Impide mejoras salariales”, señalan
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Viernes 20 de abril de 2018, p. 37
Noventa y cuatro congresistas demócratas enviaron un carta a Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, en la que señalan que están “alarmados y preocupados por las enmiendas a la Ley Federal del Trabajo en México, presentadas en el Senado, las cuales mantendrán la corrupción en el sistema laboral”, al impedir la libertad sindical y la posibilidad de negociar mejores salarios.
Los legisladores instan al funcionario a que aborde con sus contrapartes mexicanas este tema, para frenar esta dañina reforma laboral, cuya aprobación tendría serias consecuencias e “impactaría negativamente en el esfuerzo de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
“Garantizaría que los gremios de protección y los funcionarios corruptos mantengan el control sobre el sistema de justicia laboral, ya que éstos tendrían la facultad de aprobar y supervisar los registros sindicales, los contratos colectivos y los conflictos obrero-patronales”, lo que es totalmente inaceptable, expusieron.
Asimismo, prevén, perpetuaría el sistema de contratos de protección, que permite a los empleadores y sindicatos blancos firmar acuerdos a espaldas de los trabajadores, les impide deliberadamente obtener mejores salarios y los mantendrá en una situación de pobreza desesperada.
Esta reforma socava la posibilidad de que exista “piso parejo” para los trabajadores de los tres países, pues no es coincidencia que la disparidad salarial entre Estados Unidos y México no haya cambiado en los 24 años de vigencia del TLCAN.
La propuesta fue presentada por dos integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) – Tereso Medina e Isaías González Cuevas– “que lideran sindicatos de protección de los más grandes del país”, señalaron los legisladores estadunidenses.
Además, dicha reforma, expusieron, permitiría a la red corrupta de sindicatos de protección mantener su control sobre las relaciones laborales en México al eliminar el voto secreto de agremiados y debilitar las disposiciones de transparencia y rendición de cuentas de líderes sindicales para con los trabajadores.
http://www.jornada.unam.mx/2018/04/20/sociedad/037n3soc
Autor: ReformaLaboralMX
Congresistas de EU piden a Lightizer oponerse a legislación de reforma laboral mexicana
Foto: Giorgio Viera
Un grupo de congresistas estadounidenses pidió al representante comercial Robert Lightizer “a que se oponga activamente a la legislación anti-trabajador que actualmente está en proceso en el Senado de la República”.
María Del Pilar Martínez
19 de abril de 2018, 14:40
En un intenso cabildeo emprendido por organizaciones sindicales en Estados Unidos, lograron posicionar el tema de la legislación laboral mexicana —justicia laboral— para que 94 congresistas emitieran una carta de llamado al represente de Comercio de ese país, Robert Lightizer, en donde hacen llamado “a que se oponga activamente a la legislación anti-trabajador que está en proceso en el Senado de la República”.
La carta de los congresistas Rosa DeLauro, Bill Pascrell, Sander M. Levin, Bárbara Lee y Mark Pocan, entre otros, expusieron que “estamos alarmados y preocupados por las enmiendas a la Ley Laboral mexicana presentadas en el Senado el 22 de marzo. La iniciativa podría mantener la corrupción en el sistema que ha impedido por décadas que las y los trabajadores mexicanos ejerzan derecho a a libertad de sindicalización, negociación de mejores sueldos”.
Agregaron que “esto socava directamente el esfuerzo continuo para crear un campo de juego nivelado para los trabajadores estadounidenses y las empresas estadounidenses a través de la renegociación del Tratado de Libre Comercio y garantizará que México siga incumpliendo las normas laborales en el acuerdo actual. Le instamos a usted comunicar con sus contrapartes en México, y dejar en claro que la aprobación de esta ley tendrá serias ramificaciones e impactará negativamente en el esfuerzo de renegociar el TLCAN”.
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Congresistas-de-EU-piden-a-Lightizer-oponersea-legislacion-de-reforma-laboral-mexicana-20180419-0062.html
La IndustriALL se moviliza contra la grotesca reforma laboral en México
18.04.2018
Con una votación que se avecina en el Senado mexicano sobre las propuestas de reforma laboral, las dos próximas semanas serán cruciales en la larga lucha de decenios para garantizar la justicia laboral a los trabajadores mexicanos. Se ha pedido a los afiliados de América Latina y el Caribe que insten al Senado a rechazar las controvertidas propuestas.
El presidente del Senado tiene hasta el 30 de abril para someter a votación el Proyecto de ley. Si se aprueba, la reforma sería una burla de la reforma laboral constitucional introducida el pasado mes de febrero como resultado de años de presión de las organizaciones sindicales mexicanas e internacionales y otros defensores de los derechos laborales.
Los históricos cambios del año pasado, destinados a abordar importantes deficiencias en la administración de la justicia laboral en México, debían aplicarse mediante legislación secundaria que se esperaba facultara finalmente a los trabajadores a ejercer su derecho fundamental a organizarse y negociar colectivamente.
Sin embargo, en el último minuto han surgido dos grotescas propuestas de reforma laboral que socavan completamente el espíritu y la intención de la reforma constitucional. Las propuestas despojan a los trabajadores de sus derechos laborales fundamentales y protegen los intereses de los empleadores y de los sindicatos “charros”, los sindicatos ‘fantasmas’ que representan a los trabajadores sin su conocimiento o consentimiento, una práctica que los sindicatos mexicanos independientes y el movimiento sindical internacional trata de erradicar desde hace años.
http://www.industriall-union.org/es/la-industriall-se-moviliza-contra-la-grotesca-reforma-laboral-en-mexico
IndustriALL mobilizes against grotesque labour law reform in Mexico
18.04.2018
With a vote looming in the Mexican Senate on labour reform proposals, the next two weeks will be crucial in the decades-long struggle to secure labour justice for Mexican workers. Affiliates in Latin America and the Caribbean have been called upon to urge the Senate to reject the controversial proposals.
The President of the Senate has until 30 April to put the bill to a vote. If adopted, the reform would make a mockery of the constitutional labour reform introduced last February as a result of years of pressure by Mexican and international trade union organizations and other labour rights advocates.
Last year’s historic changes, aimed at addressing major deficiencies in the administration of labour justice in Mexico, were due to be implemented through secondary legislation which was expected to finally empower workers to exercise their fundamental right to organize and bargain collectively.
