cargo, o que nuestros derechos laborales se cumplirán de inmediato por su ascenso. Pero ella tiene una visión diferente, la del trabajo del hogar, y eso iniciará un cambio” para América Latina.

¿Quién es Francia Márquez? Si no la conocían, ahora mucha gente lo hará. “Es una mujer con una larga trayectoria de activismo. Nació en un contexto de marginación, de adolescente se convirtió en madre soltera, enfrentó la discriminación por género y por ser afrodescendiente y luego, persecución y amenazas de muerte por sus actividades ambientalistas contra la minería. Es una mujer sencilla, fuerte, amable, con ganas de platicar y compartir”, la dibuja la antropóloga María Elisa Velázquez, una de las más importantes investigadoras sobre la afrodescendencia.

“Comenzó su lucha desde muy niña, fue trabajadora del hogar, buscó los medios para estudiar y lo hizo”, completa María Celeste Sánchez, doctora en Ciencias Biomédicas y activista afrodescendiente.

No es sólo que sea una mujer negra, “sino que verdaderamente representa a muchas mujeres afrodescendientes de América Latina. Nos llena de alegría y esperanza que una mujer que ha luchado por la defensa de su territorio, de su pueblo, esté en ese lugar”, agrega la joven. Esta vez no se trató de llenar una cuota, como lo hicieron otros partidos en Colombia y como se hace en México, dice.

Todo esto convierte el triunfo de Francia Márquez en un acontecimiento histórico que será determinante no sólo para Colombia, sino para América Latina, concluye María Elisa Velázquez, académica de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).

Lazos compartidos de racismo

Francia Márquez (1 de diciembre de 1981) nació en Suárez, un municipio del departamento del Cauca, al oriente de Colombia y cerca de la costa del Pacífico. La zona del Cauca es una de las más afectadas por el conflicto armado de más de seis décadas.

Es abogada, feminista, defensora de los derechos humanos y activista medioambiental. Fue trabajadora minera y del hogar. Recibió los premios Goldman de medio ambiente y Joan Alsina de derechos humanos y presidió el Consejo Nacional de Paz y Convivencia en 2020, luego de los acuerdos de paz de 2016. Antes de unirse a la fórmula de Gustavo Petro, fue precandidata a la presidencia.

México comparte con Colombia, entre muchas cosas, una historia de “racismo, discriminación, xenofobia y todos esos flagelos de los que hemos sido víctimas las personas afrodescendientes”, señala María Celeste Sánchez, senadora suplente de Citlalli Hernández (Morena) y quien pudo legislar de 2020 a inicios de 2022.

Las mujeres de piel oscura en este país tienen 60% menos probabilidades de alcanzar el quintil superior de riqueza que una persona de tez clara, según el reporte Por mi raza hablará la desigualdad, de Oxfam.

El 21% de las personas de piel clara trabaja en empleos de baja calificación, mientras que 31% de la población de tez oscura está contratada en esos puestos. Una cuarta parte (26%) de las personas blancas son empleadoras y sólo el 13% de las personas morenas y negras pueden dar empleo.

Colombia reconoció a los pueblos afrodescendientes desde 1970, con la Ley 70, contextualiza María Elisa Velázquez. Pero, a pesar de eso, han tenido que seguir luchando por el reconocimiento de sus derechos, contra el racismo y la discriminación.

En México, la lucha organizada de las afrodescendencias comenzó en 1997, apunta. Apenas en 2019 el Estado reconoció a los pueblos afromexicanos en la Constitución y en el Censo Poblacional de 2020 se incluyó una pregunta para conocer cuántas personas se identifican como pertenecientes a estas comunidades en el país. “Estos logros concretos dan esperanza”, dice la profesora.

Resultado de esa lucha, de la que ella ha formado parte, es la llegada de María Celeste Sánchez al Senado. “Yo fui la primera senadora afromexicana, entré por la suplencia de Citlalli, no por una acción afirmativa. Desde hace más de siete años he trabajado una agenda de derechos de la afrodescendencia, me reconozco como afromexicana”.

Y no hay nada de malo en las acciones afirmativas o cuotas, aclara. Pero en México, muchas personas han aprovechado esos lugares para posicionarse. Actualmente en el Congreso sólo queda el diputado Sergio Peñaloza (Morena) como representante de la población afro, aunque más personas obtuvieron una curul por esa vía. Las cuotas en el sector privado o público “no son un favor, es el resultado de la lucha histórica que hemos dado”.