At the last minute, however, two grotesque labour reform proposals emerged which completely undermine the spirit and intent of the constitutional reform. The proposals strip workers of their fundamental labour rights and protect the vested interests of employers and “charro” unions, the ‘ghost’ unions which represent workers without their knowledge or consent – a practice that independent Mexican unions and the international labour movement have been trying to eradicate for years.
http://www.industriall-union.org/industriall-mobilizes-against-grotesque-labour-law-reform-in-mexico#.Wtcy9NcYAZc.twitter
Aumentar los salarios, pero también restablecer derechos
Napoleón Gómez Urrutia
Se ha hablado mucho de la posibilidad de utilizar la renegociación del TLCAN como un impulso para aumentar los salarios en México, pues la elevación de los ingresos de los trabajadores mexicanos eliminaría el pretexto aducido por Donald Trump para complicar el tratado, ya que dice que por este motivo opera a favor de empresas mexicanas y en perjuicio de las de Estados Unidos y Canadá.
Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador ha propuesto aumentar el salario mínimo hasta homologarlo con el de Estados Unidos, poco más de mil pesos diarios, a la tasa de cambio actual.
No hay duda de que los aumentos son necesarios. Después de tres décadas de políticas neoliberales, la pobreza sigue muy alta y rebasa 50 por ciento de la población mexicana. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el número de pobres aumentó de 49 millones, en 2008, a 53.4 millones para 2016. Los salarios en China son ya dos veces mayores a los de México.
Pero los aumentos no son tan valiosos cuando se otorgan sin acompañamiento de derechos democráticos con los que los trabajadores y las trabajadoras puedan defender sus conquistas. En los últimos años. el Sindicato Minero ha logrado un promedio de aumento en salarios y prestaciones arriba de 12 por ciento, o sea, dos o tres veces mayores que los que consiguen los organismos charros. Este éxito se debe fundamentalmente a la disposición y la capacidad de nuestros afiliados para movilizarse junto con sus comunidades, ejercer democráticamente y de forma responsable el derecho de huelga para hacer crecer al sindicato con nuevos proyectos, además de la sindicalización de nuevos compañeros y compañeras.
Sería un error pensar que los aumentos por sí mismos podrían resolver el déficit de derechos democráticos que persiste en el mundo laboral mexicano. Como muchos expertos han observado, los salarios mexicanos en las grandes industrias son inferiores comparados con los de otros países, no debido a la falta de productividad, sino a un pacto diabólico entre políticos, empresarios y sindicatos sometidos para robar sistemáticamente esta estructura jurídica a los trabajadores, mientras dividen el botín entre aquéllos.
El ejemplo más reciente de esta alianza es el dictamen de la ley secundaria para aplicar las reformas constitucionales en materia laboral, que esta semana está a punto de debatirse en el Senado. Como muchos abogados, académicos y dirigentes sindicales hemos advertido, el dictamen pretende consolidar el control de los sindicatos corruptos, los funcionarios cómplices y las empresas amafiadas con ellos sobre las instituciones de la justicia laboral, al cerrar todos los espacios a los trabajadores que pretendieran organizarse en sindicatos democráticos y así negociar contratos colectivos que les garantizaran salarios buenos, seguridad adecuada e higiene en el trabajo, las utilidades y las prestaciones que en justicia y de acuerdo con la ley les correspondan, así como la posibilidad de una jubilación digna.
No es un accidente que los patrocinadores de esta propuesta sean representantes sindicales conocidos internacionalmente por su corrupción y venalidad, como es el caso de Tereso Medina Ramírez, jefe de la CTM en Coahuila y dueño de unos 146 contratos colectivos de protección patronal que abarcan a un mínimo de 22 mil trabajadores en varias ramas industriales, según datos oficiales. Por otra parte, está Isaías González Cuevas, de la CROC, también líder charro; con su iniciativa, ambos traicionan a la clase trabajadora.
Como observó el senador del PT, Luis Humberto Fernández, tan vergonzosa es la ley que nadie ha salido a defenderla. Sería una gran desgracia y una gran vergüenza para el Senado y para la Cámara de Diputados que se apruebe una ley como ya hemos aprobado muchas, sin que nadie salga a defenderla, nada más porque dieron la instrucción, nada más porque sus jefes los mandaron, nada más porque no había razones: sólo había instrucciones.
La única estrategia efectiva para revertir el control de las grandes empresas y sus lacayos charros es derrotar este falso dictamen y aprobar uno que implemente fielmente las normas constitucionales y los convenios internacionales suscritos por México que protegen los derechos de los trabajadores.
Ésta ha sido la principal exigencia de los sindicatos internacionales de Canadá, Europa y Estados Unidos en sus cartas dirigidas a los senadores de México. Es otra cruel ironía que ellos se preocupen más por los derechos de los trabajadores mexicanos que nuestro propio gobierno y que, naturalmente, los sindicalistas charros.
Sólo un candidato presidencial se ha manifestado claramente por una verdadera reforma del derecho laboral. En un documento reciente, López Obrador exige:
–Que las leyes reglamentarias de la reforma laboral constitucional se ajusten estrictamente al contenido y principios de la Carta Magna.
–Que las tareas propias del Poder Judicial no deben ser sustituidas por el Órgano Nacional Autónomo de justicia laboral, cuyas funciones se refieren limitadamente sólo a la conciliación y al registro de sindicatos y contratos colectivos. Éste no deberá ser tripartito ni admitir en su estructura de gobierno una representación que lo pueda convertir en juez y parte en los procesos.
–Que los procesos de los cuales dependa el ejercicio de los derechos laborales, incluso los conflictos por titularidad y por cumplimiento de requisitos para emplazar a huelga o suscribir un contrato colectivo, deben quedar a cargo del Poder Judicial, manejado con justicia e independencia.
–Que las y los trabajadores tengan garantizada la consulta previa antes de la firma de cualquier contrato colectivo, a través de un procedimiento de voto secreto validado por el Poder Judicial.
–Que se apliquen a este proceso los preceptos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información para proteger esos mismos derechos laborales de los trabajadores.
El Sindicato Nacional de Mineros, que tengo el honor de presidir, conoce la amarga realidad del inframundo del derecho laboral actual, donde los trabajadores que intentan afiliarse a un gremio democrático como el nuestro, sufren demoras interminables, despidos sin remedio, acoso y amenazas, y hasta asesinatos con impunidad, como es el caso reciente de la empresa canadiense Torex Gold Resources, en la mina Media Luna, ubicada en el estado de Guerrero.
Aún si en este mes logramos derrotar la reforma reaccionaria del PRI, quedará pendiente para el Congreso, en septiembre próximo, reglamentar fielmente nuevas reformas constitucionales para acabar de una vez por todas con el infierno de los contratos de protección patronal y los demonios – charros, empresarios y funcionarios cómplices– que viven de ellos.
Como senador, de entrada mi compromiso será el de luchar por una reforma laboral que garantice los derechos y la dignidad de la clase obrera, que logre de esta forma aumentos salariales reales y permanentes para mejorar las condiciones del pueblo, el fortalecimiento y crecimiento de la economía nacional. No hay ninguna duda, por mi parte, de que ésta habrá de ser mi primera y más importante encomienda senatorial tras las elecciones del 1º de julio próximo. De ella habrán de surgir inevitablemente nuevas oportunidades y más importantes retos políticos, jurídicos y sociales para el avance de México.
http://www.jornada.unam.mx/2018/04/19/opinion/020a1pol
Carta de 94 congresistas demócratas de los EEUU contra la reforma laboral del PRI
94 Congresistas Demócratas urgen que USTR oponga legislación anti-trabajador en el Congreso mexicano
WASHINGTON, D.C. – Hoy, las y los Congresistas Rosa DeLauro (CT-03), Bill Pascrell, Jr. (NJ-09), (Miembro Principal del Subcomité de Medios y Arbitrios de la Cámara), Sander M. Levin (MI-09), Barbara Lee (CA-13), and Mark Pocan (WI-02) anunciaron una carta urgiendo que el Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR) oponga activamente la legislación anti-trabajador que actualmente está procediendo por el Senado mexicano.
“Estamos alarmados y preocupados por las enmiendas a la Ley Laboral mexicana presentadas en el Senado el 22 de marzo. La iniciativa podría mantener la corrupción en el sistema que ha impedido por décadas que las y los trabajadores mexicanos ejerzan su derecho a la libertad de sindicalización y negociación de mejores sueldos,” escribieron los miembros. «Esto socava directamente el esfuerzo continuo para crear un campo de juego nivelado para las y los trabajadores estadounidenses y las empresas estadounidenses a través de la renegociación del TLCAN y garantizará que México siga incumpliendo las normas laborales en el acuerdo actual. Le instamos a Ud. comunicar con sus contrapartes en México, y dejar en claro que la aprobación de esta ley tendrá serias ramificaciones e impactará negativamente en el esfuerzo de renegociar el TLCAN. »
El texto completo de la carta tal como está redactado se puede encontrar a continuación.
Embajador Robert E. Lighthizer
Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos
600 17th Street, NW
Washington, DC 20006
Estimado Embajador Lighthizer:
En una carta anterior, enviada el 23 de enero de 2018, le instamos a abordar el problema de las normas laborales pobres de México en un Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) recientemente renegociado, entendiendo que el gobierno de México necesitaba implementar reformas internas para realizar tales cambios. Agradecemos su respuesta y compromiso de trabajar con nosotros en este tema. Continuando con ese esfuerzo, hoy escribimos con urgencia sobre la legislación ante el Senado mexicano que mantendría el sistema corrupto que impide que los trabajadores mexicanos ejerzan su libertad de organizarse y negociar salarios más altos.
“Estamos alarmados y preocupados por las enmiendas a la Ley Laboral mexicana presentadas en el Senado el 22 de marzo. La iniciativa podría mantener la corrupción en el sistema que ha impedido por décadas que las y los trabajadores mexicanos ejerzan su derecho a la libertad de sindicalización y negociación de mejores sueldos. Esto socava directamente el esfuerzo continuo para crear un campo de juego nivelado para las y los trabajadores estadounidenses y las empresas estadounidenses a través de la renegociación del TLCAN y garantizará que México siga incumpliendo las normas laborales en el acuerdo actual. Le instamos a Ud. comunicar con sus contrapartes en México, y dejar en claro que la aprobación de esta ley tendrá serias ramificaciones e impactará negativamente en el esfuerzo de renegociar el TLCAN.
Durante demasiado tiempo, se ha impedido que los trabajadores mexicanos se formen y se afilian a sindicatos independientes y negocien para obtener mejores salarios y condiciones de trabajo. El sistema de contratos de protección, que permite a los empleadores y sindicatos dominados por empleadores («sindicatos de protección») firmar acuerdos laborales sin la aprobación o, a menudo, el conocimiento de los trabajadores, impide deliberadamente a los trabajadores negociar salarios más altos, [1] manteniendo a muchos en una situación de pobreza desesperada. [2] No es coincidencia que la disparidad salarial entre los Estados Unidos y México no haya cambiado en los 24 años que el TLCAN ha estado vigente. [3]
En febrero de 2017, el gobierno de México inició enmiendas constitucionales para abordar contratos de protección y desmantelar las corruptas Juntas de Conciliación y Arbitraje (CAB) que otorgan a empleadores y sindicatos de protección el control de los tribunales laborales, legitiman los contratos de protección y evitan que los trabajadores accedan a la justicia. Los cambios constitucionales reemplazarían a los CAB con Tribunales Laborales independientes y exigirían que los convenios colectivos sean aprobados explícitamente por los trabajadores. Estos son cambios urgentes y vitales que deben suceder si México va a tener un sistema funcional de relaciones laborales. Sin embargo, para completar el proceso de reforma, la legislatura mexicana debe aprobar la legislación de implementación.
Este es el segundo intento de introducir una legislación de implementación que destripará el proceso de reforma de 2017. Ambos proyectos de ley fueron presentados por dos miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que también lideran los dos sindicatos de protección más grandes del país. [4] El proyecto de ley, presentado en diciembre de 2017, provocó que los sindicatos en los Estados Unidos y México presentaran una queja conforme al acuerdo laboral del TLCAN original. [5] El proyecto de ley presentado el 22 de marzo prácticamente no ha cambiado. [6]
La propuesta actual desmantelaría el progreso tentativo realizado durante el año pasado y permitiría a la red corrupta de sindicatos de protección mantener su control sobre las relaciones laborales en México. Como se detalla en la denuncia NAALC, la propuesta socava el requisito constitucional de que los trabajadores aprueben los convenios colectivos mediante votación secreta, debilita las disposiciones de transparencia establecidas para garantizar que los trabajadores puedan acceder a la información de las organizaciones que afirman representarlos e impone requisitos onerosos para que los sindicatos independientes ganen reconocimiento. Garantizaría que los sindicatos de protección y los funcionarios corruptos mantengan el control sobre el sistema de justicia laboral, con la facultad de aprobar y supervisar los registros sindicales, los convenios colectivos y los conflictos laborales.