¿A quién le toca ahora?

En entrevistas con diferentes medios, Francia Márquez ha mencionado que a la derecha le dolía que una persona a quien le asignan un lugar en la cocina, sirviendo platos, trabajando una casa ajena, dirija un país, recuerda Celeste Sánchez.

Francia Márquez se ha dedicado al cuidado de la vida, al sostenimiento de ella, reflexiona María Elisa Velázquez, como trabajadora del hogar y como ambientalista. “Las mujeres, y en especial las mujeres indígenas y afrodescendientes, hemos sido quienes cuidan a los hijos, la casa, a personas enfermas o mayores. Toda la carga del trabajo de cuidados, la sociedad y el Estado la han depositado sobre nuestros hombros”.

Una de las familias para las que trabajó la abogada colombiana le pagaba 300,000 pesos colombianos al mes con descansos cada 15 días. Eso serían menos de 1,600 pesos mexicanos u 80 dólares. “Sólo me alcanzaba para comprar jabón, leche, pañales y para los pasajes”, contó a Semana en febrero pasado.

En una ocasión, el hijo de Francia enfermó, así que le pidió a su empleadora el pago por adelantado. La mujer se negó, en cambio, le dio esa misma cantidad a su hija, 300,000 pesos colombianos para que fuera a un concierto. “Eso a mí me pareció muy doloroso”.

Las empleadas del hogar en Colombia cuentan con la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico, un sindicato formado en 2013. Y ahora con su vicepresidenta.

“Pero no es tan fácil, a veces la gente cree que podemos cambiar todo y nos encontramos con muchas barreras. Es un hecho que ella está conectada con la parte más excluida de la sociedad, pero no puede mover todo un sistema”, dice Marcelina Bautista, fundadora del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadores del Hogar (Sinactraho) en México.

“Es una oportunidad de por lo menos sentar las bases y hacer cosas importantes, como cambios en las leyes. Ojalá que la gente que la sigue ahora lo haga siempre, porque cuando no logramos los objetivos que nos endosan a veces te rechazan y eso es injusto”, expresa.

María Elisa Velázquez vuelve a la esperanza de la que hablaron las tres entrevistadas: “el triunfo de Francia también nos habla de sociedades más maduras, que distinguen y ven esas luchas” y forman parte activa de ellas. En una sociedad como la colombiana, dice —y parece que descrine a la mexicana—, “con sectores muy conservadores, religiosos, discriminatorios y racistas, una gran parte votó por ella” y Gustavo Petro y eso hay que destacarlo y celebrarlo.

En México, las trabajadoras del hogar organizadas lograron en 2019 el reconocimiento de sus derechos en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Nosotras ya hicimos lo que nos tocaba, dice Marcelina Bautista, incluso el gobierno, “ahora les toca a las empleadoras tomar conciencia de cómo quieren establecer la relación en sus casas, cómo nos van a mirar de ahora en adelante. La democracia, el respeto a los derechos humanos y la construcción del diálogo comienzan en los hogares”.

Por: Blanca Juárez / El Economista

Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Francia-Marquez-esperanza-para-las-trabajadoras-del-hogar-en-Mexico-y-Latam-20220622-0064.html

Secretaría del Trabajo inspeccionará 40,000 empresas en el segundo semestre del año

La STPS ha priorizado en su programa de inspección de este año las verificaciones en el cumplimiento en temas de subcontratación, salario mínimo, reparto de utilidades y democracia sindical; capacitará a los inspectores para homologar criterios.

En lo que resta del año la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) plenea hacer visitas de supervisión en 40,000 centros de trabajo, ésta es la meta planteada por la dependencia en su Programa de Inspección 2022. El 80% de estos ejercicios serán inspecciones extraordinarias.

Además de esto, la autoridad estima que los mecanismos alternos a la inspección, como el nuevo programa de verificación voluntaria, tendrán un alcance de 3,260 centros de trabajo que acreditarán el cumplimiento de la normatividad laboral.