Le instamos a que trabaje con sus contrapartes mexicanas para abordar esta dañina legislación y poner fin a la represión de los salarios en México desde hace mucho tiempo. El actual sistema corrupto de relaciones laborales es dañino no solo para las y los trabajadores en México, sino también para los y las trabajadores y las empresas en los Estados Unidos y Canadá. Si esta legislación se aprueba y se convierte en ley, será un obstáculo potencialmente devastador para el éxito de la renegociación del TLCAN. El Senado de México debe revertir el rumbo y evitar que esta ley regresiva se convierta en ley. Le instamos a que trabaje con el gobierno y los negociadores comerciales de México para garantizar que las enmiendas constitucionales de 2017 se implementen de manera significativa, y que un nuevo acuerdo de NAFTA debe proteger a los trabajadores y garantizar la igualdad de condiciones.
Esperamos continuar trabajando con usted para lograr un acuerdo que priorice a las personas trabajadoras, sus empleos y sus salarios a medida que avancen las renegociaciones del TLCAN.
[1] Ver, David Welch y Nacha Cattan, Cómo los sindicatos mexicanaos vendan a los trabajadores automotrices, Bloomberg (5 de mayo de 2017) https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-05/how-mexico-s-unions-sell-trabajadores
[2] Ver, Christopher Woody, los salarios de México son tan insignificantes que los grupos legales y de derechos humanos están dando la alarma, Business Insider (1 de marzo de 2017) http://www.businessinsider.com/mexico-wages-incomes-poverty-2017-2
[3] The Conference Board, Comparaciones Internacionales de los Costos de Compensación por Hora en Manufactura, 2015 – Cuadros de Resumen, https://www.conference-board.org/ilcprogram/index.cfm?id=38269
[4] La Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC). Ver Red de Solidaridad de Maquila, México cumplirá con la promesa de la Reforma de Justicia Laboral, (21 de marzo de 2018) http://www.maquilasolidarity.org/es/will-mexico-make-good-on-promise-of-labour-
[5] Comunicación pública a la Oficina Administrativa de los Estados Unidos en virtud del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN) sobre la introducción de reformas a la Ley Federal del Trabajo de México que debilitaría los derechos laborales fundamentales, incluido el derecho de asociación libre, a organizarse y negociar colectivamente, presentado por AFL-CIO y la Unión Nacional de Trabajadores (22 de enero de 2018) https://aflcio.org/sites/default/files/2018-01/NAALC%20submission%20JAN%2025%202018%20with%20UNT.pdf
[6] Isabelle Hoagland, Fuentes laborales: proyecto de ley del Senado mexicano podría socavar nuevas normas del TLCAN, Inside Trade (27 de marzo de 2018)
94 House Democrats Urge USTR to Oppose Anti-Worker Legislation in Mexican Congress
April 18, 2018
Press Release
WASHINGTON, D.C. – Today, U.S. Representatives Rosa DeLauro (CT-03), Bill Pascrell, Jr. (NJ-09), Ranking Member of the House Ways and Means Trade Subcommittee, Sander M. Levin (MI-09), Barbara Lee (CA-13), and Mark Pocan (WI-02) announced a letter urging United States Trade Representative Robert Lighthizer to actively oppose anti-worker legislation currently moving through the Mexican Senate.
“We are alarmed and concerned about proposed amendments to Mexican labor law introduced in the Mexican Senate on March 22nd, 2018. The bill would maintain the corrupt labor oversight system that has prevented Mexican workers from exercising their rights to organize and bargain for higher wages for decades,” wrote the Members. “This directly undermines the ongoing effort to create a fair playing field for U.S. workers and U.S. businesses through NAFTA renegotiation and will ensure Mexico remains out of compliance with labor standards in the current agreement. We urge you to engage with your counterparts in Mexico, and make it clear that approving this law will have serious ramifications and negatively impact the effort to renegotiate NAFTA.”
The full text of the letter as drafted can be found below.
Ambassador Robert E. Lighthizer
Office of the United States Trade Representative
600 17th Street, NW
Washington, DC 20006
Dear Ambassador Lighthizer:
In a previous letter, sent January 23rd, 2018 we urged you to address the issue of Mexico’s poor labor standards in a newly renegotiated North American Free Trade Agreement (NAFTA), with the understanding that Mexico’s government needed to implement reforms internally for such changes to take place. We appreciate your response and commitment to working with us on this issue. In continuing that effort, we write with urgency today regarding legislation before the Mexican Senate that would maintain the corrupt system that prevents Mexican workers from exercising their freedom to organize and bargain for higher wages.
We are alarmed and concerned about proposed amendments to Mexican labor law introduced in the Mexican Senate on March 22nd, 2018. The bill would maintain the corrupt labor oversight system that has prevented Mexican workers from exercising their rights to organize and bargain for higher wages for decades. This directly undermines the ongoing effort to create a fair playing field for U.S. workers and U.S. businesses through NAFTA renegotiation and will ensure Mexico remains out of compliance with labor standards in the current agreement. We urge you to engage with your counterparts in Mexico, and make it clear that approving this law will have serious ramifications and negatively impact the effort to renegotiate NAFTA.
For far too long, Mexican workers have been prevented from forming and joining independent unions and bargaining for better wages and working conditions. The system of protection contracts, which allows employers and employer-dominated unions (“protection unions”) to sign labor agreements without the approval or often even the knowledge of workers, deliberately prevents workers from negotiating higher wages,[1] keeping many in dire poverty.[2] It is no coincidence that the wage disparity between the United States and Mexico is unchanged in the 24 years NAFTA has been in effect.[3]
In February 2017, the government of Mexico initiated constitutional amendments to address protection contracts and dismantle the corrupt Conciliation and Arbitration Boards (CABs) which give employers and protection unions control over labor courts, legitimizing protection contracts and preventing workers from accessing justice. The constitutional changes would replace the CABs with independent Labor Tribunals and require that collective bargaining agreements be explicitly approved by workers. These are urgent and vital changes that must happen if Mexico is to have a functional labor relations system. However, to complete the reform process the Mexican legislature must approve implementing legislation.
This is the second attempt to introduce implementing legislation that would gut the 2017 reform process. Both bills were introduced by two members of the Partido Revolucionario Institucional (PRI) who also lead the two largest protection unions in the country.[4] The bill, introduced in December 2017, prompted unions in the United States and Mexico to file a complaint under the labor side agreement of the original NAFTA.[5] The bill introduced on March 22 is largely unchanged.[6]
The current proposal would dismantle the tentative progress made over the last year and allow the corrupt network of protection unions to maintain their grip on industrial relations in Mexico. As detailed in the NAALC complaint, the proposal undermines the Constitutional requirement that workers approve collective agreements by a secret ballot vote, weakens transparency provisions established to ensure workers can access information about organizations claiming to represent them, and imposes onerous requirements for independent unions to gain recognition. It would ensure that protection unions and corrupt officials maintain control over the labor justice system, with the power to approve and oversee union registrations, collective agreements, and labor conflicts.
We urge you to work with your Mexican counterparts to address this harmful legislation and end the long-standing suppression of wages in Mexico. The current corrupt system of labor relations is harmful not only to workers in Mexico, but to workers and businesses in the United States and Canada. If this legislation is passed and becomes law, it will be a potentially devastating obstacle to the success of the NAFTA renegotiation. Mexico’s Senate must reverse course and stop this regressive bill from becoming law. We urge you to work with Mexico’s government and trade negotiators to ensure Mexico’s 2017 Constitutional amendments become meaningfully implemented, and that a new NAFTA agreement must protect working people and ensure a level playing field.
We look forward to continuing to work with you for an agreement that prioritizes working people, their jobs and their wages as NAFTA renegotiations progress.
[1] See, e.g. David Welch and Nacha Cattan, How Mexico’s Unions Sell Out Autoworkers, Bloomberg (May 5, 2017) https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-05/how-mexico-s-unions-sell-out-autoworkers
[2] See, e.g. Christopher Woody, Mexico’s wages are so paltry that human-rights and legal groups are sounding the alarm, Business Insider (March 1, 2017) http://www.businessinsider.com/mexico-wages-incomes-poverty-2017-2
[3] The Conference Board, International Comparisons of Hourly Compensation Costs in Manufacturing, 2015 – Summary Tables, https://www.conference-board.org/ilcprogram/index.cfm?id=38269
[4] The Confederación de Trabajadores de Mexico (CTM) and the Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC). See Maquila Solidarity Network, Will Mexico Make Good on Promise of Labour Justice Reform, (March 21, 2018)http://www.maquilasolidarity.org/en/will-mexico-make-good-on-promise-of-labour-justice-reform
[5] Public Communication to the U.S. National Administrative Office under the North American Agreement on Labor Cooperation (NAALC) Concerning the Introduction of Reforms to the Federal Labor Law of Mexico That Would Weaken Fundamental Labor Rights, including the Right to Freely Associate, to Organize and to Bargain Collectively, Submitted by AFL-CIO and the Unión Nacional de Trabajadores
(January 22, 2018) https://aflcio.org/sites/default/files/2018-01/NAALC%20submission%20JAN%2025%202018%20with%20UNT.pdf
[6] Isabelle Hoagland, Labor sources: Mexican Senate bill could undermine new NAFTA standards, Inside Trade (March 27, 2018)
https://delauro.house.gov/media-center/press-releases/94-house-democrats-urge-ustr-oppose-anti-worker-legislation-mexican
Carta abierta de la Federación Estatal Chihuahuense de Colegios de Abogados AC, al Senado de la República
13 de abril de 2018
- Senado de la República Presente.
Los que suscribimos, Presidente y Secretaria General de la Federación Estatal Chihuahuense de Colegios de Abogados, Asociación Civil, ante ustedes con el debido respeto comparecemos a manifestar:
Que por acuerdo de las Quinta y Sexta Asamblea General Ordinaria de nuestro gremio, celebrada en los meses de Noviembre de 2017 y Enero este año, decidimos vigilar y participar activamente en la investigación y seguimiento en la adecuación e implementación de la reforma laboral de 24 de febrero de 2017, para lo cual nos sumamos a los trabajos de la organización no gubernamental de la sociedad civil Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, rubricando con ellos, como Federación, dos posicionamientos, uno a la opinión pública y el otro a esta H. Cámara mediante escrito fechado en esta ciudad el 26 de Febrero de 2018, ambos motivados centralmente por la inconstitucional, anti convencional, agresiva, oportunista y autoritaria propuesta de 7 de Diciembre 2017, de dos legisladores de la fracción parlamentaria del PRI, en la cual nos adherimos al rechazo por anticonstitucional e inconvencional y por atentar contra el derecho del trabajo y la previsión social.
Queremos insistir y exigir a esta representación cámara, que no se apruebe dicha propuesta, ni ninguna otra, hasta en tanto no se consense con los factores de la producción, de manera amplia, directa y en todo el territorio nacional, que se escuche a los investigadores de la materia, a los operadores del sistema de Justicia laboral, a los obreros y a los empresarios y a la población en general, respecto a los elementos normativos necesarios para hacer vigente la reforma constitucional del 24 de Febrero de 2017 y se procure a través de dicho ejercicio, la mejor Norma laboral, que respete, el principio de progresividad de los derechos humano y los derechos económicos, políticos, sociales y culturales de la clase obrera, que presupone el que el marco normativo interno deberá́ respetar los derechos humanos laborales y de seguridad social mínimos que han sido pactados en el concierto internacional, y reconocidos en nuestra Constitución, la patria requiere un Derecho Laboral progresista, que permita que verdaderamente se armonicen los factores de la producción y genere una equitativa y justa repartición de la riqueza, se requiere un marco normativo que actualice una vida digna y decorosa a la clase Obrera, que permita satisfacer sus necesidades y alcanzar el progreso y de servirse del desarrollo y obtener la felicidad para él y su familia.
Requerimos un marco normativo que permita el ejercicio libre de los derechos sindicales e impida la simulación contractual y permite el acceso irrestricto al derecho de huelga de los trabajadores, para obtener el respeto de sus derechos humanos y laborales y mejores condiciones de vida en la relación laboral.
Requerimos de un proceso ágil, transparente y expedito, que como se plantea en la reforma, sea aplicado por el Poder Judicial de la Federación y el Poder Judicial de los Estados, en sus respectivas competencias.
Requerimos un proceso que no dependa de las circunstancias políticos y sociales de la Patria, en el cual no sé simulen los procesos y los actos que los generan y donde la impartición de la justicia realmente haga valer el principio de derecho social al que pertenece el Derecho Laboral y Seguridad Social.