El programa de inspección vigente para este año contempla siete estrategias que, entre otras acciones puntuales, contempla la supervisión focalizada en:

  • Sectores productivos con actividades de alto riesgo
  • Cumplimiento del salario mínimo, aguinaldo y reparto de utilidades
  • Nuevas reglas de subcontratación de servicios especializados
  • Verificación de procedimientos de legitimación de contratos colectivos
  • Unificar el criterio para la imposición de sanciones
  • Seguimiento a la atención de quejas y denuncias ciudadanas
  • Realizar de manera permanente el análisis y cruce de la información contenida en el Registro de Prestadores de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse)
  • Iniciar la operación del sistema de acreditación de buenas prácticas laborales y trabajo digno
  • Capacitación especializada a los inspectores
  • Reducción de los plazos para la atención de las medidas identificadas durante las inspecciones federales

“Durante el ejercicio 2022, la Unidad de Trabajo Digno, a través de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo y las Oficinas de Representación Federal del Trabajo, llevará a cabo inspecciones encaminadas a la supervisión de las empresas que se encuentran registradas en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas, a las beneficiarias de sus servicios y en aquellos Centros de Trabajo que por cualquier medio se tenga conocimiento de algún posible incumplimiento relacionado con dichas disposiciones”, señala la STPS en el documento.

Las capacitaciones que recibirán los inspectores, apunta la dependencia, ayudarán a “homologar los criterios de actuación” en los ejercicios de verificación; por otro lado, la Secretaría del Trabajo establecerá un programa de supervisión para fortalecer el desempeño de los servidores públicos involucrados en las inspecciones.

Énfasis en la verificación voluntaria

Este año la STPS implementó el nuevo Programa de Verificación Laboral Voluntaria, un mecanismo alterno a la inspección que permite a los centros de trabajo acreditar ante la dependencia su nivel de cumplimiento en condiciones generales de trabajo, seguridad y salud en el trabajo, capacitación y adiestramiento, entre otras regulaciones.

En su programa anual de inspección, la Secretaría del Trabajo estima que este nuevo programa impactará a 2,000 centros de trabajo al finalizar el año.

Como parte de los ajustes al marco jurídico de las inspecciones que realiza la dependencia, la autoridad busca que las empresas que acrediten su cumplimiento a través de los programas de cumplimiento voluntario que el nuevo reglamento de inspección contemple visitas de asesoría y asistencia técnica a los centros de trabajo que acrediten su cumplimiento a través de los programas de verificación voluntaria.

Estas visitas de asesoría están enfocadas en estas empresas porque al acreditar su cumplimiento en el programa, estarán exentas de recibir inspecciones ordinarias.

“La Unidad de Trabajo Digno a través de la Dirección General de Previsión Social y las oficinas de Representación Federal del Trabajo auxiliadas por la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, impulsarán y fortalecerán el trabajo digno en los centros de trabajo promoviendo entre dichos centros los beneficios de los mecanismos alternos a la inspección y de cumplimiento voluntario, con el uso de las tecnologías a fin de ampliar la cobertura de centro de trabajo verificados”, señala la dependencia en su programa de inspección.

Por: Gerardo Hernández / El Economista

Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Secretaria-del-Trabajo-inspeccionara-40000-empresas-en-el-segundo-semestre-del-ano-20220623-0086.html

Reforma laboral e inclusión, ¿qué tanto se ha avanzado en los últimos años?

El derecho al trabajo es una de las conquistas sociales más importantes de la Revolución Mexicana, dice la abogada feminista Alix Trimmer. Pero en ese momento la sociedad era más machista y lo que no cupo en la estructura patriarcal quedó fuera de la protección de la ley.

La reforma laboral logró un sentido incluyente y de perspectiva de género “al deshacerse de ese manto protector” del Poder Ejecutivo y pasar la justicia del trabajo al Poder Judicial, pues éste se ha alineado más pronto a las luchas de las mujeres, las personas no binarias, las disidencias sexuales y otras poblaciones vulnerables, dice Alix Trimmer, laboralista feminista.

El nuevo modelo de justicia del trabajo, con centros de conciliación y tribunales laborales, ya se está implementando en 21 estados del país. Y partir del 3 de octubre entrarán en funciones en las 11 entidades restantes, entre ellas, la Ciudad de México.

Para Susana Casado, funcionaria de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la perspectiva de género en la reforma se encuentra en la obligación de los sindicatos a incluir a mujeres en sus directivas y en que las empresas cuenten con un protocolo de atención a la violencia, acoso y hostigamiento, sostuvo en un foro convocado por la embajada británica.

Definitivamente hay un avance dice, Alix Trimmer. En entrevista, recupera la memoria histórica del derecho laboral en el país y detalla: “Éste surgió en un contexto bélico, que fue la Revolución Mexicana”, y cosas más patriarcales que la guerra hay pocas. Su origen se ubica en un tiempo en el que la sociedad era estructuralmente “más machista”, explica.

El mundo del trabajo estaba identificado principalmente “con el hombre cisgénero, heterosexual” y sin discapacidad. “Y lo que no cupo en esa cajita, simplemente quedó fuera de la protección de la ley”. La palabra cisgénero se refiere a las personas que se sienten identificadas con el género que les fue asignado al nacer.

Desde la segunda década del siglo pasado, cuando surgió el derecho laboral en México y fue algo novedoso en el país y a nivel mundial, poco a poco las poblaciones excluidas han logrado que algunos de sus derechos sean reconocidos.

Pero aunque las normas puedan modificarse, “lo relevante es generar un cambio en las conciencias y, con ello, un cambio social. Ahí es donde deben estar centrados nuestros esfuerzos como profesionistas jurídicos, como activistas”, y del Estado en su conjunto, considera la abogada.

Mujeres en la reforma laboral

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) está compuesto por una buena parte de mujeres, según Susana Casado, directora general de capacitación y Difusión para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral de la STPS.

El 62% del personal conciliador es mujer y el 43% de las plazas para ejecutar notificaciones, también. En los tribunales laborales federales hay paridad de género. A nivel local, el 56% del personal conciliador y el 47% de titulares de los juzgados son mujeres.

La proporcionalidad de género en las directivas de los sindicatos es otra medida con perspectiva de género y así lo explica la funcionaria: “si una empresa tiene 100 trabajadores y 30% es mujer, en consecuencia, su directiva sindical estará compuesta por esa proporción”.

Pero debido a que los sindicatos determinan cómo distribuyen las carteras, “mayormente las colocan en la comisión de género o en la organización de actividades secundarias. Es uno de los grandes retos, que las mujeres se sitúen en las comisiones de finanzas, de gobierno, en aquellas donde se encuentra el corazón del sindicato”.

Y para frenar la violencia de género en el trabajo las empresas están obligadas “a implementar un protocolo para prevenir discriminaciones, atenderlas y evitar que las personas sean despedidas por embarazo, por su orientación sexual o identidad de género”. Así como para atender casos de acoso y hostigamiento.

En abril pasado, fue aprobado el Plan de acción para incorporar la perspectiva de género en la instrumentación de la reforma laboral, informa.

La cajita se va rompiendo

El derecho del trabajo en este país “es una de las conquistas sociales más importantes de la Revolución Mexicana”. Antes “había una cultura de explotación obrera muy arraigada”, con las tiendas de raya y otro tipo de relaciones laborales “completamente inhumanas, con horarios extenuantes”, dice Alix Trimmer.

Así fue como se creó el artículo 123 en la Constitución de 1917. “Ese artículo tiene un enfoque proteccionista hacia la clase trabajadora, porque era la que tenía una desventaja frente a la parte patronal”.

En 1931 se creó la Ley Federal del Trabajo (LFT), su creación estuvo influenciada por Estados Unidos, pero no lo suficiente como para establecer el modelo “at will”, que se traduce como “a voluntad”, dice Alix Tremmer. Es decir, que las personas pueden ser despedidas en cualquier momento sin repercusión para la compañía.

“En México tenemos una noción completamente distinta: el principio de estabilidad en el trabajo. Desde el artículo 123 quedó claro que hay que protegerlo”. Por eso en la LFT se establecieron una serie de causales para dar por terminada la relación laboral.

Fue un gran avance, pero la igualdad de género y la protección a otras poblaciones vulnerables, como las disidencias sexuales, aún no figuraban. “A pesar de lo que ha evolucionado, no ha logrado completamente deshacerse del heteropatriarcado”.