En tal virtud, después de muchas horas de Trabajo, de investigación en foros públicos, en círculos privados, en lo individual y en lo colectivo, hacemos patente para todos los efectos legales correspondientes, el consenso a que hemos arribado y que se compone de las siguientes cuestiones inaplazables, que deberá́ considerar este Poder legislativo al momento de legislar formalmente sobre la materia:
- Extender la vacatio legis de la reforma, que se traduzca en un diálogo riguroso e incluyente entre los sectores involucrados, para obtener un diagnóstico nacional e Imparcial de la problemática en la impartición y procuración de la justicia laboral. Lo anterior incluye el análisis de las cargas de trabajo, demandas de los justiciables y unificación mínima de criterios para la implementación del nuevo modelo. Incluso se requiere un análisis puntual de la implementación de la reforma respecto a la infraestructura y el recurso económico necesario para operarla.
- Se necesita una norma jurídica que protege el cumplimiento del proceso constitucional al voto personal libre y secreto de los trabajadores, previo a la firma de los contratos colectivos, para la elección de sus representantes así como para la solución de sus conflictos.
3.Se requiere la tutela efectiva de los principios de representatividad de las organizaciones sindicales y certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo, de conformidad con la norma suprema.
- Se necesitan mecanismos que garanticen la verdadera autonomía e imparcialidad del órgano federal y local que tendrá́ a su cargo el registro de los contratos y asociaciones sindicales, así́ como la conciliación previa obligatoria de los juicios en el ámbito Federal.
- Es preciso una reglamentación clara que no permita la invasión de competencias entre los órganos administrativos y los tribunales evitando con ello la inconstitucionalidad del nuevo modelo por la injerencia del Poder Ejecutivo en el poder judicial y a la inversa.
- Se requiere de un presupuesto adecuado y suficiente para la operación de los tribunales y demás instituciones que mandata la reforma constitucional.
- Es necesario, de manera paralela, establecer estrategias que permitan generar programas de profesionalización, que aseguren una justicia operada por especialistas en la materia.
- Se deberá́ cuidar que las normas reglamentarias afirmen los principios fundamentales del Derecho Laboral y de seguridad social, especialmente por lo que corresponde al carácter tutelar del trabajador y poder conseguir así́ el equilibrio de las partes, tanto en la conciliación, como en el desarrollo de los procesos.
9.Se deberá́ procurar el fortalecimiento de instituciones primordiales que generen un real acceso a la justicia social, como lo son las procuradurías de la defensa y la inspección del trabajo, así como la certeza en el cumplimiento de las normas laborales.
En razón de lo anterior, queremos puntualizar que la convivencia social podrá́ ser armónica y equilibrada, si se respeta el contenido de la reforma laboral de 24 de febrero de 2017 ya que de lo contrario, traería como consecuencia fatal, el enfrentamiento violento de los factores de la producción, provocando un desequilibrio social y rompiendo con la paz que todos merecemos, pues dicha contradicción a nuestra historia jurídica y social, sería entendida como una agresión al pueblo Mexicano en su conjunto.
Sin otro particular quedamos de ustedes, esperando ser escuchados y atendidos en la manera que lo
determinen.
Ciudad de México a 13 de abril del 2018.
«Engrandecer el Derecho para servir a la Justicia» Federación Estatal Chihuahuense de Colegios de Abogados Á.C.
Maestro Mariano Cordero Burciaga Presidente
Nancy Ivonne Daniels Márquez Secretaria General
http://reformalaboralparatodos.org.mx/wp-content/uploads/2018/04/CARTA-DE-LA-FEDERACION-DE-ABOGADOS-DE-CHIH-AL-SENADO.pdf
PRD pide consulta amplia sobre adecuaciones a reforma laboral
por: Notimex – 17 Abril 2018
MÉXICO.– El líder de los diputados del PRD, Francisco Martínez Neri, informó que planteará a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) someter a una “amplia consulta” la minuta que eventualmente apruebe el Senado sobre las adecuaciones secundarias de la reforma en materia de justicia laboral de febrero de 2017.
“Que se realice una amplia consulta con trabajadores, representantes del sector empresarial, especialistas en derecho laboral, instituciones de educación superior, colegios profesionales, sociedad civil y todos los interesados en dotar de una verdadera justicia laboral”, señaló en un comunicado.
El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) comentó que la iniciativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que se procesa en el Senado sobre ese asunto, “pretende dar un severo golpe bajo a los derechos de la clase trabajadora”.
Recordó que el 24 de febrero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que reforma los artículos 107 y 123 de la Constitución Política, en materia de justicia laboral.
Martínez Neri comentó que las adecuaciones secundarias de esa reforma constitucional deben de dar viabilidad al establecimiento de un marco que permita el libre ejercicio de la autonomía, libertad y la democracia sindical y una contratación colectiva auténtica.
Aseguró que su bancada exhortará a la Junta de Coordinación Política a realizar las gestiones pertinentes para que se garantice la mayor publicidad, transparencia y apertura al diálogo en el proceso legislativo que lleve a la expedición de la legislación secundaria en materia de justicia laboral.
El perredista advirtió que su bancada no permitirá que se impongan controles corporativos para la conciliación y el registro de contratos colectivos y sindicatos, pues “de aprobarse este marco jurídico será inaplicable el ejercicio de derechos ya reconocidos en la Constitución, como son la autentificación de la contratación colectiva, la libertad y la democracia sindical”.
http://www.uniradionoticias.com/noticias/politica/520895/prd-pide-consulta-amplia-sobre-adecuaciones-a-reforma-laboral.html
https://www.moreloshabla.com/nacional/prd-pide-que-se-revisen-las-adecuaciones-a-la-reforma-laboral/
Chiapas: Se consolida la justicia laboral: Óscar Ochoa ante Congreso
17 abril, 2018
Ante la Comisión del Trabajo y Previsión Social, el Secretario del Trabajo presenta su comparecencia
Redacción
“Para conocer información precisa de lo implementado por el Gobierno Estatal en materia de trabajo y previsión social, así como de otros asuntos, el Congreso del Estado se ha convertido en el puente entre sociedad y gobierno a través de la Glosa del V Informe”, sostuvo el Diputado Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Willy Ochoa, en el marco de la comparecencia del Secretario del Trabajo, Óscar Ochoa.
Ante la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Sexagésima Sexta Legislatura, el funcionario estatal detalló los principales logros y avances del sector, entre los que destaca la certeza jurídica laboral a nuevas inversiones generadoras de empleos.
El Secretario del Trabajo señaló que el Congreso del Estado aprobó la Iniciativa de Reforma Laboral que permitió consolidar el marco normativo estatal al crear el Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado, así como el Centro de Conciliación Laboral, considerado como un nuevo modelo de justicia laboral en Chiapas.
“El compromiso es dejar bases para un mejor futuro laboral, mayor presupuesto a capacitación para el empleo y autoempleo que a su vez genere recursos humanos calificados para que las familias chiapanecas tengan más oportunidades de mejorar su ingreso”, apuntó el Secretario.
http://aquinoticias.mx/se-consolida-la-justicia-laboral-oscar-ochoa-ante-congreso/
Cambios a ley laboral entrampados, polémica iniciativa en el Senado y en TLCAN asignatura pendiente
Inicia CCE campaña en redes sociales vs ideas electorales “mágicas”; AMIS convención en mayo y AMLO declina; CRE este año Siretrac vs robos; Ignia otra inversión
Más allá del optimismo que a últimas fechas hay en torno a la posibilidad de cerrar la negociación del TLCAN en mayo, lo cierto es que en los temas más complicados, aún no se dice la última palabra.
En las reglas de origen para autos si bien hay ideas, el gobierno de Donald Trump todavía no ha hecho un planteamiento concreto.
También prevalece la caducidad a 5 años del acuerdo, la exigencia para que las controversias se diriman en EU y la demanda de que nuestras exportaciones agrícolas se sujeten a temporalidad.
En lo laboral, igual los sindicatos canadienses, cercanos a Napoleón Gómez Urrutia, mantienen la pretensión de romper “el dumping” que México les impone con remuneraciones ostensiblemente más bajas, a lo que también se sumó EU.
Esta semana COPARMEX de Gustavo de Hoyos, organismo que se mueve por aparte del CCE que preside Juan Pablo Castañón, propuso elevar a 98.15 pesos diarios el salario mínimo, desde los 88.36 pesos vigentes.
Se trata de un posicionamiento más bien ideológico, puesto que en la práctica en época electoral se antoja punto menos que imposible tomar decisiones al respecto.
Pero aún con el nivel que se plantea, la hora salarial en México se pagaría por debajo de un dólar, 12 veces menos de lo que puede recibir un trabajador de EU y Canadá.
Hay que recordar que ya con Barack Obama el país de las barras y las estrellas había presionado en este asunto, esto en el contexto de las negociaciones del TPP.
Como quiera la apuesta de los expertos es que en este apartado poco se logrará avanzar, ya que nuestra economía no es capaz de absorber un alza salarial relevante para acercarnos a las condiciones de nuestros socios.
Con el TPP hubo cambios constitucionales, pero por desgracia estos aún se encuentran entrampados más allá de que se discuten en el Senado los ajustes correspondientes a la Ley Federal del Trabajo.
Como parte de estos, tendrían que desaparecer las juntas locales de conciliación y arbitraje para sustituirlas por centros de conciliación especializados que se manejarán en el ámbito del poder judicial.
Hay enormes resistencias, pese a que se agilizarían los procesos de las disputas que hoy pueden prolongarse por más de 5 años. Además la STPS a cargo de Roberto Campa Cifrián tendría que contar con una partida presupuestal extra. Se habla de hasta 10 mil millones de pesos con los que hoy no se cuenta.
Por si fuera poco la iniciativa para reglamentar las modificaciones a la ley secundaria del artículo 123 no gusta ni siquiera al sector laboral.
Y eso que fue presentada por los senadores Isaías González ligado a la CROC y Tereso Medina de la CTM, dado que incorporan ajustes al entorno de las “outsourcing” que no gustan porque amplían los alcances de la figura que previamente, en el marco legal aprobado en los tiempos de Felipe Calderón, se acotaban.
Por si fuera poco, para lo que hace a los contratos de protección, el voto del trabajador que era secreto se hace abierto, contrasentido si realmente se pretendieran eliminar esas amarras.
Así que la modernización laboral ni para atrás ni para adelante, con un desfase de los tiempos puesto que se esperaba concluir el 24 de febrero y en el contexto de la amenaza en el TLCAN, aún no resuelta.
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/cambios-a-ley-laboral-entrampados-polemica-iniciativa-en-el-senado-y-en-tlcan-asignatura-pendiente/
La oposición alerta: el PRI querrá imponer en estos días la Ley que elimina los derechos laborales
FOTO: ARMANDO MONROY /CUARTOSCURO.COM
Por Daniela Barragán
Sin Embargo 17 de abril de 2018
Fueron dos los senadores que presentaron un documento para reformar las Leyes Secundarias de la Ley Federal del Trabajo. Ambos son del PRI y ambos tienen como origen organizaciones que son también tricolores desde hace décadas: la CTM y la CROC.
Faltan dos semanas para que terminen las actividades de la actual legislatura y las alertas están encendidas ya que, conforme el tiempo se agota, se abre la posibilidad de que se apruebe esa Ley sin tomar en cuenta todas las opiniones y con la intención de ponerle fin al derecho laboral en México, alertan senadoreCiudad de México, 17 de abril (SinEmbargo).- En las siguientes dos semanas, senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) podrían aprobar, sin discusión ni consenso, los cambios a las leyes secundarias de la Ley Federal del Trabajo que hacen aún más flexible la subcontratación y ponen más trabas a las huelgas y a la contratación colectiva, alertaron senadores de la oposición.
Se trata de cambios al Artículo 15 A de la actual Ley y es, por completo, una iniciativa completamente priista.
El pasado 7 de diciembre, los senadores priistas, Tereso Medina Ramírez, quien es miembro de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) desde 1980 y quien ha ocupado varios puestos dentro de esa organización, e Isaías González Cuevas, integrante y ex funcionario de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y quien sólo tiene estudios de secundaria, presentaron al Senado de la República la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo.
Ahí proponen quitarle todos los candados a la subcontratación; es decir, le abre la puerta de par en par al outsourcing o subcontratación, con el mínimo de prestación laboral.
De aprobarse tal cual fue presentada, dejaría como única obligación de una empresa con sus trabajadores el registrarlo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y darle una constancia de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
La iniciativa se presentó cuando en el Senado de la República la atención estaba puesta en la aprobación de la Ley de Seguridad Interior y forman parte de las leyes secundarias que están contempladas en la materia y que debían emitirse antes de febrero de 2018.
Desde que se hizo pública esa iniciativa, académicos y expertos señalaron que el documento puede tener consecuencias en términos de desigualdad y bienestar en los mexicanos, ya que si el Gobierno federal busca avanzar hacia la flexibilización laboral, debería proponer a la par políticas para dar a los trabajadores contratados por outsourcing, acceso a la salud, una pensión, seguro de desempleo, indemnización, etcétera. O sea, todas las prestaciones.