Las normas surgen como resultado de las personas que interpretan la realidad y entienden el contexto social que están viviendo, puntualiza. “En una sociedad que tenía más marcado los roles y estereotipos de género basadas en el binarismo, las mujeres y las personas LGBT quedaban fuera. No hemos llegado a que incluyan en su lenguaje a las disidencia sexual y personas no binarias. Pero para allá vamos”.

Uno de los últimos grandes avances, celebra, es el Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso. “Aunque pareciera que el grupo focalizado son las mujeres, porque somos quienes más padecemos violencia en todos los ámbitos, se incluye a otros grupos: LGBTQI+, indígenas, migrantes, población con discapacidad, que están en este riesgo de sufrir violencia laboral”.

Por: Blanca Juárez / El Economista

Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Reforma-laboral-e-inclusion-que-tanto-se-ha-avanzado-en-los-ultimos-anos-20220623-0082.html

Nuevo modelo de justicia laboral iniciará a partir del 3 de octubre en BCS

México es un país donde a diario se violentan los derechos laborales de las y los trabajadores, por lo cual se requiere la implementación de justicia pronta y expedita donde se puedan resolver conflictos a través de la conciliación, es por ello que a partir de 3 de octubre de 2022, iniciará en Baja California Sur el nuevo modelo de justicia laboral.

Lo anterior fue dado a conocer por la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México, María Luisa Alcalde Luján, durante su visita a Baja California Sur; este nuevo modelo de justicia dejará atrás los eternos juicios laborales, cerrará las puertas de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Dando por concluido un sistema de justicia lento que imposibilitaba a trabajadoras y trabajadores acceder a sus derechos de justicia, además terminará con una carga excesiva para las empresas, sin embargo, para que estás desaparezcan por completo tendrán que ser agotados todos los juicios en trámite o que entren antes del 3 de octubre del año en curso.

Esto indica que, los primeros días del mes de octubre de 2022, abrirán sus puertas los nuevos centros de conciliación, los cuales llevarán a las partes de la mano para poder llegar a un acuerdo.

La conciliación se da cuando se acercan las dos posiciones y se puede encontrar solución a los conflictos y esa es la apuesta para Baja California Sur.

Este nuevo modelo ya se está implementando en 21 estados, se está logrando conciliar el 75% de los asuntos, resolviendo así, entre 7 y 8 conflictos sin llegar a los tribunales laborales, sin embargo, aquellos donde no es posible conciliar pasarán a los tribunales, para dar una solución en un lapso de tiempo no mayor a 6 meses, pasando así de un periodo de 6 años a tan sólo 6 meses para su resolución.

Cuando se concilia el tiempo será menor a 45 días, lo cual permite un acceso a la justicia, generando estabilidad para las empresas y eso realmente generará en Baja California Sur como en el resto del país el cumplimiento de las obligaciones y derechos laborales.

La entidad entraría en la tercera etapa de implementación de la reforma laboral, ya que está inicio desde el 2020, primero con 8 estados, después con 11 más y ahora se concluirá con los restantes, integrando a Baja California Sur en lo que respecta a lo local.
Ante medios de comunicación locales, la titular de la Secretaría del Trabajo Federal, explicó que aún falta tiempo para que las juntas de conciliación en BCS puedan concluir todo el rezago que tienen y que el proceso de la junta una vez que los nuevos centros de conciliación laboral y los tribunales judicializados entren en un proceso de extinción pasarán algunos años.

Por su parte, el secretario del trabajo en la entidad, Isidro Martín Ibarra, explicó que esta administración se encuentra realizando planes para instalar mesas permanentes de conciliación las cuales entraran con un amplio equipo de abogados para hacer las tareas correspondientes y poder hacer este cambio en un tiempo más razonable o más rápido ya que se cuenta con un rezago aproximado de 18 mil expedientes.

El personal que labora en las Juntas de Conciliación y Arbitraje de Baja California Sur, que podría quedar sin empleo luego de su extinción, se encuentra concursando en las convocatorias que ha lanzado el Gobierno Federal para pasar al nuevo sistema laboral y poder unirse a los tribunales laborales.

Por: Karina Lizárraga | El Sudcaliforniano

Fuente: https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/nuevo-modelo-de-justicia-laboral-iniciara-a-partir-del-3-de-octubre-en-bcs-8484224.html