Además, en el terreno de las cifras y la experiencia, resulta evidente que esta política laboral no ha dado los frutos esperados en bienestar ni en generación de empleos de calidad.
El día de ayer, el Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México falló a favor de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, en un amparo promovido en contra de esas leyes secundarias.
El amparo fue contra ambas cámaras y contra el Presidente de México.
En entrevista con SinEmbargo, el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, representante del bloque conformado por el Partido del Trabajo (PT) y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), destacó que el problema es que la iniciativa del PRI, de aprobarse tal y como está el dictamen, representará “la extinción del derecho laboral en México”.
Esto porque no sólo revierte todos los avances del Artículo 123, sino que además constituye una contrarreforma por la cantidad de requisitos que tiene para el derecho a huelga o para la contratación colectiva, “la hace tan difícil que terminará siendo imposible”.
“Es un dictamen tan peligroso como desafortunado. El dictamen está tan mal hecho, es tan atroz, que significa un deterioro tan grande de los derechos humanos de los trabajadores que muchísimas organizaciones de trabajadores en Canadá, Europa y Centro y Sudamérica, ya han externado su preocupación de que de aprobarse esta ley sería violatorio a los derechos humanos de los trabajadores mexicanos. Esta Ley, en los términos que está el dictamen que se mandó, no significa más que mayor desgracia para los trabajadores mexicanos”, comentó Fernández Fuentes.
EL FIN DEL DERECHO LABORAL
Entre las organizaciones que han criticado el dictamen del PRI están Global Junior, la United Electrical Radio and Machine Workers of America, International Association of Machines and Eerospace Workers, International Brotherhood of Teamsters y la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas.
Una de las razones de las críticas es que la Ley dejaría como única obligación de una empresa con sus trabajadores, registrarlo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y darle constancia de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
Al respecto, Rodolfo Rubén Islas Ramos, secretario técnico de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que aprobar las leyes secundarias es más una decisión de carácter político y que pasa por encima de una discusión de fondo del problema.
Islas Ramos se centró en lo que concierne a las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
“Hay una reforma vigente en materia constitucional del Artículo 123 que modificó de lleno nuestro sistema laboral. Veníamos de un sistema laboral con Juntas de Conciliación y Arbitraje integradas por una parte patronal, una de trabajadores y otra del gobierno. Ese es un sistema que ya no es vigente en ninguna otra parte del mundo y que nosotros mantenemos por dos razones: una, el poder corporativo que el Gobierno, el PRI, ejerce sobre sus sindicatos –CTM, CROC, CROM– y por otro, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que eso le garantiza el control de las negociaciones políticas”, expuso el legislador Islas.
Desde su perspectiva, hay un interés de parte del Gobierno de Enrique Peña Nieto de saltarse la discusión de fondo de la legislación de reglamentaria de esta reforma constitucional por compromisos que tiene, particularmente con el CCE.
“Quien está más interesado en que la reforma se apruebe tal y como la propusieron estos dos senadores del PRI, es el Consejo Coordinador Empresarial. Son ellos los que no han querido entrar al debate o a la discusión o a la comprensión de la iniciativa que presentó el PRI. Han venido planteando que la representación tripartita en los órganos de conciliación, particularmente en el Instituto de Conciliación que ordena la Constitución debe seguir siendo tripartita, cuando la Constitución anuló cualquier forma de representación tripartita. Ese organismo debe ser público descentralizado, con una representación de profesionales en materia laboral que garanticen la independencia del Instituto, tanto frente a los Sindicatos como a los organismos empresariales”, explicó.
QUINCE DÍAS DE ALERTA
A 15 días de que que termine la Legislatura las alertas están encendidas, ya que en el Senado, al igual que en el Cámara de Diputados, hay mayoría priista.
De acuerdo con el Senador Fernández Fuentes, se debe destacar que la oposición ya ganó el debate realizado en varios foros al respecto y en todos los casos los académicos, los líderes sindicales, las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, coincidieron en oponerse a la Ley.
Agregó que hasta la fecha no hay nadie que hable a favor, ni los verdaderos autores que, dijo, son de un despacho empresarial de Nuevo León.
“Esta Ley está tan mal hecha que hasta los que lo hicieron les da vergüenza salir a defenderla y sobre eso no podemos trabajar. Pero el PRI y sus secuaces, con mayoría, sabemos cómo se la avientan. Ya ni siquiera le entran a debatir porque saben que eso lo tienen perdido, que no les asiste la razón. Sólo tienen el cinismo para ir a votar”, comentó.
Para el Secretario Técnico del PRD, hay una señal de alerta porque hace dos semanas se presentó un proyecto de dictamen sin que la Comisión de Trabajo y Previsión Social se haya reunido.
“En ese proyecto de dictamen ya se establecía aprobar la Reforma tal y como la presentó el PRI, lo cual es absolutamente grave. Primero porque se soslayó la propuesta que presentó el PRD y que avala la propuesta de la Organización Nacional de Trabajadores (UNT) y porque la propuesta que ellos tienen es una posición que deja parcial la reglamentación de la Reforma Laboral porque ellos no atienden la reforma en términos del Poder Judicial de la Federación […] El PRI puede intentar aprobar la ley en estas dos semanas que quedan, las de conclusión del periodo”, agregó.
Aunado a lo anterior, destaca lo ya denunciado por el Senador del Partido del Trabajo respecto que se creó una mayoría artificial en la Comisión del Trabajo, que tenía cinco miembros y ahora tiene nueve, con un 70 por ciento de senadores del Partido Revolucionario Institucional.
“Se debe realizar un dictamen que respete lo que dice la Constitución. No es conveniente que se apruebe esta Ley y haya una movilización tan amplia de quien esté en contra”, concluyó.
Finalmente, para Islas, la propuesta más racional es que no se apruebe nada y esperar a entrar a la discusión de fondo de la Reforma a la reglamentación laboral, poniendo en la balanza ambas propuestas y abriendo a la discusión pública. Lo cual implicaría llegar a un proceso en el que tendríamos una reglamentación mucho más acabada y con mucho consenso.
El documento de 286 páginas, presentado por Tereso Medina Ramírez, quien es miembro de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) desde 1980 y quien ha ocupado varios puestos dentro de esa organización, e Isaías González Cuevas, integrante y ex funcionario de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), es una Ley que impactaría a más de 40 millones de trabajadores y a sus derechos laborales.
http://www.sinembargo.mx/17-04-2018/3408410